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Sábado, 07 Enero 2023 19:50

¿2023, año de la legalidad?

Los eventos se desencadenan con singular sorpresa en el arranque del año. Dos de ellos son simbólicos de lo que en el horizonte parece un esperanzador nuevo momento del país: la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán. Ambos eventos, muy diferentes en cuanto a su naturaleza, coinciden en un aspecto muy relevante: el imperio de la legalidad.

El papel de la Suprema Corte no es oponerse a ningún otro poder. Con razón a muchos preocupaba que la renovación en la presidencia de la Corte pudiera significar su sometimiento al presidente de la República. Aunque la Corte es un órgano colegiado, su presidencia es relevante más allá de la representación institucional que en ella recae o la conducción de los trabajos del Pleno. El perfil profesional y la actuación de la ministra Piña invitan al optimismo sobre la continuidad de muchas de las acciones positivas durante la presidencia del ministro Zaldívar y, por otra parte, reafirma la condición de la Corte como garante de la supremacía constitucional

Sería deseable que una vez comenzado con tan buen viento, 2023 fuera el año de la legalidad. Pero esto corresponde no solo a la judicatura; también es necesario que sociedad, autoridades y actores relevantes de la vida pública participen de este empeño. Las diferencias son parte de la normalidad democrática, incluso las que se dan entre autoridades, entre poderes públicos o de los ciudadanos y sus gobernantes. El ámbito para su atención son los procesos judiciales, lo importante entonces es que éstos tengan curso con estricto apego a la ley y que las autoridades judiciales actúen con rigor para hacer valer la constitucionalidad.

El ambiente de polarización inhibe a los actores políticos a entender en su justa dimensión las decisiones que toman y los acontecimientos de impacto. El fatalismo y el ánimo de confrontación es lo que impera. Frente a esta realidad, lo que el país requiere es un reencuentro con la legalidad a manera de dar certeza de derechos. La política por naturaleza genera tensiones, no obstante, su expresión y actuación debe ser atemperada por el acuerdo que en 2023 debemos reafirmar todos, el del estricto cumplimiento de lo que ordena la ley.

Sábado, 31 Diciembre 2022 19:49

Votar y vigilar

De todo lo acontecido en este año, lo más relevante ha sido la embestida contra la institucionalidad electoral. Buena parte quedó en el intento, otra, desgraciadamente será aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

Es cierto que es muy compleja la normatividad existente, al igual que es muy elevado el gasto electoral. Pero la génesis de estos “defectos” fue, justamente, vencer la desconfianza en torno a un régimen político ajeno a la certeza, distante de la imparcialidad y alérgico al profesionalismo. Lo que tenemos, ha cumplido sobradamente con lo que se pretendía: tener elecciones justas y confiables. El sistema no es perfecto, pero sí es eficaz para lo fundamental.

A pesar de ser su principal beneficiario político, el presidente López Obrador tiene una idea muy negativa de lo alcanzado y ha llevado a los suyos a suscribir un proyecto que compromete lo avanzado. De aprobarse, correspondería a la Corte resolver temas de constitucionalidad, y aunque no podrá ir más allá, eso entraña un riesgo mayor.

Si la desconfianza fue el antecedente, lo que tenemos la resolvió. Desconfianza con frecuencia fundada por precedentes de discrecionalidad y abuso desde el poder. La cuestión ahora es que, si se ha trascendido la etapa de normalidad democrática con jugadores poco avenidos a sus principios y reglas, la respuesta es inequívoca. El abuso y el fraude a la ley se están instalado como práctica recurrente en la competencia política, aunado a la presencia del crimen organizado.

Las campañas anticipadas y la interferencia gubernamental en asuntos electorales ratifican la necesidad de hacer valer una estricta y pormenorizada legalidad constitucional y tener órganos electorales fuertes, independientes y con capacidad de sanción. Es preocupante que quienes amparan el fraude a la ley sean los propios legisladores morenistas, que están por aprobar los cambios que debilitan a las instituciones electorales.

El balance es una llamada de atención para impulsar acciones que prevengan la vuelta a la incertidumbre en torno a los comicios, un tema que la marcha del 13 de noviembre pasado posicionó como preocupación social. México reclama mantener elecciones libres, que den certeza y tranquilidad. Ese debe ser el objetivo de todos.

