nota de la semana (69)
Lo bueno a veces no es noticia, lo excelente todavía menos. Lo más destacable de las seis elecciones del pasado domingo es la ratificación de la normalidad democrática. Quizás a muchos esto no les signifique importancia; sin embargo, ante el debate sobre el cambio sustantivo a las instituciones electorales es preciso tener idea clara de lo que se tiene.
Valorar al INE y al Tribunal Electoral en amplia perspectiva histórica permite concluir que ha sido una de las grandes realizaciones del México contemporáneo, sobre todo si se advierte el punto de partida y el esfuerzo conjunto para lograr el objetivo de una democracia electoral a la altura de cualquier estándar. Hablamos de Instituciones que precisamente por el éxito de sus resultados, podrían hoy no ser valoradas en su exacta dimensión.
El costo financiero de tener órganos electorales confiables es elevado, sería mucho mayor si se perdiera lo alcanzado. Por la desconfianza se construyeron salvaguardas para dar garantías a los contendientes y a los partidos sobre la calidad de los órganos electorales.
Siempre hay espacio para mejorar todas nuestras instituciones, pero esto debe ser resultado del consenso. Si lo que existe funciona más que razonablemente bien no hay razón para cambiarlo. Menos si la iniciativa del Ejecutivo afecta la pluralidad al dar puerta abierta a la sobre representación de la minoría mayor y la virtual eliminación de los partidos pequeños. La elección de autoridades y magistrados electorales más bien parece un exceso que raya en el absurdo.
La democracia se convalida con su práctica. El pasado domingo se instalaron en forma todas las casillas, la jornada se realizó en orden, la información electoral fue oportuna y precisa. El INE y los órganos electorales locales son motivo de orgullo y reconocimiento por los ciudadanos y por los contendientes en la oposición.
La aduana que tendrá que transitarse es la designación de cuatro consejeros electorales, decisión a cargo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Concluye con éxito Lorenzo Córdova su desempeño como consejero presidente; sólo la mezquindad podría regatearle su prístina gestión. Lo que corresponde ahora es que el consenso lleve a una integración confiable para todas las fuerzas políticas.
El fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reviste un sano precedente para determinar y esclarecer los alcances de las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto de los órganos autónomos en general, y particularmente, del INE. La mayoría de la Cámara, de manera contraproducente al objetivo de tener una consulta de revocación de mandato en términos de lo que la ley establece, decidió reducir 4,913 millones de pesos la propuesta de presupuesto planteado por el INE. La Cámara llamó al consejero presidente Lorenzo Córdova a explicar el planteamiento del órgano electoral en una sesión histórica.
La decisión de reducir el presupuesto tuvo consecuencias graves en demérito del INE y de los derechos políticos de los ciudadanos, ya que para ese ejercicio de consulta realizado el 10 de abril pasado, sólo se pudo instalar una tercera parte de los centros de votación a los que la ley obligaba. La principal causa de la baja participación en la consulta fue el poco número de casillas.
La Primera Sala determina que la Cámara tiene facultades para decidir el presupuesto del INE, pero debe fundar, motivar y razonar la decisión de reducir el presupuesto, lo que no ocurrió. Para tales efectos concede 30 días hábiles para que se cumpla con lo ordenado, tema que para atender en tiempo la sentencia, requerirá de un periodo de sesiones extraordinarias.
El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, rebasa los límites de su responsabilidad. Se ha comportado como vocero de su fracción y no como lo que es, presidente de la Cámara. A él se debe la denuncia contra consejeros del INE y ahora, se ha apresurado a reiterar la decisión de la Cámara, cuando lo que el Poder Judicial ordena es razonar y motivar las decisiones, no imponerlas unilateralmente.
Independientemente de lo que pudiera ocurrir para enmendar la insuficiencia presupuestal de un órgano autónomo clave para la vida institucional y democrática del país, con esta decisión, una vez más, el Poder Judicial Federal ratifica su condición como la instancia más relevante para hacer valer la constitucionalidad de las decisiones legislativas y, como tal, de contención al abuso del poder.
