Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Después de la pandemia

Para todos, transcurrida la pandemia habrá un antes y después. Su impacto ha sido profundo en nuestras mentes, hábitos, trabajo y convivencia social y familiar. Pocas veces se ha experimentado un miedo fundado, generalizado y sin claridad o certeza para superarlo. Muchos seremos distintos, pero ¿seremos mejores?

Como todo en la vida, hay optimistas, pesimistas y escépticos. Cierto es que la convivencia ha sido más intensa, que se ha tenido tiempo para reflexionar muchas cosas. También muchos hemos aprendido a trabajar a distancia; el llamado home office entró exitosamente por la puerta trasera de la crisis sanitaria.

Esto ha llevado a la idea aparentemente generalizada de que después de la pandemia seremos más cuidadosos de los propios, que habrá menos consumismo y derroche. Un mayor aprecio por las libertades, la convivencia y los espacios públicos.

Para los optimistas lo más importante es el redescubrimiento de que la medida de lo fundamental es la salud, el amor a los inmediatos y la responsabilidad con los demás. Importan menos las cosas y más las personas.

Los pesimistas, en cambio, asumen que todo ha sido una pesadilla, que las dificultades generarán sentimientos de rencor y de reclamo. La cohesión social será afectada y poco bueno puede esperarse de eso. En aras de la eficacia social, el Estado ganará terreno contra las libertades personales. La población será más pobre, menos libre y con el temor incubado de que somos más vulnerables de lo que se había imaginado. Los nacionalismos ganarán terreno a partir de que las peores amenazas vienen de fuera.

Los escépticos consideran que el paréntesis no significará modificación sustantiva para bien o para mal. Que las personas atienden a la condición humana y gradualmente las cosas llegarán a la situación que tenían antes.

Creo que lo que mejore o empeore no dependerá de la secuela de la pandemia, sino de lo que las personas y los gobiernos hagamos con voluntad y empeño, identificando lo que no funciona, haciendo a un lado lo que hay que cambiar y adoptando conductas que llegaron para quedarse. La oportunidad de ser mejores está ante nosotros; es a su vez, la llave para abrir la puerta al futuro que nos espera tras la tragedia.

El inevitable inconveniente

El presidente López Obrador ha anunciado su próximo encuentro con su contraparte norteamericana, el que tendría lugar en los primeros días de julio en aquél país. El tema ha merecido una opinión adversa de no pocos, como si fuera posible declinar la invitación. La relación bilateral, lo que se conoce y no conoce de ésta, es suficiente para suponer que la reunión de mandatarios debe realizarse. Actuar en otro sentido significaría romper con un tipo de relación definida desde hace tiempo; ser consecuente, a pesar de los inconvenientes, es un mal menor que el de una acción oportunista.

Los inconvenientes saltan a la vista. El que más llama la atención en los medios es el uso electoral del encuentro por parte del presidente Trump, quien se encuentra en una situación muy comprometida respecto al candidato demócrata, Joe Biden. Ha habido apoyo recíproco entre dos presidentes que polarizan a la opinión pública de sus propios países. México pudo lograr bajo la destreza negociadora de Ildefonso Guajardo y de Jesús Seade un acuerdo comercial fundamental para el futuro del país y de la región. La recuperación económica de México dependerá en mucho de la de su principal socio comercial. La crisis de EU con China abre la puerta grande a México, más allá de lo que se alcanza a ver. El presidente debe entender el valor de la inversión norteamericana y del intercambio comercial

Es un exceso pensar que un resultado favorable a los demócratas en la elección de noviembre sería una fatalidad para México. Como todo, hay ventajas y desventajas. Habrá que recordar que Joe Biden conoce al presidente mexicano, se entrevistó con él en 2012, en ocasión de su visita en víspera de las elecciones presidenciales. Se entrevistó también con Peña Nieto, candidato del PRI, así como con Josefina Vázquez Mota, del PAN.

Sin minimizar los inconvenientes, estimo que el presidente hace lo correcto. Está por iniciar el TMEC y la consistencia en la relación bilateral significa confiabilidad, valor importante de la diplomacia. Seguramente el presidente Trump hará uso electoral del encuentro. Será lo de menos frente al beneficio de reafirmar una relación fructífera entre ambas naciones.

Frente Amplio… por la justicia

De confirmarse la muy probable autoría del crimen organizado, el homicidio del Juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, es una llamada de atención que da para mucho más que las muestras de simpatía y solidaridad de ciudadanos, autoridades y órganos jurisdiccionales. Los hechos constituyen la muestra ominosa de la impunidad que se va extendiendo en amplias zonas del país, fruto de la incapacidad e impotencia de las autoridades para imponer la ley frente a las bandas criminales.

El Estado mexicano está obligado a actuar de inmediato y con la mayor energía. En particular, la Fiscalía General de la República debe llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales de esa acción criminal. El caso convoca a establecer un precedente institucional a manera de replicar al crimen con una acción legal ejemplar y sin concesiones, de la misma manera con la que actuaba el joven juez, seguramente ultimado por haber cumplido su responsabilidad. Insisto, las muestras de dolor y empatía no son suficientes. Debe haber justicia, y debe llegar pronta y a toda persona involucrada en el hecho. Sin duda, estamos ante un crimen de Estado.

Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandar a todas las instancias y poderes, la protección de su personal, particularmente el que se ve amenazado por actuar ante la delincuencia organizada. Por lo que representaba, el juez Villegas debió estar protegido, incluso aunque él mismo hubiere declinado a dicha previsión. Los criminales requieren acreditar su dominio por la vía de la violencia a la población y a sus grupos rivales, así como por la vía de la intimidación a las autoridades y a los órganos de justicia, a manera de asegurar su actividad. El crimen que no se previno, corre esa lógica delincuencial.

Por eso es importante que la Corte se de el espacio para elaborar de inmediato una propuesta amplia y diversa, incluyendo las de carácter legislativo, para proteger a su personal. Los poderes del Estado deben estudiar todos los mecanismos e instrumentos para que la justicia no sea obstruida por el crimen. Hay suficiente experiencia en el mundo para ganar la batalla, siempre y cuando esté acompañada de la determinación de todas las autoridades y también de la sociedad civil. Proteger a la justicia es una responsabilidad que a todos compromete. Allí está el caso del homicidio por la mafia italiana del juez Falcone, su esposa y su escolta en Palermo en 1992 y que significó un punto de quiebre en la lucha contra la Cosa Nostra. Algo semejante ocurrió en España en 1989 a raíz de la ejecución por la ETA de la fiscal española Carmen Tagle, adscrita al renombrado Juez Baltazar Garzón.

El hecho abre una oportunidad al Presidente de la República para acreditar en los hechos su compromiso irrestricto con la ley y la justicia. Aunque la investigación debe emprenderla la FGR, mucho es lo que puede lograrse con los recursos e instrumentos que tiene el gobierno federal para facilitar el trabajo del fiscal Gertz Manero. También debe actualizarse la información de inteligencia propia y la que provenga de las autoridades norteamericanas que han hecho del combate a los carteles, un objetivo de primera importancia y que ha merecido la visita en dos ocasiones de William Barr, Procurador norteamericano.

El puerto de Manzanillo, dese hace tiempo, es objetivo del crimen organizado para la introducción de manera ilegal de las sustancias precursoras para la producción de drogas sintéticas. El grupo criminal que se localiza en esa zona es ahora, quizás, el más sanguinario y con creciente presencia en el territorio nacional. Reducirlo debe ser uno de los objetivos mayores para la seguridad pública y para la paz, tareas no sólo del gobierno sino del Estado mexicano.

La presencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU da lugar a reactivar la iniciativa promovida por muchas personalidades, entre otras la del ahora embajador y representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, que permita revisar el paradigma sobre el que el mundo ha actuado a la hora de combatir el comercio ilegal de drogas y las adicciones. Los costos que ha asumido México le dan autoridad moral y razón suficiente para promover un cambio en la perspectiva vigente, la cual no ha resuelto el problema y sí ha generado delincuencia, violencia y crisis de legalidad en muchas naciones.

La acción del Estado mexicano en la investigación de los responsables del homicidio del juez Villegas Ortiz requiere de una eficaz actuación en el marco de la legalidad y de las responsabilidades que la ley confiere a las diversas autoridades. Tema central será la actuación de la Guardia Nacional en el territorio y, especialmente, la recuperación del estado de Colima de manos de los delincuentes que allí operan. No es una acción de venganza, simplemente se trata de la aplicación rigurosa de la ley, y de dejar en claro que un acto criminal contra la justicia dará lugar, siempre, a la más enérgica respuesta de las autoridades.

Elecciones 2021: la otra normalidad

Las elecciones intermedias y las locales concurrentes se aproximan. Es natural que quienes compiten o quienes pretenden mantenerse en el poder, hagan de esto prioridad. Tres cosas son fundamentales a considerar en este entorno de nueva normalidad: primero, los protagonistas son los ciudadanos, no son los partidos, candidatos, el gobierno o los órganos electorales; segundo, las elecciones deben conducirse en el marco de la ley, independientemente de los defectos o insuficiencias de la norma; y, tercero, para que la democracia funcione se requieren mínimos de valores, actitudes y conductas de civilidad política por quienes intervienen en la elección.

Por razones de origen de la democracia electoral, la sana pretensión de equidad ha estado en el centro de la atención pública, particularmente por cuanto hace a frenar su contraparte, la inequidad, que se origina con frecuencia desde el gobierno. De allí se han definido normas, como el financiamiento público, que tienden a impulsar competencias razonablemente justas. La equidad siempre será más aspiración que realidad, así es porque no hay posibilidad práctica para que todos quienes compitan tengan igualdad formal de oportunidades, derechos y recursos. Quien gobierna tiene ventaja, aunque también puede ser lo contrario, como le sucedió al PAN en 2012 o al PRI en 2018. No es el escenario que se vislumbra en 2021.

A pesar del respaldo popular al Presidente y del hecho, hasta ahora, que MORENA sea la organización con más adhesiones, es difícil que se reproduzca el resultado partidario de 2018. La elección pasada la sobredeterminó la competencia presidencial. El ahora partido gobernante prevaleció en muchas partes como resultado concurrente de la fortaleza de su candidato presidencial. Lo mismo puede decirse del PRI, su debilidad se deriva de la competencia nacional y del desgaste en el gobierno. Muchos municipios, distritos y entidades se perdieron como efecto de esto.

