nota de la semana (69)
Las instituciones adolecen por lo general de poco aprecio, porque es difícil valorarlas en la normalidad. En circunstancias particulares o en momentos de crisis, es cuando las condiciones se prestan para entender su funcionalidad y el valor que entrañan. La ley, la justicia, la economía, la seguridad, el bienestar y muchas otras cosas cobran realidad a través del actuar de instituciones.
La mayor fortaleza del país ha sido su capacidad para construir instituciones. El tránsito a la modernidad ocurrió sin rupturas precisamente por la aptitud de dar curso a la reforma y construyendo entidades, normando prácticas y haciendo leyes.
Debe destacarse entre muchas realizaciones la creación del IFE, ahora INE. La normalidad democrática nunca se ha apreciado en su real alcance, precisamente por su propio éxito. Las generaciones de ahora advierten que las elecciones se dan en condiciones de orden, casi siempre de reconocimiento de resultados y con instrumentos que dan confianza y certeza a ciudadanos, competidores y partidos políticos. Ha sido un logro de grandes dimensiones.
El país ha ingresado a un momento difícil. Causas fortuitas como la pandemia o ajenas, como es el deterioro del entorno internacional y otras imputables a los actores políticos, han significado que la incertidumbre aumente. En este contexto es de la mayor preocupación el desentendimiento de lo que establecen las leyes y la Constitución. La polarización ha cobrado una cuota elevada en el consenso y las instituciones están sujetas a una presión social inédita.
Afortunadamente los órganos de justicia se han vuelto un factor valioso para la certeza de derechos en temas fundamentales para el país. No se puede decir lo mismo del Congreso, tampoco del gobierno nacional. De cualquier manera, es importante romper con el ciclo del encono y la desconfianza. Urge tener claro que los gobiernos son temporales, por lo que hay que tener perspectiva sobre lo que es permanente y que es prioritario cuidar. Que las dificultades y problemas presentes no inhiban la capacidad para avizorar el porvenir. Por lo pronto, se requiere no perder aprecio por las instituciones y que todos las cuidemos mucho porque inexorablemente las vamos a necesitar.
La mesura y la prudencia en quienes detentan el poder decisorio del país nunca sobra, mucho menos en tiempos de incertidumbre y complejidad. Es justo en circunstancias como las de ahora, que menos espacio debe haber para la frivolidad, tampoco para el descuido. Son momentos difíciles, mucho es lo que está en juego y el riesgo es mayor.
La disputa por el poder y el empeño para retenerlo, se acompaña, como si fuera natural, de la intransigencia y a veces, del arrebato. La polarización que se vive va a contrapelo de lo razonable, del diálogo y del entendimiento. En estas condiciones, la coexistencia de diferencias se vuelve imposible, y se dificulta la construcción del consenso, incluso en temas tan elementales como es el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del interés nacional.
Por eso es una falta absoluta de prudencia que legisladores vinculados al gobierno externen apoyo al gobierno de Rusia cuando el mundo está al borde de un conflicto bélico mayor derivado de la invasión de esa nación a Ucrania. Es una acción insensata, que además contradice la postura del país, expresada por el embajador De la Fuente en el seno de la ONU.
México no gana con el flirteo de diputados con Rusia. Tampoco el Presidente López Obrador. Sorprende que algún legislador de la oposición se haya sumado a tal postura. Por lo que está de por medio, debiera haber mayor cuidado y actuar en consecuencia a la definición que ha hecho el gobierno sobre tan delicado asunto.
Mesura también se requiere en los temas de la economía. El Presidente sabe que sus palabras tienen un importante significado. Encomiable que invoque su compromiso para mantener la estabilidad macroeconómica. Muy preocupante que se desentienda del cuidado que merece la información que es de competencia del autónomo Banco de México. Seguramente será una lección que se aprenda. Los tiempos venideros lo exigen.
Estamos ingresando al ciclo más complejo y desafiante del sexenio. La situación internacional y la nacional demandan responsabilidad de todos. Una vez concluida la consulta de revocación del mandato, será fundamental acreditar en los hechos mesura en lo interior, prudencia en el exterior.
