Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La Presidencia moderna

La Presidencia Moderna

México ha ingresado a un nuevo siglo, y en pocos años habrá de conmemorar dos siglos de vida independiente. Una larga historia de luces, tragedia e incertidumbre.

Por primera vez en mucho tiempo, el país vive una democracia plena que se debate entre los anhelos de modernidad y las exigencias del México olvidado; la paradoja de una nación nueva con una tradición milenaria de creencias hondamente arraigadas.

El país está ante una inflexión histórica, y a esta generación le corresponde acometer tal desafío. En buena medida, los resultados dependerán de la capacidad para entender y transformar la institución política eje de la nación: la presidencia de la república.

Esta obra es una valiosa contribución a ese fin. El autor conjuga profundos conocimientos teóricos, amplia bibliografía y experiencia directa para llevar a cabo un minucioso análisis de la institución presidencial, con la convicción de que la apuesta más razonable para el cambio de un país son sus instituciones, no las personas que las encabezan, y de que el funcionario ejemplar es resultado del marco en el que se desempeña. El voto libre y mayoritario es imprescindible, pero insuficiente. En su esperanza de un mejor porvenir, razones culturales y religiosas han hecho a la sociedad mexicana propensa a privilegiar a la persona y no a la institución, pero la consolidación democrática exige revertir esa situación y salvaguardar al sistema de gobierno de las limitaciones propias de los seres humanos.

biografia de home



ACERCA DEL AUTOR

Abogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas.

Fue Secretario Particular del Presidente de México, Ernesto Zedillo durante todo su mandato, cargo que había también desempeñado durante la campaña de este como Candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Su paso por la Secretaría Particular de la Presidencia de México, le permitió a Sáenz participar y coordinar importantes trabajos de gabinete y de operación política que auspiciaron importantes reformas, mismas que contribuyeron de manera destacada a la apertura y fortalecimiento del espacio plural y democrático en el que se desarrolló la elección presidencial del año 2000.    Leer más...

Acerca del Autor

Abogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas.

Fue Secretario Particular del Presidente de México, Ernesto Zedillo durante todo su mandato, cargo que había también desempeñado durante la campaña de este como Candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Su paso por la Secretaría Particular de la Presidencia de México, le permitió a Sáenz participar y coordinar importantes trabajos de gabinete y de operación política que auspiciaron importantes reformas, mismas que contribuyeron de manera destacada a la apertura y fortalecimiento del espacio plural y democrático en el que se desarrolló la elección presidencial del año 2000. De esta, surgió el primer Presidente de México ajeno al PRI después de 70 años. En 1997, al perder por primera vez en la historia del país, la mayoría en la Cámara de Diputados, Sáenz se convirtió en un negociador importante de la Presidencia con las distintas fracciones políticas representadas en el Congreso.

Anteriormente Liébano Sáenz había sido Oficial Mayor de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno mexicano, cuyo titular de dicha Secretaría era Luis Donaldo Colosio.

Al ser postulado Colosio candidato a la Presidencia de México, designó a Sáenz como Secretario de Información y Propaganda de la Campaña, en la que operó como jefe de prensa.

Ha sido administrador en distintos campos de la empresa privada y pública, destacando su gestión en los campos de la industria minera y del sector Turismo. En estas se desempeñó, primero como Director de Administración de Minera de Cananea, Director General de Azufrera Panamericana, Director Técnico de la Comisión de Fomento Minero, Director de los proyectos Turísticos de Ixtapa y Cancún, ambos a cargo del gobierno federal mexicano.

Ha publicado artículos y ensayos de temas políticos en diversos medios, y escrito algunos libros especializados, entre otros La Presidencia Moderna, (Editorial. Taurus).

Ha sido condecorado por varios países por el desempeño de sus funciones dentro del gobierno federal mexicano.

Es Presidente y CEO de la empresa de consultoría y estudios de opinión pública, Gabinete de Comunicación Estratégica, una de las empresas líder en el país en estudios de opinión y de investigación social, ubicada en la Ciudad de México (www.gabinete.mx).

