Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Sigue siendo la economía

En la víspera del balance de los 100 días se perfilan resultados contradictorios en un sentido fundamental: las cifras y la percepción. Es un desencuentro extraordinario porque la situación no se da con matices: la percepción pública es muy favorable al presidente López Obrador y sus acciones; en contraste los números sobre la situación del país en materia de seguridad y economía son adversos y preocupantes. La opinión pública observa un entorno diferente de lo que la realidad de los datos nos dice que estamos viviendo. El actual gobierno obtiene lo que ninguno otro y como nunca: adhesión, a contrapelo de los resultados.

Son la opinión pública y la publicada las que construyen percepciones que se vuelven realidades. Eso tiene que ver mucho con el activismo mediático del presidente. Su intenso e intensivo protagonismo mediático le permite saturar loscontenidos y la información política. Su mensaje se hace único y es el que interpreta y define la realidad, con la virtud de que la presenta de tal manera que hace que el mensaje sea entendido y aceptado por el receptor. La eficacia en la comunicación permite que la aceptación social transite por una vía a contrapelo de muchas cosas, entre otras, la certeza jurídica y la confianza económica. Hasta hoy el presidente ha preferido la eficacia de la popularidad, que la popularidad de la eficacia. Se lo ha propuesto y lo ha logrado con creces.

Sin embargo, tarde que temprano la realidad se impone. Además, la trascendencia que pretende el presidente no se logra con sólo el acuerdo con la manera de gobernar, sino con las transformaciones que pueda alcanzar. La economía es la premisa sobre las que se erige el éxito de una administración; de ésta todo depende, incluso los objetivos de política social, por no decir, su ambicioso proyecto de inversión en infraestructura y por supuesto, la estabilidad macroeconómica. Estimo que el presidente, siendo muy exitoso en obtener apoyo popular a su gobierno y a sus decisiones, no ha sido igualmente certero para emitir un mensaje que propicie la inversión privada en dos aspectos fundamentales: estado de derecho y un sentido de responsabilidad en decisiones económicas emblemáticas.

La confianza es fácil perderla, difícil ganarla y muy complejo, lento y costoso recuperarla. Los errores económicos también tienen que ver con la complacencia de los principales interesados en el buen manejo del gobierno de la economía. La prudencia del sector empresarial o al menos, de sus voceros, ha sido interpretada como parte del apoyo irrestricto a la actual administración. Los medios y las organizaciones empresariales, así como las entidades privadas de análisis e investigación económicos tienen una responsabilidad mayor. Requieren imprimir mayor claridad y eficacia en sus mensajes y posturas para hacer sentir las consecuencias de decisiones y expresiones del presidente de la República.

El tema de legalidad es central para lograr la confianza en un país. El cumplimiento con la ley no es opción, es obligación de toda autoridad y esto no siempre se advierte en la actuación del gobierno y en las palabras del presidente. La lucha contra la corrupción ha sido más retórica que un ejercicio para hacer valer la ley, como queda evidente en una de las prioridades del pasado inmediato: la embestida contra el robo de gasolinas, el llamado huachicol. El esfuerzo, los costos (algunos trágicos) y la denuncia presidencial de inicio, no han sido acompañados de acciones judiciales consecuentes. No es un llamado a la cacería de brujas, sino reconocer que la lucha contra la impunidad necesaria y obligadamente requiere de una respuesta judicial equiparable a la magnitud del problema.

Hay que destacar que en días recientes el presidente ha mostrado una mayor sensibilidad sobre diversos temas de interés para el sector inversionista. Hay varias acciones en tal sentido: la suspensión de la reforma interna de Pemex, el encuentro y la postura conciliadora hacia el presidente de la CRE, su respeto al Senado, las reuniones con destacados empresarios, la presentación de Alfonso Romo en el programa de promoción de inversión del nuevo gobierno y su cordial presencia en eventos del sector empresarial organizado. Sin embargo, derivado del costo de las decisiones pasadas, especialmente la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, es mucho más lo que se va a requerir para recuperar la confianza del sector inversionista.

Los empresarios no son, en estricto sentido, los inversionistas. Unos y otros merecen la mayor atención por parte de las autoridades, sin embargo, el desplome en la inversión privada, especialmente, la inversión directa extranjera, es un tema que debe preocupar y es importante que en el seno del equipo presidencial se emprenda una acción para atraerla de nuevo y para ello se necesita generar condiciones de confianza. El equipo de gobierno tiene el talento para dar buenos resultados, pero requiere de lo más importante, la voluntad presidencial.

Los contrapesos del poder

Lo que resiste, apoya.

