nota de la semana (52)
El diálogo siempre será bienvenido. Es la vía normal para gobernar, ganar respaldo y que las decisiones de autoridad sean enriquecidas por las opiniones de otros. El diálogo como base para el entendimiento debe ser auténtico, esto es, que quien invita y quienes participan, deben aceptarlo como un ejercicio de encuentro, sin prejuicios y sin posturas irreductibles.
Para algunos, con malicia, para otros, con ingenuidad, los representantes empresariales han correspondido con prontitud a la invitación del Presidente López Obrador para explorar la posibilidad de un entendimiento con miras a la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
La cuestión que empaña el proceso de diálogo es el amago presidencial sobre la responsabilidad penal, para él implícita, en los negocios de las empresas de autoabasto. El presidente debe aclarar o precisar su postura, ya que reiterarla no es una invitación al encuentro respetuoso, más bien pareciera la expresión de un deseo al sometimiento total.
Las diferencias y controversias jurídicas se pueden resolver con el diálogo. De hecho, es práctica común en los negocios. Sin embargo, esto se hace presente en condiciones de estricta legalidad, es decir, cuando el diferendo tiene como referente lo que determina la ley y quiere evitarse un litigio que puede llevar tiempo, en perjuicio de las partes.
Los representantes empresariales han solicitado que el acuerdo pueda realizarse ante el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha ganado ante ellos credibilidad y a su vez, porque le reconocen cercanía con el mandatario. Cuando los funcionarios radicalizan posturas dificultan el entendimiento, y los encuentros de ese tipo regularmente resultan desastrosos, si no es que contraproducentes.
Después de la consulta para la revocación de mandato y de que el presidente no haya logrado la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica que el propuso, es necesario transitar la vía de la política, del acuerdo y del diálogo. Muy poco contribuye al buen ejercicio del gobierno la estigmatización de la oposición o la intimidación de quienes con base en la ley mantienen una postura diferente a la del gobierno.
A la memoria de Rogerio Azcárraga Madero
La consulta para la revocación del mandato plantea, para muchos, la necesidad de que las infracciones en las que se incurrió no dejen precedente. Es evidente que los errores de origen radican en una legislación restrictiva y el haber dejado al INE sin recursos para instalar el número de casillas a las que la ley lo obliga.
El dirigente del PRD ha planteado la nulidad del proceso. La solicitud se entiende a partir de lo ocurrido y la oportunidad que le plantea a la oposición significarle al gobierno y a su partido costos políticos por las irregularidades acreditadas a lo largo del proceso y en la jornada. Sin embargo, la nulidad no hace sentido porque la consulta no es válida, toda vez que no se cumplió con el mínimo de participación a la que la Constitución obliga para que sus resultados tengan efectos vinculantes. No se puede anular lo que no es válido.
La Sala Superior del Tribunal Electoral deberá calificar el proceso y no tendrá mucho que resolver. Una vez que se acredita que no se cumplió con el requisito de 40% de participación, simplemente se tendrá que señalar eso, la invalidez, porque no se cumplió con lo que la Constitución determina.
Parte del problema es que el legislador no definió las bases para calificar la consulta, las faltas específicas y los medios de impugnación. La ley remite a las de comicios para elegir autoridades y es un error, toda vez que la naturaleza de ambos procesos es diferente. Las causales de nulidad no son análogas. Una elección es válida a pesar de la baja participación. La consulta no deriva en un ganador y un perdedor, sino en un resultado revocatorio.
Para mal, desde mi punto de vista, la consulta se definió como un proceso ciudadano, mientras que el electoral es uno de carácter político. Esta situación llevó a la simulación e impidió el debate y el voto informado.
La responsabilidad de autoridades, partidos y ciudadanos por incumplimiento con la ley debe investigarse y sancionarse, pero esto es una decisión judicial diferente al que la Sala Superior debe emprender en su declaratoria. En todo caso, será tarea de la Sala especializada y, si hay mérito para ello, de la fiscalía especializada en delitos electorales.
