Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Cerrar filas

Independientemente de la interpretación que se haga de la situación presente, ya sabemos lo que viene. Incluso en la predicción muy conservadora de la autoridad expuesta por el subsecretario López-Gatell ante el Senado, la situación se anticipa muy complicada y su duración, de al menos tres meses. Lo que acontece en Italia, España, Estados Unidos y otros países, muestran no un cuadro apocalíptico, pero sí desastroso. El mundo será distinto después de la pesadilla.

Desde ahora la economía revela una crisis profunda sin precedente. La sociedad civil ha dimensionado adecuadamente lo que puede suceder si no se toman desde ahora medidas preventivas, particularmente las de distanciamiento social. Si se actúa responsablemente, no va a impedir que el mal llegue a muchas personas, pero logrará que el brote sea moderado y no un disparo que ponga en jaque la respuesta hospitalaria, como está sucediendo en los países que no actuaron con un sentido preventivo.

El enojo de poco sirve, el miedo exacerbado tampoco. Muy pronto llegará el momento que las autoridades actúen de acuerdo a la magnitud de la amenaza ya hecha realidad en sus dos expresiones: la más importante, la salud pública y la crisis económica, más perniciosa en cuanto a su duración y efectos sociales.

La atención y respuesta institucionales no solo debe venir del gobierno federal, también de las autoridades locales y de las empresas y organizaciones sociales. Finalmente sesionó el Consejo de Salubridad General en los términos de la Constitución que, de acuerdo con la Ley General de Salud será el que habrá de emitir determinaciones que, incluso, si la gravedad de la pandemia lo amerita, podrían llegar a la suspensión de garantías en parte del territorio nacional. Es un escenario inédito, para el cual hay que estar preparado por indeseable que sea e improbable que parezca.

Esta circunstancia hace conveniente que el Senado de la República pueda seguir sesionando, a pesar del riesgo para sus integrantes y trabajadores. Un escenario crítico vuelve más relevantes a las instituciones representativas, especialmente, al Congreso. Sesiones del pleno hacen difícil conciliarlas con distanciamiento social, pero las comisiones sí deben estar actuando, además de incursionar en modelos tecnológicos para trabajar a distancia, como lo están ya haciendo muchos mexicanos en estos momentos difíciles.

Los medios de comunicación concesionados juegan una parte fundamental. Su obligación primaria en una situación como la que se perfila es colaborar con la política de comunicación que dicte el Estado mexicano. Sus espacios de deliberación y de opinión pueden y es sano que deban continuar, pero la tarea informativa debe ajustarse a la atención que definan las autoridades nacionales, quienes deben tener siempre presente que la sociedad tiene derecho a información veraz y oportuna. Si se quiere, La radio y la Tv son instrumentos fundamentales para que las personas y las familias puedan actuar con acierto ante la emergencia.

La prensa es espacio de libertad. Soy de la opinión que debe continuar en su tarea deliberativa e informativa. La novedad en esta crisis son las redes sociales. Hoy más que en cualquier otro momento, se requiere capacidad de las personas para poder diferenciar entre la información y la opinión, los datos y las interpretaciones, las reacciones emocionales y las respuestas racionales, la información verificada y la manipulación. Las redes son poderosas y deben verse como arma de dos filos, que por igual da espacio a lo que es útil y hasta necesario, pero también a lo que confunde, polariza y engaña.

Se requiere tener visión de lo que viene. Infortunadamente todo indica que, por la vía de la salud pública y de la economía, el país va a ser profundamente herido; también es previsible que sea una caída cíclica, muy dolorosa, pero temporal. Por tal consideración, una actitud de altura de todos en la crisis permitirá abrir espacio no solo a la obligada e imprescindible resiliencia social, también a que la recuperación muestre lo mejor que tenemos como nación. La generosidad que todos acreditemos habrá de ser correspondida con un México más unido y con un sentido compartido de un mejor destino.

De ahí que sea momento de cerrar filas. Nada se gana con la ofensa que nace de la diferencia, al contrario, eso se vuelve provocación, complica el diálogo y vuelve imposible el entendimiento tan necesario para la etapa que seguirá después, la de la reconstrucción. Vivimos tiempos de indignación desde hace mucho, pero por la magnitud del desafío, reclama prudencia y claridad sobre lo que se debe hacer y decir y esto cuenta para todos. Dar curso al impulso enojoso nada positivo aporta, y propicia la polarización en el peor momento, cuando lo que se necesita es la confianza de unos con otros, de la sociedad con sus gobiernos y al revés también, de la actuación responsable de las instancias de mediación como son Congresos y medios de comunicación. Unirnos es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos; el país lo vale.

Los idus de marzo ya han llegado

«Sí, pero aún no han acabado».

Plutarco

No es exagerado decir que el nuevo coronavirus ha puesto al mundo en jaque y que lo que viene puede ser considerablemente peor. China ha contenido el brote, pero se extiende con pasmosa velocidad en el mundo. La OMS ha declarado al brote del COVID-19 como pandemia, esto es, una epidemia que llega a todos los continentes. La estadística de la fatalidad se asocia a la falta de alerta, dramático para el caso de Italia, que concentra casi 11% de todos los casos y 20% del total de los desenlaces fatales.