Jesús Reyes-Heroles

Siendo como es, el sistema más eficaz de gobierno, la democracia requiere vías de contención que operen como garantes de un Estado con plena separación de poderes y respeto a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. La contención es, principalmente, institucional, y su expresión más relevante es el parlamento y el poder judicial, pero también es un efecto social, que viene de las organizaciones civiles como los sindicatos, la Iglesia o las agrupaciones de empresarios y productores. La lucha democrática tiene una constante, la desconcentración del poder. Por eso el papel de la prensa reviste la mayor importancia, ya que la libertad de expresión es otro de los mecanismos de control y una de las características por excelencia de la realidad democrática.

Los contrapesos formales e informales en el ejercicio de gobierno, con frecuencia son compañeros incómodos de viaje para quienes están al frente de la administración pública. Sin embargo, esos elementos son, precisamente, las fortalezas con que cuenta la democracia para lograr su subsistencia y para imponerse a los riesgos que de siempre la han amagado. Son muchos los enemigos que tiene el modelo democrático hoy en día, y no son amenazas exclusivas de países en América Latina; el riesgo se vive incluso en democracias más consolidadas, lo mismo en Europa que en Estados Unidos.

El deterioro del modelo, por crisis económica o por la corrupción de la clase política, fenómenos que generan en las sociedades decepción y desánimo, ha abierto la puerta a gobiernos autoritarios y despóticos, que acceden al poder por la vía electoral casi siempre con el aval de amplios sectores de la población, pero que no dudan en calificar a la institucionalidad y a los mecanismos de control existentes, camisas de fuerza para sus planes.

Cada vez hay más casos de gobernantes, sobre todo en regímenes presidenciales como el nuestro, que con frecuencia invocan la voluntad popular mayoritaria o la soberanía del pueblo, a manera de enfrentar a los poderes formales e informales que condicionan o acotan su actuar. En muchos casos, esos políticos incapaces de operar en el marco de reglas democráticas, promueven la demolición de los elementos fundamentales del sistema; Venezuela es hoy en día, el mejor ejemplo de un gobierno autoritario, opuesto a los principios de la democracia.

Justamente porque el poder no debe depositarse en una sola persona, el diseño original del régimen presidencial de los constituyentes norteamericanos contempló desde el origen, evitar que el Presidente pudiera invocar el mandato popular por encima de su principal contrapeso, la Casa de Representantes. Por ello se estableció la elección indirecta del Presidente y la directa de los diputados o representantes. En tal sentido se recuperó la idea de la Revolución Francesa de que la soberanía popular radica en el parlamento, no en la Corona o en quien ejerza el gobierno.

La democratización de México ha llevado un curso semejante. El proceso no se agota en el tema electoral, sino en la arquitectura del sistema de gobierno. La desconcentración del poder no solo ocurre con la pluralidad representada en el Congreso o la independencia de la Suprema Corte de Justicia, también se han creado órganos autónomos para contener la discrecionalidad del gobierno, instancias técnicas de Estado como el Banco de México, el INE, la CNDH, la CRE, la COFECE, el INAI y otras entidades.

Contener el poder no significa obstruirlo. Es propiciar su conducción en términos tales que las definiciones fundamentales atiendan un sentido democrático, de responsabilidad colectiva, de trabajo conjunto. La base del despotismo ocurre cuando el que está investido de autoridad se asume como el único intérprete o representante de la voluntad popular. Esta tarea, en la democracia, es compartida.

Ciertamente, cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria, se presentan desafíos mayores y se puede llegar a afectar la eficacia del gobierno, sobre todo si los partidos, a través de sus legisladores, asumen responsabilidades que no les corresponden o se convierten en factor de división y conflicto permanente. Esto nos ha ocurrido en el pasado reciente, y ha generado en gran medida el descrédito de las instituciones de la democracia, porque la sociedad observa que la pluralidad así entendida, no genera acuerdos y desarrollo, sino parálisis.

Ahora las cosas son distintas. El presidente cuenta con gran apoyo popular y una amplia mayoría legislativa. Sin embargo, en el proceso de transformar al país, de cumplir el mandato inequívoco de cambio para dirigirlo a un mejor estadio, no se puede transitar hacia el ejercicio del poder de un solo hombre, de una sola visión o una sola moral, por más respaldo que se tenga del pueblo o del Congreso. Es necesario, hoy más que nunca, reconsiderar los fundamentos de la democracia no para cuestionarlos, sino para reafirmarlos como parte sustantiva del sistema que nos lleve a ser un mejor país.

