Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El INE bajo fuego

Son muchas las instituciones que se han creado en el pasado reciente, que son motivo de satisfacción y orgullo. En perspectiva, uno de los mayores logros ha sido erigir una institucionalidad para dirimir civilizadamente la competencia por el poder a través del voto. El tránsito hacia autoridades electorales independientes ha sido un proceso gradual y consistente. La creación del IFE fue un paso significativo, y más la reforma de 1996 que le dio autonomía plena. Fue un aprendizaje exitoso. El arribo del gobierno dividido en 1997 y la alternancia en la presidencia en 2000, fueron eventos que mostraron la confiabilidad de los órganos electorales.

El IFE/INE ha sido una creación genuinamente mexicana. Sus virtudes son ejemplares, pero sus debilidades no son menores, aunque no necesariamente atienden a quienes le integran, sino a las insuficiencias de la ley. Las reglas las aprueban los partidos y esto significa que no siempre está presente el interés público o ciudadano, sino el resultado un tanto complejo de las negociaciones entre competidores.

Uno de los problemas de la institucionalidad vigente resulta del desenlace traumático de las elecciones de 2006, con un resultado muy cerrado entre el candidato del gobierno, Felipe Calderón y el opositor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que las elecciones presidenciales de 1988 que dio lugar al IFE y a una justicia electoral especial, las de 2006 crearon un modelo comunicacional restrictivo de las libertades, además de un esquema excesivo e invasivo de publicidad partidaria fundado en promocionales en radio y Tv a cargo de los tiempos del Estado. Otro efecto de la reforma de 2007 fue que el haber removido a la totalidad del Consejo General, con lo que quedó en entredicho la inamovilidad de los consejeros a manera de asegurarles libertad respecto de los partidos.

En la reforma sucesiva, en el marco del Pacto por México, se dio un paso más hacia la centralización de las elecciones, que fue una exigencia de Acción Nacional. La fiscalización de toda elección está a cargo del INE, a lo que se suma el registro electoral, pero la organización de los comicios tiene lugar por los órganos electorales locales bajo un esquema de discrecionalidad del INE, que lo mismo puede realizar determinadas funciones que organizar la totalidad del proceso.

En lo que va de vigencia de la última reforma el sistema muestra insuficiencias preocupantes. El INE está bajo fuego no por actos propios, sino por omisiones o por lo que ocurre en elecciones locales a cargo de autoridades locales. Además, queda claro que la autoridad que organiza las elecciones requiere de la participación y colaboración de los partidos y ciudadanos; sin embargo, si esta misma autoridad es también instancia de sanción para los partidos, medios de comunicación y ciudadanos, es inevitable que esté bajo crítica de las partes afectadas.

El INE ha realizado un trabajo encomiable en el marco de las responsabilidades que les corresponden. Existe polémica, crítica y controversia sobre la decisión que debió tomar respecto a los comicios de Coahuila a partir del informe de la Comisión de Fiscalización, cuyo dictamen señalaba que se habían superado los topes de campaña. En mi opinión es correcto que la decisión no sea del Consejo General, sino del Tribunal Electoral. El precedente de anular es sumamente serio y grave, además es discutible, por el bajo tope de gasto de campaña en la legislación de Coahuila, que sólo por esa falta y en tal proporción se pudiera anular la elección. Quizás jurídicamente es suficiente, no así el argumento de que una presunción de gasto –la tácita remuneración de los representantes de casilla- llevaría a repetir los comicios. El Tribunal puede atender el conjunto de pruebas de quienes han impugnado la elección, valorarlas y resolver si es el caso, ratificar o repetir comicios.

La elección de 2018 debe cuidarse con el apego estricto a la ley. La discrecionalidad es un problema. Por su parte, los partidos y el conjunto de la sociedad deben fortalecer la condición de autoridad del INE. Cuestionarle por interés particular o como medio para debilitarla bajo el supuesto de que es lo que más conviene, es un grave error. Es inevitable que existan diferencias en las decisiones de autoridad, sobre todo, cuando deben dirimirse controversias de peso como es anular una elección de gobernador, pero esto no debe llevar al extremo de exigir la renuncia del conjunto del Consejo General como lo ha demandado Morena. Esta presión que se le hace a los consejeros es irresponsable y frívola en extremo, además de que poco contribuye para un ambiente de confianza y certeza respecto a la magnitud del reto en puerta.

No es la actuación del INE el problema. La legalidad y la equidad en la elección ha quedado comprometida por los propios dirigentes de los partidos de Morena y Acción Nacional al utilizar en su beneficio como promoción personalizada la publicidad a la que tienen derecho las organizaciones que representan, de la misma forma por la campaña publicitaria del ex gobernador de Puebla mediante el despliegue de publicidad desproporcionada en la promoción de un libro. El modelo restrictivo de la libertad debe aplicar a todos; que los dirigentes de los partidos o un prospecto de candidato se hayan aprovechado o manipulado o interpretado a su favor los resquicios de la ley, ha sido una omisión preocupante por la autoridad. Por esta consideración es necesario que el INE tenga el aval de todos los partidos y los contendientes, a manera de que la ley se aplique de manera igualitaria y que no se pretenda, como es el caso, de que situaciones claramente contrarias a la norma se dejan pasar a manera de evitar el rechazo de alguno de los actores políticos.

En ese sentido resulta tardía e insuficiente la determinación del INE para que, hasta el 8 de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral, se impidan situaciones de inequidad e ilegalidad como en las que se ha incurrido, en algunos casos a lo largo de más de un año. Aplicar la ley es la manera de acreditar a la autoridad electoral, que es lo único que nos permitirá librar el 2018 en las mejores condiciones que la realidad actual nos echa en cara como un mal augurio.

La unidad en tiempos difíciles

Una de las prendas más preciadas de toda comunidad o país es la unidad en torno a lo fundamental. La civilidad democrática y el sentido de supervivencia de una nación obliga a acotar los espacios de la disputa y la diferencia. Hay intereses por encima de todo y de todos. Es cuestión de madurez política entenderlos y asumirlos. Lo normal es el debate, la disputa, la crítica de la oposición respecto a quien detenta el poder; empero hay momentos, circunstancias y temas que obligan a un objetivo común. No es que el gobierno se imponga y la oposición se someta, sino que se construya un punto de encuentro a partir de la convicción compartida de que lo que hay que cuidar se impone a la cíclica competencia por el poder.

En perspectiva histórica, al país le ha significado un elevado costo la fragmentación o la confrontación. Con dificultad hemos aprendido que el interés del país debe asumirse como un objetivo común. El arribo de la democracia ocurrió por aproximaciones sucesivas y en un largo periodo negociación dominado por la desconfianza y la impaciencia de la oposición, y la arrogancia de quienes detentaban el poder. Momentos luminosos y visionarios los hubo de unos y otros, se avanzó significativamente y se alcanzó la normalidad democrática al margen de la ruptura y la crisis institucional, pero se heredaron hábitos poco avenidos a los valores democráticos: la cooptación y el chantaje cobraron más espacio del debido. Así se ha llegado a una democracia imperfecta, eficaz para elegir, insuficiente para legitimar y legitimarse a sí misma.

