Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Confianza

El país y el mundo viven un proceso de cambio que hace énfasis en lo rupturista. La motivación fundamental es distanciarse de lo que existe y en cierto modo, añorar un pasado que en el imaginario colectivo siempre fue mejor. En esta ruta que parece sin retorno, como nunca, las instituciones de la democracia liberal son objeto de acecho desde diversos frentes y esto ocurre por el desencanto con lo vigente. No deja de ser una paradoja que el descontento sea mayor cuando objetivamente el país y el mundo están mejor.

En este entorno social marcado por la desconfianza a lo convencional, la lucha por construir confianza ha sido el objetivo de los nuevos proyectos políticos que procesan sus aspiraciones a partir del desencanto. Conforme más fuerte, severa y radical sea la crítica al pasado inmediato, mayor el respaldo popular. De allí que en México y en otras partes del mundo tengan lugar gobiernos con un amplio apoyo popular en torno a un diagnóstico que a ratos parece catastrófico y de un líder que inspira confianza.

Así sucede con Boris Johnson en la Gran Bretaña, Donald Trump en el país vecino o Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Muy distintos los tres, incluso nuestro presidente ideológicamente en postura opuesta, pero lo que les es común es que tienen un extraordinario respaldo ciudadano precisamente porque saben conectar de manera tal con los electores a partir de su crítica frontal al pasado para corresponder a la percepción actual y a las aspiraciones de la sociedad.

Sin embargo, visto el impulso que los ha llevado al poder, y alcanzada con creces la fuente de legitimidad, no es la reconciliación propia de la política del pasado, sino justamente lo contrario, lo que anima a estos gobernantes surgidos del descontento. Mantenerse en confrontación permanente puede percibirse como indeseable, pero resulta efectista. Esto explica el por qué el Presidente López Obrador, no necesariamente su gobierno, alcanzan elevadas cuotas de aprobación en la población. El Presidente es confiable a una parte sustantiva de la población precisamente por su intransigencia al pasado, porque no hace las cosas igual, aunque esto no implica como relación causal, que un gobierno diferente sea mejor.

Las acciones disruptivas para acumular confianza se vuelven parte del paisaje a partir de su reiteración. Así ha ocurrido con mucho del estilo de gobernar del Presidente. Destacadamente con la comparecencia diaria del mandatario ante un muy singular sector de los medios de comunicación. El presidente logra el objetivo de mostrarse y demostrarse confiable en su empeño por gobernar, aunque genere recurrentes problemas por el contenido y la forma de sus expresiones.

El que mucho habla, mucho se expone, pero también le da la visibilidad necesaria para explicar y explicarse, para reiterar, para crear percepción. Los efectos del modelo de comunicación le han dado confiabilidad y confianza al Presidente, no a su gobierno y mucho menos a la coalición gobernante. En sus efectos negativos, es la personalización y centralización del ejercicio del poder gubernamental. Que el gabinete y el aparato gubernamental pierda peso tiene consecuencias significativas para la calidad del gobierno. Asimismo, el éxito presidencial en lograr respaldo popular con su prédica moral y su visión del poder y de la realidad, le van generando desconfianza y rechazo de otros segmentos, quizás minoritarios, pero de importancia para el éxito del gobierno y el progreso del país.

Siempre resulta importante lograr la confianza popular, pero también es necesario ganar la de las élites y los factores de poder que inciden en muchos aspectos de la vida social, política y económica. Para efectos prácticos, el Presidente ha perdido la confianza del sector inversionista a pesar de la estricta disciplina financiera para mantener el equilibrio y la estabilidad macroeconómica, de los recurrentes encuentros, y el explícito apoyo de representantes de los empresarios, así como una postura mesurada del presidente hacia ellos.

La dificultad mayor del presidente para extender el espacio de confianza está en su actitud elusiva y a veces ambigua al Estado de Derecho. La política de seguridad no genera confianza, no sólo por la falta de resultados, sino por las premisas que conllevan desestimar la responsabilidad de las autoridades en hacer que otros cumplan con la ley y sancionar el abuso y las conductas ilegales. Este no es un tema de moral pública, sino de estricta legalidad.

A la hora de gobernar, la confianza es un recurso que demanda permanente construcción. Recurrir al pasado como fuente de legitimidad tiene eficacia al inicio, pero son los resultados los que consolidan el proyecto. En la medida en que éstos se alejan del horizonte o no se dan con el acento comprometido, es inevitable que sobrevenga un nuevo desencanto o al menos que lleve, eventualmente, a una mayor polarización. Es momento que el presidente se cuestione sobre las razones de la confianza de unos y otros en el breve espacio que representan cinco años de gobierno.

Tenemos Acuerdo

La apertura comercial de México ha sido uno de los grandes logros del proceso de modernización del país. Los beneficios van más allá del intercambio de mercancías; lo más importante, es que abre espacio a un sentido de casa compartida entre naciones que se unen en torno a una idea de futuro común en el que el comercio es uno de sus componentes.

El TLC signado en 1994 representa un antes y un después para la economía nacional y para la relación entre los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México. El balance es altamente favorable para los tres socios comerciales, y desde luego más para México, por la simple razón de que un acuerdo de tal naturaleza tiene un efecto igualador, de forma tal que quien es más pobre, está más atrasado o rezagado, es quien más se beneficia de esta relación.

El acuerdo, como venía operando requería de actualización. En los anteriores tratados, como ahora, se hizo lo que se pudo. Sólo como ejemplo basta dar vista a lo que ahora representa la economía asociada a la tecnología digital respecto a hace 24 años para entender la necesidad de incorporar nuevos capítulos al acuerdo. Sin embargo, el principal motor para realizar un nuevo pacto comercial provino del presidente Donald Trump, quien desde campaña se comprometió a eliminar el TLCAN en un alarde de complacer a electores que se asumían afectados en su economía familiar por el traslado de plantas hacia México. Trump ganó con ese mandato, y era inevitable abrir negociaciones para un nuevo tratado.