Sábado, 24 Diciembre 2022 19:47

“ …a los hombres de buena voluntad”

Soy de los que piensa que es un gran esfuerzo para el presidente realizar un encuentro público todos los días a las 7 de la mañana. No coincido, sin embargo, con el uso que le ha dado a la conferencia matutina. Las palabras no solo describen realidades, sino que son capaces de impactar a quienes las escuchan.

Las expresiones de un presidente son muy poderosas. Los efectos y consecuencias pueden representar menoscabo a los derechos de particulares o de terceros, por la desigualdad de las partes y de los recursos comunicacionales desde el poder. También, sin proponérselo, quiero creer, pueden significar una instrucción a sus seguidores, a sus funcionarios y legisladores; y, una condena para sus detractores.

Ante un atentado como el sufrido por Ciro Gómez Leyva, el presidente tuvo la oportunidad para, aún con sus diferencias, solidarizase sin regateos o especulaciones con el periodista. No obstante, optó por seguir confrontándose y utilizar ese lamentable hecho para victimizarse y reiterar sus ataques. Una vez más las palabas, sirvieron a la polarización y al encono.

Desde el poder se han dibujado muchos Méxicos, donde pobres y ricos; personas con estudios o sin ellos, no podemos convivir porque nos han hecho creer que somos enemigos. Ese maniqueísmo solo le conviene a uno, no al país.

Tengo un deseo inspirado por la fecha que hoy celebramos, que ese espíritu de reconciliación que tanto se requiere venga también desde Palacio Nacional y la oposición. Que la paz en el país se haga una realidad y que la fuerza de las palabras de los actores políticos sea usada para lograr la unidad que se ha quebrado en el camino.

“La noche se acercaba tranquila y hermosa: era el 24 de diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra sagrada y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas. ¿Quién que ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año, en su infancia, la poética leyenda del nacimiento de Jesús no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida?”

Difícil de creer, pero estas palabras provienen de la inspiración de un militar liberal, anticlerical, reformista y ateo, de nombre Ignacio Manuel Altamirano.

Sábado, 17 Diciembre 2022 19:30

Lo absurdo del enojo

Con mi solidaridad a Ciro y un vehemente deseo de que

la autoridad esclarezca plenamente la acción criminal

 

Hay enojo en la sociedad por la reforma electoral. Preocupa su contenido y ofende la manera como se procesó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la ira y el arrebato no son buenos compañeros y los opositores debieran entenderlo por lo que ocurre en la acera de enfrente. Una consecuencia del enojo exacerbado es el fatalismo y la pérdida de perspectiva, especialmente cuando hay razones para el optimismo.

Se pudo conjurar la amenaza mayor al sistema democrático con la derrota de la reforma constitucional. Ocurrió porque la oposición se unificó y, como antecedente, la movilización ciudadana del 13 de noviembre. El llamado plan B, aunque amenaza seriamente al INE es de otra escala, además revisable y reversible en el ámbito judicial. El camino es incierto y debe transitarse con rigor jurídico y procesal.  

Otro elemento del enojo es la incapacidad para entender el derecho de la mayoría para legislar. Por consideraciones más próximas a la emoción que a la razón se esperaba que los senadores del partido gobernante se tornaran en opositores y eso no hace sentido a pesar de la irregularidad del proceso y de la inconstitucionalidad de las normas. Si en las élites del país hay una postura condescendiente hacia el presidente, incluso cuando van de por medio sus intereses, ¿por qué esperar una rebelión de los senadores afines?

En este contexto es absurdo regatearle el valor y la congruencia a Ricardo Monreal por su voto diferenciado y razonado. La oposición le exige definición cuando la oposición no ha tenido definición pública respecto al proyecto futuro del senador y su eventual expectativa de ser candidato. Sus correligionarios senadores podrían estar dispuestos apoyarle, pero no a participar en una aventura que comprometería su futuro político. Por ello es explicable que Monreal haya invocado el voto de conciencia en su condición de jurista y académico, pero deja en libertad a los suyos para apoyar el proyecto de reforma.

En ningún sentido hay razón para el fatalismo. La sociedad civil ha puesto el ejemplo y ahora más que siempre es necesario la persistencia y determinación para defender por todos los medios el sufragio efectivo.

