Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La disyuntiva del poder

Todo régimen establece las condiciones de su propia legitimidad. Pocos lo logran, sobre todo en estos tiempos, en los que la sociedad está sobreinformada y exige gran diversidad de bienes materiales y recompensas inmediatas. En el colapso del gobierno anterior, mucho tuvo que ver la incapacidad de sus líderes y beneficiarios para entender la magnitud y las causas de su deterioro. En vez de leer correctamente la realidad, se prefirió ignorar lo incómodo y se optó por dejar pasar los problemas para que el tiempo por sí mismo los resolviera. Sin pretenderlo (o por soberbia), las élites conspiraron contra el sistema; el triunfo de López Obrador fue consecuencia natural del desgaste del poder público.

La posición del grupo ganador es diferente del pasado, aunque muchos de los desafíos y problemas persistan. En términos de legitimidad, el resultado democrático aportó un piso sólido y amplio. El tema ahora es el sentido y la profundidad del cambio. El mandato de un nuevo régimen y el dominio político, institucional y mediático han otorgado al presidente un margen muy amplio de maniobra. En este contexto, la disyuntiva actual parece estar entre la personalización del poder o la creación de una nueva institucionalidad que dé fuerza y autenticidad a la democracia mexicana. El reto empieza por dilucidar si el anhelo de cambio lleva a destruir (como parece) las instituciones propias del sistema democrático, justamente las que hicieron posible el triunfo de quienes hoy están en el poder.

La historia nos enseña que toda forma de poder también crea en su interior sus condiciones de deterioro. Los valores, la claridad de proyecto y las instituciones representan la mejor salvaguarda para evitar que el oportunismo se imponga. El culto a la personalidad es una de las tradiciones más perversas y perniciosas de la política nacional, desde la Independencia. El mandatario debe mantener distancia del halago interesado. El poder conlleva administrar intereses y decisiones que benefician o afectan. Los valores imponen límites, el proyecto da sentido y la institucionalidad acota las decisiones y las blinda contra la arbitrariedad. Un gobernante requiere fortaleza de carácter para no caer en la debilidad, propia de la condición humana, que se ve mayormente expuesta con el poder de la investidura. Los favoritos no son sólo los que se enriquecen, también los que hacen mal uso de la confianza que se les dispensa.

Por ello la prudencia y la mesura son atributos muy preciados del buen gobernante. La pasión debe ser conducida por la senda de la razón. En los menesteres de la administración del poder, la indolencia es pecado capital; delegarlo con frivolidad, como ha ocurrido en el pasado inmediato, es desentenderse de la responsabilidad básica, sin importar la capacidad, destreza o lealtad de quien obtiene la confianza de hacerse cargo. Así planteada, la ausencia del gobernante impide construir una dinámica de equipo con liderazgo, fundamental para el buen ejercicio del gobierno.

Ningún presidente que se haya planteado como propósito trascender en la historia lo ha logrado de manera exitosa. Más aún, en el siglo pasado tenemos ejemplos de presidentes que, al pretenderlo, hicieron mucho daño al país y a su propio proyecto. Esto sucede porque no es la circunstancia ni la voluntad la medida para prevalecer en el tiempo: es el carácter para tomar decisiones, el temple para resistir la presión, la persistencia para no abandonar el proyecto y, particularmente, la visión a largo plazo del país que se quiere heredar a las futuras generaciones.

Por eso, resuelta la legitimidad de origen, la disyuntiva del presidente López Obrador es la personalización del poder bajo el espejismo de que es la mejor manera de trascender o el ejercicio democrático del poder presidencial en su mejor expresión (la visión republicana). Lo primero invita a la confrontación; lo segundo, a la conciliación. Es decir que, en el proceso propio de revisar lo que existe, debe haber sentido para rescatar lo mejor y construir, mucho más que para desplazar o destruir.

La circunstancia de México es complicada; por igual invita al pesimismo que al optimismo. La medida del éxito no es la aceptación pública del gobernante, mucho menos cuando la oposición formal y fáctica vive uno de sus peores momentos. El silencio que existe es de derrota, pero también de miedo, y eso no es útil ni siquiera para el gobierno mismo. Una oposición diezmada afecta la lógica de corresponsabilidad y coexistencia del sistema democrático.

Si de trascender se trata, al presidente corresponde apostar menos a la precariedad del ejercicio personal del poder y mucho más al proceso institucional, tanto al existente como al que deberá crearse como parte del cambio. El equipo de gobierno, su partido y la fuerza legislativa que lo acompañan deberán entender que la mejor forma de garantizar el tránsito al futuro es comprender la circunstancia en toda su complejidad, para que lo nuevo no sorprenda por serlo, sino por su consistencia para dar a México bienestar, libertad y justicia.

Armas y migración

Al momento de hacer un balance respecto a los alcances de la nueva política migratoria, el canciller acierta en llevar a la mesa de los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos el tema de las armas que ingresan al país de manera ilegal. El gobierno mexicano ha cumplido, más allá de la expectativa, en reducir el tránsito de migrantes ilegales por el territorio nacional. Ha sido una decisión difícil y compleja, pero los resultados hablan por sí mismos, y es evidente que las autoridades norteamericanas deben estar complacidas con lo alcanzado, si bien es cierto que no dejarán de exigir continuidad en el esfuerzo.

Los logros en migración —que para algunos representan un acto de cesión de soberanía, puesto que estamos ante una colaboración impuesta por un país extranjero— dan, sin embargo, amplia autoridad a México para tratar un tema de la mayor importancia para la seguridad nacional: el tráfico de armas. En Estados Unidos hay una política permisiva en cuanto a armas, como no ocurre en ninguna otra democracia. Algunos de los estados de la Unión han restringido el comercio de armas, particularmente las de alto poder. Sin embargo, la tradición del derecho a estar armado y la presión de poderosas agrupaciones que defienden el libre comercio de armas, afectan notablemente el debate generado a raíz de repetidos actos criminales o masacres contra población inocente. Los hechos de sangre han ocurrido lo mismo en espacios públicos que en instituciones educativas o edificios religiosos. Cualquier persona puede hacerse de un arma, y los reiterados incidentes así lo comprueban.