La polarización tiene como origen el descontento de una parte significativa de la población con el orden de cosas, y precede al arribo del proyecto político disruptivo del ahora presidente López Obrador. La valoración negativa del pasado y su legado institucional del que abreva el desencuentro persisten, en gran parte, porque no obstante estar ya casi cuatro años en el poder, el nuevo régimen ha encontrado hábilmente el modo de trasladar la insatisfacción social, incluso la del presente, a lo que se hizo en administraciones anteriores.
Las diferencias son naturales en toda democracia. No sólo las que se expresan en los partidos y los órganos legislativos respecto a lo que hacen las autoridades, también la que ocurre en el ejercicio de la libertad de expresión, la postura de los factores de interés y el activismo de las organizaciones civiles y las actitudes ciudadanas en general. En un entorno de descontento, los espacios de consenso son sumamente estrechos, más cuando lo que es común a todos se presenta como si perteneciera solo a una parte. El país, la patria y la democracia es de todos.
El disenso no debe descalificarse, porque eso va a contrapelo de la coexistencia de la diversidad, fundamental en toda realidad democrática. El presidente está en su derecho también de promover y defender su proyecto, pero no de cuestionar para descalificar e inhabilitarlo, a quien no lo comparte, sea un órgano autónomo como el INE, un poder como el Poder Judicial o un ciudadano como muchos de los que participan de la opinión editorial. Diferir es parte de la normalidad, no es traición a la patria, tampoco embestida de los enemigos del cambio. Se puede afirmar que una buena oposición sirve al mismo poder.
Lo que debe preocuparnos es que el desencuentro se lleve a extremos que modifiquen las reglas que garantizan la civilidad y las instituciones que permiten la conducción de la competencia por el poder. La idea de mayoría calificada para el cambio constitucional es que esto sólo puede ser procesado por el consenso de la pluralidad. Ante la proximidad de los comicios generales de 2024 es menester que el disenso cobre curso sin comprometer el acuerdo en torno a lo que es común a todos.
La legalidad plantea desafíos complejos de resolver. Todo proyecto político aspira a trascender y para ello es fundamental el legado de instituciones, prácticas y normas, lo que remite al ámbito legislativo. Para el Poder Legislativo es todo un tema. La deliberación y el acuerdo parlamentario debe cumplir con los objetivos que se pretenden con el apego a la Constitución.
Las leyes se aplican y se interpretan, también son objetivo de revisión por temas de competencia y de cumplimiento con la Carta Magna. Así el Poder Judicial tiene que hacer valer con rigor la legalidad en cuanto a los actos de autoridad o para resolver las controversias entre particulares, también le corresponde valorar la competencia del proceso legislativo y que el contenido de la norma sea constitucional.
Para el ciudadano el tema de legalidad es fundamental porque se trata de la certeza de sus derechos. Es decir, cuál es el límite a que se debe someter la autoridad frente a los legítimos intereses y acciones del gobernado.
El país acusa desde hace tiempo un lamentable déficit de legalidad. Las altísimas tasas de impunidad sobre casos en el orden criminal es la evidencia; el Estado es incapaz de hacer valer la ley en lo fundamental y eso involucra por igual a las autoridades a cargo de la prevención, al ministerio público, responsable de la investigación e inicio del proceso penal, al órgano jurisdiccional en su encomienda de impartir justicia y hasta al régimen de sanción, a cargo de los gobiernos. El abuso de la prisión preventiva y encarcelados sin sentencia son oprobio.
El problema también está en el ámbito civil y ratifica que el acceso a una justicia pronta y expedita es más aspiración que realidad. Está más en el discurso que en el día a día.
Considero que el reto mayor para el futuro del país es la legalidad. Todo proyecto de gobierno pretende resolver mucho en poco tiempo, y casi siempre acaba haciendo poco en largos tiempos. Es preciso centrarse en un objetivo. Abatir la impunidad, sin duda, es el gran paso para superar muchas de las insuficiencias que se padecen y que hoy son causa de discordia política, descontento social y pérdida colectiva de la estima sobre lo mucho bueno que tenemos como país.
