La justicia penal y el sistema carcelario de un país es la medida de la civilidad y el humanismo de una sociedad. En México no pasamos la prueba a pesar de reiterados intentos de mejorar. Hay un problema muy severo en cuanto a la eficacia de la justicia y todavía peor, hay un abuso discrecional y selectivo de uno de los instrumentos más delicados para la justicia penal: la prisión preventiva. Se asume que la presunción de inocencia sería suficiente para que jueces y fiscales tuvieran mayor cuidado para recurrir a lo que es una sentencia anticipada.

El país vive el peor de los mundos, impunidad rampante y detenidas y detenidos por años en cárceles deplorables sin que hayan concluido el proceso penal y a veces sin haberlo iniciado. La visita del ministro presidente, Arturo Zaldívar al reclusorio femenil de la Ciudad de México es una invitación para un debate en términos de derechos humanos, responsabilidad política y eficacia del sistema de justicia.

La prisión preventiva debe ser excepcional y con propósito único de evitar que presuntos responsables se sustraigan de la justicia. Hay muchas opciones para tales propósitos, no sólo se trata de calificar delitos en función de la sentencia corporal media o del criterio de gravedad del legislador. Lo relevante es el imputado, el presunto responsable. Los casos son múltiples de personas que es evidente que encararían el proceso en su contra fuera de la cárcel, como Rosario Robles o el empresario Eustaquio de Nicolás. Justamente el exceso y la discrecionalidad es la didáctica para que los demás opten por la complicada condición de prófugo de la justicia, en lugar de someterse al proceso penal.

El tema no afecta casos emblemáticos que cuentan con sólida defensa penal, pero adquiere condición de un verdadero drama social para muchas personas en condiciones de pobreza o abandono. Es importante visibilizar la magnitud del problema y concertar acciones interinstitucionales para encontrar una salida a este reto. Se puede y debe hacer. Esto es una llamada de atención a todo el sistema carcelario nacional. Seguramente Santa Martha Acatitla, con todo y sus problemas, dentro de lo muy malo es lo menos peor.

La iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral y política es provocadora por su contenido y sus implicaciones. De antemano se advierte su imposible aprobación, toda vez que afectaría severamente a quienes deben aprobarlo y el daño a lo que mucho tiempo, dinero y esfuerzo ha significado alcanzar: órganos electorales confiables.

En un amplio sector de opinión se considera que el proyecto de reforma tiene como propósito abonar a la contienda de 2024. El eje de su presentación, su envoltura, es reducir el alto costo que significa la política, esa, reitero es la envoltura. El tema, astutamente, toca fibras sensibles respecto a la mala imagen que tienen los partidos, los políticos y los legisladores, particularmente por el abuso, el dispendio y la corrupción. Reducir el costo es un argumento perfecto de campaña electoral. Una manera de reiterar que “no somos iguales”, aunque la evidencia acredite que sí somos.

Resultado de esta circunstancia hay quien considera no dedicar mayor atención a la iniciativa para no distraerse de temas de mayor impacto como es la economía, la seguridad pública o la ética y eficacia en el servicio público. Estimo que con el silencio gana terreno una propuesta que no abona al desarrollo democrático del país, además, la idea de cambio no puede ser monopolio de un proyecto o partido político. Las instituciones electorales y las fórmulas de integración de Cámaras deben revisarse y mejorarse. Tampoco debe soslayarse mejorar la asignación de recursos a autoridades electorales, partidos políticos y campañas.

Más allá de la expectativa del proceso legislativo estimo útil y conveniente que distintas voces planteen su idea sobre la reforma electoral deseable. Por ejemplo, en este espacio en repetidas ocasiones he señalado el inconveniente que tiene para el INE sus atribuciones de sanción. En mi opinión esta tarea debe asignársele al Tribunal Electoral o a un órgano independiente del que ahora tiene como responsabilidad organizar las elecciones. De igual manera, es necesario abrir al elector, desbloquear, las listas de candidatos plurinominales y hacer mandatorio la democratización para la selección de candidatos. Son muchas las ideas que pueden ampliar la deliberación a manera de construir.