 

Efemérides y fortaleza nacional

El 2 de octubre es día importante en el calendario político nacional. Para algunos, la fuerza de esta fecha es menguante, representa un recuerdo lejano que remite al brío de la juventud y a los orígenes de un cambio en la forma de ejercer ciudadanía. Indudablemente nos referimos a un trágico acontecimiento que cimbró al país y generó un cambio para bien. Marcó principio del fin de una época y aniquiló la visión imperante del poder. Sin embargo, lo que se escribió no fue un punto y aparte sino una serie de suspensivos. Con certeza, el mejor desenlace de estos sucesos fue la reforma de Jesús Reyes Heroles que abrió cauce democrático al Partido Comunista Mexicano y a otras fuerzas políticas. También habría que conceder mérito a la izquierda que supo entender que su futuro estaba en las urnas y en la representación parlamentaria.

Los desaciertos han eclipsado la capacidad del país por apreciar los aciertos. La democracia electoral, con todos sus defectos y limitaciones, ha sido uno de los grandes logros de varias generaciones. Fue alcanzada, no por la vía de la ruptura, sino como resultado de avances continuos, y, por momentos, accidentados. Hablamos de cambios reveladores y correctivos que respondían a lo ocurrido y exigían ajustes institucionales.

La tragedia retornó. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue el colofón de un largo régimen que había perdido virtud y legitimidad y cuyo comienzo se remonta al asesinato de otro sonorense en camino a la Presidencia, Álvaro Obregón. La alternancia en la Presidencia no fue arreglo obsequioso o perverso de alguno sino un logro de la sociedad mexicana, al igual que, años antes, fue mérito de la pluralidad – incluidos gobierno y PRI -, la reforma que otorgó piso de equidad, confiabilidad a los órganos electorales y derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal.

La democracia no se conmemora, ni tiene efeméride. No hay héroe, no hay evento emblemático ni fecha fundacional. Eso es bueno, mas no lo es la pérdida de aprecio por ese logro. Remitirnos al pasado y, particularmente al 2 de octubre de hace 47 años tendría que   servirnos para clarificar el horizonte, para valorar logros como el arribo de la democracia y para agilizar la agenda de atención a problemas graves y persistentes como la pobreza y desigualdad, heridas ambas que nos recuerdan la insuficiencia del cambio y que ahora se vuelven más profundas con la irrupción de la violencia y la inseguridad.

La memoria es fundamental para la conciencia nacional y también valioso recurso para apuntalar un proyecto nacional compartido. Frente a una tragedia que prevalece, con o sin efeméride, requerimos procurar más, mucho más, el orgullo por los episodios buenos y ejemplares del pasado, como en su momento lo intentaron don Daniel Cosío Villegas en su historiografía, al focalizar en la república restaurada la mejor generación de la política, o don Jesús Reyes Heroles cuando vio en el legado liberal mexicano el mejor camino para andar al futuro. Es la historia como didáctica para mejorar, transformar y edificar un porvenir digno y promisorio.

Insisto, 1994 simboliza el fin de la transición de un régimen y además cuenta el levantamiento zapatista en la zona más pobre de México. En perspectiva, virtuosa fue la corrección del gobierno al pasar de la iniciativa militar a la política. Sin embargo, es justo advertir que la erosión del régimen no solo obedeció al levantamiento indígena, también habría que considerar la violencia que se hizo evidente con la muerte del cardenal Posadas Ocampo y, poco después, la de José Francisco Ruiz Massieu, el hombre fuerte del gobierno por iniciar. El año 1994 cierra, asimismo, con la crisis financiera más severa de los últimos años, perniciosa para la economía de la gran mayoría de los mexicanos. La lección fue aprendida, cambiaron las reglas y, a partir de entonces, los mexicanos hemos vivido dos décadas de estabilidad económica, ajena a la crisis aunque con insuficiente crecimiento.

Debe preocupar -y mucho- el descrédito de la democracia y de sus instituciones fundamentales como el Congreso y los partidos, así como del proceso comicial, es contra natura. Es un problema de eficacia. Si la democracia no ofrece legitimidad y fortaleza es porque requiere demócratas y un piso de legalidad que no se desfonde, como ahora ocurre, desde la misma base social. Hoy, la contienda electoral no resuelve el conflicto; al contrario, es moneda de cambio, lo inicia y retroalimenta para que cada estación comicial, en lugar de ser una oportunidad para definir quién gobierna, sea ocasión para el cobro de afrentas.

