Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La realidad se impone

Si hay una victoria a mitad del gobierno del Presidente López Obrador es la de la realidad, la que se impone a su modo, incómoda e implacable a la vez. La realidad que acaba con el sueño, la que se manifiesta en múltiples planos: el voto libre, la pluralidad como expresión del México diverso, las instituciones como cauce para la competencia y la solución de controversias, el peso de la relación bilateral con el país más poderoso, la secuela de la pandemia y, muy especialmente, la economía.

El Presidente ha empezado a actuar acorde a la nueva circunstancia. Lo más significativo ha sido la inclusión en la SHCP de un economista con sólidas credenciales y con autoridad técnica y personal para imprimir un sello de responsabilidad en las decisiones a su cargo. Los órganos autónomos no podrán ser afectados consecuencia del resultado electoral. La discrecionalidad llegó a término.

En la Ciudad de México, no recae toda la responsabilidad de los resultados del pasado domingo sobre la Jefa de Gobierno. Es cierto lo que dice el Presidente sobre la necesidad de trabajar con más cercanía a la gente. Quien sí ha fallado es un puñado de funcionarios del gobierno y destacados morenistas, que han jugado a las contras en una proceso de sucesión adelantada. El descuido y la soberbia en la gestión del Dr. López Gatell, el desabasto de medicinas, la desaparición de guarderías y apoyos para las mujeres violentadas, el desprecio a la ciencia y la cultura, entre otras razones, también han afectado, y ese es el reclamo de las clases urbanas, no sólo de la Ciudad de México, sino prácticamente de todas las zonas metropolitanas.

El peso de la realidad corre a la par del paso del tiempo. Los espacios de maniobra se estrechan y es previsible que el mandatario tenga que seguir haciendo ajustes no sólo en el equipo, también en la política. La disciplina y el control administrativo van a ser fundamentales para evitar el desorden y la corrupción.

Finalmente, la realidad es que su partido ganó en zonas muy comprometidas por el crimen organizado, al tiempo que la presión interna y externa hacia una revisión de la estrategia en materia de seguridad están a la vista. Algo diferente tendrá que hacer para mantener la viabilidad de su movimiento.

Razonables impugnaciones

El sistema electoral mexicano se construyó a partir de la desconfianza y de la creciente competencia por el poder. Si bien no es perfecto, es un caso exitoso. Sin embargo, las soluciones significaron un elevado costo al erigir una burocracia electoral permanente y muy amplia, además de un tribunal especializado para solucionar las controversias. El balance es claramente favorable, aunque tiene muchos pendientes. Por ejemplo, persisten el financiamiento ilegal, al igual que la partidocracia. Además, con la reforma de 2007 se restringieron de manera importante las libertades políticas de los ciudadanos y se dificultó la creación de nuevos partidos.

Sí se requiere una nueva reforma electoral, pero no a la medida de un grupo en particular. En todo caso el INE se debe fortalecer y trasladar las atribuciones de sanción a otro órgano particular para así evitar la presión de muchos frentes y concentrar su actuación en la organización de las elecciones. El instrumento de identidad debe estar a cargo de una entidad autónoma del Estado y no del INE. Con ello habría una reducción significativa del gasto.

Las inconformidades en las elecciones son lo de siempre. En ocasiones válidas y en su mayoría, no tanto. Se resolvió que las presunciones de violación de las reglas podrían llevar a anular la elección cuando la diferencia fuera menor a 5%.

Por otro lado, no se debe cuestionar el derecho de los candidatos o los partidos a rechazar el resultado de una elección. En todo caso para eso están las instancias legales y especialmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las elecciones de mañana domingo son un reto importante para la organización electoral. Prácticamente en todo el país habrá concurrencia de elecciones locales con la intermedia federal. El riesgo mayor viene del crimen organizado. Es natural que las expectativas de unos y otros se desbordan, mucho más por el ambiente polarizado que de hace tiempo se vive en el país. Lo relevante es la concurrencia ciudadana a las urnas, que los comicios se desarrollen con orden y que las impugnaciones sean razonables, no solo por el contenido, sino por su cauce institucional.

