Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Lecciones para el futuro

México vive circunstancias particularmente complejas en la relación bilateral con nuestro principal socio económico y comercial, además de vecino, con el que compartimos, para bien y para mal, más que una amplia frontera. Cuando abrazamos el libre comercio como marco de una nueva relación, se pensó que habría un mejor entendimiento, bajo la premisa de un futuro compartido en el que habría aportaciones de ambas partes. Pero la realidad es que la interdependencia se ha incrementado, más la de México con EU, que la de éste con México.

Sin embargo, pese a la fría realidad de los números, en la perspectiva del neo nacionalismo norteamericano, ahora en el poder, hemos sido nosotros, según ellos, los que sacamos la mejor parte en una relación comercial que ellos dominan. El arribo a la presidencia de Donald Trump ha hecho incrementar el riesgo que corre nuestro país en el tema comercial. El trato ha sido el peor en la historia reciente y parte del prejuicio, además de la agenda reeleccionista de Trump. Sin embargo, la postura hostil a México no es solo producto de un presidente, ni de una coyuntura electoral, sino del cambio registrado en la sociedad norteamericana, donde el discurso y la política antimexicanos es atractivo para amplios sectores de la población, lo que lo convierte en una herramienta altamente rentable desde el punto de vista electoral y eso plantea un problema más serio de lo que es en sí mismo Donald Trump.

México ha logrado mucho en las últimas décadas especialmente en cuanto a la modernización de varios sectores de la economía y un apego a las premisas propias de la democracia liberal; sin embargo, también hay aspectos muy negativos que lo han debilitado y que también han generado una imagen negativa en el exterior. El aspecto más pernicioso y visible ha sido la violencia y la criminalidad. Al menos por dos décadas, el país ha dado vueltas en círculo y no ha encontrado manera de controlar un fenómeno que cada vez pone en entredicho los fundamentos de la civilidad política y del pacto social.

Lo mismo ocurre con la corrupción, asunto menos visible desde el exterior y al igual que la inseguridad, un funesto producto de la impunidad. De hecho, violencia y corrupción se explican por la incapacidad del Estado de llevar a la justicia a los responsables. En mi opinión, en los distintos gobiernos ha prevalecido un criterio de política de gasto que no ha contemplado en su justa proporción lo que se requiere para abatir la impunidad. Son necesarios muchos más recursos para crear instancias y procesos confiables de prevención, investigación, persecución, sanción y régimen penitenciario de lo que actualmente se ha hecho. El tamaño del gasto que se requiere es abrumador, es contrario a la idea de austeridad, por supuesto, pero es mucho mayor el costo que pagamos por la inseguridad cuyo precursor es la impunidad.

El choque con la realidad a partir de la postura hostil y agresiva del presidente Trump de amenazar con imponer aranceles a causa del crecimiento exponencial de la inmigración ilegal, obliga al país a un alto en el camino. En primer término, no se puede tener permisividad en los temas migratorios; las razones humanitarias o de economía se pueden resolver con esquemas de control migratorio. La soberanía de México se ha visto afectada por el descuido en la materia; bajo ninguna consideración México puede ser santuario de quienes emigran de sus países en búsqueda de mejor porvenir porque el flujo migratorio no es hacia México, sino hacia EU. Un mensaje inicial equivocado del presidente y la realidad socioeconómica adversa en los países de origen del migrante provocó que cientos de miles de personas se dirigieran a México con el propósito de tránsito. Afortunadamente se están tomado medidas correctivas.

El escarceo con Trump en el tema migratorio y su amenaza de imponernos aranceles comerciales nos deja una lección que nadie puede soslayar: ante la incapacidad del país para resolver por sí mismo sus problemas, se corre el riesgo de que sean otros gobiernos de otras naciones las que impongan su criterio con la consecuente cesión de soberanía. Este riesgo no solo se presenta en el tema migratorio o comercial, también en el ámbito de justicia. No es difícil prever que instancias de regulación, agencias de investigación o denuncias presentadas en EU, conduzcan procesos judiciales en detrimento de la confianza que debe tener el sistema de justicia nacional.

Ante la adversa realidad y la crisis consecuente, el presidente López Obrador ha hecho un ajuste estratégico a la organización del gobierno. Es lo correcto ante la magnitud del riesgo, y esto ha llevado al Secretario de Relaciones a una fórmula de delegación de autoridad presidencial al asignarle la coordinación de áreas estratégicas para enfrentar la emergencia. No puede ser de otra forma, lo que va de por medio en estos días no es la imagen o lo que dirá la historia de un presidente o de su gobierno, sino el interés y el futuro del país.

Laberintos de la unidad

La unidad de los mexicanos, especialmente en los temas de interés nacional, siempre será deseable. Un país con capacidad de unirse, supera problemas y logra anhelos con mayor facilidad que un país dividido o fragmentado. La idea de la democracia es precisamente, definir los espacios de diferencia y desencuentro de aquellos en los que debe prevalecer un sentido único.

El momento del país llama a la unidad. Al menos dos de los desafíos fundamentales e inmediatos así lo exigen: el combate a la inseguridad y la relación con el presidente Trump y su gobierno. Respecto a lo primero, se ha dicho con insistencia que la lucha contra el crimen requiere de un mayor nivel de compromiso social para atacar al problema desde sus orígenes. Desde luego que son necesarios los policías, una estructura legal y la capacidad para sancionar ejemplarmente a quien se aparta de la ley, pero también es imprescindible la denuncia y como política preventiva, la participación social.

