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Sábado, 13 Noviembre 2021 18:08

El presupuesto del INE

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Uno de los capítulos recientes más alentadores y promisorios de la política ha sido la comparecencia ante la Cámara de Diputados, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Como se esperaba, la mayoría tuvo una actitud hostil que, por algunos momentos, llegó a la falta de comedimiento e incluso a la franca grosería. Pero el escándalo no afecta al compareciente, sino a quien, propiciándolo, exhibe que no está a la altura de la honrosa representación que ostenta.

Pero anécdotas sobre la ausencia de un diálogo republicano aparte, lo difícil de comprender es la disminución a la propuesta de presupuesto planteada por el INE a la Cámara. La mayoría legislativa señala que está dispuesta a aprobar un presupuesto similar al de 2019, pero a diferencia de aquel año, en 2022 habrá seis elecciones de gobernador y, seguramente, una consulta para la revocación de mandato que Morena promueve.

Se puede entender y compartir la exigencia de austeridad, la necesidad de ahorros para reducir el gasto. La cuestión es que los procedimientos que habrá de emprender el INE, los que están en la ley y se corresponden a lo que los partidos han demandado históricamente en materia de certeza, legalidad, independencia, autonomía y transparencia, tienen un costo elevado.

Comparto la idea de que es mucho lo que se gasta en materia electoral. No tanto por las prerrogativas a los partidos, sino porque se hizo del INE una institución modelo para un país que históricamente ha desconfiado de los procesos electorales y para ello se le dotó de personal profesional, patrimonio y de instrumentos costosos como es el padrón electoral. Aún así, por los resultados se puede decir que ha sido un dinero bien invertido.

El INE está expuesto como nunca, al escrutinio, no tanto público como desde el poder. Sin embargo, una evaluación objetiva revelaría que es de lo mejor en cuanto a los órganos autónomos, por la confiabilidad y profesionalismo mostrados en su desempeño. Ahora tiene la encomienda de prepararse para una consulta que plantea el más grave de los escenarios, tan improbable como indeseable: la revocación del mandato del Presidente López Obrador. Precisamente por ello no debe haber recursos ni medios para regatear.

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