La polarización impide que ocurra con fluidez y normalidad lo que es común a toda realidad democrática: el diálogo entre diferentes. Han ocurrido diversos intentos de intercambio de ideas. Recientemente en el Congreso se constituyó el denominado parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica. De todo hubo, menos diálogo.

Por su parte, el presidente López Obrador, con motivo de sus giras o en el desahogo de su agenda, tiene oportunidad para dialogar con sectores representativos de la sociedad, de la vida política y de la economía. No obstante, en sus comparecencias públicas matinales no se advierte que ese deseado intercambio tenga impacto. Ahí, al presidente se le percibe aislado y apartado de la realidad que se vive en el país por las dificultades en salud, economía o inseguridad.

Otro intento ha sido el relevo en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López abrió una gran oportunidad al diálogo. Es lo propio de la dependencia coordinar al gabinete, así como conducir la relación con los poderes, los partidos y actores relevantes de la sociedad. Así ha acontecido y ha sido un giro favorable para bien del gobierno y de la vida pública.

Sin embargo, los tiempos exigen que el diálogo cobre vida con mayor intensidad y constancia. La agenda pública lo demanda. Los mandatarios estatales, quienes encabezan a los poderes públicos, los líderes empresariales y del sector social, las dirigencias de los partidos, los representantes de todos los órganos autónomos precisan de una relación institucional confiable, que represente al Presidente y en el que se escuche y se acuerde a partir de un sentido institucional compartido en bien del país. De todos es responsabilidad el bienestar, la fortaleza de las instituciones y una economía en crecimiento.

Con motivo de la elección del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, se ha señalado que esa representación debe actuar en términos constructivos y de respeto hacia la autoridad. En ese mismo sentido, también debe decirse que las autoridades tendrían que hacer su parte para que esto ocurra. Para bailar tango se requieren dos, sintiendo el mismo ritmo y al propio tiempo. Por esta consideración en estas horas 

La libertad de expresión y el derecho a la información van de la mano, fundamentales para una sociedad democrática. No es suficiente con que las personas tengan garantizado su derecho a expresarse con libertad, también es imprescindible que la población pueda estar informada. Por ello las autoridades tienen la obligación de comunicar y hacerlo con veracidad, respeto a terceros y privilegiando la exposición de hechos sobre su interpretación. Las autoridades no tienen libertad de expresión, ya que es un derecho de los ciudadanos; sí tienen la obligación de informar.

La legislación electoral aprobada en la reforma de 2007 es un atentado contra la libertad de expresión y también coarta el derecho de los ciudadanos a estar informados en la medida en que restringe que los particulares puedan participar activamente de la publicidad electoral y se impone un bozal a las autoridades y a quienes las encabezan. Malamente se ha preferido poca o falta de información, en lugar de los riesgos derivados del uso y abuso de la libertad de expresión.

Los legisladores que aprobaron la reforma constitucional y la ley reglamentaria del derecho de revocación de mandato replicaron esa visión restrictiva. Las autoridades federales y locales se ven sometidas al silencio, sin poder cumplir con los programas de comunicación destinados a informar a la población. Más aún, la ley impide que los partidos puedan participar del debate público asociado a la consulta para la revocación, como si los ciudadanos no tuvieran facultad de discernimiento y, por lo mismo, se les priva del derecho a escuchar las razones para votar o para hacerlo en un sentido o en otro. Al menos en este caso se dejó la puerta abierta para que los ciudadanos sí puedan pronunciarse públicamente y, eventualmente, participar de la publicidad.

Las leyes que resultan restrictivas de la libertad de expresión y del derecho a la información deben modificarse. Asimismo, de la experiencia de la consulta de revocación de mandato deberán hacerse los ajustes que impidan la simulación y que se tergiverse el sentido de la institución. La experiencia en curso no es grata, pero son de las cosas que tienen remedio. Es atribución del Constituyente Permanente y del Congreso de la Unión, y debe actuarse en consecuencia.