En esta perspectiva adquiere relieve y dimensión la primera alternancia en la Presidencia de la República, inédita hasta hoy día, en el sentido de una normalidad en la que ganadores y perdedores reconocen el resultado. Fue un momento histórico relevante pero malogrado por la inexperiencia y la falta de visión de muchos, no solo en el gobierno, también en la oposición de entonces. La alternancia ingresó por la puerta grande y muy pronto salió por la ventana. El resultado fue el desencanto y su herencia: la pérdida del impulso reformador del régimen previo

Ni el gobierno dividido ni el poder competido dieron los resultados esperados. Todo se reduce, aún hoy, a un problema de gobernantes y opositores empoderados. En este sentido, es relevante que en los años recientes la pluralidad haya avanzado en transformaciones trascendentales; un proceso que se gestó con el acuerdo de los políticos, no a través del consenso social, de allí la distancia que media entre las reformas y el ascendiente ciudadano. Sin embargo, las reformas son genuinas y toca a autoridades y legisladores llevarlas al taller de la realidad. En esta etapa el ciudadano es espectador.

Un nuevo régimen se perfila en el futuro. Será una transición del gobierno dividido al poder compartido, donde la competencia se resolverá por la vía de la coalición, la oposición fragmentada y las candidaturas de independientes. La fragmentación se reflejará, muy probablemente, en gobiernos electos con escasa votación y, eventualmente, en déficit de legitimidad. Como en el pasado, será el ejercicio del poder, y no el voto, la fuente de legitimidad. La polarización preocupa, mucho más cuando en lugar de ser expresión de las diferencias propias de una sociedad diversa y plural, se convierte en calculada estrategia para ganar el poder.

Casi medio siglo después del 68, el país se encamina, eso espero, hacia una etapa culminante en los procesos de construcción de democracia y de lucha civilizada por el poder a través del voto.

El valor del diálogo

Este jueves 24 de septiembre, el Presidente Peña Nieto recibió por segunda ocasión a los padres de los estudiantes desaparecidos en los hechos trágicos de Iguala hace un año. El Presidente se hizo acompañar de destacados funcionarios de su gobierno. También asistieron el grupo interdisciplinario de especialistas de la CIDH, abogados, y representantes de los familiares y organizaciones civiles involucradas en el caso.

Frente al escepticismo de muchos y a las expresiones hostiles de los voceros de los padres –con o sin mandato-, el encuentro tuvo resultados positivos; el hecho es en sí mismo un logro. Las exigencias de los familiares son atendibles y el gobierno acreditó voluntad para avanzar en todos los temas, especialmente en el que debe ser objetivo común: el encuentro de la verdad como base para la justicia.

La reunión, no cabe duda, debió haber sido difícil para todos. El dolor que invade a los familiares de los desaparecidos se intensifica a un año de la tragedia por la falta de una versión concluyente sobre lo ocurrido y, consecuentemente, sobre el destino de los jóvenes. Lamentablemente, los padres y sus asesores, al tiempo que demandan el esclarecimiento, también son parte de un activismo político que busca elevar el problema y trasladarlo a objetivos que son ajenos a la justicia.

Los padres y familiares de los normalistas tienen derecho al dolor y también a suscribir causa política, pero los dos planos deben diferenciarse, lo que no ha ocurrido. Es claro que a quienes influyen en ellos o quizás por convicción propia, les ha resultado más funcional el reclamo al gobierno federal, que la exigencia de justicia a las autoridades municipales y locales. Así, por ejemplo, demandan someter a proceso penal a las autoridades federales, en lugar de demandar que todos los responsables materiales e intelectuales sean sancionados. Politizar el caso les podría restar fuerza moral para demandar la justicia que les corresponde.

Frente a la actitud rijosa y pendenciera de los voceros y asesores de los familiares de las víctimas se ha impuesto la disposición por parte de las autoridades. No es una dialogo entre sordos, al menos no lo es por parte del gobierno como puede advertirse en su respuesta. La reacción de la contraparte se explica por la ausencia de una verdad indisputada por las autoridades y los especialistas coadyuvantes. Esto puede superarse y es uno de los compromisos que se desprenden de la reunión. También queda claro que frente a una actitud militante y doctrinaria, la verdad pierde fuerza porque el objetivo es desvirtuado.