México, aparentemente, ha salido bien librado hasta ahora. Es en apariencia, porque no tenemos un sistema de detección oportuna que permita diferenciar los casos reales sobre los oficiales. El ingreso de personas del exterior, incluso de países con altas tasas de infección, no son objeto de examen riguroso, sobre todo, considerando que se puede ser portador sin presentar síntomas. Queda la impresión que las autoridades no han tomado en serio el problema.

El presidente y el gobierno han actuado para transmitir tranquilidad a la población. La misma OMS, en la declaración de pandemia, hizo un llamado a no entrar en pánico ni que la alerta conduzca a decisiones desproporcionadas. Sin embargo, también la OMS ha destacado sobre la necesidad de actuar con sentido preventivo. En México, el presidente y las autoridades de salud se han apoyado en expertos y profesionales independientes para conducir la crisis. Es una determinación de autoridad lo que debe hacerse, pero es una decisión correcta allegarse de la opinión de expertos. Es deseable que estos manifiesten una opinión libre y que las autoridades realmente los escuchen.

Preocupa el impacto del coronavirus en el país en el marco de dos situaciones que afectan la capacidad de respuesta: primero, las dificultades en el sistema de salud por la transición de los programas nacionales en la materia; segundo, los problemas derivados de la insuficiencia de medicamentos y material, producto del nuevo sistema de compras del gobierno federal. Si no se está dando respuesta a las necesidades cotidianas -problema no sólo de este gobierno-, mucho menos se tendría capacidad para atender una situación emergente y de demanda masiva.

El escenario actual podría modificarse en días. Lo urgente es la capacidad de detección y acciones de distanciamiento social. Pocos casos identificados puede ser la evidencia de que la epidemia está distante o de que no tenemos la tecnología ni el programa que nos ayude a identificar con oportunidad el virus, justo lo que sucedió en Italia. Mejorar la capacidad de detección no alarma ni modifica la vida cotidiana de las personas. Todos, autoridades, empresas, profesionales y organizaciones civiles deben participar de un programa extraordinario para la detección del COVID-19, así como promover las medidas de protección social que ya aplican en otros países.

La detección oportuna es la fórmula más razonable e inteligente para contener el mal. Entender que el enemigo ya está en casa y que, por lo mismo, sin incurrir en sicosis ni alarmismo, se debe hacer todo para su detección. Las escuelas, las iglesias, las empresas, los gobiernos deben involucrarse para auxiliar en la detección del COVID-19 y así evitar lo que aconteció en aquellos países, que, por pasividad se extendió más rápido de lo previsto y con una tasa de fatalidad muy por arriba del promedio mundial. Corea del Sur, Alemania y Suecia hicieron lo recomendado por la OMS y han salido bien librada del caso.

China ha contenido el virus. Ha tenido, claro, que tomar decisiones extraordinarias. Hay mucho por aprender de ese país y sería muy importante que desde ahora las autoridades de salud de México diseñaran escenarios de atención para el supuesto de que tengamos un brote generalizado, por la simple inercia natural del desarrollo de los casos. Queda claro que la capacidad de atención hospitalaria es baja si no es que inexistente, esto significa que quienes padezcan el mal en su mayoría habrían de ser atendidos en sus propios hogares. Esto implica desde ahora hacer previsiones en materia de medicamentos, asistencia en hogares, entrenamiento masivo de personal, capacitación a las personas para asistir a enfermos, etcétera.

Es natural que las personas no queramos vivir en la zozobra o la intranquilidad por una enfermedad desconocida, con elevada tasa de fatalidades y, por lo visto, fácilmente transmisible. Por eso es de sentido común actuar con responsabilidad y aunque entraña costos y dificultades, es necesario prevenir y prepararnos para un escenario complicadamente adverso. La crisis de salud que está enfrentando el mundo es inédita y esto obliga a pensar más allá de lo convencional, entender que abandonarnos al tiempo puede ser la peor respuesta frente a un enemigo silencioso, que si bien es cierto no se puede vencer, si se actúa a tiempo y con claridad en el objetivo, se puede contener para evitar un impacto catastrófico en la salud de los mexicanos, como ocurre en Italia.

 

Tiempos difíciles

Los tiempos que se avecinan son difíciles en muchos frentes y todos debemos estar preparados para el nuevo escenario. El ciclo negativo apenas inicia. No es catastrofismo, es lo que se dibuja en el horizonte. El margen de error para todos se estrecha y es necesario mudar a formas distintas para acometer con éxito la adversidad.

Una condición necesaria es empezar a diferenciar las causas de los efectos. El malestar social en muchas de sus expresiones no es el problema, hay causas profundas detrás. Así, por ejemplo, la trascendente marcha de mañana de las mujeres y la muy respetable expresión del lunes, obligan a pensar no en una voluntad aviesa que manipula o aprovecha tales expresiones, sino en el origen del problema de la desigualdad y la violencia contra la mujer. La denuncia nos convoca a todos. La solución es estructural y desde luego, es el Estado el primero que deber asumir su responsabilidad.