Sábado, 10 Diciembre 2022 00:32

La candidatura del opositor

Mucho se ha dicho sobre el desafío de la oposición para ser una opción ganadora. Para ello se señalan dos necesidades: que haya coalición de al menos PAN/PRI/PRD y, especialmente, tener un candidato competitivo a la mayoría de los electores, particularmente los que no tienen vínculos con los partidos y que están insatisfechos con el estado de cosas.

La manera tradicional de resolver quién sería candidato(a) hasta ahora ha sido mediante el acuerdo de las dirigencias partidistas. La decisión podría darse a partir de la negociación o bien utilizar estudios de opinión. Ambos mecanismos son insatisfactorios, más el segundo porque las encuestas son instrumentos sumamente imperfectos para una decisión de tal naturaleza y porque favorecen al más conocido no al más competitivo. 

La oportunidad que tienen las fuerzas opositoras es construir una opción disruptiva a partir del método de selección y que sea consecuente con el ánimo que se hizo presente en la elección de 2021 y en la manifestación reciente del 13 de noviembre. La narrativa no basta, se requiere un método para construir una candidatura legítima, diferenciada, que la competitividad resulte no de la percepción de pocos -los dirigentes- o de muchos -encuestados- sino de un método democrático.

La elección primaria es la mejor opción. Un proceso a cargo de un árbitro imparcial, confiable y con credibilidad y aval social. La idea es que haya apertura para que se registren los prospectos de candidatos que reúnan requisitos básicos, además de un compromiso de unidad de cara a la elección. Una primaria con varias elecciones regionales, idealmente 10. Lo que permite, por una parte, que sean conocidos los aspirantes y que haya debates temáticos y regionales que genere interés ciudadano y mediático. La idea es ir descartando a quienes no reúnan mínimos de votación para que en la etapa final lleguen los más competitivos y haya ungimiento en una gran convención que legitime y unifique.

Uno de los temas a resolver son los tiempos del proceso. Los periodos de campaña en la ley no sólo son muy reducidos, sino que el partido en el gobierno se ha anticipado. Para ellos la precampaña desde hace tiempo inició y ha generado condiciones inequitativas para la contienda constitucional.

Sábado, 03 Diciembre 2022 00:31

Democracia de audiencias

A lo largo de la historia, la democracia ha estado en permanente evolución. Su remoto origen aristocrático cambió con el voto universal y el arribo de los partidos políticos como articuladores entre la política y la sociedad.

El populismo ha abanderado la propuesta discursiva de volver la democracia más próxima al pueblo. Esta pretensión en curso no está exenta de manipulación, pero avanza en tierra fértil porque los partidos han tergiversado su función y han prohijado un sistema ajeno al consenso y a los anhelos de la sociedad. Se habla del colapso del sistema de representación.

No comparto esa visión apocalíptica. Sin embargo, con o sin populismo, es una realidad que los partidos dejaron de ser mediadores de la ciudadanía; la democracia representativa ha perdido aprecio en la población. A esto hay que sumar la irrupción, primero, de la televisión y, después, de la comunicación digital lo que ha generado una democracia de audiencias.

Son esas audiencias las que tienen la expectativa de gobiernos más eficaces, desafortunadamente, sin importar los medios para lograrlo. Viven desencantadas de sus representantes por el abuso de las élites y un sistema que no atiende sus necesidades y anhelos.

Hay quien busca aprovechar este hastío cayendo en tentación de aplicar una democracia directa, pero no ofrece resultados prácticos y la mayoría silenciosa casi siempre se mantiene ajena. El problema está en los gobiernos que hacen de las elecciones no una fórmula para la definición temporal de mayorías, sino una manera de ratificar un “destino manifiesto”, elecciones aclamatorias de un proyecto que, creen, llegó para quedarse.

El reto es que a pesar de que, en el mundo, por razones económicas y tecnológicas, la libertad de expresión no vive su mejor momento y que en México se suma la autocensura y el ataque del crimen a periodistas, se deben potenciar las libertades políticas y entre éstas que la comunicación digital promueva el ejercicio responsable de los derechos cívicos.

Es un error prescindir de los partidos y de la representación parlamentaria, hay que transformarlos para hacerlos funcionales a la realidad. Los desafíos que permanentemente plantea la democracia deben resolverse con más democracia, salvaguardando las libertades.