La semana pasada se conoció la noticia en voz del Presidente sobre la detención de los presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Ese mismo día supimos del asesinato de Heber López, reportero en Salina Cruz, Oaxaca. Dos noticias que muestran que el periodismo no ha estado exento de la violencia y el crimen.

La indignación por la inseguridad crece. El gobierno actual, igual que los anteriores, se ve superado por la criminalidad, como lo revelan los indicadores de percepción de inseguridad y las estadísticas de los homicidios dolosos. La realidad es que, pese al discurso oficial, la delincuencia gana terreno a las autoridades federales.

En el caso de los periodistas, las expresiones de indignación crecen en el gremio por la inseguridad y por la actitud del Presidente ante destacados comunicadores. No sólo hay un ambiente de hostilidad hacia el oficio, sino una contabilidad ominosa por la frecuencia de agresiones y lamentablemente por los homicidios a la vista de una sociedad cansada. Cierto es que el gobierno de la república no es culpable de la violencia criminal contra los periodistas, pero es un sector que espera mucho más de lo que este gobierno hace por ellos.

A decir de la administración federal, la mitad de los homicidios de periodistas no tienen que ver con el crimen organizado, sino con la política local y municipal. La tasa de impunidad es sobre 90 por ciento, un dato preocupante, que revela la ineficacia, y posiblemente connivencia entre criminales y autoridades locales. Esta consideración es suficiente para que la federación intervenga con todos los recursos a su alcance.

El ciclo de la elevada criminalidad resulta de la incapacidad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. En el caso de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Tijuana, son un ominoso precedente; de confirmarse la versión que prevalece entre los investigadores, obligaría al fuero federal a atraer el caso.

El oficio periodístico se ha vuelto de alto riesgo, particularmente en los territorios de elevada incidencia delictiva. Queda claro que al asesinar a un periodista no sólo se aniquila una persona, también se lastima una tarea indispensable en una sociedad libre y democrática.

El mensaje del presidente de pausar la relación diplomática con España a manera de ganar respeto ante el supuesto abuso de las empresas hispanas en el territorio nacional, es un exceso que demanda serenidad de todos. Palabras que nacen del impulso o del cálculo como elemento distractor, no importa su razón. La respuesta de la opinión pública y de los expertos en la relación económica, cultural y diplomática entre ambas países vuelve obligado tomar las cosas con mesura y no profundizar en lo que puede resultar en una herida que no merecen las naciones, ni los pueblos, tampoco los Estados.

Si es el caso de que hay razón para el enfado del jefe del Estado mexicano sobre el comportamiento impropio de empresas en colusión con los gobiernos de ambas naciones en los últimos tres sexenios, esto no debe llevarse al plano de la retórica, ni siquiera de la diplomacia. No son los gobiernos ni las empresas las que incurren en delitos, son las personas y por ello lo que corresponde es presentar las denuncias respectivas para que la justicia cobre curso y sean sancionados quienes hayan incurrido en faltas o delitos.

El presidente López Obrador habló de denuncias ya presentadas. No se sabe que existan, sólo se habla de abusos y faltas graves en perjuicio de la CFE y sería útil, conveniente y recomendable conocerlas porque así se particularizaría la responsabilidad y al menos podríamos saber la causa del disgusto presidencial.

La relación con España es positiva, trascendente y con múltiples beneficios mutuos. En mi opinión, lo más relevante está en el ámbito de la cultura, pero no se puede soslayar la importancia de la relación económica. Las empresas de uno y otro país se corresponden a las oportunidades de negocio, la confianza y la certidumbre, más que a la afinidad entre ambos pueblos, que sí existe y que trasciende a lo que hagan empresas y gobiernos.

La recuperación económica requiere de la inversión, y la propuesta de pausar la relación no contribuye a ella, y lo que es peor, el mensaje hostil no solo va dirigido al inversionista hispano, también a los de otras naciones, incluso a los nacionales. Por lo anterior, es recomendable que se imponga la serenidad por el bien del país.

En el régimen de división de poderes ha estado presente la discusión sobre los alcances de las decisiones judiciales. Un pronunciamiento histórico fue el reducir los efectos del juicio de amparo para proteger estrictamente al quejoso y no darle efectos erga omnes, es decir a la totalidad de casos en situaciones semejantes. Asimismo, la jurisprudencia o la interpretación obligada para decisiones judiciales requiere de cinco resoluciones en el mismo sentido.

