nota de la semana (75)
La desconfianza de por medio ha generado un falso debate sobre la imposibilidad de impugnar la reforma electoral en el supuesto de que fueran prolongados los tiempos para su promulgación. Es cierto que el artículo 105 constitucional determina que las modificaciones a las leyes electorales deben tener lugar 90 días previos al inicio del proceso electoral. Sin embargo, la norma aplica para el acto legislativo y el administrativo de promulgación. En forma alguna impide que la Corte pueda fallar sobre la inconstitucionalidad de las reformas, además de que puede determinar suspensión mientras resuelve.
Por su parte el Senado deberá dar curso al cambio que realizó la Cámara de Diputados, que se limita a un artículo. No está al alcance de la Cámara alta revisar el conjunto de las disposiciones ya votadas en ambas Cámaras. Es posible que la próxima semana las comisiones del caso presenten al pleno el dictamen para que antes del fin del mes el Ejecutivo cuente con las reformas para su promulgación en el Diario Oficial.
En el ámbito de la política la oposición no ha tenido destreza para entender la postura del coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Se le ha pedido lo que no puede dar, esto es, fracturar a Morena. La política no transita así, porque las convicciones no dan para una acción de tal naturaleza. Además, es un error asumir un supuesto acuerdo con el presidente para que Monreal desista de su libertad a cambio de ser reconocido como legítimo aspirante a la candidatura presidencial. No parece haber acuerdo al respecto, lo que sí existiría es la reconsideración del presidente hacia el senador resultado de su ascendiente social y ante todos los senadores; lo subió a la lista sin mediar acuerdo, no para convertirlo en contendiente, sino con la esperanza de que sea él quien legitime a su candidat@ in pectore.
Mientras esto ocurre, no olvidemos que el 13 de noviembre fue un evento significativo en el que la sociedad se reconoció a sí misma en su potencial en la defensa de la institucionalidad democrática. El 26 de febrero la convocatoria habrá de ser ratificada. La contienda del 2024 ha iniciado bajo una exigencia ciudadana elemental: el respeto irrestricto al sufragio efectivo. La Corte tendrá la última palabra.
Las elecciones de 2021 mostraron que sobre la epidermis que las encuestas de opinión pueden medir, subyace un tejido que demanda un análisis más profundo y que es factor a la vez, de incertidumbre y oportunidad. Pocos esperaban en esa elección que la votación en los centros urbanos fuera claramente contra el régimen de López Obrador. La misma Ciudad de México, en el centro de las prioridades políticas y electorales del presidente, votó por primera vez en décadas contra la autoproclamada izquierda o “corriente humanista”. De la misma forma a muchos sorprendió la manifestación ciudadana del 13 de noviembre.
La lección de ambas expresiones ciudadanas es clara: la sociedad no pertenece a los partidos; las políticas sociales clientelares, a pesar de su cobertura, no dan para definir la elección. Sin duda influyen, pero en condiciones de participación ciudadana su efecto se diluye. Los ciudadanos votan a partir de razones y emociones; en 2018 se pronunciaron por la opción más convincente para sancionar al gobierno de Peña Nieto. Tres años después, las mayorías urbanas mandaron al cesto de lo indeseable el mismo proyecto que llevaron al poder.
Se equivocan quienes crean que hay arrepentimiento. Va mucho más allá. Es indignación y búsqueda de una opción auténtica de cambio. La oposición no puede transitar al futuro sin una seria transformación, pero ya no la que ofrece AMLO; su gobierno puede apostar al voto del hambre y a la cooptación de los poderosos; la oposición tiene que optar por la sociedad, por el voto ciudadano, y esto empieza con la manera de elegir al candidato o candidata presidencial. No hay de otra, una elección primaria es el curso obligado para que el candidato(a) se deba a la sociedad y no sea expresión de la partidocracia.
Este 26 de febrero, la sociedad nuevamente habrá de manifestarse con vigor. Su expresión es política, pero su base social es ciudadana. Los partidos no deben asumirse polizontes de esta promisoria energía social, tienen un compromiso y una oportunidad. Será la ocasión para definirse con claridad, sin condición alguna, por la modalidad democrática en la selección de quien habrá de representarlos en 2024.