Finalmente, en la Corte, la mayoría del pleno resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Los votos, aunque mayoritarios, no fueron suficientes para declararla como tal, y en la conciencia de cada ministro queda el sentido de su decisión. Las palabras del Presidente López Obrador el día previo, no tuvieron el mejor sentido sobre el valor supremo de la legalidad y fueron una presión innecesaria a un órgano colegiado que con la votación, demostró autonomía y responsabilidad.
De hecho, el que se mantenga la ley eléctrica no significa que los particulares queden expuestos a la arbitrariedad. Queda abierta la vía del amparo para que se salvaguarden los derechos constitucionales de los gobernados y de las empresas. La afrenta al medio ambiente y a la libre competencia habrá de resolverse por esa vía.
La determinación de la Corte debería modificar la urgencia del gobierno sobre la aprobación de la reforma constitucional. Pero mañana tendrá lugar la consulta para la revocación de mandato y es un tema que presiona de forma natural a la polarización del país. El resultado de ese ejercicio será menos relevante que el de todo el proceso, a lo largo del cual se exhibió un grave daño a la legalidad y a la institucionalidad democrática.
La revocación no tuvo una afortunada redacción en la Constitución y consecuentemente en la ley reglamentaria. Más allá de la previsible retórica triunfalista, prevalecerá en muchos el sentimiento de oportunidad perdida y hasta de fracaso.
Debe preocupar que la magnitud y gravedad de las infracciones previas a la consulta robustecen la posibilidad de que, quienes impugnen y acrediten violaciones, logren que se anule el conjunto del procedimiento, sobre todo si ocurre una movilización desenfrenada y, desde luego, ilegal.
Lo más delicado de la consulta no es la polémica, ni siquiera la baja participación ciudadana. Es que lo ocurrido se vuelva precedente e implique que se puede ignorar la ley, especialmente por las autoridades. Esto significaría tanto como regresar a los peores momentos de la historia política del país. Por lo pronto será fundamental la defensa del INE ante el previsible embate del gobierno y sus personeros.
Las instituciones adolecen por lo general de poco aprecio, porque es difícil valorarlas en la normalidad. En circunstancias particulares o en momentos de crisis, es cuando las condiciones se prestan para entender su funcionalidad y el valor que entrañan. La ley, la justicia, la economía, la seguridad, el bienestar y muchas otras cosas cobran realidad a través del actuar de instituciones.
La mayor fortaleza del país ha sido su capacidad para construir instituciones. El tránsito a la modernidad ocurrió sin rupturas precisamente por la aptitud de dar curso a la reforma y construyendo entidades, normando prácticas y haciendo leyes.
Debe destacarse entre muchas realizaciones la creación del IFE, ahora INE. La normalidad democrática nunca se ha apreciado en su real alcance, precisamente por su propio éxito. Las generaciones de ahora advierten que las elecciones se dan en condiciones de orden, casi siempre de reconocimiento de resultados y con instrumentos que dan confianza y certeza a ciudadanos, competidores y partidos políticos. Ha sido un logro de grandes dimensiones.
El país ha ingresado a un momento difícil. Causas fortuitas como la pandemia o ajenas, como es el deterioro del entorno internacional y otras imputables a los actores políticos, han significado que la incertidumbre aumente. En este contexto es de la mayor preocupación el desentendimiento de lo que establecen las leyes y la Constitución. La polarización ha cobrado una cuota elevada en el consenso y las instituciones están sujetas a una presión social inédita.
Afortunadamente los órganos de justicia se han vuelto un factor valioso para la certeza de derechos en temas fundamentales para el país. No se puede decir lo mismo del Congreso, tampoco del gobierno nacional. De cualquier manera, es importante romper con el ciclo del encono y la desconfianza. Urge tener claro que los gobiernos son temporales, por lo que hay que tener perspectiva sobre lo que es permanente y que es prioritario cuidar. Que las dificultades y problemas presentes no inhiban la capacidad para avizorar el porvenir. Por lo pronto, se requiere no perder aprecio por las instituciones y que todos las cuidemos mucho porque inexorablemente las vamos a necesitar.