Para bien, ha habido cambios. Ya no existe el temor de que la Suprema Corte tenga una actuación con alcances “políticos”, se ha creado una justicia electoral que tiene definidas sus implicaciones y alcances, y sólo se dejó a la Corte la responsabilidad de la declaratoria de validez de la elección presidencial. Priva en el Poder Judicial lo que parece es una amplia disposición a mejorar en el día a día de los procesos legales, la certeza de derechos a todos en la constitucionalidad de decisiones legislativas.

Recientemente a la Corte llegó la revisión de la pregunta para la consulta sobre la revocación de mandato, tema que obliga a la revisión de la ley que la contiene. El proyecto presentado por el ministro Pardo Rebolledo no obtuvo los ocho votos necesarios para invalidar la ley, en consecuencia, se sostiene en su redacción original. Debe precisarse que la oposición fue la que redactó la pregunta en la ley, para luego desdecirse e impugnarla.

Algo semejante remite a las restricciones en materia de publicidad oficial de la misma ley. Para el caso concreto corresponde a la sala superior del Tribunal Electoral el determinar los alcances de la ley para resolver la absurda restricción de publicidad gubernamental desde la expedición de la convocatoria hasta la celebración de la consulta, norma restrictiva del derecho de información. La Sala Superior deberá pronunciarse para salvaguardar los derechos ciudadanos y limitar los alcances restrictivos de la norma.

Los dos ejemplos ilustran la necesidad de una justicia que resuelva no sólo las controversias o la interpretación de la norma, sino que salvaguarde los derechos ciudadanos frente a normas realizadas con descuido o sin prever sus alcances restrictivos de las libertades, una justicia correctiva del deficiente proceso legislativo.

Lo que se tiene y se ha vuelto parte del paisaje es común que deje de apreciarse. Así sucede con dos aspectos fundamentales de la vida pública: la normalidad democrática y la estabilidad macroeconómica. El logro ha sido de todos los mexicanos y aunque se haya perdido aprecio por esto, no significa que sea necesario perderlo para estimar lo mucho que vale.

Afortunadamente son muchas las generaciones de mexicanos que no han vivido la experiencia traumática de la crisis económica. El periodo de 1976 a 1995, casi dos décadas de crisis, inflación, devaluación significaron en muchas personas y familias no solo la pérdida de calidad de vida y deterioro de sus ingresos, en no pocos casos también hubo pérdida total patrimonial. La crisis se ensañó con quienes menos tenían, incluso hubo quien se benefició de las dificultades.

Ahora el mundo y nuestro país ingresa a un periodo de turbulencia que puede llevar a la crisis. La pandemia es la causa, mayor en las naciones que tuvieron una mala gestión y que no actuaron para mitigar sus efectos en la economía, como fue nuestro caso. Casi todas las naciones están por recuperar las cifras de crecimiento, empleo e inversión respecto al año previo a la crisis sanitaria. No es nuestro caso.

La situación llama a la mayor cautela. La propuesta de contrarreforma eléctrica conspira contra la estabilidad económica. Sí se deben hacer medidas correctivas al marco vigente; los cambios tecnológicos en materia de energía y los resultados exitosos de la transición del mercado energético recomiendan un ajuste a las normas actuales. Esto es muy distinto a la pretensión de regresar al monopolio y ahuyentar a la inversión privada.

Si el presidente privilegia el bienestar de los mexicanos derivados de la recuperación económica, debe emprender definiciones de política que ofrezcan confianza y certidumbre a la inversión y así generar las condiciones para recuperar el crecimiento. Seguramente su equipo económico y los empresarios a quien escucha y confía bien pueden orientarlo en una propuesta en tal sentido y que permita que lo mejor de su gobierno sea lo que viene. Persistir en el camino de las ideas fijas compromete uno de los logros más preciados de las últimos 27 años: la estabilidad económica.