Economía y política presidencial

Política y economía marchan por senderos distintos. Uno de los retos mayores para aquella, más en tiempos de globalidad, es el de ser consecuente con las condiciones que fortalecen el desarrollo económico. Hay quien asume que la política debe prevalecer sobre la economía, pero la realidad es que la economía, tarde o temprano, es la que tiende a imponer su agenda y sus prioridades en las naciones, indistintamente al signo u origen político o ideológico de sus gobiernos.

En el caso de México, desde hace casi un cuarto de siglo, se ha podido mantener alejado el riesgo de una crisis y sus perniciosos efectos. Merced a la estabilidad macroeconómica alcanzada, a la que nos acostumbramos a ver como parte del paisaje, no hemos justipreciado ese logro al que llegamos después de los años turbulentos de las décadas de los 70’s y 80’s. El costo de estabilizar la economía fue muy alto y se acompañó de un cambio en el régimen de gobierno, que acotó la discrecionalidad presidencial para adaptar el conjunto del aparato de Estado a la realidad económica del país y poder insertarnos en mejores condiciones al mundo globalizado.

El cambio fundamental del sistema político se dio acotando los poderes fácticos y legales de la institución presidencial. En el periodo 1934 a 1970 la estabilidad política, el tránsito de un país rural a otro urbano y el desarrollo de la industria llevó a dar facultades amplias al presidente de la República; un presidente fuerte era la base para la unidad nacional, la estabilidad política y el crecimiento económico. No está por demás destacar que un partido fuerte, libertades políticas acotadas y pluralidad selectiva convivieron con aquel modelo.

Pero el sistema fue víctima de su propio éxito. La urbanización, la diversidad social, la competencia democrática por el poder local y nacional, así como el crecimiento económico, volvieron disfuncional al modelo. El dominio y la discrecionalidad presidencial, que antes daban seguridad y confianza, se tornaron en factores de incertidumbre. La sociedad mexicana encontró entonces que la democratización del país y el anhelo por la estabilidad económica -con distintos orígenes y dinámicas- caminan en el mismo sentido y son posibles acotando al presidente a través de la competencia política, modernizando la Suprema Corte de Justicia la Nación, fortaleciendo la pluralidad del Congreso y promoviendo la alternancia y el surgimiento de órganos autónomos, destacadamente el Banco de México y el Instituto Federal Electoral.

Ahora, resultado del equilibrio político que generó la elección del 1º de julio, el país transita nuevamente a un nuevo régimen. El desafío actual es cómo hacer del cambio político y del nuevo papel que tiene el presidente con su dominio en el Legislativo, una herramienta funcional a la realidad económica del país y del mundo. No es fácil. El modelo de una presidencia acotada, resultado del proceso de democratización, persiste como una premisa para la certeza económica, aunque quizá no para responder a las aspiraciones y a las expectativas inmediatas de la mayoría de los mexicanos.

El presidente López Obrador ha sido eficaz no solo en términos electorales, sino en obtener apoyo popular hacia su gobierno. La cuestión es que buena parte de las decisiones y la forma de gobernar y comunicar, lo ha distanciado del sector empresarial e inversionista. Las cifras preliminares sobre la evolución de la economía en estos meses no son alentadoras y alejan del horizonte el pronóstico de crecimiento presentado en la elaboración del presupuesto de egresos y en los criterios de política económica. El compromiso de contener el déficit público y mantener la autonomía del Banco de México ha valido de mucho, pero en las condiciones actuales resulta insuficiente.

El gobierno debe propiciar un ambiente para que la política no sea un factor que disuada las posibilidades de desarrollo, sino que otorgue confianza y certeza económicas. Un buen principio sería desterrar del discurso las ambigüedades en torno a la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, pero la tarea no queda ahí. Pasa necesariamente por defender a las instituciones y los órganos autónomos que sirven de contención y contrapeso, así como por otorgar decidido respaldo a la Corte, que con creces ha acreditado credibilidad e independencia. El presidente debe prever también los efectos de mensajes que, siendo muy eficaces para ganar la confianza pública, resultan muy delicados o sensibles para quienes ven en el país un lugar de oportunidad para la inversión.

El sector empresarial, por su parte, debe tener una voz menos reactiva y más constructiva y clara para aportar al ejercicio responsable en materia económica. La política, que a ratos parece crear un abismo que divide, que nos confronta y por donde pueden escaparse nuestras posibilidades de ser un país próspero y con igualdad, debe ser el eje para que el proceso de transformación propuesto por este gobierno alcance el éxito en donde más lo sienten y aprecian los ciudadanos, en su economía diaria.