Lo mismo ha ocurrido al interior de los partidos. Éstos importan y mucho, porque son los pilares de la democracia representativa. Pero las reglas del juego ellos las han definido y eso significa un régimen de privilegios contrario al interés ciudadano. Unos partidos han nacido en la democracia, otros han transitado a ésta, pero ninguno ha interiorizado los valores propios de la democracia liberal. Es difícil tener una democracia vigorosa si los partidos se vuelven maquinarias rígidas, distantes de la sociedad, cargadas de oportunismo político y orientadas a ganar el poder como un objetivo en sí mismo.

Al igual que sucede con una nación, no es aceptable que la única unidad en los partidos sea la de corte autoritario o vertical. Aunque lo parezca, la disputa por el poder no es una guerra. La referencia de Clausewitz no aplica en el sentido de que la política es la continuación de la guerra por otros medios; tampoco la política es una forma civilizada de guerra. No es así, porque la premisa fundamental de la democracia no es el exterminio o la imposición, sino la coexistencia de la diferencia, sin ninguna exclusión más que la de aquél que niega precisamente la convivencia en términos democráticos.

Los partidos, sin embargo, ingresan a un escenario de guerra en la disputa por el poder. La unidad en su interior se vuelve un tema crítico. Morena la tiene resuelta de origen, se creó para llevar a López Obrador a la presidencia y todo se acomoda a tal propósito. El PRI, de origen, es una alianza más amplia y compleja de lo que parece; ahí tiene que hilarse fino para que la disputa por la candidatura a la presidencia y la guerra de posiciones por las de legislador, no rompan la cohesión en momentos que resultan de lo más críticos para el priismo. El PAN tiene el desafío de elegir pronto candidato en un entorno inédito en el que la misma dirigencia es árbitro, representante del conjunto y parte interesada en la definición de la candidatura. El PRD no resuelve si presentar candidato o unirse al PAN bajo la idea de conformar un amplio frente opositor. Los partidos pequeños van perfilando alianzas.

De otro lado, el desencuentro de los partidos con la sociedad explica la fortaleza que han adquirido las candidaturas independientes. En 2018 es muy probable que se presente al menos un candidato sin partido. Es un paso positivo en términos de salvaguardar el derecho a ser votado; no es necesariamente virtuoso respecto al andamiaje y principios de la democracia representativa. Su presencia puede servir a que los partidos se vean obligados a cambiar. Un desenlace lamentable sería que el candidato independiente declinara al final por uno de los candidatos de partido. Además de ser fraude a la ley, sería una negación al propósito que dio espacio legal a las candidaturas ciudadanas.

Así que la unidad en los partidos y la presencia hasta el final de las candidaturas independientes son un desafío, pero todavía más relevante es la unidad en el país. Los problemas existentes y una nueva actitud de la sociedad, más exigente y demandante, conlleva un ánimo social en el que se reduce el espacio de consenso y crece el descontento, así como la incertidumbre. La desconfianza dificulta el propósito de unidad. Un ánimo contestatario permite conectar con un tercio de la población que está muy desencantada con la situación. Esto no es mayoría, pero sí es una base suficiente para cualquier proyecto político y en un entorno de voto fragmentado, como el que se anticipa, puede llevar a quien lo represente a la presidencia de la República.

En la circunstancia, hay temas suficientes que debieran alimentar una voluntad compartida por la unidad de la pluralidad política, incluso por la de grupos de interés y factores de poder. Son cuatro los principales desafíos en puerta. El primero se refiere a la relación bilateral con los EU en el que se haga valer con eficacia el interés de México frente al embate hostil al país. El segundo, es la lucha contra la inseguridad y la violencia, o lo que es lo mismo, abatir la impunidad. Lograrlo es interés de todos como lo señaló en días pasados el Presidente Peña y el representante de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera.

Los otros dos temas para concitar la unidad es mejorar la calidad de gobierno y hacer de los comicios próximos un terreno de deliberación y disputa civilizada para que sea el voto responsable, libre e informado el que defina el resultado. Lograr esto último, que los espacios de campaña diriman de cara a los electores los diversos proyectos de futuro que se plantean para el país, puede ser el primer acuerdo de todos los actores, que refleje la voluntad de empezar a unirnos en asuntos fundamentales del país.

¡Tomen su spot!

El modelo comunicacional del sistema electoral mexicano se ha centrado en los spots. No es algo nuevo, pero en los últimos 12 años se ha construido un oneroso e invasivo régimen de publicidad basada en promocionales que son difundidos ampliamente hasta que la estridencia es tal que se convierte en ruido incomprensible, por la radio y la Tv. Es el sistema a la medida de los partidos políticos. Es como se ha pensado que debe ser la relación con el ciudadano. Independientemente de postura, identidad o proyecto, hay una suscripción generalizada a ese modelo comunicacional, único en el mundo y todo a costa del Estado y de la sociedad.

Es tan nodal en nuestro sistema democrático este proceso, que la misma equidad de la competencia ha pretendido fundarse en dicho régimen de comunicación. Su reglamentación es estricta, a niveles de rigidez incomprensible, y poco tiene que ver con el objetivo mayor de la comunicación política, que es el voto informado. En tiempos previos a la campaña, los partidos y sus dirigentes abusan de la impunidad que les da su condición: emiten sentencias y juicios sumarios, se promete lo que es imposible cumplir, y de manera subrepticia e inequitativa, desde esos espacios que la sociedad otorga a los partidos, se promueven futuras candidaturas, una cierta, la de López Obrador y otra todavía por resolver, la de Ricardo Anaya.

El INE ha determinado que a partir del inicio del proceso electoral, 8 de septiembre, los dirigentes no deben aparecer en los promocionales. Es una decisión tardía, sobre todo, porque hay un régimen que prohíbe la publicidad personalizada para los servidores públicos. Los partidos y sus dirigentes no pueden estar sujetos a excepción. Cierto es que la Constitución prevé la desviación de los recursos públicos para que los funcionarios se promuevan y los dirigentes de los partidos no son, en el sentido formal, servidores públicos. Sin embargo, el financiamiento sí es público, además de que la norma tiene también como objetivo salvaguardar la equidad en la contienda.

Lo mismo vale para los tiempos de campaña. El régimen electoral ha determinado fechas estrictas. La campaña anticipada está severamente sancionada por la ley. Sin embargo, los dirigentes de Morena y del PAN han encontrado una forma de violentar la norma. Se promueven en lo personal y lo hacen fuera de los tiempos legales. Eso, en el más generoso de los calificativos se llama fraude a la ley. La complacencia a la situación por parte de las autoridades electoral y jurisdiccional, ha distorsionado el esquema comunicacional. Los spots de los partidos se vuelven instrumento contra la equidad en el sentido de las condiciones igualitarias para todos los contendientes. Es una paradoja reveladora de doble moral que quien más exige estricta legalidad en los procesos electorales, es el más inconforme con la determinación del INE sobre la restricción de promoción personalizada de dirigentes de los partidos.