Otra tarea ineludible en estos tiempos es aceptar que la impunidad es el elemento causal de muchos de los males nacionales, al menos el de la corrupción, la violencia y la injusticia. La corrupción no se resuelve con voluntarismo, mucho menos la criminalidad, sino con la acción de una justicia ejemplar que sancione a quien se aparte de la ley. El pasado debe revisarse con un sentido de legalidad. El fiscal Gertz Manero es garantía. El problema está en instancias de gobierno que actúan a partir de la agenda propia del titular en un ánimo de complacer el sentimiento de agravio del presidente y de la misma sociedad. El debido proceso es la única opción es el curso obligado de la acción de la justicia en todas sus expresiones.

Ante los tiempos que se avecinan el gobierno debe revisar también, con seriedad y contundencia, muchas de las premisas de su desempeño. Se ha regateado la conciliación y la inclusión. Lo que es peor, no falta quien pretenda radicalizar, quien proponga más cerrazón e intransigencia frente a la adversidad. Sería un error muy grave, como lo ha sido la respuesta hacia el reclamo feminista, reminiscencia de la actitud del gobierno con el movimiento estudiantil en 1968.

En la economía el uso político o discrecional de instituciones y procedimientos de Estado contra el crimen organizado, ha ahuyentado capitales. Fue un error severo y seguramente una falta legal emplearlos para disciplinar a directivos de órganos autónomos o adversarios. En días pasados se cayó en el extremo de sembrar una pregunta para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia presidencial matutina, para intimidar a prominentes figuras de la política o de la comunicación bajo el supuesto absurdo de estar financiando la protesta de las mujeres. Su titular respondió con acierto y mesura, afortunadamente.

La falta de crecimiento económico sí tiene consecuencias, vienen tiempos difíciles. La situación empeorará. La combinación de una modificación del entorno externo con desaciertos internos anticipa circunstancias muy complicadas para todos. El deterioro económico remite a la afectación en la calidad de vida de las personas y también a una mayor crisis en las finanzas públicas. La recaudación va a tener una merma importante y por lo mismo, la capacidad del gobierno para atender las apremiantes necesidades y el financiamiento de la inversión pública. Reitero, el gobierno debe ampliar las oportunidades de inversión del sector privado en materia de energía.

En la lucha contra la corrupción deberá revertirse la percepción de complacencia de las autoridades. El cambio no es para regresar a lo que no ha dado resultado, sino a hacer lo que nunca se ha podido implementar: aplicación estricta de la ley. La lucha contra la impunidad es preventiva y correctiva. Es una tarea de procesos y prácticas, pero más que eso, de un régimen de sanciones que inhiban la comisión de faltas y delitos.

Las expresiones de inconformidad son predecibles. Las autoridades deberán entenderlo y actuar sin vacilación y sin ambigüedad. La abrumadora mayoría de los mexicanos queremos que las autoridades tengan un amplio respaldo popular que se genere a partir de buenos resultados de su desempeño. No hay intrigas ni conspiraciones que tengan peso ante la decisión de todos de cerrar filas en momentos de adversidad. El gobierno debe poner su parte y se anticipa que muchos habrán de sumarse al presidente, aunque sin ceder en su libertades y posturas respecto a la situación y lo que hacen las autoridades.

Hay buen equipo de gobierno. Como en todo, hay los azuzadores, los arribistas y los convencidos del proyecto. Las tensiones entre ellos son propias de la política y de la gestión pública. Está en manos del presidente generar un equilibrio consecuente con las necesidades de su gobierno en la nueva circunstancia. Él deberá ser el factor más importante para que prevalezca la sensatez y la prudencia ante los tiempos difíciles. A más de un año, ya tendrá en claro que gobernar es más complejo de lo que parece y que la gente cuando es feliz, lo es no por el gobierno, sino con frecuencia, a pesar de éste.

La contingencia llama al cambio

“¡La culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores!”
Shakespeare

La Presidencia de la República siempre debe estar atenta y preparar al país para las contingencias mayores. Los siniestros naturales y los accidentes que afectan a la población nunca faltan. En ocasiones son tragedias que acontecen en el territorio, en otras, fenómenos que se presentan en otras latitudes pero que tienen un impacto global, tal como sucede ahora, epidemias o pandemias que son una amenaza grave.

El coronavirus identificado en Wuhan, China, en los últimos días del año pasado, plantea un reto serio a la salud y a la economía mundial. La OMS no dimensionó al inicio la gravedad del fenómeno. Ahora advierte a la comunidad internacional sobre la necesidad de prepararse para enfrentar el reto bajo la tesis de que va a ser muy difícil impedir su propagación. La cuestión es que hasta hoy no hay vacuna para superar la amenaza, si bien es que, como señala Carlos Loret, su nivel de letalidad es menor que el SARS, aunque mayor que el de la influenza H1N1 de 2009.

México es vulnerable en muchos sentidos. Hace once años, más que la salud, la economía tuvo un serio revés. Desde ahora ya se dejan sentir las consecuencias. La previsión es que la economía China disminuya en dos puntos su crecimiento con un impacto en la economía mundial.

Frente a situaciones como las que se avecinan, lo mejor es que las autoridades se manejen por la línea delgada de la responsabilidad y de la prudencia. Un complejo equilibrio para evitar complacencia o alarmismo. Para el caso concreto, la confirmación de ayer viernes de dos casos de contagio es natural que dispare una alerta más allá de lo racional. Las autoridades sanitarias han informado con precisión y con tiempo que el arribo del coronavirus es prácticamente inevitable. Lo importante es la información y que la población actúe con responsabilidad y cuidado.