Las autoridades mexicanas han hecho su mejor esfuerzo en las negociaciones con nuestros socios. En el pasado inmediato destacan Ildefonso Guajardo y recientemente, Jesús Seade. Fue un logro mayor de México la concreción del acuerdo en el marco de un severo enfrentamiento entre los congresistas demócratas y el presidente Trump, además de que está en puerta un nuevo proceso electoral que complica los acuerdos. Las negociaciones tenían que realizarse con agilidad y para ello el esquema convencional para llegar a un acuerdo tuvo que prescindirse. Queda claro que la ausencia de la fórmula convencional de participación del empresariado corresponde a las necesidades de la negociación y no a un deliberado propósito de excluirles.

Los analistas han destacado las concesiones que tuvo que hacer el gobierno, para algunos claramente desventajosas. Sin embargo, pocos han atendido que existen varios logros, entre ellos uno muy importante de carácter ambiental. Y es que los firmantes se comprometen a observar los compromisos que sus socios comerciales hayan suscrito en materia ambiental. En otras palabras, por la puerta de atrás, México lleva al gobierno norteamericano a cumplir los acuerdos internacionales en cuidado del medio ambiente, un logro global de la mayor trascendencia.

El T-MEC es un nuevo punto de partida para la economía nacional. Su mayor contribución es que aporta certeza y da claridad de qué lado están las autoridades mexicanas. Libre comercio va de la mano de la libre empresa, y esto es lo que hay que promover. Mucho se ha logrado en el pasado que debe aprovecharse, entre otras cosas, que el mercado funcione virtuosamente y que las reglas de la competencia operen eficazmente para dar fortaleza a los mejores.

Tenemos T-MEC. Es una nueva oportunidad para ser mejores, pero una vez firmado, existen muchos temas que tendrán que revisarse. Por ejemplo, la burocratización de trámites, el régimen fiscal, la ausencia de obra pública e infraestructura estratégicas, la inseguridad pública y la falta de una fuerza laboral calificada. El Presidente López Obrador, con el respaldo popular que tiene, debe ser un promotor de esa necesaria renovación pensando siempre en la inversión productiva. Para ello es fundamental no sólo los encuentros con empresarios y las expresiones de mutuo apoyo y respeto, sino decisiones que convaliden lo que se dice, de un lado y de otro.

A principios de 2020 deberá presentarse el programa de inversión en el sector de energía. Lo ya conocido ha tenido una buena recepción, especialmente, por la postura del gobierno para el desarrollo de infraestructura en comunicaciones de la mano del sector privado. Sin embargo, el sector energético es el de mayor relevancia porque allí se han depositado las esperanzas del gobierno para mejorar las finanzas públicas. El giro estatista que preocupa a algunos sectores debe revisarse y abrir al sector privado oportunidades de inversión, con apego a los principios y valores de la Constitución y sus leyes reglamentarias.

También será necesario que el presidente de curso a una negociación capaz de generar un acuerdo político de gran alcance para lograr una reforma fiscal que permita al gobierno cumplir con sus responsabilidades, a partir de una visión nacional que incorpore a los Estados, los municipios y al gobierno de la Ciudad de México. Por vía de mientras, el T-MEC es el mejor augurio para el país y hasta ahora el gran éxito de un gobierno que deja claro que en materia económica, apuesta al libre comercio.

Soberanía y legalidad

El mundo ha vivido en las últimas décadas un proceso de transformación de los estados naciones. De manera cada vez más creciente, los países tienen que vivir y convivir en una realidad global. Son razones económicas, legales y también ambientales las que van conformando un sentido del mundo como una suerte de casa compartida, abonada por la universalidad de los derechos humanos. Si bien vivimos tiempos de descontento en muchas regiones, objetivamente el planeta vive su mejor momento. Desde luego que existen problemas serios, pero las cosas son considerablemente mejor ahora que hace cincuenta o cien años.

Aunque el tema medioambiental ejerce mucha presión, son el libre comercio y sobre todo la economía global, las que han puesto en entredicho muchos conceptos convencionales de la visión de los países como estados individuales. Los capitales no tienen patria, y cualquier esquema de crecimiento y de bienestar para una nación, necesariamente supone retener los capitales propios y atraer los externos. Las empresas trasnacionales, especialmente las públicas, se rigen por las leyes de su país de origen, mientras que las nacionales, públicas o privadas, que recurren al financiamiento bajo esquemas de bursatilización en el exterior, contraen compromisos y les obliga la normatividad de los países donde realizan tales operaciones.

La realidad mundial es de mayores oportunidades, pero el juego es más complejo y entraña mayores riesgos. Las naciones requieren gobiernos que entiendan la dimensión global, sobre todo la económica, para actuar con acierto, potenciar oportunidades y atenuar las amenazas. Afortunadamente para México, atrás han quedado las visiones parroquiales de nacionalismo que mucho afectaron al país y que significaron elevado costo a generaciones de mexicanos. La idea convencional de soberanía nacional pertenece a otra época.

Precisamente porque las cosas no son como antes se debe actuar en el marco de un nuevo paradigma; el pasado aporta y alecciona, pero no puede ser el esquema principal para la actuación. El desafío es construir para la economía, pero también para el comercio, para los retos que atañen a la ecología y a la seguridad, nuevas fórmulas y herramientas de atención bajo una premisa fundamental, la legalidad.