La fortaleza del Presidente no ha sido alterada de manera significativa ni siquiera por las dificultades extremas que enfrenta el gobierno, resultado de la crisis sanitaria con su efecto colateral en la economía, ni las malas cifras del desempeño económico previo a la pandemia o las de la seguridad. Tampoco parecen impactar las percepciones sobre el personaje que aparece todos los días en los medios como el carismático y aguerrido de siempre, el que sigue promoviendo la esperanza, y de ningún modo como un gobernante atribulado por la realidad que nos acosa. Sin embargo, la diferencia de la elección venidera respecto a 2018 es el fuerte componente local.

Morena podría ser el partido con mayor número de triunfos en elecciones de cargos ejecutivos y en distritos, pero es muy difícil que obtenga el 36.6% de los votos que alcanzó en 2018. La dispersión del voto resultado de las múltiples competencias locales, así como la concurrencia hasta de 13 partidos políticos, 8 de éstos en condiciones extremas de sobrevivencia, significa un escenario muy probable de que la pluralidad regrese a la Cámara de Diputados.

El sistema mixto de representación de la Cámara de Diputados y el límite de 8% a la sobrerepresentación, implica que la mayoría absoluta se alcance con un mínimo de 42.2% y con al menos 167 triunfos distritales. Esto no se alcanzó en la elección de 2018, mucho menos habría de suceder para los próximos comicios. La mayoría absoluta se construyó, como lo hizo el PRI en 2015, mediante la postulación de candidatos por partidos pequeños a manera de darle la vuelta al candado de la sobrerepresentación, un caso de discutible ética jurídica. La cuestión es que los aliados de MORENA difícilmente ganarían más de 10 distritos y el porcentaje de votos que obtendrían sería muy bajo.

La normalidad democrática antes y después de la pandemia, implica el derecho de competir en los términos que la ley establece. El partido del gobierno tiene y debe ejercer el derecho a defender su proyecto y desempeño frente al embate de la oposición. Pero se requiere de autoridades electorales firmes para hacer valer la norma ante quien sea. El INE no debe dejarse intimidar por partidos, candidatos o por el mismo gobierno y los magistrados electorales deben actuar con la convicción de que su tribunal es la última instancia para dirimir controversias electorales.

Debe entenderse que, pese al clima propio de la crispación política, las amenazas mayores no vienen de la competencia y sus actores, sino de la creciente influencia del crimen en muchas partes del país. Es un enemigo común se requiere hacer un frente para contenerlo. Por lo demás, nadie debe darse por sorprendido por la intensidad del debate y la vehemencia de la confrontación. AMLO la ha promovido como estrategia y tenemos una sociedad crecientemente polarizada. Pero es mucho lo que está de por medio, y mal haríamos en perder de vista que lo crucial de la competencia es el apego a las reglas y mínimos de civilidad. La fuerza y funcionalidad del voto será posible sólo si todos damos cauce civilizado a la disputa por el poder.

Del conflicto a la recuperación

Los seres humanos hemos aprendido a un costo muy elevado que poco es lo que se puede ganar en el conflicto. Las diferencias son inevitables, resultan producto de la diversidad social, de intereses, de proyectos e ideologías, pero los retos que se nos imponen cuando ya se es gobierno, son superables porque siempre habrá espacios de interés común que lleven al entendimiento. Así ocurre, por ejemplo, en la relación entre la autoridad y los empresarios. Por más tensa que sea la situación entre gobierno y empresas, es mucho lo que comparten y eso abre ventanas de oportunidades para ambos.

El gobierno tiene su función y sus responsabilidades con la sociedad. Los empresarios también las suyas, su objetivo o razón de ser y condición de existencia, es la rentabilidad de sus negocios, los que a su vez generan empleo, pagan impuestos, producen bienes o generan servicios y, muy importante, promueven el desarrollo social en sus comunidades o lugares donde se asientan. Las posiciones y los intereses de uno y otro no son excluyentes, se complementan.

Por eso urgen los acuerdos. El pleito hace escalar el enfrentamiento. Muy pocas veces es una forma eficaz de hacer valer el interés o el punto de vista propio. De ahí que los pleitos, y más en política, se escogen, y de ser posible también el lugar y tiempo en el que se desahogan. No puede el gobernante ir por la vida riñendo con todos y al mismo tiempo. Es una forma excepcional de la relación entre la sociedad y el gobierno. Incluso la misma oposición que tiene como tarea contener al poder, debe definir los temas, ritmos y espacios para desahogar el debate y la contienda.

Entre los distintos ordenes de autoridad es común, también, tener diferencias. Los ayuntamientos casi siempre han resentido la intervención indebida de los gobiernos estatales sobre su quehacer, además de la falta de apoyo y en ocasiones la parcialidad a partir de afinidades políticas o partidistas. Los gobiernos estatales, por su parte, mantienen una relación complicada con el federal, en parte por un sentimiento de inequidad, especialmente en materia de presupuesto. Con frecuencia municipios y estados piden lo que les corresponde, pero no hacen un esfuerzo para fortalecer sus ingresos propios, lo que los hace más vulnerables y dependientes.