Los factores de poder y quienes tenemos el privilegio de un espacio público de opinión, tenemos una responsabilidad en el ejercicio de escrutinio al gobernante. Es incómodo, a veces ingrato, pero es indispensable hacerlo. Se trata de expresar desde la perspectiva propia, que no necesariamente es la válida, mucho menos infalible, lo que se cree sobre temas relevantes.

De forma más amplia, analizar el entorno, el presente y las señales del futuro, se vuelve necesario para todos, lo mismo el ciudadano común que el empresariado nacional, las grandes corporaciones y, particularmente, los representantes gremiales. Que la sociedad exprese una postura pública diferenciada a la del poder es fundamental en cualquier democracia. La tesis de que los gobiernos son transitorios no debe servir de pretexto para abdicar de la responsabilidad que reclaman momentos como los que vivimos.

Cierto, el debate público sobre temas trascendentes es desigual y a veces monólogo. Pero, así como el presidente López Obrador tiene el derecho de proponer y luchar con todo para hacer prevalecer su visión, la oposición, los ciudadanos y los empresarios tenemos la obligación y el derecho también de replicar. Cuando lo que se juega es el rumbo del país, siempre será obligado el pronunciamiento claro, preciso, razonado y oportuno.

Un ejemplo del necesario debate es la iniciativa presidencial de reforma eléctrica. Somos muchos los que creemos, con información sólida, que la propuesta del mandatario es contraria al interés del país y a los objetivos que él mismo pretende. Sin embargo, en la mayoría de la población no hay conocimiento de posturas distintas a las del gobierno y en buena parte, sucede por la omisión de aquellos que no compartimos la propuesta presidencial

La ausencia pública de la representación empresarial en este debate puede ser que se deba a la confianza de que la oposición legislativa frene la reforma constitucional. La realidad es que el bloque opositor está fracturado y que es posible que el presidente cuente con los votos que necesita, no por las bondades de lo que se propone, sino por el miedo o el oportunismo de algunos legisladores. Aún es tiempo de actuar.

Hay visiones encontradas sobre el riesgo que acompaña a la nueva cepa Ómicron. Todos coinciden en su mayor poder de contagio. Aunque por las cifras agregadas se advierte que su letalidad es menor, hay diferencias respecto a su peligrosidad. La ciencia médica es muy rigurosa en sus conclusiones; se requiere de observación sistemática para llegar a afirmaciones finales. Buena parte de lo que ahora sabemos son más que todo opiniones, y en ocasiones meras conjeturas.

Lo más relevante es que el aumento de contagios no va acompañado de hospitalizaciones y decesos en los términos de las cepas previas. Sin embargo, la observación indica también que su daño aumenta en la población no vacunada. La evidencia a la que alude el Presidente respecto a su propia experiencia influye en muchos. Bien que esté de salida, pero es un caso de vacunación óptimo. Sin embargo, generalizar una o pocas observaciones no es lo más recomendable.

La conclusión obligada llama a la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. El riesgo es que ésta sea ahora la pandemia de los no vacunados y eso generaría de nuevo, como en 2020, una crisis hospitalaria que, ya lo sabemos, tiene un doble impacto: la desatención a quienes requieren atención por razones diferentes a Covid19 y el de aquellos afectados por el contagio. De esta manera, aunque no haya la misma letalidad de las etapas previas de la pandemia, hay peligro.

Una inoculación con mayor cobertura atañe a las autoridades respecto a la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas. En ese sentido estamos bien, de hecho, existen más de 48 millones de dosis en bodegas. Pero también se requiere disposición por parte de la población. El prejuicio, el temor o la desinformación es un error que puede tener graves consecuencias, una amenaza a sí mismo y a los demás por el riesgo que conlleva el contagio.

No comparto el optimismo de algunos ante la nueva cepa. El simple hecho de que sea más contagiosa representa un peligro mayor. Tampoco me parece responsable que se crea que Ómicron es la salida a la pandemia por sus efectos de inmunización y su menor agresividad, como insinuó recientemente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Mucho mejor extremar cuidado, y en todo caso vacunarse.

