Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

CIDH: la confianza perdida

Los hechos de Iguala representan un hito en la lucha por la seguridad en México. Un suceso dramático evidenció lo que ocurre en algunas zonas del país donde el crimen organizado ha desplazado al Estado, se ha apropiado de autoridades municipales, hace funcionales a sus ilícitos intereses a las policías municipales, mientras las instancias locales quedan anuladas o sometidas a la red de intereses políticos, económicos y electorales. Además, en esa zona de Guerrero hay presencia de movimientos políticos radicales de viejo origen, situación que ha favorecido el uso político y propagandístico de la tragedia.

La autoridad federal ha cumplido su obligación al detener a casi todos los responsables. Además de sus confesiones, hay elementos probatorios que robustecen la versión de que los normalistas fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al grupo criminal, quienes los asesinaron para luego desaparecer sus restos. Con perversidad se hizo correr la versión de que los muchachos estaban vivos en instalaciones militares y, en la comprensible esperanza de recuperarlos vivos, los padres de las víctimas demandaron que se abrieran la puerta de cuarteles para que sus representantes pudieran inspeccionarlos.

La presencia de la CIDH se explica por la necesidad de construir confianza, especialmente ante los padres de las víctimas y sus representantes legales. Para ello se creó, con financiamiento del gobierno, una comisión de expertos internacionales que se convirtió en una suerte de coadyuvante en las indagatorias. La independencia era su fuerza moral. Sin embargo, no entendieron bien los términos de su mandato, actuaron con prejuicio y descuido, quizás esto venga de la misma CIDH, instancia que ha tenido desde hace tiempo una postura crítica no tanto a la grave situación de los derechos humanos en México, sino al desempeño de las autoridades en la materia. Uno de los problemas que eran previsibles es el efecto negativo del uso extensivo y permanente de las fuerzas militares.

Es claro que la comisión de expertos actuó con el aval de la CIDH. El problema es que su actuación dejó de ser funcional para el objetivo primario: el encuentro con la verdad. El hecho más evidente fue el dictamen que rechazaba la posibilidad de que en el basurero de Cocula hubiera ocurrido la incineración de los restos de los estudiantes. La conclusión tomó tal fuerza que se expuso como acto de fe, como resolución indiscutible. Las autoridades actuaron de la mejor manera al crear un grupo adicional de expertos internacionales, entre ellos el especialista José Torero que había sustentado la conclusión del GIEI.

También es preciso decir que buena parte del informe de los enviados de la CIDH avaló la versión de la PGR sobre lo acontecido. Lo más relevante: que los normalistas habían sido detenidos por las policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. De esta forma, esclarecer lo que ocurrió en el basurero de Cocula adquirió la mayor relevancia y se volvió tema de interés de Estado, esto es, una manera de aclarar por qué no se podía dar con los restos de los estudiantes ultimados.

Los estudios del nuevo grupo de expertos concluyeron en tiempo y existía el compromiso –que se cumplió- de dar a conocer las conclusiones el día último de marzo. Para desgracia de la CIDH las conclusiones corrigen las que con tanta vehemencia apoyó el GIEI. Sí había elementos probatorios para presumir que en el basurero de Cocula había ocurrido un incendio en el que pudieron haber desaparecido los restos de al menos 17 estudiantes y que de un estudio adicional se pudiera desprender que la pira pudo haber sido de tal magnitud para entender la suerte de los 43 estudiantes.

Frente a estas circunstancias, era de esperarse una disculpa pública de la CIDH por todos los efectos de su errónea conclusión derivada del dictamen del señor José Torero. No ocurrió así. Con inexplicable soberbia, el GIEI reclamó a las autoridades haber hecho públicos los resultados y anunció que en adelante no colaboraría con la PGR en este tema. Y todavía peor, los integrantes del grupo asumieron que era obligación de las autoridades mantener en secreto tan importante conclusión. La verdad les resultó ácida. Lo mismo que ellos habían hecho con facilidad, cuestionar la conclusión de las autoridades, ahora, cuando el estudio cuestionado fue el de ellos, entonces se volvió agravio. Lo consideraron un dictamen que descalificaba el resultado que ellos habían defendido a grado tal de considerar innecesario un tercer estudio de expertos internacionales independientes.

También tiene que ver en esto su rechazo a ser objeto de escrutinio por parte de la opinión pública. No hay campaña, ni oficial ni extraoficial, contra el GIEI; lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente. Igual que lo que ocurrió con ellos, las autoridades y sus trabajos son objeto, en mayor o menor grado del escrutinio de los medios de comunicación. Para el caso concreto, el desafío mayor es la verdad como vía para la justicia y en ese tenor se asumió que la contribución de los expertos de la CIDH era fundamental. Insisto, el dictamen erróneo del señor Torero es una falta muy grave que debió obligar a la CIDH a retirar de inmediato a los expertos, ya que en lugar de aportar elementos para esclarecer los hechos, hicieron exactamente lo contrario.

En este contexto son reveladoras las expresiones que hiciera en días pasados el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, al reconocer que fueron las policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos quienes desaparecieron y asesinaron a los jóvenes estudiantes. Estas declaraciones ratifican las conclusiones de la PGR, porque una vez esclarecido este tema lo demás se refiere a la manera como desaparecieron los restos de las víctimas. Por fortuna, y a contrapelo de lo que hicieron los enviados de la CIDH, ya existe un dictamen confiable, avalado por el mismo experto que se equivocó, que sostiene que al menos 17, y posiblemente los 43 estudiantes, fueron desaparecidos en la pira del basurero de Cocula.  Resultaria recomendable que organismos internacionales cuyo origen y razón de ser es la buena fe, aceptaran el carácter falible de las acciones de todo ser humano, más cuando el propósito de su intervención era generar confianza. Esa, la CIDH la tuvo y la dejó ir.

Por un saludable acuerdo político

La convivencia en las megalópolis impone responsabilidades adicionales a las que se presentan en otros lugares. Por su densidad demográfica, la Ciudad de México y su zona conurbada demandan mecanismos extraordinarios de inversión pública y de coordinación entre entidades y órdenes de gobierno. Una mala decisión alentada por motivos  partidistas, como la modificación del programa Hoy no circula, afectó de manera sensible la calidad del aire en el Valle de México. La consecuencia tuvo alcances mayores. Una  medida correctiva extraordinaria generó más efectos que el régimen modificado e incluso trascendió hacia el gobierno federal. El Presidente Peña Nieto pidió al secretario Rafael Pacchiano concertar con las autoridades estatales y del Distrito Federal un esquema de atención inmediata para superar el problema.