Hay un llamado de la historia al PAN, PRI, PRD y MC. Por México, es un imperativo que lo entiendan.
La impugnación a la reforma electoral reviste la mayor importancia. De prevalecer el proyecto del presidente, habría una afectación sustantiva a la institucionalidad que garantiza elecciones justas y ordenadas, esencial para la renovación pacífica del poder. No es exagerado plantear una forma de catástrofe de prosperar lo que las minorías mayores aprobaron, o están por aprobar desde el Congreso. Desde ahora se sabe que el contenido de la reforma no sólo es pernicioso para la democracia electoral, sino por irregularidades del procedimiento legislativo y por su contenido inconstitucional, son impugnables en diversas vías y por distintos actores.
El INE, por mandato unánime de su Consejo General, ha resuelto presentar ante la Corte una controversia constitucional sobre las dos leyes ya aprobadas y, en su momento, la reforma a las cuatro leyes que conforman la parte más relevante del cambio legal. Por su parte, los partidos y las fracciones parlamentarias de la oposición preparan impugnaciones al respecto. Los trabajadores del INE también deberán presentar ante el Tribunal Electoral sus demandas para proteger sus derechos laborales. No está clara la vía que pueden optar los ciudadanos, ya que el amparo no procede en materia electoral, aunque sí pueden interponer ante el Tribunal Electoral acciones para la protección de sus derechos ciudadanos.
La embestida del presidente contra la democracia tiene varias vertientes, la más relevante por sus efectos e implicaciones es la judicial. Antes, fue muy importante el ámbito legislativo, especialmente que se haya frenado la reforma constitucional; ahora, ante la virtual aprobación del llamado Plan B, se vuelve crucial el litigio en tribunales.
Los vicios de inconstitucionalidad de forma y contenido de las reformas son evidentes. Sin embargo, el camino judicial estará condicionado por la solidez de la impugnación y la calidad de los argumentos que la sustenten. Por otra parte, están los tiempos. Una vez aprobada la reforma, el INE tendría que dar curso al desmantelamiento de la institución con el despido de muchos de sus funcionarios, por lo que es necesario que la Corte, a partir de las impugnaciones presentadas, acuerde la suspensión de la reforma en tanto resuelve sobre el fondo.
Desde todos los frentes, es la hora de actuar con decisión y firmeza para defender al INE. El plano legislativo se resuelve a partir de la integración de las Cámaras; se ganó la batalla principal, que fue la de evitar la reforma Constitucional que dañaría a las instituciones electorales, al régimen federal y a la pluralidad. Pero se presentó una propuesta de reforma a leyes secundarias que de todas maneras daña severamente al instituto y a las normas que garantizan la equidad en la contienda.
El planteamiento aprobado por la mayoría que encabeza el partido en el poder acusa serios vicios de inconstitucionalidad, además de que afecta las garantías individuales, los derechos laborales de quienes trabajan en el INE, así como los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esto abre el plano jurisdiccional en diversos ámbitos. Quizá el más relevante, es la posibilidad de anular las disposiciones inconstitucionales mediante una controversia constitucional, ya planteada por los partidos de la oposición y que deberá resolver el pleno de la Corte.
Los consejeros electorales han hecho público que presentarán acciones legales, a partir de que la reforma planteada afecta severamente cumplir con su responsabilidad constitucional en la organización de las elecciones y en hacer cumplir la ley. Debe señalarse que son muchos otros los temas e instancias de litigio: los de carácter laboral, los relativos a derechos ciudadanos a plantearse ante el Tribunal Electoral y, desde luego, el derecho de amparo, de competencia del Poder Judicial de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el escenario fundamental para resolver la controversia cuyo resultado será central en la defensa de la institucionalidad democrática, un acontecimiento histórico que pondrá a prueba la capacidad del máximo tribunal para hacer valer la Constitución y quizá debiera empezarse por suspender la aplicación de la reforma antes de entrar al análisis de esta.
El 26 de febrero se ha convocado a una concentración ciudadana nacional en defensa de la democracia. El plano social reviste la mayor importancia y es necesario, útil y conveniente que los ciudadanos se manifiesten en orden, respeto y con determinación, en la defensa de lo que es suyo, la democracia.