El país está ingresando a una nueva circunstancia. El desencuentro del gobierno federal en muchos frentes ha generado la falsa idea de que el camino hacia adelante será el del pleito. Allí nadie gana. Será necesario el reencuentro y especialmente entenderse a partir de las diferencias, intereses y perspectivas de cada quien. La base más sólida para la recuperación es el necesario entendimiento y la construcción de mutua confianza.

La contingencia por la crisis sanitaria ha sido un desafío monumental, a todos ha impuesto restricciones y obligaciones que modifican no sólo el presente, también el futuro inmediato y el largo plazo. El desgaste que han tenido las autoridades es evidente. Los cuestionamientos se centran en el funcionario responsable de la estrategia contra la pandemia, y es tiempo de reconocer aciertos y errores.  El desorden en la comunicación y lo errático de las cifras y pronósticos, obligan a un ajuste que permita fortalecer la respuesta institucional y la confianza en sus acciones, como medios para lograr una conducción exitosa hacia la ruta planteada para salir de la contingencia.

Como tal, el Presidente habría de valorar el crear un grupo de trabajo o comisión que incorpore al INEGI, la CONAMED, el director del IMSS, el director del ISSSTE, la Cancillería, el Secretario de Hacienda, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria del Trabajo y el Rector de la UNAM, entre otros, para dar capacidad de acción al gobierno federal al margen de la improvisación, el protagonismo y la frivolidad en la comunicación y en el procesamiento de la información clave para conocer y contener la pandemia.

Es claro que la información debe tener varios ajustes fundamentales, entre otros, permitir la evaluación de la estrategia. Eso sólo es posible si quien mide resultados no es la propia autoridad de gobierno responsable de planear y operar en el campo. Es de considerarse igualmente que agrupar datos por entidad federativa no hace siempre sentido, para efectos prácticos. Hacerlo por centros urbanos da mejores resultados para coordinar las acciones públicas y para incentivar la participación de la sociedad. La mayoría de los Estados están regionalizados, y las ponderaciones deben atender a esta expresión territorial.

Lo que se haga bien en lo subsecuente será de la mayor relevancia para la recuperación. El conjunto del país espera del presidente la dirección que la situación demanda. En tal empeño cuenta con el respaldo de todos. Insisto, las diferencias subsisten, pero éstas no deben obstruir el entendimiento, deben enriquecerlo y propiciar que el más amplio conglomerado posible de voluntades, tenga un espacio para contribuir y participar en un proyecto que es de todos.

Pandemia, geografía y poder

La crisis derivada de la pandemia expone a todos los países y muestra la fragilidad de muchos de los acuerdos y de la operatividad de las instituciones. Las dificultades suelen exhibir los mismos problemas en países muy diferentes, incluso en aquellos en los que persiste un consenso sobre los gobernantes y las instituciones políticas. Sólo como ejemplo, Estados Unidos, España, Alemania y México revelan durante la actual pandemia la tensión y el desencuentro de gobiernos nacionales con los locales.

En esta dinámica se ubican intereses de diversa índole. Los económicos que en ciertas actividades o regiones pueden hacer valer su postura con mayor acento; los electorales, en la perspectiva de capitalizar o minimizar el costo que plantean las medidas de sanidad o económicas frente a una próxima elección; y los políticos, esto es, la expectativa de que la crisis haga recuperar terreno para el que está rechazado o evitar perderlo para quien tiene aceptables niveles de aprobación. Advertir el comportamiento de los distintos países, gobiernos y las autoridades subnacionales muestra con claridad las diferentes perspectivas derivadas de los intereses en juego.

En el caso de México, han estado presentes las diferencias de algunos gobiernos estatales con el del centro. No todo se explica por la mezquindad o el oportunismo, también juega la genuina preocupación de que la crisis sanitaria pueda afectar severamente a la población y en particular no tener suficiente infraestructura sanitaria y hospitalaria por un crecimiento exponencial del contagio.

La Federación ha pretendido por la vía del diálogo someter a los gobiernos a su propia perspectiva. Gobernadores como los de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango, Coahuila y Jalisco, entre otros, desde el inicio han tenido una postura más estricta ante la amenaza que presenta el Covid19. El gobierno federal se manejó con la tesis de que no hay que anticipar medidas que castiguen a la población y a la economía. Sin embargo, la geografía del contagio y de los fallecidos da la razón a los gobernadores.

Ciudad de México, Baja California, Puebla, Tabasco y posteriormente Veracruz muestran una dinámica de mayor vulnerabilidad que la de los estados donde los mandatarios tomaron medidas preventivas estrictas. Hubo quien no dimensionó la dinámica del problema. Se cantaron victorias anticipadas y se anunciaron etapas con información que resultó evidentemente falsa, como es el hecho de que el pico del contagio sería en la primera semana de mayo. No sólo no se suavizó la tasa de crecimiento de enfermos, sino que han venido creciendo la letalidad y los decesos.