Por otra parte, la fuerza y penetración que ha cobrado la comunicación e información digital ha puesto en cuestión la hegemonía de los medios convencionales, particularmente de la televisión abierta. Los datos son abrumadores sobre el cambio en los hábitos informativos de la nueva generación; el tema no solo es en cuanto a cobertura, también es de credibilidad e influencia. Cabe destacar que la situación no es particular al país, es un fenómeno global que da espacio a la duda sobre el poder de la publicidad en televisión, especialmente, la abierta.

Al cierre de siglo, intelectuales de gran calado como Karl Popper o Giovani Sartori en las fases últimas de su producción, elevaron la alerta sobre las amenazas y efectos perniciosos de la televisión. Es posible que si fueran testigos de lo que ocurre con la comunicación e información digital se quedarían cortos en su preocupación, al menos en lo que a su influencia se refiere. Sin embargo, son géneros diferentes. Los medios convencionales se caracterizan por su verticalidad y carácter impositivo en el sentido de que la única palabra la tiene el emisor. La réplica es ineficaz o sumamente imperfecta. La comunicación digital plantea un paradigma distinto. Ahí, lo interactivo y el tiempo real es lo que prevalece. Crea e integra comunidades virtuales en cuanto a identidades a partir de temas y cuya fuerza y cohesión está en los flujos de información. Es un fenómeno social diferente. No todo, de hecho, muy poco tiene que ver con la política en su sentido formal.

El sistema electoral se ha quedado corto o desactualizado. La no regulación del universo digital se ha escapado del control institucional y de sus actitudes rígidas. Quizás no haya mucho por hacer. Lo cierto es que la regulación de la red es uno de los temas más controvertidos y difíciles de concretar, precisamente por la horizontalidad de la comunicación y la existencia de emisores y reproductores que escapan al control. La publicidad institucional en la red se puede eventualmente controlar, no así los múltiples flujos y canales de información que impactan al ciudadano y, eventualmente, el sentido del voto. Estamos hablando del poder de la libertad de expresión en tiempos de la web.

La información digital, por su propia apertura y dinamismo no necesariamente puede someterse a los criterios de calidad y veracidad, no digamos a los de equidad. Hay de todo: desde la calumnia o el insulto soez, hasta la información fidedigna y oportuna. Lo mismo el debate serio y a profundidad, que prédicas fuera de todo sentido de moderación. Es un espacio abierto de libertad con todos sus excesos y controversias. Esa es su fortaleza, también su limitación. Como todo, se puede lamentar su abuso, pero no su existencia. Soy de los que piensa que sus virtudes son mayores que sus limitaciones. En todo caso a donde debe dirigirse el control es al empleo delictivo y a la invasión de privacidad, no a sus contenidos.

La elección de 2018 se hará bajo condiciones diferentes a las del pasado. Tengo la impresión que fue un error del legislador unir en una fecha comicios locales, de legisladores y el presidencial. También creo que el modelo de comunicación fincado en promocionales breves como latigazos, pura forma, exentos de fondo, está llegando a su fin. Lo está acabando el evidente abuso de los partidos y sus dirigentes, también la irrupción de la comunicación digital, acompañada de todas sus virtudes y defectos. El camino adelante, sin embargo, no será el desplazamiento de la comunicación convencional, sino su utilización más racional.

Desafíos

A Javier Tejado Dondé que lee mis textos y me escucha exhaustivamente

El país ingresa a un momento crucial al tiempo que inicia el ciclo sucesorio de la presidencia. Los tiempos electorales y los de la política real, han llegado. Los partidos se preparan, prefiguran alianzas y en su interior se perfilan los procesos para elegir a sus candidatos. En el caso del PRI pronto tendrá su asamblea nacional que será, como todo encuentro de tal naturaleza, un terreno de competencia, debate y acuerdo. Morena y su líder ya han señalado los términos y los sujetos de su coalición electoral. Lo mismo sucede con las dirigencias del PAN y el PRD, los que se pronuncian por un frente amplio opositor.

Las elecciones son espacio de disputa y controversia. De lo que se trata es de movilizar los sentimientos y hasta las pasiones del electorado para concitar apoyo para uno o el rechazo para el adversario. Así es la lucha por el poder en todas las democracias, y es natural que esto genere disenso y polarización. Es tiempo en el que los defectos de los adversarios se ven con aumento y los logros propios se maximizan y resaltan. En algunos casos, a falta de resultados o historia propia, se pretende dar curso a la expectativa de cambio con promesas irrealizables. La circunstancia ahora, por el estado de ánimo de muchos que mantienen una actitud de insatisfacción y enojo con el orden de cosas, es propicia; no sólo a la polarización, sino a propuestas de cambio en el sentido de revertir todo lo realizado, como si ese fuera el origen del problema.

La situación explica por qué en muchas sociedades se da curso por la vía del voto a cambios abruptos con propuestas y proyectos que se alimentan del agravio social que provoca el cambio en curso. Los casos son múltiples, afortunadamente no han sido generalizados y es deseable, por el futuro de la democracia, que no se vuelvan el signo de nuestros tiempos. Los valores de la civilidad como son las libertades, la tolerancia y la coexistencia de la diferencia se ven amenazadas por el arribo del populismo y el espíritu autoritario que le acompaña.

En el país son muchos los desafíos de las autoridades en este nuevo entorno. Por ejemplo, los términos de la vecindad con EU siempre han sido cruciales para el país. A finales del siglo pasado con la suscripción del Tratado de Libre Comercio, se dio un paso fundamental de sana integración y de mutuo beneficio. No lo es todo, pero sí una fórmula virtuosa y muy inteligente, además de constructiva, de hacer de la asimetría social, cultural y económica de las tres naciones, una zona regional de oportunidad y de prosperidad. El balance ha sido favorable para todos. Actualizarlo es necesario, pero ratificando los objetivos que le inspiraron y que hicieron del acuerdo una historia de éxito. El proceso de negociación no será sencillo por la retórica hostil del presidente norteamericano, por el sentimiento de agravio de una parte de la sociedad norteamericana y porque hay sectores económicos poderosos que pueden ver en la negociación oportunidad para mejorar su posición a costa del legítimo interés de las naciones.

Otro pendiente de nuestro tiempo, que no podemos soslayar en el marco de la competencia que viene, es decir, que no es sólo del momento electoral, son los procesos abiertos propios del escrutinio público al poder. Vivimos momentos distintos no solo por los problemas que resultan de las insuficiencias de la política o del gobierno o posiblemente de una mayor exigencia pública sobre lo que se espera de las autoridades. Vivimos una diferente ciudadanía, formas de participación e información, así como una aspiración mayor y diferente de bienestar. Ahora el consenso es precario y difícil de lograr. Las diferencias y los nuevos términos de la exigencia social también tienen un potencial importante de motor para el cambio. El desafío es que este impulso disruptivo tenga cauce y destino virtuoso.

