nota de la semana (69)
Lo que se delibera en el Congreso va más allá de una reforma electoral. Es una reforma política sustantiva por las modificaciones que se busca realizar a instituciones de Estado. La iniciativa presidencial, independientemente de sus virtudes o defectos, implica una transformación que no debe verse a la ligera. La democracia es un proceso perfectible, pero también corre el riesgo de la regresión.
Una reforma electoral remite a las reglas que norman la organización de las elecciones. La propuesta del presidente trasciende ese aspecto. Lo más relevante son dos temas: primero, el cambio en el órgano electoral y en el judicial, que se antoja un desplante de populismo y, segundo, en la integración de las Cámaras.
Disminuir el costo electoral se ha planteado como objetivo de la reforma y por ello se habla de reducir el número de diputados y senadores. Pero el ahorro no debe comprometer la representatividad. Por ejemplo, pueden ser 300, 400 o 500 miembros, pero la configuración del Legislativo debe expresar la pluralidad política del país. Los sistemas de mayoría simple son funcionales al bipartidismo, los de representación proporcional a los regímenes de pluralidad. Forzar lo primero en un contexto de diversidad de fuerzas políticas lleva a la sobrerrepresentación de la minoría mayor.
El sistema mexicano ha optado por una fórmula mixta, dominante en mayoría simple, y la representación proporcional busca igualar el porcentaje de votos con el de asientos legislativos. El objetivo no se logra, hay sobrerrepresentación, pero bajo la disposición actual, ésta no debe exceder al 8% en la Cámara baja. Se asume que los legisladores por mayoría relativa representan población en territorio, los de representación proporcional, partidos.
Los legisladores de representación proporcional se han vuelto impopulares. Sería un error desaparecerlos. En todo caso, si la idea es reducir el costo, habría que mejorar la representatividad en la Cámara baja. Para ello lo idóneo sería mantener el sistema mixto, pero en condiciones igualitarias. La mitad electos por mayoría relativa representando población en territorio y otro tanto electos por representación proporcional en listas abiertas, para que sea el voto el que defina quién ingresa a la Cámara.
Los tiempos formales de la política han sido referencias normativas difíciles de cumplir. Definir los ciclos de la política es poco realista, sobre todo por los impulsos propios de la competencia por el poder, tarea en la que indebidamente casi de todo se vale.
Es creencia general que anticipar tiempos da ventaja. Parecería el caso de López Obrador en la pasada elección, pero no hay que olvidar que era el más conocido por su cargo en el gobierno del otrora Distrito Federal y sus dos previos intentos presidenciales. Estimo que la competitividad electoral del ahora presidente no resultó de haberse anticipado, sino de la pertinencia de su oferta con el momento del país, caracterizado por el creciente descontento con los gobiernos panistas y priistas.
Anticipar vísperas no siempre represente ventaja, sobre todo, en el caso de Morena, cuyos prospectos avanzados desatienden su responsabilidad formal, además de que abren margen para un escrutinio temprano en su contra y generan condiciones para el fuego amigo. Es el caso de la profesora Delfina Gómez como virtual candidata en el Estado de México. Su nombramiento fuera de los tiempos formales ha propiciado menciones hostiles y divisiones al interior del partido que la postula. No creo que haya sido una ventaja anticipar tiempos. Como tal, en la entidad el PRI, el PAN y MC han manejado mejor sus procesos.
La sucesión presidencial anticipada ha generado problemas que no se pueden soslayar. A manera de ejemplo está el reclamo de la ex Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien refiere a que el equipo cercano del presidente está más ocupado en el proceso sucesorio que en atender sus responsabilidades formales. Es evidente que el presidente ha alentado el juego sucesorio, decisión que ha comenzado a repercutir en la operación y la calidad de su gobierno.
La oposición ha actuado con mayor prudencia. Es positivo que las dirigencias del PAN y del PRI nombren y den voz a sus prospectos de candidatos presidenciales; sin embargo, los tiempos deben corresponder a la estrategia de posicionamiento, y para ello es mejor centrar la atención en el método democrático de selección, como lo propone Beatriz Paredes, en lugar de una precipitada selección, abierta o encubierta.