Estimo que la incapacidad para actuar en el marco de la ley ha sido una de las insuficiencias del proceso de modernización de México. Esto a su vez ha generado un problema que parece ser la fuente de todos nuestros males: la impunidad. El gobierno debe actuar con mayor claridad respecto a su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. En la actual circunstancia, la soberanía y la seguridad nacional se han visto comprometidas por una forma muy particular de entender el apego a la ley, especialmente en materia de seguridad pública.

El gobierno norteamericano ha amenazado con declarar a los narcotraficantes como terroristas. Esta declaratoria no es meramente retórica. Esto implica la extraterritorialidad en su combate, en otras palabras, es la autorización implícita y explícita para que el gobierno norteamericano pueda actuar fuera de su territorio para combatir a un enemigo al que no otorga concesión alguna.

Por otra parte, la amenaza del crimen organizado en sus propios términos es cuestión de seguridad nacional y por lo mismo obliga a las autoridades actuar con toda determinación para combatirles. No hay opción, es obligación y la manera de declinar en su combate es que el Congreso emitiera ley de amnistía, decisión que sería un absurdo a partir de la reiterada y creciente violencia de los grupos criminales, además del dolor de las víctimas y el daño a la paz pública.

Esto significa que el gobierno mexicano, por razones de seguridad nacional y también de protección a su soberanía, debe actuar con energía para hacer valer la ley. No debe haber el menor espacio a la duda a tal respecto. Por lo mismo es necesario que el presidente de la República precise que en forma alguna la acción del gobierno en materia de seguridad significa no aplicar la ley.

Se ha expresado que no habrá de regresarse a fórmulas de combate al crimen que han probado no ser eficaces o incluso contraproducentes. Precisamente eso es lo que se requiere, una nueva manera y nuevos instrumentos y acciones para combatir al crimen y esto se llama abatir la impunidad. Es de la mayor relevancia involucrar a la sociedad en el combate al delito, acción que inicia con la denuncia y crece con la confianza que las autoridades ganan dando buenas cuentas en la protección de las personas y sus familias.

La atención a las causas sociales o de carácter estructural que inciden en la criminalidad deben concretarse; sin embargo, esta no excluye la actuación de las fuerzas del orden para abatir la impunidad. De hecho, los elementos más importantes de la nueva estrategia en materia de seguridad son estos dos aspectos: una respuesta a las causas estructurales y el combate frontal a la impunidad.

Primero de seis

El primer año de cualquier presidente es un ejercicio de descubrimiento y aprendizaje. La dificultad irrumpe si la expectativa es mayor, si la coyuntura conspira contra la estrategia. Entonces la inmediatez tiende a dominar la agenda y gradualmente se va entendiendo lo complicado de mantener el rumbo planteado a partir no solo de los problemas, sino de las limitaciones propias de la circunstancia en la que a cada presidente le corresponde actuar.

A diferencia de lo que muchos consideran, el primer año de gobierno es menos definitorio de lo que habrá de acontecer en el resto del período, porque la política, el gobierno y la realidad no tienen un devenir lineal. Desde luego que hay un estilo de gobernar que habrá de mantenerse, esto es predecible, mucho más por el carácter y la idea que tiene el actual presidente de lo que es su responsabilidad ante la historia y la realidad del país.

El presidente López Obrador cuenta con un amplio aval popular a pesar de los problemas, las controversias y los resultados magros a partir de la esperanza que en muchos sectores de la sociedad generó su triunfo y del compromiso establecido al asumir el cargo. Su presencia mediática le ha permitido explicar, convencer y refutar, aunque no siempre de la mejor manera dada su investidura. Además, el consenso es engañoso porque no sólo es cuantitativo, sino cualitativo, especialmente en materia económica. Importan todos, pero hay unos pocos muy relevantes porque son quienes tienen la decisión de la inversión, indispensable para el crecimiento económico. Además, muchos de ellos no son visibles. El público en general puede tener una idea de las cosas que no necesariamente se comparte con la del inversionista. Incluso, los voceros del sector empresarial no siempre reproducen la percepción de aquellos a quienes representan.

Al presidente le caracteriza la persistencia, la determinación y el carácter. Tiene un buen gabinete que se ha ido formando y ha ido creciendo, unos más que otros, al rigor de la responsabilidad. El estilo de gobernar del presidente es desafiante para todo el equipo; también se advierte que como jefe exige, pero igual respalda a quien hace el trabajo que a él le parece correcto, independientemente de la polémica o del rechazo social o mediático. Eso es un activo y, al mismo tiempo, es un pasivo por la excesiva personalización del poder y la marginalidad de los colaboradores.

Dos son a mi juicio, los atributos que fortalecen la capacidad de aprendizaje: saber escuchar y leer con rigor la realidad. Escuchar fino es ofrecer confianza para que quienes acceden al presidente, no solo sus colaboradores, puedan externar sus opiniones, puntos de vista, acuerdos e incluso señalamiento de yerros e insuficiencias. El poder intimida y si no se tiene la iniciativa para dar confianza a la opinión, prevalecerán las visiones interesadas o complacientes. Escuchar a pocos es tanto como ser rehén de ellos. Además, los intereses de siempre y los interesados a la sombra del poder encuentran la manera de estar presentes y de influir en las decisiones de autoridad.

Los dilemas del poder son propios de su ejercicio. No hay decisiones fáciles y con frecuencia se dirime entre opciones de mal menor. La comprensión pública a esta circunstancia es muy estrecha, por eso los presidentes se incomodan con la opinión pública y publicada. Sin embargo, refugiarse en la burbuja del grupo estrecho o regocijarse con el evento multitudinario es un escape falso a la dificultad que significa gobernar en el marco de la pluralidad, del debate y de las opiniones encontradas.

El presidente ha hablado de los momentos difíciles y mejores. Es su perspectiva y está en su derecho de destacarlos y referirlos para ilustrar las dificultades y la manera como lo contingente e inesperado impacta a quien dirige el gobierno.