La coordinación entre entidades es compleja, no tanto por las diferencias políticas de factura partidista sino por consideraciones de carácter legal y financiero. La Ciudad de México –antes Distrito Federal- es una entidad con privilegios y ventajas en comparación con los estados vecinos. Entre los aspectos más evidentes destaca  el gasto que hacen los estados en materia de educación y salud, uno de los rubros con mayor impacto presupuestal. También habría que considerar que la deuda de la Ciudad de México es nacional, no local. Además, a partir de 2013 fue asignado al DF un fondo de capitalidad, una suerte de compensación por ser la sede del gobierno central y de los poderes. Este año, el fondo contempla la suma de cuatro mil millones de pesos. En otras palabras, estas circunstancias la convierten en la entidad más rica del país, la de mayores ingresos propios, pero también la única que no gasta en educación ni en salud. Y esta situación no habrá de cambiar en su transformación institucional.

Por tales circunstancias y estimando la situación dispar de las zonas conurbadas, es difícil que los estados vecinos puedan homologar condiciones, al menos en lo que respecta a una serie de programas metropolitanos. Las entidades que integran la megalópolis son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. La capital y su zona conurbada del Estado de México enfrentan una misma realidad aunque, como ya señalamos, con diferentes circunstancias jurídicas y financieras. En el resto del Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala sería excesivo homologar las determinaciones en sus territorios y con sus habitantes. Por ejemplo, la restricción vehicular del programa Hoy No Circula solo se justifica en lugares con problemas de calidad del aire, de manera tal que no es aceptable que la población resulte afectada solo por razones de vecindad. Sí, es evidente que someter a todos los vehículos que transitan por la Ciudad de México y la zona conurbada  a programas de verificación y restricción vehicular es una necesidad insoslayable. Por lo tanto, resulta inadmisible la excepción, aun la de los vehículos federales, y se vuelve exigencia el régimen homogéneo de verificación vehicular para todas las entidades.

El programa emergente para mejorar la calidad del aire del Valle de México es un logro. Gobiernos de orígenes partidistas diferentes han emprendido acciones que, si bien difíciles, seguramente serán eficaces para enfrentar la emergencia. El regreso al esquema original de restringir la circulación de todos los vehículos mejorará la calidad del aire pero afectará al 20% del parque vehicular. Más de un millón de vehículos dejarán de transitar cada día, lo que supondrá una demanda abrumadora para el sistema de transporte público actual.

Como es ampliamente reconocido, es impostergable fortalecer el transporte público, incentivar la inversión privada en vehículos no contaminantes y fomentar el uso de la bicicleta, esquemas que comparten muchas de las ciudades modernas en todo el mundo.

La realidad es que ante la magnitud del problema, la inversión en transporte público ha sido insuficiente. Se ha hecho mucho, pero no todo lo necesario. Limitar el uso del automóvil necesariamente implica mejorar y ampliar la cobertura y la calidad de las opciones de desplazamiento colectivo. En ese sentido, urge reconsiderar la inversión para la movilidad de la zona metropolitana, lo que incluye el servicio del Metro, del autobús y del sistema del Tren Suburbano.

No coincido con quienes critican la inversión pública para mejorar vialidades, sobre todo cuando tienen modalidades de financiamiento a cargo de los mismos usuarios. En todo caso, sería cuestionable que este gasto se hiciera con recursos públicos que bien podrían destinarse al transporte público. La misión fundamental es ampliar la inversión pública en materia de movilidad en sus dos grandes líneas: infraestructura de vialidades que favorezcan la fluidez vehicular con cargo a los usuarios y, especialmente, la red de transporte público que integre y articule a la megalópolis.

Los impuestos son impopulares y en ocasiones injustos o contraproducentes para el bienestar o la economía. Sin embargo, debe considerarse el gravamen a las gasolinas con el propósito de destinar estos ingresos, en la medida de lo posible, al financiamiento del transporte público urbano y suburbano. La solución estructural al problema de la contaminación atmosférica tiene que ver con el uso del automóvil y el insuficiente sistema de transporte público; revertirlo requiere una estrategia fiscal y presupuestal que imponga mayores costos a quienes contaminan y que permita usar estos recursos para resolver insuficiencias de los servicios urbanos.

Desde una perspectiva democrática y de buen gobierno, es aleccionador que en pocos días las autoridades de las entidades involucradas y el gobierno federal hayan definido un mecanismo emergente que seguramente dará buenos resultados. La medida es impopular y seguramente afectará a millones de personas por la insuficiencia del transporte público. También, en el largo plazo, puede tener efectos negativos, entre ellos el incremento de vehículos, sobre todo si no se mejora la calidad del servicio de transporte. Por ello debe alcanzarse un consenso que resuelva el problema de fondo y que también sea útil para las demás entidades del país. El tema ambiental no solo implica responsabilidad con el entorno, también es una cuestión de salud pública. La indiferencia institucional o pública sobre este asunto conlleva efectos lamentables y, al final, resulta mucho más costosa que la prevención. La experiencia del Valle de México debe servir de lección para las demás ciudades del país. Aprenderla será, sin duda, la mejor manera de encarar, en forma oportuna y suficiente, el tremendo y amenazante desafío ambiental.

Tiempos distintos, nuevas realidades

En memoria de Fernando Solana Morales

 

La discreta y velada ruta que siguen los cambios impide percibir su entera trascendencia y profundidad. Hoy, la sociedad es claramente distinta a la que conocimos hace apenas unos años. Todas las comunidades, todas las naciones, se han transformado de manera abismal. Con mucha más firmeza que lo observado en las últimas dos décadas, aunque por su gradualidad, el proceso no pueda ser advertido plenamente. Lejos de desconocer los problemas de vieja o nueva factura, soy de los que creen que ahora nuestras circunstancias son considerablemente mejores. Sin embargo, también advierto una creciente indignación con respecto al estado de cosas, lo mismo que una pérdida de expectativas y, en algunos casos, de esperanza. Hay una crisis de ideales y, de paso, de mística. Mi generación padeció mucho más pero el anhelo de mejorar favoreció muchas cosas positivas en ese tránsito.

El año 1994 fue punto de quiebre por sus eventos históricos: el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo, la ejecución de Francisco Ruiz Massieu, la severa crisis financiera y su secuela, a lo que hay que añadir el asesinato del Cardenal Posadas en el año previo a ese año horrible. En este sentido, el 2000, más que señal de partida dio testimonio de un régimen agotado, si bien tuvo la virtud de sentar bases para una transición sin traumas ni rupturas. La expectativa de cambio impulsó la alternancia en la Presidencia pero el complejo equilibrio político expresado en la resistencia de los que perdieron y la inexperiencia de quienes ganaron, no permitió abrir cauce virtuoso al cambio. De hecho, las reformas institucionales que marcaron la década anterior se detuvieron. En 2006, el PRI presentó la opción tradicional y fue remitido al tercer sitio de las preferencias, mientras López Obrador quedaba muy próximo al triunfo. El miedo conspiró contra una segunda alternancia.