Dilemas de la individualización

El tema tributario plantea dilemas difíciles y complejos. Por ejemplo, la existencia de regiones o sectores que aportan más a la recaudación general y que sería justo o equitativo que hubiera un retorno de ese recurso a dichos lugares o segmentos, al menos en una buena proporción. Por eso en materia de gasto presupuestal hay que cuidar siempre el equilibrio entre las acciones dirigidas a la mayoría, y los recursos destinados a temas de política social. El Estado de bienestar necesita apoyar a los sectores más desprotegidos, pero subsidiar de manera indiscriminada, como el único camino para lograr una mayor equidad, puede terminar poniendo en riesgo lo que el país ha logrado.

El acuerdo básico, por supuesto, es que todo mexicano por razón de serlo tenga un piso de bienestar (salud, educación, vivienda digna). Que buena parte de los recursos deben dirigirse a los grupos sociales en mayor necesidad, sea pobreza extrema, personas con capacidades diferentes o miembros de la tercera edad en condiciones de pobreza. No obstante, nada hay de mezquino en una política pública que apoye a las zonas generadoras de riqueza. No hacerlo en cambio, pudiera significar que quien más produce ve disminuido su rendimiento por la falta de soporte público, bien sea con calidad de servicios (seguridad o educación como ejemplo) o por la falta de infraestructura.

Los recursos públicos, de siempre, son muy limitados. Si bien es cierto que hay áreas de oportunidad para la optimización del gasto público, no tengo la impresión de que en México hayamos vivido el derroche generalizado. Por ejemplo, las satanizadas remuneraciones de servidores públicos es algo que en realidad cuesta mucho menos que tener un gobierno ineficiente, con autoridades improvisadas o incompetentes por la falta de incentivos materiales de quienes se desempeñan en posiciones de mando. El mercado laboral para este segmento tiene sus reglas y tiene sus consecuencias desatenderlas. Un funcionario con responsabilidades delicadas debe tener una contraprestación más allá de la satisfacción que ofrecen muchas áreas del sector público, y esto implica un ingreso equiparable al sector privado. Esto quizás no sea del todo válido para los altos funcionarios vinculados con la política, pero sí, sin duda, para los del servicio civil de carrera. Diferenciar administración de política es principio básico de la calidad del gobierno.

Al ser los recursos muy limitados, el gobierno debe ser selectivo y muy ordenado en su aplicación. No comparto la idea de subsidios generalizados, sino focalizados, es decir para quien realmente lo necesite. Tampoco creo que el dar dinero lleve a dignificar a las personas, más bien lo contrario. Lo que sí considero que es un acierto, bajo determinadas condiciones, es la asignación individualizada de los beneficios de política social. Eliminar la intermediación en su asignación es más económico, más eficaz y puede resultar bastante efectivo para frenar la tentación del clientelismo o de la corrupción.

La idea de cuentas individualizadas es más justa que el llamado sistema solidario. Las cuentas individualizadas ahora se hacen presentes con las AFORES o el régimen del INFONAVIT, el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, para el primer caso ha sido recomendable una reforma que regule las comisiones, ya que hay inequidad e ineficiencia, lo que será evidente en unos años cuando el ahorrador advierta en muchos casos que su aportación no cubre satisfactoriamente su retiro, que los rendimientos fueron bajos y las comisiones altas. Por otra parte, el que el INFONAVIT condone de manera indiscriminada adeudos o que el IMSS incluya derechohabientes sin aportación, disminuye las oportunidades de servicio para los aportantes, sean derechohabientes o acreditados.

En días pasados se ha activado la polémica por la decisión del gobierno de disminuir a la mitad el subsidio a las estancias infantiles y en su lugar, entregar los beneficios de manera directa a los padres de familia. Es un dilema, el individuo o la organización. El gobierno ha optado por lo primero, sin embargo, el que se afecte a dichos establecimientos perjudica su calidad de servicios y para muchos casos no se da una respuesta profesional al cuidado de los hijos de madres o padres trabajadores. Seguramente la consecuencia será un deterioro de los establecimientos, un incremento en el cobro o la desaparición de algunos, lo que afectará a la población que hace uso de esas instituciones.

De fondo, lo que se aprecia en las decisiones del gobierno federal es un ánimo acendrado de generar igualdad social y a la vez progreso. En esta tesitura, los tomadores de decisiones no deben perder de vista que existe una tesis irrefutable, aquella que dice que la mejor política social es el empleo. Para ello, se requiere que el Estado genere las condiciones propicias para que haya empleos productivos, es decir, aquellos que se derivan de la rentabilidad de los negocios y no de los subsidios gubernamentales.

La sociedad y sus enemigos

La sociedad tiene enemigos; han estado contra ella desde siempre. Son aquellos que con su conducta, conspiran contra los derechos fundamentales de las personas y contra las libertades que nos son comunes a todos. No es, pues, algo nuevo; siempre ha habido criminales, aunque no siempre se les ha tratado de la misma manera. Se dice que el grado de civilidad de un país se mide por el trato que concede a sus delincuentes bajo. Hoy en día, frente a la gravedad de los daños sociales ocasionados por la delincuencia, los modelos nacionales de atención al problema tienen que partir del imperativo de que la sociedad requiere de protección, y esa es la razón del Estado.