Mucho, o poco para algunos, pero es innegable que el país avanzó mediante la construcción de instituciones. En el periodo previo a la normalidad democrática, grandes instituciones fueron eje de la modernización y del avance social, como es el caso del IMSS, INFONAVIT, CONASUPO, el INEGI o empresas estatales como CFE y PEMEX, entre otras. Ya en la democracia, mediante el consenso político, hay realizaciones nada desdeñables, como la integración de la pluralidad al Congreso, la democratización plena de la Ciudad de México, destacadamente la creación del IFE ciudadanizado, ahora INE y el Tribunal Electoral.
La autonomía plena a la Suprema Corte fue un parteaguas histórico, lo mismo la creación de una diversidad de órganos autónomos, a manera de desconcentrar el poder y dar certeza en la economía y la política. Destaca también el TLCAN como el invaluable promotor de la modernización económica del país.
El balance es favorable a pesar de que hay insuficiencias, como es la desigualdad social o la venalidad en el servicio público y en el quehacer de la política y la economía. También hay problemas que se han acentuado, especialmente el de la insuficiencia del sistema de justicia y el de la violencia, temas que apuntan al acento de la impunidad en sus múltiples variantes.
El régimen actual, con el voto de muchos, llegó al poder con la promesa de abatir la corrupción, la que se dijo era el origen de todos nuestros males. Ahora, no sólo no se le ha ganado terreno, sino que hay una mayor claridad que la corrupción existe, como muchos otros problemas, por la impunidad. Esto es, la legalidad es el desafío y apegarnos a ella involucra mucho más que voluntarismo político o compromiso presidencial. Sólo un gran acuerdo nacional, incluyente, con participación de la sociedad, podrá dar lugar a un quiebre en la materia.
Se debe aprender de lo que se ha hecho bien en el pasado. Mucho de lo bueno nace del acuerdo, de la confianza que se construye entre distantes, adversarios y hasta enemigos para alcanzar un entendimiento hacia la verdadera transformación. Para ello será indispensable romper con la polarización y entender que el cambio que el país requiere es tarea de todos, no de una parte que excluye, descalifica e intimida a los demás.
“¡La culpa, querido Brutus, no es de las estrellas, sino de nosotros mismos,
que consentimos en ser inferiores!”
Shakespeare (Julio César)
En Europa Oriental se registra un conflicto armado de consecuencias disruptivas a la estabilidad mundial. La invasión de Rusia a Ucrania partió de un mal cálculo del perpetrador. Ahora la región europea toda encara el invierno en medio de una crisis de energéticos, malo para la economía, peor para la población. Los efectos en aquella zona, también se sienten en la aldea global. El planeta vive tiempos convulsos.
México tiene sus problemas propios. La violencia derivada de la desbordada criminalidad preocupa. La respuesta institucional ha sido insuficiente y al mantener la estrategia para combatirla los resultados por consecuencia seguirán igual. La inflación afecta a todos, mucho más a los que menos tienen. El deterioro del sistema de salud y educativo se acompaña del de la calidad del gobierno para la gestión pública. El hackeo de los acervos de la SEDENA es un asunto mayor y, tal como se ha visto, significará un duro golpe para el gobierno, para las fuerzas armadas y para el país. Hay información que ha sido útil conocer, pero lo más trágico, los criminales y los enemigos del Estado ahora tienen acceso a información sumamente peligrosa en sus manos.
Las promesas fáciles para alentar esperanza son tan perniciosas como es el ejercicio de trivializar lo que no va bien; en la circunstancia da la impresión de que las cosas son manejables y están bajo control. Sin embargo, la realidad se impone, así como los efectos de la descomposición en curso. La polarización lleva a extremos: el optimismo de unos ante el fatalismo de otros, así como a la falsa idea de que el éxito del proyecto propio requiere del sometimiento o extermino del otro.
