nota de la semana (75)
Mucho se ha dicho sobre el desafío de la oposición para ser una opción ganadora. Para ello se señalan dos necesidades: que haya coalición de al menos PAN/PRI/PRD y, especialmente, tener un candidato competitivo a la mayoría de los electores, particularmente los que no tienen vínculos con los partidos y que están insatisfechos con el estado de cosas.
La manera tradicional de resolver quién sería candidato(a) hasta ahora ha sido mediante el acuerdo de las dirigencias partidistas. La decisión podría darse a partir de la negociación o bien utilizar estudios de opinión. Ambos mecanismos son insatisfactorios, más el segundo porque las encuestas son instrumentos sumamente imperfectos para una decisión de tal naturaleza y porque favorecen al más conocido no al más competitivo.
La oportunidad que tienen las fuerzas opositoras es construir una opción disruptiva a partir del método de selección y que sea consecuente con el ánimo que se hizo presente en la elección de 2021 y en la manifestación reciente del 13 de noviembre. La narrativa no basta, se requiere un método para construir una candidatura legítima, diferenciada, que la competitividad resulte no de la percepción de pocos -los dirigentes- o de muchos -encuestados- sino de un método democrático.
La elección primaria es la mejor opción. Un proceso a cargo de un árbitro imparcial, confiable y con credibilidad y aval social. La idea es que haya apertura para que se registren los prospectos de candidatos que reúnan requisitos básicos, además de un compromiso de unidad de cara a la elección. Una primaria con varias elecciones regionales, idealmente 10. Lo que permite, por una parte, que sean conocidos los aspirantes y que haya debates temáticos y regionales que genere interés ciudadano y mediático. La idea es ir descartando a quienes no reúnan mínimos de votación para que en la etapa final lleguen los más competitivos y haya ungimiento en una gran convención que legitime y unifique.
Uno de los temas a resolver son los tiempos del proceso. Los periodos de campaña en la ley no sólo son muy reducidos, sino que el partido en el gobierno se ha anticipado. Para ellos la precampaña desde hace tiempo inició y ha generado condiciones inequitativas para la contienda constitucional.
A lo largo de la historia, la democracia ha estado en permanente evolución. Su remoto origen aristocrático cambió con el voto universal y el arribo de los partidos políticos como articuladores entre la política y la sociedad.
El populismo ha abanderado la propuesta discursiva de volver la democracia más próxima al pueblo. Esta pretensión en curso no está exenta de manipulación, pero avanza en tierra fértil porque los partidos han tergiversado su función y han prohijado un sistema ajeno al consenso y a los anhelos de la sociedad. Se habla del colapso del sistema de representación.
No comparto esa visión apocalíptica. Sin embargo, con o sin populismo, es una realidad que los partidos dejaron de ser mediadores de la ciudadanía; la democracia representativa ha perdido aprecio en la población. A esto hay que sumar la irrupción, primero, de la televisión y, después, de la comunicación digital lo que ha generado una democracia de audiencias.
Son esas audiencias las que tienen la expectativa de gobiernos más eficaces, desafortunadamente, sin importar los medios para lograrlo. Viven desencantadas de sus representantes por el abuso de las élites y un sistema que no atiende sus necesidades y anhelos.
Hay quien busca aprovechar este hastío cayendo en tentación de aplicar una democracia directa, pero no ofrece resultados prácticos y la mayoría silenciosa casi siempre se mantiene ajena. El problema está en los gobiernos que hacen de las elecciones no una fórmula para la definición temporal de mayorías, sino una manera de ratificar un “destino manifiesto”, elecciones aclamatorias de un proyecto que, creen, llegó para quedarse.
El reto es que a pesar de que, en el mundo, por razones económicas y tecnológicas, la libertad de expresión no vive su mejor momento y que en México se suma la autocensura y el ataque del crimen a periodistas, se deben potenciar las libertades políticas y entre éstas que la comunicación digital promueva el ejercicio responsable de los derechos cívicos.
Es un error prescindir de los partidos y de la representación parlamentaria, hay que transformarlos para hacerlos funcionales a la realidad. Los desafíos que permanentemente plantea la democracia deben resolverse con más democracia, salvaguardando las libertades.