Es evidente que después del resultado adverso en la elección intermedia, el presidente López Obrador decidió cambiar los tiempos de la sucesión. En una acción reactiva poco usual para alguien acostumbrado a poner la agenda, no se conformó con traer el tema a la mesa, sino que se decantó marcadamente a favor de la única aspirante. En perspectiva, si la decisión era que la jefa de gobierno fuera una opción fuerte, era necesario más que hacer evidente el respaldo presidencial, blindarla de lo que para propios y extraños es el peor resultado de la izquierda en la ciudad bajo su gobierno.
De aquél entonces a la fecha, mucho ha cambiado. El presidente tendrá sus razones no sólo para considerar, sino para sostener su decisión. Pero la realidad es que la ventaja de los prospectos o del partido es frágil, a diferencia de la campaña anticipada de él hace seis años. Institucionalmente ha hecho daño que los funcionarios se distraigan de sus responsabilidades por las acciones de proselitismo ilegal o que tomen decisiones a partir de la prospectiva electoral. Lo más pernicioso es que el mismo presidente se involucre en un tema que no le corresponde ni en sentido de ética democrática por su condición de jefe de Estado y presidente de todos los mexicanos, ni jurídicamente, por el código de imparcialidad a la que está sujeto todo funcionario público.
Cambiar los tiempos de la política sin considerar al ciclo sexenal es un error y es contraproducente. En estos meses el presidente ha perdido fuerza y buena parte tiene que ver con el nuevo momento de su gestión. Los intereses que inciden en la presidencia valoran esta circunstancia y entienden que a partir de que haya candidato(a) su relación con Palacio Nacional habrá de cambiar. Lo mismo sucede con los socios de su coalición.
Las dificultades del presidente son mayores porque no construyó un proyecto a partir de la convergencia de intereses. Además de un fuerte contenido personal, en todo prevaleció una postura unilateral cohesionada a partir de los extraordinarios recursos de poder que otorga la presidencia. A pesar de la fuerza del presidente y de su nivel de aceptación, su liderazgo se ve afectado precisamente porque en el proyecto hubo exclusión y poco, muy poco trabajo de política.
Todo parece que ha adquirido carta de naturalización la idea de que la oposición, en lugar del acuerdo cupular, debe plantear un método democrático para elegir candidato(a) para el 2024. La decisión es la adecuada, pero implica claridad en la modalidad que se ponga en práctica, así como responsabilidad de los actores involucrados, particularmente dirigencias y aspirantes. Ante todo, debe haber autenticidad en el ejercicio y para ello dos son los aspectos de mayor peso: los requisitos para votar y ser votado y el árbitro o autoridad organizadora del proceso de selección.
Creo que la selección de la candidata(o) no debe verse solo en términos de conveniencia, también de convicción política. La democracia no sólo es útil, también necesaria y más ahora, por la distancia de la sociedad con los partidos. Un método directo ofrece muchas ventajas, quizás la más relevante es que permite construir una candidatura legítima, diferenciada respecto al adversario y, además, representa la forma más razonable para el reencuentro de los partidos con la sociedad, al transferir a ésta la decisión más relevante: quién habrá de representar el proyecto común para la alternancia en la presidencia.
Soy de la idea de que el mejor método de elección de candidato es la elección primaria, con varias votaciones regionales, de ser posible más de cinco, y que deben elegirse delegados en proporción a la población; una fórmula es tres por cada distrito electoral federal. La condición para votar es presentar credencial de elector. Para ser aspirante los requisitos deben ser flexibles, y sería el resultado de las primeras elecciones parciales las que determinarían quienes pueden seguir en el proceso de manera tal que se llegue a unas cuantas opciones en la segunda mitad del proceso.
El árbitro es fundamental. Debe ser confiable, imparcial y con experiencia. Debe contar con los elementos suficientes para organizar una elección ordenada y concurrida.
Abrir a la sociedad la selección del candidato puede ser el punto de partida para que la democracia transite por los partidos a efecto de restaurar en estas instituciones su característica principal, la de representar voluntades y un proyecto común que aspira y tiene posibilidades de ser una nueva mayoría.