Por el otro lado, las ostensibles pretensiones electorales del presidente Trump pueden impactar negativamente el bienestar de los mexicanos al imponer un modelo de política migratoria o de seguridad bajo la amenaza de aranceles a las exportaciones, una iniciativa a la medida de los prejuicios de quien ahora es presidente y quien ve amenazado su deseo de reelección. Más allá del problema migratorio y la necesidad de ponerle orden, la postura del presidente Trump de utilizar el comercio y las facultades de excepción que tiene en materia internacional que le permiten actuar sin intervención del Congreso, son una amenaza a la buena vecindad entre ambos países.

Frente a dicha circunstancia, mal haríamos, gobierno y sociedad, en minimizar el riesgo. Las autoridades mexicanas necesitan del apoyo de todos para lo que pueda suceder. Si prevaleciera el sentido común y una postura razonable, se estaría hablando más de cooperación para resolver los problemas compartidos, como es la migración ilegal, que utilizar la intimidación como medio para querer imponernos su sentido de lo que se debe hacer.

Aunque a algunos no les guste el estilo de verbalizarlo, es de reconocer que el presidente López Obrador ha tenido el temple para no caer en la provocación. El canciller Ebrard y quienes le acompañan en las negociaciones han mostrado habilidad para promover un acuerdo razonable en la materia y persuadir al gobierno norteamericano de desistirse de medidas unilaterales y de presión, como es la imposición de los aranceles a las exportaciones mexicanas en el marco del libre comercio.

El buen resultado del diálogo no depende ni de lo razonable ni de lo conveniente, y aunque siempre estarán las instancias multilaterales para hacer valer los derechos de las naciones, la opción no siempre resulta eficaz puesto que EU se ha resistido a éstas, y más ahora con un personaje como Trump en la presidencia. Ciertamente, la postura del presidente norteamericano atiende a consideraciones ajenas al sentido de responsabilidad y prudencia. Sin embargo, en cualquier momento, con y sin esta amenaza, no debe desdeñarse que es una necesidad de México como Estado soberano, enviar un mensaje claro de contención a la migración ilegal, no como concesión impuesta por el vecino, sino como expresión de política interna y compromiso con la legalidad que pueda dar certeza y confianza a la imagen del país.

Las causas sociales que motivan los flujos migratorios no deben inhibir a los estados nacionales a imponer límites, normas y restricciones. La presión migratoria de muchas partes del mundo, no solo de Centroamérica, ha crecido recientemente. México debe mantener una postura ante la comunidad internacional de que no puede ser territorio de libre tránsito para quienes pretenden llegar al país vecino, y ese debería ser, sin más, un principio de política interna que debe tener expresión en políticas públicas.

Lo relevante del reto que vivimos es que el país demanda unidad frente al desafío actual. No obstante, el acto en Tijuana no se corresponde en forma y fondo a la solución que se pretende llegar y que se necesita. La unidad y el apoyo debe acreditarse, sin embargo, hubiere sido mejor un acto de corte republicano en lugar del formato al que se convocó, el cual parece más bien una respuesta política a un problema de Estado.

La unidad interna de los mexicanos es fundamental no solo para lograr el acuerdo de ir juntos como país en la defensa del país, sino para hacer valer la cohesión social si los resultados no son los deseables o esperados. Unidad para alcanzar los logros y también para, si ese fuera el caso, enfrentar la adversidad. Insisto, no es menor lo que estamos requiriendo en estas horas como país; se trata, ni más ni menos, de la necesidad de unirnos con el presidente López Obrador como representante del Estado mexicano, en este esfuerzo de enfrentar el mayor desafío que haya tenido la diplomacia nacional desde la expropiación petrolera.

Hay que decirlo muy claro: en estas horas no debería existir espacio al regateo ni al condicionamiento de la unidad.

Oportunidades

Lo abrumador de la lluvia de cambios que se registran en la sociedad -económicos, políticos, tecnológicos y sociales- nos impiden tener claridad de las oportunidades que la nueva realidad plantea. Vemos el árbol, pero no alcanzamos a dimensionar el tamaño del bosque. Para conocer esos linderos, se necesita una visión periférica, de todo el conjunto, objetivo necesario como imposible ante lo vertiginoso del ritmo de las transformaciones. Pareciera que caminamos como a ciegas hacia el futuro, y es entonces cuando hay terreno fértil para la incertidumbre y el desánimo.

Por fortuna, el tránsito de México y de muchas naciones al paradigma propio de la democracia liberal, se acompañó de la creación de instituciones. Todo proyecto político busca las condiciones de su propia legitimidad y justificación, pero no puede hacerlo por fuera del marco de la ley. El presidente hace énfasis en que los males que nos acompañan son resultado del modelo neoliberal que a su vez orientó todo lo demás: la política, la cultura, la comunicación, etcétera. No creo que sea el caso, aunque sí es cierto que las condiciones impuestas por la globalización exponenciaron los riesgos asociados a la corrupción y a la ilegalidad. Lectura imprescindible al respecto es The Rise of Kleptocracy, A Challange for Democracy  http://cort.as/-IsiT

Como sea, aún en las condiciones donde el gobierno desarrolla su narrativa, con sus propios objetivos y sus tiempos, el país plantea más oportunidades de las que el escepticismo está en proceso de naturalizar en el imaginario de las clases medias y en la élite mexicana. No deja de llamar la atención que en los inversionistas extranjeros hay más decisión a participar que en muchos nacionales. Por eso es importante tener una perspectiva realista sobre el país al menos en dos aspectos fundamentales, por un lado, diferenciar la retórica política de las definiciones gubernamentales, y por el otro, aceptar que el tiempo corre a favor de la responsabilidad en el manejo de las decisiones económicas.

