La libertad de manifestación y el quehacer legislativo son imprescindibles en la democracia. Nadie debe darse por agraviado si algunos o muchos se manifiestan a favor de una causa o incluso en contra de una autoridad. La marcha en defensa del INE del pasado domingo significa mucho más que un sano precedente en el ejercicio de la libertad de manifestación, es la determinación de muchos mexicanos para proteger a la institución eje de la vida electoral y por lo mismo fundamento de la democracia mexicana. Su mensaje va dirigido a los legisladores a manera de frenar la embestida contra la institucionalidad democrática.

Los resultados son muy alentadores en muchos sentidos. Quedó claro que no habría mayoría calificada y por lo mismo no habrá reforma constitucional en los términos de la iniciativa presidencial. También, la respuesta ciudadana generó un nuevo momento de la sociedad de participación política que trasciende a los partidos y las preocupaciones tradicionales de los políticos. Asimismo, despertó un sentimiento de confianza en la lucha para contener las pretensiones presidenciales y la salvaguarda de las instituciones que son patrimonio del país.

Quien piensa diferente o incluso quienes tienen reservas sobre la autenticidad y la naturaleza de este despertar ciudadano está en su derecho. La coexistencia de visiones encontradas es propia de la democracia. Sin embargo, que se tengan posturas encontradas no debe negar el derecho de diferir ni de coexistir. Es lamentable y preocupante que la exclusión del otro a través de su descalificación y del mismo diálogo tenga lugar desde la presidencia de la República.

La respuesta del presidente López Obrador despierta preocupación porque se ha manifestado la intención de iniciar un proceso legislativo encaminado a acotar y debilitar al INE cuyos resultados serían claramente inconstitucionales. Es su derecho convocar a una manifestación pública para apoyarse a sí mismo. Lo que debe quedar claro es que el debate ya no es sobre el órgano electoral, sino la constitucionalidad de las decisiones del poder legislativo y la pérdida de legitimidad del Congreso por decisiones claramente inconstitucionales.