Es singular que los cambios de hoy, pese a ocurrir en este sexenio, no llevan su sello. Las reformas, trascendentes por sus contenidos y efectos, no calan en la sociedad. Se dieron con el consenso de quienes dominaban el proceso político. Quizás la inclusión y el acuerdo común habrían complicado su aprobación. Paralelamente, tuvo lugar el cambio social derivado de la revolución tecnológica en información. Afortunadamente, una de las reformas se ocupó de ella, al abrir las posibilidades para su impulso y socialización en el marco de la competencia.

La violencia recurrente es el signo de nuestros tiempos. Las sociedades se han vuelto más temerosas y eso nunca ayuda a pensar en grande. La obsesión por la seguridad y el miedo al terrorismo en los países desarrollados ha alterado las coordenadas políticas internas y externas. La lucha contra el narcotráfico en esas regiones ha dejado de ser prioritaria aunque las premisas históricas de la prohibición no se han modificado, lo que ha tenido dolorosas y dramáticas consecuencias en México. La criminalidad más violenta se asocia al tráfico de drogas. El mundo debe revisar y discutir con mayor empeño el modelo restrictivo en esta materia.

El terrorismo es una preocupación genuina y válida. En México algunos lo ven como algo ajeno y hasta exótico; y en ciertos sentidos así es, pero la realidad es que, en muchas formas, el fenómeno nos incluye, sobre todo por la vecindad con un país que además de ser el más poderoso, es objetivo del fundamentalismo islámico. Tanto en la sociedad como en la política norteamericana persiste el temor a lo que proviene del  exterior, pero con evidentes modificaciones. La guerra fría terminó, pero el miedo se acrecentó. Así lo demuestran las actitudes y reacciones en el Partido Republicano y sus elecciones primarias. No es solo el caso de Donald Trump, sino el sentir de un sector importante de la sociedad norteamericana que advierte la necesidad de una ofensiva hacia todo lo que para ellos parece extraño. Su disposición para incursionar en los caminos de la intolerancia y el prejuicio es lo que inquieta y lo que hace que las mismas élites norteamericanas vean con preocupación los desplantes nacionalistas y xenófobos en la disputa por la candidatura presidencial del Partido Republicano.

En muy mala hora ocurre entonces el ataque terrorista islámico en Bruselas. Los hechos acreditan a los duros. Las autoridades belgas afirman que no pudieron aprehender a los presuntos responsables por no tener elementos suficientes para su detención. Un argumento propio de la civilidad que choca con el voluntarismo autoritario de quienes asumen que en la lucha contra el terrorismo todo se vale, incluso el sacrificio de premisas básicas de la sociedad contemporánea como los derechos fundamentales. Algo parecido ha ocurrido en el debate nacional contra la inseguridad. Hay quienes consideran que se puede luchar contra el crimen pasando por alto la ley y del debido proceso. Son tiempos distintos en los que el miedo se asocia a la ineficacia de las instituciones de justicia para abatir el oprobio de la impunidad.

Han pasado más de dos décadas desde aquel trágico 1994, el periodo de la pérdida irrecuperable agravada por explicaciones insatisfactorias o insuficientes. No es el error de diciembre, sino el 23 de marzo lo que debe aclararse y desvelarse. Ya es tiempo de abrir públicamente el expediente y mostrar los elementos que cada quien incorporó a la investigación. Se puede avanzar al futuro con esa herida pero siempre será una limitación para entender y comprender aquella circunstancia y nuestro tiempo, así como para poner en balanza a los personajes de ese momento, a fin de dignificar la memoria de quienes perecieron.

Hoy el país se encamina hacia nuevos derroteros con una sociedad transformada. El cambio ha sido contradictorio. Sí, es necesario plantear nuestro devenir con generosidad, optimismo y altura de miras. El miedo solo funciona a quienes se aventuran en el populismo, rechazan todo y están muy dispuestos a dar su aval moral a sectores radicales como el grupúsculo que ha secuestrado al proyecto educativo en Oaxaca. Es discutible que sea la mejor vía para ganar votos pero es claro que funciona para polarizar a la sociedad.

Tiempos diferentes para nuevas realidades. El cercano 2018 anuncia un momento crucial para el país y para su democracia.

Responsabilidad vs popularidad

En memoria de Mónica Arriola Gordillo

Invariablemente la política plantea dilemas y con mucha frecuencia consisten en decidir entre lo que la gente quiere y lo que se debe hacer. El querer y el deber. El asunto, que no es tema menor, tiene que ver con la naturaleza del encargo. ¿Qué es lo que elige la mayoría votante? Decisiones concretas o una persona confiable a quien otorgan el poder de decisión. Esto es un mandato pleno.

Considero que los gobernantes y representantes populares son elegidos para decidir, no para transferir su responsabilidad a terceros. Las consultas públicas se escuchan bien y se miran mejor porque proyectan un halo de tolerancia y sensibilidad, aun cuando en muchas ocasiones solo son un medio para eludir decisiones. Consultar puede ser un recurso útil y conveniente siempre que no sea utilizado para evitar asumir una postura o tomar una determinación. Hay temas técnicos o de particular complejidad que reclaman la opinión de expertos y la expresión pública o privada de los interesados. Sin embargo, las buenas decisiones no siempre son las más populares. Eso hay que asumirlo porque un gobierno que actúa siguiendo el pulso de la veleidosa opinión pública, es un gobierno sin rumbo y sin destino. Además, para ello están los medios de democracia directa.

La política exige un piso mínimo de responsabilidad y sobre él deben asentarse todos los asuntos, sobre todo, los delicados. El problema no es el disenso, mucho menos el debate; la enfermedad común que envilece a la democracia es el oportunismo, esa predisposición a actuar o decidir en función de complacer, olvidando la misión de resolver con todo y el probable costo de incomprensión o rechazo. Efectivamente, hacer lo debido en ocasiones riñe con lo aceptable. Incluso seguir la veleta de lo popular puede llevar a decisiones contrarias al interés público y al bien común.
Desde esta perspectiva, se puede entender mejor el contexto que llevó a revertir una de las mejores decisiones, si bien incómoda, para mejorar la calidad del aire del Valle de México: la restricción vehicular del programa Hoy No Circula.

