Es evidente que se dificulta entender la suspensión de un acto reclamado respecto a la sentencia de fondo. En el caso del INE, la Corte resolvió que no se puede aplazar ningún trámite de la consulta, ya que es una obligación constitucional. Esto revierte el acuerdo del Consejo General respecto a la insuficiencia de recursos para cumplir con la responsabilidad de organizarla. Ciertamente, el Instituto había precisado que no se suspendían los actos previstos en la etapa inicial, como es la validación de los documentos de los promoventes.

La decisión no significa sentencia en definitiva. Es deseable una decisión judicial oportuna, y el INE debe estar preparado para cualquier escenario, incuso el que determine que tiene que realizar la consulta con los escasos recursos a su disposición. Como tal, significaría incumplir con la ley que reglamenta la consulta, la que determina que, para estos efectos, deberá implementarse una organización equivalente a la de la elección presidencial de 2018.

No disponer del presupuesto suficiente puede representar hacer este ejercicio con 20% o 30% de las casillas previstas en la propuesta de origen, con mesas de votación abultadas y segmentadas, como sucede con las secciones electorales muy pobladas. Se sale de estándares y de la visión de lo que debe ser una elección confiable. No es lo que la ley determina, ni a lo que el INE está acostumbrado. Aún así deberá hacerse un esfuerzo mayor de imaginación, para asegurar que con los recursos disponibles se puede realizar una consulta que genere certidumbre.

La decisión de la Cámara de ignorar la solicitud financiera del INE para realizar el revocatorio que no gestiona la oposición sino los simpatizantes del presidente, puede interpretarse como un acto de provocación, especialmente por la seriedad del planteamiento presupuestal del INE. Sin embargo, la prudencia debe prevalecer. El INE es una institución de Estado que cumple con una delicada responsabilidad y no es conveniente el enfrentamiento, aunque le asista la razón. Finalmente, como autoridad electoral no puede pasar a la condición de parte interesada, con todo y el interés del gobierno y de su partido de presentarlo como tal.

En diversos frentes de la vida pública se presentan señales nuevas. No deben subestimarse, porque significan una evolución positiva que en mucho favorece la civilidad política y más que eso, un mejor entorno del ejercicio público.

Destacable el diálogo del PAN con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A partir del ambiente de polarización que ha prevalecido por varios años, es gratificante el diálogo entre el gobierno y el principal partido opositor. Es un logro que se debe reconocer, mucho más si resulta fructífero y si esta modalidad se coloca por encima de las agendas políticas de unos y de otros.

También es encomiable el reconocimiento del Presidente a la decisión de la Corte que hace valer la transparencia, con relación al decreto presidencial de agilizar la obra pública declarándola de manera genérica de interés público y de seguridad nacional. Aunque el Presidente infirió una convalidación del decreto en su conjunto, lo que no estaba en la resolución, sin duda es positivo que no sólo actúe con respeto a la decisión judicial, sino que se pronuncie favorablemente por la transparencia.

El informe del presidente de la Suprema Corte es otro de los acontecimientos relevantes. Los resultados de la presidencia del ministro Zaldívar es para reconocerse. Tenemos un poder judicial más productivo, confiable y apartado de los vicios que afectan la credibilidad del ejercicio de la justicia. Los medios, en su afán de simplificar el complejo lenguaje de la gestión pública, desvirtuaron el dicho del presidente de la Corte respecto al fin de la corrupción. Lo que ha concluido es la corrupción consentida o promovida desde las altas esferas.

Finalmente, el reencuentro del Presidente con los gobernadores el jueves en Tabasco, representa un paso en la dirección correcta. La unidad y la coordinación entre el orden federal y el local es el mensaje adecuado para el país. Las diferencias partidistas y la competencia electoral no deben comprometer el entendimiento. El reconocimiento al Secretario de Gobernación es obligado. Igual a los mandatarios y, particularmente al de Hidalgo, Omar Fayad, presidente de la Conago.