El desafío mayor ahora y siempre será la certeza. Difícil empeño porque no todo depende de nosotros. La contingencia y lo global juegan su parte. Precisamente por tal consideración debe hacerse muy bien lo que sí está al alcance y en ello, quien gobierna y además cuenta con mayoría en el legislativo y en muchos de los poderes locales, tiene la mayor responsabilidad. En la circunstancia actual, no tomar o aplazar decisiones, es de alto riesgo.
La imparcialidad al igual que la objetividad o la neutralidad son conceptos siempre deseables, pero difíciles de alcanzar. Se requiere de mucha honestidad intelectual o profesional hacerlos posible, sobre todo cuando el plano de responsabilidad institucional lo exige, particularmente en las tareas de la justicia.
La procuración de justicia ahora a cargo de fiscales autónomos demanda imparcialidad. Lo mismo para el juzgador. La verdad casi siempre es elusiva, porque se trata de hechos, pero también de asignar presuntas responsabilidades y por lo mismo quien investiga o quien juzga debe hacer un juicio que involucra la lógica asociada a la razón y también a valores vinculados a la ética. En materia de justicia no debe pretenderse aceptación o aval social. Lo que se requiere es actuar con cabal apego a la ley y que lo actuado incorpore un indeclinable compromiso con la verdad.
La mayor dificultad que ha encarado la comisión que se integró en este gobierno para esclarecer los hechos de Iguala –en el que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa– es que careció de los atributos necesarios para realizar una investigación imparcial. De esta forma las conclusiones no fueron resultado de la valoración objetiva de los hechos, sino que se partió de una hipótesis a partir de la cual los datos y los testimonios fueron relacionados con la idea preconcebida de que había sido un crimen de Estado en el que las fuerzas armadas participaron en connivencia con el grupo criminal dominante en la región. Por eso no extraña que los elementos de prueba no sostienen las conclusiones presentadas en el reporte final.
Ahora se llega a una circunstancia comprometedora para la legalidad y también para el objetivo de obtener certeza de los acontecimientos y base para proceder contra los responsables de hechos que resultan atroces. La FGR ha tenido que valorar los elementos y las consideraciones proveídos por la comisión especial para emprender las acciones ministeriales formales. Es inaceptable que la polarización y el interés particular pongan en entredicho la actuación de la Fiscalía, que más allá de cualquier prejuicio o camisa de fuerza que se le quiera imponer, debe actuar con rigor, como es su vocación y mandato.
El tema de la legalidad adquiere relieve en la compleja e inesperada circunstancia en la que ha caído nuestro país. El precedente de incumplimiento de diversos funcionarios de gobierno a las determinaciones del Poder Judicial Federal, particularmente las resoluciones derivadas del juicio de amparo y las sentencias del Tribunal Electoral, son preocupantes en la medida de que los primeros obligados en cumplir con la norma, los servidores públicos, son quienes se desentienden de ésta. Minar la legalidad es debilitar las condiciones que permiten la convivencia civilizada y la certeza de derechos sobre la que ésta descansa.
La ley es un límite obligado para toda autoridad. Cumplirla y hacerla cumplir es axioma de todo funcionario electo. El sistema de justicia ofrece vías confiables para resolver diferencias o para tener claridad sobre el sentido de la norma jurídica. La constitucionalidad de los actos de autoridad se acredita por la actuación de los órganos judiciales, particularmente el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.
La virtud de la legalidad es su efecto igualador del gobernado respecto a sus autoridades. Si la ley no obliga al presidente, ya a ningún mexicano obligaría. No hay valor superior que exima del cumplimiento de la ley. En todo caso está el proceso legislativo para adecuar las normas a las necesidades de interés general que plantea el cuidado, mucho más fácil cuando el inconforme con la disposición vigente es quien detenta mayoría legislativa. Esto debe emprenderse en el marco de la Constitución, como expresión de la pluralidad que tiene como referencia y sustento la voluntad ciudadana reflejada en el voto libre.