México se ha tardado en hacer de este asunto un tema fundamental para la agenda bilateral. Esto no es explicable ante la elevada cuota de sangre en el país a lo largo de las dos últimas décadas. La contención del comercio ilegal de armas no se logra con anuncios preventivos en los puertos terrestres de ingreso. Debe concertarse con las autoridades norteamericanas un acuerdo para contener el tráfico de armas e incluso, en los casos de armas utilizadas en acciones criminales, debe rastrearse a sus propietarios originales para que asuman las consecuencias legales. Con ello habría un mayor cuidado respecto a la venta irrestricta de armas, sin necesidad de modificar el régimen que permite su libre comercio. Por lo menos dos terceras partes de las armas ilegales que circulan en nuestro territorio tienen su origen en esa permisividad hoy cuestionada.

Para un sector de la opinión resulta difícil entender la relación del gobierno del presidente López Obrador a partir de su contraparte. No es sólo la imagen negativa del presidente Donald Trump, sino también la ola antimexicana en el país vecino, en la que ha participado activamente el inquilino de la Casa Blanca. Por eso cobra importancia tener una política exterior con sentido de mesura, que haga frente a los temas que son comunes a las dos naciones y abandone las baladronadas del pasado que tanto afectaron la relación y que nada lograron. Lo que se está haciendo en la relación bilateral es lo mejor para el interés nacional y, al contrario de lo que muchos suponen, permite al país mantener una postura de inteligente prudencia como respuesta a la hostilidad hacia México del gobierno y de diversos sectores de la población estadounidense.

Lo que debe quedar claro del modo en que el gobierno federal encara los retos de una relación difícil —como la que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia con nuestro vecino del norte— es que México no puede ser lugar de libre tránsito para el migrante hacia Estados Unidos ni tampoco puede erigirse como “tercer país seguro”. El presidente López Obrador modificó su postura inicial y logró acreditar —no sólo con las autoridades estadounidenses, sino con los mismos connacionales— una actitud responsable en el tema migratorio. Se ha recurrido a los medios al alcance sin perder sentido de firmeza, y hay un sentimiento compartido por todas las autoridades mexicanas de salvaguardar los derechos humanos. El problema es mayúsculo, y en poco tiempo se ha podido modificar la idea de que el territorio nacional era espacio libre no sólo para circular, sino para ingresar a Estados Unidos, lo que rescata la soberanía territorial del país.

En este complicado entorno, hemos dado pasos importantes en muy poco tiempo. Pero uno de los temas pendientes en la agenda bilateral, crucial para el bienestar del país y la economía nacional, es la ratificación del T-MEC. No es un proceso sencillo. Incluso la líder demócrata, Nancy Pelosi, estos días ha dicho que el acuerdo debe modificarse. Uno de los mayores éxitos del gobierno anterior fue el acuerdo entre autoridades y haber tenido la sensibilidad de incorporar en la representación nacional a integrantes del equipo del presidente electo. No queda duda de que el gobierno de México ha hecho su parte para hacer valer su condición de buen vecino. Ahora corresponde a las autoridades estadounidenses cumplir su parte.

El desafío de la legalidad

La legalidad siempre será aspiracional. Esto es así porque no es un bien tangible, una meta a la que se pueda llegar una vez y para siempre o por decreto, sino una batalla de todos los días y en muchos frentes. La ley es protección al particular y límite a la autoridad. En México hemos asumido la falsa pretensión de que la ley por sí misma logrará cambiar la realidad, y por eso hay un exceso de derechos que revelan la aspiración de una generación, pero no tienen expresión en los hechos. Así, la ley se desacredita, pero la ley es fundamental para el ciudadano y para la autoridad. Es, sobre todo, un medio para actuar en función del interés general y dejar al margen la arbitrariedad o el ejercicio caprichoso del poder.

Justamente por lo anterior son de celebrar las expresiones del presidente López Obrador del pasado miércoles sobre que no se puede legislar en función de los intereses particulares. Estamos frente a una aclaración pertinente que el mandatario expresó por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional, quienes en la víspera parecían decididos a cambiar la Ley Orgánica del Congreso con el fin de mantenerse en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Tiene razón el presidente: no se debe legislar para resolver un caso concreto. Una de las mayores crisis que enfrentó el país ocurrió en los días siguientes al magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El presidente consultó con el dirigente del PRI y la presidenta de la Cámara de Diputados para legislar y así abrir las opciones de candidato sustituto, pues los miembros de su gabinete estaban legalmente impedidos. La respuesta que recibió de Fernando Ortiz Arana y María de los Ángeles Moreno fue concluyente: no se podía legislar para resolver el caso concreto, por crítico que fuera el momento para México y para el presidente.

La intención del Morena de la Cámara de Diputados es inaceptable porque pretende modificar la ley para un caso concreto. En este mismo tenor acierta el presidente al calificar como indebido el cambio que se ha intentado en la Constitución de Baja California para ampliar el término del mandato del gobernador electo. Esta aclaración es significativa y es un claro mensaje para que las mayorías legislativas y todas las instituciones que dan soporte a nuestro sistema democrático tengan un sentido de responsabilidad y ética políticas. El llamado presidencial es oportuno si tomamos en cuenta que, en el grupo de Morena en la Cámara de Diputados, surgen, cada vez de forma más reiterada, impulsos poco avenidos con la ley y la cultura democrática.

