nota de la semana (52)
Una preocupación genuina derivada de la reforma electoral de 2007 ha sido la restricción a la libertad de expresión de particulares. En el afán de cuidar la equidad, se cometió el exceso de restringir y castigar las libertades ciudadanas. Por tal consideración es de la mayor relevancia la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto a la revisión de la sentencia de la Sala Regional, en ocasión de un texto de Carlos Alazraki en El Universal en el periodo de veda de la pasada elección, en la que el articulista llama a no votar MORENA, PVEM y PT y a sufragar por cualquiera de los partidos de la Alianza Sí Por México.
Los temas de controversia son: 1 ¿La prohibición de realizar actos o emitir mensajes de propaganda electoral durante el periodo de veda es aplicable a las personas que ejercen el periodismo? 2 ¿Un medio de comunicación social es responsable por las expresiones que realizan sus periodistas o colaboradores en caso de que sean ilícitas? ¿Es exigible a los medios una revisión y control del contenido de las publicaciones que difunden? 3 ¿Los partidos políticos incurren en responsabilidad si no se deslindan de las manifestaciones que a su favor haga un periodista?
MORENA presentó una denuncia en contra Carlos Alazraki y El Universal y reclamó que los partidos PAN-PRI-PRD incurrieron en responsabilidad al no deslindarse. La Sala Regional dictó una sentencia en la que dio por cierta la infracción y la responsabilidad del periodista y de los partidos. Respecto al medio no lo responsabilizó, toda vez que imponerle la obligación de validar las publicaciones de sus colaboradores significaría obligarlos a la censura previa.
La Sala Superior al revisar la sentencia a iniciativa del PRD y del medio, la modificó de manera relevante para proteger la libertad de expresión al señalar, primero, que los periodistas no están entre los sujetos infractores de la veda electoral, salvo que se demuestra una vinculación con algún partido político o candidatura. Segundo, los medios no deben impedir la publicación de sus colaboradores. Tercero, Carlos Alazraki no tiene vinculación con partido alguno, por lo que él ni los partidos aludidos tienen responsabilidad ni son acreedores a sanción alguna.
El país vive en la polarización a partir del acumulado de malos resultados de sus autoridades, del descrédito y descontento social que ello genera, de los desencuentros políticos y especialmente, por la percepción de venalidad de sus gobernantes. No es un problema nuevo. De hecho, sus expresiones electorales se manifiestan con claridad a partir de la elección en Nuevo León en 2015 y en los comicios de 2016, dominados por la alternancia y proyectos disruptivos exitosos. Quienes estaban en el poder no midieron la magnitud del deterioro y de la rebelión en curso.
En 2018, el candidato López Obrador entendió muy bien el sentimiento en la sociedad mexicana. El resultado de la elección lo acredita. También advirtió que el mejor espacio para ejercer el poder presidencial era el del activismo social, en otras palabras, dar continuidad a la contienda más allá del desenlace de la elección. Esto llevó a acentuar la polarización y también a elevadas tasas de aprobación de la persona del Presidente, no del gobierno, tampoco de sus resultados.
La polarización ha sido alentada desde el poder. La elección intermedia que significó el regreso de la pluralidad en la Cámara de Diputados y el resultado adverso del partido gobernante en los grandes centros urbanos no llevó a matizar el clima de confrontación política, sino lo contrario. Hoy el país está más dividido que siempre.
La cuestión es que la polarización compromete a la institucionalidad, a la confianza entre los actores políticos y a la concordia entre los mexicanos. En sus extremos también a la legalidad. El diálogo se desacredita, así como se dificultan los entendimientos. No hay puentes sino frentes de guerra en los polos de la confrontación. La moderación y el acuerdo caen en descrédito no sólo por el poder, también por quienes se le oponen.
La pregunta obligada es por cuanto tiempo más el país vivirá en el desencuentro. Seguramente el climax serán las campañas de 2024. El desenlace previsible, sin importar quién prevalezca en la elección presidencial, significará el regreso del gobierno dividido. Esto obliga no sólo a la concordia y a la civilidad políticas, sino, sobre todo, a la corresposabilidad. No está demás ir pensando en el futuro cercano y actuar en consecuencia.