La imprecisión de los números de la pandemia, que seguramente ocurre en más de un país, en México se ve agravada por la resistencia de las autoridades federales de realizar pruebas de contagio en una proporción razonable. A los gobernadores se les impidió importar las pruebas, a grado tal que México es uno de los países que menos exámenes de contagio ha realizado. Si no se hacen pruebas, como recomendó la OMS, es inevitable que la información derivada como geografía y demografía de contagios, decesos y particularmente, letalidad, sean imprecisas.

El Presidente actuó bien al establecer que la siguiente etapa debiera estar acordada con los mandatarios locales y que fueran estas autoridades las que determinarían la dinámica de la aplicación del programa subsecuente. Trasladar al gobernante local la decisión hace sentido, siempre y cuando el mandatario haga uso razonable de su potestad con apego irrestricto a la legalidad y al sentido común.

La CONAGO ha probado ser una instancia útil y productiva en la interlocución con el poder central. Un gobernador prudente y cuidadoso como Mauricio Vila, es quien tiene a cargo la comisión de salud. De manera que se tiene una razonable postura con el gobierno federal. Nada fácil por el desencuentro previo a la pandemia, a raíz del inicio del INSABI y por la idea de buena parte de los gobernadores de que es hora de revisar la recolección de impuestos y la distribución de recursos.

En el caso de México, el desencuentro del gobierno central con algunos de los gobiernos locales aumentará no solo por razones de calendario electoral. También está la disminución en la recaudación, especialmente la de ingresos petroleros. El gobierno de la Cuarta Transformación ha instrumentado políticas draconianas de reducción del gasto, a la vez que la inversión tiene una expresión regional que excluye la mayor parte del país. El gasto social tiene expresiones clientelares que tampoco contribuye a la armonía entre lo local y lo central.

Queda claro que la pandemia y su secuela afectarán de manera trascendente el frágil entendimiento entre el gobierno federal y las entidades federativas. Todo esto estará en el centro del debate con motivo de las elecciones locales, a casi un año de distancia. Es muy probable que su desenlace, por su expresión local, propicie el regreso de la pluralidad a la Cámara de Diputados.

Retos de la adversidad

El mayor bien para el mayor número de personas”
Jeremy Benthanm

Nada parecido nos ha tocado padecer a esta generación como los efectos de la pandemia. La luz al final del túnel se asocia a lo que todavía no existe: un tratamiento razonablemente eficaz o la vacuna. Tarde que temprano llegarán, pero el mundo será distinto y nosotros, cada uno a su manera, seremos diferentes. La pandemia y el encierro han sido aprendizaje. En el orden de las instituciones y las ideas, quizás haya un sentimiento mayor hacia la solidaridad o la responsabilidad hacia uno, hacia el medio ambiente y hacia los demás, pero también ronda la amenaza a las libertades, la idea de que se requiere sacrificarlas en aras de la eficacia social.

El gobierno ha cometido muchos desaciertos en medio de la tragedia, pero ha habido puntual definición a favor de las libertades, y no es un asunto menor habida cuenta que es un tema muy discutible porque este tipo de emergencias invitan a sobreponer lo colectivo sobre lo individual, el beneficio de los demás sobre el derecho de las personas. Y hay razón, porque se puede optar por el derecho a ser contagiado, pero no así el de contagiar. Hay interés público y también individual. Lo rescatable de esto que es un debate difícil de superar, es que ha quedado en claro que el respeto a las libertades no es negociable.

En términos de geopolítica global, tendremos un nuevo equilibrio. El daño económico no ha sido parejo. Es alentador que los poderosos que pueden llegar al descubrimiento de la vacuna hablen de que la cura debe ser patrimonio de la humanidad y no negocio de las farmacéuticas. Sí se deben financiar los costos que entraña el esfuerzo y la inversión de muchos para llegar a la vacuna, pero es de sentido básico humanitario que prevalezca un propósito de socializar el beneficio, sin asociarlo a la capacidad de pago, individual o colectivo.

La cuestión es la espera, porque el daño va creciendo y acumulándose. Nuestro país tendrá más pobres debido a esta interrupción de lo que había sido un largo y sostenido proceso de disminución de la pobreza, y de la pobreza extrema. Van a ser necesarias, más allá de lo previsto, iniciativas que atiendan esta grave complicación. El gobierno deberá modificar sus prioridades en materia de gasto y de política social. Los recursos deberán llegar a quienes se debaten en la miseria. El punto es que esto pudiera presentarse cuando muchos de los sectores de la economía que generan la riqueza que el país necesita en forma sostenida, estén ya en dificultad y requerirán de tiempo para recuperarse.

Es necesario transitar a un marco de colaboración y entendimiento en lo fundamental. Hay diferencias que al parecer son insalvables. El Presidente ha sido claro y no creo que quiera cambiar, con todo y que mucho de lo que cree y piensa, va a contrapelo de lo que sucede en el mundo. Esto no significa que no pueda haber planos de acuerdo. De otra manera estaríamos dando vueltas en círculo: un grupo pequeño privilegiado por el favor oficial y grandes sectores a la expectativa de que el gobierno actúe responsablemente, sin privilegiar o discriminar.

