Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La Antología universal del discurso político

La Presidencia Moderna

La Antología universal del discurso político es un monumental trabajo de recopilación que ha logrado sintetizar en dos volúmenes más de dos mil años de historia humana en las palabras de sus protagonistas. A partir de un cuidadoso y estricto criterio de selección, se han elegidolos persona¡es y discursos más representativos que ilustran la forma de pensar de diversas épocas.

De este modo, hoy podemos dar continuidad a la evolución de las ideas políticas desde la antigüedad hasta nuestros días: desde Sócrates, Jesucristo y Alejandro Magno, hasta Winston Churchill, Mahatma Gandhi y el Che Guevara. El lector tiene en sus manos la reunión más completa de las voces que han definido los acontecimientos decisivos y los grandes periodos históricos: el mundo grecolatino, la Edad Media, la Conquista de América, la Ilustración, las guerras mundiales y los movimientos sociales más importantes de la era contemporánea

Discursos, decretos, cartas, manifiestos, artículos, promulgaciones y libros de todas las épocas han sido la fuente de esta descomunal tarea que ahora Sanborns presenta al público en una edición de lujo

Gobernadores, impuestos y gasto

El contar con un régimen fiscal homogéneo ha sido uno de los grandes pasos del federalismo fiscal. Permitió mejorar la recaudación y crear un sistema fiscal único, en el cual los estados permitieron que sus impuestos fueran recolectados por el gobierno federal, un logro, que con el tiempo ha generado la idea falsa de que los recursos son del gobierno central. No nos equivoquemos. Las participaciones son la manera de regresar a los estados y municipios lo que les pertenece.

Otro problema generado por el pacto fiscal vigente es que su operación ha inhibido a muchos estados y municipios para fortalecer sus ingresos propios. Sólo como ejemplo, México tiene una de las más bajas recaudaciones en el mundo en el llamado impuesto predial, con implicaciones no sólo sobre la insuficiencia de recursos a municipios, sino en la elevadísima especulación de la propiedad inmobiliaria, ya que en muchas partes simplemente no tiene mayor costo su retención.

Un grupo significativo de gobernadores ha reclamado a la federación revisar el modelo hacendario. La exigencia viene de mucho tiempo atrás. Por lo mismo, es importante que el nivel que ha alcanzado este desencuentro derive en diálogo, y a su vez, en la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que dé curso a lo razonable y deje al margen lo que no tiene lugar en un país con escasez presupuestal, con necesidades apremiantes y desigualdades regionales significativas.

Ha sido una mala señal para el acuerdo y la confianza que, en el Congreso, la mayoría imponga su voluntad a partir no de la convicción o de la razón, sino de la instrucción dictada desde el Palacio Nacional, como ocurrió en el finiquito de los fideicomisos. Igualmente, puede decirse en materia de presupuesto.

El Presidente es un convencido de que tiene el mejor modelo de gasto y de inversión. Esta visión no es compartida por muchas entidades y regiones, sobre todo cuando son excluidas de las prioridades en el gasto público. Situación que se agrava por la asignación directa de obras o por un gasto social sin reglas de operación. Insisto, es necesario el diálogo y una Convención Hacendaria, seguramente bajo el nuevo mapa de poder que definan las elecciones de 2021.

Las Intermedias

Después de 1991, siendo Colosio dirigente del PRI, ningún partido gobernante ha vuelto a incrementar su presencia en la Cámara de Diputados en elecciones intermedias. Es explicable que los presidentes busquen no sólo ver ratificado su gobierno con votos, sino que su partido tenga suficiente músculo legislativo para dar espacio a la agenda de la segunda mitad del gobierno.

Lo inédito de los comicios próximos es que concurren elecciones locales prácticamente en todas las entidades, 15 de éstas con elección de gobernador. Por esta consideración estimo que la prospectiva que muestran los sondeos de opinión en estos momentos es imprecisa, por no decir inexacta. Se está midiendo o evaluando al partido menosdesacreditado; al partido gobernante le favorece su corta historia y la imagen favorable de López Obrador.