La Cámara de Diputados no asignó recursos suficientes para la consulta que, de cumplirse los requisitos establecidos en la ley, habrá de organizar el INE sobre la revocación de mandato. Represalia, sentido de austeridad o lo que sea, la realidad es que no hay recursos. El presidente ha sugerido una salida al dilema. La realidad es que los fideicomisos del organismo, no están disponibles porque tienen destino legalmente predeterminado.
El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova ha dicho que el INE cumplirá en la medida de sus posibilidades. Cierto es que, al no darse un incremento de lo asignado, la consulta no cumpliría con lo originariamente planteado, particularmente respecto al número de centros de votación.
La degradación en la ejecución de este derecho constitucional va a contrapelo del propósito político del Presidente. Por eso no se entiende la determinación de la mayoría legislativa. Menos casillas, además de ser contrario a lo que establece la ley, significa que los ciudadanos tengan que hacer mayores traslados.
De hecho, en un ejercicio como el que se propone, la mayor dificultad se centra en la concurrencia de los ciudadanos a las urnas. Morena debería entender que, si impera el abstencionismo, se afectará un proceso que previsiblemente favorece la continuidad del Presidente López Obrador en el ejercicio de su responsabilidad.
Se ha señalado que el propósito de la mayoría en la Cámara no es imponer la austeridad al INE, sino más bien dificultar su desempeño y de esta manera, poner en entredicho su capacidad y determinación para cumplir con sus responsabilidades y eventualmente, justificar una embestida jurídica en contra de los integrantes del Consejo General.
Es importante que el INE proceda a presentar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a manera de que el máximo tribunal revise y ordene a la Cámara de Diputados asignar el presupuesto para organizar el revocatorio con todos los elementos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir.
El INE con o sin recursos, tiene la obligación de cumplir con la tarea de organizar la revocación de mandato. ¿O estamos frente al caso de que ante lo imposible nadie está obligado?
Uno de los capítulos recientes más alentadores y promisorios de la política ha sido la comparecencia ante la Cámara de Diputados, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Como se esperaba, la mayoría tuvo una actitud hostil que, por algunos momentos, llegó a la falta de comedimiento e incluso a la franca grosería. Pero el escándalo no afecta al compareciente, sino a quien, propiciándolo, exhibe que no está a la altura de la honrosa representación que ostenta.
Pero anécdotas sobre la ausencia de un diálogo republicano aparte, lo difícil de comprender es la disminución a la propuesta de presupuesto planteada por el INE a la Cámara. La mayoría legislativa señala que está dispuesta a aprobar un presupuesto similar al de 2019, pero a diferencia de aquel año, en 2022 habrá seis elecciones de gobernador y, seguramente, una consulta para la revocación de mandato que Morena promueve.
Se puede entender y compartir la exigencia de austeridad, la necesidad de ahorros para reducir el gasto. La cuestión es que los procedimientos que habrá de emprender el INE, los que están en la ley y se corresponden a lo que los partidos han demandado históricamente en materia de certeza, legalidad, independencia, autonomía y transparencia, tienen un costo elevado.
Comparto la idea de que es mucho lo que se gasta en materia electoral. No tanto por las prerrogativas a los partidos, sino porque se hizo del INE una institución modelo para un país que históricamente ha desconfiado de los procesos electorales y para ello se le dotó de personal profesional, patrimonio y de instrumentos costosos como es el padrón electoral. Aún así, por los resultados se puede decir que ha sido un dinero bien invertido.
El INE está expuesto como nunca, al escrutinio, no tanto público como desde el poder. Sin embargo, una evaluación objetiva revelaría que es de lo mejor en cuanto a los órganos autónomos, por la confiabilidad y profesionalismo mostrados en su desempeño. Ahora tiene la encomienda de prepararse para una consulta que plantea el más grave de los escenarios, tan improbable como indeseable: la revocación del mandato del Presidente López Obrador. Precisamente por ello no debe haber recursos ni medios para regatear.