Este primer año no solo tiene el llamado bono democrático, sino que el triunfo de este grupo en el poder deriva de elecciones con un claro mensaje de aprobación y también de rechazo. El presidente ha sido eficaz en usufructuar ambos sentimientos, lo que le ha permitido contar con elevados niveles de aprobación a pesar de que los resultados van muy por debajo de la expectativa pública y de lo que seguramente se había propuesto el propio presidente.

Seguro que, a estas alturas, el presidente ha entendido que no todo es cuestión de voluntad. Que los límites están a la vista, que hay un catálogo de problemas que no estaban en el inventario del inicio, que el tiempo pasa con una rapidez mayor a la prevista, que el pasado también aporta, que el entusiasmo y expectativa de inicio va cediendo a las necesidades del día a día y a la rutina; que la novedad va quedando atrás.

Las lecciones aprendidas de esta primera etapa bien pueden dar lugar a una mejoría en los resultados que exige el futuro, incluso aunque el inicio no sea consecuente con lo que muchos esperaban, ni reflejen del todo la convicción y la entrega de un presidente que como nosotros desea el bien del país.

Lealtad al Presidente

Con frecuencia resulta fácil opinar sobre los militares sin considerar los principios y valores que mueven al sector castrense. Las diferencias que hay en materia política o el descontento de algunos con la situación, particularmente en materia de seguridad, les hace pensar que algo debe estar ocurriendo con el sector militar. Situaciones de otros países, donde ha habido desencuentro del poder civil con el castrense, suelen tomarse como referencia de lo que podría ocurrir en México. La circunstancia acá es diferente a partir de la realidad y la historia de nuestro ejército y marina.

A nuestras fuerzas armadas las caracteriza un sentido de lealtad ya centenario. Por esta consideración es relevante que los titulares de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el de la Marina, Rafael Ojeda Durán, hayan refrendado la lealtad de las fuerzas armadas al presidente de la República. La expresión es oportuna, en el sentido de despejar la especulación ligera sobre una supuesta inconformidad de los militares y marinos con el desempeño general del gobierno o con alguna de sus determinaciones.

Las fuerzas armadas no defraudarán al pueblo de México. La lealtad de los militares es a las instituciones, las que se rigen por la Constitución y la ley. La más importante de éstas es la Presidencia de la República y como tal, el presidente sabe que cuenta con el respaldo en condición no sólo de autoridad suprema sino como representante del Ejecutivo Federal.

Los militares no están en la política, tampoco para ellos son relevantes los términos del consenso o del debate nacional. Su tarea es cumplir su responsabilidad con lealtad en el plano que determinan las leyes y las instrucciones del presidente de la República. La situación del país los ha llevado a emprender tareas más allá de las convencionales. Desde hace tiempo son el soporte más confiable del poder civil en materia de seguridad pública y en ocasión de siniestros naturales. La disciplina que les caracteriza es garantía de orden, lealtad y obediencia.

Aunque no es indispensable para las fuerzas armadas, sí es útil que el poder civil y la sociedad sean consecuentes con el sentido de lealtad que les caracteriza. La sociedad las reconoce como altamente confiables y garantes de la paz social. Por lo mismo, lo natural es que deba asumirse ante ellos una postura de respeto y de correspondencia. Hay reconocimiento de su servicio al país, pero también es necesario entender las condiciones que hacen necesaria su presencia en tareas en materia de seguridad y también en temas estratégicos vinculados con la seguridad nacional. El soldado cumple, obedece, no discute, no opina.

Son momentos singulares los que vive el país. El arribo de López Obrador al gobierno conlleva cambios importantes en muchos aspectos del ejercicio del poder. Las fuerzas armadas han sido y serán para lo que venga su soporte mayor, como lo han mostrado de manera invariable durante este primer año de gobierno. Los militares y marinos no están para participar en el debate sobre la seguridad del país, esa es tarea de los funcionarios, de los políticos, expertos y medios de comunicación. Su tarea es estar dispuestos a cumplir las órdenes del presidente en el marco de la Constitución y de las leyes, como lo han expresado los titulares responsables, y como lo han realizado a lo largo de este siglo.

Son tiempos difíciles y desafiantes. Lo que viene será más. Afortunadamente el país cuenta con muchas fortalezas. Los mexicanos ejercen sus derechos y libertades para inconformarse, sin restricción alguna. Uno de los activos más preciados en el sistema democrático en el que vivimos, es la lealtad firme e indeclinable de las fuerzas armadas a las instituciones. La lucha contra el crimen organizado no es de un gobierno, es de todo el país. Ganar la batalla requiere de la unidad de todos. La sociedad deberá participar mucho más, desde luego, sin declinar su exigencia a las autoridades, pero también con el uso efectivo del poder de la denuncia.

El gobierno de México ha presentado a su contraparte norteamericana, definir mecanismos que permitan abatir el flujo de armas ilegales al territorio nacional. La capacidad de fuego del crimen organizado ha crecido y sus finanzas también. Los soldados enfrentan a un enemigo perverso, sin escrúpulos, sanguinario y bien armado. La colaboración global de inteligencia, restricción del tráfico de armas y lucha contra el lavado de dinero, permitirá ir ganando terreno. Las fuerzas armadas son garantía y su participación en la conformación de la Guardia Nacional, seguramente habrá de rendir también resultados promisorios en un futuro próximo.

La lealtad al presidente es un principio fundamental e indeclinable de las fuerzas armadas nacionales. Es el resultado de nuestra propia historia y es una convicción propia del soldado mexicano. El presidente lo entiende, y es la razón por la que su gobierno ha descansado de manera creciente en soldados y marinos las tareas fundamentales para el gobierno.