El equilibrio en las finanzas públicas es un factor que no debe desestimarse, así como el compromiso de lograrlo sin tener que modificar la estructura fiscal vigente. Quizás las definiciones o políticas de gasto no sean las más recomendables, particularmente por el impacto negativo que tiene en la calidad de los servicios públicos e infraestructura social y pública, pero no perdamos de vista: en la medida en que se mantenga un gasto consecuente con los ingresos, se hará valer una variable fundamental para la confianza del inversionista: la estabilidad macroeconómica.

Las oportunidades de participación del sector privado son una realidad en los proyectos de infraestructura. Cierto es que las decisiones del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas se hacen bajo un esquema convencional de participación pública propio del siglo pasado. Aún así, la ejecución de ambos proyectos plantea amplios espacios de inversión privada.

También la CFE anuncia planes para recuperar su capacidad de generación de electricidad. Ello necesariamente supone la participación del capital privado, con el agregado de que un esquema de incentivos, similares a los que se están haciendo en muchos países, propiciaría la participación del consumidor en la autogeneración de energías limpias.

México es un buen lugar para hacer negocios y un espacio de oportunidad. En los tiempos que corren, adquieren renovada importancia la ubicación geográfica y el acuerdo comercial con nuestros vecinos al norte. Cualquiera que sea el camino para llegar a mitigar el déficit comercial de EU con China, gradual o rupturista, plantea para el país una oportunidad extraordinaria. México ha probado ser un buen socio comercial, además de un aliado fundamental en temas estratégicos como es el de la seguridad regional y pronto quedará superada la incertidumbre de la ratificación del acuerdo comercial TMEC. El ruido preelectoral desde EU se debe entender y procesar con serenidad. A partir de allí, así como aconteció en el cierre del siglo pasado, México, EU y Canadá tendrán condiciones privilegiadas de crecimiento económico asociado al libre comercio. México se plantea como un lugar de oportunidad para la inversión productiva extranjera proviniente de otros países, incuso de China.

AMLO tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria en la inversión en telecomunicaciones relacionado con la conectividad del país. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados donde la tecnología digital plantea preocupaciones fundamentales vinculadas con la calidad de la democracia y de las libertades (ver http://cort.as/-ItCm), en México es una oportunidad extraordinaria para la inclusión y el desarrollo de las zonas más atrasadas. Hay ideas inexactas o imprecisas en las definiciones institucionales iniciales, pero aciertan en lo fundamental: el valor de la conectividad en el México más pobre, desigual y atrasado. Próximamente plantearé el qué y el cómo para hacer realidad el anhelo de inclusión y desarrollo del sureste mexicano.

Oteando el horizonte II

Los acontecimientos se precipitan con una velocidad inesperada. La crisis del sector salud no se deriva de la renuncia de un funcionario, por importante que sea, sino de la realidad misma y de la manera como el gobierno la encara. Las autoridades hacendarias tienen la siempre difícil e ingrata encomienda de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, pero las carencias y necesidades del sector social son tan significativas siempre, que una política de ahorro tiene un impacto inmediato en la calidad de los servicios. También es bueno entender que debe haber áreas del gobierno donde el derroche que se busca como el culpable de todos nuestros males, simplemente no existe.

Es cierto que son muchos los problemas e insuficiencias heredados, pero también hay muchos activos del pasado. Es explicable desentenderse de lo segundo, así sucede siempre. Hay una ola de insatisfacción natural que no se corresponde a las condiciones objetivas de bienestar de la población si se le compara con años incluso recientes. Muchos intangibles son fundamentales como es la tolerancia, la democracia y las libertades, los que solo se aprecian cuando se pierden. Claro, también hay problemas nuevos como la violencia extrema o algunos que persisten como la desigualdad y la corrupción.

A partir del descontento con lo que existe, el país se ha movilizado con un renovado y posiblemente inédito sentimiento de esperanza. En la colaboración pasada alertábamos del desencanto y sus efectos. Decíamos también que la elección presidencial y el triunfo de López Obrador ha sido catalizador de este estado emocional de la población. El presidente ha gozado de un considerable respaldo de la población, incluso de quienes no lo votaron. También advertíamos sobre el cambio que ha ocurrido a partir de abril y con mayor acento ya en este mes; las cifras indican que el ánimo social ha ido cambiando. La novedad, a base de repetirse, deja de serlo y con ello pierde impacto positivo lo que antes sí tenía.

La eficacia del modelo informativo centrado en la comparecencia presidencial ante los medios todas las mañanas va perdiendo fuerza. Los eventos y las realidades ahora se imponen sobre las palabas y el discurso. Remitirse al pasado como causa y razón de las dificultades y de los problemas, deja de tener eco en la población. Insistir en ello exaspera a cada vez más personas y hace sentir, incluso cuando no es el caso, que es un ardid para justificar insuficiencias o faltas propias.

El efecto que tiene la controversia sobre la calidad de los servicios de salud cala hondo en la base social. No es un tema de la élite, de hecho, buena parte de los políticos y funcionarios de primer nivel utiliza los servicios privados, no así la gran mayoría de la población. La mala calidad es un problema que se ha acumulado porque la política y quizás las buenas intenciones, trasladaron derechohabientes que no son aportantes a las instituciones bipartitas como el ISSSTE o tripartitas como el Seguro Social; población que no aporta, pero que sí demanda servicios y que entraña un gasto considerable, ya que no se modifica la contribución del gobierno.

El presidente y las autoridades hacendarias tienen una buena parte de razón, pero más que ellos la, tiene el testimonio constante de la población por un evidente deterioro de la calidad del servicio y la insuficiencia de respuesta. Estábamos mejor cuando estábamos peor, se empieza a escuchar. El presidente invoca la corrupción en la compra de medicamentos para tratar de explicar el problema, como en su momento se refirió al robo de combustible para justificar la insuficiencia de gasolinas. Pero en enero había más que comprensión a la causa presidencial, y en mayo la situación ha cambiado. Es importante que el gobierno lo identifique y que las respuestas gubernamentales, no sólo las mediáticas, sean consecuentes con el ánimo de la población.