Bajo todas las condiciones que la ley y la prudencia permiten, debe evitarse su propagación en el país y para ello se requiere que la población tome las medidas preventivas y las autoridades orienten con información precisa y oportuna. Todo un reto para un sistema de salud bajo cuestionamiento por el abasto de medicinas y el deterioro del conjunto del sistema mismo.

El mundo ya padece las consecuencias del brote, aunque los decesos estén por debajo de los 3 mil, casi todos en China continental. Es alentador que la tasa de pacientes que se recuperan es mayor respecto a los nuevos casos de contagio. Pero preocupa la propagación de la epidemia a distintos países. En Europa crece su presencia, tan solo en Italia hay más de 655 casos confirmados con 17 decesos, 48 casos en Alemania, 38 en Francia, 32 en España y 19 en Inglaterra sin fatalidades.

En América Latina Brasil y México registran uno y dos casos respectivamente, pero en Estados Unidos se han identificado 60, algunos de ellos no muy distantes de la frontera con México. El presidente Donald Trump ha instruido a su gobierno actuar preventiva y correctivamente frente al fenómeno y ha nombrado al vicepresidente Pence como responsable de la iniciativa.

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, da voz a la extrema preocupación de la iniciativa privada por las consecuencias que está dejando la epidemia en la economía global, aspecto que se corrobora con el deterioro de los índices bursátiles de las principales economías del mundo. Por su parte, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM ha advertido sobre la amenaza a la salud pública.

Descubrir la vacuna contra el coronavirus tomará tiempo, quizás para el próximo año. Es un lago proceso de investigación y verificación que deberá estar enfocada a acortar tiempos para dar con una respuesta concluyente. La ciencia y la empresa van de la mano y seguramente habrá vacuna. Por lo pronto, el mundo y los países deben estar preparados para lidiar con el tema, prevenir y curar, lo que implica además de mayores recursos a la infraestructura de salud, promover la revisión y cambio de hábitos personales y medidas de higiene en escuelas, empresas y lugares públicos.

La economía mundial y nacional van a padecerla. La situación llama para que el gobierno revise seriamente las premisas de política económica y gasto público. Por lo pronto es evidente que debe asumir una postura proactiva para construir confianza a la inversión privada. Hay evidencia sobrada sobre la necesidad de un cambio de fondo y forma del gobierno, si es que se quiere lograr un mayor crecimiento económico.

A la luz del nuevo entorno y la mala situación financiera de PEMEX, que casi duplicó en 2019 el nivel de sus pérdidas con relación al año anterior, el programa de inversión en energía a anunciarse próximamente se vuelve mensaje. Es tiempo de asumir que en las circunstancias que nos toca enfrentar, el país y el mundo exigen la mayor responsabilidad de sus gobernantes.

Mexicanos Cara a Cara

 

En este libro, usamos encuestas levantadas en los últimos diez años por Gabinete de Comunicación Estratégica con el fin de proponer respuestas, análisis y reflexión sobre preguntas planteadas a lo largo de cinco capítulos. ¿Cómo somos los mexicanos y cómo hemos cambiado en la década? ¿Qué transformaciones percibimos como nación? ¿Qué pensamos del sistema democrático y nuestras instituciones?

¿Cuáles son nuestros principales valores y cómo han cambiado? ¿Cómo nos definimos y qué pensamos de las personas distintas a nosotros? ¿Qué hábitos tenemos y qué hacemos con nuestro tiempo? En este espacio planteamos un diálogo entre los hechos y las percepciones que los mexicanos tienen de los acontecimientos. Asimismo, el libro muestra una perspectiva longitudinal que permite entender cómo hemos cambiado a lo largo de la década y pronosticar hacia dónde nos dirigimos, con sustento en hechos y desde la visión ciudadana.

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Entre el descontento y la prudencia

Nuestra generación es testigo del fin de una época. No es solamente lo visible, sino también lo que está en el fondo de lo social. Es un proceso histórico de mayor profundidad respecto a lo aparente. El descontento es una de sus expresiones y ocurre por dos razones: una mayor capacidad y libertad para informarse, actuar y participar; y problemas de siempre, que se agravan y lastiman real y simbólicamente a personas y grupos sociales. No es un tema local, de diversas formas está ocurriendo en muchas naciones del mundo occidental.

El descontento como fenómeno social autónomo, puede ser motor para una transformación virtuosa, pero también conlleva el riesgo de arrasar con lo bueno que existe, sin lograr el cambio que se anhela. Todas las señales muestran que lo que existía ha perdido capacidad de respuesta o que por sí mismo, generó procesos de autodestrucción explícitos en la creciente corrupción del pasado reciente. Cada país tiene sus escándalos por la venalidad en las altas esferas de la política. También aflora el descontento de una sociedad insatisfecha con sus gobernantes, incluso aquellos que, siendo honestos, se muestran insensibles y defensivos frente a los problemas más urgentes que afectan a las familias.

Los tiempos convulsos demandan prudencia. Sobre todo, por las autoridades, que no deben ser dominadas por el impulso impaciente que de manera natural se presenta por la inconformidad social. Al gobierno, le toca entender el descontento. La insensibilidad de un lado o de otro genera riesgos mayores. Allí está el ejemplo de Chile, un país con logros extraordinarios en muchos sentidos, pero que, con inesperada facilidad, desbordó en violencia.

