Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La economía de las desigualdades

Resulta interesante hacer una reflexión de lo que hoy se piensa de la economía a 20 años de los atentados del 11 de septiembre, que para muchos fueron el símbolo de un cambio de fondo del sistema. Por ello hoy vamos a revisar el libro La economía de las desigualdades: cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza de Thomas Piketty.

El profesor de Economía de la École d’Économie de París que, al parecer, ha logrado resolver los crucigramas de la economía de nuestro tiempo, hace en este libro un análisis minucioso de los mecanismos socioeconómicos que producen la desigualdad, con el objetivo de tamizar las teorías económicas sobre la redistribución de la riqueza.  La economía de las desigualdades es lo mismo un libro de teoría que una explicación de las fuentes econométricas sobre las que deberían estar sustentadas las especulaciones económicas (estadísticas, cifras, porcentajes y encuestas oficiales de países como Francia y Estados Unidos). La razón de Piketty para llevar a cabo esta tarea es que, por una parte, pese a la resonancia política y social de la desigualdad económica, las teorías al respecto, de derecha o izquierda, parecen obviar los índices econométricos, mediciones indispensables para cualquier juicio, al tiempo que hay escasez de estadísticas para muchos casos.

¿Qué es la desigualdad? Piketty responde que, desde la Revolución Industrial, la desigualdad social y la redistribución de la riqueza han sido trazadas en términos de oposición entre el capital y el trabajo, ganancias y salarios, empleadores y empleados. La desigualdad se describe como la oposición entre los que poseen el capital, los medios de producción, y los que no. La fuente principal de desigualdad sería la disímil e injusta distribución de la propiedad del capital: “El simple hecho de que el capital reciba una parte positiva de los ingresos parece contradecir los puntos elementales de la justicia social y plantea de inmediato la cuestión de la redistribución.”

Al lado de esta desigualdad entre poseedores de medios de producción y obreros, encontramos una inequidad más moderna, la de los salarios, que en realidad ha venido a ocupar el objeto central de todo análisis económico contemporáneo. En Francia durante el 2000, por ejemplo, la diferencia de salarios entre el 10 por ciento más pobre y el 10 por ciento más rico de la población fue de 75 por ciento. Este tipo de cifras es suficiente en los países desarrollados para suscitar un debate acalorado sobre las diferencias económicas. Piketty esboza que los porcentajes de desigualdad en los países latinoamericanos, al ser mayores, son relevantes para la opinión pública de los llamados países desarrollados, lo cual hace patente la confrontación económica entre el centro y la periferia.   

¿De derecha, izquierda o ninguna? Para Piketty, las tradicionales visiones sobre la redistribución de la riqueza, tanto de derecha —comúnmente entendidas con el concepto de “liberalismo de derecha” — como de izquierda —provenientes de los socialistas del siglo XIX, especialmente Marx— coinciden en que la justicia social significa que el Estado debe erradicar la indigencia y mejorar la suerte de los menos favorecidos. Sin embargo, encuentran su diferencia en la forma de llevar a cabo esa tarea: la derecha opta por la “redistribución eficaz”, mientras que la izquierda, por la “redistribución pura”.

Cualquiera que sea la doctrina económica, las políticas de redistribución no son sencillas. De eso, el economista nos da un ejemplo: en Chicago, en 1966, se hizo un estudio que demostró que, aunque el gobierno de los Estados Unidos invirtió sumas considerables para mejorar el aparato educativo de las zonas marginadas con la esperanza de ayudar a sus habitantes a superar su condición de pobreza y exclusión, el porcentaje de ciudadanos que ascendieron socialmente gracias a estas políticas fue casi nulo. La administración en turno se preguntó cuál fue el problema: el caso es que no se había atendido el ámbito familiar, donde la desigualdad echa raíces más profundas psicológica, sociológica y materialmente.