 

 

Tocar piso

La degradación por la autoridad aeronáutica norteamericana del país en materia de seguridad aérea no es un tema menor ni debe verse como un asunto más. Es una llamada de atención sobre una serie de acontecimientos que ocurren en el país y que revelan un deterioro grave de la infraestructura pública. Siendo honestos es injusto y desproporcionado imputar a la actual administración la exclusiva responsabilidad; las insuficiencias y el descuido vienen de tiempo atrás. Pero se eligió a un gobierno para cambiar, para corregir, para mejorar y eso no sólo no está ocurriendo, sino que se toman decisiones que acentúan los problemas y las deficiencias.

La decisión del órgano técnico norteamericano es una determinación preventiva, esto es, hay estándares internacionales en materia de seguridad que el país no está observando. Lo que está de por medio son la vida de los usuarios y toda vez que los aeropuertos nacionales se asientan en zonas densamente pobladas, una tragedia podría tener magnitudes colosales.

Los siniestros frecuentes en las empresas públicas federales y los acontecidos en el metro de la Ciudad de México deben poner en el centro de la atención la necesidad de contar con programas de mantenimiento preventivo y correctivo. Este gasto es elevado, pero es indispensable y no asumirlo pone en riesgo vidas, es un ahorro absurdo y tarde que temprano muy oneroso.

Es preciso acabar con el dispendio, pero es suicida hacerlo a costa del mantenimiento, del entrenamiento y la capacitación de recursos humanos y, también, de cargos de dirección con personal altamente calificado. Todo eso cuesta.

Lo que está sucediendo en la infraestructura de transporte obliga a pensar sobre el deterioro en áreas que no tienen la visibilidad o la supervisión internacional como sí la tiene la seguridad aérea. La situación preocupa porque el apremio sobre el gasto y la presión sobre las finanzas públicas habrá de incrementarse una vez que se agotaron los recursos destinados a otros objetivos y que se dispusieron en una mala política de gasto. Ya no hay margen. Ya tocamos piso. Ojalá y las autoridades lo adviertan y actúen en consecuencia antes que otra tragedia nos alcance.

Mínimos electorales

Normalmente las elecciones se valoran en función de ganadores y no favorecidos. Es explicable, de eso se trata la contienda. Sin embargo, es preciso remitirse al juego en sí mismo, independientemente del resultado. Considero que esto es lo fundamental, aunque también el haber interiorizado la normalidad democrática, lo vuelve quizás ocioso o irrelevante.

Lo fundamental es que las elecciones se desarrollen con orden y sean concurridas. Como se decía hace décadas, que los votos cuenten y se cuenten. A lo anterior hay que incorporar la legalidad del proceso y la imparcialidad de las autoridades electorales, subrayo, electorales. Mi postura de siempre ha sido y así lo escribí hace dos décadas en la Presidencia Moderna, que es natural que en la elección intermedia los ejecutivos busquen ser ratificados en su mandato con mayoría en el Congreso. Lo que sí debe haber son límites para evitar el abuso del poder y alterar las premisas básicas de equidad.

La ley electoral es restrictiva en extremo de las libertades políticas derivado de la experiencia, para algunos traumática, del proceso electoral de 2006. Sí soy de la idea de que hay que repensar una reforma electoral en función del ciudadano, no de los partidos ni de las autoridades. Al INE debe fortalecerse en su condición de organizador de las elecciones y las tareas de sanción deben trasladarse a otro órgano. No se pueden realizar las dos funciones sin tensiones y desgaste para lo fundamental que es organizar los comicios.

Estimo que los actores políticos y los sociales, desde ahora, deben emprender una labor no solo orientada al interés del resultado, sino revalorar y acreditar en la ciudadanía que después de mucho tiempo y esfuerzo, logramos un sistema electoral ejemplar al mejor estándar de cualquier país, lo que no es poca cosa a partir de los antecedentes.

Desde luego que hay problemas que no se pueden soslayar. En mi apreciación el mayor es la amenaza del crimen y su presencia en el financiamiento de campañas. Todos, debemos hacer un frente común para contener este problema, particularmente porque se centra en la autoridad municipal, las más frágil y en muchos sentidos, la más importante.