Uno de los aspectos de mayor rechazo en la iniciativa constitucional del presidente López Obrador es la desaparición, además del Tribunal Electoral, del INE, que es una de las instituciones de mayor peso en el desarrollo democrático del país, garantía de elecciones confiables, y sin duda alguna, la mayor realización política del México contemporáneo. Todavía más controversial es la modalidad de designación de consejeros y magistrados. La elección popular es una definición esencialmente política, politizar responsabilidades técnicas es a todas luces contraproducente.

La profesionalización del quehacer electoral es una de las premisas del buen desempeño del órgano electoral. Las elecciones de 2018 y de 2021, así como la consulta para la revocación de mandato, son evidencia sobrada sobre la solvencia, confiabilidad y eficacia del INE y del Tribunal Electoral. Es inexplicable que quien invoca insuficiencia y falta de probidad de la autoridad electoral sea quien ha ganado el poder a través del impecable trabajo de quien cuestiona.

Es inevitable que los partidos opositores y una parte importante de la opinión pública rechacen la iniciativa presidencial. Por lo mismo es imposible que la iniciativa obtenga los votos suficientes, sobre todo por los otros temas de difícil aceptación como es la modalidad de elegir diputados y senadores por listas estatales, lo que significa la sobrerrepresentación del partido mayoritario y la exclusión de las minorías de la representación legislativa.

El tema central es fortalecer al INE en su autonomía, profesionalismo y sus resultados. El costo electoral no es un tema menor, pero es irrelevante si en esta visión de austeridad se compromete la confiabilidad del órgano electoral. De la misma forma ocurre con el pretendido ahorro en el gasto legislativo de la iniciativa, que se busca disminuyendo diputados y senadores con una fórmula que, en su integración, daña la pluralidad.

Si bien es populista y, por ende, socialmente persuasiva, la reforma parte de un error de diagnóstico que regatea el justo reconocimiento a un sistema que se ha ido adaptando con éxito a los estándares democráticos. La reforma que urge es aquella que consolide la ruta institucional y que la blinde de pretensiones autoritarias.

El diálogo siempre será bienvenido. Es la vía normal para gobernar, ganar respaldo y que las decisiones de autoridad sean enriquecidas por las opiniones de otros. El diálogo como base para el entendimiento debe ser auténtico, esto es, que quien invita y quienes participan, deben aceptarlo como un ejercicio de encuentro, sin prejuicios y sin posturas irreductibles.

Para algunos, con malicia, para otros, con ingenuidad, los representantes empresariales han correspondido con prontitud a la invitación del Presidente López Obrador para explorar la posibilidad de un entendimiento con miras a la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

La cuestión que empaña el proceso de diálogo es el amago presidencial sobre la responsabilidad penal, para él implícita, en los negocios de las empresas de autoabasto. El presidente debe aclarar o precisar su postura, ya que reiterarla no es una invitación al encuentro respetuoso, más bien pareciera la expresión de un deseo al sometimiento total.

Las diferencias y controversias jurídicas se pueden resolver con el diálogo. De hecho, es práctica común en los negocios. Sin embargo, esto se hace presente en condiciones de estricta legalidad, es decir, cuando el diferendo tiene como referente lo que determina la ley y quiere evitarse un litigio que puede llevar tiempo, en perjuicio de las partes.

Los representantes empresariales han solicitado que el acuerdo pueda realizarse ante el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha ganado ante ellos credibilidad y a su vez, porque le reconocen cercanía con el mandatario. Cuando los funcionarios radicalizan posturas dificultan el entendimiento, y los encuentros de ese tipo regularmente resultan desastrosos, si no es que contraproducentes.

Después de la consulta para la revocación de mandato y de que el presidente no haya logrado la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica que el propuso, es necesario transitar la vía de la política, del acuerdo y del diálogo. Muy poco contribuye al buen ejercicio del gobierno la estigmatización de la oposición o la intimidación de quienes con base en la ley mantienen una postura diferente a la del gobierno.