En esta perspectiva ha sido un logro mayor el que la pluralidad haya podido construir un marco de transformaciones institucionales profundas que le dan al país fortaleza y un mejor horizonte. Por el modelo de negociación, los cambios no cobraron fuerza en la base social, pero esto no los hace perder validez ni eficacia. Así, por ejemplo, abrir el país a una mayor competencia en muchos sectores de la economía es probable que al ciudadano común le parezca un tema menor; la realidad es que revertir una situación de monopolios públicos y privados por la vía de la ley es un proceso histórico de gran calado. Ciertamente, que se llegue al objetivo último no es instantáneo ni sencillo, se requiere un proceso largo de adaptación y de concurrencia de voluntades, normas y procedimientos.

Situación semejante puede decirse de la reforma educativa. Su necesidad y pertinencia está fuera de cuestión. Ha sido muy encomiable la postura de la mayoría de los trabajadores de la educación para participar positivamente en este proceso de cambio. Por su contenido y la complejidad del sector no ha sido sencilla hacer realidad la reforma, pero ya es. Hay mucho camino todavía por recorrer para ver su impacto en la calidad educativa, pero es mucho lo que se ha hecho al definir sólidas bases institucionales para el cambio y también en hacer realidad la primera etapa de su realización.

Revertir los cambios sería un error de magnitud histórica. La seducción populista al respecto no es diferente a la del entonces candidato Donald Trump de crear un muro o de echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Se puede pensar en hacer ajustes o mejoras de las reformas emprendidas, pero no para revertirlas o pervertirlas en sus objetivos. Todavía peor, por su contenido antidemocrático, sería anularlas simplemente por la ausencia de voluntad del gobierno para cumplir y hacer cumplir la ley.

Los retos que se viven hoy día no son menores, trascienden la competencia electoral y deben dimensionarse y atenderse sin indiferencia o inacción, porque así lo exige la normalidad cambiante de los nuevos tiempos.

Segunda vuelta

A partir de la reforma política de los 70’s, México ha experimentado un largo proceso de transformación de sus instituciones representativas y electorales. El régimen presidencial no ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la manera de integrar a los órganos representativos como son las Cámaras, los Congresos locales y los ayuntamientos. También la Ciudad de México se ha transformado. De autoridades designadas por el Ejecutivo federal, herencia de la colonización española, pasamos a la democratización plena. Las instituciones han cambiado porque el país se ha transformado. Han sido un sinnúmero de reformas, algunas, en realidad muy pocas, anticipando lo que viene, otras exhibiendo las dificultades que tenemos para adaptarnos a la exigencia que impone la realidad.

En términos generales, aunque controvertidos, los cambios en la Constitución han sido eficaces. Controvertidos, pues existe la idea de que los sistemas políticos deben tener una relativa estabilidad en cuanto a sus reglas; también es polémico el caso de incluir en la Constitución normas que debieran estar en la ley ordinaria, resultado de la pretensión de los partidos de fijar sus logros, ya que la reforma a la Constitución requiere de mayoría calificada.

De factura reciente han sido las candidaturas independientes, y también la federalización de la organización de las elecciones, bajo un esquema ambiguo en el que el órgano central se reserva ciertas facultades y los institutos electorales locales la organización de los comicios. La fiscalización se hace a nivel central y eso que debe ser el eje fundamental de la confianza en torno a las campañas, se vuelve un laberinto de opacidad y dificultades de cumplimiento, empezando por el detalle que obliga a todos los candidatos y partidos a una complejidad contable sin paralelo en el mundo. A pesar de eso, o quizá mas marcado por las disposiciones de nuevo cupo, el financiamiento subrepticio o ilegal continúa siendo uno de los problemas más graves del sistema electoral.

En esta situación general que a ratos parece estar construida para abonar a la desconfianza, un cambio de relevancia es que el próximo presidente podrá construir un gobierno de coalición. La norma es sumamente general, pero es el inicio de la parlamentarización del régimen presidencial, puesto que la figura como tal alude a la construcción de mayoría legislativa. Por lo pronto, para la funcionalidad de la coalición serán los acuerdos los que llenen un vacío que en estricto sentido corresponde definir a la Constitución y a las leyes.

Dos fuerzas han definido el cambio institucional; la primera ha sido la inercia hacia la pluralidad en el sistema de partidos. En efecto, se ha transitado de un régimen de partido dominante a otro donde son muchos los que compiten en condiciones tales que el voto mayoritario puede resolverse con cifras cercanas a la tercera parte de los sufragios, como ocurrió en los comicios recientes en el Estado de México y Coahuila, a pesar de que los ganadores representaban coaliciones de más de tres partidos.

Otra inercia es que la reforma tiene lugar bajo el interés de quienes tienen que aprobarla. Esto es, sus alcances y contenido resultan del cálculo –no siempre acertado- de los partidos sobre sus propios intereses. Aunque los ciudadanos se han beneficiado y la democracia se ha fortalecido, los cambios no siempre han tenido un efecto virtuoso; la desconfianza y la partidocracia han afectado las libertades y el gasto electoral es irracional e ineficaz el régimen de fiscalización.

Ahora toca el debate sobre la segunda vuelta. Tengo la impresión de que el cambio será aprobado no para esta ocasión, sino para el futuro. El PRI ha cambiado de postura, precisamente por el avance de la pluralidad. Quienes rechazan el cambio son los que apoyan a López Obrador, bajo la idea de que es difícil que él ganara la segunda vuelta, aunque todos dan por hecho que sí sería uno de los finalistas. También hay quien está promoviendo la segunda vuelta para impedir el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial.

La realidad es que deben diferenciarse tres planos de la discusión. El electoral, esto es, cómo traducir el voto en cargos; el de gobernabilidad y que se refiere a que el gobierno actúe con eficacia; y el parlamentario, cómo constituir mayorías estables.

Las coaliciones que se conciben en la ley son de carácter electoral, a pesar de que la Constitución ya prevé el caso de un gobierno de coalición. Lo que alude la Constitución es al acuerdo después de la elección para lograr la gobernabilidad con referencia a la mayoría legislativa. La segunda vuelta en la elección presidencial es una respuesta parcial y quizás contraproducente al objetivo de gobernabilidad.

Esto ocurre porque la segunda vuelta propicia la suma de los partidos perdedores sobre uno de los que llega a la final. Esto tiene un sentido de coalición, pero sigue siendo electoral, no política porque el acuerdo es para ganar la elección no para gobernar. Así, por ejemplo, los partidos que alcanzan mayoría legislativa pueden acordar postular a un candidato para la segunda vuelta, pero no necesariamente significa que vayan a ganar, de manera tal que el candidato ganador tendría que gobernar con una mayoría legislativa en contra.

Otra de las particularidades de la segunda vuelta es que puede ganar un candidato con una presencia muy baja en el Congreso, situación que explica diversas crisis constitucionales en regímenes presidenciales en los que un candidato con exigua fuerza legislativa gana en la segunda vuelta. No es un tema menor, precisamente porque la legitimidad que resuelve la segunda vuelta no aporta a la gobernabilidad del sistema presidencial, condicionado por la división de poderes y una mayoría legislativa que puede ser adversa.