Independientemente de si aporta a la democracia, o si, por el contrario, será una aduana que cada tres años meterá al país en una vorágine política de desencuentro, la revocación de mandato padece insuficiencias básicas. El descuido de los legisladores fue mayúsculo. No se previó que el supuesto básico del voto es la información, el debate y la deliberación. Se pensó, idealista o ingenuamente, que era un tema de los ciudadanos, cuando por su propia naturaleza se debió dejar amplia libertad para que los partidos, las organizaciones civiles y la autoridad involucrada pudieran hacer campaña hacia una u otra opción de la consulta.
Ahora estamos ante una situación donde las acciones al margen o contrarias a la ley se imponen. Es inexplicable, si la decisión es de la mayor importancia para quien gobierna, ¿por qué se le debe restringir el derecho de defender su causa? La ley debe regular la realidad, no negarla como lo hizo el legislador. La consecuencia de lo que ahora ocurre, es un terrible desgaste para todos, incluso para el órgano electoral y las instancias jurisdiccionales.
El Presidente está por inaugurar este lunes una obra relevante para su gobierno, inexplicable que tenga que hacerse en la penumbra mediática o en la simulación por una ley absurda y contraria a la naturaleza propia de la política. Sobre esta circunstancia se entiende que se haya recurrido a las instancias judiciales para enmendar lo que mal se hizo, pero la cuestión es que la base legal no está en la ley reglamentaria, sino en la Constitución.
El tema habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy difícil que el máximo tribunal se pronuncie a favor del intento de enmendar el error de origen porque no se puede corregir, aunque fuera de sentido común, lo que está en la Carta Magna. El Presidente y su partido no deben reclamar al INE o al órgano jurisdiccional que cumplen con su deber, que es hacer valer la letra constitucional, sino a sus propios legisladores, que son la causa del enredo en el que se ha convertido una consulta cuyos efectos, lejos del propósito original de sus autores, ya han comenzado a ser perniciosos para la vida pública nacional.
En los tiempos que corren, el país enfrenta muchos desafíos. Algunos son de carácter histórico, como la desigualdad, la violencia, la impunidad y la corrupción, y otros de coyuntura. El mundo iba de salida de la tragedia que ha representado la pandemia cuando inicia una inesperada guerra que altera el equilibrio mundial y cuyas implicaciones han sido, de manera inmediata, el incremento de los precios de los energéticos y con ello un efecto inflacionario del que apenas estamos viendo su primer impacto.
El pronóstico es que con ello se pueden llegar a modificar las bases que han dado estabilidad a la economía y a las condiciones de crecimiento. México no es una isla. El panorama y las circunstancias de nuestro país, de pronto, son excepcionales. Así debe ser nuestra respuesta colectiva de cara a problemas que son comunes a todos, sociedad, partidos, empresas y administración pública.
Sabemos que el gobierno ha atemperado, a un significativo costo financiero, los efectos del aumento de combustibles. Pero igual podemos advertir que la situación se vuelve insostenible y pronto llegará el momento de liberar precios y eventualmente hacer ajustes al gasto público, al tiempo que la inflación, de por sí muy elevada, habrá de continuar, afectando el poder adquisitivo de los que menos tienen y presionando hacia la disminución del crecimiento económico.
Sin ánimo alarmista, es necesario reconocer que el país está por ingresar a un acelerado proceso de deterioro, a un estadio de mayor incertidumbre. Sería un grave error y, además, irresponsable por parte de todos, llegar a él en las condiciones de polarización que hoy imperan. El momento requiere de altura de miras para comprometernos, cada quien, desde su trinchera, con la siempre necesaria y oportuna unidad nacional.
Lo inmediato es obviar el escarnio sistemático y las descalificaciones que nos dividen. Demos espacio a un diálogo que permita identificar las coincidencias sobre las cuales cimentar esta unidad, un concepto que de ninguna manera significa anular las diferencias ni cancelar el debate, sino encontrar en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la manera de atender eficazmente los desafíos comunes y proteger lo que más nos importa a todos: bienestar, libertades y democracia.