La mesura y la prudencia en quienes detentan el poder decisorio del país nunca sobra, mucho menos en tiempos de incertidumbre y complejidad. Es justo en circunstancias como las de ahora, que menos espacio debe haber para la frivolidad, tampoco para el descuido. Son momentos difíciles, mucho es lo que está en juego y el riesgo es mayor.
La disputa por el poder y el empeño para retenerlo, se acompaña, como si fuera natural, de la intransigencia y a veces, del arrebato. La polarización que se vive va a contrapelo de lo razonable, del diálogo y del entendimiento. En estas condiciones, la coexistencia de diferencias se vuelve imposible, y se dificulta la construcción del consenso, incluso en temas tan elementales como es el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del interés nacional.
Por eso es una falta absoluta de prudencia que legisladores vinculados al gobierno externen apoyo al gobierno de Rusia cuando el mundo está al borde de un conflicto bélico mayor derivado de la invasión de esa nación a Ucrania. Es una acción insensata, que además contradice la postura del país, expresada por el embajador De la Fuente en el seno de la ONU.
México no gana con el flirteo de diputados con Rusia. Tampoco el Presidente López Obrador. Sorprende que algún legislador de la oposición se haya sumado a tal postura. Por lo que está de por medio, debiera haber mayor cuidado y actuar en consecuencia a la definición que ha hecho el gobierno sobre tan delicado asunto.
Mesura también se requiere en los temas de la economía. El Presidente sabe que sus palabras tienen un importante significado. Encomiable que invoque su compromiso para mantener la estabilidad macroeconómica. Muy preocupante que se desentienda del cuidado que merece la información que es de competencia del autónomo Banco de México. Seguramente será una lección que se aprenda. Los tiempos venideros lo exigen.
Estamos ingresando al ciclo más complejo y desafiante del sexenio. La situación internacional y la nacional demandan responsabilidad de todos. Una vez concluida la consulta de revocación del mandato, será fundamental acreditar en los hechos mesura en lo interior, prudencia en el exterior.
Independientemente de si aporta a la democracia, o si, por el contrario, será una aduana que cada tres años meterá al país en una vorágine política de desencuentro, la revocación de mandato padece insuficiencias básicas. El descuido de los legisladores fue mayúsculo. No se previó que el supuesto básico del voto es la información, el debate y la deliberación. Se pensó, idealista o ingenuamente, que era un tema de los ciudadanos, cuando por su propia naturaleza se debió dejar amplia libertad para que los partidos, las organizaciones civiles y la autoridad involucrada pudieran hacer campaña hacia una u otra opción de la consulta.
Ahora estamos ante una situación donde las acciones al margen o contrarias a la ley se imponen. Es inexplicable, si la decisión es de la mayor importancia para quien gobierna, ¿por qué se le debe restringir el derecho de defender su causa? La ley debe regular la realidad, no negarla como lo hizo el legislador. La consecuencia de lo que ahora ocurre, es un terrible desgaste para todos, incluso para el órgano electoral y las instancias jurisdiccionales.
El Presidente está por inaugurar este lunes una obra relevante para su gobierno, inexplicable que tenga que hacerse en la penumbra mediática o en la simulación por una ley absurda y contraria a la naturaleza propia de la política. Sobre esta circunstancia se entiende que se haya recurrido a las instancias judiciales para enmendar lo que mal se hizo, pero la cuestión es que la base legal no está en la ley reglamentaria, sino en la Constitución.
El tema habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy difícil que el máximo tribunal se pronuncie a favor del intento de enmendar el error de origen porque no se puede corregir, aunque fuera de sentido común, lo que está en la Carta Magna. El Presidente y su partido no deben reclamar al INE o al órgano jurisdiccional que cumplen con su deber, que es hacer valer la letra constitucional, sino a sus propios legisladores, que son la causa del enredo en el que se ha convertido una consulta cuyos efectos, lejos del propósito original de sus autores, ya han comenzado a ser perniciosos para la vida pública nacional.