El régimen presidencial muestra niveles de agotamiento por la realidad partidaria del país. La coalición para gobernar es un principio de solución, pero requiere un andamiaje institucional que no existe. Por otra parte, el régimen parlamentario ofrece muchas respuestas para un entorno de pluralidad partidaria y la construcción de gobierno. El problema no está en este sistema de gobierno, sino en que éste supone un sistema de partidos sólido y prácticas políticas que hagan del parlamento el espacio de responsabilidad para la construcción de autoridad. Por lo pronto 2018 será el inicio de un nuevo modelo de gobierno que necesariamente tendrá que ser perfilado sobre la marcha.

La tentación del pasado

El 2018 será un año de definición fundacional. Gane o pierda el PRI, en muchos sentidos terminarán un régimen y un sistema de gobierno. Se ha tocado fondo y muchas de las reformas institucionales significan que las cosas no serán como antes. La discrecionalidad queda acotada. La autonomía de órganos de fiscalización y procuración de justicia también habrán de imponer una nueva dinámica en el ejercicio del gobierno. Para unos, será muy importante el juicio al pasado; para los más, tendrá un mayor peso que el ejercicio del poder sea un nuevo punto de partida para una diferente y mejor forma de gobierno. En el horizonte, existen bases muy precarias pero importantes para la construcción de un gobierno de coalición.

Lo más endeble frente a esa opción, se presenta porque lo que dispone la Constitución en materia de gobierno de coalición no ofrece claridad y es preciso definirlo. Casi todo habría de construirse en función de los acuerdos. La referencia legal de mayoría legislativa no aclara si es el Congreso o alguna de las Cámaras. En mi opinión, la fundamental es la Cámara de Diputados, porque allí se define el presupuesto, el instrumento más relevante del ejercicio del gobierno y de la operación de la administración pública. Es posible que la mayoría en la Cámara de Diputados coincida con la del Senado, pero es menos probable que la del Senado se reproduzca en la de la colegisladora.

Desde ahora, se perfila un sentido fundamental de la disputa por el poder en 2018. Las opciones son regresar al pasado —postura inequívoca de Andrés Manuel López Obrador, con la oferta de revertir las reformas construidas por la pluralidad, si gana— o continuar con el proceso reformador —posición que mantendrían el PRI o el PAN y la coalición que, en caso de ganar, cualquiera de estos dos conforme. Hay quien piensa que para una contrarreforma, López Obrador requeriría obtener, al menos, mayoría absoluta en ambas Cámaras y aun así presenta dificultades por el voto legislativo calificado para una reforma constitucional.

Considero que esta idea es válida desde el punto de vista estrictamente formal, pero políticamente no se sostiene. Esto es, la aplicación de las reformas requiere de decisión y voluntad del gobierno. Una postura laxa u omisa hace que los cambios pierdan impulso y por lo mismo afecten su aplicación. Así, por ejemplo, si se debilita el sistema de evaluación de los maestros, como lo demanda la CNTE, grupo aliado de Morena, colapsaría en sus fundamentos la reforma educativa en uno de sus pilares esenciales. Lo mismo se puede decir en la reforma energética o de telecomunicaciones. Una autoridad no comprometida con el sentido de las reformas hace que éstas pierdan fuerza e impulso.

Las palabras del seguro candidato presidencial de Morena deben tomarse en serio. No es el caso de un político que prometa algo sólo para ganar. Su postura se corresponde a sus convicciones elementales y, por lo mismo, es de esperarse que haga lo que esté a su alcance para honrar su promesa si gana la Presidencia. Además, el regreso al pasado es una tentación que corre a lo largo del cuerpo social. No son pocos quienes asumen con nostalgia que las cosas antes eran mucho mejor; incluso hay quien cree en una autoridad paternal e intervencionista en todos los temas de la vida pública, no solo en la economía.

Hay una suerte de providencialismo en la cultura política del mexicano. Esto descansa en las capas más profundas del alma nacional. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el mundo de las creencias, diría Octavio Paz, es más poderoso que el de las ideas. En la espera de un salvador subyace la propensión de la cultura política del mexicano por el caudillismo. En otras palabras, la tentación del regreso al pasado no sólo alude a políticas públicas, sino a la forma del ejercicio del poder. Desde luego que esto va a contrapelo de todos los cambios en materia política y de erigirse un modelo caudillista: se anticipa un conflicto institucional a partir del desencuentro de esa postura con la modernidad impuesta por el cambio democrático.

Por ello es muy importante que se dé una discusión seria sobre el futuro del país y el impacto de las propuestas en la mesa. Nada debe tomarse a la ligera. El problema está en el ambiente de agravio y enojo de la población que hace que temas como el de la corrupción desdibuje el significado de la competencia. Por cierto, abatir la corrupción necesariamente pasa por acabar con la impunidad. Hacerlo no solo es materia de voluntad política, también es indispensable la operación de las instituciones de justicia. La discrecionalidad va muy de la mano con la impunidad. Lo importante es la fuerza de las instituciones de justicia, no la voluntad generosa o pendenciera de quien encabece el Ejecutivo federal.

También es necesario que la sociedad mexicana, y especialmente los medios de comunicación, tengan un papel relevante en el escrutinio de quienes disputan el poder: a todos, los que gobiernan y los que pretenden gobernar. No puede haber aval a partir de biografías o de intereses. Para una buena decisión en 2018, gane quien gane, es necesario que la elección esté precedida por un riguroso análisis, crítica y debate para que la democracia haga valer lo mejor de sí misma al momento de empoderar al ciudadano con el voto.

Debatir va en sentido contrario de la cultura política mexicana. Así que sería un exceso decir que la sociedad o los políticos han interiorizado los valores propios de la democracia como es el ejercicio responsable de la libertad y, por lo mismo, una capacidad de deliberación a manera de que unos y otros expongan públicamente las razones que fundan sus proyectos. Finalmente, es muy probable que el resultado de la elección sea un poder dividido y un Ejecutivo con menos de 40% de los votos. Por ello es obligado pensar que el futuro llevará al gobierno de coalición. Prepararnos para esa hipótesis debe ser una tarea inaplazable y de todos.

Una nueva etapa del ciclo presidencial

Son muchas cosas las que cambian, sin embargo, los tiempos del ciclo sexenal dejan una impronta fija. Conocerlos, permite optimizar el poder presidencial. La estación de la elección del Estado de México fue el punto de inflexión. Pronto, todos los partidos, incluyendo el gobernante, habrán de involucrarse en la selección de sus candidatos, para sumarse a la contienda que ha provocado la candidatura adelantada de López Obrador. Una lección dolorosa para el PAN en el poder, fue que el partido gobernante y cualquiera que pretenda disputar la presidencia, deberá perfilar candidato con anticipación a los tiempos de precampaña establecidos en la ley electoral.

Para el presidente Peña Nieto resulta un muy favorable desenlace el de la elección del Estado de México. Nayarit tuvo poco impacto, y Coahuila importa y debe preocupar por la postura unificada de los opositores de no reconocer la legitimidad de la elección. Pero lo relevante es el resultado en el Estado de México. De haber ganado la candidata del PAN, hubiera hecho inevitable que Ricardo Anaya fuera el seleccionado y habría perfilado una contienda entre éste y López Obrador. De haber favorecido el resultado a Morena, la corrida a favor de Andrés Manuel hubiera sido incontenible. Ganó el PRI y eso le da al presidente una influencia revitalizada para la definición del candidato tricolor, así como la recuperación del ánimo de victoria, fundamental para el 2018. Al PRD y PAN, la elección mexiquense les abre espacio a algo que no es menor, una futura alianza.