La justicia penal y el sistema carcelario de un país es la medida de la civilidad y el humanismo de una sociedad. En México no pasamos la prueba a pesar de reiterados intentos de mejorar. Hay un problema muy severo en cuanto a la eficacia de la justicia y todavía peor, hay un abuso discrecional y selectivo de uno de los instrumentos más delicados para la justicia penal: la prisión preventiva. Se asume que la presunción de inocencia sería suficiente para que jueces y fiscales tuvieran mayor cuidado para recurrir a lo que es una sentencia anticipada.
El país vive el peor de los mundos, impunidad rampante y detenidas y detenidos por años en cárceles deplorables sin que hayan concluido el proceso penal y a veces sin haberlo iniciado. La visita del ministro presidente, Arturo Zaldívar al reclusorio femenil de la Ciudad de México es una invitación para un debate en términos de derechos humanos, responsabilidad política y eficacia del sistema de justicia.
La prisión preventiva debe ser excepcional y con propósito único de evitar que presuntos responsables se sustraigan de la justicia. Hay muchas opciones para tales propósitos, no sólo se trata de calificar delitos en función de la sentencia corporal media o del criterio de gravedad del legislador. Lo relevante es el imputado, el presunto responsable. Los casos son múltiples de personas que es evidente que encararían el proceso en su contra fuera de la cárcel, como Rosario Robles o el empresario Eustaquio de Nicolás. Justamente el exceso y la discrecionalidad es la didáctica para que los demás opten por la complicada condición de prófugo de la justicia, en lugar de someterse al proceso penal.
El tema no afecta casos emblemáticos que cuentan con sólida defensa penal, pero adquiere condición de un verdadero drama social para muchas personas en condiciones de pobreza o abandono. Es importante visibilizar la magnitud del problema y concertar acciones interinstitucionales para encontrar una salida a este reto. Se puede y debe hacer. Esto es una llamada de atención a todo el sistema carcelario nacional. Seguramente Santa Martha Acatitla, con todo y sus problemas, dentro de lo muy malo es lo menos peor.
La iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral y política es provocadora por su contenido y sus implicaciones. De antemano se advierte su imposible aprobación, toda vez que afectaría severamente a quienes deben aprobarlo y el daño a lo que mucho tiempo, dinero y esfuerzo ha significado alcanzar: órganos electorales confiables.
En un amplio sector de opinión se considera que el proyecto de reforma tiene como propósito abonar a la contienda de 2024. El eje de su presentación, su envoltura, es reducir el alto costo que significa la política, esa, reitero es la envoltura. El tema, astutamente, toca fibras sensibles respecto a la mala imagen que tienen los partidos, los políticos y los legisladores, particularmente por el abuso, el dispendio y la corrupción. Reducir el costo es un argumento perfecto de campaña electoral. Una manera de reiterar que “no somos iguales”, aunque la evidencia acredite que sí somos.
Resultado de esta circunstancia hay quien considera no dedicar mayor atención a la iniciativa para no distraerse de temas de mayor impacto como es la economía, la seguridad pública o la ética y eficacia en el servicio público. Estimo que con el silencio gana terreno una propuesta que no abona al desarrollo democrático del país, además, la idea de cambio no puede ser monopolio de un proyecto o partido político. Las instituciones electorales y las fórmulas de integración de Cámaras deben revisarse y mejorarse. Tampoco debe soslayarse mejorar la asignación de recursos a autoridades electorales, partidos políticos y campañas.
Más allá de la expectativa del proceso legislativo estimo útil y conveniente que distintas voces planteen su idea sobre la reforma electoral deseable. Por ejemplo, en este espacio en repetidas ocasiones he señalado el inconveniente que tiene para el INE sus atribuciones de sanción. En mi opinión esta tarea debe asignársele al Tribunal Electoral o a un órgano independiente del que ahora tiene como responsabilidad organizar las elecciones. De igual manera, es necesario abrir al elector, desbloquear, las listas de candidatos plurinominales y hacer mandatorio la democratización para la selección de candidatos. Son muchas las ideas que pueden ampliar la deliberación a manera de construir.
