La desconfianza de por medio ha generado un falso debate sobre la imposibilidad de impugnar la reforma electoral en el supuesto de que fueran prolongados los tiempos para su promulgación. Es cierto que el artículo 105 constitucional determina que las modificaciones a las leyes electorales deben tener lugar 90 días previos al inicio del proceso electoral. Sin embargo, la norma aplica para el acto legislativo y el administrativo de promulgación. En forma alguna impide que la Corte pueda fallar sobre la inconstitucionalidad de las reformas, además de que puede determinar suspensión mientras resuelve.

Por su parte el Senado deberá dar curso al cambio que realizó la Cámara de Diputados, que se limita a un artículo. No está al alcance de la Cámara alta revisar el conjunto de las disposiciones ya votadas en ambas Cámaras. Es posible que la próxima semana las comisiones del caso presenten al pleno el dictamen para que antes del fin del mes el Ejecutivo cuente con las reformas para su promulgación en el Diario Oficial.

En el ámbito de la política la oposición no ha tenido destreza para entender la postura del coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Se le ha pedido lo que no puede dar, esto es, fracturar a Morena. La política no transita así, porque las convicciones no dan para una acción de tal naturaleza. Además, es un error asumir un supuesto acuerdo con el presidente para que Monreal desista de su libertad a cambio de ser reconocido como legítimo aspirante a la candidatura presidencial. No parece haber acuerdo al respecto, lo que sí existiría es la reconsideración del presidente hacia el senador resultado de su ascendiente social y ante todos los senadores; lo subió a la lista sin mediar acuerdo, no para convertirlo en contendiente, sino con la esperanza de que sea él quien legitime a su candidat@ in pectore.

Mientras esto ocurre, no olvidemos que el 13 de noviembre fue un evento significativo en el que la sociedad se reconoció a sí misma en su potencial en la defensa de la institucionalidad democrática. El 26 de febrero la convocatoria habrá de ser ratificada. La contienda del 2024 ha iniciado bajo una exigencia ciudadana elemental: el respeto irrestricto al sufragio efectivo. La Corte tendrá la última palabra.