Es previsible que el presidente siga contando con un amplio apoyo de la población. El tema, ahora, no es la proporción o el número de quienes no están con él, sino más bien la intensidad del sentimiento de rechazo de esta minoría y también el perfil social, regional y cultural de los desafectos. Descalificar desde el poder a quien disiente o critica se vuelve insostenible, y se muestra como una grosera actitud de intolerancia que va en contrasentido del avance democrático de nuestros tiempos.

Por ahora, la calidad del gobierno se vuelve uno de los retos inmediatos del presidente. También la necesidad de modular la estrategia comunicacional propia y de sus principales colaboradores. El momento requiere más espacio a las razones que a las emociones, así como una actitud más institucional para dar cuenta de los problemas y las soluciones. El país va bien y no hay crisis mayor. El problema está en que no se advierta el cambio en curso y se generen desencuentros mayores precisamente porque el mensaje se distancie no solo de la realidad, sino de la lectura que de ella está haciendo la población.

Oteando el horizonte

En determinado momento, el país puede padecer los peligros asociados al desencanto. Esto, para algunos, ya empieza a suceder en la medida de que las expectativas colectivas no se correspondan con la realidad. Son muchos aspectos los que contribuyen al sentimiento colectivo de una mejoría personal, familiar y del país; en el pasado reciente, el resultado de la elección, la toma de protesta y las primeras semanas del gobierno del presidente López Obrador potenciaron la certeza en muchas personas de que todo iba a cambiar para bien.

En diciembre y enero pasados vivimos una experiencia, quizás inédita, en términos de optimismo. Decisiones polémicas, como la clausura de la obra del aeropuerto de Texcoco, la cuestionable encuesta sobre la que sustentó esa decisión, la afectación de muchos por el problema de abasto de gasolinas o tragedias como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, no alteraron las expectativas públicas sobre un mejor presente y un más venturoso mañana.

En este contexto, la novedad se volvió virtud. La manera como el presidente comparecía ante los medios de comunicación y planteaba a su modo y manera los temas relevantes para su gobierno, le dio resultado inmediato. Además de su capacidad para comunicar en términos inteligibles para el gran público, la parte emocional del mensaje prevalecía sobre la racionalidad convencional. Esto le permitía al presidente confrontar expresiones adversas de la realidad, bien sea descalificando a la noticia en sí misma, al emisor o al medio. La mecánica tuvo resultado para los primeros cuatro meses de gobierno. Adicionalmente, el presidente podía más que conducir la agenda informativa, saturar con su presencia buena parte de la información sobre la situación del país y sus problemas.

En abril, fuimos testigos no del agotamiento del modelo informativo, pero sí de una baja de su eficacia. Esto ocurre porque la reiteración del mensaje y del método funciona durante un terminado tiempo. El mantenerlo por un periodo largo va asumiendo costos, entre otros, la pérdida de novedad y por lo mismo de interés, particularmente, si lo que se anuncia o se propone no va acompañado de acciones subsecuentes. La sobre exposición lleva a errores y las correcciones -obligadas e inevitables- también han desgastado la credibilidad; el tono de confrontación no puede mantenerse indefinidamente, más cuando la denuncia mediática no es correspondida por un curso institucional.

El presidente, sin embargo, continúa con un elevado índice de aceptación y acuerdo. En el corte más reciente de GCE, está 10 puntos arriba del porcentaje de votación obtenido en julio pasado. Sin embargo, hay una disminución significativa respecto a su posición más elevada, que fue en enero. Pero el problema no es el nivel actual, positivo sin duda, es la tendencia. La experiencia previa indica que no son las buenas o malas noticias lo que determina la expectativa positiva; el tema es más complejo y remite a un asunto que se refiere al laberinto de las emociones colectivas.

Se ha vivido con intensidad emocional desde el inicio de las campañas presidenciales. Su activador principal ha sido el actual presidente. La elección y la toma de posesión se revelan como momentos de particular sensibilidad colectiva asociada a un cambio positivo. Es difícil que la población se mantenga indefinidamente en tal circunstancia. Las personas, las palabras y la realidad pueden ser las mismas, más no así la manera como se aprecian, porque el cambio está en lo profundo de la sociedad, no en quien lo comunica o lo que comunica.

El pronóstico es que la tendencia hacia la baja de expectativas es de continuidad y de allí el peligro del desencanto. No queda claro a qué ritmo, qué tanto y a qué sectores o regiones impacte con mayor acento. A pesar de la singular capacidad del presidente para comunicar y para imponer la agenda de su proyecto, se va perdiendo fuerza y eficacia porque la sociedad va asimilando como parte del paisaje lo que antes era excepcional. Estimo que el presidente tendrá que remitirse cada vez más a lo que no ha sido lo suyo: invocar más razones que emociones, y realizar el tránsito impostergable de un movimiento a un proceso institucional. La referencia al pasado como causa de las dificultades por ahora funciona, pero cada vez menos y en poco tiempo despertará inconformidad y, después, rechazo, asunto que forzosamente se vinculará con una percepción soterrada pero creciente, de que la realidad cotidiana de las personas y la del país no ha mejorado en al menos tres aspectos fundamentales: economía familiar, seguridad y calidad de gobierno.

El desencanto sin revisar el método del gobierno puede llevar a la polarización, situación inconveniente como forma de regular lo social y lo político. Es normal que siempre haya diferencias y desencuentros, pero el desencanto puede ser veneno puro si lleva al deterioro del principio fundamental del proceso democrático: la coexistencia civilizada de la diferencia, que como nos lo demuestra la historia, es de donde toman su fortaleza las naciones.