El presupuesto

El presupuesto es el instrumento fundamental del gobierno. Es la más acabada definición de lo posible, frente al amplio espectro de lo deseable. El país aprendió a la mala, con un elevado costo social y económico, que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Una definición aritmética que, en los hechos, ha sido la medida para evaluar la responsabilidad política de los gobiernos nacionales.

Alcanzar tasas de crecimiento a costa del déficit fiscal o de la deuda, es una irresponsabilidad que toca pagar, siempre, a las generaciones futuras. En buena parte, el apremio que padecen las finanzas públicas es por la deuda heredada explícita (la documentada y acreditada como tal) e implícita (los pasivos laborales, pensiones, adeudos a proveedores, etc.), incrementada significativamente desde el inicio del siglo a pesar del mayor incremento en los ingresos por los elevados precios del petróleo.

Todo gobierno que inicia enfrenta el golpe que significa identificar el estrecho espacio presupuestal para cumplir los compromisos y el proyecto dibujado en el periodo previo al asumir responsabilidad. Más que un problema de formación de quien gobierna es uno de información de quienes se van. Y es que, por una razón u otra, encomiable o irresponsable, es hasta el momento de entregar el cargo cuando se reporta la realidad de las finanzas públicas.

Todo presidente pretende hacer realidad un cambio. En el caso de alternancia el acento es mayor. Sin embargo, la inercia de la situación económica y financiera implica que prevalezca más la continuidad que la ruptura. Cuando el cambio conlleva uno de régimen, no sólo por el contenido de las políticas públicas, sino por los nuevos equilibrios y mapa del poder, la situación se vuelve más compleja e incierta, porque el mandato democrático y la configuración favorable de los poderes invita de forma natural a un giro mayor en la política económica.

El gobierno actual es de contrastes en materia presupuestal. Por una parte, ha introducido significativas modificaciones al gasto, por la otra, ha asumido una estricta disciplina fiscal sin precedente, lo que le ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica, una de las condicionantes de gobierno responsable aprendidas del pasado a sangre, sudor y lágrimas.

El cuidado en el gasto público es un rasgo muy encomiable de la actual administración. Sin embargo, también ha impactado la reingeniería del presupuesto. En el tiempo se acumularon dispendio, descuido y corrupción. A lo largo de los últimos 18 años tuvieron un significativo incremento las remuneraciones formales e informales de los altos servidores públicos. Los estados y los municipios, casi todos, continuaron dependientes de las participaciones federales. PEMEX y la CFE incrementaron de manera significativa su deuda y el régimen de pensiones de todo el sector público, incluyendo el de las entidades, impone un severo problema que solo puede resolverse con austeridad, como se ha hecho, y con un aumento relevante en la recaudación, lo que no ha ocurrido.

El problema del actual presupuesto, el primero del nuevo régimen, ha resultado problemático en extremo por la conciliación del ingreso y gasto a partir del ahorro para un gobierno que en política social y en algunas inversiones de infraestructura plantea exigencias de gasto importantes. Reasignar partidas es un proceso difícil en extremo que, además, demanda cuidado para no afectar la calidad y continuidad de procesos y servicios del gobierno. Ahorrar sin método es contraproducente, sobre todo, si lo que prevalece como motor de dichos ahorros es el prejuicio de que todo lo de antes estaba mal o era dominado por la corrupción.

Más temprano que tarde, el gobierno deberá abordar el tema de los ingresos. Una reforma fiscal es indispensable. Por ejemplo, hay amplios sectores que se privilegian de la informalidad. Con ello la extorsión cobra fuerza y también la corrupción, esto genera injusticia respecto a las empresas formales e inseguridad a las informales, así como una severa distorsión financiera que afecta a los ingresos públicos. De antemano debe entenderse que fortalecer los ingresos lleva a la inconformidad, precisamente para eso sirve la popularidad y fortaleza de un gobierno, para introducir los cambios que de otra manera no pueden hacerse.

En este escenario, los sectores productivos deben hacer su parte; por ahora mantienen una postura ambigua respecto al gobierno. De los recurrentes y necesarios encuentros, los dichos no se convalidan con los hechos, ni de un lado ni del otro. Mala señal, pues lo fundamental para atender las necesidades nacionales es el crecimiento y desarrollo económicos. El país enfrenta muchos retos; hay un entorno internacional volátil y complejo. El programa de infraestructura es importante, pero mucho más resultará si el gobierno logra que los inversionistas apuesten por México.  De esta forma el gasto tendrá solvencia y mayor efectividad, precisamente porque habría una economía en crecimiento.

Pensar en México

Cada día es más evidente que el país está muy lejos de la unidad. La situación es preocupante por los problemas internos. Los enemigos de todos, que son los criminales y la amenaza a la soberanía nacional desde el exterior, están presentes como pocas veces. El problema desde luego, no es sólo del gobierno, también es de todos cuando anteponemos la postura o el interés propio sobre el general.

Al gobierno le sucede lo mismo que a sus opositores: la secuela de la polarización. Cada quien ve un enemigo, una amenaza a lo fundamental y una batalla sin término. El problema es que el interés del país va dejándose de lado. No se ha encontrado un justo medio para que las autoridades hagan su trabajo sin polarizar ni descalificar; y desde la sociedad cada vez emergen voces más confrontadas con el poder y con todo lo que el gobierno hace o propone.

