El tema de la legalidad adquiere relieve en la compleja e inesperada circunstancia en la que ha caído nuestro país. El precedente de incumplimiento de diversos funcionarios de gobierno a las determinaciones del Poder Judicial Federal, particularmente las resoluciones derivadas del juicio de amparo y las sentencias del Tribunal Electoral, son preocupantes en la medida de que los primeros obligados en cumplir con la norma, los servidores públicos, son quienes se desentienden de ésta. Minar la legalidad es debilitar las condiciones que permiten la convivencia civilizada y la certeza de derechos sobre la que ésta descansa.

La ley es un límite obligado para toda autoridad. Cumplirla y hacerla cumplir es axioma de todo funcionario electo. El sistema de justicia ofrece vías confiables para resolver diferencias o para tener claridad sobre el sentido de la norma jurídica. La constitucionalidad de los actos de autoridad se acredita por la actuación de los órganos judiciales, particularmente el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.

La virtud de la legalidad es su efecto igualador del gobernado respecto a sus autoridades. Si la ley no obliga al presidente, ya a ningún mexicano obligaría. No hay valor superior que exima del cumplimiento de la ley. En todo caso está el proceso legislativo para adecuar las normas a las necesidades de interés general que plantea el cuidado, mucho más fácil cuando el inconforme con la disposición vigente es quien detenta mayoría legislativa. Esto debe emprenderse en el marco de la Constitución, como expresión de la pluralidad que tiene como referencia y sustento la voluntad ciudadana reflejada en el voto libre.

Dejar atrás el desdén a la ley -no sólo por las autoridades- es uno de los retos mayores de la transformación nacional. Desatendernos de lo que dice la Constitución y las leyes que de ella emanan, justo explica el oprobio de la impunidad que se padece y que es origen de muchos de nuestros males, como es la venalidad, la inseguridad, la desigualdad y la deficiente justicia cotidiana. Por eso, ahora más que nunca es fundamental para el bienestar de los mexicanos y fortaleza del país, emprender la ruta hacia el cumplimiento estricto de la legalidad.