nota de la semana (52)
El país ha ingresado al vértigo propio del proceso sucesorio. Acontece con una inédita anticipación, como también ha sido la manera como la coalición gobernante procesa la selección de su candidato presidencial. La política tiene su propia lógica y la ley no puede sobreponerse de manera irracional, pero tampoco se puede ignorar lo que la norma manda. La simulación o el fraude a la ley nada positivo aporta, menos cuando de lo que se trata es elegir un nuevo gobierno.
Cualquiera que sea el desenlace, cualquiera, es importante que la renovación del poder signifique romper con la polarización y el deterioro institucional actual. No se trata de regresar al modelo de gobernabilidad que antecede al arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, sino dar paso a una opción con lo mejor de lo actual y del pasado. Esta tarea deberá ser acometida de manera incluyente, sin complacencia a la venalidad, al abuso del poder y al desdén a la legalidad.
La lucha democrática por el poder contribuye a la polarización. Mucho más cuando su mayor impulso viene de la coalición gobernante o de la presidencia de la República. La oposición no debe caer en tal inercia, tampoco debe hacerlo la crítica independiente que ha cumplido una importante función en la defensa de lo mejor en condiciones adversas y de franca provocación desde el poder.
Por importante y poderoso que sea quien gobierna su ciclo es transitorio, además, en el trayecto, hay estaciones que merman la influencia y el poder gubernamental, particularmente el inicio formal e informal de campañas, especialmente cuando ya hay candidatos perfilados, no necesariamente formalizados.
Es imprescindible construir puentes de entendimiento. Comprender la competencia por el poder, pero también que haya un sentido de contención porque mañana será tarea de todos recoger los platos rotos y de manera corresponsable trabajar para atender los retos y oportunidades del porvenir.
Al momento de recomponer y construir el país el mundo será distinto. Requerirán cuotas mayores de inteligencia, oficio, así como compromiso y lealtad a México. Tarea de todos, no sólo de los políticos o de quienes lleguen al gobierno.
La seguridad es responsabilidad fundamental del gobierno. Pero también es de la sociedad. Nadie debe sustraerse de la tarea de participar en el empeño de un país seguro. La realidad es que la violencia representa el mayor problema de las últimas décadas. Gobiernos de los tres órdenes vienen y van, pero el problema no sólo persiste, sino que se ha agravado. Las cifras de homicidios violentos no pueden soslayarse.
El asesinato de dos padres jesuitas y un seglar en la Tarahumara ha sacudido la conciencia nacional. La indignación es generalizada y constituye un punto de inflexión que con humildad debemos atender. El presunto homicida, plenamente identificado y acusado de varios asesinatos, actuaba desde hace cuatro años con toda libertad. Los hechos son trágicos e ilustrativos de lo que sucede a muchas personas en amplios territorios del país.
Medidas desesperadas u ocurrencias para contener el crimen no ayudan y han empeorado el problema. El tema llama para actuar con determinación en las causas profundas que los originan y también en los incentivos perversos de la criminalidad, particularmente el elevadísimo nivel de impunidad.
Revertir las condiciones que propician el curso delictivo es tarea compleja, se requiere actuar en muchos planos por mucho tiempo. Los niveles de violencia que nuestra sociedad está soportando demandan un diagnóstico serio, al margen del prejuicio y de las posturas simplistas. Al mismo tiempo y de manera inmediata debe abatirse la impunidad.
La acción del Estado para combatir al crimen no es equiparable a la expansión de la delincuencia. La primera está regulada y tiene al objetivo de proveer seguridad para todos. Las malas experiencias han probado que debe actuarse con visión estratégica y planeación. El sistema de seguridad debe operar de manera integral, en todos los órdenes de gobierno y también en la sociedad.
Es evidente: la estrategia gubernamental no ha dado los resultados que se ofrecieron. El presidente le dedica diariamente atención, pero los hechos indican que la ola criminal sólo crece. Es momento de evaluar, despojados de predefiniciones, lo que se ha hecho no sólo en estos cuatro años. Hay lecciones positivas del pasado que deben revalorarse y también errores a enmendar o corregir.