En la prospectiva, deben considerarse dos planos de la contienda: el nacional, que polariza y hace a Morena el partido a vencer, con la discusión de los temas generales, particularmente el desempeño del Presidente, y el local, que es la disputa que en cada entidad o municipio tiene lugar y en el que MORENA es una opción entre tantas. La tendencia en elecciones concurrentes es que el cargo ejecutivo es el que más influye en la definición de la intención de voto, esto es, gobernador y presidente municipal.

Los candidatos a gobernador y presidente municipal serán clave para el desenlace en la integración de la Cámara de Diputados, con un elemento adicional: los partidos aliados al gobernante no pueden o no les conviene, acordar una coalición total. A los de nuevo registro la ley se los impide, y para el PT y PVEM, salvar su registro los obliga a tener candidatos por su propia cuenta en comicios locales.

Si prevalece el plano local en la elección intermedia, es difícil que el partido gobernante supere el porcentaje de votos de la elección de 2018. Esto significa que se quedaría corto, por 30 o 40 diputados, o quizás más, para alcanzar la mayoría absoluta. El resultado sería un giro importante en la política y especialmente, en la actitud del gobierno ante la pluralidad. Hará mucha falta lo que de por sí escasea ahora: negociación y acuerdos.

Los unicornios y los políticos

Siempre resulta de la mayor relevancia y pertinencia el debate y el análisis de los temas públicos. La crítica mediática es un rasgo central de la democracia. Los medios no son la opinión pública, pero son agentes centrales en la formación de consensos y disensos no sólo respecto al gobierno, sino a muchos otros temas de la agenda nacional.

La crítica no debe confundirse con la oposición. Puede haber opositores en el ejercicio de la crítica desde los medios y, aunque menos común, periodistas, incluso algunos de excelencia como Miguel Ángel Granados Chapa, que deciden incursionar en la política. También hay medios escritos cuya política editorial e informativa puede tener una clara intencionalidad o posición ante el poder. Todo es permisible. Lo óptimo es que haya medios buscando mantener un equilibrio en la cobertura noticiosa o en la opinión.

El gobernante debe observar lo que se dice de su gestión en los medios, tarea que debe hacerse con la piel dura, el oído fino y manteniendo a distancia la emoción y el prejuicio. Es difícil que así lo asuma quien gobierna, todavía no conozco un gobernante que no se sienta incomprendido al leer o escuchar la crítica; sin embargo, la evaluación objetiva de la prensa sí es responsabilidad profesional de quienes le acompañan.

No soy de la idea que el gobierno haga pública su valoración de los medios. La información que le han presentado al Presidente para que sostenga su dicho de ser el mandatario más atacado es evidentemente incompleta y sesgada. Además, lo que más impacta a la opinión pública no son las columnas, sino los teasers, las primeras planas o la cobertura informativa.

Los políticos tienen una forma muy singular de entender su relación con los medios. Bajo cualquier estándar es difícil justificar las opiniones y los juicios de la autoridad cuando invocan su derecho a la libertad de expresión respecto a periodistas y medios de comunicación, derecho que, por cierto, es propio de los ciudadanos precisamente para defenderse del poder. Las autoridades sólo tienen la obligación de informar con objetividad. Los unicornios y los políticos que aguantan la crítica sí existen, pero todavía nadie ha visto uno.

El pasado empezó ahorita

Mucho se ha dicho de la consulta para juzgar a los ex presidentes. El debate se ha centrado en un tema fundamental para su viabilidad, pero secundario para su realización, esto es, su constitucionalidad. La SCJN ya resolvió esto último, para ello modificó la pregunta y también la naturaleza de la consulta, es decir, el resultado no obliga ni compromete a la fiscalía, sólo se refiere a las autoridades o al Congreso. La senadora Beatriz Paredes ha presentado objeciones dignas de atención.