México tiene instituciones sólidas para garantizar la paz social y que han servido para la conducción civilizada en la disputa por el poder. Han pasado la prueba en cuanto a su objetivo, pero sus actuales beneficiarios no sólo no las reconocen, sino las repudian, las ven como parte del orden corrupto y, a veces, como amenaza. Esto ocurre en medio de la insatisfacción de buena parte de la sociedad con las instituciones y con los valores propios de la democracia. No sólo no hay aprecio ni confianza hacia éstas, ni siquiera el principio de legalidad ha cobrado fuerza. Sin embargo, la mayor amenaza no viene de los enemigos de la democracia, sino de la indiferencia colectiva para defender lo que es patrimonio de los mexicanos.

El descontento, insisto, puede ser un gran activo para transformar y perfeccionar mucho de lo que existe; la inconformidad debe servir para construir lo que hace falta. Por ejemplo, la brutal ola de violencia criminal contra las mujeres -y no sólo contra las mujeres- nos revela que debieron fortalecerse todas las instituciones que servían de red social para la denuncia, atención y protección de las féminas en situación de amenaza por razones de violencia, social o familiar. Fue un error que en aras del ahorro financiero se desatendieran estos temas. Lo que se debe hacer es enmendar, y con un sentido de prudente responsabilidad, apoyar y ampliar este tipo de iniciativas y entidades, como muchas otras que bien pueden incidir para empezar a contener la violencia y de manera particular, los feminicidios.

La prudencia que debe imperar en las autoridades conlleva el saber escuchar. No es fácil soportar la crítica en curso por la impaciencia de muchos. En buena parte podría ser hasta un tanto cuanto injusta, porque ciertamente quienes han llegado al poder han heredado una descomposición de mucho tiempo atrás, además de que hay problemas en los cuales es copartícipe la misma sociedad. Precisamente por esta consideración, es necesario que las autoridades mantengan la vertical, un sentido humanitario de comprensión y lo que es más relevante, respuestas concretas que atiendan al reclamo no sólo en sus causas, sino en sus efectos y en las responsabilidades institucionales que también es necesario reconocer para remediar y mejorar.

Lo que ahora queda claro, es que es un error creer que el descontento se resuelve invocando razones morales, ideológicas o de origen democrático de la autoridad. Si bien es cierto que mucho contribuye al acuerdo el relevo democrático de autoridades, también lo es que la exigencia de resultados persiste. Muchos están predispuestos a conceder tiempo, pero otros, en especial quienes viven al borde de la existencia, sean familiares de víctimas de la inseguridad, de enfermos de cáncer o desempleados, tienen un sentimiento de urgencia para que el gobernante atienda real y efectivamente la situación.

El régimen actual cuenta con la enorme ventaja de la legitimidad y el aval social que ofrece el voto, así como con la expectativa propia de la renovación. Sin embargo, no se deben desdeñar, incluso si fueran expresiones minoritarias, el reclamo al conjunto del sistema por un cambio a fondo y para bien. La prudencia es estos tiempos es necesaria, y requiere ir acompañada de respuestas.

El llamado a la justicia

De siempre, el sistema de justicia ha sido lo mejor del régimen institucional. Aunque ha habido momentos difíciles para todo el país y también para la judicatura, hay generaciones de jueces, magistrados y ministros que con denuedo han aportado a la justicia y al bien de la nación. Para nuestra democracia y para el Poder Judicial, el momento más significativo fue la reforma que se promulgó los primeros días de 1995. A un presidente economista y demócrata le quedó claro entonces que mejorar a México requería la independencia plena de la Corte del Poder Ejecutivo.

A raíz de aquel cambio constitucional diseñado para consolidar su autonomía, la Corte ha adquirido relieve y sus integrantes han estado a la altura del momento del país. Sin embargo, el sistema de justicia requiere una transformación profunda, a partir de las sólidas bases que existen. Un tema de la mayor prioridad es aproximar la justicia al ciudadano, en especial a quienes no tienen la condición económica o social para acceder con facilidad a ella. Una justicia lejana a las personas es casi lo mismo que inexistente.

El país ha logrado en las últimas décadas realizaciones significativas. Llegar a la normalidad democrática fue un proceso largo, que tuvo lugar con el esfuerzo de muchos, mediante un ejercicio de aproximación institucional que promovió múltiples reformas, no todas virtuosas, pero sí consistentes al objetivo de mejorar la democracia representativa. En estos tiempos de falta de aprecio al pasado, es preciso reconocer lo mucho bueno que hay para no dar saltos al vacío y así tener sentido de ruta y destino. Como tal, la Corte vive su mejor momento, aunque el sistema de justicia llama por una reforma de fondo y trascendente.

El que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, ante el Presidente López Obrador presente su propuesta de reforma de justicia y éste la haga propia, es un hecho inédito y que va mucho más allá de las buenas formas republicanas. Bien pudo ser el Presidente, en su condición de Jefe de Estado, promotor, autor y presentador de la propuesta. En su lugar es el presidente de la Corte, responsable de la preparación del proyecto, quien ha trabajado de manera estrecha con el Consejero Jurídico del Presidente, Julio Scherer Ibarra. Un ejemplo encomiable de la colaboración de poderes y que disipa muchas preocupaciones en torno a un cambio de tal naturaleza.