Sábado, 26 Noviembre 2022 19:44

Reivindicar la pluralidad

Propio de la democracia es la pluralidad política. En México se explica por la diversidad social, regional y cultural. Nuestro sistema partidario no es perfecto, pero de alguna manera da expresión a las diferencias que vienen de la sociedad. Dar reconocimiento legal a fuerzas políticas diversas para competir por el voto y tener representación parlamentaria y en los órganos de autoridad locales ha sido la constante del proceso de democratización. Asimismo, se establecieron reglas para la equidad en la contienda a manera de que el partido gobernante no tenga ventajas que alteren las condiciones de una competencia justa.

La tesis que rige va más allá de la alternancia y la formación de mayorías. Lo fundamental es la coexistencia de la pluralidad, lo que conlleva que quienes se oponen puedan ejercer sus derechos con libertad y, eventualmente, gobernar el día de mañana. La esencia del sistema de representación es que las mayorías son contingentes, temporales, sujetas a la prueba de los votos, los que determinan la manera como la pluralidad debe expresarse y, eventualmente, un cambio en la conformación de la mayoría. La tesis de una mayoría perenne es propia de las autocracias, si no es que de las dictaduras o regímenes facciosos cuando hay un exterminio de la pluralidad.

Soy de la idea de que el sistema de partidos debe revisarse para dar mayor expresión a la pluralidad. Tres son las decisiones de mayor importancia. La primera es que la democracia al interior de los partidos debe ser obligatoria, supervisada y regulada por las instancias de autoridad. La segunda es que la representación parlamentaria debe eliminar la sobre y subrepresentación, esto es, que el porcentaje de votos nacional se corresponda con la proporción de asientos legislativos. Tercero, terminar con la rigidez de la regulación vigente que hace que los partidos solo pueden crearse cada seis años y que si no obtienen un porcentaje mínimo de votos desaparecen.

Este último aspecto atenta contra la libertad de asociación. En todo caso, el umbral mínimo de votos no debe ser para la existencia del partido, sino para acceder a la representación y recibir prerrogativas.

Después de casi medio siglo de reforma política es preciso reivindicar la pluralidad.

Sábado, 19 Noviembre 2022 18:56

La calle y el Congreso

La libertad de manifestación y el quehacer legislativo son imprescindibles en la democracia. Nadie debe darse por agraviado si algunos o muchos se manifiestan a favor de una causa o incluso en contra de una autoridad. La marcha en defensa del INE del pasado domingo significa mucho más que un sano precedente en el ejercicio de la libertad de manifestación, es la determinación de muchos mexicanos para proteger a la institución eje de la vida electoral y por lo mismo fundamento de la democracia mexicana. Su mensaje va dirigido a los legisladores a manera de frenar la embestida contra la institucionalidad democrática.

Los resultados son muy alentadores en muchos sentidos. Quedó claro que no habría mayoría calificada y por lo mismo no habrá reforma constitucional en los términos de la iniciativa presidencial. También, la respuesta ciudadana generó un nuevo momento de la sociedad de participación política que trasciende a los partidos y las preocupaciones tradicionales de los políticos. Asimismo, despertó un sentimiento de confianza en la lucha para contener las pretensiones presidenciales y la salvaguarda de las instituciones que son patrimonio del país.

Quien piensa diferente o incluso quienes tienen reservas sobre la autenticidad y la naturaleza de este despertar ciudadano está en su derecho. La coexistencia de visiones encontradas es propia de la democracia. Sin embargo, que se tengan posturas encontradas no debe negar el derecho de diferir ni de coexistir. Es lamentable y preocupante que la exclusión del otro a través de su descalificación y del mismo diálogo tenga lugar desde la presidencia de la República.

La respuesta del presidente López Obrador despierta preocupación porque se ha manifestado la intención de iniciar un proceso legislativo encaminado a acotar y debilitar al INE cuyos resultados serían claramente inconstitucionales. Es su derecho convocar a una manifestación pública para apoyarse a sí mismo. Lo que debe quedar claro es que el debate ya no es sobre el órgano electoral, sino la constitucionalidad de las decisiones del poder legislativo y la pérdida de legitimidad del Congreso por decisiones claramente inconstitucionales.