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En los tiempos que corren, el país enfrenta muchos desafíos. Algunos son de carácter histórico, como la desigualdad, la violencia, la impunidad y la corrupción, y otros de coyuntura. El mundo iba de salida de la tragedia que ha representado la pandemia cuando inicia una inesperada guerra que altera el equilibrio mundial y cuyas implicaciones han sido, de manera inmediata, el incremento de los precios de los energéticos y con ello un efecto inflacionario del que apenas estamos viendo su primer impacto.
El pronóstico es que con ello se pueden llegar a modificar las bases que han dado estabilidad a la economía y a las condiciones de crecimiento. México no es una isla. El panorama y las circunstancias de nuestro país, de pronto, son excepcionales. Así debe ser nuestra respuesta colectiva de cara a problemas que son comunes a todos, sociedad, partidos, empresas y administración pública.
Sabemos que el gobierno ha atemperado, a un significativo costo financiero, los efectos del aumento de combustibles. Pero igual podemos advertir que la situación se vuelve insostenible y pronto llegará el momento de liberar precios y eventualmente hacer ajustes al gasto público, al tiempo que la inflación, de por sí muy elevada, habrá de continuar, afectando el poder adquisitivo de los que menos tienen y presionando hacia la disminución del crecimiento económico.
Sin ánimo alarmista, es necesario reconocer que el país está por ingresar a un acelerado proceso de deterioro, a un estadio de mayor incertidumbre. Sería un grave error y, además, irresponsable por parte de todos, llegar a él en las condiciones de polarización que hoy imperan. El momento requiere de altura de miras para comprometernos, cada quien, desde su trinchera, con la siempre necesaria y oportuna unidad nacional.
Lo inmediato es obviar el escarnio sistemático y las descalificaciones que nos dividen. Demos espacio a un diálogo que permita identificar las coincidencias sobre las cuales cimentar esta unidad, un concepto que de ninguna manera significa anular las diferencias ni cancelar el debate, sino encontrar en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la manera de atender eficazmente los desafíos comunes y proteger lo que más nos importa a todos: bienestar, libertades y democracia.
La polarización impide que ocurra con fluidez y normalidad lo que es común a toda realidad democrática: el diálogo entre diferentes. Han ocurrido diversos intentos de intercambio de ideas. Recientemente en el Congreso se constituyó el denominado parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica. De todo hubo, menos diálogo.
Por su parte, el presidente López Obrador, con motivo de sus giras o en el desahogo de su agenda, tiene oportunidad para dialogar con sectores representativos de la sociedad, de la vida política y de la economía. No obstante, en sus comparecencias públicas matinales no se advierte que ese deseado intercambio tenga impacto. Ahí, al presidente se le percibe aislado y apartado de la realidad que se vive en el país por las dificultades en salud, economía o inseguridad.
Otro intento ha sido el relevo en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López abrió una gran oportunidad al diálogo. Es lo propio de la dependencia coordinar al gabinete, así como conducir la relación con los poderes, los partidos y actores relevantes de la sociedad. Así ha acontecido y ha sido un giro favorable para bien del gobierno y de la vida pública.
Sin embargo, los tiempos exigen que el diálogo cobre vida con mayor intensidad y constancia. La agenda pública lo demanda. Los mandatarios estatales, quienes encabezan a los poderes públicos, los líderes empresariales y del sector social, las dirigencias de los partidos, los representantes de todos los órganos autónomos precisan de una relación institucional confiable, que represente al Presidente y en el que se escuche y se acuerde a partir de un sentido institucional compartido en bien del país. De todos es responsabilidad el bienestar, la fortaleza de las instituciones y una economía en crecimiento.