La democracia fortalece el debate sobre los asuntos públicos y el debate fortalece a la democracia. Los órganos representativos, como es el Congreso, son por excelencia espacios para la deliberación y la confrontación de ideas, esenciales en un sistema político liberal como el nuestro. Sin embargo, esto no es suficiente. Sin demeritar la importancia del Poder Legislativo, muchas de las determinaciones requieren una discusión más allá del espectro parlamentario.
La reforma eléctrica es un buen ejemplo de la necesidad de una discusión amplia, incluyente y con apertura mediática. Las encuestas de GCE y El Financiero coinciden; hay dos aspectos a destacar muy preocupantes: el escaso conocimiento de la población sobre su contenido y en contrasentido, el apoyo mayoritario a la propuesta presidencial.
Como tal es una buena decisión la convocatoria del líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para que el sector empresarial participe de las necesarias discusiones sobre el futuro del sector, y ampliar el término para su aprobación. Es imprescindible la opinión de los empresarios y sus organismos. Sus preocupaciones son genuinas y deben estar presentes en el debate. Pero no son las únicas. Expertos en el tema, organizaciones ambientalistas e inversionistas en energías limpias deben estar presentes, igual que los especialistas en materia internacional, no sólo para enmarcar globalmente la iniciativa presidencial, sino para evaluar sus efectos en materia de inversión, medio ambiente y posibles controversias legales.
Desde luego que la decisión final corresponde al Constituyente permanente. Los partidos políticos, en su mayoría, así como las fracciones parlamentarias han definido posición. Es evidente que no hay mayoría calificada, posiblemente ni siquiera mayoría absoluta a favor de la propuesta en sus términos originales. Pero no es un ajuste o cambios menores lo que la harían viable, sino un proyecto totalmente diferente. Precisamente para eso son las deliberaciones incluyentes, para que los legisladores normen sus criterios y hagan ejercicio de un voto razonado e informado. La tarea mayor está del lado de quienes se oponen a la propuesta, porque el gobierno y quienes están a favor han hecho muy bien la suya.
Hasta hace poco existía la idea generalizada de que al Presidente López Obrador se le habría de reducir su nivel de aceptación popular a partir de los magros resultados del ejercicio de su gobierno. La realidad es que la evaluación del mandatario está desvinculada de la eficacia o ineficacia de su administración. Casi todos los estudios coinciden en una calificación próxima a 60 por ciento para el mandatario, y una reprobación en los principales planos del desempeño a su gobierno.
Las explicaciones se centran en el protagonismo mediático, que fija los términos de la agenda y crea polémica que distrae del escrutinio sobre lo relevante. Algo hay de cierto, pero tal idea es insuficiente para explicar el fenómeno. Hay dos aspectos que se deben incorporar: la forma de la comunicación y la conexión que existe entre lo que dice el Presidente y los valores, sentimientos y emociones que imperan en la sociedad.
Efectivamente, la forma coloquial, simple y en ocasiones prejuiciosa del lenguaje presidencial hace llegar el mensaje con mayor efectividad, especialmente si se compara con la formalidad de la comunicación política convencional. Lo disruptivo es lo de ahora.
El que el Presidente haya mantenido un perfil de activista social después de llegar a la Presidencia le ha permitido dar continuidad a la adhesión de origen. El presidencialismo exacerbado y el estatismo a contrapelo de la democracia, tiene profundas raíces en el imaginario colectivo.
El ejercicio del gobierno es de razones; no así la comunicación. Lo emotivo cuenta, y mucho. Allí es donde están las fortalezas discursivas del Presidente, particularmente por la polarización en la que el pasado es repudiado ampliamente.
Sin embargo, conviene preguntar: ¿Para qué sirve la popularidad? Sirve para mucho, pero no para todo. Para cualquier gobierno es mucho más fácil actuar en medio del consenso ó la aceptación mayoritaria, que en el repudio. La cuestión es que la política inevitablemente debe pasar la prueba de los votos. Ya se vio en la elección intermedia. Puede haber amplia aceptación presidencial, pero no necesariamente votos por su partido, precisamente porque al votar lo que se evalúa no es un proyecto político o una forma de gobernar, sino una persona.