Los hacedores de leyes deben ser ejemplo en el apego a la legalidad. Por eso lastima lo que ha ocurrido en el Congreso de Veracruz respecto a la suspensión del fiscal Winckler y en el de Baja California con la extensión del mandato del gobernador electo. Por lo mismo es importante que el Congreso Federal sea en estos momentos un referente de legalidad y de sentimiento democrático a partir de la coexistencia de los diferentes.

Reitero mi convicción en que el desafío mayor de México es abatir la impunidad. Es cierto que el problema que hay en materia de corrupción se debe a la impunidad. También la violencia y la ola delictiva de las dos décadas pasadas en mucho tienen que ver con la incapacidad de llevar al delincuente ante la justicia. Lo mismo se puede decir para la actividad económica: los negocios requieren certeza de derechos, medios confiables para dirimir diferencias y sanción o compensación justa y suficiente.

En la medida en que las autoridades y las personas asumamos todo lo que implica el camino de la legalidad, México será mejor. Más aún, el cambio que pretende el actual presidente, si sólo se concretara en hacer un país de leyes, significaría la transformación más trascendente y positiva para el futuro. Sus implicaciones tendrían muchos alcances y sin duda llevarían a la prosperidad y a la justicia que tanto se anhelan. La nación ha dado vueltas en círculo alrededor de lo que fue el mayor propósito de los jóvenes liberales del siglo XIX, malogrado por la incapacidad de sus autoridades y de sus élites para transitar por la legalidad. Incluso mentes lúcidas y privilegiadas como las de Emilio Rabasa y Justo Sierra vieron en la Constitución de 1857 un obstáculo para el progreso y se inclinaron por la seducción del gobierno de Porfirio Díaz.

En el siglo XX, interiorizamos en el diseño de nuestras leyes el deseo desmedido de que las cosas cambiaran al incorporarlas en la ley. El derecho a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda digna y a la justicia expedita no se satisface por estar en la ley, sino por la capacidad del Estado y sus instituciones para hacerlo realidad. Lo que ahora debe motivar a nuestra generación y a las del porvenir es que las personas y las autoridades asuman el cumplimiento de la ley como la única y más consistente plataforma para lograr un México con desarrollo y con justicia.

Primera estación

El 1º de septiembre ha sido, invariablemente, la medida de los tiempos del país. El gobierno dividido que comenzó en 1997 cambió el ritual marcadamente presidencialista de la ceremonia de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en la que el presidente rinde su informe. Se cambió la Constitución, y también las leyes. De alguna manera el Poder Legislativo recuperó dignidad y su propio espacio. Sin embargo, el modelo comunicacional que ha pretendido reducir la promoción personalizada con recursos públicos propicia un periodo de intenso abuso publicitario. Así ha sido desde que se cambió la ley y así continúa siendo, a pesar de las nuevas formas y estilos de este gobierno.

La realidad es que el presidente López Obrador llega a su primera estación de paso en condiciones singulares: por una parte, un respaldo popular amplio; por la otra, resultados poco favorables en diversas materias, sobre todo en economía y seguridad. El aval de la mayoría de los mexicanos es un importante activo, pero también es un compromiso. Por lo pronto, las formas y las intenciones se convalidan; sin embargo, es evidente que muchos que ahora lo respaldan están a la espera de resultados.

La relación del presidente con la sociedad tiene su genealogía: de parte de él, como un persistente luchador social denunciando el abuso del poder y la corrupción; de la sociedad, esperando más de sus autoridades, aunque ello signifique el riesgo de perder aprecio de lo mucho que se ha alcanzado, especialmente en materia de libertades y democracia. La percepción de venalidad generalizada, degradación pública e insatisfacción por lo que existe, ha generado una sociedad bajo el signo del descontento.

De ese descontento se ha pasado al optimismo. Por la magnitud de la expectativa, el riesgo es transitar al desencanto con todo lo pernicioso que implica. El optimismo no es generalizado; de hecho, ha perdido intensidad, y en materia económica el sentimiento es más bien de reserva. Por ello ha sido muy significativa la corrección del presidente respecto al desencuentro con varias empresas contratadas por la CFE para proveerle servicios de transportación de gas. El problema no debió haberse presentado porque se confundió una opinión con una realidad, pero lo importante es que el presidente, personalmente, se involucró en la solución, un buen mensaje no sólo por lo que representan los servicios que se proveerán a la CFE, sino también por lo simbólico del hecho: hay capacidad y voluntad para rectificar.

La economía invariablemente se mueve en la incertidumbre. Es tarea de las autoridades acreditar elementos que ofrezcan confianza, como ha sido el manejo responsable de la política de gasto y el respeto a los órganos autónomos como el Banxico. El capital extranjero da por descontado los excesos retóricos del presidente, postura que se convalida con el comportamiento muy favorable de las exportaciones no petroleras al mercado norteamericano. Sin embargo, el inversionista nacional ha mostrado más reserva frente a las señales que envían diversas áreas de gobierno, y esto explica la baja en la inversión, a pesar de los compromisos de líderes empresariales y destacados empresarios nacionales. Por cierto, el desarrollo y el bienestar que se pretenden jamás podrán alcanzarse sin tasas elevadas de crecimiento. Así funcionan las cosas en todo el mundo; el presidente no debe renunciar a ese objetivo.

Hace bien el presidente en señalar que la inseguridad es lo que más le preocupa y ocupa. Si bien es cierto que la población entiende que el problema viene de atrás y que el actual gobierno recibió una situación de deterioro en varios sentidos, también lo es que hay una fundada expectativa en que las cosas empiecen a cambiar. La solución que se plantea, aunque parcialmente válida, que es la de atacar las causas profundas de la delincuencia, no llevaría a un cambio inmediato, ni siquiera en cinco años. No hay coartadas, se requiere combatir a la delincuencia por la vía de abatir la impunidad.