A lo largo de la historia, la base más elemental de la justicia penal ha sido la venganza. Es primitiva, y no atiende a lo fundamental. En esa perspectiva, quien la hace la paga y por eso, más vale que sea el Estado el que la cobre. Dejarlo al agraviado entraña riesgos, como el exceso en la acción reivindicatoria del daño o que no se tengan garantías de una justa defensa. Por eso la civilidad se ha acompañado de las garantías del debido proceso. Es fácil acusar, más difícil es probar, y todavía más es llegar a la sentencia mediante una justicia imparcial y rigurosa. La justicia es imperfecta, pero mucho más su ausencia.

Estimo que el problema principal que tiene nuestro país, entre muchos otros, se relaciona con la incapacidad del Estado para proveer justicia, especialmente la de carácter penal. Una sociedad indefensa o impotente frente a quien le hace daño queda expuesta y genera incentivos perversos como es la justicia bajo propia mano, o el sometimiento del conjunto al más fuerte, al más violento, al más decidido a dañar y perjudicar.

Considero que el humor social de los pasados años tiene que ver con una realidad y una percepción que potenciaron el enojo y el rencor de muchos mexicanos. La realidad deriva de un hecho incontrovertible: la elevadísima impunidad que existe en muchos ámbitos de la vida social; la percepción, que las autoridades -de todos los poderes y órdenes de gobierno- no sólo eran incapaces para proveer justicia, sino que participaban de una o de otra manera, por acción o por omisión, por impotencia o incompetencia, en las conductas delictivas.

Como muchos mexicanos, comparto la manera como la política disruptiva, particularmente la del proyecto de López Obrador, ha hecho de la denuncia un ya basta a la situación. Me aparto, sin embargo, de su visión, narrativa y respuesta a la actividad criminal. Considero que para ello es fundamental diferenciar los hechos de las percepciones; además, es sumamente riesgoso formular denuncias genéricas y no actuar en la justicia específica cuando se tiene todo el instrumental del Estado para hacerlo. Bajo ningún estándar es permisible, sensato y constructivo denunciar y simultáneamente perdonar, como tampoco asumir que quien delinque lo hace por necesidad.

Estimo, también como muchos mexicanos, que no se puede transitar por el peligroso camino de la absolución anticipada, ante nadie, pero sobre todo frente a los criminales más perniciosos. La lucha contra la impunidad demanda de acciones ejemplares frente a los enemigos de la sociedad por igual, sin excepción, lo mismo quienes crean situaciones de violencia en las comunidades, quienes extorsionan, quienes trafican con droga, que ex funcionarios que se hayan beneficiado indebidamente del cargo. Como lo ha dicho quien ahora es Presidente de la República, se trata de barrer la corrupción y la impunidad en todos los órdenes, de la manera más efectiva, de arriba hacia abajo.

El país exige justicia; abatir la impunidad es el mejor camino para la certeza de derechos y, especialmente, para la reconciliación social implícita en el actual programa político o la llamada Cuarta Transformación. El camino es actuar proactivamente y con determinación frente a quienes con su conducta amenazan a la sociedad, estén donde estén, sin importar jerarquía o condición. El sistema de justicia se vuelve fundamental en estos tiempos. También una nueva actitud hacia la ley por parte de todos. No solo es cuestión de valores éticos, es de cumplimiento con lo que determina la norma.

Caricaturizar al pasado desde la arenga política, sirve para legitimar al presente, pero no aporta por sí misma solución alguna, y lo que se requiere, una vez consolidado el consenso en torno al gobernante, es la eficacia para responder a la expectativa ciudadana con resultados que no requieran de retórica o explicación.

El presidente López Obrador no solo cuenta con niveles inéditos de respaldo, también en la sociedad hay un mayor optimismo, aunque el enojo al pasado persiste y mantiene expectativas generalizadas y en ocasiones desproporcionadas. En las formas ya ocurrió la transformación, no en los resultados. Por eso es deseable que el gobernante asuma que el cambio necesariamente transita en la atención del principal anhelo de los mexicanos frente a sus enemigos: justicia.