Sábado, 12 Noviembre 2022 15:17

Defender al INE

El recorrido a la transición democrática revela lo inaceptable en forma y contenido de la iniciativa del presidente López Obrador que modifica las reglas del juego electoral y que acaba con las instituciones y principios garantes del sufragio efectivo, además de contravenir tres principios fundamentales de la reforma del Estado: el federalismo, la pluralidad y la reforma con un ejercicio conjunto del partido en el gobierno y la oposición.

La reforma fundacional de 1976 tenía como propósito la inclusión a la institucionalidad democrática de todas las fuerzas políticas relevantes. Se reconocen partidos y se suman al poder legislativo. Para ello se estableció una modalidad de integración de Cámara con un sistema mixto. Despúes el Senado participaría del principio de inclusión a la pluralidad.

Más delante el impulso reformador se trasladó al plano electoral: el eje de los órganos electorales y jurisdiccionales fue la imparcialidad, se quitó al gobierno el manejo de la lista de electores, se establecieron reglas precisas para asegurar comicios confiables y contar con una estructura electoral permanente a partir del nivel distrital. Los resultados son inobjetables. México construyó instituciones democráticas ejemplares. La reforma de 1996 democratiza la ciudad de México, se establecen normas de equidad en cuanto a recursos y acceso a medios de comunicación, se alcanza la independencia plena a la autoridad electoral y al Tribunal Electoral.

La iniciativa de AMLO niega todo lo alcanzado. Es una propuesta unilateral desde el poder. Politiza y vuelve parcial a favor del oficialismo a los órganos electorales resutado de la elección directa de quienes los dirigen. Excluye a la pluralidad del Senado y la minimiza en la Cámara, además de crear un escenario de sobrerrepresentación en el que una fuerza por sí misma podría cambiar la Constitución.

La iniciativa presidencial es un rechazo al impulso transformador que construyó una democracia representativa, así como instituciones electorales que empoderan al ciudadano con el respeto riguroso a su voto. Por tal consideración la defensa del INE nos es obligada. Expresarlo es necesario y habremos de hacerlo este domingo en la marcha. Un acierto que haya un solo orador y todavía más que sea José Woldenberg.

Sábado, 05 Noviembre 2022 07:07

Designar funcionarios

El principio republicano sobre la designación de autoridades a partir del voto ciudadano es eje de la democracia. Hay elección directa y, también indirecta que es cuando la Constitución concede a un órgano integrado con funcionarios electos el poder de designar funcionarios o autoridades.

Existe un debate que acompaña al origen de la democracia si elegir autoridades mediante el voto es la forma idónea de seleccionar al mejor. Esta discusión se ha polarizado todavía más con el voto universal. Como modelo de decisión la democracia es imperfecta, como esquema para dar cauce a la lucha política no existe otro mejor. En realidad, el objetivo de la democracia no es elegir a los mejores, sino resolver civilizadamente la competencia por el poder.

Las democracias han cuidado que la designación de ciertos funcionarios que deben cubrir un perfil profesional de excelencia sea procesada por mecanismos de elección indirecta, especialmente la intervención del Senado o de la Cámara de Diputados. Es una regla general del buen gobierno y de las mejores prácticas y así aplica a funcionarios judiciales, hacendarios, titulares de órganos técnicos autónomos, algunos miembros del gabinete, representantes diplomáticos, etc.

De hecho, en el sistema constitucional norteamericano se determinó la elección indirecta del presidente por un colegio electoral democráticamente electo, precisamente por el temor de que el voto directo significara que el presidente invocara mandato soberano.

La idea de elegir funcionarios por voto directo es popular, pero es contraproducente cuando se trata de seleccionar a los ciudadanos idóneos a partir de la exigencia de preparación, capacidad o experiencia. Es explicable que la encuesta del INE muestre una opinión favorable al modelo decisorio para elegir integrantes del Consejo General por voto directo, pero es inconveniente, mucho más cuando su responsabilidad es la de organizar elecciones, ya que no garantiza la imparcialidad y el profesionalismo obligados. Todavía más aberrante sería la elección por voto directo de los magistrados del tribunal por ser una función que demanda un perfil técnico muy especial. Designar funcionarios es tarea delicada que debe resolverse en función del perfil profesional, no de la popularidad.

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