Propio de la democracia es la pluralidad política. En México se explica por la diversidad social, regional y cultural. Nuestro sistema partidario no es perfecto, pero de alguna manera da expresión a las diferencias que vienen de la sociedad. Dar reconocimiento legal a fuerzas políticas diversas para competir por el voto y tener representación parlamentaria y en los órganos de autoridad locales ha sido la constante del proceso de democratización. Asimismo, se establecieron reglas para la equidad en la contienda a manera de que el partido gobernante no tenga ventajas que alteren las condiciones de una competencia justa.
La tesis que rige va más allá de la alternancia y la formación de mayorías. Lo fundamental es la coexistencia de la pluralidad, lo que conlleva que quienes se oponen puedan ejercer sus derechos con libertad y, eventualmente, gobernar el día de mañana. La esencia del sistema de representación es que las mayorías son contingentes, temporales, sujetas a la prueba de los votos, los que determinan la manera como la pluralidad debe expresarse y, eventualmente, un cambio en la conformación de la mayoría. La tesis de una mayoría perenne es propia de las autocracias, si no es que de las dictaduras o regímenes facciosos cuando hay un exterminio de la pluralidad.
Soy de la idea de que el sistema de partidos debe revisarse para dar mayor expresión a la pluralidad. Tres son las decisiones de mayor importancia. La primera es que la democracia al interior de los partidos debe ser obligatoria, supervisada y regulada por las instancias de autoridad. La segunda es que la representación parlamentaria debe eliminar la sobre y subrepresentación, esto es, que el porcentaje de votos nacional se corresponda con la proporción de asientos legislativos. Tercero, terminar con la rigidez de la regulación vigente que hace que los partidos solo pueden crearse cada seis años y que si no obtienen un porcentaje mínimo de votos desaparecen.
Este último aspecto atenta contra la libertad de asociación. En todo caso, el umbral mínimo de votos no debe ser para la existencia del partido, sino para acceder a la representación y recibir prerrogativas.
Después de casi medio siglo de reforma política es preciso reivindicar la pluralidad.
La libertad de manifestación y el quehacer legislativo son imprescindibles en la democracia. Nadie debe darse por agraviado si algunos o muchos se manifiestan a favor de una causa o incluso en contra de una autoridad. La marcha en defensa del INE del pasado domingo significa mucho más que un sano precedente en el ejercicio de la libertad de manifestación, es la determinación de muchos mexicanos para proteger a la institución eje de la vida electoral y por lo mismo fundamento de la democracia mexicana. Su mensaje va dirigido a los legisladores a manera de frenar la embestida contra la institucionalidad democrática.
Los resultados son muy alentadores en muchos sentidos. Quedó claro que no habría mayoría calificada y por lo mismo no habrá reforma constitucional en los términos de la iniciativa presidencial. También, la respuesta ciudadana generó un nuevo momento de la sociedad de participación política que trasciende a los partidos y las preocupaciones tradicionales de los políticos. Asimismo, despertó un sentimiento de confianza en la lucha para contener las pretensiones presidenciales y la salvaguarda de las instituciones que son patrimonio del país.
Quien piensa diferente o incluso quienes tienen reservas sobre la autenticidad y la naturaleza de este despertar ciudadano está en su derecho. La coexistencia de visiones encontradas es propia de la democracia. Sin embargo, que se tengan posturas encontradas no debe negar el derecho de diferir ni de coexistir. Es lamentable y preocupante que la exclusión del otro a través de su descalificación y del mismo diálogo tenga lugar desde la presidencia de la República.
La respuesta del presidente López Obrador despierta preocupación porque se ha manifestado la intención de iniciar un proceso legislativo encaminado a acotar y debilitar al INE cuyos resultados serían claramente inconstitucionales. Es su derecho convocar a una manifestación pública para apoyarse a sí mismo. Lo que debe quedar claro es que el debate ya no es sobre el órgano electoral, sino la constitucionalidad de las decisiones del poder legislativo y la pérdida de legitimidad del Congreso por decisiones claramente inconstitucionales.