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Los eventos se desencadenan con singular sorpresa en el arranque del año. Dos de ellos son simbólicos de lo que en el horizonte parece un esperanzador nuevo momento del país: la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán. Ambos eventos, muy diferentes en cuanto a su naturaleza, coinciden en un aspecto muy relevante: el imperio de la legalidad.
El papel de la Suprema Corte no es oponerse a ningún otro poder. Con razón a muchos preocupaba que la renovación en la presidencia de la Corte pudiera significar su sometimiento al presidente de la República. Aunque la Corte es un órgano colegiado, su presidencia es relevante más allá de la representación institucional que en ella recae o la conducción de los trabajos del Pleno. El perfil profesional y la actuación de la ministra Piña invitan al optimismo sobre la continuidad de muchas de las acciones positivas durante la presidencia del ministro Zaldívar y, por otra parte, reafirma la condición de la Corte como garante de la supremacía constitucional
Sería deseable que una vez comenzado con tan buen viento, 2023 fuera el año de la legalidad. Pero esto corresponde no solo a la judicatura; también es necesario que sociedad, autoridades y actores relevantes de la vida pública participen de este empeño. Las diferencias son parte de la normalidad democrática, incluso las que se dan entre autoridades, entre poderes públicos o de los ciudadanos y sus gobernantes. El ámbito para su atención son los procesos judiciales, lo importante entonces es que éstos tengan curso con estricto apego a la ley y que las autoridades judiciales actúen con rigor para hacer valer la constitucionalidad.
El ambiente de polarización inhibe a los actores políticos a entender en su justa dimensión las decisiones que toman y los acontecimientos de impacto. El fatalismo y el ánimo de confrontación es lo que impera. Frente a esta realidad, lo que el país requiere es un reencuentro con la legalidad a manera de dar certeza de derechos. La política por naturaleza genera tensiones, no obstante, su expresión y actuación debe ser atemperada por el acuerdo que en 2023 debemos reafirmar todos, el del estricto cumplimiento de lo que ordena la ley.
De todo lo acontecido en este año, lo más relevante ha sido la embestida contra la institucionalidad electoral. Buena parte quedó en el intento, otra, desgraciadamente será aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso.
Es cierto que es muy compleja la normatividad existente, al igual que es muy elevado el gasto electoral. Pero la génesis de estos “defectos” fue, justamente, vencer la desconfianza en torno a un régimen político ajeno a la certeza, distante de la imparcialidad y alérgico al profesionalismo. Lo que tenemos, ha cumplido sobradamente con lo que se pretendía: tener elecciones justas y confiables. El sistema no es perfecto, pero sí es eficaz para lo fundamental.
A pesar de ser su principal beneficiario político, el presidente López Obrador tiene una idea muy negativa de lo alcanzado y ha llevado a los suyos a suscribir un proyecto que compromete lo avanzado. De aprobarse, correspondería a la Corte resolver temas de constitucionalidad, y aunque no podrá ir más allá, eso entraña un riesgo mayor.
Si la desconfianza fue el antecedente, lo que tenemos la resolvió. Desconfianza con frecuencia fundada por precedentes de discrecionalidad y abuso desde el poder. La cuestión ahora es que, si se ha trascendido la etapa de normalidad democrática con jugadores poco avenidos a sus principios y reglas, la respuesta es inequívoca. El abuso y el fraude a la ley se están instalado como práctica recurrente en la competencia política, aunado a la presencia del crimen organizado.
Las campañas anticipadas y la interferencia gubernamental en asuntos electorales ratifican la necesidad de hacer valer una estricta y pormenorizada legalidad constitucional y tener órganos electorales fuertes, independientes y con capacidad de sanción. Es preocupante que quienes amparan el fraude a la ley sean los propios legisladores morenistas, que están por aprobar los cambios que debilitan a las instituciones electorales.
El balance es una llamada de atención para impulsar acciones que prevengan la vuelta a la incertidumbre en torno a los comicios, un tema que la marcha del 13 de noviembre pasado posicionó como preocupación social. México reclama mantener elecciones libres, que den certeza y tranquilidad. Ese debe ser el objetivo de todos.