Lo relevante de la consulta debe ser la eficacia. Las dos preguntas son ociosas. La versión original, lo es por las razones expuestas por el ministro Aguilar Morales; la versión corregida por los ministros, porque, al decir de ellos, indagar el pasado no requiere permiso.

El sentido de una consulta es resolver dilemas sobre los que se tiene que decidir, una obra, ley o una acción específica. Si los altos servidores públicos de años pasados tomaron decisiones contrarias al interés nacional, eso debe investigarse, no se requiere de preguntar. La autoridad debe definir postura sin trasladar a la ciudadanía lo que es de su responsabilidad. Los mexicanos demandan acabar con la impunidad y eso implica a todos, pasado y presente.

Recabar la opinión de la gente atañe una didáctica democrática y más cuando las decisiones se pueden valorar a partir de los resultados y sus consecuencias. Poco sirve una consulta para utilizar el expediente con un evidente sentido electoral. Por ello los legisladores decidieron separar la elección de la consulta, y así impedir que un tema susceptible de manipulación interfiriera con la elección de autoridades y representantes populares.

La SCJN hizo bien en enmendar la inconstitucionalidad del proyecto inicial. La autoridad o el Congreso deben tomar la decisión, con o sin consulta, sobre la investigación del pasado, y hacerlo de manera responsable e imparcial. Particularmente si en el nuevo escenario propuesto por la Corte, la revisión amplia del pasado habría de incluir la manera como el gobierno de la República ha manejado la crisis sanitaria, las compras mediante adjudicaciones directas, la cancelación del NAIM o la desaparición de fideicomisos, entre otros asuntos cuestionados. El pasado empezó ahorita.

 

La Corte y la consulta

Una vez pasada la tormenta mediática de los primeros momentos, lo menos que se puede decir es que la crítica al voto de la Corte sobre la consulta ha sido desproporcionada. El clima político impide ver en sus términos la manera como el máximo tribunal resolvió un tema jurídicamente complejo. Se optó salvaguardar el derecho ciudadano a participar y al mismo tiempo, por la justicia sin interferencia y bajo estricta legalidad.

Sorprende que cada extremo vea en la resolución de la Corte justo lo que no existe. El tribunal no sólo reformuló la pregunta, sino cambió su naturaleza. Con ello se salvó lainconstitucionalidad que advirtió la lúcida ponencia del ministro Aguilar, y se atendieron observaciones de gran valor, como las del ministro Laynes.

La consulta no será para decidir si se debe actuar penalmente contra los ex presidentes, hay consenso que para proceder contra un presunto responsable no se requiere de aprobación alguna. La justicia no está sujeta a consulta o a voto mayoritario. De lo que se tratará es que el Congreso o el gobierno realicen las acciones pertinentes para esclarecer la responsabilidad de autoridades por decisiones en años pasados.

Es muy importante que la decisión de la Corte sirva para un quiebre en el ambiente de polarización que se padece y que afecta al país. Los retos por delante requieren de unidad. Para ello es preciso diferenciar el plano de la disputa política y electoral, del de la unidad para superar la adversidad y recuperar bienestar y crecimiento.

La economía requiere de certeza. El gobierno debe ser el primero en aportarla, bajo la aceptación compartida de que la inversión privada es fundamental y su presencia no requiere de privilegios ni ventas asociadas al abuso, simple y sencillamente que se respeten los contratos suscritos, la ley y los procedimientos judiciales.

La confrontación es un elemento nocivo que distrae y paraliza. La Corte cumplió con una difícil tarea. Cualquier decisión sobre la consulta hubiera sido polémica. Por eso, la descalificación parte de bases falsas. La decisión de los ministros es consecuente con el principio de que la justicia no se vota ni está sujeta a consenso o expresión mayoritaria.