Corresponde ahora al Poder Legislativo y en su caso al Constituyente Permanente, dar los pasos para que la propuesta pase a la condición de norma, de iniciativa a ley, y sea realidad lo que propone el ministro Zaldívar: un poder judicial más fuerte, independiente y más cercano a la gente, que imparta justicia para todas las personas con estándares de excelencia y honestidad.

En el estudio y análisis de la iniciativa, son muchos los aspectos que deberán abordarse y discutirse. En mi perspectiva, dentro de lo mucho positivo, adquiere primer lugar la revolución al sistema de jurisprudencia a efecto de que la fuerza de los precedentes no sea la reiteración sino el voto de la Sala o del Pleno con mayoría calificada. De esta manera todas las sentencias serán relevantes, lo que obliga, como se ha señalado, a un nuevo tratamiento en las resoluciones materia de tesis, criterio jurídico y argumentación de la decisión. De esta forma se fortalece la Corte como garante de la constitucionalidad.

Otro aspecto que destacar es la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial a manera de promover y garantizar la calidad de la carrera judicial. La idea es formar jueces y también llevar a cabo los concursos de oposición para todos los cargos. De inicio se propone que el Poder Judicial pueda celebrar acuerdos con los de las entidades, a manera de que la Escuela pueda asistirles en la capacitación, formación y promoción de sus integrantes. Este es un tema relevante como puede advertirse en los problemas que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La carrera judicial al ser determinante, no puede ser la única vía para acceder a los niveles superiores de la Corte o del Consejo de la Judicatura. La experiencia de más de 20 años revela que la inclusión de ministros provenientes del servicio público, la academia o el ejercicio profesional privado, ha sido en casi todos los casos un significado acierto.

El planteamiento de fortalecer al defensor público es también tan necesario como urgente, ya que es el único medio para que la inmensa mayoría de las personas puedan tener una representación ante la justicia. Este tema es medular para un acceso a la justicia de calidad que exigen y merecen los mexicanos. La indefensión de los más pobres resulta de la dificultad para contar con una buena defensa y es en sí misma un acto de grave injusticia. La trascendencia de las reformas en puerta son una nueva oportunidad de materializar un viejo anhelo colectivo, el de contar con una justicia profesional, no sólo pronta y expedita, sino que llegue a las personas.

Del diálogo al acuerdo

El diálogo del poder con los demás es una parte fundamental de la buena política. Uno de los cambios relevantes del presidente es la apertura hacia sectores que por el perfil retórico del presidente no estarían en el primer lugar de la agenda. La investidura presidencial obliga y limita. Soy de la opinión que el mandatario debió recibir a las víctimas que marcharon en días pasados. Un encuentro con Javier Sicilia hubiera sido útil frente a un grupo que se ha movilizado al amparo de una causa irrefutable. El presidente ha instruido a su gabinete para escuchar los reclamos y las propuestas de las víctimas; sería útil que el mismo mandatario se involucrara.

El diálogo es indispensable para quien detenta el poder. En este nuevo giro del trabajo presidencial, el encuentro con empresarios es sano y encomiable. El presidente tiene mucho que decir y convocar, pero también los empresarios deben decir lo que les limita para invertir a ellos y a sus pares. El presidente da garantías de respeto riguroso a la ley y eso es relevante y, todavía más, una relación al margen de la corrupción o el tráfico de influencia. Eso es lo que necesita la empresa para crecer e invertir, certeza sobre el Estado de derecho y el compromiso de las autoridades de cumplir y hacer cumplir la ley.

Los encuentros con empresarios han provocado cambio. El presidente ha encontrado un sector empresarial a la vanguardia mundial, con un sentido de responsabilidad más allá de lo que se hubiera pensado y con un compromiso para continuar invirtiendo en el país. Por su parte los empresarios ven en el presidente la autenticidad de su propósito al servicio de México y también una actitud de respeto hacia los sectores productivos.

Lo relevante del acuerdo y del entendimiento entre el poder y los factores económicos es la convicción compartida sobre el crecimiento económico. El gobierno tiene no sólo una retórica difícil de procesar por el inversionista, también una postura ideológica que redefine las reglas existentes sobre todo en el sector energético. Que existan temas de divergencia no significa que pueda haber otros de convergencia y acuerdo, además de que éstos últimos son mucho más relevantes que los primeros. De allí la necesidad del diálogo y también del acuerdo.

Es bueno y productivo su encuentro con los mandatarios estatales de todos los partidos. Lo es para que la política pública del gobierno federal pueda ser instrumentada en el territorio de manera eficaz, bien sea en materia de seguridad, salud, educación o economía. El presidente necesita del apoyo de lo gobernadores, como también los gobernadores del presidente. Cuando del bienestar de los mexicanos se trata no hay diferencias partidarias. Un ejemplo muy a la vista de una relación constructiva es lo que se ha dado entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y el presidente López Obrador. Distintas generaciones, partidos diferentes, agendas asimétricas, pero un propósito común.