Los resultados están a la vista. La reversión del deterioro ambiental acredita a la medida como ejemplo de una decisión responsable pero ingrata. Lamentablemente, hoy, el Valle de México nuevamente padece problemas serios en la calidad del aire por efecto de otra decisión, quizá popular, pero claramente perjudicial para la salud pública.
Los hechos refieren a la iniciativa de la dirigencia del PAN en el DF presentada en 2014 para rechazar los programas Hoy No Circula y el de la Verificación Vehicular Obligatoria. El dirigente del PAN, Mauricio Tabe Echartea invitó a los inconformes a solicitar un amparo colectivo e incluso se dieron facilidades para obtener un formato general en el sitio web del PAN capitalino. El 29 de agosto de ese año, una juez federal resolvió un amparo que permitía al quejoso verificar su vehículo sin importar el año o modelo de su auto. El holograma únicamente dependería de las emisiones de gases.

La decisión judicial derivó en la modificación del programa Hoy No Circula para permitir la circulación diaria de vehículos viejos. Así, 600 mil autos y camionetas salieron sin restricción a las calles. La pérdida de fluidez en el tráfico y el aumento de vehículos contaminantes no tardaron en reflejar sus consecuencias negativas en la calidad del aire. Una decisión que por décadas probó su efectividad había sido revertida. No queda claro si eso dio votos al PAN en la elección de 2015. Por los resultados creo que no fue así. Lo único evidente fueron las serias repercusiones en la población.

Los promotores del cambio pueden aducir la injusticia que la medida representa para los vehículos que sin ser modelos recientes no contaminan, y el hecho de que los vehículos nuevos no están exentos de tener emisiones altas. Puede ser, pero las políticas públicas se validan por sus efectos. También estimo que dicha determinación impuso una seria presión al programa de verificación vehicular, lo que propició corrupción y el consecuente pase de vehículos contaminantes. Además, la sola acción de incrementar el parque vehicular afecta el tránsito y, en consecuencia, genera más contaminación.

Es digno de ser considerado el argumento que resalta la inequidad de tener un vehículo de modelo viejo que no contamina respecto de uno nuevo que tampoco lo hace. De hecho, es probable que esto haya llevado al juzgador al conceder amparo; sin embargo, la decisión no previó el efecto colateral y concreto: el grave deterioro de la calidad del aire.

El Presidente Enrique Peña se ha referido al tema y ha llamado al acuerdo a entidades y órdenes de gobierno para definir una nueva norma emergente. También ha instruido al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, para que en un plazo de 60 días se apliquen medidas complementarias o correctivas a los programas ambientales en coordinación con las entidades del Valle de México. La atención está centrada en mejorar la tecnología de los Verificentros y la calidad de las revisiones para reducir la circulación de vehículos contaminantes.

Las decisiones a considerar son múltiples. Una, obligada, tiene que ver con el aumento considerable de la inversión en el transporte público y el fomento al uso de transportes verdes como la bicicleta. Mucho es lo que se ha hecho pero aún hacen falta más acciones y también se requiere que la sociedad tenga mayor capacidad de alerta frente al populismo de políticos y los reclamos vociferantes y desproporcionados de la ruidosa minoría.

Algunas megalópolis han establecido el pago de un impuesto o derecho para transitar en el primer círculo de la ciudad. Esta medida, que bien puede ser incómoda, tiene muchas virtudes, sobre todo si se acompaña de un transporte público mejorado y de incentivos para el uso de bicicletas, una medida muy razonable si se considera que la Ciudad de México tiene uno de los mejores climas del mundo.

Las exigencias actuales de buen gobierno implican mayor responsabilidad. Las autoridades no deben temer al rechazo o la crítica si de por medio está el cumplimiento del deber. Ante los dilemas políticos, las decisiones que benefician a la mayoría de la población deben ser las elegidas. Es el caso de la que convoca a mejorar la calidad el aire en beneficio de quienes vivimos y disfrutamos la Ciudad de México.

Revisitando a los independientes 2016

Sin vacilación ni adorno, Jorge Castañeda advirtió que de no haber opción única de candidato independiente en la elección de 2018, será imposible cumplir el objetivo que él y muchos otros asignan a esta figura: la derrota del sistema de partidos. El expresidente Vicente Fox había lanzado antes una dura crítica a los independientes, a quienes definió como un posible riesgo o un salto al vacío, muy lejano a una panacea.

La realidad es que estos jugadores sin partido llegaron para quedarse. Serán una alternativa en el futuro y su éxito electoral dependerá, por una parte, del agotamiento del régimen político actual y, por la otra, de su desempeño en el cargo. Los independientes tienen la virtud de canalizar, a través del voto, la indignación propia de estos tiempos, pero esto solo se consigue en la medida en que se plantean como vehículo para rechazar el arreglo político vigente fundado en partidos. No cualquier independiente es exitoso ni lo será en todo lugar o momento. La eficacia es condición ineludible.

Coincido con muchos en la necesidad de que los candidatos independientes se hagan presentes. Hay una razón de estricta justicia y dogma democrático: el derecho a ser votado. En ello Jorge Castañeda fue pionero y hoy la existencia de candidaturas independientes al amparo de la Constitución y del código básico de los derechos fundamentales que él promovió, no está en tela de juicio. Reconozco su éxito electoral y su poder para mejorar el sistema de representación; sin embargo, soy mucho menos optimista en lo que toca a su funcionalidad democrática.

Los independientes ya demostraron que pueden ganar elecciones pero aún está por verse si son capaces de mejorar la calidad del gobierno. Hay que considerar un problema que no es menor y que tiene que ver con la democracia representativa: un gobierno, el que sea, sin el apoyo parlamentario se ve disminuido en su capacidad de hacer y de resolver. La falta de respaldo legislativo es una amenaza que puede derivar en el enfrentamiento entre poderes y, eventualmente, en una crisis mayor de gobernabilidad. La democracia moderna requiere forzosamente de pesos y contrapesos, y un presidente o gobernador confrontado con el poder legislativo plantea un peligro más grave.

Muchos ven en el expediente de los independientes una fórmula para desplazar al sistema de partidos. La crisis de los partidos históricos alienta esta percepción y favorece la construcción de nuevas alternativas partidarias como ha sucedido en España con Podemos y Ciudadanos. En México han surgido dos opciones, Encuentro Social y Morena, más exitosa la segunda por el peso de Andrés Manuel López Obrador, quien ha podido construir una amplia base de simpatizantes en su entorno, con la limitación de que un partido cuya fuerza descansa en una persona corre el riesgo de extraviarse en el tiempo.