Uno de los problemas estructurales más serios y con impacto en múltiples aspectos de la vida social, es el déficit de legalidad. No es un asunto nuevo, pero lo que se ha visto en estos meses no guarda precedente y debe preocupar a todos. No es solo el incumplimiento de la norma por parte de las autoridades, sino incluso el desentendimiento abierto a las sentencias y resoluciones judiciales.
La impunidad es un agravio mayor a la sociedad. La ausencia de sanción legal es una afrenta a la convivencia civilizada y es causa de muchos otros problemas como es la violencia y la inseguridad, la afectación a los derechos de las personas, la incertidumbre y la desconfianza para la inversión, que afecta el crecimiento económico.
En el ámbito electoral existe una situación delicada en extremo. El órgano electoral se ha visto descalificado por la presidencia, el partido mayoritario, sus legisladores y funcionarios federales y ejecutivos locales. Sus determinaciones son rechazadas sistemáticamente bajo la falsa tesis de que son una expresión de parcialidad. Esta postura mina la autoridad de quien tiene la difícil encomienda de conducir la competencia por el poder y, consecuentemente, reduce fuerza a sus decisiones.
La tarea del INE y de los órganos electorales locales es la aplicación estricta de la ley. Hay casos, como las normas de publicidad y actuación de interesados en materia de revocación de mandato, que van contra la naturaleza misma de la política. Sin embargo, las autoridades harán bien en no entrar al debate sobre lo justo o lo injusto, y deben cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que no hay espacio para rechazar sus decisiones. En todo caso recurrirlas por la vía jurisdiccional y, en su momento, enmendarlas por el Congreso.
Que las autoridades se desentiendan de las sentencias del Tribunal Electoral, jurisdicción de última instancia, reviste la mayor gravedad. La negativa de la mayoría parlamentaria en la Comisión Permanente de rechazar la resolución de incorporar a esa estructura administrativa a la representación de Movimiento Ciudadano es un muy lamentable precedente. Lo deseable es que la Corte rechace el intento de quebrantar la definitividad de las decisiones del Tribunal y obligue a todos a cumplir la ley.
Lo bueno a veces no es noticia, lo excelente todavía menos. Lo más destacable de las seis elecciones del pasado domingo es la ratificación de la normalidad democrática. Quizás a muchos esto no les signifique importancia; sin embargo, ante el debate sobre el cambio sustantivo a las instituciones electorales es preciso tener idea clara de lo que se tiene.
Valorar al INE y al Tribunal Electoral en amplia perspectiva histórica permite concluir que ha sido una de las grandes realizaciones del México contemporáneo, sobre todo si se advierte el punto de partida y el esfuerzo conjunto para lograr el objetivo de una democracia electoral a la altura de cualquier estándar. Hablamos de Instituciones que precisamente por el éxito de sus resultados, podrían hoy no ser valoradas en su exacta dimensión.
El costo financiero de tener órganos electorales confiables es elevado, sería mucho mayor si se perdiera lo alcanzado. Por la desconfianza se construyeron salvaguardas para dar garantías a los contendientes y a los partidos sobre la calidad de los órganos electorales.
Siempre hay espacio para mejorar todas nuestras instituciones, pero esto debe ser resultado del consenso. Si lo que existe funciona más que razonablemente bien no hay razón para cambiarlo. Menos si la iniciativa del Ejecutivo afecta la pluralidad al dar puerta abierta a la sobre representación de la minoría mayor y la virtual eliminación de los partidos pequeños. La elección de autoridades y magistrados electorales más bien parece un exceso que raya en el absurdo.
La democracia se convalida con su práctica. El pasado domingo se instalaron en forma todas las casillas, la jornada se realizó en orden, la información electoral fue oportuna y precisa. El INE y los órganos electorales locales son motivo de orgullo y reconocimiento por los ciudadanos y por los contendientes en la oposición.
La aduana que tendrá que transitarse es la designación de cuatro consejeros electorales, decisión a cargo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Concluye con éxito Lorenzo Córdova su desempeño como consejero presidente; sólo la mezquindad podría regatearle su prístina gestión. Lo que corresponde ahora es que el consenso lleve a una integración confiable para todas las fuerzas políticas.
El fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reviste un sano precedente para determinar y esclarecer los alcances de las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto de los órganos autónomos en general, y particularmente, del INE. La mayoría de la Cámara, de manera contraproducente al objetivo de tener una consulta de revocación de mandato en términos de lo que la ley establece, decidió reducir 4,913 millones de pesos la propuesta de presupuesto planteado por el INE. La Cámara llamó al consejero presidente Lorenzo Córdova a explicar el planteamiento del órgano electoral en una sesión histórica.
La decisión de reducir el presupuesto tuvo consecuencias graves en demérito del INE y de los derechos políticos de los ciudadanos, ya que para ese ejercicio de consulta realizado el 10 de abril pasado, sólo se pudo instalar una tercera parte de los centros de votación a los que la ley obligaba. La principal causa de la baja participación en la consulta fue el poco número de casillas.
La Primera Sala determina que la Cámara tiene facultades para decidir el presupuesto del INE, pero debe fundar, motivar y razonar la decisión de reducir el presupuesto, lo que no ocurrió. Para tales efectos concede 30 días hábiles para que se cumpla con lo ordenado, tema que para atender en tiempo la sentencia, requerirá de un periodo de sesiones extraordinarias.
El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, rebasa los límites de su responsabilidad. Se ha comportado como vocero de su fracción y no como lo que es, presidente de la Cámara. A él se debe la denuncia contra consejeros del INE y ahora, se ha apresurado a reiterar la decisión de la Cámara, cuando lo que el Poder Judicial ordena es razonar y motivar las decisiones, no imponerlas unilateralmente.
Independientemente de lo que pudiera ocurrir para enmendar la insuficiencia presupuestal de un órgano autónomo clave para la vida institucional y democrática del país, con esta decisión, una vez más, el Poder Judicial Federal ratifica su condición como la instancia más relevante para hacer valer la constitucionalidad de las decisiones legislativas y, como tal, de contención al abuso del poder.
La polarización tiene como origen el descontento de una parte significativa de la población con el orden de cosas, y precede al arribo del proyecto político disruptivo del ahora presidente López Obrador. La valoración negativa del pasado y su legado institucional del que abreva el desencuentro persisten, en gran parte, porque no obstante estar ya casi cuatro años en el poder, el nuevo régimen ha encontrado hábilmente el modo de trasladar la insatisfacción social, incluso la del presente, a lo que se hizo en administraciones anteriores.
Las diferencias son naturales en toda democracia. No sólo las que se expresan en los partidos y los órganos legislativos respecto a lo que hacen las autoridades, también la que ocurre en el ejercicio de la libertad de expresión, la postura de los factores de interés y el activismo de las organizaciones civiles y las actitudes ciudadanas en general. En un entorno de descontento, los espacios de consenso son sumamente estrechos, más cuando lo que es común a todos se presenta como si perteneciera solo a una parte. El país, la patria y la democracia es de todos.
El disenso no debe descalificarse, porque eso va a contrapelo de la coexistencia de la diversidad, fundamental en toda realidad democrática. El presidente está en su derecho también de promover y defender su proyecto, pero no de cuestionar para descalificar e inhabilitarlo, a quien no lo comparte, sea un órgano autónomo como el INE, un poder como el Poder Judicial o un ciudadano como muchos de los que participan de la opinión editorial. Diferir es parte de la normalidad, no es traición a la patria, tampoco embestida de los enemigos del cambio. Se puede afirmar que una buena oposición sirve al mismo poder.
Lo que debe preocuparnos es que el desencuentro se lleve a extremos que modifiquen las reglas que garantizan la civilidad y las instituciones que permiten la conducción de la competencia por el poder. La idea de mayoría calificada para el cambio constitucional es que esto sólo puede ser procesado por el consenso de la pluralidad. Ante la proximidad de los comicios generales de 2024 es menester que el disenso cobre curso sin comprometer el acuerdo en torno a lo que es común a todos.