La polarización impide que ocurra con fluidez y normalidad lo que es común a toda realidad democrática: el diálogo entre diferentes. Han ocurrido diversos intentos de intercambio de ideas. Recientemente en el Congreso se constituyó el denominado parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica. De todo hubo, menos diálogo.
Por su parte, el presidente López Obrador, con motivo de sus giras o en el desahogo de su agenda, tiene oportunidad para dialogar con sectores representativos de la sociedad, de la vida política y de la economía. No obstante, en sus comparecencias públicas matinales no se advierte que ese deseado intercambio tenga impacto. Ahí, al presidente se le percibe aislado y apartado de la realidad que se vive en el país por las dificultades en salud, economía o inseguridad.
Otro intento ha sido el relevo en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López abrió una gran oportunidad al diálogo. Es lo propio de la dependencia coordinar al gabinete, así como conducir la relación con los poderes, los partidos y actores relevantes de la sociedad. Así ha acontecido y ha sido un giro favorable para bien del gobierno y de la vida pública.
Sin embargo, los tiempos exigen que el diálogo cobre vida con mayor intensidad y constancia. La agenda pública lo demanda. Los mandatarios estatales, quienes encabezan a los poderes públicos, los líderes empresariales y del sector social, las dirigencias de los partidos, los representantes de todos los órganos autónomos precisan de una relación institucional confiable, que represente al Presidente y en el que se escuche y se acuerde a partir de un sentido institucional compartido en bien del país. De todos es responsabilidad el bienestar, la fortaleza de las instituciones y una economía en crecimiento.
Con motivo de la elección del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, se ha señalado que esa representación debe actuar en términos constructivos y de respeto hacia la autoridad. En ese mismo sentido, también debe decirse que las autoridades tendrían que hacer su parte para que esto ocurra. Para bailar tango se requieren dos, sintiendo el mismo ritmo y al propio tiempo. Por esta consideración en estas horas
La libertad de expresión y el derecho a la información van de la mano, fundamentales para una sociedad democrática. No es suficiente con que las personas tengan garantizado su derecho a expresarse con libertad, también es imprescindible que la población pueda estar informada. Por ello las autoridades tienen la obligación de comunicar y hacerlo con veracidad, respeto a terceros y privilegiando la exposición de hechos sobre su interpretación. Las autoridades no tienen libertad de expresión, ya que es un derecho de los ciudadanos; sí tienen la obligación de informar.
La legislación electoral aprobada en la reforma de 2007 es un atentado contra la libertad de expresión y también coarta el derecho de los ciudadanos a estar informados en la medida en que restringe que los particulares puedan participar activamente de la publicidad electoral y se impone un bozal a las autoridades y a quienes las encabezan. Malamente se ha preferido poca o falta de información, en lugar de los riesgos derivados del uso y abuso de la libertad de expresión.
Los legisladores que aprobaron la reforma constitucional y la ley reglamentaria del derecho de revocación de mandato replicaron esa visión restrictiva. Las autoridades federales y locales se ven sometidas al silencio, sin poder cumplir con los programas de comunicación destinados a informar a la población. Más aún, la ley impide que los partidos puedan participar del debate público asociado a la consulta para la revocación, como si los ciudadanos no tuvieran facultad de discernimiento y, por lo mismo, se les priva del derecho a escuchar las razones para votar o para hacerlo en un sentido o en otro. Al menos en este caso se dejó la puerta abierta para que los ciudadanos sí puedan pronunciarse públicamente y, eventualmente, participar de la publicidad.
Las leyes que resultan restrictivas de la libertad de expresión y del derecho a la información deben modificarse. Asimismo, de la experiencia de la consulta de revocación de mandato deberán hacerse los ajustes que impidan la simulación y que se tergiverse el sentido de la institución. La experiencia en curso no es grata, pero son de las cosas que tienen remedio. Es atribución del Constituyente Permanente y del Congreso de la Unión, y debe actuarse en consecuencia.
More...