El país no puede darse el lujo del desencuentro, mucho menos de un estado de enfrentamiento interno frente a la magnitud de los problemas que acechan a la nación. En el frente económico se tienen dificultades, pero nada comparables con lo que se está presentando en el plano político y en el de seguridad. La circunstancia hace aconsejable que el presidente haga pausa, una suerte de tregua, al menos en lo verbal, para dar curso si no a la reconciliación, al menos a una actitud de comedimiento hacia quienes están distanciados de su gobierno

La polarización, en ciertas circunstancias, puede servir para ganar el poder, como ocurrió con la pasada elección presidencial. Sin embargo, recurrir a esto desde el poder y en medio de camino minado, es un riesgo en el que quien más lleva por perder es el país. Los sucesos de Culiacán y Sonora potencian amenazas muy serias al país. El tono desafiante o de desdén no sólo no ayuda, sino que agrava la situación. El presidente cuenta con el apoyo mayoritario de la población, la mayoría de los mexicanos tienen confianza en él y este recurso, que es muy preciado, debe ponerse al servicio del país.

Los eventos en materia de inseguridad minan bases fundamentales de las instituciones públicas. Esto no lo miden las encuestas, tampoco se manifiesta en las expresiones públicas o de grupos pequeños pero representativos como son los empresarios. El consenso visto desde el poder, de siempre tiene mucho de artificial y en no pocas ocasiones es ficticio. Es preciso prestar atención a lo que está ocurriendo. Hacerlo sin la venda del prejuicio, ni el ánimo de encono. Hay problemas que están creciendo a partir del deterioro institucional. El presidente y su equipo lo pueden identificar, si se lo proponen, y atenderlo sin ánimo de enfrentamiento.

El debate es conveniente, pero debe hacerse sin mediar descalificación, recurso que ha sido recurrente en este gobierno. Las diferencias no necesariamente dividen, bien procesadas, pueden ser un recurso muy útil para mejorar el desempeño de la autoridad y para construir las mejores soluciones. El presidente tiene una idea particular de la libertad y del ejercicio del poder; es preciso dar más espacio al respeto al otro y desde luego a la inclusión.

Las libertades deben transitar con fluidez. El gobierno debe promoverlas y para ello se requiere mayor autenticidad y congruencia. Las instituciones del Estado deben ejercer a plenitud su responsabilidad y en los temas de su competencia, servir de contrapeso eficaz al gobierno y contener el abuso de autoridad. Los partidos deben contar con todas las facilidades para el ejercicio de sus derechos, para apoyar en el caso del gobernante y para oponerse respecto a la pluralidad que no esté representada en el gobierno.

El desborde de la criminalidad es el escenario más preocupante, por sí mismo y por su secuela. En el pasado reciente se han tenido dos experiencias traumáticas en materia de seguridad que han trascendido fronteras y vuelven pensable las soluciones con la ayuda desde el exterior. La colaboración que debiera esperarse del vecino al norte, se da en el contexto de la competencia electoral en ese país, lo que vuelve muy complicado construir soluciones razonables tanto para la aprobación del acuerdo comercial en puerta, como para elaborar una nueva política que permita construir un frente contra el enemigo común, que es el crimen organizado. No es mediante el reclamo la manera de construir una agenda común, sino el respeto, la persistencia y el argumento razonado.

El Estado tiene responsabilidades ineludibles con la sociedad, y más en las circunstancias tan complicadas que vivimos. Debe romperse el binomio: represión o complacencia. La tarea de justicia, especialmente frente a quienes han ensangrentado al país, demanda del uso de la fuerza pública y de la capacidad del Estado para sancionar al criminal. Es una tarea fundamental e irremplazable de la autoridad. Es importante recuperar la capacidad para hacer justicia y proveer seguridad antes que la situación rebase al gobierno y dañe severamente al país. Llegó el momento en que todos deberíamos pensar con seriedad y sin reserva en México.

Encuentros y desencuentros fiscales

Uno de los desafíos mayores del sistema fiscal mexicano ha sido el cumplimiento de los particulares con lo que determina la ley en materia de la obligación de pagar impuestos. El país acumula una larga experiencia de reformas y adecuaciones normativas a manera de fortalecer los ingresos públicos. Las más de las veces se ha legislado para una base tributaria cautiva, sin poner el foco en el tamaño y proporción de la economía informal. El no pago de impuestos, por la razón que sea, incluso por la dificultad que representa pagar, plantea problemas de justicia, legalidad y funcionalidad económica.

En el marco de la campaña pasada, el candidato López Obrador suponía que la política fiscal tenía como origen la desconfianza de los causantes por el destino incierto de los recursos generados por sus contribuciones, de manera tal que, una vez acreditado su buen uso los particulares gustosamente cumplirían con sus obligaciones fiscales. La postura ha cambiado en muy poco tiempo, y ahora más bien pareciera, por las reformas asociadas a los delitos fiscales, que se ha pasado al otro extremo, es decir, a utilizar las medidas de intimidación y apremio a manera de que los particulares por temor cumplan con el pago de impuestos.

La política fiscal se enfrenta a dos realidades: la natural resistencia de los particulares a cumplir sus responsabilidades, y la convicción institucional que todos los causantes deben pagar impuestos bien sea por convicción cívica o por el miedo a las consecuencias derivadas del incumplimiento. La cuestión que preocupa es que la informalidad, según algunas fuentes, representa el 25 por ciento del PIB y no haya una política para enfrentarla, lo que es un mensaje que desalienta al cumplido y alienta a quienes buscan obtener ventaja de las reglas para pagar lo menos posible de impuestos.

En este último escenario es donde se ha creado una suerte de industria de empresas llamadas factureras que simulan operaciones y que generan falsos comprobantes de gasto, a manera de que terceros puedan asumir negocios ficticios y de esta manera disminuir sus obligaciones fiscales. Las autoridades han identificado esta práctica y por lo mismo le han dado, como corresponde, trato de actividad delictiva. En el actual gobierno se ha decidido acentuar la embestida legal contra esta práctica y se les ha asociado a actividades de crimen organizado y por lo mismo aplicables los recursos extraordinarios para este género delictivo.