López Obrador compite en el mismo mercado de los independientes: un electorado indignado que representa aproximadamente un tercio del total. Este personaje de agudo instinto político ha tenido la claridad de no hacer concesión alguna a los independientes. Al menos en el caso de Jaime Rodríguez, su descalificación ha sido frontal. A su vez, “El Bronco”,  ha sabido defender la esencia de su proyecto con el argumento de que López Obrador es igual a los demás, “vive del presupuesto que la sociedad da a los partidos y, por ende, no es vía genuina para el cambio”. Tanto Castañeda como AMLO y “El Bronco”, coinciden en su deseo de contender sin competencia entre sí, en la búsqueda del mercado electoral que se disputarían en el 2018.

Así, la mejor estrategia de los candidatos independientes es presentarse como la opción para desplazar al sistema de partidos existente, una bandera social nada desdeñable en virtud de la baja votación recibida por los tres partidos históricos en las elecciones intermedias de 2015. Es un objetivo difícil pero posible, incluso aún cuando el candidato tenga un claro perfil político y una militancia partidaria reciente, como ocurrió con Jaime Rodríguez en Nuevo León.

Sin embargo, en la esencia misma de la institución -el derecho a ser votado- no hay terreno para exigir que solo exista un candidato independiente para las elecciones de 2018, como lo sugiere Jorge Castañeda. De hecho una de las tareas a resolver para fortalecer a la institución es reducir los requisitos desproporcionados o excesivos para obtener el registro oficial de candidato y al tiempo evitar se desnaturalice como una opción principalmente ciudadana y no como un recurso de políticos tradicionales tránsfugas. Lo que realmente estaría planteando Castañeda, sin querer, es la idea de un caudillo.

También es necesario, como lo alerta el ex presidente Vicente Fox, cuidar las reglas aplicables al financiamiento para que la equidad corte parejo: que tengan prerrogativas y topes de campaña competitivos, pero también que rindan cuenta sobre el origen y destino de los recursos de campaña. Las reglas deben evitar que las candidaturas independientes se vuelvan medio para que los poderes fácticos, incluso criminales, accedan a la representación política o al gobierno. En este sentido, con todas las limitaciones y malas experiencias a la vista, el sistema de partidos es filtro, si se quiere deficiente, para atenuar los riesgos de la penetración del crimen a la política.

En realidad, en el sentido más estricto, los candidatos independientes no existen. Decir que no dependen de un partido sino de la sociedad o de la ciudadanía, es una abstracción, un juicio que distorsiona el sentido del mandato y lo convierte en cheque en blanco. Quiérase o no, los partidos plantean proyectos y programas políticos que sirven de brújula al sufragio, confiriéndole sentido y propósito. De hecho, si el sistema de gobierno y el de  representación parlamentaria se han desgastado no ha sido por su subordinación al partido, sino justamente por la razón opuesta, porque ya en el gobierno, llevado a extremos por el pragmatismo, desvirtúa la propuesta electoral que le dio sentido al voto mayoritario.

Este año, los candidatos independientes ganarán terreno. En buena parte, su éxito no descansará en el perfil o en la propuesta del candidato, sino en el hastío ciudadano ante la desgastada oferta partidista. Es muy probable que en 2018, por primera vez en la historia reciente, tengamos candidaturas presidenciales independientes. Significarán, sin la menor duda, una reivindicación del derecho a ser votado pero también una oportunidad cuya  magnitud solo será equiparable al tamaño del riesgo.

Derechos humanos: más allá de un informe

Duras las palabras de Isabel Miranda de Wallace al refutar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en el país. Además de señalar  que el reporte no refleja la realidad, lamentó que una investigación tan deficiente sirva de referencia para hacer un juicio sobre un tema tan importante y delicado como el de la situación de los derechos humanos en México. La presidenta de la organización Alto al Secuestro deploró que un órgano de la importancia de la CIDH haya dado lugar a una indeseable polémica por la inexplicable omisión de precisar, desde el inicio, las limitaciones metodológicas del ejercicio.

El debate debió centrarse en los derechos humanos, no en el informe como tal. Es cierto que la impunidad que se vive es una de las causas más importantes para las insuficiencias en vigencia plena de los derechos. También lo es el desapego a la legalidad, no solo el que muestran las autoridades a cargo de la seguridad y justicia, sino el que nace de la indiferencia social hacia el código básico de civilidad que da vigencia plena a la ley. La situación de los derechos humanos siempre ha sido un problema precisamente por esta crisis de legalidad. Es un desafío para las autoridades pero también para el conjunto de la sociedad, principalmente  porque son muchos los que lejos de ver la ley como garantía o protección, la consideran una imposición injusta y autoritaria del gobernante.

El informe de la CIDH refiere que la crisis de derechos humanos es consecuencia de la impunidad que persiste desde lo que ellos llaman la Guerra Sucia iniciada en el gobierno anterior. Creo que tal afirmación es inexacta y que la situación es mucho más compleja, toda vez que las dificultades en materia de derechos humanos preceden  las acciones de la administración pasada para enfrentar al crimen organizado. Además, lo señalado en el informe alude solamente a una dimensión del tema, aquella que está asociada a la justicia penal.

Es fácil recurrir a los juicios parciales y a las sentencias sumarias desde el exterior. Así, es lamentable que el informe de la CIDH descalifique el esfuerzo que desde hace mucho tiempo ha realizado el país para hacer valer los derechos humanos. Una evaluación crítica resulta útil, lo mismo que la exigencia de mejora o el señalamiento de eventos, lugares y situaciones que comprometen la eficacia de las instituciones; sin embargo, también es necesario observar el contexto y el proceso histórico para evitar recomendaciones parciales. Como tal son certeras las palabras de Isabel Miranda en el sentido de que el tema, por su importancia, demanda mayor calidad de juicio y no admite generalizaciones a partir de observaciones parciales en el doble sentido de la palabra: cargadas de prejuicio y limitadas en su geografía.

La realidad es que no se puede –ni se debe- minimizar el reto de dar validez plena a los derechos humanos y cauce a las acciones eficaces frente a situaciones particulares y estructurales. Insisto, una de las razones para garantizar la vigencia de estos derechos es la precaria cultura de legalidad en el sistema reflejada, entre otras cosas, en la incapacidad de las autoridades para llevar a la justicia a los criminales.

