La semana pasada se conoció la noticia en voz del Presidente sobre la detención de los presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. Ese mismo día supimos del asesinato de Heber López, reportero en Salina Cruz, Oaxaca. Dos noticias que muestran que el periodismo no ha estado exento de la violencia y el crimen.
La indignación por la inseguridad crece. El gobierno actual, igual que los anteriores, se ve superado por la criminalidad, como lo revelan los indicadores de percepción de inseguridad y las estadísticas de los homicidios dolosos. La realidad es que, pese al discurso oficial, la delincuencia gana terreno a las autoridades federales.
En el caso de los periodistas, las expresiones de indignación crecen en el gremio por la inseguridad y por la actitud del Presidente ante destacados comunicadores. No sólo hay un ambiente de hostilidad hacia el oficio, sino una contabilidad ominosa por la frecuencia de agresiones y lamentablemente por los homicidios a la vista de una sociedad cansada. Cierto es que el gobierno de la república no es culpable de la violencia criminal contra los periodistas, pero es un sector que espera mucho más de lo que este gobierno hace por ellos.
A decir de la administración federal, la mitad de los homicidios de periodistas no tienen que ver con el crimen organizado, sino con la política local y municipal. La tasa de impunidad es sobre 90 por ciento, un dato preocupante, que revela la ineficacia, y posiblemente connivencia entre criminales y autoridades locales. Esta consideración es suficiente para que la federación intervenga con todos los recursos a su alcance.
El ciclo de la elevada criminalidad resulta de la incapacidad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia. En el caso de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, asesinados en Tijuana, son un ominoso precedente; de confirmarse la versión que prevalece entre los investigadores, obligaría al fuero federal a atraer el caso.
El oficio periodístico se ha vuelto de alto riesgo, particularmente en los territorios de elevada incidencia delictiva. Queda claro que al asesinar a un periodista no sólo se aniquila una persona, también se lastima una tarea indispensable en una sociedad libre y democrática.