La semana pasada se conoció la noticia en voz del Presidente sobre la detención de los presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Ese mismo día supimos del asesinato de Heber López, reportero en Salina Cruz, Oaxaca. Dos noticias que muestran que el periodismo no ha estado exento de la violencia y el crimen.
La indignación por la inseguridad crece. El gobierno actual, igual que los anteriores, se ve superado por la criminalidad, como lo revelan los indicadores de percepción de inseguridad y las estadísticas de los homicidios dolosos. La realidad es que, pese al discurso oficial, la delincuencia gana terreno a las autoridades federales.
En el caso de los periodistas, las expresiones de indignación crecen en el gremio por la inseguridad y por la actitud del Presidente ante destacados comunicadores. No sólo hay un ambiente de hostilidad hacia el oficio, sino una contabilidad ominosa por la frecuencia de agresiones y lamentablemente por los homicidios a la vista de una sociedad cansada. Cierto es que el gobierno de la república no es culpable de la violencia criminal contra los periodistas, pero es un sector que espera mucho más de lo que este gobierno hace por ellos.
A decir de la administración federal, la mitad de los homicidios de periodistas no tienen que ver con el crimen organizado, sino con la política local y municipal. La tasa de impunidad es sobre 90 por ciento, un dato preocupante, que revela la ineficacia, y posiblemente connivencia entre criminales y autoridades locales. Esta consideración es suficiente para que la federación intervenga con todos los recursos a su alcance.
El ciclo de la elevada criminalidad resulta de la incapacidad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. En el caso de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Tijuana, son un ominoso precedente; de confirmarse la versión que prevalece entre los investigadores, obligaría al fuero federal a atraer el caso.
El oficio periodístico se ha vuelto de alto riesgo, particularmente en los territorios de elevada incidencia delictiva. Queda claro que al asesinar a un periodista no sólo se aniquila una persona, también se lastima una tarea indispensable en una sociedad libre y democrática.
El mensaje del presidente de pausar la relación diplomática con España a manera de ganar respeto ante el supuesto abuso de las empresas hispanas en el territorio nacional, es un exceso que demanda serenidad de todos. Palabras que nacen del impulso o del cálculo como elemento distractor, no importa su razón. La respuesta de la opinión pública y de los expertos en la relación económica, cultural y diplomática entre ambas países vuelve obligado tomar las cosas con mesura y no profundizar en lo que puede resultar en una herida que no merecen las naciones, ni los pueblos, tampoco los Estados.
Si es el caso de que hay razón para el enfado del jefe del Estado mexicano sobre el comportamiento impropio de empresas en colusión con los gobiernos de ambas naciones en los últimos tres sexenios, esto no debe llevarse al plano de la retórica, ni siquiera de la diplomacia. No son los gobiernos ni las empresas las que incurren en delitos, son las personas y por ello lo que corresponde es presentar las denuncias respectivas para que la justicia cobre curso y sean sancionados quienes hayan incurrido en faltas o delitos.
El presidente López Obrador habló de denuncias ya presentadas. No se sabe que existan, sólo se habla de abusos y faltas graves en perjuicio de la CFE y sería útil, conveniente y recomendable conocerlas porque así se particularizaría la responsabilidad y al menos podríamos saber la causa del disgusto presidencial.
La relación con España es positiva, trascendente y con múltiples beneficios mutuos. En mi opinión, lo más relevante está en el ámbito de la cultura, pero no se puede soslayar la importancia de la relación económica. Las empresas de uno y otro país se corresponden a las oportunidades de negocio, la confianza y la certidumbre, más que a la afinidad entre ambos pueblos, que sí existe y que trasciende a lo que hagan empresas y gobiernos.
La recuperación económica requiere de la inversión, y la propuesta de pausar la relación no contribuye a ella, y lo que es peor, el mensaje hostil no solo va dirigido al inversionista hispano, también a los de otras naciones, incluso a los nacionales. Por lo anterior, es recomendable que se imponga la serenidad por el bien del país.