Dejar atrás el desdén a la ley -no sólo por las autoridades- es uno de los retos mayores de la transformación nacional. Desatendernos de lo que dice la Constitución y las leyes que de ella emanan, justo explica el oprobio de la impunidad que se padece y que es origen de muchos de nuestros males, como es la venalidad, la inseguridad, la desigualdad y la deficiente justicia cotidiana. Por eso, ahora más que nunca es fundamental para el bienestar de los mexicanos y fortaleza del país, emprender la ruta hacia el cumplimiento estricto de la legalidad.
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En todo quehacer humano existe el reto de conciliar las intenciones con los resultados. Esto es mucho más importante en el gobierno, y en la política. La situación puede ser complicada, o de plano, ingrata, en la medida de que lo imprevisto, el accidente o la suerte pueden complicar las cosas, pero los malos resultados pueden ser también por desacierto, o por no considerar las dificultades que atañen el hacer realidad lo que se promete o anhela. Estimo que en las malas cuentas de este gobierno concurren ambos aspectos: impericia y mala suerte.
El COVID-19 impactó negativamente a todas las naciones y desestabilizó el orden económico y político prevalecientes. Algunos países tuvieron una buena gestión de la crisis, otros no lo hicieron bien, ni en sus expresiones de salud pública ni en sus efectos colaterales. A México le fue muy mal en ambos aspectos y queda por delante una evaluación profesional e independiente para emitir un juicio determinante. Ojalá y aprendiéramos de las experiencias adversas y, también, que hubiera consecuencias para quienes actuaron de manera negligente, habida cuenta que la indolencia generó muertes que pudieron evitarse.
Otro aspecto imprevisto han sido los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. La desestabilización de los precios de los energéticos y de los granos en el mercado global exacerbaron las dificultades de todas las naciones. La inflación es el común denominador internacional. México se ha visto beneficiado con el aumento de los precios del crudo, pero el incremento a las importaciones de combustibles y el subsidio al diésel y las gasolinas minimizan el beneficio. De cualquier manera, el reacomodo de la economía global abre posibilidades a México en la reorientación de inversiones, pero el gobierno no ha actuado en consecuencia.
De modo que tres grandes intenciones del pretendido cambio de régimen quedan en entredicho con los resultados: la seguridad, el combate a la desigualdad y abatir la corrupción. En los tres casos, las malas cuentas son responsabilidad propia. No importa que las encuestas muestren una gran aprobación al Presidente o que su partido gane la próxima elección: lo que importa son los resultados, y a la vista de todos está que ya no llegaron.
En memoria de Lorenzo Zambrano
No se puede regatear la realidad: hay un déficit severo de seguridad que afecta a las personas, familias, empresas, comunidades y regiones. Su protección es fundamental, como también es indispensable la seguridad para una convivencia civilizada y para la paz social. La falta de certeza de derechos por el embate del crimen afecta todas las actividades y es uno de los grandes desafíos de hoy.
No todo el país es zona de desastre, hay algunos territorios que han podido mantener una situación razonablemente satisfactoria en materia de seguridad, como Yucatán, Campeche y Querétaro; en otros se ha podido revertir una situación adversa como Coahuila y Nuevo León. La conclusión es que donde los delitos se investigan y se castiga a los responsables prevalece la seguridad. Así sucede porque la sociedad se involucra de diversas formas en la tarea, porque las policías locales -estatales y municipales- hacen bien su tarea y cuentan con la confianza de la población.
Esto implica que ninguna estrategia de seguridad dará resultados a partir sólo, y si fuera el caso, de una presencia de la Guardia Nacional en lo local. Las policías de proximidad son fundamentales para prever y para perseguir delitos, así como se requieren autoridades que hagan del tema una prioridad. La insuficiencia de la estrategia existente es que no se concede la debida atención y respaldo a las policías más próximas a la población. De hecho, por esta fragilidad en no pocos casos estas policías sirven al enemigo de la sociedad.