En este espacio hemos insistido sobre la necesidad de fortalecer a las instituciones y por encima de ello el principio de legalidad. Por ocasiones el gobierno parece actuar en sentido contrario. Sin embargo, debemos persistir en el esfuerzo y entender que el tiempo inexorablemente favorece la responsabilidad y la resiliencia de proyectos que tienen sólidos asideros en la realidad y en las necesidades y aspiraciones de los mexicanos.

La vía para superar el descontento histórico es con buenos resultados y especialmente a través de la aplicación de la ley y de las instituciones de justicia. Nada bueno se puede construir a partir del agravio real o imaginario de la sociedad. Insisto, lo importante son los resultados y la capacidad de resistir ante la afrenta, la adversidad o la provocación. Se requiere perspectiva y horizonte.

En las elecciones intermedias eso está escrito, un nuevo equilibrio político habrá de presentarse como consecuencia necesaria del componente local de los comicios concurrentes. Esto significará seguramente el retorno de la pluralidad en la Cámara de Diputados, así como en muchos de los gobiernos locales y municipales. El país deberá retornar a la negociación y a los acuerdos.

Pero para mejorar, se precisa aprender de los errores. El cambio, que es propio de la coexistencia de la pluralidad, con frecuencia fue subvertido o desviado por la intransigencia. Importantes acuerdos no se sustentaban en sus méritos, aunque los hubiera, sino en una relación inmoral entre el gobierno y las oposiciones. El mayor reto en tiempos de adversidad habrá de ser construir juntos un camino donde la visión de desarrollo que promueva el gobierno signifique no la ruina económica que a ratos se perfila, sino el equilibrio para lograr crecimiento duradero con igualdad social.

Hay una posible oportunidad a la vista

La densidad del debate, el miedo y la polarización son elementos que inhiben no sólo advertir los aciertos del de enfrente, sino las oportunidades que se presentan en medio de la adversidad. El país debe reemprender el camino. Debemos partir de un estilo de gobernar que difícilmente cambiará, pero esto no es obstáculo para que sociedad y gobierno encuentren planos de colaboración para minimizar riesgos y potenciar oportunidades. Entre gobierno y sociedad hay temas, asuntos y agendas en las que no hay razón para mantener el desencuentro o la disputa.

El petróleo ha contado para el bien y para mal también. No es tanto como la maldición a que hace referencia López Velarde, pero se le parece. Su aportación a las finanzas públicas ha sido significativa. Por ejemplo, sin Cantarell otra hubiera sido la historia para el país, sin duda fue una aportación relevante en ese momento muy difícil para México. Lamentablemente, a PEMEX se le piensa más como aportante financiero que como empresa, y la postura de este gobierno respecto a su papel en el futuro es extemporánea, más después de la pandemia que moverá al mundo, inevitablemente, a estar más atento a sus responsabilidades, como la de cuidar el medio ambiente, que significa disminuir la dependencia del carbón y el petróleo como generadores de energía.

A contrapelo del petróleo, el comercio con nuestros socios del norte ha sido un motor más relevante no sólo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo social y la modernización integral del país. Fue un acierto de México haber optado por ello. En estos años no ha sido fácil lidiar con el vecino por la actitud antiinmigrante de algunos en la sociedad norteamericana, articulada electoralmente por su Presidente. La renegociación del acuerdo comercial es favorable a los tres países, incluso el capítulo laboral, positivo en cuanto a que democratiza al sindicalismo asociado a las empresas, en el marco de acuerdo comercial.

De modo que México tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria, única. Muy pronto, cuando tenga lugar el encuentro de los Presidentes Trump y López Obrador, posiblemente en julio, el tema fundamental será el acuerdo comercial y los nuevos términos de esta relación. Ocurre cuando Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, debe redefinir su relación política, económica y comercial con China, que trasciende posturas ideológicas o partidarias. El país oriental no les es confiable por su indiferencia a la legalidad y la casi nula protección al derecho de propiedad intelectual. La economía norteamericana se ha viso subvertida por un supuesto aliado ventajoso, que se desentiende de sus obligaciones y de los derechos de los demás. Más recientemente, una gran mayoría de los norteamericanos, se han sentido profundamente agraviados por el manejo intencionadamente reservado y a ratos mendaz, de las autoridades chinas ante el tema Covid-19.

Insisto, el panorama coloca a México frente a una formidable oportunidad. El gobierno norteamericano, con o sin Donald Trump como Presidente, está obligado a revisar a fondo su relación con China. Nuestro país tiene todo el potencial para sustituir las cadenas productivas y la proveeduría de aquel país, sin mayores concesiones, simplemente dándole continuidad al proceso de integración que inició hace más de 25 años. Sin embargo, hay un tema toral y definitivo para concretar esa oportunidad: el estado de derecho, asunto que incide en la certeza, principio fundamental para la confianza económica que sólo es posible en el respeto a la legalidad. Obviamente, las consultas populares a modo para suspender obras o inversiones en curso constituyen un mal mensaje en cuanto a la certeza legal que el país pude ofrecer frente a los deseables inversionistas en esta hipotética nueva oportunidad.