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El descontento y las condiciones emocionales de la sociedad mexicana vuelven sumamente complicado y difícil un debate medianamente racional. La polarización lo impide. El intercambio de ideas se torna en insultos y descalificaciones. A pesar de los avances en las libertades, la democracia y la pluralidad, hoy tenemos condiciones que parecen adversas para la coexistencia de las diferencias y la identificación de objetivos y espacios de interés común.
En la democracia occidental, los procesos electorales han sido catalizadores de los sentimientos colectivos. La indignación con el orden de cosas prevaleciente dio espacio para que un proyecto disruptivo como el que encabeza López Obrador llegara a contar con el aval mayoritario de la población. Eso ocurrió hace tres años y por la manera como se gobierna, esa emoción no se ha abandonado. Después del resultado el ganador no convocó a la concordia, tampoco dio por terminada la contienda y un ambiente de beligerancia ha predominado a lo largo de la primera mitad del sexenio. La guerra sacrifica la verdad, mina la confianza en el otro y polariza a la sociedad, esto es, no hay terceras opciones, la lealtad es total o no lo es.
El desencuentro se ha prolongado más allá de lo deseable y tal parece que habrá de prevalecer hasta la otra estación de paso que será la elección de 2024. Por el momento influye en el debate sobre la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Ciertamente, el Presidente dio señales de aceptar modificaciones al proyecto de origen, pero lo hizo a condición de que se mantengan las premisas básicas que lo inspiran, es decir, nada moverá al gobierno del objetivo de restituir el poder a la burocracia, desconocer la función de las instituciones del Estado y cambiar la normatividad sobre las cuales se realizaron inversiones y se pactaron contratos y compromisos.
Lo que está en riesgo no es menor; es la pérdida de un bien fundamental para México, la certeza de derechos. Difícil situación para el debate racional: el régimen con todos sus recursos a la ofensiva, y enfrente, una oposición dividida, callada y confundida, así como empresas inmovilizadas y sin representación eficaz para hacer valer su voz.
No debiera sorprender que, en una medición de opinión pública sobre la iniciativa presidencial de modificar radicalmente el paradigma asociado a la industria eléctrica, ganarían con claridad los que están a favor. No es que el régimen tenga razón, simplemente la postura de la reforma comunica mejor que la de sus opositores. En mucho tiene que ver el martilleo de las conferencias mañaneras del Presidente, pero también la mediocre respuesta de quienes se oponen.
Por ejemplo, señalamos aquí que el esquema vigente le da rectoría al Estado y lo hace a través de órganos autónomos. Sus integrantes son servidores públicos, no empleados del gobierno y su nombramiento, término de ejercicio y status autónomo, les permite actuar bajo criterios técnicos y no políticos o ideológicos. La propuesta bajo discusión lleva todos los planos de la industria no al ámbito del Estado, sino del gobierno y de su empresa: generación, transmisión, suministro y comercialización. La participación privada en generación no parece necesariamente razonable porque sólo se la compraría la CFE y al precio que ésta determine. La propuesta no es estatista, es burocrática gubernamental.
Los opositores en el ámbito de la sociedad y de la política carecen de tres cosas: una narrativa clara, ausencia de réplica y un articulador de la comunicación. No corresponde a las empresas la respuesta, sí a los organismos empresariales. También a los gremios o asociaciones que se verían afectados, como serían las de corte ambiental. Los comunicados son una fórmula muy pobre de participación en el debate y es un error inadmisible conformarse con ello.
El bloque opositor se vio entrampado y confundido por la postura vacilante y ambigua del PRI. La respuesta del partido debió consensuarse en la alianza opositora. No fue así. Sin embargo, en ese partido hay quien cree que se gana más con una postura diferenciada, “propia”, lo que es un acto de traición y una concesión a un adversario muy poderoso y decidido a emplear todos sus recursos para ganar este debate, y no solo eso, para desaparecerlos.