La solución no está en resolver la insuficiencia institucional en el ámbito local con un cuerpo de seguridad nacional que hasta ahora ha fracasado. Una buena solución llama precisamente a concentrar en lo local esfuerzos e inversión. Además, para dar continuidad y una óptima supervisión y participación social, es recomendable el involucramiento de la sociedad organizada. En las horas más oscuras de Nuevo León, dos hombres ejemplares y comprometidos provocaron el cambio para bien con la participación de muchos más y representaron una convocatoria épica a la acción coordinada de la que mucho podríamos aprender: Lorenzo Zambrano (QEPD) y José Antonio Fernández Carbajal.
Una de las mayores insuficiencias del desarrollo en nuestro país es el déficit de legalidad. Se trata de una inercia que nos ancla justamente al pasado. De hecho, debe sorprender que logros significativos en materia económica y política no se han acompañado con la fortaleza del estado de derecho. Tengo la convicción plena que el México deseable obligará a tomar con mayor determinación el tema de legalidad.
Existen fortalezas: instituciones, Constitución y leyes, pero no son suficiente. La cultura de la legalidad es precaria no solo en autoridades y políticos, también en las élites. No pocos han interiorizado coartadas para dar vuelta al cumplimiento con la norma. Uno de los derroteros más delicados y perniciosos es el separar la justicia de su expresión normativa. Particularmente para las autoridades, no puede haber otra justicia que la legal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una tarea encomiable para la salvaguarda de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial también ha cumplido con su responsabilidad. Sin embargo, el desafío de la justicia es considerablemente mayor, además que el camino a la plena constitucionalidad es sinuoso, complejo y lento. La justicia cotidiana se resuelve en el día a día, en el contacto con las autoridades administrativas, en lo que ocurre en los tribunales en el ámbito local. Nadie puede darse por satisfecho con la situación del sistema de justicia, especialmente si en materia penal se advierte la cifra elevadísima de impunidad.
En el inicio de sesiones ordinarias del Congreso se presentan varios proyectos en el que el debate fundamental será el de la constitucionalidad de los proyectos legislativos. El antecedente de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica no ha sido ejemplar. Por eso es de la mayor relevancia que los legisladores, particularmente los de la mayoría gobernante, se apliquen al examen riguroso para asegurar que las reformas de ley se apeguen a la carta magna. De igual manera habrá que estar atentos a la decisión del pleno de la Corte en torno a la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. El momento es clave. Todos queremos un mejor país. Empecemos por comprometernos con la legalidad para hacer viable la esperanza.
Uno de los temas más polémicos en la justicia penal se refiere a la prisión preventiva, es decir, a la posibilidad legal que el imputado de un delito tenga que llevar su proceso en la cárcel, una condena en sí misma, por la privación de la libertad sin que haya mediado proceso, lo que compromete la presunción de inocencia y la salvaguarda de los derechos humanos.
Coincido con quienes piensan que la prisión oficiosa es una medida cautelar extraordinaria. Que se justifica en los supuestos que determina el artículo 19 constitucional: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. La condición excepcional de la prisión preventiva se infiere del mismo texto constitucional al señalar “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes”.
La Corte está por resolver este tema aplicable a una serie de delitos que la misma Constitución determina. Es un asunto delicado, sobre el que el Presidente con llaneza opina que si se elmina podrá provocar corrupción e impunidad. Sin embargo, está también la otra parte, y es la afectación de los derechos del imputado y la presunción de inocencia. Si eso es debatible para delitos que merecen prisión oficiosa, con mayor razón lo es para los que la ley estima en otro sentido.
De conformidad a la información oficial 226,916 personas están privadas de la libertad, y de esa cifra, 92,595 se encuentran sujetas a prisión preventiva. La estadística oficial no ofrece información sobre cuántos son de prisión oficiosa, pero los datos son abrumadores; 40% de los que están en prisión no están sentenciados.
Empoderar al juez para salvaguardar derechos es más recomendable que definir en la ley los delitos en los que los indiciados deban estar en la cárcel como medida cautelar. Aún así, es necesario impulsar criterios normativos para que las decisiones judiciales siempre favorezcan los derechos humanos y la presunción de inocencia. La prisión preventiva debe ser auténticamente excepcional.