El presidente no acierta al aseverar que es visión de los conservadores atacar el problema por la vía de la imposición coercitiva de la ley. No acierta porque envía un mensaje que alienta a los criminales, compromete la moral de quienes los están combatiendo y deja a las víctimas en indefensión y sin justicia. El respeto al estado de derecho, por definición no es conservador ni liberal, sino un valor universal, un imperativo axiológico que garantiza el orden fundamental, sin el cual no puede existir una sociedad civilizada. De otra manera no tiene sentido la justicia penal, ni la existencia de cuerpos de seguridad.

De cara a la primera estación de paso de su presidencia, se hace necesario que el presidente López Obrador haga más por mejorar la calidad del gobierno y de los servicios públicos, en especial del que tiene que ver con la salud de los mexicanos. La lucha contra la corrupción y el ofrecimiento de austeridad no deben ir a contrapelo de las tareas y las responsabilidades que le atañen como autoridad.

El desafío de estos tiempos

El país vive una transformación profunda en todos los sentidos. El pasado, no muy lejano, es percibido como remoto. Muchas de las formas de ser y actuar del pasado son vistas con desdén y para muchos son motivo de desprecio. Siempre serán buenos los ánimos de cambio, incluso los que nacen del descontento y de la insatisfacción, pero en el proceso se debe tener sentido de destino y también de lo que se tiene, que no es poco. El cambio sin brújula bien puede malograrse, y a la larga remitirnos al mismo lugar del que se partió o incluso, a una regresión.

Esto vale en lo individual y en lo colectivo. El cambio tiene referentes a la vista, pero su origen es más profundo. Su externalidad nos remite a las nuevas formas de la política, pero éstas son más efecto que causa. Lo que ha estado cambiando es la sociedad. Es un cambio paulatino, progresivo, profundo y en esto tiene mucho que ver con la información y las nuevas formas de interacción social. Que haya más acceso a los flujos informativos, particularmente los de carácter digital, no necesariamente significa calidad de comunicación; las más de las veces es justo lo contrario. Ahora más que nunca se requiere que el receptor tenga que discriminar. Y de cualquier manera, las personas quedan expuestas a volúmenes de información que sobrepasan la capacidad para seleccionar, verificar y validar.

Los cambios en la sociedad generan presión hacia todo. Vivimos en la época del descontento y al mismo tiempo, del optimismo exacerbado, o fundado más en el deseo y el ánimo que en la razón para lograrlo. La inconformidad tiene referentes éticos inobjetables, particularmente que los beneficios del progreso se concentran en unos pocos y que las mayorías son marginales en el crecimiento económico. Se reduce la pobreza, pero los bienes del éxito no se distribuyen de manera equitativa.

Este sentimiento social hace que se cobre con facilidad factura al presente y se avala de la misma forma lo nuevo, lo que empieza a valer no por sus virtudes sino por ser distinto, aunque a la luz de los hechos, de las comparaciones y de la terca realidad, no lo sea tanto. Y eso sí es un problema; porque mudamos perdiendo mucho y en ocasiones ganando bastante poco de todo lo que se suponía que iba a lograrse.

El rechazo radical hacia el pasado no es útil para encarar la realidad. Se debe tener siempre claridad de destino y también de origen. Una cuota de humildad será necesaria para matizar la soberbia que nos hace perder aprecio por el pasado. Pensar que todo está mal es en sí un despropósito cuando se habla del país. Del mismo modo como las malas decisiones públicas de los últimos sexenios no nos hundieron en la crisis que hoy viven otras regiones del mundo, una nación que no se construye en seis años.

En lo institucional y en lo político el desafío no es menor. Y allí es más importante tener claridad de lo que hay que cambiar y también, lo que hay preservar. El mayor problema es que el ánimo de renovar no es consecuente con la necesidad de dar certeza y confianza a los agentes de la economía, particularmente al sector inversionista. El amplio consenso con el que cuenta el presidente y el respaldo a sus modos y formas no es consistente con la expectativa del sector del dinero. No es una cuestión ideológica, el problema se centra en un tema central: confianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no habrá bienestar, progreso ni tranquilidad.

Para conducir el cambio se requiere visión estratégica. Cancelar obras relevantes de infraestructura y presentar proyectos discutibles de inversión potencian la desconfianza. La resistencia a la participación del sector privado y las señales de una definición gubernamental proestatista, tampoco contribuye. Más aún, el incumplimiento de compromisos suscritos como ha acontecido en los proveedores internacionales de gas, remite a la falta de certeza de derechos. Estas decisiones de impacto positivo en la opinión pública son desastrosas para la economía nacional porque van a contrapelo de la confianza del inversionista. El cambio más confiable es el que se funda en la legalidad, en la certeza, en el derecho; nadie mejor que las autoridades para acreditarlo o descalificarlo.

Ciertamente, todo cambio genera incertidumbre, controversia y en cierta forma resistencias. Es natural y es de esperarse. Por esta consideración debe existir claridad a dónde y cómo se quiere llegar. Derruir lo pasado y asumir que por sí mismo eso será virtuoso, es un error. Asimismo, es equívoco el creer que lo que se propone es mejor, simplemente por ser diferente a lo anterior.

La sociedad demanda cambio y la presión es poderosa y en ocasiones arrolladora. Precisamente por tal consideración, es tarea de todos involucrarse, cada uno desde su propio espacio de acción, en el proceso en marcha. La política no debe conspirar contra el cambio deseable y posible. Nadie tiene el monopolio en el proceso de construcción de un mejor destino, reitero, es tarea de todos.