A la memoria de Rogerio Azcárraga Madero

La consulta para la revocación del mandato plantea, para muchos, la necesidad de que las infracciones en las que se incurrió no dejen precedente. Es evidente que los errores de origen radican en una legislación restrictiva y el haber dejado al INE sin recursos para instalar el número de casillas a las que la ley lo obliga.

El dirigente del PRD ha planteado la nulidad del proceso. La solicitud se entiende a partir de lo ocurrido y la oportunidad que le plantea a la oposición significarle al gobierno y a su partido costos políticos por las irregularidades acreditadas a lo largo del proceso y en la jornada. Sin embargo, la nulidad no hace sentido porque la consulta no es válida, toda vez que no se cumplió con el mínimo de participación a la que la Constitución obliga para que sus resultados tengan efectos vinculantes. No se puede anular lo que no es válido.

La Sala Superior del Tribunal Electoral deberá calificar el proceso y no tendrá mucho que resolver. Una vez que se acredita que no se cumplió con el requisito de 40% de participación, simplemente se tendrá que señalar eso, la invalidez, porque no se cumplió con lo que la Constitución determina.

Parte del problema es que el legislador no definió las bases para calificar la consulta, las faltas específicas y los medios de impugnación. La ley remite a las de comicios para elegir autoridades y es un error, toda vez que la naturaleza de ambos procesos es diferente. Las causales de nulidad no son análogas. Una elección es válida a pesar de la baja participación. La consulta no deriva en un ganador y un perdedor, sino en un resultado revocatorio.

Para mal, desde mi punto de vista, la consulta se definió como un proceso ciudadano, mientras que el electoral es uno de carácter político. Esta situación llevó a la simulación e impidió el debate y el voto informado.

La responsabilidad de autoridades, partidos y ciudadanos por incumplimiento con la ley debe investigarse y sancionarse, pero esto es una decisión judicial diferente al que la Sala Superior debe emprender en su declaratoria. En todo caso, será tarea de la Sala especializada y, si hay mérito para ello, de la fiscalía especializada en delitos electorales.

Finalmente, en la Corte, la mayoría del pleno resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Los votos, aunque mayoritarios, no fueron suficientes para declararla como tal, y en la conciencia de cada ministro queda el sentido de su decisión. Las palabras del Presidente López Obrador el día previo, no tuvieron el mejor sentido sobre el valor supremo de la legalidad y fueron una presión innecesaria a un órgano colegiado que con la votación, demostró autonomía y responsabilidad.

De hecho, el que se mantenga la ley eléctrica no significa que los particulares queden expuestos a la arbitrariedad. Queda abierta la vía del amparo para que se salvaguarden los derechos constitucionales de los gobernados y de las empresas. La afrenta al medio ambiente y a la libre competencia habrá de resolverse por esa vía.

La determinación de la Corte debería modificar la urgencia del gobierno sobre la aprobación de la reforma constitucional. Pero mañana tendrá lugar la consulta para la revocación de mandato y es un tema que presiona de forma natural a la polarización del país. El resultado de ese ejercicio será menos relevante que el de todo el proceso, a lo largo del cual se exhibió un grave daño a la legalidad y a la institucionalidad democrática.

La revocación no tuvo una afortunada redacción en la Constitución y consecuentemente en la ley reglamentaria. Más allá de la previsible retórica triunfalista, prevalecerá en muchos el sentimiento de oportunidad perdida y hasta de fracaso.

Debe preocupar que la magnitud y gravedad de las infracciones previas a la consulta robustecen la posibilidad de que, quienes impugnen y acrediten violaciones, logren que se anule el conjunto del procedimiento, sobre todo si ocurre una movilización desenfrenada y, desde luego, ilegal.

Lo más delicado de la consulta no es la polémica, ni siquiera la baja participación ciudadana. Es que lo ocurrido se vuelva precedente e implique que se puede ignorar la ley, especialmente por las autoridades. Esto significaría tanto como regresar a los peores momentos de la historia política del país. Por lo pronto será fundamental la defensa del INE ante el previsible embate del gobierno y sus personeros.