Aquí mismo lo he señalado, si el actual gobierno diera curso a reivindicar la legalidad, esto es, abatir la impunidad y mejorar el sistema de justicia, se generaría un punto de quiebre y con toda razón el régimen se acreditaría en un momento significativo en la historia del país, lo que daría espacio para llamarlo la cuarta transformación de México.

La oportunidad que tiene ante sí el país es singular. Son coyunturas que se presentan rara vez en la vida de las naciones.  Con visión y perspectiva, la apuesta del presidente López Obrador debe trasladarse del petróleo, al comercio con EU y Canadá. Esto significa, necesariamente, redefinir qué se puede hacer en la nueva prospectiva energética mundial. Los proyectos de inversión pueden persistir, pero deberán adecuarse a la realidad.

Si el tema central para hacer más confiable la relación económica con nuestros socios comerciales es el de legalidad, el presidente tiene la fortaleza institucional y el aval social para una transformación de tal magnitud. La oportunidad a la vista bien merece una revisión de planes y una pausa en la confrontación, que nos permita potenciar lo que ahora se presenta. Más allá de lo que divide, es mucho más lo que une a los mexicanos.

Imaginar la recuperación

Nada sencillo parece el camino hacia la recuperación. Cada día que pasa nos convence que difícilmente habrá normalidad en el sentido de regreso a la situación de antes, incluso, aunque pronto estuviera a disposición la vacuna, evento que en una visión optimista nos remite a los primeros meses del próximo año. El eventual rebote del contagio para el otoño, escenario tan posible como probable, implica que necesitaremos patrones de convivencia claramente diferentes respecto al pasado y medidas preventivas que tendrán serias implicaciones económicas, políticas y sociales.

El impacto global de la pandemia ha sido notoriamente diferenciado. China desde hace meses ganó la batalla de la contención; varios países de Europa como España, Alemania e Italia van de regreso. Estados Unidos e Inglaterra están en medio de la pesadilla, mientras que, en México, según la narrativa oficial, el mayor impacto está muy próximo. Aquí mismo se advierten significativas diferencias regionales. La Ciudad de México ha sido fuertemente castigada.

Lo ocurrido en las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, resulta comparativamente espectacular en los números y convalida la respuesta temprana que tuvieron las autoridades locales y la capacidad para convocar a sus gobernados para participar en las estrictas y dolorosas normas de distanciamiento social. Las defunciones son el indicador más dramático y concluyente del coronavirus. La Ciudad de México acumulaba este jueves 604 decesos; el Estado de México, 244; Jalisco, 37 y Nuevo León 28. Aunque nada puede asegurarse en las próximas semanas, la geografía diferenciada dice que la normalidad y la reconstrucción también será distinta por región.

En cuanto a la actividad económica aquí hemos insistido que fue un error haber incluido a la industria minera bajo suspensión, por dos consideraciones: su operación es fundamental para muchas otras actividades esenciales y por su geografía, pues tiene la capacidad para emprender acciones muy eficaces de monitoreo y de contención. Otras actividades como el negocio del espectáculo y el entretenimiento presencial son distintas y habrá de esperar quizás hasta el próximo año para alcanzar una circunstancia semejante a la de hace tres meses.

En el lugar opuesto está el sector turístico y el asociado a restaurantes, transporte y particularmente líneas aéreas. El golpe ha sido brutal y sería muy lamentable la pérdida de negocios que hasta hace poco eran rentables, pero que viven en el agobio por los compromisos financieros y sin apoyo gubernamental alguno. A igual que la minería, el turismo es una actividad generadora de divisas, y como la construcción, tiene una derrama social importante por la vía del empleo. Los gobernadores de los principales centros turísticos deberán emprender una acción de rescate y recuperación, aunque cualquier esfuerzo estará condicionado por el comportamiento del turismo internacional y el apoyo federal.

En lo social, hay quien asume que la lección de la crisis sanitaria habrá de servir para adoptar mejores hábitos y actitudes respecto a la corresponsabilidad, vida familiar, movilidad, alimentación, ocio, recreación y moderación del consumismo. No soy tan optimista. Aunque habrá diferencias y ciertamente ha habido un proceso de aprendizaje, estimo que proseguiremos con los mismos problemas de siempre. Quizás una iniciativa colectiva con decidido respaldo oficial sobre un tema en particular podría tener posibilidades de éxito: la lucha contra la obesidad. De hecho, sería un triunfo relevante de salud y de economía si el saldo de este trágico periodo fuera el de mitigar este grave problema de salud pública.

Un tema importante será el desenlace de la elección presidencial en EU. Cualquiera que sea el resultado, la normalización en el país del norte habrá de favorecer a México. Nuestro país ha acreditado con creces su importancia para la economía norteamericana. Pero ante la nueva realidad que está surgiendo todos los días como resultado de la pandemia, deberá considerarse el nuevo mapa de poder económico y político en el mundo. Nuestro país no debe perder sentido de sus afinidades, principios y alianzas, y debe enfocarse en la cooperación global.

El multilateralismo y el mercado han demostrado ser las vías por las que las naciones se enfilan de modo seguro hacia la recuperación, un proceso que incorporará necesariamente nuevos paradigmas y mayor énfasis en el desarrollo humano y al entorno ambiental sano sin el cual éste no es posible. Ayudaría sumarse al consenso mundial.