Réplica para las mañaneras

A Ciro Gómez Leyva, como muchos otros, persona congruente

Diego Fernández de Cevallos ha demandado al presidente la oportunidad de aclaración a partir de los señalamientos que le hiciera en días pasados sobre supuestos actos impropios en el ejercicio de su condición de abogado de una empresa. Este viernes, el exministro José Ramón Cosío y once personalidades destacadas reclamaron al presidente la intimidación y la falsedad de sus dichos en una de sus mañaneras. Ambos han dirigido oficio al Presidente. En el primer caso se acompaña la solicitud para que, a su vez, él tenga oportunidad, en la conferencia presidencial, de demostrar la falsedad de los señalamientos.

Lo acontecido no es nuevo ni es un caso aislado. El presidente de manera reiterada ha mostrado una conducta de señalamientos a particulares en el que hace imputaciones que afectan la honra, el buen nombre y en ocasiones hasta de conductas delictivas. Independientemente de la ilegalidad de tal acción y la violación a la presunción de inocencia, considero que los particulares tienen a su alcance, además de las acciones legales correspondientes, el derecho de réplica tutelado por el artículo 6º de la Constitución y su ley reglamentaria.

El derecho de réplica es un recurso de alto valor a partir del método de denuncia pública que ha caracterizado al primer mandatario, acción que realiza, con frecuencia, con desapego a las responsabilidades propias de su investidura. Para tales efectos la ley reglamentaria que regula el derecho de réplica da posibilidad para que la exigencia de Fernández de Cevallos y de todos aquellos afectados en su derecho a la dignidad, se materialice; incluso, se puede solicitar la intervención judicial para que esto ocurra.

El derecho de réplica lleva implícito un propósito de igualar la respuesta a la imputación que se hace. Por lo mismo, debería hacerse en el mismo contexto para que el alcance fuera semejante al de la imputación. El que los particulares recurrieran a dicha acción legal tendría un efecto ejemplar, asimismo, inhibiría una de las expresiones más recurrentes del abuso del poder.

Abogados de gran solidez intelectual, como los aludidos, bien pueden valorar esta vía para que las diferencias sean didáctica de legalidad y civilidad democrática.

Las mañaneras el día después

Cualquiera que sea el resultado de la elección, el día después obligará a todos a hacer un alto en el camino, particularmente quienes han hecho de la contienda una guerra. Especialmente, el Presidente de la República deberá decidir si pretende proseguir en la ruta de la polarización o si da curso a un esquema de entendimiento y concordia no solo con sus competidores, sino con quienes él ha descalificado política o moralmente.

De siempre he entendido el desenlace de la elección de 2018 como una situación anómala en términos de la pluralidad en el Congreso y gobiernos locales. Por lo mismo, entiendo que la realidad del país, no sólo mi visión, es que habrá de regresar al Congreso y a los gobiernos locales la diversidad partidaria y política que había prevalecido desde 1997.

Un tema central es el de la comparecencia matutina del Presidente con los medios de comunicación. Es impensable que esta modalidad de comunicación sea cancelada. Sin embargo, estimo, por razones legales y también de pertinencia política, debe ser modificada para volverla más en un recurso de información y no de arenga y opinión parcial e interesada. Es sano que el país esté puntualmente informado por su Presidente, y más si él está dispuesto a emprender esta tarea.

A mi entender la comparecencia diaria es análoga a un medio de comunicación ordinario, pero oficial, en el que el protagonista y director es el Presidente de la República. Por lo mismo se le deben aplicar los principios de imparcialidad, objetividad y de respeto a los derechos de particulares y a la dignidad de las personas. El eje de la crítica al modelo de comunicación de Palacio no sería la libertad de expresión del Presidente, sino la obligación de informar y el derecho ciudadano a ser informado.

De lo que se trataría es mantener las virtudes de tal expediente y eliminar los aspectos que comprometen la legalidad por la manera como se comporta el mandatario. Los derechos ciudadanos deben respetarse y, en su caso, hacerlos valer.

La reconciliación es tarea de todos. No debe importar que haya quien se excluya, por relevante que sea el actor. Después de la elección, ya no hay contienda, lo que debe seguir es que cada quien cumpla con su deber y ejerza responsablemente sus derechos.