Un buen sector de la opinión pública se refiere a los partidos políticos en forma negativa. La crítica también se centra en el régimen de partidos. Por esta consideración, los estudios de opinión muestran que las organizaciones políticas siempre han estado en el piso de la confianza ciudadana. La cuestión es que no hay democracia posible, al menos todavía no se conoce, que exista sin partidos. Libertad de prensa y partidos abrevan de la misma fuente: la democracia.

Las reglas sobre los partidos no son virtuosas. Desde 2007 se oficializó que su democratización para seleccionar candidatos no es obligatoria, sino decisión discrecional de sus dirigencias, a pesar de que ostentan el monopolio de la representación política y de su carácter de entidades de interés público, subvencionadas con recursos públicos. Las encuestas como proceso interno para elegir dirigentes o candidatos, son un ardid para no democratizarse.

La falla mayor es que confunde tres derechos a diferenciar: la libertad de asociación con la figura de partido; el derecho de competir en elecciones y el acceso a las prerrogativas. El derecho humano de asociación debe ser absoluto, y más para conformar partidos, que son plataformas de lucha por un objetivo compartido entre sus miembros. Competir en elecciones debiera tener la mayor apertura posible en la medida en que no complique el proceso electoral; algo se ha avanzado con las candidaturas independientes, pero el que solo cada seis años se abra la puerta para el registro de nuevos partidos es restrictivo en extremo. Lo único razonable en nuestra legislación, es que se requiera un umbral de votos para acceder a las prerrogativas, pero falta aplicar principios de mayor equidad al existente, que favorece a los grandes partidos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido una resolución histórica que avala la decisión del INE de pérdida de registro de tres partidos que no alcanzaron 3% de los votos en junio pasado. Es la regla que existe, y es inaceptable relativizar los términos de la Constitución, como se pretendía. La buena noticia es que el TEPJF entiende que el fortalecimiento de la democracia transita, necesariamente, por el rescate de la confianza en sus instituciones.

Una preocupación genuina derivada de la reforma electoral de 2007 ha sido la restricción a la libertad de expresión de particulares. En el afán de cuidar la equidad, se cometió el exceso de restringir y castigar las libertades ciudadanas. Por tal consideración es de la mayor relevancia la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto a la revisión de la sentencia de la Sala Regional, en ocasión de un texto de Carlos Alazraki en El Universal en el periodo de veda de la pasada elección, en la que el articulista llama a no votar MORENA, PVEM y PT y a sufragar por cualquiera de los partidos de la Alianza Sí Por México.

Los temas de controversia son: 1 ¿La prohibición de realizar actos o emitir mensajes de propaganda electoral durante el periodo de veda es aplicable a las personas que ejercen el periodismo? 2 ¿Un medio de comunicación social es responsable por las expresiones que realizan sus periodistas o colaboradores en caso de que sean ilícitas? ¿Es exigible a los medios una revisión y control del contenido de las publicaciones que difunden? 3 ¿Los partidos políticos incurren en responsabilidad si no se deslindan de las manifestaciones que a su favor haga un periodista?

MORENA presentó una denuncia en contra Carlos Alazraki y El Universal y reclamó que los partidos PAN-PRI-PRD incurrieron en responsabilidad al no deslindarse. La Sala Regional dictó una sentencia en la que dio por cierta la infracción y la responsabilidad del periodista y de los partidos. Respecto al medio no lo responsabilizó, toda vez que imponerle la obligación de validar las publicaciones de sus colaboradores significaría obligarlos a la censura previa.

La Sala Superior al revisar la sentencia a iniciativa del PRD y del medio, la modificó de manera relevante para proteger la libertad de expresión al señalar, primero, que los periodistas no están entre los sujetos infractores de la veda electoral, salvo que se demuestra una vinculación con algún partido político o candidatura. Segundo, los medios no deben impedir la publicación de sus colaboradores. Tercero, Carlos Alazraki no tiene vinculación con partido alguno, por lo que él ni los partidos aludidos tienen responsabilidad ni son acreedores a sanción alguna.