Los nuevos tiempos

El mayor desafío de ahora es entenderse y asumirse en los nuevos tiempos. Es mucho lo que cambia de forma vertiginosa y es natural, ante lo desconocido y la incertidumbre, optar por resistirse al cambio. Suscribir la nueva realidad es imprescindible para todos. Esto no significa desentenderse de lo bueno del pasado, ni transitar en una contemplación negativa hacia todo lo que sucede. El país está inmerso en una nueva realidad. Hay signos de preocupación, pero más que ello, compromisos por identificar y asimilar.

Es preciso diferenciar las causas de los efectos, y también efectos que se vuelven causa. En términos políticos, el amplio descontento social de años pasados dio origen a un proyecto que contó con el aval de la mayoría de la población. Para bien se abre la puerta a un gobierno decidido a cambiar, con objetivos irrefutables, pero para mal, con métodos y estrategias dudosas y que resultan contraproducentes para el mismo proyecto en curso, y también para el país. La secuela del enojo social y el deseo de cambio echó abajo los contrapesos que habían caracterizado el régimen político desde que el gobierno dividido se instauró en 1997. Esta es nuestra nueva realidad. Hay que asumirla y actuar en consecuencia. Hoy, a lo social le corresponde hacer más, porque la política no está dando para los contrapesos.

Aunque los signos del cambio despierten incertidumbre y preocupación, lo importante es ser proactivos y positivos en el espacio que a cada quien corresponde. El país es mucho más que un proyecto político en particular, éste, por más pretensiones y respaldo que tenga, se inscribe en la circunstancia de nuestros tiempos. De hecho, lo político es más precario en su continuidad que lo económico, lo social o lo cultural. Por ello es preciso observar la realidad actual con perspectiva, con un sentido de lo importante y de lo que debe trascender y permanecer.

Asumirse positivo no es una forma de someterse, como tampoco lo negativo es por sí mismo resistencia. Cuidar lo importante obliga a la mesura y también a la paciencia. La persistencia ha probado ser una actitud válida, pero ésta debe tener propósito. Además, debe inscribirse en los mejores valores de la cultura liberal como es la tolerancia, el respeto a la dignidad de las personas, y el cuidado a las instituciones que dan vigor y vigencia a las libertades y a la contención al abuso del poder.

Es posible que conforme pasa el tiempo se acentúe en algún sector el sentimiento de que lo nuevo no muestra consistencia entre lo que se hace y lo que pretende, entre lo que se predica y lo que resulta, entre los compromisos y los hechos. El futuro no es fatalmente promisorio ni desastroso, es lo que cada quien, desde su propio espacio va construyendo y defendiendo. Si vale para lo individual, mucho más para lo colectivo.

La realidad de hoy día demanda de un esfuerzo de adaptación. No es la primera vez que el cambio se impone. En otros momentos ha ocurrido a partir de la crisis con todas sus expresiones dramáticas y elevados costos sociales. Afortunadamente, ahora vivimos un cambio no accidentado y que obliga a una participación con entusiasmo, pero, sobre todo, con claridad de lo que se pretende. No es asunto de supervivencia, sino hacer que lo nuevo sea consecuente con lo mejor del ayer, que no es poco. A pesar de que los nuevos tiempos deslumbren e impidan ver con claridad lo mucho que hay por preservar y cuidar, al margen de la nostalgia o de cualquier interés particular, es necesario reflexionar que el futuro del país nunca se ha construido destruyendo el pasado sino usando lo mejor de aquellos tiempos como piso firme para fincar hacia adelante.

La causa del cambio está en lo social y en lo económico. Se entreveran para transformar a las personas en sus ideas, valores y pretensiones. La realidad política de ahora convoca a la inclusión y a revisar mucho de lo que se daba por válido en el paradigma del pasado. Es muy positivo que los actuales tiempos convoquen a la equidad, a ampliar el bienestar y mejorar las condiciones de vida no solo de las mayorías, sino también de los por mucho tiempo olvidados. Eso es bueno, pero el reto está en lograr lo que se quiere; no es la pretensión ni la intención lo que convalida, sino los resultados, y es allí donde más dudas despierta lo que ahora desde el poder se instaura como método, causa y razón.

La voluntad cuenta y mucho, pero también el orden, la claridad y los medios para alcanzar lo que se pretende. En los mexicanos hay consenso en lo que hay que hacer, pero no así en la manera de lograrlo. No hay coartadas fáciles para cambiar lo que no nos gusta de la realidad. Además, no se debe desentender de los instrumentos ni siquiera a partir de lo elevado del propósito. La justicia no puede someter a la ley; tampoco la ley puede quedar a merced del calculado interés político.

Los nuevos tiempos convocan hoy más que nunca a la claridad de visión, al compromiso y a la persistencia con perspectiva del largo horizonte de nuestra historia.

 

Mesura hacia EU

No ha faltado quien haga señalamientos críticos al presidente López Obrador por su postura prudente y mesurada hacia el presidente Trump. El presidente mexicano puede ser en algunos temas belicoso, pero entiende con claridad el interés nacional. Muchos fueron desproporcionadamente críticos al gobierno anterior por la misma consideración: el cuidado de la relación bilateral. Cierto es que el presidente Trump despierta en muchos mexicanos un sentimiento de rechazo, pero también es cierto que mucho de lo que hace y dice tiene una motivación electoral.

Es un hecho que el gobierno ha sido cuidadoso en no caer en el juego de las descalificaciones. Finalmente, más que las palabras cuentan los hechos. En la coyuntura actual, pendiente de la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte, es preciso no ser involuntariamente parte en la encendida disputa entre republicanos y demócratas. El oportunismo electoral, quizás más que en ninguna otra parte, allá lleva a extremos y no es difícil que México sea afectado sin otra razón que la conveniencia coyuntural de cualquiera de las fuerzas en contienda.