El recorrido a la transición democrática revela lo inaceptable en forma y contenido de la iniciativa del presidente López Obrador que modifica las reglas del juego electoral y que acaba con las instituciones y principios garantes del sufragio efectivo, además de contravenir tres principios fundamentales de la reforma del Estado: el federalismo, la pluralidad y la reforma con un ejercicio conjunto del partido en el gobierno y la oposición.
La reforma fundacional de 1976 tenía como propósito la inclusión a la institucionalidad democrática de todas las fuerzas políticas relevantes. Se reconocen partidos y se suman al poder legislativo. Para ello se estableció una modalidad de integración de Cámara con un sistema mixto. Despúes el Senado participaría del principio de inclusión a la pluralidad.
Más delante el impulso reformador se trasladó al plano electoral: el eje de los órganos electorales y jurisdiccionales fue la imparcialidad, se quitó al gobierno el manejo de la lista de electores, se establecieron reglas precisas para asegurar comicios confiables y contar con una estructura electoral permanente a partir del nivel distrital. Los resultados son inobjetables. México construyó instituciones democráticas ejemplares. La reforma de 1996 democratiza la ciudad de México, se establecen normas de equidad en cuanto a recursos y acceso a medios de comunicación, se alcanza la independencia plena a la autoridad electoral y al Tribunal Electoral.
La iniciativa de AMLO niega todo lo alcanzado. Es una propuesta unilateral desde el poder. Politiza y vuelve parcial a favor del oficialismo a los órganos electorales resutado de la elección directa de quienes los dirigen. Excluye a la pluralidad del Senado y la minimiza en la Cámara, además de crear un escenario de sobrerrepresentación en el que una fuerza por sí misma podría cambiar la Constitución.
La iniciativa presidencial es un rechazo al impulso transformador que construyó una democracia representativa, así como instituciones electorales que empoderan al ciudadano con el respeto riguroso a su voto. Por tal consideración la defensa del INE nos es obligada. Expresarlo es necesario y habremos de hacerlo este domingo en la marcha. Un acierto que haya un solo orador y todavía más que sea José Woldenberg.
El principio republicano sobre la designación de autoridades a partir del voto ciudadano es eje de la democracia. Hay elección directa y, también indirecta que es cuando la Constitución concede a un órgano integrado con funcionarios electos el poder de designar funcionarios o autoridades.
Existe un debate que acompaña al origen de la democracia si elegir autoridades mediante el voto es la forma idónea de seleccionar al mejor. Esta discusión se ha polarizado todavía más con el voto universal. Como modelo de decisión la democracia es imperfecta, como esquema para dar cauce a la lucha política no existe otro mejor. En realidad, el objetivo de la democracia no es elegir a los mejores, sino resolver civilizadamente la competencia por el poder.
Las democracias han cuidado que la designación de ciertos funcionarios que deben cubrir un perfil profesional de excelencia sea procesada por mecanismos de elección indirecta, especialmente la intervención del Senado o de la Cámara de Diputados. Es una regla general del buen gobierno y de las mejores prácticas y así aplica a funcionarios judiciales, hacendarios, titulares de órganos técnicos autónomos, algunos miembros del gabinete, representantes diplomáticos, etc.
De hecho, en el sistema constitucional norteamericano se determinó la elección indirecta del presidente por un colegio electoral democráticamente electo, precisamente por el temor de que el voto directo significara que el presidente invocara mandato soberano.
La idea de elegir funcionarios por voto directo es popular, pero es contraproducente cuando se trata de seleccionar a los ciudadanos idóneos a partir de la exigencia de preparación, capacidad o experiencia. Es explicable que la encuesta del INE muestre una opinión favorable al modelo decisorio para elegir integrantes del Consejo General por voto directo, pero es inconveniente, mucho más cuando su responsabilidad es la de organizar elecciones, ya que no garantiza la imparcialidad y el profesionalismo obligados. Todavía más aberrante sería la elección por voto directo de los magistrados del tribunal por ser una función que demanda un perfil técnico muy especial. Designar funcionarios es tarea delicada que debe resolverse en función del perfil profesional, no de la popularidad.