Los partidos y los dineros

Los partidos políticos en todo el mundo viven su mayor descrédito. De hecho, el desenlace de la elección de 2018 en México se explica por la esclerosis de los partidos históricos para contender con credibilidad y eficacia. Sus candidatos -para casi todos los cargos- tuvieron que enfrentar el repudio a las siglas que los postulaban. En 2015 pocos advirtieron que lo sucedido en Nuevo León, sería un anticipo de lo que vendría. La soberbia y la miopía de la clase política y gobernante los hizo desentenderse del llamado enérgico al cambio de la sociedad. Nada sucedió, y tres años después un movimiento encabezado por el candidato que mejor personificaba la lucha contra los excesos del poder, ganó con creces en prácticamente todos los frentes electorales.

Son muchas las razones de la crisis de los partidos. Es posible que sea coyuntural, pero incluso en esa vertiente, obliga a los partidos a cambiar. El monopolio que ostentan de la representación política se les está volviendo en contra. En México, hay que agregar, el tema de la corrupción los afecta de manera severa. Quien gobierna y el que más gobierna, es mayormente castigado de manera natural por el desgaste propio a causa delejercicio del poder. La afectación, ciertamente, debiera dirigirse a la partidocracia, pero no al sistema de partidos como tal. No ocurre así y ese es el gran riesgo, porque hasta hoy día no existe democracia eficaz sin partidos políticos.

Los partidos sufren descrédito desde antes de ser gobierno, en buena parte por el pragmatismo electoral, por la humana ambición de ganar incluso a cualquier costo. Por otra parte, las elecciones cada vez están más condicionadas por el gasto. En casi todas partes hay problemas de financiamiento ilegal de los partidos políticos. Las campañas son un exceso de derroche que impone un desafío para controlar el origen del financiamiento y, por otra parte, el gasto mismo, particularmente cuando hay límites en lo que se debe gastar.

En 1996 se estableció el régimen de financiamiento público sustantivo para los partidos políticos. La reforma lo que pretendió era otorgar al partido gobernante recursos suficientes sin tener que recurrir a prácticas de financiamiento subrepticio e ilegal. El referente fue lo que el PRI requería y esto se acompañó de una fórmula de asignación de 30% igualitaria a todas las fuerzas políticas y 70% proporcional a los votos, que se mantiene hasta hoy día. Lo que ha cambiado ha sido el cálculo del monto a repartir y es allí donde ha habido polémica. En aquél entonces, el PRD, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, resolvió que los recursos se destinarían a los deudos de los caídos por la persecución del gobierno, además de financiar libros; el PAN con Felipe Calderón anunció que regresarían parte de los recursos.

Veinte años después, los partidos se han vuelto adictos al dinero. Así es y no hay excepción. Ni siquiera Morena, de creación reciente, puede subsistir sin financiamiento público. El pago de cuotas por sus miembros es inexistente y algunos casos -obligatoria para funcionarios o legisladores- es un aporte muy menor respecto a lo que se gasta, sobre todo en campañas electorales.

Por eso, el tema más importante de la relación de los partidos con el dinero no está en el financiamiento público, sino en el financiamiento obscuro o subrepticio. En México hemos avanzado mucho en el tema de la fiscalización, pero la combinación de límites de gasto irracionalmente bajos y la monetización del activismo electoral, ha llevado a la peor de las situaciones: el financiamiento ilegal.

Reducir el gasto institucional a los partidos no apunta a ser la solución más inteligente del problema más grave, justo lo contrario. Sin duda es una propuesta popular, pero no aborda lo relevante. Candidatos que autofinancian sus campañas no es la mejor respuesta para la calidad de la democracia y del gobierno. El interés del crimen de apropiarse de las instancias de autoridad, particularmente las de carácter local y municipal, deben estar al frente de la preocupación pública. Tampoco se deben reiterar las condiciones que propician el financiamiento ilegal con recursos públicos.

Los partidos han desarrollado burocracias costosas y obesas. Las fundaciones son marginales, al igual que la investigación o la labor editorial. La comunicación digital, de bajo costo, en ningún caso es para presumir. El uso de la tecnología que plantea oportunidades singulares para la participación y comunicación políticas, prácticamente ha sido ignorada. Los partidos gastan mal y mucho. Más que proceder a la reducción del financiamiento público, los partidos debieran concentrarse en reconocer sus errores y en replantearse como lo que originalmente son: plataformas de debate entre ciudadanos sobre ideas políticas y sobre proyectos de país, y no meras máquinas para producir votos en temporadas electorales. No sobra el dinero para los partidos; lo que nos falta es mayor responsabilidad y promoción de la cultura cívica para mejorar la calidad de nuestra democracia.

 

 

Invertir en tiempos de la 4T

A todos debe preocupar, ocupar y comprometer la buena marcha de la economía. Los informes sobre su estado actual no son del todo desastrosos, pero indican claramente que el crecimiento ha sido insuficiente en este arranque de sexenio. Sin embargo, si bien extraña a algunos, y quizá hasta inquieta, que las autoridades muestren demasiado optimismo frente a las cifras del INEGI, lo que sí sería una noticia muy negativa es que la economía se ubicara en recesión. Por fortuna, aún cuando la amenaza está presente, no es lo mismo desaceleración económica que un fenómeno recesivo.

El motor principal de la economía es la inversión, pública y privada, más la segunda que la primera. Quienes invierten, lo hacen con la idea de recuperar lo que arriesgan más una utilidad. Lo que se supone que es una decisión racional, en realidad se procesa a partir de la incertidumbre y de símbolos a interpretar. De ahí que las empresas, los proyectos y los países en búsqueda de inversión, requieren mitigar la incertidumbre a manera de atraer capital generando confianza en torno a las condiciones para invertir.