El país vive en la polarización a partir del acumulado de malos resultados de sus autoridades, del descrédito y descontento social que ello genera, de los desencuentros políticos y especialmente, por la percepción de venalidad de sus gobernantes. No es un problema nuevo. De hecho, sus expresiones electorales se manifiestan con claridad a partir de la elección en Nuevo León en 2015 y en los comicios de 2016, dominados por la alternancia y proyectos disruptivos exitosos. Quienes estaban en el poder no midieron la magnitud del deterioro y de la rebelión en curso.

En 2018, el candidato López Obrador entendió muy bien el sentimiento en la sociedad mexicana. El resultado de la elección lo acredita. También advirtió que el mejor espacio para ejercer el poder presidencial era el del activismo social, en otras palabras, dar continuidad a la contienda más allá del desenlace de la elección. Esto llevó a acentuar la polarización y también a elevadas tasas de aprobación de la persona del Presidente, no del gobierno, tampoco de sus resultados.

La polarización ha sido alentada desde el poder. La elección intermedia que significó el regreso de la pluralidad en la Cámara de Diputados y el resultado adverso del partido gobernante en los grandes centros urbanos no llevó a matizar el clima de confrontación política, sino lo contrario. Hoy el país está más dividido que siempre.

La cuestión es que la polarización compromete a la institucionalidad, a la confianza entre los actores políticos y a la concordia entre los mexicanos. En sus extremos también a la legalidad. El diálogo se desacredita, así como se dificultan los entendimientos. No hay puentes sino frentes de guerra en los polos de la confrontación. La moderación y el acuerdo caen en descrédito no sólo por el poder, también por quienes se le oponen.

La pregunta obligada es por cuanto tiempo más el país vivirá en el desencuentro. Seguramente el climax serán las campañas de 2024. El desenlace previsible, sin importar quién prevalezca en la elección presidencial, significará el regreso del gobierno dividido. Esto obliga no sólo a la concordia y a la civilidad políticas, sino, sobre todo, a la corresposabilidad. No está demás ir pensando en el futuro cercano y actuar en consecuencia.

La Cámara de Diputados no asignó recursos suficientes para la consulta que, de cumplirse los requisitos establecidos en la ley, habrá de organizar el INE sobre la revocación de mandato. Represalia, sentido de austeridad o lo que sea, la realidad es que no hay recursos. El presidente ha sugerido una salida al dilema. La realidad es que los fideicomisos del organismo, no están disponibles porque tienen destino legalmente predeterminado.

El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova ha dicho que el INE cumplirá en la medida de sus posibilidades. Cierto es que, al no darse un incremento de lo asignado, la consulta no cumpliría con lo originariamente planteado, particularmente respecto al número de centros de votación.

La degradación en la ejecución de este derecho constitucional va a contrapelo del propósito político del Presidente. Por eso no se entiende la determinación de la mayoría legislativa. Menos casillas, además de ser contrario a lo que establece la ley, significa que los ciudadanos tengan que hacer mayores traslados.

De hecho, en un ejercicio como el que se propone, la mayor dificultad se centra en la concurrencia de los ciudadanos a las urnas. Morena debería entender que, si impera el abstencionismo, se afectará un proceso que previsiblemente favorece la continuidad del Presidente López Obrador en el ejercicio de su responsabilidad.

Se ha señalado que el propósito de la mayoría en la Cámara no es imponer la austeridad al INE, sino más bien dificultar su desempeño y de esta manera, poner en entredicho su capacidad y determinación para cumplir con sus responsabilidades y eventualmente, justificar una embestida jurídica en contra de los integrantes del Consejo General.

Es importante que el INE proceda a presentar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a manera de que el máximo tribunal revise y ordene a la Cámara de Diputados asignar el presupuesto para organizar el revocatorio con todos los elementos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir.

El INE con o sin recursos, tiene la obligación de cumplir con la tarea de organizar la revocación de mandato. ¿O estamos frente al caso de que ante lo imposible nadie está obligado?