El tema laboral es central en EU no sólo por razones económicas o de justicia, sino por consideraciones electorales. Trump ganó la nominación republicana y la elección presidencial porque pudo conectar con los trabajadores que ven en los migrantes un problema, así como el que muchas empresas resuelvan trasladarse a México para disminuir costos que en no pocos casos ha sido para éstas cuestión de supervivencia. Mantener sus líneas de producción con los costos del país vecino los obliga a una inversión considerable en automatización, lo que de cualquier manera afecta al empleo y a los salarios en el país vecino.

Se entiende que en el acuerdo comercial trilateral se haya puesto en la mesa la necesidad de una reforma laboral en México; no hacerlo frenaría al acuerdo. Ahora correspondía cumplir el compromiso y hacer una reforma en los mejores términos posibles para el país. En este empeño quizás debió haberse dado más espacio a la postura del empresariado nacional. Es una reforma que en el balance general es positiva, además promueve la modernización gremial y es un acierto de las autoridades, del Consejo Coordinador Empresarial y del sector laboral el que se haya suscrito un acuerdo para que el nuevo régimen sirva a los trabajadores y también a la economía nacional.

En el tema migratorio también es positivo que las autoridades mexicanas pongan en claro que el país no será santuario ni estación de paso de la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica. Las acciones que se realizan en la materia, con estricto respeto a los derechos humanos deben ser un claro mensaje a las sociedades de nuestros vecinos al sur para desalentar el tránsito ilegal de personas por el territorio nacional. Por su parte, las acciones de política social en los territorios de emigración nacional es la respuesta no sólo la más humanitaria, sino la más razonable para retener el capital humano que se pierde, precisamente por las condiciones de pobreza en dichas regiones.

Otro de los temas de atención en la relación bilateral es Venezuela. Las autoridades mexicanas deben acreditar el interés de una solución pacífica y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Lo que se ha hecho hasta hoy hace creer que en las autoridades hay afinidad hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Cabe destacar que los primeros años del gobierno anterior se mantuvo una postura semejante a la actual, en el sentido de mantener neutralidad y de distancia con la oposición venezolana. En los dos últimos años hubo un cambio importante. Es recomendable que a la luz de la evolución de los acontecimientos, sin comprometer los principios de la política exterior mexicana, un cambio en la materia y que acredite a México y a su gobierno como un país líder en derechos humanos y de una diplomacia activa y eficaz para hacer valer la democratización de Latinoamérica. Esto debe ocurrir no como concesión al país vecino, sino como una expresión del interés nacional. Ofrecer asilo político a Leopoldo López y a su familia sería un gesto simbólico de mucho significado y con apego a lo mejor de la diplomacia mexicana.

El Plan Nacional de Desarrollo no solo refiere al respeto que México tiene y debe al vecino, también habla sobre la necesidad de revisar en el marco de la ONU y en la relación bilateral la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes que ha dado muy malos resultados y que sí ha generado en México violencia y descomposición social e institucional.

Son muchos los temas críticos. Algunos de tensión y otros de fácil acuerdo y entendimiento. Por lo pronto es evidente que el interés en muchos temas fundamentales es compartido. México ha sido un buen vecino, pero, además, en la actual circunstancia también debe acreditar que en su gobierno hay sensibilidad y una inteligente mesura.

La inclusión y la reconciliación

La reconciliación es un proceso, un resultado virtuoso pocas veces logrado y a su vez, el camino más firme para la subsistencia de la democracia. Una vez pasadas las elecciones, lo que une a una sociedad democráticamente madura, no son las diferencias sino los objetivos o estrategias comunes para hacer frente a los retos del país. La situación de México, por el entorno internacional que nos toca vivir, no había sido lo complicada que es ahora y justo por tales desafíos se requiere dar un curso más explícito y decidido hacia la reconciliación, que lejos de lo que pudiera pensarse, no es muestra debilidad sino ánimo para construir una fortaleza de conjunto, tan necesaria para una nación como la nuestra.

Conciliar y reconciliar son verbos que para los demócratas se vuelven profesión de fe. Sin ellos, no hay vía posible para el acuerdo y sí en cambio para la imposición, que deviene siempre en amenaza autoritaria. Un buen principio para reconciliar es aceptar que en nuestro sistema político los inaceptables no son los adversarios, los críticos o los inconformes con el rumbo de las cosas; los indeseables son esencialmente los criminales, los que han saqueado recursos públicos o han ensangrentado al país, y para ellos debe haber un único consenso: el de aplicarles todo el peso de la ley. La legalidad debe hacerse valer siempre, ninguna forma de excepción es válida, ni la del pasado, ni las del presente.

Frente a la necesidad de reconciliar y unir al país, hay diversas ópticas. Hay quienes apuestan a la inclusión social como contrapeso de la inclusión política. De hecho, son conceptos muy distintos; la primera se refiere a la incorporación de los sectores más marginados y puede ser igual para los servicios sociales y financieros, la política, etc. El uso que se le da a la inclusión política más bien se refiere a la participación de la oposición formal en el proceso decisorio de los temas que unen. Lo primero es obligado, lo segundo es una opción que opera virtuosamente a partir del asunto que esté de por medio.

En este sentido, las dos se necesitan, y el primer piso de la inclusión y la reconciliación debe ser de carácter social; el segundo, político. Para que lo primero ocurra es necesario revisar el paradigma existente en materia económica y de ejercicio del poder. Se puede decir que es difícil que haya una auténtica y duradera reconciliación si ésta no es acompañada por la inclusión. Sin embargo, la inclusión no solo se asocia a un mayor bienestar social, también la incorporación de las personas al proceso productivo y construcción de ciudadanía. El mejor camino al bienestar y la dignidad de las personas es el trabajo; la forma más efectiva de participación es la del ciudadano que cumple obligaciones y ejerce derechos, no la de la masa.