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Uno de los aspectos de mayor rechazo en la iniciativa constitucional del presidente López Obrador es la desaparición, además del Tribunal Electoral, del INE, que es una de las instituciones de mayor peso en el desarrollo democrático del país, garantía de elecciones confiables, y sin duda alguna, la mayor realización política del México contemporáneo. Todavía más controversial es la modalidad de designación de consejeros y magistrados. La elección popular es una definición esencialmente política, politizar responsabilidades técnicas es a todas luces contraproducente.
La profesionalización del quehacer electoral es una de las premisas del buen desempeño del órgano electoral. Las elecciones de 2018 y de 2021, así como la consulta para la revocación de mandato, son evidencia sobrada sobre la solvencia, confiabilidad y eficacia del INE y del Tribunal Electoral. Es inexplicable que quien invoca insuficiencia y falta de probidad de la autoridad electoral sea quien ha ganado el poder a través del impecable trabajo de quien cuestiona.
Es inevitable que los partidos opositores y una parte importante de la opinión pública rechacen la iniciativa presidencial. Por lo mismo es imposible que la iniciativa obtenga los votos suficientes, sobre todo por los otros temas de difícil aceptación como es la modalidad de elegir diputados y senadores por listas estatales, lo que significa la sobrerrepresentación del partido mayoritario y la exclusión de las minorías de la representación legislativa.
El tema central es fortalecer al INE en su autonomía, profesionalismo y sus resultados. El costo electoral no es un tema menor, pero es irrelevante si en esta visión de austeridad se compromete la confiabilidad del órgano electoral. De la misma forma ocurre con el pretendido ahorro en el gasto legislativo de la iniciativa, que se busca disminuyendo diputados y senadores con una fórmula que, en su integración, daña la pluralidad.
Si bien es populista y, por ende, socialmente persuasiva, la reforma parte de un error de diagnóstico que regatea el justo reconocimiento a un sistema que se ha ido adaptando con éxito a los estándares democráticos. La reforma que urge es aquella que consolide la ruta institucional y que la blinde de pretensiones autoritarias.
El diálogo siempre será bienvenido. Es la vía normal para gobernar, ganar respaldo y que las decisiones de autoridad sean enriquecidas por las opiniones de otros. El diálogo como base para el entendimiento debe ser auténtico, esto es, que quien invita y quienes participan, deben aceptarlo como un ejercicio de encuentro, sin prejuicios y sin posturas irreductibles.
Para algunos, con malicia, para otros, con ingenuidad, los representantes empresariales han correspondido con prontitud a la invitación del Presidente López Obrador para explorar la posibilidad de un entendimiento con miras a la aplicación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
La cuestión que empaña el proceso de diálogo es el amago presidencial sobre la responsabilidad penal, para él implícita, en los negocios de las empresas de autoabasto. El presidente debe aclarar o precisar su postura, ya que reiterarla no es una invitación al encuentro respetuoso, más bien pareciera la expresión de un deseo al sometimiento total.
Las diferencias y controversias jurídicas se pueden resolver con el diálogo. De hecho, es práctica común en los negocios. Sin embargo, esto se hace presente en condiciones de estricta legalidad, es decir, cuando el diferendo tiene como referente lo que determina la ley y quiere evitarse un litigio que puede llevar tiempo, en perjuicio de las partes.
Los representantes empresariales han solicitado que el acuerdo pueda realizarse ante el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha ganado ante ellos credibilidad y a su vez, porque le reconocen cercanía con el mandatario. Cuando los funcionarios radicalizan posturas dificultan el entendimiento, y los encuentros de ese tipo regularmente resultan desastrosos, si no es que contraproducentes.
Después de la consulta para la revocación de mandato y de que el presidente no haya logrado la mayoría calificada para aprobar la reforma eléctrica que el propuso, es necesario transitar la vía de la política, del acuerdo y del diálogo. Muy poco contribuye al buen ejercicio del gobierno la estigmatización de la oposición o la intimidación de quienes con base en la ley mantienen una postura diferente a la del gobierno.