Las instituciones adolecen por lo general de poco aprecio, porque es difícil valorarlas en la normalidad. En circunstancias particulares o en momentos de crisis, es cuando las condiciones se prestan para entender su funcionalidad y el valor que entrañan. La ley, la justicia, la economía, la seguridad, el bienestar y muchas otras cosas cobran realidad a través del actuar de instituciones.

La mayor fortaleza del país ha sido su capacidad para construir instituciones. El tránsito a la modernidad ocurrió sin rupturas precisamente por la aptitud de dar curso a la reforma y construyendo entidades, normando prácticas y haciendo leyes.

Debe destacarse entre muchas realizaciones la creación del IFE, ahora INE. La normalidad democrática nunca se ha apreciado en su real alcance, precisamente por su propio éxito. Las generaciones de ahora advierten que las elecciones se dan en condiciones de orden, casi siempre de reconocimiento de resultados y con instrumentos que dan confianza y certeza a ciudadanos, competidores y partidos políticos. Ha sido un logro de grandes dimensiones.

El país ha ingresado a un momento difícil. Causas fortuitas como la pandemia o ajenas, como es el deterioro del entorno internacional y otras imputables a los actores políticos, han significado que la incertidumbre aumente. En este contexto es de la mayor preocupación el desentendimiento de lo que establecen las leyes y la Constitución. La polarización ha cobrado una cuota elevada en el consenso y las instituciones están sujetas a una presión social inédita.

Afortunadamente los órganos de justicia se han vuelto un factor valioso para la certeza de derechos en temas fundamentales para el país. No se puede decir lo mismo del Congreso, tampoco del gobierno nacional. De cualquier manera, es importante romper con el ciclo del encono y la desconfianza. Urge tener claro que los gobiernos son temporales, por lo que hay que tener perspectiva sobre lo que es permanente y que es prioritario cuidar. Que las dificultades y problemas presentes no inhiban la capacidad para avizorar el porvenir. Por lo pronto, se requiere no perder aprecio por las instituciones y que todos las cuidemos mucho porque inexorablemente las vamos a necesitar.

La mesura y la prudencia en quienes detentan el poder decisorio del país nunca sobra, mucho menos en tiempos de incertidumbre y complejidad. Es justo en circunstancias como las de ahora, que menos espacio debe haber para la frivolidad, tampoco para el descuido. Son momentos difíciles, mucho es lo que está en juego y el riesgo es mayor.

La disputa por el poder y el empeño para retenerlo, se acompaña, como si fuera natural, de la intransigencia y a veces, del arrebato. La polarización que se vive va a contrapelo de lo razonable, del diálogo y del entendimiento. En estas condiciones, la coexistencia de diferencias se vuelve imposible, y se dificulta la construcción del consenso, incluso en temas tan elementales como es el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del interés nacional.

Por eso es una falta absoluta de prudencia que legisladores vinculados al gobierno externen apoyo al gobierno de Rusia cuando el mundo está al borde de un conflicto bélico mayor derivado de la invasión de esa nación a Ucrania. Es una acción insensata, que además contradice la postura del país, expresada por el embajador De la Fuente en el seno de la ONU.

México no gana con el flirteo de diputados con Rusia. Tampoco el Presidente López Obrador. Sorprende que algún legislador de la oposición se haya sumado a tal postura. Por lo que está de por medio, debiera haber mayor cuidado y actuar en consecuencia a la definición que ha hecho el gobierno sobre tan delicado asunto.

Mesura también se requiere en los temas de la economía. El Presidente sabe que sus palabras tienen un importante significado. Encomiable que invoque su compromiso para mantener la estabilidad macroeconómica. Muy preocupante que se desentienda del cuidado que merece la información que es de competencia del autónomo Banco de México. Seguramente será una lección que se aprenda. Los tiempos venideros lo exigen.

Estamos ingresando al ciclo más complejo y desafiante del sexenio. La situación internacional y la nacional demandan responsabilidad de todos. Una vez concluida la consulta de revocación del mandato, será fundamental acreditar en los hechos mesura en lo interior, prudencia en el exterior.