La reconciliación política no requiere inclusión, más que todo se funda en un compromiso de coexistencia entre empoderados y opositores. En este sentido el respeto al otro es fundamental, como lo es el cumplimiento de la ley. Es positivo que el presidente López Obrador reitere su respeto a disentir; no es tanto cuando califica negativamente a quien disiente, como lo ha hecho innecesariamente al construir en el imaginario público personajes o grupos que representan amenazas a su proyecto. Basta con decir que no está de acuerdo, y en todo caso, que las distintas posturas estuvieron expuestas a consideración democrática y que la mayoría se pronunció por la posición del presidente.

La inclusión social y la reconciliación política son útiles, además de necesarias. El país es de todos y cada cual tiene su lugar y espacio. La reconciliación política es el proceso propio de la democracia. Quien más debe participar en lograrlo es el ganador. Además, no hay proyecto alguno que llegue al poder para la eternidad, tarde que temprano viene la renovación, incluso en entornos no democráticos, y quienes un día son convocados, al otro serán los convocantes.

Una de las desviaciones de la reconciliación política es cuando ésta se ve subvertida por la complicidad entre ganadores y perdedores a costa de los principios de ética pública y en ocasiones, hasta de la legalidad. O cuando quien gana no lo hace en función de un proyecto trascendental, sino con el simple propósito de estar en el poder. También cuando el que pierde es propenso a la corrupción o no tiene sentido de su compromiso con el proyecto que enarbola. El pragmatismo puede envilecer el acuerdo y la función propia del pluralismo.

La sociedad y los partidos políticos, no sólo el gobierno, deben hacer un esfuerzo mayor para dar espacio a la reconciliación. Los problemas y los anhelos de los mexicanos lo recomiendan y de alguna forma, lo obligan. Creo que con frecuencia perdemos mucha energía y tiempo en discusiones estériles, cuyo resultado es profundizar el encono y los desencuentros. Tenemos que hacer a un lado la disputa política y encontrar entre todos aquello que nos une en vez de seguir explotando lo que nos divide.

La justicia republicana

La justicia es tarea fundamental del Estado. Es un concepto amplio, filosófico y ético, que no solo se refiere a los procedimientos formales, sino a lo que atañe a la vida cotidiana en sus diversas expresiones. La justicia va asociada a la equidad y en ciertos sentidos a la igualdad. Hay un sentimiento social compartido de lo justo y lo injusto; sin embargo, como tarea de gobierno, ésta sólo puede tener una expresión: la legal. Para la persona o para un colectivo, puede haber diferencias entre lo legal y lo justo; no así para la autoridad. Para ésta, la única vía hacia la justicia es la ley. No hay dilema posible, mucho menos razón para privilegiar la justicia sobre la legalidad.

Una de las mayores exigencias públicas y condición para el progreso es la certeza. Para ésta y para la legalidad no hay coartadas. Se requiere que la autoridad cumpla con la ley y de esta manera provea certeza. El gobierno requiere actuar invariablemente con apego a la ley. Para el Estado, la justicia no se interpreta, simplemente se cumple, porque su expresión más acabada, no perfecta, aunque siempre perfectible, es lo que establece la ley. Un gobierno que se desentiende de obedecer la norma, con cualquier pretexto o incluso, con argumentos éticos que pudieran parecer incontrovertibles pero distantes o contrarios del texto normativo, siembra las condiciones para la desobediencia pública y también para la falta de certeza de derechos.

El anhelo de justicia es real, pero si se particulariza su sentido o se ideologiza, se corre el riesgo de desvirtuar el interés general. Es principio general de la seguridad jurídica que los particulares no puedan invocar para el incumplimiento de la norma, desuso, desconocimiento o práctica en contrario; con mayor razón las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan, como implica el juramento de toda autoridad republicana. Tal compromiso no es un ritual vacío, tampoco es una obligación que se cumple solo en la medida de lo deseable o de lo posible.

El mensaje de incertidumbre jurídica que emite el gobierno es pernicioso en muchos sentidos, especialmente en el frente económico. Podríamos transitar a una situación crítica si se vuelve premisa de actuación de autoridad o de los particulares invocar la justicia por encima de la observancia de la ley. Llevar esta tesis a un extremo su destino es el caos o el imperio de quien tiene más capacidad para hacer valer su voluntad, a costa del ciudadano que tiene como único refugio y salvaguarda el estado de derecho.

Además, los temas fundamentales del gobierno actual sólo pueden cobrar realidad y trascender en términos de legalidad. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción no puede reducirse a una prédica moral y al supuesto de que ya no existe porque en las altas esferas de poder ha desaparecido. La corrupción se sanciona con la ley en la mano y es de elemental consideración que exista sanción para quien abusa. En otras palabras, la lucha contra la impunidad, base de la corrupción, se enmarca necesariamente en la lucha por la legalidad.

Las autoridades deben tener presente que es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Hacer valer la ley, en ocasiones requiere de vías de apremio que no está en manos de la autoridad eludir. Se cumple porque hay intereses de terceros que pueden resultar afectados, y se cumple porque es obligación de la autoridad mantener el orden y el estado de derecho. Hacer valer la ley no significa reprimir en el sentido simple de la expresión. Al contrario, no hacer valer la ley abre la puerta a la arbitrariedad y deja expuesta a la sociedad ante el infractor o quien incurre en acciones delictivas, como fue el caso de una parte del movimiento magisterial en Michoacán, que interrumpió el servicio público ferroviario como una medida de presión ante las autoridades locales.