Los opositores debieran tomar más en serio al régimen y al presidente López Obrador. Actuar con la determinación y la contundencia que sí tiene el de enfrente.
Ante la impopularidad de los partidos, es explicable la simpatía a la iniciativa de cinco destacados senadores de integrar una fracción parlamentaria sin apego a partido político alguno. La realidad es que los integrantes de ese grupo fueron electos por partido político y por representación proporcional, lo que obliga a la reflexión sobre la naturaleza de la representatividad.
La democracia moderna se funda en partidos. Así es porque es difícil que el voto se resuelva a partir de individualidades. Incluso, la democracia norteamericana remite a los partidos como fórmula de integración de la representación popular o de las entidades. Los partidos cuentan de manera fundamental, aunque pueda haber circunstancias excepcionales que hacen presente el voto legislativo al margen de la línea partidaria.
Las senadoras y senadores que integran el grupo independiente de los partidos son de lo mejor de la Cámara alta; sin embargo, el origen de su representación es el partido que los postuló. El tema debe resolverse al interior de las fracciones de las que forman parte. Ciertamente, la democracia representativa es subvertida no por la exigencia ciudadana, sino por la partidocracia. Como tal esa lucha debe darse sin debilitar a los partidos. Sin duda, el prestigio de las y los integrantes del grupo dan para pensar el valor de su lucha, aún cuando algunos fueron electos como candidatos externos.
Lo acontecido es una llamada a los partidos políticos para fortalecer su condición de articuladores de la representación política no sólo al momento electoral sino también cuando sus candidatos han llegado al cargo. Por impopular que parezca, la responsabilidad colectiva sujeta a las definiciones de partido es propia de la democracia representativa, que aceptaron con la candidatura quienes conforman la iniciativa.
Queda claro que en la democracia representativa los legisladores no se representan solos, sino que conforman grupos parlamentarios de conformidad al partido que los llevó a la responsabilidad. En todo caso, deberá modificarse la ley para dar cabida a los legisladores cuyo origen es el de candidatos independientes, no así a los legisladores electos por partido o por la vía de la representación proporcional.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolverse un tema fundamental para la comunidad científica y tecnológica, asunto ventilado por la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología y por algunos investigadores en medios de comunicación. En términos simples, se trata de una resolución de corte laboral para que los académicos y un segmento de la investigación científica médica, sean adscritos al apartado B del artículo 123 constitucional aplicable a los trabajadores al servicio del Estado, en lugar del apartado A, régimen al que actualmente pertenecen.
Al respecto se deben ponderar las ventajas y desventajas. Poco hay que lo justifique más allá de una interpretación rigorista de la Constitución y de una opinable definición sobre la naturaleza de los organismos a los que pertenecen los académicos, científicos y médicos. El tema fundamental es la certeza de derechos. La condición de trabajador de confianza del gobierno compromete la estabilidad laboral, ya que los empleados con tal carácter pueden ser removidos o suspendidos de formas discrecionales.
Se ha dicho que la resolución no aplicaría retroactivamente, esto es, que los académicos y científicos no serían afectados en sus derechos. Esto significaría que habría dos regímenes laborales, lo que a su vez compromete el principio de igualdad o equidad entre los académicos. Unos de primera, los existentes, y otros de segunda, los nuevos. Todo en detrimento de los institutos y de la actividad que realizan en bien del país y del desarrollo científico nacional.
Debe llamar la atención que los trabajadores en el marco del apartado A, tienen asegurados sus derechos a través de contratos colectivos, que regulan sus condiciones de trabajo. Más ahora con la reforma laboral que garantiza la democracia sindical. En el apartado B no hay tal y las formas de asociación, negociación y contratación son claramente adversas para los trabajadores.
El país requiere de sus científicos y académicos. Su tarea es fundamental para el desarrollo nacional. Es deseable que el máximo tribunal considere las implicaciones de sus decisiones y con un espíritu garantista resuelva por la continuidad de este sector en el marco del apartado A.