En este sentido, no solo es una postura electoral o política decir que la corrupción es un problema para la atracción de capitales. El mundo ha cambiado para hacer de la probidad un valor y una condicionante. Cuando ocurren actos de venalidad en empresas que cotizan en bolsa, y más de las globales, los órganos reguladores y las autoridades las sancionan severamente. La corrupción es una amenaza a la economía. Por eso, que el país dé pasos decididos para su mitigación debe ser compromiso de todos.

Acabar con la corrupción es uno de los objetivos compartidos por la mayoría de los mexicanos, la cuestión es que la prédica moral siempre será insuficiente, por enérgica que sea y por más elevada que sea la autoridad que la profiera. En esta materia, se necesita más que discurso; serán necesarias las acciones de vigilancia y denuncia, las instituciones y prácticas públicas asociadas a la supervisión y a la auditoría, la transparencia e información de procesos, la participación social y los procedimientos de sanción. El país tiene todo para librar con éxito esta batalla, habida cuenta que los mexicanos tienen confianza y apoyan al presidente en su determinación de luchar contra la corrupción y rechazan o repudian todo aquello que se asocia a la deshonestidad.

No es menor que ocurra este respaldo a la decisión presidencial en tiempos marcados por desencuentros. De hecho, desterrar la impunidad y promover la vigencia plena del estado de derecho es hoy día, muy probablemente, el único consenso posible en el México de la llamada cuarta transformación. Si se mantiene el empeño y el anhelo colectivo de lograr la vigencia plena del régimen legal puede llegar a ser el gran paso y quizá el principal legado de este sexenio, no solo para lograr una convivencia civilizada y al amparo de la justicia, sino para promover el necesario desarrollo económico del país.

Certeza y confianza se alimentan de razones, pero también de símbolos. El presidente es el principal factor en la generación de éstas y es quien más afecta o ayuda a partir de las decisiones que tome su gobierno. Se advierte que la presidencia ha realizado un amplio e intenso esfuerzo de diálogo y comunicación con los sectores económicos en el marco de las decisiones de gobierno; sin embargo, este encomiable esfuerzo se complica por decisiones de autoridad que van a contrapelo del juicio y del interés natural del público inversionista.

Esta circunstancia de reserva se ve mayormente comprometida si agregamos asuntos que conllevan un franco desentendimiento del gobierno respecto a compromisos suscritos. La indemnización no es vía suficiente para salvaguardar el interés del inversionista, porque detrás de un arreglo de ese tipo, que atañe utilizar recursos públicos tan escasos en estos tiempos, la propia suspensión de proyectos de inversión envía un mensaje desalentador al sector del dinero. Esto se complica todavía más cuando se procede al incumplimiento de obligaciones bajo la tesis de que los contratos firmados en el pasado no atendían el mejor interés del país o que servían de pretexto para hacer negocios con recursos del erario. Otra vez hay que insistir: nadie está en desacuerdo con que se castigue la corrupción, el problema se genera cuando los casos de abusos cometidos desde el poder sólo se señalan mediáticamente y se usan políticamente, como atendiendo una lógica electoral.

Castigar proyectos no es la mejor forma de castigar la corrupción. No gastar el dinero convenido en el presupuesto por temor a que “se lo roben” lejos de ser un mensaje de austeridad y de manejo honesto de las arcas, es un signo de mayúscula desconfianza al propio gabinete, es decir, a quienes el presidente les ha encomendado cargos públicos. Es urgente que el país reemprenda la vía de un crecimiento sostenido y robusto, suficiente para generar justicia y bienestar, y éste no se va a lograr sin el concierto de la inversión privada.

 

Camino minado

La circunstancia del país es complicada y a la vez prometedora. El cambio que impulsó la elección de 2018 se produjo por la exigencia de muchos de dejar atrás la incapacidad para hacer frente a la violencia y la degradación de la ética en la vida pública. El mandato es inequívoco, y su respaldo no solo se refiere a una expresión electoral o partidaria.

El presidente López Obrador ha tenido la habilidad para hacer de su proyecto político, la mejor expresión para dar cauce a ese sentimiento mayoritario de cambio. Por esta consideración, la adhesión popular ha sido mayor que el porcentaje de votos obtenido en la elección. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas o simples. La voluntad por un mejor país es arrolladora, y lo que la retórica propone se vuelve sumamente complicado para convertirlo en realidad. La fuerza de López Obrador, hasta ahora, está en el discurso, no en la capacidad para corresponder en los hechos, y ese trayecto entre el decir y el hacer no es fácil, por más que se haga uso de la reiterada proyección de un pasado indeseable.

Recurrir a ese pasado significa más que un bono de confianza, es la convicción de muchos de que estamos padeciendo un acumulado deterioro. Los resultados y las condiciones de vida de muchos mexicanos no se corresponden a lo que el sistema ofreció. Lo mismo sucede en materia de legalidad, lucha contra la impunidad o la responsabilidad en el servicio público. El presidente ha identificado y utilizado esta circunstancia, no solo para ganar tiempo, sino para generar un vínculo entre lo que propone y el grave descontento heredado.

Inexorablemente llegará el momento de los resultados, cualquiera que estos sean. El gobierno tiene prisa en proveerlos y actúa con velocidad en muchos frentes, en otros, no tanto. Sin embargo, el tema por delante es el de la eficacia, el de los objetivos planteados y en eso, más temprano que tarde habrá de medirse lo prometido con lo alcanzado. Al menos para los primeros años, lo que se aprecia es que las realizaciones no solo no son promisorias, sino que habrá de transitarse por camino minado.

El presidente y su equipo cercano deberán conciliar lo que se proponen con los medios a su alcance y, particularmente, con un pulso de la realidad que trascienda el voluntarismo que ha caracterizado la gestión gubernamental. La fuerza de ese voluntarismo es que atiende a la exigencia de los mexicanos de un presidente decidido a dirigir el cambio, su debilidad son los resultados y eso en el mediano plazo, si éstos no se presentan a la altura de la expectativa, generará como natural consecuencia un país dividido entre la esperanza y el desencanto.