La nueva cepa del COVID-19, Ómicron, ha llegado a México. Así lo reconoce el Presidente López Obrador y el crecimiento significativo del número de contagiados revela un nuevo momento en la gestión de la pandemia. Se sabe que esta variante es considerablemente más contagiosa. Afortunadamente llega cuando buena parte del mundo y de los mexicanos ya está vacunados. También, se ha dicho por especialistas, que su agresividad es menor que las otras variantes y, por lo mismo, su impacto no es tan fuerte, por lo que la hospitalización y las defunciones no deberían ser equiparables.

El problema es que, si hay un disparo de los contagios, inevitablemente habrá mayor demanda de atención médica y hospitalaria. Por lo que es indispensable que la población tome medidas preventivas a partir de la ya amplia experiencia que se tiene con el contagio. Su buen manejo depende de la correcta administración de dos sentimientos: la prudencia y la alerta. Lo que no es permisible es la confianza o el desdén por una idea errónea de la gravedad de la situación.

Lo que se ha observado en otros países es alentador. Concretamente en Sudáfrica, donde se identificó la nueva cepa con su exponencial crecimiento de contagios. En diciembre 17, se presentaron 399 casos por un millón de personas. Al 3 de enero los contagios disminuyeron en 141. Cabe destacar que en dicho país la tasa de vacunación es de 48 dosis por 100 personas. En México es de 117 dosis. Por el lado negativo esta el Reino Unido, el disparo de contagios es de 2,755 por un millón de personas a pesar de que hay 201 dosis de vacunas por 100 personas. Lo relevante es que al momento no hay una asociación lineal entre contagiados y hospitalizados o defunciones.

La mejor respuesta para enfrentar la pandemia ha sido la vacunación y ahora, es más. Los especialistas ya hablan que en buena parte del mundo, especialmente en los países desarrollados, la pandemia transitará a condición de endemia, con una mejora sustantiva en su tratamiento médico.

En México, el momento actual llama a la promoción de medidas preventivas para evitar contagios y, desde luego, ampliar la capacidad de vacunación a la mayor proporción de la población, particularmente con la inoculación de refuerzo.

En los días de fin de año la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un tema fundamental para la democracia mexicana: la protección de los derechos político-electorales asociados a la democracia participativa implícita en la consulta de revocación de mandato. La sentencia es relevante porque ofrece certeza jurídica y solución para que la consulta se lleve a cabo.

En la sentencia del caso se precisa que el Consejo General del INE no tiene facultades para posponer la consulta; el precedente del cambio de fecha de las elecciones en Coahuila e Hidalgo de 2020 no se aplica al caso de ahora. La consulta debe tener lugar mediante dos mecanismos, por una parte, la reasignación presupuestal y economías del órgano electoral, por la otra, que la Secretaría de Hacienda, como autoridad competente asigne los recursos necesarios complementarios a efecto de llevar la consulta en tiempo y forma.

El fallo del tribunal es consistente con la premura que existe. La única facultad del INE para la no realización de la consulta se refiere a la verificación de firmas de promoventes. Asimismo, el Tribunal ordena que se realicen todas las actividades conducentes, incluyendo la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, la que figura como autoridad vinculada, es decir, autoridad obligada a actuar en los términos de la sentencia del tribunal.

Subsiste el caso presentado ante la Corte. Sin embargo, la medida precautoria de la Corte en el sentido de continuar con los trabajos es considerada por el Tribunal Electoral para instruir la realización de los trabajos necesarios para la realización de la consulta en los términos de la ley respectiva, lo que implica ratificar el criterio del INE de que tal ejercicio debe realizarse con todas las garantías y reglas derivadas de la elección constitucional de 2018, tal como lo prevé la ley reglamentaria.

El Presidente López Obrador reconoció la sentencia del Tribunal. En su condición de jefe de gobierno ahora le corresponde instruir a la Secretaria de Hacienda a cumplir sin mora ni exclusa con el contenido de la sentencia y así llevar a término, por primera vez, el proceso de revocación de mandato. Una buena sentencia del Tribunal, oportuna y precisa.

¡Feliz Año Nuevo!