 

Tlahuelilpan y el poder de los símbolos

Liébano Sáenz

“La obra maestra de la injusticia, es parecer justo sin serlo”

Platón

El símbolo no es lo que es, sino lo que representa. La encuesta reciente de GCE sobre la tragedia de Tlahuelilpan revela dos datos aparentemente contradictorios: por un lado, una elevadísima opinión positiva del presidente López Obrador y, por el otro, un franco desacuerdo con la narrativa oficial construida en torno al siniestro. La mayoría asume que los afectados por la explosión son responsables, no víctimas, que no debe haber ayuda económica a los familiares de las personas fallecidas y que el Estado debe fincar responsabilidad legal a los sobrevivientes (https://bit.ly/2UhgnZA).

La discordia que arroja el estudio de opinión remite al poder simbólico del presidente. Lo aparente o coyuntural, no es fundamental, sino accesorio, por eso no cobra impacto en la opinión. Lo relevante es un aspecto en el que hay una sólida conexión y empatía entre lo que el presidente representa y lo que aspiran los receptores de la imagen presidencial: la lucha contra la impunidad.

Efectivamente, el presidente López Obrador es un símbolo antagónico contra lo que es el principal significante de los mexicanos frente a sus dificultades personales, las de su familia y las del país: la impunidad. El agravio de una justicia inexistente o al servicio de intereses, afecta por igual a jóvenes y viejos; mujeres y hombres; ricos o pobres; ilustrados o iletrados; del norte, centro y sur. El problema del régimen anterior fue la percepción, de que la impunidad era la marca del poder, su razón de existencia. El agravio es profundo, incluso mucho más de lo que se puede entender racionalmente.

Por ello, abatir la impunidad fue el mandato de las urnas. Un hombre honesto, comprometido y con entendimiento, como fue el candidato José Antonio Meade, fue percibido como lo contrario. En su campaña no pudo constituirse como lo que era porque los símbolos que le acompañaban y su postura prudente conspiraron contra sí mismo. La embestida contra Ricardo Anaya por supuestos de corrupción, redujeron drásticamente su capacidad para competir.

López Obrador ganó la elección por lo que es y por lo que representa y lo que vemos en estas semanas, es la confirmación de que el presidente entiende que el símbolo compromete y obliga a ser consecuente. Así ha sido en decisiones muy cuestionables y comprometidas desde una perspectiva convencional, como fue el cancelar el aeropuerto de Texcoco o revertir la reforma educativa. En la medida de que su motivación pública sea la lucha contra la corrupción todo será aceptado y aplaudido. Eso ocurre con la acción gubernamental contra el robo de combustible. Por eso es sorpresivo para muchos que el presidente tenga números de aceptación tan elevados (9 de cada 10) a pesar de que la medida haya afectado el abasto de gasolinas y, que haya dado lugar a una tragedia como fue la muerte de un centenar de personas en Tlahuelilpan.

Los mexicanos en los datos de la encuesta de GCE, enjuician con severidad y quizás con exceso, a los mismos pobladores afectados por el siniestro. Desde la perspectiva de la opinión pública, los pobladores por buscar un beneficio indebido e ilegal sufrieron las consecuencias de lo que los otros, los huachioleros, provocaron. Los soldados allí, dice la encuesta, son inocentes, hicieron lo que se podía.

La lucha contra la impunidad implica, necesariamente, acciones legales contra los responsables. Para fundar su embestida contra el robo de gasolina, el Presidente López Obrador hizo señalamientos muy graves y serios respecto a la jerarquía gubernamental, de PEMEX y de la cadena de distribución de las gasolinas. La población le dio la razón, por lo que es de esperarse que haya acción ejemplar consecuente al señalamiento. Sin una actuación a la altura de lo denunciado, el presidente y su gobierno sufriría una merma en la opinión pública. La fortaleza del presidente pende, no sólo de la acción para combatir el robo de combustible, sino en el trabajo para llevar a la justicia a los responsables, particularmente, a los peces gordos de este género criminal. Abatir la impunidad es, obligadamente, una acción de justicia formal, no de denuncia moral.

Los símbolos son poderosos. El presidente por intuición o por experiencia lo entiende. La cuestión es que esto compromete a ser consecuente y a dar resultados. El aval generalizado, amplio y generoso de la población hacia el gobierno alcanza estos niveles porque la gente identifica que el principal compromiso del tabasqueño es contra la impunidad. Esto entraña, necesariamente, un desenlace que no requiere revisión o adjetivación. El gobierno federal debe preocuparse de que la tragedia de hace unos días, no se convierta en el momento que marque el inicio de las diferencias, esas que minimizadas por la soberbia o por el simple desdén, se profundizan y terminan marcando distancias con la sociedad. Tlahuelilpan obliga a revisar el discurso de legalidad para reafirmar el símbolo relevante del sexenio, que no es otro que el propio López Obrador.