Situación análoga se ha presentado con otra vertiente de esa fracción sindical, pero de Oaxaca. Su beligerancia y determinación ha impedido el desarrollo normal de las sesiones de la Cámara de Diputados. El gobierno ha hecho bien en no caer en la provocación, pero es un error ceder en hacer valer la ley, en no asegurar el trabajo normal de los poderes públicos y particularmente, en conceder razón en el fondo y modo a esa parte del magisterio, didáctica perniciosa porque muestra el camino con el que se tiene éxito ante las actuales autoridades.

En la República, donde gobiernan instituciones, para la justicia no hay otro camino que la ley. Por eso la Constitución concede al gobierno el derecho de iniciativa para modificar las leyes y la propia Carta Magna, pero no otorga espacio alguno para suspender la legalidad. La obligación es clara y contundente: el gobierno y su mayoría legislativa, no pueden invocar la justicia para desentenderse de la ley, por eso deberían dejar en claro que el cumplimiento con la ley es garantía de todos y base insustituible para la convivencia democrática.

 

 

El anhelo de la seguridad

Abatir el crimen y la violencia se ha vuelto el desafío mayor de ésta y de la pasada generación. Desde hace décadas, las cifras han ido en aumento. Los gobiernos de todos los órdenes y de todos los partidos sufren el desgaste derivado del embate, de la complacencia o de la complicidad ante la delincuencia. Los electores padecen la seducción de las soluciones rápidas y fáciles a un problema sumamente complejo y que demanda no solo la colaboración entre poderes y autoridades, sino también una participación muy activa de la sociedad.

El presidente López Obrador como candidato, anticipó que la solución llevaría años, sin embargo, la expectativa de siempre ha sido la de ver desde ya una disminución de los números de la delincuencia, a pesar de que muchos delitos están en el ámbito de las autoridades y cuerpos de seguridad locales y municipales. Se ha dicho con razón que el curso exitoso de la cuarta transformación pasa por la seguridad y una mejor justicia. Pero, insisto, no es cuestión de una autoridad, de un partido o de un proyecto político. Esta es, como pocas, una batalla de todos.

El liderazgo del presidente alcanza para hacer un llamado a todo el país a emprender una cruzada nacional por la seguridad y la justicia. Se tiene que atacar el problema desde muchos frentes. Desde luego, está el tema social, que tiene que ver con la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. No se puede criminalizar la pobreza, pero tampoco puede haber complacencia. La impunidad invita al delito. La observancia de la ley por todos es la premisa de civilidad y garantía de vigencia plena de derechos.

El presidente y el Constituyente Permanente han definido el marco jurídico para la Guardia Nacional. El Ejército y la Marina han sido un componente fundamental para dar fortaleza al Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Aunque mucho se ha avanzado en el sistema de seguridad nacional, las fuerzas armadas hasta hoy día continúan siendo la parte más confiable para enfrentar el problema. Esto plantea riesgos importantes, incluso para las mismas fuerzas armadas. La solución que se ha dado pretende combinar las virtudes del régimen castrense con las del de seguridad civil.

En este marco, es consecuente con la naturaleza de la Guardia Nacional que el presidente haya nombrado a un militar como su comandante, el general brigadier Luis Rodríguez Bucio. Con el nombramiento debe darse por terminada la discusión sobre el tema, y es un acierto pasar cuanto antes al desarrollo del marco legal que habrá de regularla. Es mucho lo que debe hacerse y ahora corresponde al Congreso y también al ámbito local dar impulso a un sistema integral de seguridad. Debe quedar claro que buena parte de los delitos y particularmente las acciones preventivas que más afectan a los mexicanos están en manos de la llamada policía de proximidad, la que normalmente está en peores condiciones en términos de capacitación, remuneración, reconocimiento y estímulos.

Uno de los problemas ha sido la insuficiencia de recursos para la seguridad, sin desconocer que no siempre ha habido su mejor y más adecuada aplicación. La seguridad cuesta, y mucho, pero es considerablemente más costosa su insuficiencia. El Poder Legislativo Federal y los locales deben emprender una reforma fiscal que etiquete mayores recursos para la seguridad. Por ejemplo, al reestablecer el pago de la tenencia vehicular bien podría aplicarse a la seguridad una proporción de dichos ingresos. De igual manera, debe hacerse un inventario serio de los recursos orientados a la seguridad. Las fiscalías deben fortalecerse de manera considerable, de la misma manera que los tribunales en materia penal. Otro de los temas de urgente atención es el sistema carcelario nacional. Las prisiones se alejan por mucho del espíritu humanista que busca la reinserción social del delincuente y hay sobradas evidencias que más bien son escuelas avanzadas para la delincuencia.

La cruzada por la seguridad debe ser una convocatoria del presidente y en ella deben participar todos. Es mucho lo que está de por medio y es evidente que por más esfuerzos que se hagan en el nivel federal, un avance en la materia requiere de la presencia de todas las instituciones públicas, privadas, sociales y de los ciudadanos.

Por lo pronto, hay una exigencia social inmediata que se vuelve necesidad para el gobierno federal: dar eficacia a la Guardia Nacional. El general Rodríguez Bucio reúne atributos que permiten ver con optimismo lo que viene. Su formación y trayectoria aseguran perspectiva global y también sentido de la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos y de una respuesta institucional moderna e inteligente contra el crimen, especialmente hacia la delincuencia organizada. Será tarea de la Secretaría de Seguridad Pública incorporar a todas las instituciones del ámbito local a un propósito compartido de responsabilidad para cumplir el anhelo fundamental de los mexicanos hoy día, el de la seguridad.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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