Uno de los objetivos para avanzar en la vigencia de los derechos humanos es romper con el falso dilema entre seguridad o legalidad. En este sentido no puede haber justicia fuera de las premisas del debido proceso. Para la seguridad no existen coartadas. Es explicable que la sociedad demande y espere de sus autoridades resultados que mejoren el sistema de justicia penal, y eso implica a todo el conjunto: policías preventivas y de proximidad, policías de investigación criminal, fiscalías, justicia y sistema penitenciario. Todo el proceso debe darse en el marco de la ley. Policía eficaz es la que coadyuva con autoridades e instancias judiciales para dar curso a la justicia legal.

El empleo de las fuerzas armadas para responder a situaciones graves de deterioro de seguridad ha sido un recurso inevitable que supone riesgos de diversa índole. El Ejército no puede reemplazar a las policías bajo mando civil. Su intervención debe ser temporal y extraordinaria. Lamentablemente, la debilidad institucional de los gobiernos locales, especialmente de los municipios, ha promovido policías e instancias de procuración de justicia muy inferiores a las requeridas, sobre todo cuando se enfrenta al crimen organizado. En situaciones de ausencia de Estado es explicable la intervención de las Fuerzas Armadas.

Por esta consideración es crucial que el Congreso de la Unión dé respuesta a la iniciativa presidencial sobre el nuevo modelo policial. Sin embargo, la solución no solo implica aprobar normas, establecer un nuevo modelo organizacional y redefinir atribuciones, también demanda una significativa inversión financiera, a la altura de la dimensión del problema. Queda claro que un policía sin un salario digno, sin equipo ni capacitación y sin estímulos por el deber cumplido puede volverse fácilmente en contra de la sociedad a la que debe servir. El problema no es generalizado pero tampoco es aislado; se presenta en muchas partes precisamente por la crisis financiera de los municipios del país.

No todo lo que se refiere a un mejor sistema de seguridad se resuelve con dinero, es indispensable la mística y el liderazgo de parte de las autoridades civiles y de los altos jefes policiacos. De cualquier manera es ineludible que el Constituyente Permanente defina las bases para el financiamiento de la encomienda que plantea la ley, de otra manera la reforma no alcanzará sus objetivos.

Los derechos humanos son el resultado de un sistema de gobierno eficaz y de una sociedad que ha interiorizado las bases de la civilidad. Todo apunta a la legalidad y ha llegado el momento de asumirla en todas sus vertientes e implicaciones.

En las últimas décadas, el país ha logrado metas históricas, entre ellas la normalidad democrática y el seguimiento de un modelo económico que asegura estabilidad. Ahora son dos las asignaturas pendientes: una mejor justicia social y una mejor justicia penal. La primera apunta a una economía más justa y generadora de oportunidades; la segunda, a la vigencia plena del Estado de derecho.

Vientos del norte

La relación con el vecino del norte siempre ha estado en la lista de asuntos de alta prioridad para el país y sus ciudadanos. Tras una larga historia salpicada de momentos tensos y críticos, hacia el tercer milenio, hemos transitado a un marco de colaboración y corresponsabilidad que, sin embargo, no ignora las evidentes asimetrías económicas, las amenazas graves como el narcotráfico o los efectos de una histórica migración que, pese a no ser un fenómeno ajeno a la Unión Americana, ha transformado significativamente su sociedad y su cultura. Por mucho que el curso sea virtuoso persisten problemas de fondo que imponen una fuerte presión a las instituciones y a la misma legalidad.

El hecho es que ambos países están unidos más allá de una extensa frontera común.  Sus destinos están inexorablemente fusionados. En las tres décadas recientes, México se ha transformado para bien en lo político y en lo económico, aunque ha crecido la distancia entre pobreza y riqueza, tanto en personas como en regiones. Si partimos de que la migración ilegal es resultado de la incapacidad para brindar oportunidades de bienestar a millones de jóvenes, no parecen viables las propuestas de solución que atacan los efectos, como la construcción de muros y el incremento de vigilancia fronteriza. En cambio, habría que entender -y atender- que la migración es un movimiento incontenible derivado de las diferencias en el mercado laboral. La mejor y más efectiva respuesta tendría que ser el crecimiento económico, especialmente en las zonas más deprimidas del país. Aunque a muchos asombre y, ante el prejuicio aquí y allá, debe quedar claro que con la migración México pierde y EUA gana.

Desde esta perspectiva se aprecia la relevancia del Diálogo Económico de Alto Nivel México-EU celebrado el jueves pasado con la participación del vicepresidente Joseph Biden por la parte estadounidense y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la mexicana. Los temas son amplios y también cambiantes. La coyuntura actual preocupa por los efectos que tienen sobre la economía global la baja del crecimiento en China, la caída de los precios del petróleo y la nueva dinámica de la inversión privada. Es la economía –y eso debe quedar claro– la que origina muchos de los problemas en la relación, lo mismo que las preocupaciones compartidas en términos de seguridad regional y global.

En la coyuntura actual, el ángulo económico es más influyente que el político, sin embargo es comprensible la atención que han generado las declaraciones del vicepresidente Biden, en especial, la de su repudio personal y el de su gobierno por los señalamientos hostiles del empresario Donald Trump hacia México. Las afirmaciones que hizo al concluir su encuentro con el Presidente Peña Nieto, no devienen de  diferencias partidarias sino de su abierto y evidente desacuerdo con lo señalado por el aspirante a la candidatura presidencial republicana en EUA.

Para sorpresa de muchos, Donald Trump se perfila para alcanzar su meta inmediata. La próxima semana será crucial. Los candidatos hablan para ganar y es posible que la retórica antimexicana persista –y no solo en voz de Trump- en la medida que reditúe votos. Habría que entender qué es lo que motiva que una parte de los electores afines al partido republicano sean persuadidos por una apuesta antimexicana. Lo más importante es saber si la mayoría de los estadounidenses suscribe esta postura agresiva y hostil.

Hay que considerar que dentro del propio Partido Republicano no todos comparten estas ideas e incluso hay quienes han criticado abiertamente la verborrea del empresario. En días pasados, el diario The New York Times refería las diferencias entre Donald Trump y la figura más relevante del Partido Republicano, Paul D. Rayan, jefe de la Convención Republicana. La incompatibilidad de la agenda de ese partido con la postura de Donald Trump es evidente. Entre ellos, hay diferencias irreconciliables en materia de libre comercio, política social y de incentivos en inversión inmobiliaria. Las opiniones también son discrepantes en temas de política internacional, especialmente en lo que se refiere al disparate de apropiarse de las reservas petroleras de Irán mediante intervención militar, a la neutralidad ante el conflicto entre Israel y Palestina o, desde luego, al tema migratorio.

En adelante, las circunstancias exigen un planteamiento diferente, uno que permita deducir si una agenda como la de Donald Trump, que por lo visto sí da para ganar la nominación, también es viable para alcanzar la Presidencia. Y es que en esta fase ulterior, son otros los electores que definen la votación.