El desencuentro de los particulares con algunos funcionarios es que la acción contra los delitos fiscales ocurra en el marco de la discrecionalidad de autoridades y que se puedan emprenden acciones extraordinarias sin la intervención de autoridad judicial y especialmente, que pueda haber una afectación patrimonial previa a sentencia. La extinción de dominio reviste uno de los temas más preocupantes, y no es correcto que las autoridades entiendan esta inquietud como una resistencia a la lucha contra los delitos fiscales. Tampoco es válido trasladar a una intención partidaria el que dirigentes empresariales asuman la defensa de sus miembros frente a actos legislativos que afectan la certeza de derechos.

El Congreso ha actuado con acierto para eliminar el régimen de condonación de adeudos fiscales y también ha sido positivo que la opinión pública tuviera conocimiento de las empresas o personas físicas objeto de este tipo de beneficios. Esto no significa que las autoridades incurrieran en una acción ilegal o que los particulares en todos los casos obtuvieran beneficios indebidos. De hecho, es necesario que se ofrezca más información para entender la mecánica de tales decisiones, especialmente en los supuestos de causantes o beneficios mayores. Lo importante es acreditar la igualdad de todas las personas ante la ley y que todos cumplan con sus obligaciones fiscales.

Una vez que el Congreso ha dado pasos para una mejor justicia fiscal eliminando la discrecionalidad o la opacidad en los acuerdos de condonación impositiva y determinando sanciones a las prácticas ventajosas que afectan al patrimonio público, es preciso que la autoridad administrativa fiscal, vía reglamento, ofrezca un régimen que atienda lo central de las preocupaciones que han externado los representantes empresariales de forma tal que haya certeza de derechos y confianza de que no habrá abuso, descuido o negligencia en el ejercicio de las nuevas atribuciones que tienen las autoridades para el combate de los delitos fiscales.

El tema de cultura fiscal siempre remite al de legalidad. Los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales como parte fundamental de las responsabilidades cívicas, como lo establece la Constitución, no como resultado de persecución u hostigamiento que, además, no es algo que se vaya a hacer contra quienes están en la informalidad. Precisamente por esta consideración es que debe haber un sentido de justicia y de presunción de inocencia al momento que las autoridades ejerzan las medidas de apremio para que los cautivos incumplidos o quienes violen la ley, asuman las consecuencias del caso.

Sin municipios no hay México

Este martes 29 de octubre, Gabinete de Comunicación Estratégica, habrá de presentar su reporte anual sobre las ciudades más habitables, estudio que se hace a partir de 76 encuestas que se realizan en las principales ciudades del país y en las alcaldías de la Ciudad de México, y que procesa la respuesta de más de 30 mil personas entrevistadas. El reporte se presenta públicamente en medio de la exigencia de alcaldes de diversos partidos para lograr un mejor trato por parte de las autoridades federales.

Hace unos días, con esa demanda, un grupo de presidentes municipales fue repelido en Palacio Nacional con la fuerza y con el uso del gas que se emplea para contener otro tipo de manifestaciones. Los hechos, si bien reprobables, deben quedar atrás. Se entiende que las instalaciones de la Presidencia de la República deben ser protegidas, aunque como ha reconocido el subsecretario Alejando Encinas, fue una acción indebida ya quelos alcaldes son autoridades representativas de sus comunidades. En la relación de los municipios con la Federación, siempre debe prevalecer la prudencia, y eso parece ser el saldo afortunado de lo que ha acontecido después.

La realidad es que la calidad de gobierno y de los servicios públicos en buena parte descansan en lo que hacen las autoridades municipales que con no poca frecuencia están expuestas a los intereses de todos los frentes, incluso los de corte ilegal. También se da el caso de que los poderes estatales o los federales actúan con negligencia u hostilidad respecto a las autoridades municipales. Ser alcalde ahora es mucho más difícil que en el pasado. Se han reducido los ingresos, ha crecido la deuda, así como la insensibilidad de los otros niveles de gobierno que deberían acompañarles en las responsabilidades municipales.

Hay razón para preocuparse seriamente sobre las dificultades que encara hoy día la autoridad más cercana a las necesidades y reclamos de la gente. La dependencia de las participaciones federales es abrumadora. No está por demás señalar que la calidad de gobierno municipal está correlacionada con la capacidad para generar ingresos propios. El impuesto predial y los ingresos por derechos municipales, en algunos casos significan una parte importante de lo que se gasta. Hay municipios de manejo ejemplar en sus finanzas públicas, como es el caso de San Pedro Garza García, Saltillo, Mérida y Colima. Lamentablemente, en la gran mayoría de los municipios impera el desorden. En el caso de alcaldías turísticas, la historia se entrevera con buenas experiencias y otras que son desastrosas por la venalidad generalizada, que se expresa en una práctica desbordada de extorsión, como ocurre actualmente en algunos municipios de la Riviera Maya.

Uno de los temas que más impacto ha tenido en la calidad de vida y en la cohesión social, según los indicadores en el reporte de GCE, es el de la inseguridad pública. Los números son preocupantes en algunos municipios y alcaldías de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por cierto, entre las cinco ciudades que más incrementaron o mejoraron su índice destacan Mazatlán y Culiacán, lo que significa que el incidente del jueves 17 en la capital de Sinaloa, afecta un cambio positivo consolidado en el pasado reciente.

Por otro lado, a los municipios con buenos números, como han sido San Pedro Garza García, Mérida y Saltillo, ahora se agrega Colima. Por su parte, la evaluación de alcaldes es positiva en estos cuatro municipios y San Nicolás de los Garza. La geografía dice mucho de la calidad del gobierno municipal, también, como señalé, la fortaleza de sus finanzas derivada de los ingresos y de la capacidad de comunicar lo que bien se hace.