La realidad es sumamente compleja y un buen proyecto político es aquel que tiene la capacidad de modificarla, no de ignorarla, tampoco de tergiversarla. Los datos están allí: una economía que languidece por la falta de inversión y una actividad delictiva que en sus múltiples expresiones no cede. De igual manera, la calidad de gobierno advierte un serio deterioro. Cierto es que por el bien del país se requería revertir la sangría financiera provocada a PEMEX en los últimos años, tal como lo ofrece el plan de negocios presentado, pero proyectos de inversión como el de la refinería de Dos Bocas no se corresponden a una estrategia de fortalecimiento, sino de pretendida expansión en condiciones sumamente precarias de la circunstancia financiera de la paraestatal.

En el frente económico la aprobación del tratado comercial con los vecinos al norte es objetivo obligado. Las condiciones favorecen la firma, pero persiste la incertidumbre. Actitudes como las del desentendimiento de las obligaciones de pago a las empresas contratadas para el abasto de gas, no repercute positivamente en la economía y envía un mensaje negativo a los países socios. El dogma y la retórica deben tener su lugar, de otra forma conspiran contra el propio proyecto de gobierno.

La disciplina es necesaria para minimizar riesgos y potenciar oportunidades. El equipo es clave. El presidente debe alentar la libertad de sus colaboradores para exponerle los instrumentos y necesidades que requieren para cumplir con la tarea que se les ha encomendado. En el frente político su partido debe ser referente del cambio y evitar excesos como ha sido impulsar la reforma de cambio de mandato de gobernador en Baja California, empleando las peores prácticas como es la compra de voluntades, la simulación y la hipocresía. La venalidad es un riesgo y una permanente tentación para quien ejerce el poder y ésta no se elimina solo con prédicas, sino con sanciones ejemplares.

El camino hacia delante está minado y lo está no por estrategias de la oposición, que está desaparecida, sino, sobre todo, por factores propios de la realidad. No hay fatalidad en el destino, pero sí la necesidad de gobernar con sensibilidad e inteligencia. Se trata de que el proyecto comprometido se convierta en realidad tangible. De otra manera el aliento de cambio de la sociedad pronto habrá de naufragar en el proceloso mar del desencanto.

El riesgo en Baja California

Bochornosa por su impudicia, ya no sólo por su inconstitucionalidad, la decisión del Congreso de Baja California de extender el mandato del gobernador electo. Se trata de un hecho que merece reprobación. Estamos frente a un insolente desprecio a la voluntad popular por parte de quien lo promovió, así como de la dirigencia nacional del partido gobernante, que ha adoptado una postura de callada neutralidad que resulta cómplice en este agravio a la democracia.

El caso, sin duda, merece la atención nacional, toda vez que es un ignominioso asunto que contradice los postulados democráticos más básicos. Fue, ciertamente, un cambio votado por la mayoría del Congreso, pero eso no convalida la decisión, sino justo lo contrario: revela la crisis de los partidos de oposición, expuestos a la sospecha de aprobar un tema de extrema ilegalidad y contrario a su propio interés. Quedará en manos de los órganos disciplinarios de estos partidos proceder y establecer una inexorable sanción, proporcional al daño causado, a quienes no estuvieron a la altura de la circunstancia. Queda la presunción de grosero oportunismo o cooptación para aquellos que se sirven en lo personal del espacio que sus partidos les ofrecen. Si el gobernador electo pudo hacer valer desde ahora la trampa, ¿qué le espera al Estado cuando tome posesión y el Congreso y las alcaldías estén integrados por sus afines y por una oposición desdibujada?

Debo señalar que el mandato democrático al que se convocó a los electores en Baja California se refirió a un periodo de dos años. Así inició la campaña, pero en el curso de la contienda se gestionó una discutible decisión del Tribunal Electoral estatal, que anuló la reforma constitucional sobre el término de ese mandato para dejarlo en el mismo sentido preexistente, esto es, seis años. Este cambio fue invalidado por el Tribunal Electoral Federal previo a la elección; es decir, el mandato democrático que el electorado otorgó al candidato Jaime Bonilla fue de dos años y el Congreso no debe alterarlo. Si la decisión del Tribunal Electoral estatal fue invalidada, con mayor razón se deberá anular el cambio de duración del periodo de gobierno que se hace desde el Congreso local después de la elección, es decir, luego que los ciudadanos emitieran su voto.

Desde luego que el asunto deberá resolverse por la vía legal; posiblemente la decisión ya no corresponderá al Tribunal Electoral Federal, aunque los derechos políticos de los votantes están en medio y deben salvaguardarse. Seguramente irá directamente al Poder Judicial. A reserva del asunto de competencia y del recurso o recursos respectivos, el tema tiene una dimensión política de muchísima relevancia. Estamos hablando de un asunto de consecuencias muy negativas, porque una autoridad —El Congreso local— está invalidando los términos del mandato regido por la institucionalidad democrática que todos aceptamos.

Que la reforma haya podido prosperar en términos formales no resuelve el tema de legitimidad. Ahora parece obvio el engaño: el candidato ganador y próximo gobernador, Jaime Bonilla, buscó la candidatura y el cargo bajo la idea de que duraría 5 años en la función con la certeza de que habría de ganar el caso ante el Tribunal Local (alguna razón tendría para ello), lo que sucedió el 8 de mayo. Debió ser muy frustrante, dada su condición de Senador y después de funcionario federal en el Estado, que la determinación del Tribunal Electoral Federal, avalado por el voto unánime de los integrantes de la Sala Superior, haya revertido, el 29 de mayo, a un poco más de un mes de la elección, la determinación del Tribunal Electoral y, en consecuencia, haya ratificado la vigencia del término de dos años como el periodo para el que fue electo.