Al presidente le hace falta reunirse con los líderes de la oposición. En este contexto es una buena señal el diálogo y encuentro del presidente con los coordinadores legislativos de la Cámara de Diputados de todos los partidos políticos. El consenso sobre lo fundamental es posible, pero también asumir las diferencias sin que esto de lugar al denuesto o a la descalificación. La pluralidad política es expresión del país diverso y las diferencias que hay entre los mexicanos. No hay proyecto político que pueda representar todo y a todos. Además, una vigorosa e inteligente oposición es necesaria para la buena marcha del país y para el eficaz escrutinio del poder. El respeto a disentir también es acuerdo.

El diálogo con la diversidad es la expresión del poder presidencial como representante de todos los mexicanos. Si bien es cierto que el gobierno ha sido electo con una plataforma particular y que es lo que esta promoviendo el presidente, también lo es que la función del presidente como jefe de Estado, es decir el conjunto nacional, le obliga a la apertura y a un ejercicio permanente de encuentro con los demás.

Los problemas y los anhelos de los mexicanos no se resuelven a partir de la voluntad presidencial, pero tampoco sin ésta. La tarea hacia delante para un mayor bienestar y crecimiento económico, una mejor seguridad para las personas y sus familias, servicios públicos de calidad o autoridades al margen de la venalidad es una construcción colectiva, de poderes públicos, ordenes de gobierno y órganos autónomos. También de la sociedad en sus expresiones múltiples como son empresas, organizaciones sociales y civiles, medios de comunicación, iglesias, escuelas y universidades. A todos corresponde una tarea para lograr un mejor país. Que el presidente reafirme su condición de mandatario de todos los mexicanos a través del diálogo y del acuerdo, es un buen camino hacia tal propósito.

 

Programa para la inversión

El presidente ha integrado un grupo de trabajo para la inversión y el crecimiento en el marco de la ratificación de T-MEC. Los trabajos serán coordinados por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. La decisión es correcta: dar prioridad a la inversión y llevar al nivel de la Presidencia de la República los trabajos para que todas las secretarías y dependencias del gobierno federal se incorporen al esfuerzo de promover la participación del sector privado. Las cifras del INEGI sobre el crecimiento obligan a todos y más al gobierno y empresarios a tal empeño.

El tema de la inversión adquiere para cualquier gobierno la mayor importancia. México es un país con un enorme potencial y con ventajas múltiples, pero la inversión se mueve por incentivos en un entorno mundial en que se compite para retener y atraer capitales. En la actual circunstancia, a la estabilidad macroeconómica nuestra se le agregan las perspectivas de la economía internacional y el inicio del nuevo acuerdo comercial.

El perfil del coordinador del gabinete para la inversión y el crecimiento económico, Alfonso Romo, es el idóneo por su experiencia, trayectoria y proximidad con el presidente y al sector empresarial. Resulta importante unificar criterios de las diversas dependencias para un solo propósito, por lo que es un acierto que sea la Oficina de la Presidencia la que tenga la responsabilidad de la coordinación.

En el pasado reciente, se han tomado decisiones que han afectado la confianza de los inversionistas. El ascendiente y respaldo que tiene el presidente con el conjunto de la población no se reproduce en el sector inversionista. Se ha hecho un esfuerzo de acercamiento con los empresarios y sus organizaciones, sin embargo, no se han presentado los resultados esperados porque los proyectos de inversión no resultan sólo del encuentro y diálogo, sino de las decisiones que se toman en el gobierno.

A los empresarios y particularmente a sus dirigentes les ha faltado claridad para exponer al presidente sus preocupaciones. Seguramente que el afán de una relación productiva y positiva les ha inhibido a presentar temas incómodos. Por ejemplo, el burocratismo de ciertas dependencias o la discrecionalidad con la que operan unidades del gobierno que tienen que ver con la supervisión de operaciones financieras, la amenaza por el unilateral congelamiento de cuentas y la nueva política en materia fiscal generan incertidumbre.

La confianza que el presidente abriga en sus proyectos de inversión en infraestructura no es correspondida por el sector empresarial. Hay duda sobre la concurrencia operativa entre el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez de la ciudad de México. Además, lo que se esperaba era un gran hub nacional e internacional y no la dispersión del tráfico en varios aeropuertos. La refinería de Dos Bocas también presenta reservas, y todavía más la rentabilidad del Tren Maya. El gobierno no ha realizado un esfuerzo eficaz para convencer sobre estas obras. No hay suficiente respaldo con estudios técnicos que den fundamento a la excesiva confianza que el presidente tiene en ellos.

No obstante, existe una muy buena oportunidad con la presentación del programa de inversión del sector energético. Como ha reconocido el presidente, no hay recursos públicos para la exploración en aguas profundas y su eventual explotación. Esta tarea la pueden realizar los particulares. Es cierto, el presidente ha expresado su malestar porque para él  los particulares no han cumplido con la expectativa planteada por la reforma energética. El tema debe revisarse, pero no para cerrar la puerta a la inversión privada, sino para asegurar que su presencia atienda la esperanza que funda su presencia.

El crecimiento económico es fundamental para el país, porque es lo que puede generar bienestar duradero a las personas. Su deterioro afecta los supuestos de política económica y social del actual gobierno. Sin crecimiento, además del perjuicio social que implica especialmente por la vía del empleo, las finanzas públicas estarían sujetas a una permanente presión por la baja en la recaudación, lo que a su vez llevaría a recortes en el gasto más allá de lo conocido y que ha afectado la calidad de gobierno y a varios programas públicos que tienen que ver con la mejora en los niveles de vida de la población.