Ante estas circunstancias, afirmaciones como las del expresidente Fox en rechazo tajante a la idea de elevar un muro entre las dos naciones o, aún más resonantes, las emitidas en sentido semejante por el Papa Francisco, son útiles para llevar a los candidatos a la moderación. Sin embargo, para contener la retórica antimexicana se requieren más voces influyentes, no únicamente en los círculos políticos o empresariales, sino en toda la sociedad, porque más valen estos testimonios si vienen de personas que poco tienen que ver con la política y todavía más si no son de origen mexicano. Hoy, más que siempre, el país requiere aliados.

Es hora de analizar muy en serio la posible evolución de la política norteamericana frente a México porque, tristemente, más allá de los excesos de lenguaje engolado y del oportunismo político, entre muchos norteamericanos sí hay una idea socializada sobre la inconveniencia de la relación y un desconocimiento de la aportación de los mexicanos a la sociedad, cultura y economía de su país. Es hora de pensar y de actuar en forma eficaz, sensata, inteligente para acreditar a nuestra nación y a sus habitantes.

Es posible que México haya quedado en medio de la contienda presidencial norteamericana, literalmente atorado. La moderación se aleja del horizonte de la competencia, la dinámica vigente puede propiciar que se cuestionen muchos de los pilares de la relación económica bilateral y también puede atizar el prejuicio y la falsedad como ya ha ocurrido en las primarias republicanas.

Al sur de la frontera con Estados Unidos, a México le corresponde proseguir su ruta por una mejor calidad de su democracia y una mayor fortaleza institucional. Las políticas de Estado serán cruciales y, frente a ello, la pluralidad deberá asumir su responsabilidad acreditando, ante todo, la unidad nacional. Será la mejor forma de contener los agitados vientos del norte.

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Incertidumbre, lo único cierto

 “La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”   Edgar Morin

 

La incertidumbre es un rasgo de la política. En el pasado, en la época del poder no competido, su aparición se limitaba al momento de la selección del candidato del PRI. Y hasta ahí llegaba porque el resto, la elección, era la crónica de un resultado anunciado. En la actualidad es diferente. Como en toda democracia, la definición de candidatos marca el inicio de la contienda pero la incertidumbre ante el desenlace se prolonga durante toda la disputa por el voto.

Lo que ahora acontece es aún más incierto. Desde el plano del análisis, no del de la política, es difícil anticipar un pronóstico para las elecciones de gobernador en puerta. Desde luego, según las peculiaridades de cada entidad es posible anticipar un perfil de contienda y, eventualmente, pronosticar un resultado, pero la incertidumbre es la figura dominante en casi todas las contiendas.

Así ocurre por una razón especial: los partidos han perdido densidad en la representación social. Solamente una minoría muy estrecha respecto del conjunto del electorado suscribe afinidad o pertenencia a un partido. Tampoco se percibe ese voto inercial o duro de los partidos que asegure un mínimo significativo de votación y, desde allí, permita proyectar un resultado. La sociedad mexicana se ha ido alejando de los partidos, más ahora que se ha abierto la puerta a los candidatos independientes.

El PRI persiste con la base electoral más numerosa y la mayor horizontalidad, aunque en algunas entidades, como el Distrito Federal, ha perdido representación desde hace tiempo. El PAN no vive su mejor momento; su fuerza depende de la presencia que logre en gobiernos locales. Así, por ejemplo, las derrotas en Morelos y Jalisco lo han remitido a un lugar muy bajo en la intención de voto. En el caso del PRD, la crisis es más profunda y acelerada, y la competencia que le plantean Morena y Movimiento Ciudadano significa una merma en su base electoral histórica.

Los partidos históricos se muestran crecientemente débiles ante los nuevos tiempos; de hecho, esta situación sugiere que son fuertes donde gobiernan no que gobiernan donde son fuertes. Aun así, no se puede desdeñar la base electoral estable que caracteriza al PRI en casi toda la República y la del PAN en la zona centro y norte del país. Sin embargo, como se ha señalado, el voto estable de los partidos, con algunas excepciones, no da para mitigar la incertidumbre propia de la competencia democrática por el poder.

De cara a los 12 comicios de este año, el reto es entender la manera en la que los partidos contendientes van construyendo sus posibilidades de triunfo. El primer paso es seleccionar candidatos competitivos y mantener la cohesión partidaria; es decir, evitar que la competencia interna provoque alguna fractura en la contienda. En este contexto, es la misma incertidumbre la que abre paso a los desafectos en un partido, a la posibilidad de que los no favorecidos en la selección del candidato busquen la postulación de otro partido o, incluso, una candidatura independiente.

Precisamente por los términos de la competencia, las coaliciones adquieren importancia. Es una paradoja que con todo y la opción de alianzas que tienen los partidos, los candidatos independientes sean competitivos; sin embargo, así es, gracias a la debilidad de los mismos partidos y al desprestigio social del conjunto del sistema de representación. Esa es su fuente de fuerza y de viabilidad. Por eso en determinados entornos, la competitividad de los independientes se sustenta en su carácter antisistémico, no en su biografía ni en la solidez de su proyecto político. Un candidato independiente fuerte debe estar en contra de los partidos, además de ser un buen comunicador para dar credibilidad a su postura.

La coalición PAN – PRD hace seis años fue crucial para inaugurar la alternancia en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, pero hoy las condiciones no son las mismas. El PAN puede ganar solo en Puebla, mientras que el PRI recuperaría Sinaloa y también se perfila como ganador en Oaxaca, especialmente si el PRD se divide en la selección de candidatos. El PAN y el PRD irían juntos en Quintana Roo, apoyados en la fuerza del candidato Carlos Joaquín, no tanto de la coalición; y en Veracruz el efecto de la unión entre PRD y PAN puede abrir espacio a Morena, partido que ha obtenido buenos resultados en el pasado reciente. En Zacatecas, al igual que en Oaxaca, las oportunidades del PRD pueden verse afectadas por la dificultad para hacer una postulación de unidad. En tanto, en Chihuahua, Aguascalientes y Oaxaca se perfilan candidatos independientes competitivos.

El PRI ha aprendido a construir alianzas electoralmente exitosas. No habría ganado la elección de Colima sin la aportación de votos del PT, Nueva Alianza y PVEM. Estos dos últimos partidos lo acompañarán en las próximas elecciones a gobernador, con la probable excepción de Puebla. Al final, en casi todos los casos, la contienda estará  centrada en candidatos, no en partidos o coaliciones.