Una de las respuestas más importantes del gobierno fue la instrucción presidencial para crear una fiscalía especial para los desaparecidos, incluyendo, desde luego, a los normalistas de Ayotzinapa. La decisión es relevante porque el problema de los desaparecidos trasciende, lamentablemente por mucho,  los hechos trágicos de Iguala. Son decenas de miles los desaparecidos y era necesario que el gobierno de la República diera respuesta institucional al tema en su conjunto. Quizás para los voceros de los familiares de los normalistas desaparecidos, la respuesta es insatisfactoria e incluso elusiva pero para  aquellos que viven el horror de la incertidumbre sobre la suerte de un ser querido, la expectativa es alentadora.

Es lamentable que los asesores y representantes de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa no reconozcan que la creación de esa fiscalía es un logro histórico de su movimiento. Se trata nada menos que de contar con una política pública y una  definición institucional para dar cuenta de los desaparecidos. Lo deseable para esta fiscalía o instancia sería contar con una base legislativa que permitiera definir con carácter permanente la acción gubernamental para enfrentar de manera responsable y oportuna el problema de los desaparecidos de todos los tiempos.

Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también deberían sumarse para que esta iniciativa del gobierno atienda una de las exigencias de mayor peso en materia de derechos humanos que obliga a una política de Estado para dar cuenta sobre la tragedia de los desaparecidos; situación que no ha cambiado, toda vez que su origen está en la manera como el crimen organizado asociado al narcotráfico resuelve sus disputas entre grupos criminales y la lucha por territorios, como quedó acreditado en Iguala, con el descubrimiento de numerosas tumbas clandestinas.

Es innegable que  el país gana con un gobierno que escucha, que dialoga y que propone; cierto es que la indignación persiste y que, para el caso concreto de Iguala, es necesario tener claridad sobre los hechos y el destino de los jóvenes desaparecidos. Ahí radica el valor del grupo interdisciplinario de la CIDH, pues lo que digan las autoridades difícilmente tendrá la aceptación de los padres de las víctimas, pero no sucederá así con el informe de los especialistas extranjeros. De esta forma es posible alcanzar, o al menos intentarlo, una verdad compartida sobre los acontecimientos, con todas las dificultades que esto entraña por el paso del tiempo y por el probable manejo inadecuado de pruebas. La intervención de la CIDH también puede ser decisiva para alejar la amañada e interesada versión propalada por los grupos radicales en el sentido de que la responsabilidad directa del crimen apunta a las instituciones del Estado mexicano.

El valor del diálogo se acredita con los hechos, pues así como compromete, también construye; es base para crear confianza y para sumar voluntades, así como para dar un curso civilizado a las demandas y exigencias de justicia. Es inevitable que en temas como el de los desaparecidos, el reclamo adquiera prominencia, incluso que haya exigencias desmedidas en la forma y en el fondo. También es importante que las autoridades mantengan temple y claridad de los objetivos. Aunque seguramente  incomoda la incomprensión de la contraparte, lo relevante es hacer lo debido y esto es lo más rescatable del segundo encuentro del Presidente de la República con los familiares de las víctimas de Iguala.

Aprendizaje, didáctica social

Las virtudes de una persona, comunidad o nación no vienen de raíz, no necesariamente forman parte de su esencia original; son, en su mayor parte, adquiridas. Representan el conjunto de experiencias gratas e ingratas, adversas o favorables, dolorosas o satisfactorias. Así ocurre con los individuos y también con las naciones. La grandeza es reflejo de una historia que resume el constante aprendizaje, de lo bueno y de lo malo. La mediocridad se asocia a la soberbia, a la falsa creencia de que todo ha sido escrito, de que nada queda por aprender.