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La legalidad plantea desafíos complejos de resolver. Todo proyecto político aspira a trascender y para ello es fundamental el legado de instituciones, prácticas y normas, lo que remite al ámbito legislativo. Para el Poder Legislativo es todo un tema. La deliberación y el acuerdo parlamentario debe cumplir con los objetivos que se pretenden con el apego a la Constitución.
Las leyes se aplican y se interpretan, también son objetivo de revisión por temas de competencia y de cumplimiento con la Carta Magna. Así el Poder Judicial tiene que hacer valer con rigor la legalidad en cuanto a los actos de autoridad o para resolver las controversias entre particulares, también le corresponde valorar la competencia del proceso legislativo y que el contenido de la norma sea constitucional.
Para el ciudadano el tema de legalidad es fundamental porque se trata de la certeza de sus derechos. Es decir, cuál es el límite a que se debe someter la autoridad frente a los legítimos intereses y acciones del gobernado.
El país acusa desde hace tiempo un lamentable déficit de legalidad. Las altísimas tasas de impunidad sobre casos en el orden criminal es la evidencia; el Estado es incapaz de hacer valer la ley en lo fundamental y eso involucra por igual a las autoridades a cargo de la prevención, al ministerio público, responsable de la investigación e inicio del proceso penal, al órgano jurisdiccional en su encomienda de impartir justicia y hasta al régimen de sanción, a cargo de los gobiernos. El abuso de la prisión preventiva y encarcelados sin sentencia son oprobio.
El problema también está en el ámbito civil y ratifica que el acceso a una justicia pronta y expedita es más aspiración que realidad. Está más en el discurso que en el día a día.
Considero que el reto mayor para el futuro del país es la legalidad. Todo proyecto de gobierno pretende resolver mucho en poco tiempo, y casi siempre acaba haciendo poco en largos tiempos. Es preciso centrarse en un objetivo. Abatir la impunidad, sin duda, es el gran paso para superar muchas de las insuficiencias que se padecen y que hoy son causa de discordia política, descontento social y pérdida colectiva de la estima sobre lo mucho bueno que tenemos como país.
La justicia penal y el sistema carcelario de un país es la medida de la civilidad y el humanismo de una sociedad. En México no pasamos la prueba a pesar de reiterados intentos de mejorar. Hay un problema muy severo en cuanto a la eficacia de la justicia y todavía peor, hay un abuso discrecional y selectivo de uno de los instrumentos más delicados para la justicia penal: la prisión preventiva. Se asume que la presunción de inocencia sería suficiente para que jueces y fiscales tuvieran mayor cuidado para recurrir a lo que es una sentencia anticipada.
El país vive el peor de los mundos, impunidad rampante y detenidas y detenidos por años en cárceles deplorables sin que hayan concluido el proceso penal y a veces sin haberlo iniciado. La visita del ministro presidente, Arturo Zaldívar al reclusorio femenil de la Ciudad de México es una invitación para un debate en términos de derechos humanos, responsabilidad política y eficacia del sistema de justicia.
La prisión preventiva debe ser excepcional y con propósito único de evitar que presuntos responsables se sustraigan de la justicia. Hay muchas opciones para tales propósitos, no sólo se trata de calificar delitos en función de la sentencia corporal media o del criterio de gravedad del legislador. Lo relevante es el imputado, el presunto responsable. Los casos son múltiples de personas que es evidente que encararían el proceso en su contra fuera de la cárcel, como Rosario Robles o el empresario Eustaquio de Nicolás. Justamente el exceso y la discrecionalidad es la didáctica para que los demás opten por la complicada condición de prófugo de la justicia, en lugar de someterse al proceso penal.
El tema no afecta casos emblemáticos que cuentan con sólida defensa penal, pero adquiere condición de un verdadero drama social para muchas personas en condiciones de pobreza o abandono. Es importante visibilizar la magnitud del problema y concertar acciones interinstitucionales para encontrar una salida a este reto. Se puede y debe hacer. Esto es una llamada de atención a todo el sistema carcelario nacional. Seguramente Santa Martha Acatitla, con todo y sus problemas, dentro de lo muy malo es lo menos peor.
La iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral y política es provocadora por su contenido y sus implicaciones. De antemano se advierte su imposible aprobación, toda vez que afectaría severamente a quienes deben aprobarlo y el daño a lo que mucho tiempo, dinero y esfuerzo ha significado alcanzar: órganos electorales confiables.
En un amplio sector de opinión se considera que el proyecto de reforma tiene como propósito abonar a la contienda de 2024. El eje de su presentación, su envoltura, es reducir el alto costo que significa la política, esa, reitero es la envoltura. El tema, astutamente, toca fibras sensibles respecto a la mala imagen que tienen los partidos, los políticos y los legisladores, particularmente por el abuso, el dispendio y la corrupción. Reducir el costo es un argumento perfecto de campaña electoral. Una manera de reiterar que “no somos iguales”, aunque la evidencia acredite que sí somos.
Resultado de esta circunstancia hay quien considera no dedicar mayor atención a la iniciativa para no distraerse de temas de mayor impacto como es la economía, la seguridad pública o la ética y eficacia en el servicio público. Estimo que con el silencio gana terreno una propuesta que no abona al desarrollo democrático del país, además, la idea de cambio no puede ser monopolio de un proyecto o partido político. Las instituciones electorales y las fórmulas de integración de Cámaras deben revisarse y mejorarse. Tampoco debe soslayarse mejorar la asignación de recursos a autoridades electorales, partidos políticos y campañas.
Más allá de la expectativa del proceso legislativo estimo útil y conveniente que distintas voces planteen su idea sobre la reforma electoral deseable. Por ejemplo, en este espacio en repetidas ocasiones he señalado el inconveniente que tiene para el INE sus atribuciones de sanción. En mi opinión esta tarea debe asignársele al Tribunal Electoral o a un órgano independiente del que ahora tiene como responsabilidad organizar las elecciones. De igual manera, es necesario abrir al elector, desbloquear, las listas de candidatos plurinominales y hacer mandatorio la democratización para la selección de candidatos. Son muchas las ideas que pueden ampliar la deliberación a manera de construir.
Uno de los aspectos de mayor rechazo en la iniciativa constitucional del presidente López Obrador es la desaparición, además del Tribunal Electoral, del INE, que es una de las instituciones de mayor peso en el desarrollo democrático del país, garantía de elecciones confiables, y sin duda alguna, la mayor realización política del México contemporáneo. Todavía más controversial es la modalidad de designación de consejeros y magistrados. La elección popular es una definición esencialmente política, politizar responsabilidades técnicas es a todas luces contraproducente.
La profesionalización del quehacer electoral es una de las premisas del buen desempeño del órgano electoral. Las elecciones de 2018 y de 2021, así como la consulta para la revocación de mandato, son evidencia sobrada sobre la solvencia, confiabilidad y eficacia del INE y del Tribunal Electoral. Es inexplicable que quien invoca insuficiencia y falta de probidad de la autoridad electoral sea quien ha ganado el poder a través del impecable trabajo de quien cuestiona.
Es inevitable que los partidos opositores y una parte importante de la opinión pública rechacen la iniciativa presidencial. Por lo mismo es imposible que la iniciativa obtenga los votos suficientes, sobre todo por los otros temas de difícil aceptación como es la modalidad de elegir diputados y senadores por listas estatales, lo que significa la sobrerrepresentación del partido mayoritario y la exclusión de las minorías de la representación legislativa.
El tema central es fortalecer al INE en su autonomía, profesionalismo y sus resultados. El costo electoral no es un tema menor, pero es irrelevante si en esta visión de austeridad se compromete la confiabilidad del órgano electoral. De la misma forma ocurre con el pretendido ahorro en el gasto legislativo de la iniciativa, que se busca disminuyendo diputados y senadores con una fórmula que, en su integración, daña la pluralidad.
Si bien es populista y, por ende, socialmente persuasiva, la reforma parte de un error de diagnóstico que regatea el justo reconocimiento a un sistema que se ha ido adaptando con éxito a los estándares democráticos. La reforma que urge es aquella que consolide la ruta institucional y que la blinde de pretensiones autoritarias.