Con motivo de la elección del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, se ha señalado que esa representación debe actuar en términos constructivos y de respeto hacia la autoridad. En ese mismo sentido, también debe decirse que las autoridades tendrían que hacer su parte para que esto ocurra. Para bailar tango se requieren dos, sintiendo el mismo ritmo y al propio tiempo. Por esta consideración en estas horas
La libertad de expresión y el derecho a la información van de la mano, fundamentales para una sociedad democrática. No es suficiente con que las personas tengan garantizado su derecho a expresarse con libertad, también es imprescindible que la población pueda estar informada. Por ello las autoridades tienen la obligación de comunicar y hacerlo con veracidad, respeto a terceros y privilegiando la exposición de hechos sobre su interpretación. Las autoridades no tienen libertad de expresión, ya que es un derecho de los ciudadanos; sí tienen la obligación de informar.
La legislación electoral aprobada en la reforma de 2007 es un atentado contra la libertad de expresión y también coarta el derecho de los ciudadanos a estar informados en la medida en que restringe que los particulares puedan participar activamente de la publicidad electoral y se impone un bozal a las autoridades y a quienes las encabezan. Malamente se ha preferido poca o falta de información, en lugar de los riesgos derivados del uso y abuso de la libertad de expresión.
Los legisladores que aprobaron la reforma constitucional y la ley reglamentaria del derecho de revocación de mandato replicaron esa visión restrictiva. Las autoridades federales y locales se ven sometidas al silencio, sin poder cumplir con los programas de comunicación destinados a informar a la población. Más aún, la ley impide que los partidos puedan participar del debate público asociado a la consulta para la revocación, como si los ciudadanos no tuvieran facultad de discernimiento y, por lo mismo, se les priva del derecho a escuchar las razones para votar o para hacerlo en un sentido o en otro. Al menos en este caso se dejó la puerta abierta para que los ciudadanos sí puedan pronunciarse públicamente y, eventualmente, participar de la publicidad.
Las leyes que resultan restrictivas de la libertad de expresión y del derecho a la información deben modificarse. Asimismo, de la experiencia de la consulta de revocación de mandato deberán hacerse los ajustes que impidan la simulación y que se tergiverse el sentido de la institución. La experiencia en curso no es grata, pero son de las cosas que tienen remedio. Es atribución del Constituyente Permanente y del Congreso de la Unión, y debe actuarse en consecuencia.
La semana pasada se conoció la noticia en voz del Presidente sobre la detención de los presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Ese mismo día supimos del asesinato de Heber López, reportero en Salina Cruz, Oaxaca. Dos noticias que muestran que el periodismo no ha estado exento de la violencia y el crimen.
La indignación por la inseguridad crece. El gobierno actual, igual que los anteriores, se ve superado por la criminalidad, como lo revelan los indicadores de percepción de inseguridad y las estadísticas de los homicidios dolosos. La realidad es que, pese al discurso oficial, la delincuencia gana terreno a las autoridades federales.
En el caso de los periodistas, las expresiones de indignación crecen en el gremio por la inseguridad y por la actitud del Presidente ante destacados comunicadores. No sólo hay un ambiente de hostilidad hacia el oficio, sino una contabilidad ominosa por la frecuencia de agresiones y lamentablemente por los homicidios a la vista de una sociedad cansada. Cierto es que el gobierno de la república no es culpable de la violencia criminal contra los periodistas, pero es un sector que espera mucho más de lo que este gobierno hace por ellos.
A decir de la administración federal, la mitad de los homicidios de periodistas no tienen que ver con el crimen organizado, sino con la política local y municipal. La tasa de impunidad es sobre 90 por ciento, un dato preocupante, que revela la ineficacia, y posiblemente connivencia entre criminales y autoridades locales. Esta consideración es suficiente para que la federación intervenga con todos los recursos a su alcance.
El ciclo de la elevada criminalidad resulta de la incapacidad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. En el caso de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Tijuana, son un ominoso precedente; de confirmarse la versión que prevalece entre los investigadores, obligaría al fuero federal a atraer el caso.
El oficio periodístico se ha vuelto de alto riesgo, particularmente en los territorios de elevada incidencia delictiva. Queda claro que al asesinar a un periodista no sólo se aniquila una persona, también se lastima una tarea indispensable en una sociedad libre y democrática.