La incertidumbre se decanta conforme avanzan la contienda y las campañas. Casi siempre el escenario ha sido dominado por dos competidores, excepcionalmente tres. Es probable que varios de los estados con perfil bipartidista, como Chihuahua y Aguascalientes, planteen contiendas de triple opción, y lo mismo podría presentarse en Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz. La diferencia la marcaría Oaxaca donde podría haber cuatro candidatos competitivos.

El tema que debe ocupar a los partidos es la definición de campañas a la luz del nuevo paradigma que hoy ya es evidente y que habrá de acentuarse con el tiempo. El segmento de población menor de 30 años, que representa una parte significativa del electorado, está muy distante del modelo de comunicación de los partidos fundado en los medios electrónicos. Su ámbito es la comunicación digital. Hacer campaña en este terreno es un desafío mayor que exige asumir  los principios y modos propios de ese mundo; para entendrlo, hay que desaprender lo aprendido hasta ahora.

En efecto, la incertidumbre es el rasgo distintivo de los tiempos de la competencia. Así se presenta en 2016 y así se anticipa para la contienda presidencial de 2018.

De la reordenación del gobierno a la reordenación del país

La reforma a la ley orgánica de la administración pública federal se ha entendido como una reordenación del gobierno para acometer de mejor manera los desafíos de la administración. Así, la Secretaría de Seguridad Pública se ha integrado a la Secretaría de Gobernación, desaparece la Secretaría de la Función Pública una vez que se integre el nuevo órgano autónomo de fiscalización, se crea formalmente la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en una nueva dependencia para dar lugar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Lo más relevante han sido los cambios en las atribuciones, particularmente, la condición que adquiere la Secretaría de Gobernación como coordinadora del gabinete y las tareas que realizará la nueva dependencia a cargo de Jorge Carlos Ramírez Marín y que tiene que ver con la reordenación territorial del país. De esta forma el común denominador de estas modificaciones es una mayor coordinación que se traduzca en resultados concretos para los ciudadanos.

En el pasado inmediato la Secretaría de Gobernación fue disminuida gradualmente, en el año 2000 se le quitaron las responsabilidades de seguridad pública. La consecuencia, una muy demeritada interlocución con gobiernos locales y los poderes federales. También las labores de inteligencia que realizaba el Cisen se vieron afectadas, las secuelas están a la vista. En el periodo todos los secretarios de Gobernación padecieron, por estas razones, dificultades serias para la conducción de la política interior.

En este contexto cabe señalar que en julio pasado se aprobó una reforma para resolver el vacío legal respecto al funcionario que debe cubrir la falta del Presidente; la reforma al artículo 84 constitucional determinó que será el secretario de Gobernación quien se haga cargo del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso en un término de sesenta días nombraría al presidente interino o sustituto, según el caso.

Bajo el nuevo marco de la reforma reciente, la Secretaría de Gobernación recupera espacios de acción y obtiene más de lo que tenía. Por ejemplo, la coordinación del Gabinete es una tarea fundamental y le concede una jerarquía política y un terreno de la mayor importancia. Asimismo, la reinserción de las responsabilidades de seguridad pública le otorga una tarea crítica y de gran relevancia. Dos temas a destacar en este aspecto: el primero, el cambio permite que lo referente a la seguridad pueda emprenderse en el marco de una estrategia general e integral bajo un concepto de Estado; vale aquí la pena enfatizar que la seguridad pública no puede dejarse en una dirección operativa, por eficaz que sea o parezca. El segundo tema es el mando civil de la fuerza pública, principio republicano fundamental.

Por su parte, el desafío inmediato del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez Marín, es acreditar que la nueva dependencia no es la anterior Secretaría de la Reforma Agraria, sino una nueva Secretaría que amplía de manera significativasus responsabilidades. Su tarea implica la coordinación en dos grandes planos: en primer término con otras dependencias y organismos de carácter federal que tienen competencia en la materia y que deben ajustar su actuación a una estrategia integral y una agenda común que debe estructurar la nueva dependencia. Así, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Sedesol, el Infonavit, Conagua, la Semarnat y el INEGI, entre otros, deberán mantener una estrecha coordinación con la nueva dependencia. El otro plano se refiere a los gobiernos del Distrito Federal y a los de los estados y municipios. Todo el país y todas las instituciones de gobierno deben participar de un programa común de reordenación territorial con una perspectiva de, al menos, 50 años y que proyecte el tipo de país que queremos.

Así, la reordenación del país en lo político y en lo territorial es uno de los grandes desafíos del México contemporáneo. La acelerada urbanización que ha caracterizado a las últimas ocho décadas ha significado un crecimiento de ciudades al margen de la planeación y del uso racional del suelo. No existe ciudad en el país que no padezca este problema que tiene que ver con la insuficiencia de servicios públicos, pero también con la muy precaria planeación urbana y, particularmente, con la fragilidad de las autoridades municipales para hacer valer las normas y procedimientos que concedan un uso racional del suelo y que se hagan tangibles en una mejor convivencia y calidad de vida para las personas y las familias.

La corrupción y la falta de autoridad ha significado un deterioro grave de las ciudades. El deterioro ambiental es una de sus más graves expresiones; también lo son los asentamientos irregulares en zonas de peligro o riesgo que cobran un alto costo humano. El patrimonio cultural con frecuencia se ha visto irremediablemente dañado. Las vialidades o las zonas supuestamente verdes son expresión del desconcierto en la materia. Existen normas, pero no así la capacidad para hacerlas valer o, en el mejor de los casos, son caducas, de esta forma el desarrollo urbano se ofrece en un desorden y en no pocas ocasiones caos total.

Las urbes no son estables, son una forma de seres vivos que se transforman y cambian en el tiempo, que demandan atención, pero, sobre todo, capacidad de respuesta institucional con perspectiva para que no sea lo reactivo lo que determine a las políticas públicas.

Cada pueblo, cada ciudad tiene su propia historia. Un origen de orgullo y de identidad que debe recrearse con la misma transformación que va ocurriendo. La reordenación del país debe tener un sentido humano y social. La modernidad no debe ser impuesta a costa del origen y del valor cultural y social que se concede al espacio y al territorio. Pero tampoco causas legítimas como es la protección del patrimonio cultural o el medio ambiente deben ser utilizados a manera de ganar ventaja particular o de frenar la transformación que debe tener el territorio y los lugares de asentamientos humanos.

La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la gran oportunidad de reforma institucional para responder a una de las necesidades primarias para lograr un uso racional del suelo en un país en el que deben conciliarse historia milenaria, cultura profunda y anhelo de bienestar.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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