Contienda y normalidad

El país vive momentos singulares. El impacto de la pandemia es profundo y afecta por igual instituciones, economía, política, los términos de convivencia y a las personas y sus familias. En este entorno tiene lugar la competencia electoral para la renovación de la Cámara de Diputados y de gobiernos locales, alcaldías y presidencias municipales. El modelo comunicacional de las campañas, claramente disfuncional a un voto informado, no permite que la movilización propia de la temporada contribuya al reencuentro del país consigo mismo, con sus fortalezas, con sus ideales, con la capacidad de cambiar para mejorar como tarea colectiva y no de un grupo.

Se viven tiempos de encono. No es nuevo y en ello tiene mucho que ver la circunstancia y un agravio acumulado de desencanto y descontento. Debe preocuparnos que la democracia y sus principios empiecen a verse más como un problema que como un logro. El país no puede dar licencia para destruir lo mucho que se ha alcanzado a ese respecto en las pasadas décadas. La impaciencia y la desconfianza popular pueden ser el caldo de cultivo y sustento para que desde el mismo poder se emprenda una embestida contra las instituciones de la democracia.

Las elecciones deben ser el proceso que ratifique la normalidad democrática. Los gobiernos deben contribuir para que los ciudadanos participen en libertad y que los partidos y sus candidatos puedan desplegar su proselitismo para que sea el voto libre el que determine el mapa de poder en el país. El Presidente de la República debe ser ejemplo de prudencia, mesura y sentido de responsabilidad. Las diferencias, más las de mayor relevancia política, deben procesarse a través de las instancias jurisdiccionales para así llegar a un punto final a partir de una sentencia como expresión legal.

La inercia histórica propia de los comicios intermedios es el regreso del pluralismo. Es decir, que ninguna fuerza política por sí misma obtiene los asientos legislativos para cambiar la Constitución o quizás las leyes ordinarias, al tiempo que gana terreno la alternancia en gobiernos locales y municipales. Por eso no hay razón alguna para hacer del regreso al poder dividido preocupación fundamental; es sólo una posibilidad propia de la normalidad democrática.

La ley es dura, pero es la ley

Ya se ha dicho: el mejor camino y destino para el país es la legalidad; esa es la ruta y a su vez, la meta. La ley significa dar puerta a la única justicia posible, la de las instituciones. Cumplir con la ley entraña romper con la ancestral impunidad que aún ahora lastima gravemente al cuerpo nacional. La ley es sustento de las libertades y contención contra el abuso del poder, venga de donde venga.

Deben preocupar las expresiones del líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, diputado Ignacio Mier Velazco, plantear que en el falso dilema de ley o justicia hay que optar por lo segundo.  No hay justicia más que la legal. El llamado a desentenderse de la norma no es para acreditar a la justicia, es para romper con la ley y consecuentemente con la justicia. Es inaceptable que sean los hacedores de leyes quienes reivindiquen la ruptura con la ley. Lo dicho no guarda precedente en la historia política legislativa.

La ley limita o impide que el presidente de la Corte opine o se pronuncie sobre un tema que habrá de conocer el alto tribunal. Se entiende la preocupación pública respecto a la decisión de ampliar el periodo de su ejercicio, pero no se le puede pedir que haga lo que la norma no le permite. Los funcionarios no tienen libertad de expresión, esto corresponde a los ciudadanos. Los servidores públicos tienen responsabilidades y no pueden actuar con la liberalidad que la ley concede al ciudadano.

La competencia civilizada por el poder no puede prescindir de la legalidad, de las instituciones y sus procesos. No hay coartadas para lograr los grandes objetivos nacionales. Más aún, la ley no sólo es camino, sino es el objetivo que generaciones de mexicanos, de transformaciones, reformas y revoluciones no han podido alcanzar. Por eso la impunidad es la expresión que anula a la justicia e impide la salvaguarda y certeza de derechos. La cuestión es que no es permisible, aceptable o transitable la tesis de que hay que privilegiar la justicia a costa de la ley. Así es porque la ley es texto, proceso y hasta reglas de interpretación; por eso la justicia solo puede ser legal, de otra forma su sustento sería la opinión, el sentido que cada quien tiene del deber ser o de la moral. Legalidad ruta y destino.