Los ejemplos están a la vista y se presentan todos los días. Alemania, que en el siglo pasado vivió una de las experiencias más extremas de racismo y xenofobia, hoy es el país más abierto y dispuesto a acoger a cientos de miles de extranjeros en desgracia. Estos hechos dividen a las sociedades pero resulta trascendente que algunos gobiernos y sus élites se unan para dar pasos que desafían el tiempo y la estable comodidad. Las personas también enfrentamos el reto de aprender día a día, de entender los nuevos términos de la sociedad, y de actuar positiva y activamente.

México vivió una dura experiencia en el terremoto de 1985. El cuadro de eventos es complejo. La sociedad actuó, la ciudad de México salió adelante y sus habitantes mucho aprendieron. A partir de entonces la cultura de protección civil se ha interiorizado. La aplicación de normas en favor de la seguridad y la actuación frente a siniestros hoy son reacciones cotidianas.

En política hemos sido menos virtuosos para asimilar las lecciones. Una de nuestras principales insuficiencias es la precaria cultura de legalidad. La desconfianza y la incredibilidad adquieren expresiones muy preocupantes. Parte del problema tiene que ver con una serie de experiencias ingratas en materia de justicia y también con una resistencia para asimilar lo doloroso o inaceptable. Las investigaciones judiciales avanzan a contrapelo del prejuicio, de la maledicencia y del rechazo social. Sin duda, la investigación sobre los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala será un ícono de la relación difícil entre justicia, verdad y opinión. Muchos son y serán los temas discutibles o controvertidos, pero lo que se consolida es la versión que no quiere aceptarse: los estudiantes fueron ultimados por criminales coludidos con autoridades municipales.

En estos momentos hay escepticismo sobre el aprendizaje que puede ofrecer el caso. La aportación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido útil, pero también les ha faltado la mesura que requiere  un trabajo de esta naturaleza. Por momentos la actuación de algunos de los  integrantes de este organismo se asemeja más a la de un auditor del investigador que a la de un coadyuvante en un tema que ha polarizado en exceso a la sociedad y que exige prudencia. El criterio para lograr una valoración final sobre su intervención lo definirá el tiempo. De cualquier manera, la única justicia válida es la que se consigue a través de las instancias y procedimientos propios establecidos en la ley, a pesar de que voces interesadas conceden veracidad sin reservas al extraño, solo por esa razón. Casos judiciales traumáticos para el país, lamentablemente ha habido muchos. En conclusión, el aprendizaje para todos consiste en reconocer que finalmente somos los mexicanos y las instituciones respectivas los únicos a quienes corresponde proveer justicia y de ahí la importancia de construir credibilidad desde las instituciones mismas, aún por encima de los intereses que a veces se incrustan con perverso oportunismo en los procesos decisorios de la procuración de justicia.

En esta didáctica social resulta fundamental la tarea que realizan los medios de comunicación. Afortunadamente no escuchamos una voz única sino, como debe ser, un mensaje plural y diverso. Debe haber más reserva ante las unanimidades que frente a los desencuentros de opinión. Pero la información no puede ser desdeñada, el dato duro no puede quedar sometido al prejuicio o a la postura personal, por respetable que sea. La libertad de expresión no es licencia para la calumnia, la mentira o el insulto, sobre todo si de lo que se trata es de contener el abuso del poder formal. Para aportar y contribuir a este aprendizaje colectivo, el poder mediático debe tener un sentido de responsabilidad y de lealtad basado en la verdad.

Parte de las dificultades para una didáctica virtuosa tienen su origen en la actitud de muchos que, en posiciones de influencia y privilegio, priorizan lo suyo y lo inmediato. Esto significa que no hay oportunidad para entenderse más allá de la estrechez de la circunstancia. Grandes mexicanos como Lorenzo Zambrano, Octavio Paz y Cosío Villegas, solo por mencionar a algunos de entre los muchos, demostraron que su brillantez no devenía únicamente de su extraordinaria labor empresarial, obra poética o aportación a la historia, sino de su participación y contribución para mejorar su comunidad, su país, su tiempo.