En el detalle del resultado, aunque la situación no es tan halagüeña para el PRI, es suficiente para anticipar que sí está en la competencia por la sucesión presidencial. Lo más relevante hacia 2018 es que el debate y la realidad emergente mostraron que Morena es un partido más, con todo lo malo y bueno que eso implica. El financiamiento subrepticio o ilegal de campañas, que evidenciaron Eva Cadena y las grabaciones del hijo de López Obrador con Yeidckol Polevnski, a todos afecta. La elección mexiquense le significó un costo importante al líder de Morena; por una parte, le hizo perder su avance para sumar a su causa al PRD y por la otra, regresó al espacio de intransigente intolerancia. Su reacción y respuesta ante las dificultades no tuvieron el acierto de los meses y años anteriores. Se perdió en el proceso del Estado de México la idea de la inevitabilidad de su victoria para 2018, y eso para el PRI es un cambio fundamental en el terreno de la próxima contienda.

En este entorno político, es importante entender el nuevo momento del ciclo presidencial. Por ello son relevantes las expresiones del presidente en el sentido de centrar el esfuerzo de su equipo para materializar los logros de gobierno, especialmente la instrumentación de las reformas que en sus méritos propios las vuelven irreversibles más allá del debate propio de la pluralidad que interesadamente expone sus reservas y en algunos casos, como el de López Obrador, el compromiso de revertirlas sin precisar hacia dónde quiere llegar. Lo importante para el gobierno es ejecutar un programa en curso que llega a un momento culminante.

Por otra parte, la sociedad mexicana ha cambiado y esto afecta los términos del consenso. En el nuevo entorno es natural la crítica. Hay demandas y expectativas sobre las que se erige el debate y el posicionamiento de los partidos para mantenerse o acceder al poder, según el caso. La sociedad aprende y como se ha visto en el Estado de México, con inusitada rapidez se hace realidad lo impensable. La candidata del PAN, con indiscutibles prendas para la política y el servicio público, no tuvo el éxito que anticipaba su biografía. En contraste, un candidato con breve trayectoria local, postulado por un partido en crisis profunda, obtuvo una votación que en términos reales, significó la derrota de la candidata de Morena. El PRI ganó con bajo porcentaje de los votos, pero es un triunfo importante para un candidato que pudo mantener la unidad de su partido en condiciones difíciles y de un gobernador cuyo ascendiente y liderazgo fue crucial para el triunfo.

En la extrapolación de los eventos, lo inesperado es lo que puede acontecer. Pero eso que puede ser en el terreno de la política electoral, no debe serlo el del ejercicio del gobierno. El “aterrizaje” debe planearse y programarse. En este proceso, tiene mucho que ver la formalidad y la rendición institucional de cuentas. Las dependencias y las entidades deben iniciar desde ahora la preparación para logar una transición ordenada y que dé continuidad al ejercicio del gobierno. La marcha normal del país requiere que la administración funcione en condiciones de normalidad, sin importar los tiempos electorales o los meses para el relevo.

Las reformas y las obras de infraestructura también requieren de continuidad. Sin duda el saldo transformador de esta presidencia dejará un país marcadamente diferente respecto al pasado. Los cambios institucionales son estructurales y en mi opinión irreversibles por sus virtudes, pero todavía requieren en muchos sentidos de persistente instrumentación y ejecución.

También importa la política real. El presidente es el líder de su partido. Próximamente habrá una asamblea nacional del PRI que por la proximidad de los tiempos electorales, tendrá como objetivo prepararse para acometer con éxito el enorme desafío electoral en puerta. Se trata de ganar la presidencia y también la representación nacional. Además, por decisiones discutibles de economía electoral, se ha dispuesto que prácticamente todo el país tenga elecciones locales concurrentes. Esto significa que el PRI debe dar una batalla muy amplia y en muchos frentes para continuar siendo un actor relevante en la política nacional.

Sin duda, el reto mayor será la selección del candidato presidencial. El PRI deberá repetir el acierto de perfilar a su candidato con la debida oportunidad, como seguramente el PAN habrá de hacerlo en los próximos dos meses. La designación del candidato priista significará el momento crucial del poder presidencial previo a la elección en la que habrá de definirse el rumbo del país para arrancar la tercera década del siglo XXI. Una elección trascendente y que con todo y los problemas propios del debate y la confrontación electoral, bien puede ser fundamental para un nuevo momento del hacer de la política nacional, un momento que fortalezca la democracia mexicana y que brinde al país la posibilidad de un futuro mejor.

Lo disruptivo de Juan Zepeda y Eva Cadena

La dinámica de la sociedad representa el desafío mayor de la política. Las instituciones y las formas políticas convencionales, enfrentan hoy día la presión de una exigencia pública mayor en todos los órdenes. La alternancia adquiere relieve, y no solo eso, actores y movimientos inéditos irrumpen el escenario con impacto y éxito. Lo inesperado se ha instalado en la política, y eso compromete las formas y métodos convencionales existentes. Congresos, organizaciones, medios, partidos, legisladores y gobernantes actúan frente a una demanda social sumamente compleja y desafiante. Por su magnitud e implicaciones, es explicable que para algunos la respuesta sea la negación de la realidad imperante, actitud que conlleva mayor descrédito y que hace acrecentar la presión social por el cambio.

Las elecciones en el Estado de México ilustran la nueva dinámica social y política. Hasta hace poco era difícil prever que cuatro candidatos competitivos disputaran el triunfo. El umbral de la victoria es de menos de 30% de los votos. Hoy día, lo más convencional es lo que más dificultad presenta para conectar con el nuevo electorado. Las opciones de alternancia no se dan en el marco del perfil partidario tradicional, a pesar de que el PAN presenta a una candidata de excelencia, sino en propuestas disruptivas: la de Morena y la de Juan Zepeda.

Sin embargo, en la recta final a la elección, Morena pierde fuerza en la medida que acredita que es más de lo mismo. La fuerza de López Obrador y de su proyecto político radica en plantarse como claramente diferente a lo existente, particularmente en el tema de la honestidad. Sus posibilidades se minan cuando del mismo debate y escrutinio público revelan prácticas que hacen que su proyecto se asemeje a lo que existe. Las alianzas abiertas o encubiertas tampoco le ayudan. La duda es si la evidencia o el debate, permeó lo suficiente como para provocar la baja en la estima pública y en la voluntad del elector.

Juan Zepeda es la revelación de estas campañas. Un candidato visto al inicio con desdén por su trayectoria y partido al que pertenece, se hace presente como sorpresa. Posiblemente con dos o tres semanas más de campaña arrebataría mucho de la inconformidad que se canaliza por Morena. Las razones de su éxito son su naturalidad y su capacidad para comunicar en los nuevos términos que la sociedad espera de sus políticos. Un error de cálculo y de confianza de Andrés Manuel minimizarle en sus posibilidades; además, Zepeda creció al momento de subirse al ring del líder más importante de la izquierda, con un debate sin complejos ni concesiones a las que muchos en la izquierda le conceden. Convocarle a declinar a favor de Delfina Gómez tiene implicaciones adversas para AMLO, especialmente por el contenido ético de las alianzas que sí se alcanzaron: la de un sector muy controvertido del magisterio, antes repudiado por López Obrador, y la del PT.