A medio camino

Muy pronto el gobierno de la 4T habrá de llegar a la mitad de su gestión. Existe la sensación de una oportunidad perdida. Algo semejante a lo que ocurrió con la primera alternancia. Las expectativas incumplidas de aquel entonces fueron responsabilidad de quien ganó y de quienes perdieron. La oposición mantuvo control del Congreso y de la abrumadora mayoría de los estados. Lo menos que se puede decir es que aquella generación no entendió la oportunidad del cambio.

Lo de ahora es diferente. La responsabilidad se centra en el equipo ganador. El triunfo en las urnas fue abrumador; significó un sólido piso de legitimidad del Presidente y una amplia mayoría en el Congreso.

La pandemia ha tenido y tendrá impacto significativo en los resultados. Sin embargo, se pueden advertir insuficiencias, omisiones y errores que de cualquier manera hubieran impactado negativamente el balance del gobierno.

Comparto la idea sobre la necesidad de un cambio profundo. Sin embargo, estimo que el eje de la transformación debió haber sido la legalidad. Para el cambio que el país requiere no hay coartadas. Debe erigirse no en el voluntarismo sino en un cambio a través de las instituciones. Acreditar la legalidad conlleva romper con la impunidad que ha pervertido la transformación, ha envilecido la política y debilitado al Estado en su capacidad de proveer justicia, paz y bienestar.

Toda transformación requiere de visión y liderazgo. Por tradición, cultura y régimen de gobierno esto se deposita en la presidencia de la República. Sin embargo, el protagonismo presidencial sin brújula o asideros en la realidad invariablemente ha llevado al desencanto si no es que al fracaso.

El recurso más escaso en la política es el tiempo. El problema es que esto no se aprecia desde el poder hasta que ha avanzado el ciclo del ejercicio. Lo que viene adelante será la recuperación y es deseable, una vez resuelta la elección intermedia, que el país transite hacia la concordia y al entendimiento. No es fácil y hay razones sobradas para el escepticismo. Se debe romper con la polarización que deviene del poder y de la frustración social. El país no es un gobierno ni un partido, somos todos. El tiempo nuestro trasciende al de una gestión.

Elecciones y legalidad

El centro, a diferencia de la polarización, reivindica a la pluralidad como esencia de la democracia. La pluralidad es propia de la diversidad social, política, ideológica y regional que caracteriza al cuerpo nacional. Incluso, ésta se da también en el interior de los partidos políticos. La uniformidad, en cambio, es una aspiración propia del autoritarismo que niega la coexistencia de lo diverso. El centro no es intermedio entre extremos, sino una definición democrática en la que no hay relaciones antagónicas, sino entre diferentes.

La competencia por el poder debe estar sujeta a la norma. No hay mayoría que avasalle porque la ley define límites. Nuestro sistema constitucional determinó en la integración de la Cámara de Diputados, que ninguna fuerza política puede tener más de 60% de los asientos legislativos; asimismo, se estableció un límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación respecto a la votación. Es un acierto del Consejo General del INE ajustarse a la ley para evitar el fraude a la norma, situación que se ha dado en el pasado, siempre en beneficio del partido gobernante.

Debe preocupar la embestida reciente contra la autoridad electoral. No es nuevo, siempre ha habido presión por partidos, particulares y autoridades. Lo diferente ahora es que el ataque es frontal, viene del nivel superior del gobierno y tiene una evidente pretensión de debilitar al órgano para tratar de obtener una aplicación de la ley a modo.

Resulta por ello impropio que la responsable de la política interior, la señora Secretaria de Gobernación, haga suya la confrontación y la descalificación del árbitro electoral. Su tarea es la conciliación y apoyar la aplicación estricta de la ley, más por el perfil de su titular. Está a la vista de todos que el protagonismo y la parcialidad no está en la autoridad electoral. Señalarlo se vuelve en contra del gobierno.

El conflicto INE-Presidente de la República ratifica la idea de que el cambio deseable apunta hacia el fortalecimiento de la legalidad. No puede haber nada ni nadie contra la ley, ni siquiera una supuesta o efectiva voluntad popular o mayoritaria. La tarea de todos es lograr comicios ordenados, concurridos, y con resultados que reflejen el sentido de la voluntad ciudadana.

Page 1 of 17

Lo Reciente en GCE

Ciudades más Habitables 2019

Jóvenes en México

FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

Contactame
Go to top