Por eso la prioridad de dar impulso al crecimiento es de la mayor urgencia. Es un acierto que el presidente lo atienda, pero también son necesarias las decisiones políticas que abran las oportunidades a la inversión privada y desde luego las condiciones que den certeza a los derechos de los particulares y de las empresas.

En este entorno, una de las tareas que deben realizar los representantes del sector empresarial a manera no sólo de defender sus intereses, sino de contribuir al engrandecimiento del país, es la de asistir al presidente para lograr que decisiones claves como la que ahora se toma, sirvan para el objetivo que las alienta, que haya crecimiento y bienestar social.

La apertura energética

La administración de Andrés Manuel López Obrador presentará a mediados de febrero el programa de inversión del sector energético. Su contenido vendrá a ser la definición más importante de política económica del gobierno, porque precisará los términos de la relación con el sector privado nacional y con la inversión extranjera. Mucho se espera de este anuncio, si bien preocupa el dilema en torno al rumbo a tomar: ideología o pragmatismo; dogma o realismo económico.

Sobra decir que no hay manera de que un país salga adelante sin una participación significativa del sector privado; pensar lo contrario es trasladarse a una realidad superada hace más de medio siglo. El estatismo no es opción. Quienes lo promovieron argumentaban en su favor la justicia social, la soberanía nacional y el interés general. El agotamiento del modelo estatista llevó no solo a la crisis, sino a dañar a quienes menos tenían, a una mayor dependencia del país de las instancias financieras estabilizadoras y, en no pocos casos, a una exacerbada corrupción, además de ineficiencia.

Es difícil de entender que el país regrese a un debate ya superado. El gobierno es insustituible en su responsabilidad rectora de la economía. Pero involucrarse en la producción es realizar actividades que los particulares casi siempre pueden hacer mejor, a menor costo y sin tener que recurrir al financiamiento o al subsidio públicos. Por eso el gobierno debe ser muy selectivo en las áreas y actividades de actuación económica.

La sociedad espera que los recursos fiscales sean óptimamente empleados; su mejor aplicación es central de la política económica. La participación del sector privado no necesariamente da lugar al desplazamiento del sector público; al contrario, puede generar la concurrencia, es decir, formas de asociación o coparticipación entre el gobierno y los particulares. La figura de la concesión de servicios e infraestructura suelen ser una fórmula idónea para impulsar el desarrollo de las economías nacional y regionales.

No se trata que desaparezca el Estado y todo lo dominen los privados. El gobierno tiene una función clave y se llama regulación. La economía la requiere y también el adecuado funcionamiento del mercado. En cambio, la competencia desigual entre entes públicos y los particulares desalienta la inversión y a la larga genera ineficiencia. Es más fácil asegurar el buen desempeño económico a partir de la lógica económica de empresa, que la que resulta del gobierno. Si las cosas no salen bien, la empresa deberá cambiar o incluso cerrar; no así cuando es la empresa pública.

Las dos grandes empresas paraestatales son del sector energético: CFE y Pemex. La concurrencia del sector privado en generación y producción es una necesidad. Las dimensiones de lo que se requiere de inversión para mantenerlas al día supera en mucho la capacidad de las finanzas públicas. El Presidente ha sido claro respecto a la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas para que contribuyan al desarrollo nacional. Este propósito no riñe con la coparticipación del sector privado. Más aún, su actualización hace recomendable la inversión privada.

Ha sido un acierto que el diseño del programa de inversión del sector de energía se haga con la presencia del sector empresarial. Esta apertura del gobierno debe ser correspondida con definiciones claras de los empresarios, sobre las que se desprendan compromisos concretos, medibles y asociados a los resultados que se pretenden. Los problemas que presenta la economía no los resuelve la retórica, tampoco la buena voluntad o la cordialidad entre autoridades y empresarios. El crecimiento económico se asocia a la confianza, a la certidumbre de que la inversión habrá de recuperarse, a la vigencia del estado de derecho y a la certeza en torno a las reglas que regulan la economía y el sector.

Afortunadamente para el país, el entorno mundial no es adverso. Tampoco la circunstancia de nuestros socios comerciales es negativa, más bien lo contrario. La firma del T-MEC es factor de certeza y confianza. En la economía global existen capitales en búsqueda de oportunidades de negocio. México tiene un gran potencial y muchas ventajas que es necesario que las autoridades las hagan valer. No hay espacio a la desconfianza, menos a la hostilidad por parte del gobierno. Apertura y reglas claras es la mejor manera de alentar la inversión que el país requiere.

Las autoridades deben tener claro que no hay manera de alcanzar un crecimiento económico en los términos comprometidos sin el motor de empuje que es la inversión privada y sin el capital externo. La relación entre desarrollo social y desarrollo económico es estrecha. No se puede lograr lo primero sin lo segundo. El programa de inversión en energía debe tener presente esta premisa, aprovechar que no hay inflación, que existe estabilidad cambiaria para impulsar el empleo y el bienestar social. Es decir, lo que se defina a mediados de febrero será determinante para el crecimiento del país.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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