El estilo personal de gobernar

A la mitad de los cien días, periodo tradicional para la consolidación del estilo personal de gobernar (Daniel Cosío Villegas dixit), el presidente López Obrador ha dejado en claro la nueva y muy distinta forma de ejercer el poder, al tiempo que gana con creces la batalla de la confianza popular. Algo notable, sobre todo ahora, en una época donde el signo es la polarización y el desprecio por la política, sus instituciones y personajes.

En las siete semanas que lleva su sexenio, el presidente ha evitado acomodarse al ambiente de opinión o de los factores de poder, particularmente el empresarial. Lejos de darles concesiones, como lo venían haciendo sus antecesores, los ha confrontado, y ha ganado en el tribunal veleidoso de la opinión pública, sobre todo, a partir de sus comparecencias matutinas, que le han servido de espacio para definir la agenda nacional.

De hecho, la comunicación del gobernante ha sido clave en este período, en el que se han tomado decisiones críticas que obligan a la explicación y a desarrollar una narrativa consecuente con el perfil político del nuevo gobierno. A pesar de las fallas propias de un gabinete eclipsado por la poderosa presencia política y mediática del jefe, el presidente ha prevalecido y ha tenido éxito a la hora de comunicar. Ocurre así porque es un político que conecta en forma y fondo con el momento de la sociedad mexicana. Sus señalamientos encendidos al pasado se corresponden al sentimiento público mayoritario, que independientemente de veracidades, se alimenta y recrea percepciones y prejuicios.

Esa indignación ciudadana alcanza niveles de rencor social ante el fenómeno de la impunidad, un proceso que es jurídico, social y político. Frente a ella, hay un sentimiento de indefensión y también de impotencia. Y aunque bien es cierto que hay una cuota muy grande de complicidad social ante la corrupción, el narcotráfico o el robo de combustible, el combate a la impunidad le ha ganado al presidente un gran aval social cuando asocia su lucha a combatir la venalidad, así sea la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la lucha contra el robo de combustible.

El triunfo de López Obrador no es coyuntural, es estructural en la medida en que su referente es la sociedad con todo y sus prejuicios, fijaciones y aspiraciones, lo que le lleva a una situación privilegiada en términos de apoyo y popularidad. Ser aceptado no hace a una persona ni a un gobierno bueno. Es un activo, pero hay objetivos mayores. Si el de López Obrador es hacer un país más justo, para ello requiere, necesariamente, no solo un gobierno honesto, también eficaz, pero, sobre todo, una economía con crecimiento a tasas considerablemente mayores a lo que se perfila para los dos primeros años de su administración.

El estilo de gobernar que hemos visto en estos días ha alienado al sector inversionista y sin éste el crecimiento, en el mejor de los casos, es magro. El gobierno ha hecho lo suyo con un compromiso de equilibrio en las finanzas públicas. Ello le ha ganado reconocimiento, más no ha ocurrido así respecto al contenido de la política de gasto, o las decisiones que inciden en la calidad del gobierno, como es la remuneración a la media y alta burocracia, el centralismo o el debilitamiento de los órganos autónomos. La colocación exitosa de bonos no son muestra duradera de confianza; tampoco lo son indicadores coyunturales, como el tipo de cambio o el índice bursátil. Lo fundamental para toda economía es la inversión, y ésta no pude ni debe inhibirse.

Se trata de gestos en los linderos del autoritarismo. Y esa tentación siempre ha estado presente en nuestra historia, más cuando la oposición institucional navega hoy entre la debilidad y el descrédito. El país requiere contrapesos formales e informales porque la tarea de transformar nuestra realidad no es empresa de un hombre, grupo o partido, sino de todos. El presidente a pesar de lo admirable de su persistencia en causas con las que se ha identificado desde sus orígenes, como el combate a la corrupción y a la desigualdad social, en algunos temas suele dar giros contradictorios, como ha ocurrido respecto a la libertad de expresión o la participación del sector privado en los proyectos de desarrollo. Su idea de ratificación de mandato en la elección intermedia es una manzana envenenada, a contrapelo de los principios de la democracia mexicana.

El presidente llega a la mitad de los 100 días con una imagen muy fortalecida en su liderazgo. Pero el problema de la popularidad es que más que iluminar encandila, deslumbra, y puede crear falsas apariencias. Los logros con frecuencia son circunstanciales o secundarios y los costos suelen ser duraderos. Los mayores logros en política no se dan en el consenso obsequioso o pasivo, sino en el marco del debate y la crítica. Eso no está ocurriendo y es un problema para las pretensiones de trascendencia de quienes ahora gobiernan.