A la memoria de Rogerio Azcárraga Madero
La consulta para la revocación del mandato plantea, para muchos, la necesidad de que las infracciones en las que se incurrió no dejen precedente. Es evidente que los errores de origen radican en una legislación restrictiva y el haber dejado al INE sin recursos para instalar el número de casillas a las que la ley lo obliga.
El dirigente del PRD ha planteado la nulidad del proceso. La solicitud se entiende a partir de lo ocurrido y la oportunidad que le plantea a la oposición significarle al gobierno y a su partido costos políticos por las irregularidades acreditadas a lo largo del proceso y en la jornada. Sin embargo, la nulidad no hace sentido porque la consulta no es válida, toda vez que no se cumplió con el mínimo de participación a la que la Constitución obliga para que sus resultados tengan efectos vinculantes. No se puede anular lo que no es válido.
La Sala Superior del Tribunal Electoral deberá calificar el proceso y no tendrá mucho que resolver. Una vez que se acredita que no se cumplió con el requisito de 40% de participación, simplemente se tendrá que señalar eso, la invalidez, porque no se cumplió con lo que la Constitución determina.
Parte del problema es que el legislador no definió las bases para calificar la consulta, las faltas específicas y los medios de impugnación. La ley remite a las de comicios para elegir autoridades y es un error, toda vez que la naturaleza de ambos procesos es diferente. Las causales de nulidad no son análogas. Una elección es válida a pesar de la baja participación. La consulta no deriva en un ganador y un perdedor, sino en un resultado revocatorio.
Para mal, desde mi punto de vista, la consulta se definió como un proceso ciudadano, mientras que el electoral es uno de carácter político. Esta situación llevó a la simulación e impidió el debate y el voto informado.
La responsabilidad de autoridades, partidos y ciudadanos por incumplimiento con la ley debe investigarse y sancionarse, pero esto es una decisión judicial diferente al que la Sala Superior debe emprender en su declaratoria. En todo caso, será tarea de la Sala especializada y, si hay mérito para ello, de la fiscalía especializada en delitos electorales.
Finalmente, en la Corte, la mayoría del pleno resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Los votos, aunque mayoritarios, no fueron suficientes para declararla como tal, y en la conciencia de cada ministro queda el sentido de su decisión. Las palabras del Presidente López Obrador el día previo, no tuvieron el mejor sentido sobre el valor supremo de la legalidad y fueron una presión innecesaria a un órgano colegiado que con la votación, demostró autonomía y responsabilidad.
De hecho, el que se mantenga la ley eléctrica no significa que los particulares queden expuestos a la arbitrariedad. Queda abierta la vía del amparo para que se salvaguarden los derechos constitucionales de los gobernados y de las empresas. La afrenta al medio ambiente y a la libre competencia habrá de resolverse por esa vía.
La determinación de la Corte debería modificar la urgencia del gobierno sobre la aprobación de la reforma constitucional. Pero mañana tendrá lugar la consulta para la revocación de mandato y es un tema que presiona de forma natural a la polarización del país. El resultado de ese ejercicio será menos relevante que el de todo el proceso, a lo largo del cual se exhibió un grave daño a la legalidad y a la institucionalidad democrática.
La revocación no tuvo una afortunada redacción en la Constitución y consecuentemente en la ley reglamentaria. Más allá de la previsible retórica triunfalista, prevalecerá en muchos el sentimiento de oportunidad perdida y hasta de fracaso.
Debe preocupar que la magnitud y gravedad de las infracciones previas a la consulta robustecen la posibilidad de que, quienes impugnen y acrediten violaciones, logren que se anule el conjunto del procedimiento, sobre todo si ocurre una movilización desenfrenada y, desde luego, ilegal.
Lo más delicado de la consulta no es la polémica, ni siquiera la baja participación ciudadana. Es que lo ocurrido se vuelva precedente e implique que se puede ignorar la ley, especialmente por las autoridades. Esto significaría tanto como regresar a los peores momentos de la historia política del país. Por lo pronto será fundamental la defensa del INE ante el previsible embate del gobierno y sus personeros.