 

Punto de inflexión

El país requiere hallar un punto de inflexión. Lo retos llaman a eso. En política, lo más relevante es identificar el plano de disputa legítima por el poder y el del interés nacional, donde todos lo mexicanos debemos estar unidos en torno a lo que nos interesa y atañe. Disentir, criticar y diferenciarse es normal en toda democracia. Tenemos una ventaja: a pesar de los problemas y las dificultades, hay cohesión social y este preciado hecho debe servirnos como nuevo punto de partida.

La sesión del próximo jueves del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de definir la viabilidad de la consulta para someter a proceso penal a cinco ex presidentes. Es el momento para un llamado a la unidad, con mayor razón si el criterio de la mayoría del tribunal es en sentido contrario a la solicitud del Ejecutivo federal. La impunidad no debe prevalecer donde haya delito, pero toca enfocar la mira en el porvenir.

México es un gran país, más allá de la retórica en curso, mucho se ha logrado a lo largo de toda su historia. La crisis actual es profunda, es muy seria y repercute en varios ámbitos, sin embargo, precisamente por lo que se ha construido, existe todo al alcance para transitar con éxito la adversidad y avanzar hacia el futuro, incluso a mejor ritmo respecto a años pasados.

El Presidente tiene derecho a desear que el desenlace de los comicios de 2021, especialmente el de la Cámara de Diputados, le permitan contar con una fortaleza legislativa para la segunda mitad de su gestión. Los límites los define la ley, no la justicia ni la superioridad moral. En el marco de los comicios, el país merece un debate serio, sin insultos ni descalificaciones, sobre los grandes problemas nacionales y la mejor manera de atenderlos.

Por eso, quienes apuntan a la renuncia del Presidente cometen un grave error, además de que no hay espacio legal ni político para tal pretensión. Quizá no es su intención, pero con ello contribuyen a la polarización, niegan el sentido del mandato democrático manifiesto en las urnas y, encima, propician que la crítica o la oposición sean desacreditadas. Lo fundamental en toda democracia es la coexistencia de las diferencias, no su supresión.

Democracia interna en los partidos

Los partidos políticos no sólo son entidades de interés público, también tienen el monopolio para acceder a la representación política o al cargo público. En todo el mundo están muy desprestigiados, en México también, pero no ha habido mediación que los reemplace. Los mecanismos de democracia directa con frecuencia son infructuosos y difícilmente pueden ser instrumento que supla al sistema representativo. En el mejor de los casos lo complementan.

Justo por su función y naturaleza, es que la ley regula a los partidos. No comparto el sistema rígido mexicano para el reconocimiento de las nuevas organizaciones partidistas. La libertad de asociación debe facilitarse. En todo caso, se debe condicionar el acceso a las prerrogativas, pero no al derecho de participar en elecciones.

La democracia dentro de los partidos debe ser obligatoria en cuanto a la selección de candidatos. La definición de dirigencia es un proceso diferente. Es un tema interno, por lo que debe dejarse a las prácticas, reglas y condiciones de los propios partidos. Por esa consideración no comparto la decisión que ha asumido el Tribunal Electoral al obligar al INE organizar una encuesta para resolver la renovación de dirigencia del MORENA. Además de ilegal, es una intromisión en la vida interna del partido.

El INE no tiene dentro de sus facultades volverse órgano elector de dirigencias. Por razones excepcionales derivado de la pandemia, es explicable que no se haya podido dar curso al proceso de renovación previsto por el partido en comentario, y por la proximidad del proceso electoral, lo más sensato hubiera sido posponer la renovación de la dirigencia. No ocurrió así y la determinación le ha significado un perjuicio a dicho partido, adicional a los problemas de circunstancia y los que se derivan de ser el partido en el poder.

Si bien su definición ideológica la marca el día a día de Palacio Nacional, MORENA tiene buenos prospectos de dirigente, dispuestos a perfilar un futuro que los identifique más allá de la figura de López Obrador en el espectro de las opciones partidistas del país. Es un partido muy importante y requiere que las autoridades contribuyan a su consolidación institucional, no a su deterioro.