Soy de los que piensa que es un gran esfuerzo para el presidente realizar un encuentro público todos los días a las 7 de la mañana. No coincido, sin embargo, con el uso que le ha dado a la conferencia matutina. Las palabras no solo describen realidades, sino que son capaces de impactar a quienes las escuchan.
Las expresiones de un presidente son muy poderosas. Los efectos y consecuencias pueden representar menoscabo a los derechos de particulares o de terceros, por la desigualdad de las partes y de los recursos comunicacionales desde el poder. También, sin proponérselo, quiero creer, pueden significar una instrucción a sus seguidores, a sus funcionarios y legisladores; y, una condena para sus detractores.
Ante un atentado como el sufrido por Ciro Gómez Leyva, el presidente tuvo la oportunidad para, aún con sus diferencias, solidarizase sin regateos o especulaciones con el periodista. No obstante, optó por seguir confrontándose y utilizar ese lamentable hecho para victimizarse y reiterar sus ataques. Una vez más las palabas, sirvieron a la polarización y al encono.
Desde el poder se han dibujado muchos Méxicos, donde pobres y ricos; personas con estudios o sin ellos, no podemos convivir porque nos han hecho creer que somos enemigos. Ese maniqueísmo solo le conviene a uno, no al país.
Tengo un deseo inspirado por la fecha que hoy celebramos, que ese espíritu de reconciliación que tanto se requiere venga también desde Palacio Nacional y la oposición. Que la paz en el país se haga una realidad y que la fuerza de las palabras de los actores políticos sea usada para lograr la unidad que se ha quebrado en el camino.
“La noche se acercaba tranquila y hermosa: era el 24 de diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra sagrada y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas. ¿Quién que ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año, en su infancia, la poética leyenda del nacimiento de Jesús no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida?”
Difícil de creer, pero estas palabras provienen de la inspiración de un militar liberal, anticlerical, reformista y ateo, de nombre Ignacio Manuel Altamirano.
Con mi solidaridad a Ciro y un vehemente deseo de que
la autoridad esclarezca plenamente la acción criminal
Hay enojo en la sociedad por la reforma electoral. Preocupa su contenido y ofende la manera como se procesó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la ira y el arrebato no son buenos compañeros y los opositores debieran entenderlo por lo que ocurre en la acera de enfrente. Una consecuencia del enojo exacerbado es el fatalismo y la pérdida de perspectiva, especialmente cuando hay razones para el optimismo.
Se pudo conjurar la amenaza mayor al sistema democrático con la derrota de la reforma constitucional. Ocurrió porque la oposición se unificó y, como antecedente, la movilización ciudadana del 13 de noviembre. El llamado plan B, aunque amenaza seriamente al INE es de otra escala, además revisable y reversible en el ámbito judicial. El camino es incierto y debe transitarse con rigor jurídico y procesal.
Otro elemento del enojo es la incapacidad para entender el derecho de la mayoría para legislar. Por consideraciones más próximas a la emoción que a la razón se esperaba que los senadores del partido gobernante se tornaran en opositores y eso no hace sentido a pesar de la irregularidad del proceso y de la inconstitucionalidad de las normas. Si en las élites del país hay una postura condescendiente hacia el presidente, incluso cuando van de por medio sus intereses, ¿por qué esperar una rebelión de los senadores afines?
En este contexto es absurdo regatearle el valor y la congruencia a Ricardo Monreal por su voto diferenciado y razonado. La oposición le exige definición cuando la oposición no ha tenido definición pública respecto al proyecto futuro del senador y su eventual expectativa de ser candidato. Sus correligionarios senadores podrían estar dispuestos apoyarle, pero no a participar en una aventura que comprometería su futuro político. Por ello es explicable que Monreal haya invocado el voto de conciencia en su condición de jurista y académico, pero deja en libertad a los suyos para apoyar el proyecto de reforma.
En ningún sentido hay razón para el fatalismo. La sociedad civil ha puesto el ejemplo y ahora más que siempre es necesario la persistencia y determinación para defender por todos los medios el sufragio efectivo.