Por la postura de la dirigente de Morena y la del gobernador electo, es evidente que la derrota judicial quiso revertirse por la vía legislativa, pero ya fuera de tiempo. Sorprende que haya ocurrido con los votos de legisladores del PRI y del PAN, lo que es una traición a sus propios partidos y a lo que representan. Los abogados sin escrúpulos o sometidos a los apetitos del poder suelen ser pésimos consejeros y eso es lo que se advirtió a lo largo del proceso, cuando se resolvió anular el artículo transitorio de la Constitución que reducía a dos años el término de elección ya estando el proceso electoral en curso, y ahora con el cambio constitucional en el Congreso.

Se debe dejar en claro que la decisión del Congreso del Estado de Baja California representa una afrenta no solo a la ley, sino particular y esencialmente a la democracia.  Sin embargo, sin restar importancia a estos graves hechos, alarma el precedente y el riesgo que atañe: que el Congreso o más bien el Constituyente Permanente, para el caso federal, pueda ajustar el término del periodo de una autoridad a fin de prolongarla, independientemente del término para el que fue electa.

El gran tema es que en el caso federal no existe acción de inconstitucionalidad posible contra un cambio Constitucional.

 

Acuerdo y concordia

El país y el gobierno se encuentran en una encrucijada en la que hay mucho qué ganar o perder. El deseo de cambio es arrollador. Como pocas veces, hay una voluntad colectiva por mejorar que va más allá de las definiciones o afinidades partidarias o electorales. A pesar de lo accidentado del inicio y de decisiones polémicas de la autoridad, el presidente López Obrador cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

En todos los casos, y más ahora, la popularidad no es un objetivo en sí misma, sino un recurso muy preciado para facilitar las transformaciones y cambios que se pretenden. De la misma manera, me parece que la popularidad es veleidosa y circunstancial, aunque también debo reconocer que el vínculo del presidente López Obrador con amplios sectores de la sociedad tiene un fuerte componente emocional, lo que le permite contar con un respaldo importante independientemente de la polémica, el debate, incluso de los magros resultados. El problema es que este segmento de lealtad dura, por amplio que sea, es minoritario. De persistir el presidente en la descalificación generalizada al pasado o a los que no son afines, llevaría a la polarización, que se acentuaría en la medida en que los resultados comprometidos no se hicieran realidad, especialmente en materia de corrupción, economía, seguridad y calidad de gobierno.

A contrapelo se puede afirmar, y es una constante de los gobiernos de las democracias, que los proyectos y decisiones que han trascendido con frecuencia fueron en contra del sentimiento popular de su momento. En el ejercicio del poder, la obsesión por la popularidad confunde, hace perder sentido de propósito y a veces inmoviliza cuando más se requiere una actitud proactiva y de búsqueda de respuestas a los desafíos que impone la realidad.

En el balance de estos meses, se puede advertir que al gobierno le va mucho mejor cuando el pragmatismo gana terreno o cuando hay un ánimo de concordia frente a los demás, particularmente cuando se trata de los que se sienten distantes del actual gobierno. Ya es hora de hacer las cuentas y aceptar que la imposición y la descalificación no han dejado un buen saldo. El ánimo de entendimiento y de inclusión tampoco lleva necesariamente a desentenderse del proyecto propio, al contrario: es la mejor manera de hacerlo realidad y de enriquecerlo a partir de las voluntades que se van sumando en el proceso.

Éste es el caso de la rebelión de integrantes de la Policía Federal: el denuesto y la descalificación generalizada no sólo no aporta, sino que complica el acuerdo y hasta el mismo diálogo. El presidente ha podido concitar el apoyo de la pluralidad para crear la Guardia Nacional, precisamente porque se corresponde a la exigencia pública de una mayor seguridad. El proceso de su creación y consolidación es fundamental para el bien del país. Por tal consideración, es recomendable cuidar los términos de relación con lo existente. La descalificación generalizada al pasado y a la institución por una eventual incorrección de mandos o por la insuficiencia del proyecto no permite trasladar culpa o poner bajo sospecha a todos. Si a esto se suma la incertidumbre en relación a los derechos laborales, la situación se vuelve explosiva y hace que se presente lo impensable: las fuerzas del orden que propalan el desorden.

Es evidente que la negociación y el acuerdo son el camino a los buenos resultados, así se muestra en el actual conflicto con los elementos inconformes de la Policía Federal; así también está presente en la decisión del presidente de abrir un espacio de diálogo con las empresas que construyeron gasoductos para darle servicio de transportación de gas a CFE, a manera de conciliar posiciones y evitar un arbitraje que en sí mismo es comprometedor para el gobierno. Los límites para el acuerdo son la legalidad y los valores propios del servicio público.

Es recomendable que el presidente López Obrador conceda más espacio al ánimo de concordia. El país lo requiere; su gobierno, también. El pasado se debe revisar y en su caso cambiar todo lo que sea necesario a pesar de las resistencias comunes a todo proceso de transformación. En este no tiene que haber criterio de lo que se debe y también de lo que se puede; más bien, tiene que despojarse de dogmas o fijaciones a partir de la información.

El presidente tiene un gabinete cuyo potencial positivo se acrecienta en la medida en que el mandatario muestre disposición a escuchar y les ofrezca la confianza que todo colaborador requiere cuando desempeña tareas difíciles y críticas. Sin duda, es estilo del presidente López Obrador concitar lealtad y compromiso de sus colaboradores, precisamente por tal consideración sería bueno revisar los términos de su relación con ellos y definir dinámicas de trabajo que le permitan estar informado de manera óptima y valorar dilemas y opciones de forma que pueda hacer valer el proyecto político que les motiva e inspira. Para los buenos resultados, el acuerdo y la concordia siempre serán necesarios.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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