Encuesta Nacional. Gobierno, Sociedad y Política (banner)

Una de las premisas de una sociedad libre y abierta es la información. Reivindicar el derecho a conocer y saber es la premisa obligada para el ejercicio pleno de derechos y cumplimiento de obligaciones de los ciudadanos, los actores fundamentales de toda democracia. Hoy día la libertad de expresión se revela como uno de los grandes principios de la sociedad contemporánea.

La información, por su propia naturaleza, es amplia, diversa y compleja. Corresponde a los medios de comunicación, analistas e informadores su selección, jerarquía, organización y, especialmente, su interpretación. Los datos por sí mismos poco dicen; invariablemente demandan de un tratamiento ulterior, de su selección y análisis para así lograr un ejercicio, entre muchos, de posible lectura o interpretación.

Los estudios de opinión son una de las nuevas realidades de la sociedad contemporánea. Cada vez son más las empresas, metodologías, objetos de análisis y difusores de estos análisis. La prensa, la red, la radio y la TV de manera creciente utilizan la encuesta no como instrumento de información y de análisis de la realidad. La opinión no sólo es conocimiento, también se ha vuelto noticia y revelación.


Gabinete de Comunicación Estratégica –GCE–

ha sido un nuevo actor en la materia. No obstante, es una de las empresas que realiza con mayor frecuencia estudios demoscópicos. A partir de 2005, a solicitud de diversos clientes del sector público, privado y político ha realizado más de 500 estudios de opinión sobre distintos temas. Con base en un sentido de responsabilidad y para fortalecer su presencia en el mercado, durante los comicios federales de 2006, previo registro ante el IFE presentó su encuesta semanal de actitudes ciudadanas respecto a la elección y las campañas de los partidos y sus candidatos. Ahora, pone al alcancedel público el estudio Encuesta Nacional. Gobierno, Sociedad y Política.

Los estudios de opinión son aproximaciones a la realidad. Por su propia naturaleza no cumplen con la expectativa, frecuente en un sector del público, de que la encuesta refleje de manera unívoca y exacta la realidad. Salvaguardas técnicas como margen de error, nivel de confianza o los propios derivados de la dificultad de los estudios de opinión (ejemplo cómo preguntar) se eluden y se demanda grados de exactitud y precisión incapaz de lograr. El desconocimiento de los límites intrínsecos a la disciplina, ha llevado que el optimismo y la confianza que se depositó inicialmente en ellos, ahora se acompañe de una creciente reserva sobre su calidad y ejecución. Lo acontecido en los comicios locales recientes abona a ese infundado, pero explicable desencanto con los estudios de opinión relacionados con la medición de preferencias electorales.

A partir de esta circunstancia, una observación crítica de la que somos acreedores quienes realizamos o difundimos estos estudios es el no plantear ante el público los límites de la encuesta. Nuestro objetivo es presentar la descripción de la realidad a partir de aproximaciones y no certezas. Respecto a esto, es preciso señalar que la encuesta es una fotografía borrosa –valga la metáfora– pero auténtica de la realidad. Por su parte, la realidad es compleja, es un devenir, es la condensación de diversos procesos que cambian y se reacomodan en el tiempo. Así ocurre en temas políticos y electorales como en cualquier actividad social. Esta situación es necesario tenerla presente, porque la encuesta lo que nos revela, más que una explicación final y concluyente de la realidad, es un segmento de dicho dinámico e invariable devenir. En este afán de conocer mejor a la sociedad y que la sociedad se “exprese” mediante el cuestionario expuesto a un público representativo, damos lugar a un diálogo colectivo tan válido como útil. En este caso, GCE presenta más que una encuesta, 32 estudios levantados de manera simultánea en todo el país que contienen una selección de temas fundamentales para aproximarnos al mosaico diverso y complejo de los muchos Méxicos que integramos la nación.

La incursión de GCE en el mundo de los estudios de opinión, se acompaña del propósito de contribuir a un mejor conocimiento de la realidad mexicana.

A este objetivo se corresponde el trabajo ahora a su disposición. Obvia decir que es mucho lo que hay por conocer. Lo que ahora se presenta es una colaboración entre muchas otras, en la difusión de este conocimiento. GCE lo realiza a partir de un extraordinario esfuerzo propio, con el apoyo generoso de muchos especialistas, técnicos y académicos, con la expectativa de continuidad en el estudio a manera de cumplir el deseo de la secuencia histórica y el interés genuino de que otras entidades amplíen o participen en el espectro de análisis.

Sirva esta breve introducción para expresar gratitud a todos aquellos que han hecho realidad este producto y, particularmente, dar la bienvenida a los destinatarios de este trabajo, a los lectores y especialistas que habrán de descubrir en las cifras, gráficos y cuadros, los rasgos particulares del México de nuestros tiempos.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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