A quienes les ha resultado más difícil aprender de la nueva realidad y de las exigencias del cambio es a los principales beneficiarios del proceso democrático: los partidos. Y eso que ellos son y deben ser, en toda democracia, los articuladores de la representación popular. Sin embargo, las dirigencias se han tardado en actuar, quizás porque asumen la adversa circunstancia como una crisis coyuntural. El repudio popular en su contra avanza y ha favorecido la opción de los candidatos independientes, convirtiendo una forma de hacer valer el derecho a ser votado en un medio para mostrar repudio hacia los partidos existentes, precisamente por su distanciamiento de la sociedad. Las candidaturas independientes deberían ser una opción ciudadana y no, como ahora acontece, una vía para políticos que salen de sus partidos de origen por malas prácticas democráticas internas.

Efectivamente, la virtud de una persona, de una  comunidad o de una nación radica en su capacidad de aprender, en la habilidad para convertir cada evento trascendente en fuente de mejora y en su aptitud para impedir la imposición del inmovilismo, bien sea por soberbia o por complacencia, que con frecuencia y por infortunio, resultan lo mismo.

La verdad entre encuentros y desencuentros

Para la fortaleza de un país y de sus instituciones es fundamental la capacidad crítica de instancias formales como el Congreso y los partidos, así como de la sociedad, particularmente de sus organizaciones civiles y de los medios de comunicación.

La desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala es uno de los eventos más críticos y difíciles de los últimos tiempos. El hecho representa una herida profunda que supone muchas pruebas y desafíos, especialmente el que tiene que ver con nuestra capacidad para aprender, mejorar y hacer todo lo necesario para que no se repita.

Como en todo hecho trágico, es inevitable la indignación y la búsqueda de culpables. Desde luego que en este caso existen; son quienes planearon, instruyeron y ejecutaron los actos delictivos. También hay responsables indirectos, los que no actuaron frente a la descomposición que era patente en esa región de Guerrero y aquellos que enviaron a los jóvenes estudiantes a un largo viaje, muy lejos de la normal de Ayotzinapa, para realizar acciones de riesgo en una zona peligrosa, escenario de repetidos y documentados homicidios y desapariciones.

Hay quienes han pretendido utilizar el caso con evidente interés político. El radicalismo en ese estado, del que forma parte el mismo centro de estudios de Ayotzinapa, ha conducido el asunto hacia la desacreditación de las instituciones. Es una postura ideológica y política permisible en el terreno de las libertades y del debate propio de una sociedad abierta, pero improcedente como instrumento de justicia. Las indagatorias deben señalar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos, así como a quienes incurrieron en criminal negligencia. Esa es la tarea.

Las procuradurías local y la federal han realizado las averiguaciones. A partir de elementos de convicción y del juicio de peritos y especialistas fue presentada una versión de los hechos. En contraposición a la expectativa de que los estudiantes estuvieran vivos, se desprendió, por razón del tiempo transcurrido, que los jóvenes fueron aniquilados. Las hipótesis son múltiples y el expediente sigue abierto, aunque la versión de las autoridades es que los estudiantes fueron ultimados y sus restos incinerados y arrojados al río en el basurero de Cocula.

El deseo de las autoridades federales de conocer la verdad y de que ésta sea creíble ha concentrado múltiples esfuerzos, incluida la incorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El domingo pasado el grupo presentó un informe que soporta buena parte de las conclusiones oficiales. También desarrolla hipótesis presentes en el expediente pero que no habían sido destacadas en las conclusiones expuestas, como es la referente a un quinto autobús ocupado por los estudiantes que tenía droga. Además, hay un juicio crítico en torno a la manera en la que se desarrollaron las investigaciones y la conclusión de un especialista que disputa la tesis que sugiere que  los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El reporte no supone una descalificación total o absoluta del trabajo de la PGR, aunque muchos medios y comentaristas así lo han asumido. Por el contrario, lo que se aporta robustece la versión de que los estudiantes fueron eliminados por la colusión de las policías municipales con el crimen organizado. Incluso, de corroborarse la hipótesis del quinto autobús, habría una explicación sobre la motivación de la acción criminal. La consideración de que no hay evidencia suficiente para probar que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero –conclusión pendiente de verificación con un tercer peritaje de expertos independientes– no anula lo fundamental de la investigación y de las conclusiones de la PGR con respecto a los responsables del crimen, aunque sí demanda una explicación sobre un aspecto crítico: ¿qué sucedió con los normalistas y con sus restos?