El diálogo y la confianza

La polarización escala a niveles cada vez más preocupantes en el país. A ratos, pareciera que la posibilidad de construir acuerdos se aleja irremediablemente. Sin embargo, en lo complicado del momento, no hay más alternativa que reivindicar la herramienta fundamental de la política, el diálogo. Hacerlo amplio, a pesar de las naturales reservas y “asegunes”, es un imperativo. La vía sólo debe estar cerrada para quienes de manera sistemática han optado por la muerte y la violencia, esto es, el crimen organizado.

Si partimos por aceptar que para la recuperación económica y social del país es fundamental la confianza, nadie mejor para aportar a este propósito que el Presidente de la República. En varios sentidos diálogo y confianza van de la mano. El Presidente tiene el mandato y la autoridad, esa circunstancia le permite decidir y definir. Siempre será mejor hacerlo escuchando, no sólo al círculo cercano, también al independiente y, por qué no, al crítico o al que se opone. Esta decisión es de carácter e inteligencia. No hacerlo es debilidad.

El país requiere del liderazgo del Presidente como principio de orden institucional. Su compromiso con la necesaria vía del diálogo debe acompañarse con una postura de menor confrontación a quien no comparte sus tesis. Tiene todo el derecho de defender lo que pretende, pero no a descalificar a los demás. Aunque no es propio de un estadista dinamitarlos, hay puentes que no se cruzan jamás. Pero hay otros por los que forzosamente habrá de transitar su gobierno y el país.

El Presidente tiene fuerza y autoridad. Los años por venir van a requerir también de temple, prudencia y un sentido de conciliación para lograr que cada quien cumpla con sus funciones y responsabilidades con México. El gobierno creando condiciones legales y sociales propicias para la inversión; las empresas arriesgando capital, generando los empleos que tanto se necesitan. La oposición como contrapeso del poder, vigilante de las políticas públicas. Las instituciones fundamentales normándolo todo. Y todos aceptando que vivir en democracia conlleva obligados voluntades y acuerdos compartidos.

Gasto y dispendio

No le falta razón al Presidente en lo referente al excesivo gasto público de los altos funcionarios y en las numerosas entidades públicas autónomas o independientes creadas en el proceso de desconcentración del poder. Al amparo de los elevados precios internacionales del petróleo que ocurriría a principios de siglo, el gobierno pudo fondear la diversificación y modernización de la administración pública. El gasto corriente se incrementó significativamente, pero no solo del gobierno federal, también el de los estados, municipios y el del poder legislativo.

Ya no hay riqueza petrolera, ni la habrá. El llamado del Secretario de Hacienda de reducir el gasto atiende a la nueva realidad del país y de la economía nacional. El desafío hacia adelante es la optimización del gasto y que su reducción no afecte la calidad de los servicios públicos ni la tarea de las instituciones. La austeridad a rajatabla bien puede ser contraproducente.

El gasto electoral es significativo, no necesariamente excesivo. De hace tiempo se optó por un modelo de autoridad electoral y de financiamiento a partidos y campañas con un impacto importante al presupuesto. El IFE y el INE, así como el Tribunal Electoral han sido instituciones de la modernidad democrática que pasan con creces la prueba de lo satisfactorio. Igualmente se puede decir del Poder Judicial Federal y de la Corte.

La crisis fiscal del Estado mexicano obliga a una redefinición del gasto que no trastoque ni ponga en riesgo lo avanzado. A todos debe involucrar, poderes, órdenes de gobierno, entidades autónomas. También es inevitable repensar el régimen fiscal vigente y la relación con los Estados y municipios, los que deben incrementar sus ingresos por la aplicación del gravamen de la riqueza inmobiliaria al mismo nivel de países con realidades semejantes.

Más allá de los gritos y sombrerazos y de las heridas autoinfligidas, siempre he creído que, si el legado de este gobierno es el de la probidad, el del cuidado del patrimonio al amparo de una austeridad que no riña con el buen servicio público, será un logro de proporciones históricas. Se necesita pulso de cirujano para podar el árbol, sin que se pudra la raíz.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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