Uno de los capítulos recientes más alentadores y promisorios de la política ha sido la comparecencia ante la Cámara de Diputados, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Como se esperaba, la mayoría tuvo una actitud hostil que, por algunos momentos, llegó a la falta de comedimiento e incluso a la franca grosería. Pero el escándalo no afecta al compareciente, sino a quien, propiciándolo, exhibe que no está a la altura de la honrosa representación que ostenta.

Pero anécdotas sobre la ausencia de un diálogo republicano aparte, lo difícil de comprender es la disminución a la propuesta de presupuesto planteada por el INE a la Cámara. La mayoría legislativa señala que está dispuesta a aprobar un presupuesto similar al de 2019, pero a diferencia de aquel año, en 2022 habrá seis elecciones de gobernador y, seguramente, una consulta para la revocación de mandato que Morena promueve.

Se puede entender y compartir la exigencia de austeridad, la necesidad de ahorros para reducir el gasto. La cuestión es que los procedimientos que habrá de emprender el INE, los que están en la ley y se corresponden a lo que los partidos han demandado históricamente en materia de certeza, legalidad, independencia, autonomía y transparencia, tienen un costo elevado.

Comparto la idea de que es mucho lo que se gasta en materia electoral. No tanto por las prerrogativas a los partidos, sino porque se hizo del INE una institución modelo para un país que históricamente ha desconfiado de los procesos electorales y para ello se le dotó de personal profesional, patrimonio y de instrumentos costosos como es el padrón electoral. Aún así, por los resultados se puede decir que ha sido un dinero bien invertido.

El INE está expuesto como nunca, al escrutinio, no tanto público como desde el poder. Sin embargo, una evaluación objetiva revelaría que es de lo mejor en cuanto a los órganos autónomos, por la confiabilidad y profesionalismo mostrados en su desempeño. Ahora tiene la encomienda de prepararse para una consulta que plantea el más grave de los escenarios, tan improbable como indeseable: la revocación del mandato del Presidente López Obrador. Precisamente por ello no debe haber recursos ni medios para regatear.

La democracia fortalece el debate sobre los asuntos públicos y el debate fortalece a la democracia. Los órganos representativos, como es el Congreso, son por excelencia espacios para la deliberación y la confrontación de ideas, esenciales en un sistema político liberal como el nuestro. Sin embargo, esto no es suficiente. Sin demeritar la importancia del Poder Legislativo, muchas de las determinaciones requieren una discusión más allá del espectro parlamentario.

La reforma eléctrica es un buen ejemplo de la necesidad de una discusión amplia, incluyente y con apertura mediática. Las encuestas de GCE y El Financiero coinciden; hay dos aspectos a destacar muy preocupantes: el escaso conocimiento de la población sobre su contenido y en contrasentido, el apoyo mayoritario a la propuesta presidencial.

Como tal es una buena decisión la convocatoria del líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para que el sector empresarial participe de las necesarias discusiones sobre el futuro del sector, y ampliar el término para su aprobación. Es imprescindible la opinión de los empresarios y sus organismos. Sus preocupaciones son genuinas y deben estar presentes en el debate. Pero no son las únicas. Expertos en el tema, organizaciones ambientalistas e inversionistas en energías limpias deben estar presentes, igual que los especialistas en materia internacional, no sólo para enmarcar globalmente la iniciativa presidencial, sino para evaluar sus efectos en materia de inversión, medio ambiente y posibles controversias legales.

Desde luego que la decisión final corresponde al Constituyente permanente. Los partidos políticos, en su mayoría, así como las fracciones parlamentarias han definido posición. Es evidente que no hay mayoría calificada, posiblemente ni siquiera mayoría absoluta a favor de la propuesta en sus términos originales. Pero no es un ajuste o cambios menores lo que la harían viable, sino un proyecto totalmente diferente. Precisamente para eso son las deliberaciones incluyentes, para que los legisladores normen sus criterios y hagan ejercicio de un voto razonado e informado. La tarea mayor está del lado de quienes se oponen a la propuesta, porque el gobierno y quienes están a favor han hecho muy bien la suya.