Las versiones encontradas se dan en el marco de la crisis de credibilidad que existe en el país hacia todo y hacia todos. En una encuesta reciente de GCE se preguntó, sin mencionar que se trataba de la tesis de la PGR, si era creíble que los autores intelectuales fueron el expresidente municipal de Iguala y el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos; dos terceras partes de los encuestados respondieron en sentido afirmativo. Sin embargo, a la pregunta de si la explicación de las autoridades era veraz o falsa, 70% consideró que era falsa. En otras palabras, el prejuicio contra lo que dice la autoridad es de tal magnitud que por el simple hecho de ser ésta la fuente, la versión pierde todo valor.

La decisión del Presidente Peña Nieto de reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos cuenta con un apoyo abrumador; ocho de cada diez personas señalan que debe hacerlo.

Las autoridades han actuado con prudencia frente al trabajo independiente. El Presidente ha instruido al Secretario de Gobernación y a la Procuradora para revisar cuidadosamente el informe y actuar en consecuencia. Los temas de desencuentro habrán de resolverse no con la reiteración de la versión propia, sino con investigación adicional y, de ser el caso, con dictámenes complementarios de otros especialistas. Frente a la indignación y a la duda, los medios deben esforzarse para que prevalezca un juicio ponderado, razonado, ajeno a las opiniones simples y al linchamiento fácil y superficial, esto es, para que se mantenga alejado el prejuicio que lleva al escepticismo y rechazo de lo institucional.

Develar la verdad es el objetivo compartido por los padres de las víctimas, las autoridades, los fiscales y los expertos. La politización que rodea al caso poco contribuye a tal propósito y tampoco es útil desviar la atención hacia quienes han realizado las indagatorias. La aportación del grupo de expertos es un buen precedente, pero hay que tomarla con cuidado y sin candidez ya que, como ellos mismos reconocen, se trata de un caso difícil y complicado.

Para el país es una oportunidad de mejorar y de identificar las debilidades institucionales en toda la cadena, desde el gobierno municipal al servicio del crimen organizado hasta la sumisión de la política ante las peores causas cuando no existe sentido de los límites ni referentes éticos claros. El tiempo anticipa por sí mismo el trágico desenlace de los muchachos. Es hora de aprender para que nada igual vuelva a ocurrir.

Ecos del Informe

El informe presidencial es uno de los ritos más relevantes de la política nacional. Así ha sido por mucho tiempo aunque el evento se ha transformado. Su origen es claramente republicano y democrático. En nuestra tradición constitucional se remonta a la época de las Cortes de Cádiz cuando se obligaba al monarca a asistir a la apertura de las deliberaciones de la asamblea. El acto se reprodujo en nuestras constituciones. En el pasado reciente se desvirtuó al convertirse en un acto presidencialista, más que en un evento de la representación popular radicado en el Legislativo. La pluralidad exhibió la disfuncionalidad de la fórmula presidencialista. Lamentablemente, en 2006 se dio un paso nada virtuoso: el Presidente ya no comparece y se limita a realizar un encuentro informativo alejado de la tradición parlamentaria.

Llama la atención que al recibir el documento del Informe de Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, del Congreso, Jesús Zambrano, haya asumido una postura inconsecuente con la figura de la pluralidad. Habló por sí mismo o por una parte, olvidando que en ese acto él representaba a todo el Congreso.  Razones para aludir a la conveniencia de que el Presidente esté presente en la apertura de sesiones las hay, pero también tendría que recordar que fue su partido, el PRD, el promotor del cambio que ahora está en la Constitución.

El informe no es un evento, tampoco un mensaje, es simplemente un texto que el Ejecutivo presenta al Congreso. Sin embargo, desde siempre la atención se ha centrado en lo que el Presidente dice y expone. El Tercer Informe de Gobierno se dio en un momento singular para el país y para la economía mundial. En el mensaje presidencial, como corresponde, se habló de los temas difíciles pero sin llegar a un ejercicio de autoflagelación como hubiera querido un sector de opinión tradicionalmente distante del rumbo de la política y del ejercicio del poder. El Presidente fue congruente con el sentido político de la ocasión: informar y exponer a la ciudadanía las razones y los datos duros de la gestión gubernamental. Lo hizo frente a una sociedad escéptica hacia todo y todos, incluso con respecto a las recientes transformaciones históricas que fueron posibles con el concurso de la pluralidad.