Independientemente de si aporta a la democracia, o si, por el contrario, será una aduana que cada tres años meterá al país en una vorágine política de desencuentro, la revocación de mandato padece insuficiencias básicas. El descuido de los legisladores fue mayúsculo. No se previó que el supuesto básico del voto es la información, el debate y la deliberación. Se pensó, idealista o ingenuamente, que era un tema de los ciudadanos, cuando por su propia naturaleza se debió dejar amplia libertad para que los partidos, las organizaciones civiles y la autoridad involucrada pudieran hacer campaña hacia una u otra opción de la consulta.

Ahora estamos ante una situación donde las acciones al margen o contrarias a la ley se imponen. Es inexplicable, si la decisión es de la mayor importancia para quien gobierna, ¿por qué se le debe restringir el derecho de defender su causa? La ley debe regular la realidad, no negarla como lo hizo el legislador. La consecuencia de lo que ahora ocurre, es un terrible desgaste para todos, incluso para el órgano electoral y las instancias jurisdiccionales.

El Presidente está por inaugurar este lunes una obra relevante para su gobierno, inexplicable que tenga que hacerse en la penumbra mediática o en la simulación por una ley absurda y contraria a la naturaleza propia de la política. Sobre esta circunstancia se entiende que se haya recurrido a las instancias judiciales para enmendar lo que mal se hizo, pero la cuestión es que la base legal no está en la ley reglamentaria, sino en la Constitución.

El tema habrá de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy difícil que el máximo tribunal se pronuncie a favor del intento de enmendar el error de origen porque no se puede corregir, aunque fuera de sentido común, lo que está en la Carta Magna. El Presidente y su partido no deben reclamar al INE o al órgano jurisdiccional que cumplen con su deber, que es hacer valer la letra constitucional, sino a sus propios legisladores, que son la causa del enredo en el que se ha convertido una consulta cuyos efectos, lejos del propósito original de sus autores, ya han comenzado a ser perniciosos para la vida pública nacional.

En los tiempos que corren, el país enfrenta muchos desafíos. Algunos son de carácter histórico, como la desigualdad, la violencia, la impunidad y la corrupción, y otros de coyuntura. El mundo iba de salida de la tragedia que ha representado la pandemia cuando inicia una inesperada guerra que altera el equilibrio mundial y cuyas implicaciones han sido, de manera inmediata, el incremento de los precios de los energéticos y con ello un efecto inflacionario del que apenas estamos viendo su primer impacto.

El pronóstico es que con ello se pueden llegar a modificar las bases que han dado estabilidad a la economía y a las condiciones de crecimiento. México no es una isla. El panorama y las circunstancias de nuestro país, de pronto, son excepcionales. Así debe ser nuestra respuesta colectiva de cara a problemas que son comunes a todos, sociedad, partidos, empresas y administración pública.

Sabemos que el gobierno ha atemperado, a un significativo costo financiero, los efectos del aumento de combustibles. Pero igual podemos advertir que la situación se vuelve insostenible y pronto llegará el momento de liberar precios y eventualmente hacer ajustes al gasto público, al tiempo que la inflación, de por sí muy elevada, habrá de continuar, afectando el poder adquisitivo de los que menos tienen y presionando hacia la disminución del crecimiento económico.

Sin ánimo alarmista, es necesario reconocer que el país está por ingresar a un acelerado proceso de deterioro, a un estadio de mayor incertidumbre. Sería un grave error y, además, irresponsable por parte de todos, llegar a él en las condiciones de polarización que hoy imperan. El momento requiere de altura de miras para comprometernos, cada quien, desde su trinchera, con la siempre necesaria y oportuna unidad nacional.

Lo inmediato es obviar el escarnio sistemático y las descalificaciones que nos dividen. Demos espacio a un diálogo que permita identificar las coincidencias sobre las cuales cimentar esta unidad, un concepto que de ninguna manera significa anular las diferencias ni cancelar el debate, sino encontrar en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la manera de atender eficazmente los desafíos comunes y proteger lo que más nos importa a todos: bienestar, libertades y democracia.