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Lo que se delibera en el Congreso va más allá de una reforma electoral. Es una reforma política sustantiva por las modificaciones que se busca realizar a instituciones de Estado. La iniciativa presidencial, independientemente de sus virtudes o defectos, implica una transformación que no debe verse a la ligera. La democracia es un proceso perfectible, pero también corre el riesgo de la regresión.
Una reforma electoral remite a las reglas que norman la organización de las elecciones. La propuesta del presidente trasciende ese aspecto. Lo más relevante son dos temas: primero, el cambio en el órgano electoral y en el judicial, que se antoja un desplante de populismo y, segundo, en la integración de las Cámaras.
Disminuir el costo electoral se ha planteado como objetivo de la reforma y por ello se habla de reducir el número de diputados y senadores. Pero el ahorro no debe comprometer la representatividad. Por ejemplo, pueden ser 300, 400 o 500 miembros, pero la configuración del Legislativo debe expresar la pluralidad política del país. Los sistemas de mayoría simple son funcionales al bipartidismo, los de representación proporcional a los regímenes de pluralidad. Forzar lo primero en un contexto de diversidad de fuerzas políticas lleva a la sobrerrepresentación de la minoría mayor.
El sistema mexicano ha optado por una fórmula mixta, dominante en mayoría simple, y la representación proporcional busca igualar el porcentaje de votos con el de asientos legislativos. El objetivo no se logra, hay sobrerrepresentación, pero bajo la disposición actual, ésta no debe exceder al 8% en la Cámara baja. Se asume que los legisladores por mayoría relativa representan población en territorio, los de representación proporcional, partidos.
Los legisladores de representación proporcional se han vuelto impopulares. Sería un error desaparecerlos. En todo caso, si la idea es reducir el costo, habría que mejorar la representatividad en la Cámara baja. Para ello lo idóneo sería mantener el sistema mixto, pero en condiciones igualitarias. La mitad electos por mayoría relativa representando población en territorio y otro tanto electos por representación proporcional en listas abiertas, para que sea el voto el que defina quién ingresa a la Cámara.
Los tiempos formales de la política han sido referencias normativas difíciles de cumplir. Definir los ciclos de la política es poco realista, sobre todo por los impulsos propios de la competencia por el poder, tarea en la que indebidamente casi de todo se vale.
Es creencia general que anticipar tiempos da ventaja. Parecería el caso de López Obrador en la pasada elección, pero no hay que olvidar que era el más conocido por su cargo en el gobierno del otrora Distrito Federal y sus dos previos intentos presidenciales. Estimo que la competitividad electoral del ahora presidente no resultó de haberse anticipado, sino de la pertinencia de su oferta con el momento del país, caracterizado por el creciente descontento con los gobiernos panistas y priistas.
Anticipar vísperas no siempre represente ventaja, sobre todo, en el caso de Morena, cuyos prospectos avanzados desatienden su responsabilidad formal, además de que abren margen para un escrutinio temprano en su contra y generan condiciones para el fuego amigo. Es el caso de la profesora Delfina Gómez como virtual candidata en el Estado de México. Su nombramiento fuera de los tiempos formales ha propiciado menciones hostiles y divisiones al interior del partido que la postula. No creo que haya sido una ventaja anticipar tiempos. Como tal, en la entidad el PRI, el PAN y MC han manejado mejor sus procesos.
La sucesión presidencial anticipada ha generado problemas que no se pueden soslayar. A manera de ejemplo está el reclamo de la ex Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien refiere a que el equipo cercano del presidente está más ocupado en el proceso sucesorio que en atender sus responsabilidades formales. Es evidente que el presidente ha alentado el juego sucesorio, decisión que ha comenzado a repercutir en la operación y la calidad de su gobierno.
La oposición ha actuado con mayor prudencia. Es positivo que las dirigencias del PAN y del PRI nombren y den voz a sus prospectos de candidatos presidenciales; sin embargo, los tiempos deben corresponder a la estrategia de posicionamiento, y para ello es mejor centrar la atención en el método democrático de selección, como lo propone Beatriz Paredes, en lugar de una precipitada selección, abierta o encubierta.