La política no deja mucho espacio al optimismo. La resistencia del Presidente a ejercer su liderazgo sobre el conjunto de la población y frente a todos los sectores ha impedido construir un sentimiento de unidad frente a la gravedad de los retos. Sin embargo, es necesario persistir. El camino hacia delante será mucho más complicado y difícil si no hay una voluntad compartida para hacerle frente a la adversidad. Queda claro que no es con reclamos ni con recriminaciones de uno y otro lado, como lograremos esa unidad.

 

Un nuevo punto de partida

Se entiende que una de las mayores urgencias públicas sea el regreso a la normalidad. De igual manera es comprensible que los gobiernos, todos, se asuman ganadores en el sentido de creer que se ha hecho lo mejor para enfrentar la crisis sanitaria, algunos desbordantes de optimismo, otros cantando anticipadamente victoria. En los países con contagios a la baja, el debate ya está instalado y a nosotros deberá ocuparnos en su momento; ojalá sea pronto. El nuevo reto va a ser cómo administrar el trayecto a la situación de origen.

El sentido común llama a hacer de la atención a la crisis, precisamente por su gravedad, una decisión centralizada, pero no unipersonal. Se cree que los científicos están mejor equipados que los políticos para hacer frente a este tipo de circunstancias. No está claro que así sea. Lo que sí es evidente que lo peor es que los políticos decidan asumiéndose científicos o que los hombres de ciencia resuelvan adoptando el código, las formas y los valores propios de los políticos.

Cada país tiene su historia; el tiempo dará espacio para valorar con mayor objetividad la manera como se actuó. El Presidente Trump ha querido darle validez a tratamientos y medicamentos. Que lo diga él, no necesariamente quiere decir que esté equivocado, pero no le corresponde. Lo que sí se advierte en muchas de las democracias es la tensión entre el gobierno central y los subnacionales. México no es la excepción y eso no debiera ser materia de escándalo si de lo que se trata es cuidar la salud de las personas y que cada autoridad aporte lo propio para una solución óptima.

Las estadísticas no mienten, pero los mentirosos se valen de las estadísticas. Es lógico, pero no ético, que las autoridades presenten los números que más les favorecen o que hagan una interpretación generosa a su causa o interés. En todo el mundo, las mediciones de contagios son mera aproximación y en todos los países hay decesos del COVID-19 que no se contabilizan a partir de criterios dictados por las autoridades centrales.

La realidad es que no se sabe con certeza qué tan extendido está el problema. En México se supone que es más serio de lo que parece porque es uno de los países que, por política nacional impuesta a los estados y al sector privado, menos pruebas ejecuta. México ha realizado 81,912 pruebas, España 1’414,477, Brasil 339,552, Perú 296,262, EU 6’139,111. El programa Centinela de las autoridades, dice que los contagios confirmados deben multiplicarse por más de 8, para tener una idea del contagio. Eso justifica en parte el hecho que en el país la cifra de decesos sea escandalosamente alta respecto a los casos confirmados, casi de 10% y día con día sigue aumentando.

En México hay significativas diferencias regionales no todas vinculadas a la eficacia o ineficacia de los gobiernos locales. Por mucho, los peores números los tiene la ciudad de México, con 63 contagios por cada 100 mil habitantes. Lo contrastante es que el Estado de México promedia 12 contagios por cada cien mil, Nuevo León 6.4 y Jalisco 4.1, siendo entidades comparables por su densidad demográfica y su expresión metropolitana.

En el vecino país del norte, el presidente Trump promueve el regreso a la normalidad cuando el contagio está lejos de controlarse, de hecho, el anuncio ocurre cuando se alcanzan 70 mil decesos. Los gobiernos locales tienen otros ritmos. Lo mismo sucede en España, Alemania y otros países con poderes regionales autónomos. Estoy cierto que el llamado coincide no solo con la genuina preocupación de gobernantes y empresarios por el elevado costo de la parálisis, sino también por el deseo de muchas personas de reanudar sus vidas y actividades productivas.

Sin tratar de cerrar por decreto el capítulo de la crisis sanitaria, por razones de política comercial México avanzará un primer paso para homologar con los socios comerciales del norte, las actividades productivas de carácter esencial. Al parecer, las autoridades de la Secretaria de Economía, inicialmente, se desentendieron en determinar las actividades prioritarias esenciales en concordancia con el T-MEC, quizás porque así se los impuso la Secretaría de Salud, pero descuidaron obligaciones con los otros socios comerciales respecto de varias industrias, como es la actividad minera, fundamental para la producción de materias primas prácticamente para toda la cadena industrial subsecuente, incluso la farmacéutica.

El retorno a la normalidad será espacio de disputa. Los intereses políticos, económicos y de salud estarán en evidente tensión, con posturas diferenciadas de actores, organizaciones, autoridades y órdenes de gobierno. Como se ha dicho, el interés mayor deberá ser la contención del contagio. La experiencia de otros países indica que mucho se puede alcanzar sin comprometer la política de control. Se requerirá pragmatismo e inteligencia para diferenciar regiones, grupos demográficos, actividades. En poco tiempo se entenderá que no es regreso a lo de antes, sino un nuevo punto de partida.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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