Hasta hace poco existía la idea generalizada de que al Presidente López Obrador se le habría de reducir su nivel de aceptación popular a partir de los magros resultados del ejercicio de su gobierno. La realidad es que la evaluación del mandatario está desvinculada de la eficacia o ineficacia de su administración. Casi todos los estudios coinciden en una calificación próxima a 60 por ciento para el mandatario, y una reprobación en los principales planos del desempeño a su gobierno.

Las explicaciones se centran en el protagonismo mediático, que fija los términos de la agenda y crea polémica que distrae del escrutinio sobre lo relevante. Algo hay de cierto, pero tal idea es insuficiente para explicar el fenómeno. Hay dos aspectos que se deben incorporar: la forma de la comunicación y la conexión que existe entre lo que dice el Presidente y los valores, sentimientos y emociones que imperan en la sociedad.

Efectivamente, la forma coloquial, simple y en ocasiones prejuiciosa del lenguaje presidencial hace llegar el mensaje con mayor efectividad, especialmente si se compara con la formalidad de la comunicación política convencional. Lo disruptivo es lo de ahora.

El que el Presidente haya mantenido un perfil de activista social después de llegar a la Presidencia le ha permitido dar continuidad a la adhesión de origen. El presidencialismo exacerbado y el estatismo a contrapelo de la democracia, tiene profundas raíces en el imaginario colectivo.

El ejercicio del gobierno es de razones; no así la comunicación. Lo emotivo cuenta, y mucho. Allí es donde están las fortalezas discursivas del Presidente, particularmente por la polarización en la que el pasado es repudiado ampliamente.

Sin embargo, conviene preguntar: ¿Para qué sirve la popularidad? Sirve para mucho, pero no para todo. Para cualquier gobierno es mucho más fácil actuar en medio del consenso ó la aceptación mayoritaria, que en el repudio. La cuestión es que la política inevitablemente debe pasar la prueba de los votos. Ya se vio en la elección intermedia. Puede haber amplia aceptación presidencial, pero no necesariamente votos por su partido, precisamente porque al votar lo que se evalúa no es un proyecto político o una forma de gobernar, sino una persona.

El descontento y las condiciones emocionales de la sociedad mexicana vuelven sumamente complicado y difícil un debate medianamente racional. La polarización lo impide. El intercambio de ideas se torna en insultos y descalificaciones. A pesar de los avances en las libertades, la democracia y la pluralidad, hoy tenemos condiciones que parecen adversas para la coexistencia de las diferencias y la identificación de objetivos y espacios de interés común.

En la democracia occidental, los procesos electorales han sido catalizadores de los sentimientos colectivos. La indignación con el orden de cosas prevaleciente dio espacio para que un proyecto disruptivo como el que encabeza López Obrador llegara a contar con el aval mayoritario de la población. Eso ocurrió hace tres años y por la manera como se gobierna, esa emoción no se ha abandonado. Después del resultado el ganador no convocó a la concordia, tampoco dio por terminada la contienda y un ambiente de beligerancia ha predominado a lo largo de la primera mitad del sexenio. La guerra sacrifica la verdad, mina la confianza en el otro y polariza a la sociedad, esto es, no hay terceras opciones, la lealtad es total o no lo es.

El desencuentro se ha prolongado más allá de lo deseable y tal parece que habrá de prevalecer hasta la otra estación de paso que será la elección de 2024. Por el momento influye en el debate sobre la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Ciertamente, el Presidente dio señales de aceptar modificaciones al proyecto de origen, pero lo hizo a condición de que se mantengan las premisas básicas que lo inspiran, es decir, nada moverá al gobierno del objetivo de restituir el poder a la burocracia, desconocer la función de las instituciones del Estado y cambiar la normatividad sobre las cuales se realizaron inversiones y se pactaron contratos y compromisos.

Lo que está en riesgo no es menor; es la pérdida de un bien fundamental para México, la certeza de derechos.  Difícil situación para el debate racional: el régimen con todos sus recursos a la ofensiva, y enfrente, una oposición dividida, callada y confundida, así como empresas inmovilizadas y sin representación eficaz para hacer valer su voz.