Mucho, o poco para algunos, pero es innegable que el país avanzó mediante la construcción de instituciones. En el periodo previo a la normalidad democrática, grandes instituciones fueron eje de la modernización y del avance social, como es el caso del IMSS, INFONAVIT, CONASUPO, el INEGI o empresas estatales como CFE y PEMEX, entre otras. Ya en la democracia, mediante el consenso político, hay realizaciones nada desdeñables, como la integración de la pluralidad al Congreso, la democratización plena de la Ciudad de México, destacadamente la creación del IFE ciudadanizado, ahora INE y el Tribunal Electoral.
La autonomía plena a la Suprema Corte fue un parteaguas histórico, lo mismo la creación de una diversidad de órganos autónomos, a manera de desconcentrar el poder y dar certeza en la economía y la política. Destaca también el TLCAN como el invaluable promotor de la modernización económica del país.
El balance es favorable a pesar de que hay insuficiencias, como es la desigualdad social o la venalidad en el servicio público y en el quehacer de la política y la economía. También hay problemas que se han acentuado, especialmente el de la insuficiencia del sistema de justicia y el de la violencia, temas que apuntan al acento de la impunidad en sus múltiples variantes.
El régimen actual, con el voto de muchos, llegó al poder con la promesa de abatir la corrupción, la que se dijo era el origen de todos nuestros males. Ahora, no sólo no se le ha ganado terreno, sino que hay una mayor claridad que la corrupción existe, como muchos otros problemas, por la impunidad. Esto es, la legalidad es el desafío y apegarnos a ella involucra mucho más que voluntarismo político o compromiso presidencial. Sólo un gran acuerdo nacional, incluyente, con participación de la sociedad, podrá dar lugar a un quiebre en la materia.
Se debe aprender de lo que se ha hecho bien en el pasado. Mucho de lo bueno nace del acuerdo, de la confianza que se construye entre distantes, adversarios y hasta enemigos para alcanzar un entendimiento hacia la verdadera transformación. Para ello será indispensable romper con la polarización y entender que el cambio que el país requiere es tarea de todos, no de una parte que excluye, descalifica e intimida a los demás.
“¡La culpa, querido Brutus, no es de las estrellas, sino de nosotros mismos,
que consentimos en ser inferiores!”
Shakespeare (Julio César)
En Europa Oriental se registra un conflicto armado de consecuencias disruptivas a la estabilidad mundial. La invasión de Rusia a Ucrania partió de un mal cálculo del perpetrador. Ahora la región europea toda encara el invierno en medio de una crisis de energéticos, malo para la economía, peor para la población. Los efectos en aquella zona, también se sienten en la aldea global. El planeta vive tiempos convulsos.
México tiene sus problemas propios. La violencia derivada de la desbordada criminalidad preocupa. La respuesta institucional ha sido insuficiente y al mantener la estrategia para combatirla los resultados por consecuencia seguirán igual. La inflación afecta a todos, mucho más a los que menos tienen. El deterioro del sistema de salud y educativo se acompaña del de la calidad del gobierno para la gestión pública. El hackeo de los acervos de la SEDENA es un asunto mayor y, tal como se ha visto, significará un duro golpe para el gobierno, para las fuerzas armadas y para el país. Hay información que ha sido útil conocer, pero lo más trágico, los criminales y los enemigos del Estado ahora tienen acceso a información sumamente peligrosa en sus manos.
Las promesas fáciles para alentar esperanza son tan perniciosas como es el ejercicio de trivializar lo que no va bien; en la circunstancia da la impresión de que las cosas son manejables y están bajo control. Sin embargo, la realidad se impone, así como los efectos de la descomposición en curso. La polarización lleva a extremos: el optimismo de unos ante el fatalismo de otros, así como a la falsa idea de que el éxito del proyecto propio requiere del sometimiento o extermino del otro.
El desafío mayor ahora y siempre será la certeza. Difícil empeño porque no todo depende de nosotros. La contingencia y lo global juegan su parte. Precisamente por tal consideración debe hacerse muy bien lo que sí está al alcance y en ello, quien gobierna y además cuenta con mayoría en el legislativo y en muchos de los poderes locales, tiene la mayor responsabilidad. En la circunstancia actual, no tomar o aplazar decisiones, es de alto riesgo.