El asunto es mucho más profundo como para remitirlo a una cuestión de comunicación. De hecho, parte de la complejidad del escenario es resultado de la pérdida de ascendiente de los contenidos, formatos y medios de comunicación. Lo de hoy es la comunicación interactiva, en tiempo real, sin jerarquías y sin formatos rígidos ni formalidades institucionales. Es un una circunstancia global y la situación nos hace pensar en un presente y en un futuro caracterizados por gobiernos y políticas de consenso social exiguo. En otras palabras, es preciso aprender a gobernar en medio del debate, la crítica y el disenso, con una credibilidad que solo puede acreditarse con la eficacia, no con la popularidad.

Hace un juicio parcial quien asuma que la crisis de confianza en las instituciones se focaliza en uno o varios eventos: el crimen de Iguala, los escándalos de presunto conflicto de interés, la fuga de El Chapo, etcétera. Sin duda esto abona al día a día, pero no determina la visión crítica hacia el poder y el gobernante; además, como lo hemos señalado, el déficit de confianza no se reduce a una autoridad o instancia, se extiende también a toda la institucionalidad e, incluso, implica a las mismas organizaciones de la sociedad. El problema es estructural y en el caso de México perfila una circunstancia incierta y compleja, no necesariamente virtuosa, para enfrentar la adversidad.

El Presidente ha presentado líneas de acción para los próximos tres años. Lo fundamental es dar continuidad al proceso reformador del que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso han sido parte; esas transformaciones que ahora son mandato constitucional. Pero el desafío de seguir adelante encuentra un escenario diferente y, en varios sentidos, adverso. La mayoría legislativa es posible, pero su contenido y alcances serán más estrechos dada la circunstancia política, económica y social por la que atraviesa el país.

Frente al dividido juicio sobre las transformaciones alcanzadas, para el Presidente resultaba pertinente plantear la defensa de un proyecto de Nación que no es de un partido o de un grupo, sino del conjunto del país. No es una declaratoria de guerra ni la anticipación del calendario político, se trata de poner en el centro del debate el dilema entre progreso o retroceso. Sí, la evidencia palmaria y las expresiones retoricas de distintas fuentes nos acreditan que hay intentos para revertir las reformas; en algunos casos son movimientos abiertos y públicos como el del magisterio radical contra la reforma educativa, pero también los hay discretos y encubiertos. La política del insulto, la polarización y el afán de anular lo alcanzado no solo apuntan a un personaje de la política, también avivan una serie de procesos políticos que van a contrapelo del interés del país. Las reformas pueden modificarse o enriquecerse pero no revertirse.

El riesgo es que el desencanto sobre el estado de cosas puede, efectivamente, abrir la puerta grande a respuestas falsas. Ninguna democracia es inmune al asalto populista regresivo, más en tiempo de crisis. Por ello el llamado de atención es necesario, útil y conveniente como ejercicio democrático, como también lo es abrir el debate, dejar de trivializar las resistencias a las reformas, tomarlas en serio y plantarles cara.

Es útil para todos mostrar a quienes pretenden cancelar obras públicas en proceso con el sólo afán de ganar popularidad circunstancial; asimismo; debatir si es deseable, también con lucro electoral futuro o para ganar apoyos de los beneficiarios del status quo, cancelar la reforma educativa, la energética, la de telecomunicaciones o la de competencia económica. La política da para mucho y la demagogia movida por la pretensión del voto está de moda; sin embargo, no debemos perder de vista el significado y las consecuencias de avalar opciones irresponsables. En el pasado, el país pagó muy cara la desatención al sentido común y a las reglas del juego a las que toda nación está sujeta. El debate que a todos conviene es aquel que se concentra en las alternativas positivas, eficaces y sensatas para mejorar al México que hoy tenemos.

Page 33 of 33

Lo Reciente en GCE

Encuesta Nacional 2017

Sociedad Jóvenes en México

FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

contáctame

Escribeme
Go to top