En el régimen de división de poderes ha estado presente la discusión sobre los alcances de las decisiones judiciales. Un pronunciamiento histórico fue el reducir los efectos del juicio de amparo para proteger estrictamente al quejoso y no darle efectos erga omnes, es decir a la totalidad de casos en situaciones semejantes. Asimismo, la jurisprudencia o la interpretación obligada para decisiones judiciales requiere de cinco resoluciones en el mismo sentido.
Para bien, ha habido cambios. Ya no existe el temor de que la Suprema Corte tenga una actuación con alcances “políticos”, se ha creado una justicia electoral que tiene definidas sus implicaciones y alcances, y sólo se dejó a la Corte la responsabilidad de la declaratoria de validez de la elección presidencial. Priva en el Poder Judicial lo que parece es una amplia disposición a mejorar en el día a día de los procesos legales, la certeza de derechos a todos en la constitucionalidad de decisiones legislativas.
Recientemente a la Corte llegó la revisión de la pregunta para la consulta sobre la revocación de mandato, tema que obliga a la revisión de la ley que la contiene. El proyecto presentado por el ministro Pardo Rebolledo no obtuvo los ocho votos necesarios para invalidar la ley, en consecuencia, se sostiene en su redacción original. Debe precisarse que la oposición fue la que redactó la pregunta en la ley, para luego desdecirse e impugnarla.
Algo semejante remite a las restricciones en materia de publicidad oficial de la misma ley. Para el caso concreto corresponde a la sala superior del Tribunal Electoral el determinar los alcances de la ley para resolver la absurda restricción de publicidad gubernamental desde la expedición de la convocatoria hasta la celebración de la consulta, norma restrictiva del derecho de información. La Sala Superior deberá pronunciarse para salvaguardar los derechos ciudadanos y limitar los alcances restrictivos de la norma.
Los dos ejemplos ilustran la necesidad de una justicia que resuelva no sólo las controversias o la interpretación de la norma, sino que salvaguarde los derechos ciudadanos frente a normas realizadas con descuido o sin prever sus alcances restrictivos de las libertades, una justicia correctiva del deficiente proceso legislativo.
Lo que se tiene y se ha vuelto parte del paisaje es común que deje de apreciarse. Así sucede con dos aspectos fundamentales de la vida pública: la normalidad democrática y la estabilidad macroeconómica. El logro ha sido de todos los mexicanos y aunque se haya perdido aprecio por esto, no significa que sea necesario perderlo para estimar lo mucho que vale.
Afortunadamente son muchas las generaciones de mexicanos que no han vivido la experiencia traumática de la crisis económica. El periodo de 1976 a 1995, casi dos décadas de crisis, inflación, devaluación significaron en muchas personas y familias no solo la pérdida de calidad de vida y deterioro de sus ingresos, en no pocos casos también hubo pérdida total patrimonial. La crisis se ensañó con quienes menos tenían, incluso hubo quien se benefició de las dificultades.
Ahora el mundo y nuestro país ingresa a un periodo de turbulencia que puede llevar a la crisis. La pandemia es la causa, mayor en las naciones que tuvieron una mala gestión y que no actuaron para mitigar sus efectos en la economía, como fue nuestro caso. Casi todas las naciones están por recuperar las cifras de crecimiento, empleo e inversión respecto al año previo a la crisis sanitaria. No es nuestro caso.
La situación llama a la mayor cautela. La propuesta de contrarreforma eléctrica conspira contra la estabilidad económica. Sí se deben hacer medidas correctivas al marco vigente; los cambios tecnológicos en materia de energía y los resultados exitosos de la transición del mercado energético recomiendan un ajuste a las normas actuales. Esto es muy distinto a la pretensión de regresar al monopolio y ahuyentar a la inversión privada.
Si el presidente privilegia el bienestar de los mexicanos derivados de la recuperación económica, debe emprender definiciones de política que ofrezcan confianza y certidumbre a la inversión y así generar las condiciones para recuperar el crecimiento. Seguramente su equipo económico y los empresarios a quien escucha y confía bien pueden orientarlo en una propuesta en tal sentido y que permita que lo mejor de su gobierno sea lo que viene. Persistir en el camino de las ideas fijas compromete uno de los logros más preciados de las últimos 27 años: la estabilidad económica.