Eva Cadena es otro de los actores que se instala con fuerza en la escena política en los momentos cruciales de las campañas. Igual que Juan Zepeda se le vio con desdén a partir de la evidencia de un video recibiendo dinero. La diputada fue juzgada y sentenciada sumariamente por unos y otros; Morena fue el primero en marcar distancia, no se sabe si como control de daños o como definición de una disputa local al interior de Morena. Su dicho se intentó desacreditar por sus ex correligionarios de la forma más tradicional: que no tiene autoridad moral, que es emisaria del gobernador. Sin embargo, sus señalamientos son atendidos por los medios y por un sector importante de la sociedad, precisamente porque alude a la crisis de los partidos políticos y su vinculación con el dinero ilegal en campañas.

El tema está a la vista de todos: el financiamiento ilegal en las campañas del cual participan todos los partidos políticos. La atención pública no es por lo que ya todos saben, sino porque el problema alcanza a Morena, un movimiento político que ha pretendido establecer un estándar de ética claramente diferenciado a lo existente. Eva Cadena, por su dicho, a pesar de lo comprometedor de la evidencia en su contra, abre el debate a un tema crítico para la democracia electoral que es el financiamiento subrepticio y el doble estándar que se ha instalado en la política de parte de todos, incluyendo a Morena.

Mañana domingo se conocerá el desenlace de los comicios. Nayarit anticipa la vulnerabilidad del partido gobernante cuando la elección se vuelve bipartidista. Coahuila podría dar tránsito por primera vez a la alternancia. Allá, las posibilidades del partido gobernante están en la fragmentación del voto opositor y la mayor expectativa es el desempeño del candidato independiente desdeñado severamente por las encuestas convencionales.

Sin embargo, lo que más atrae es la elección del Estado de México. Cualquiera que sea el resultado, será muy importante en sus propios términos y también en sus efectos hacia el proceso sucesorio de 2018. No será determinante, gane o pierda el PRI, pero sí tendrá consecuencias en muchos sentidos, no solo en lo evidente, que es el impacto sobre el ganador o el perdedor. Para el caso concreto, Juan Zepeda, no requiere de mucho para acreditarse como uno de los políticos en ascenso en un partido con enormes dificultades. Del PRD ha surgido una opción que sin complejos y con acierto, puede encarar a su mayor competidor y amenaza: Morena y López Obrador. Por su parte, queda claro que las declinaciones de última hora, a las que recurrió Morena son un recurso innoble y un fraude a la ley.

También del Estado de México despiertan los fantasmas que habrán de perseguir en lo sucesivo al proyecto de Morena. Eva Cadena es portadora de un argumento sobre la vulnerabilidad del proyecto alternativo, cuando de ética se trata. El modelo lopezobradorista colapsa con el clientelismo, el financiamiento subrepticio y el nepotismo, defectos que los ciudadanos determinan nada tienen que ver con la modernidad, y sí afectan la credibilidad de una propuesta que, de siempre, ha pretendido presentarse como alternativa a lo existente. Ya se verá en las urnas si el blindaje de López Obrador es suficiente para seguir en esa ruta rumbo al 2018.

Explorando nuevos caminos

Las encuestas electorales transitan por una crisis profunda. No es el caso de una deliberada tergiversación o manipulación de los datos; más bien es un problema derivado sobre todo, de que cambiaron las condiciones de eficacia para que los estudios de intención de voto tengan una precisión estadísticamente aceptable. Es un tema difícil, pero evidente, y elección tras elección, desde 2010, las encuestas han dejado de ser, como si fueron en el inicio, un factor que contribuya a la certidumbre y confianza electorales.

También es un problema global; los casos de errores se acumulan, incluso en países de una extraordinaria y acertada tradición para este tipo de estudios, como sucedió en la Gran Bretaña en la elección general pasada. Tampoco fueron satisfactorios los resultados demoscópicos de la última elección española, que daba al PSOE por abajo del agrupamiento Podemos. En México, no se había presentado un fallo tan generalizado en las encuestas, incluyendo las de salida públicas –y por lo que se sabe– de las privadas.

La mayoría de las empresas han emprendido esfuerzos aislados, pero importantes, para mejorar la confiabilidad de los estudios, particularmente con un mayor control del trabajo de recolección de datos. Para tal efecto, algunas han abandonado la subcontratación para mejorar la etapa de entrevista. También se han empleado aplicaciones en dispositivos móviles, para asegurar el cumplimiento de la muestra, evitar fraudes y mejorar supervisión y control. Aun así, los resultados han sido insatisfactorios. El problema es más serio y más grave. Tiene que ver con la pérdida de confianza del encuestado, que hace muy difícil dar validez a la respuesta al reactivo a quién votaría.

La desconfianza tiene un doble origen: la inseguridad pública que provoca la resistencia a participar en la encuesta o para responder ciertos reactivos y, por la otra, la politización de la investigación electoral, que hace del entrevistado un sujeto preocupado por el perjuicio que puede recibir si responde con veracidad, o que el candidato o partido de su interés pueda ser también afectado por el trabajo de investigación en el estudio de intención de voto.

Una forma de tratar de inferir la auténtica posición del encuestado es introduciendo reactivos de humor social o de control, a manera de medir consistencia entre la intención del voto y un perfil particular por las respuestas en los otros reactivos. A pesar de esto, persiste el problema nada desdeñable de que cada vez más, se incrementa el número de personas que se resisten a ser encuestadas. En otras palabras, la intención de voto no declarada y la no participación, altera el pronóstico porque no se reparte de manera igual a quienes sí participan de la encuesta y declaran su preferencia. Quienes se resisten, en mayor proporción, son personas insatisfechas con el sistema. Esto explica la frecuencia de errores que en la investigación favorecen la intención de voto por el partido gobernante.

La investigación social relacionada con los estudios de intención de voto debe incursionar hacia nuevos terrenos. El reto es mayúsculo porque hay una experiencia acumulada de considerable calidad y rigor a lo largo del último siglo y particularmente de los últimos cincuenta años. La tradición cobra fuerza a pesar de la crisis. La cuestión es que la sociedad está cambiando de manera profunda. La ciencia social y sus métodos de investigación deben adaptarse a la nueva circunstancia. Por otra parte, la revolución tecnológica abre la oportunidad de explorar e incursionar en el universo digital. Es un paso muy comprometedor porque mucho de lo aprendido no aplica, por lo que deben construirse nuevas reglas, procedimientos y fórmulas de validación de resultados.

El trabajo a emprender está en ciernes. Lo disruptivo normalmente viene de fuera, esto es, casas de encuestas digitales poco familiarizadas con el rigor metodológico. Para hacer el trabajo con acierto no se requiere de coartadas, será un ejercicio prolongado de intento y error que permita encontrar el mejor método no solo por sus resultados, también por el cuidado en los procedimientos y en las técnicas empleadas.

Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) para estos efectos, ha resuelto crear y apoyar un proyecto de investigación, de nombre Leviatán, que hace uso de herramientas innovadoras bajo la premisa de un laboratorio social cuyos insumos se derivan del mundo digital. Para ello se ha seleccionado Coahuila con un objetivo muy especial: la medición las encuestas convencionales dan un porcentaje de 5 puntos. Sin embargo, llama la atención el demográfico que en nuestra encuesta respalda al candidato independiente: el grupo de personas de 40 a 60 años, lo que además supone una apropiación de una herramienta digital normalmente utilizada por públicos jóvenes. Allí el PRI puede crecer porque una parte importante de su base electoral está en la zona rural sin acceso a internet y es el partido con mayor capacidad de movilización.

El Estado de México también se ha estudiado a través de métodos mixtos con el objetivo de recopilar información más precisa. Por un lado, GCE ha elaborado una encuesta presencial convencional y otra de carácter telefónico. Aunado a lo anterior, Leviatán ha realizado una encuesta digital con el objetivo de investigar los hábitos de participación y consumo digital. Para ello, ha recolectado datos a través de dos distintos métodos. Uno de ellos, a través de una invitación presencial a participar en el estudio, y otro a través de una invitación en línea. En ambos casos hay una contraprestación a quien participa. Por la naturaleza del ejercicio, Leviatán ha decidido aún no presentar resultados ya que se decidió evaluarlo no como una encuesta tradicional sino como un proceso.

El domingo 4 de junio se conocerá quien habrá de gobernar en ambas entidades. Para nosotros, será la oportunidad validar distintas técnicas de investigación.

Cambio de coordenadas

Es común que el día a día sea una de las grandes dificultades para hacernos una idea justa de la magnitud de los cambios en curso. La cercanía a los eventos y acontecimientos, genera una suerte de miopía para entender y actuar con atingencia frente a lo que acontece. Se presenta en todos los ámbitos: en la política, en la economía, en la tecnología y en lo social. Vivimos tiempos de acelerado cambio, que desafía lo existente y obliga a un esfuerzo mayor para ser funcional y eficaz en el mundo actual. En el nivel del conocimiento, el desafío es abrumador. Diversas disciplinas enfrentan un cambio de paradigma, esto es, una crisis evidente de lo que existe y una irrupción de una forma radicalmente distinta de lo que tiende a imponerse.

Sólo como ejemplo del nuevo paradigma están los resultados de la investigación social cuantitativa y específicamente, los estudios de opinión. La crisis es mayor de lo que los propios encuestadores han querido admitir. La falta de asertividad en encuestas de intención del voto revela que cambiaron las condiciones que les daban certeza y precisión.

Es necesario reconocer en principio, que las condiciones cambiaron. El rechazo a participar en una encuesta es abrumador, y también el hoyo negro de la no respuesta de quienes sí participan. A pesar de ello, la mayoría de las casas encuestadoras continúan utilizando la misma metodología. De antemano se sabe que en junio habrá un nuevo capítulo de desencuentro entre los números de los estudios y los resultados. Quizás el caso más comprometedor se presentará en Coahuila, donde la investigación convencional presenta al candidato independiente con una intención de voto del orden de 5%, cuando los estudios alternativos realizados con un enfoque que busca adaptarse a esta nueva realidad, como el de Leviatán (el cual puede consultarse en goo.gl/HYEJSv) con levantamiento digital, refieren un posicionamiento de 20% para dicho candidato independiente. La diferencia es inexplicable bajo cualquier estándar. De darse un resultado en los términos de la investigación digital, las encuestadoras deberán replantearse cómo llevar a cabo su actividad profesional en esta nueva circunstancia.

En política es lo electoral, pero donde se manifiesta con mayor claridad lo disruptivo de nuestros tiempos es en la economía; mueren las grandes organizaciones tradicionales y surgen nuevas formas de empresa: sin activos, sin personal y con un crecimiento exponencial, especialmente en el sector de la tecnología. Vivimos en un mundo fascinante por el efecto que tiene en las libertades y en la potenciación creativa por la revolución tecnológica, pero también enfrentamos nuevos y preocupantes desafíos como son el deterioro de la privacidad, el aislamiento, la crisis de valores colectivos fundamentales y una creciente presencia de la corrupción y de la violencia en muchas expresiones.

Las élites han sido morosas para entender y actuar en el nuevo entorno. Así está sucediendo en el mundo. El surgimiento exitoso de nacionalismos autoritarios e intolerantes se debe al déficit de consenso sobre la transformación en curso. Esto sucede porque los beneficiarios y los principales actores como son los grandes organismos financieros y empresas, no se han ocupado en la tarea de explicar, dar razones y realizar una tarea eficaz que contribuya a la legitimación del nuevo orden social y económico. Asumen erróneamente que el mercado o las leyes de la economía no requieren de argumentación bajo la falsa tesis de que la sociedad debe acomodarse a la realidad. Lo políticamente disruptivo en el mundo occidental tiene como origen la pasividad de las élites para dar espacio de comprensión y legitimidad al nuevo orden de cosas, así como compensar a los perdedores del proceso transformador.

El cambio es la constante. Por ejemplo, en EU se vivió una de las experiencias más extraordinarias al llevar al poder a una expresión disruptiva, Donald Trump. Los riesgos estaban a la vista, pero los electores le hicieron candidato y presidente. Fue una cuestión de números, el voto popular en un sentido. El voto que vale, el de los delegados hizo la diferencia en un sentido diferente. El triunfo fue precario no en los números, sino en las percepciones. No hubo ni para luna de miel. A cuatro meses de haber tomado el poder, el mundo es testigo de cómo la persona que pudo lograr una hazaña política nada menor, conspira contra sí mismo y ahora su presidencia está en riesgo. La reflexión obligada no es sobre los atributos o defectos del personaje, sino de la manera como la sociedad y el sistema político le llevó al poder.

No hay infalibilidad en ninguno de las actividades humanas. No es cierto que el pueblo no se equivoca. El disenso lleva a caminos inciertos; el ambiente de indignación y rechazo al orden de cosas puede conducir al precipicio. La democracia no está exenta de errores, menos en estos tiempos, pero también hay aciertos. Lo es, sin duda, el desenlace en Francia, donde el populismo nacionalista fue objeto de un abrumador rechazo. Deja como lección a ponderar los efectos moderadores de los sistemas de elección con segunda vuelta. Aunque, claro, no hay garantía de un desenlace virtuoso.

México se ve como comunidad en un momento de enormes oportunidades, retos y amenazas. La necesidad de mejorar la calidad de la política es urgente y a todos convoca, sobre todo a los ciudadanos. El debate y el escrutinio al poder en cualquiera de sus manifestaciones, son muy deficientes. Por allí puede empezarse antes que se pierda la oportunidad de una gran y virtuosa transformación. Entender el cambio de coordenadas es la premisa para que esto ocurra bien, y pronto.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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