En este marco de crisis y de oportunidades en la esfera municipal, resultaría conveniente que el Presidente de la República establezca una relación institucional de apoyo y colaboración con las autoridades locales. Alejarse del prejuicio que, con falsedad, asume que la corrupción es el signo común de la gestión municipal, y entender que buena parte de lo que se requiere para el bienestar de las familias se resuelve en ese nivel de la administración. La tendencia de estos tiempos es el centralismo, que todo lo concentra. Y precisamente porque al concentrarlo todo, también está concentrando los problemas y las soluciones que deberían darse en el plano local, es que debe darse mayor atención y ver con mejor receptividad la situación que se presenta en los municipios.

El Presidente de la República recorre al país de manera extensa e intensa. Una de las razones por las que la agenda del jueves antepasado no tuvo modificación pese a la crisis en Culiacán, fue la reunión programada con los alcaldes del estado de Oaxaca. Es importante escuchar a los presidentes municipales es esas giras, pero asimismo, toca abrirles las puertas de Palacio Nacional, hacerlo de manera institucional, cuidando la representatividad que ellos tienen y haciendo hincapié en que el fortalecimiento municipal es la vía más confiable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

 

La disyuntiva del poder

Todo régimen establece las condiciones de su propia legitimidad. Pocos lo logran, sobre todo en estos tiempos, en los que la sociedad está sobreinformada y exige gran diversidad de bienes materiales y recompensas inmediatas. En el colapso del gobierno anterior, mucho tuvo que ver la incapacidad de sus líderes y beneficiarios para entender la magnitud y las causas de su deterioro. En vez de leer correctamente la realidad, se prefirió ignorar lo incómodo y se optó por dejar pasar los problemas para que el tiempo por sí mismo los resolviera. Sin pretenderlo (o por soberbia), las élites conspiraron contra el sistema; el triunfo de López Obrador fue consecuencia natural del desgaste del poder público.

La posición del grupo ganador es diferente del pasado, aunque muchos de los desafíos y problemas persistan. En términos de legitimidad, el resultado democrático aportó un piso sólido y amplio. El tema ahora es el sentido y la profundidad del cambio. El mandato de un nuevo régimen y el dominio político, institucional y mediático han otorgado al presidente un margen muy amplio de maniobra. En este contexto, la disyuntiva actual parece estar entre la personalización del poder o la creación de una nueva institucionalidad que dé fuerza y autenticidad a la democracia mexicana. El reto empieza por dilucidar si el anhelo de cambio lleva a destruir (como parece) las instituciones propias del sistema democrático, justamente las que hicieron posible el triunfo de quienes hoy están en el poder.

La historia nos enseña que toda forma de poder también crea en su interior sus condiciones de deterioro. Los valores, la claridad de proyecto y las instituciones representan la mejor salvaguarda para evitar que el oportunismo se imponga. El culto a la personalidad es una de las tradiciones más perversas y perniciosas de la política nacional, desde la Independencia. El mandatario debe mantener distancia del halago interesado. El poder conlleva administrar intereses y decisiones que benefician o afectan. Los valores imponen límites, el proyecto da sentido y la institucionalidad acota las decisiones y las blinda contra la arbitrariedad. Un gobernante requiere fortaleza de carácter para no caer en la debilidad, propia de la condición humana, que se ve mayormente expuesta con el poder de la investidura. Los favoritos no son sólo los que se enriquecen, también los que hacen mal uso de la confianza que se les dispensa.

Por ello la prudencia y la mesura son atributos muy preciados del buen gobernante. La pasión debe ser conducida por la senda de la razón. En los menesteres de la administración del poder, la indolencia es pecado capital; delegarlo con frivolidad, como ha ocurrido en el pasado inmediato, es desentenderse de la responsabilidad básica, sin importar la capacidad, destreza o lealtad de quien obtiene la confianza de hacerse cargo. Así planteada, la ausencia del gobernante impide construir una dinámica de equipo con liderazgo, fundamental para el buen ejercicio del gobierno.

Ningún presidente que se haya planteado como propósito trascender en la historia lo ha logrado de manera exitosa. Más aún, en el siglo pasado tenemos ejemplos de presidentes que, al pretenderlo, hicieron mucho daño al país y a su propio proyecto. Esto sucede porque no es la circunstancia ni la voluntad la medida para prevalecer en el tiempo: es el carácter para tomar decisiones, el temple para resistir la presión, la persistencia para no abandonar el proyecto y, particularmente, la visión a largo plazo del país que se quiere heredar a las futuras generaciones.

Por eso, resuelta la legitimidad de origen, la disyuntiva del presidente López Obrador es la personalización del poder bajo el espejismo de que es la mejor manera de trascender o el ejercicio democrático del poder presidencial en su mejor expresión (la visión republicana). Lo primero invita a la confrontación; lo segundo, a la conciliación. Es decir que, en el proceso propio de revisar lo que existe, debe haber sentido para rescatar lo mejor y construir, mucho más que para desplazar o destruir.

La circunstancia de México es complicada; por igual invita al pesimismo que al optimismo. La medida del éxito no es la aceptación pública del gobernante, mucho menos cuando la oposición formal y fáctica vive uno de sus peores momentos. El silencio que existe es de derrota, pero también de miedo, y eso no es útil ni siquiera para el gobierno mismo. Una oposición diezmada afecta la lógica de corresponsabilidad y coexistencia del sistema democrático.

Si de trascender se trata, al presidente corresponde apostar menos a la precariedad del ejercicio personal del poder y mucho más al proceso institucional, tanto al existente como al que deberá crearse como parte del cambio. El equipo de gobierno, su partido y la fuerza legislativa que lo acompañan deberán entender que la mejor forma de garantizar el tránsito al futuro es comprender la circunstancia en toda su complejidad, para que lo nuevo no sorprenda por serlo, sino por su consistencia para dar a México bienestar, libertad y justicia.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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