Queda claro que la justicia social es un problema que abarca todos los aspectos de la vida y que de nada sirve un Estado “asistencialista” que enfoque sus políticas de redistribución en ámbitos únicos e inconexos. Se trata entonces de establecer políticas sociales integrales que enfrenten a cabalidad todas las serpientes de la medusa social vigente.  ¿Un compromiso entre teorías? Piketty llama a los economistas a que conozcan la historia y los debates de su ciencia; enfatiza en el sinnúmero de malentendidos en que los economistas han caído debido a una formación que descuidó su propia historia.  El problema medular es que estos errores se perpetúan en las academias y resultan nocivos cuando tienen injerencia en la gestión pública.

Una de las virtudes de la obra de Piketty es su detallada exposición de muy diversos temas y modelos teóricos. Así, los impuestos, la fiscalización y la seguridad social se contrastan con las estadísticas pertinentes. De lo anterior, surge una esquematización benéfica para la comprensión no ya sólo del economista, sino del lego que se preocupa por las dinámicas que mueven todos los días a su sociedad.

Piketty hace eco de y actualiza aquella frase de Sir Francis Bacon: “Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer”. Hace hincapié en que no necesariamente lo que se vulgariza se pierde, como ha sucedido con algunas de las propuestas teóricas de la economía. El reto de la producción intelectual está en lograr construir propuestas que se vuelvan casi lugar común de la vida cotidiana, por ello impresiona que el destacado semanario británico The Economist haya llamado a Thomas Piketty “un Marx moderno.” ¿O será que nuevos fantasmas recorren el mundo?

El equipo del Presidente

El presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt fue el creador de la presidencia moderna. Sus premisas son válidas para todo régimen presidencial como es el nuestro. Este sistema tiene sus reglas, inercias y particularidades. Más allá de la complejidad que entraña, la presidencia moderna parte de una definición básica: se gobierna con el gabinete, se dirige o manda con los colaboradores inmediatos, el staff, utilizando la expresión anglosajona.

De ese entonces hasta hoy, hay que ver lo que ha sido en el país vecino la Oficina Presidencial y las áreas de apoyo, para comprender y entender la transformación de la presidencia como el instrumento para ejercer el poder y cumplir con el mandato popular derivado de las urnas. Las tareas son complejas y por lo mismo los presidentes requieren de quienes les asistan en la organización de su oficina, agenda y, desde luego, las relevantes tareas de comunicación, coordinación del gabinete y otras de importancia como la relación con poderes, gobiernos locales, órganos autónomos y personas de relevancia en la vida económica, política y social.

Con el gabinete se gobierna y sus colaboradores, aunque subordinados del Presidente, para ser funcionales, deben cumplir una doble tarea, difícil y en ocasiones contradictoria: representar al Presidente ante sus áreas de competencia y, viceversa, servir de vínculo o relación de los ámbitos a su responsabilidad con el Presidente, especialmente, en la formulación del programa de gobierno y su ejecución presupuestal.

En México, por el hiperpresidencialismo de una época, no se evolucionó al mismo ritmo y con la diversificación institucional que la realidad demandaba. No ha habido un desarrollo de la oficina presidencial y áreas de apoyo, con la singular excepción de la Coordinación Jurídica de la Presidencia creada hace más de dos décadas.

En su momento se creó la Secretaría de la Presidencia, que después evolucionó en la Secretaria de Programación y Presupuesto, que desapareció en las numerosos cambios de organización del gobierno y de la administración.

Ha sido el estilo de gobernar de cada mandatario lo que ha definido la relación entre el equipo inmediato y el gabinete. Esto ha significado que los presidentes designen subalternos o subsecretarios de su cercanía y afinidad y que los titulares no tengan todo el mando en las dependencias a su responsabilidad. De acuerdo a las prioridades de cada Presidente es como se da este fenómeno. Un Presidente con formación económica se inclinará por hacer del subsecretario responsable de la preparación del presupuesto uno de sus más próximos colaboradores.

La oficina presidencial tiene que ver con darle al Presidente capacidad e instrumentos al gobernar. La idea es que la coordinación del gabinete tenga lugar desde esa unidad. Asimismo, tareas fundamentales como las de inteligencia, seguridad nacional, preparación del presupuesto y la relación con el Congreso tengan lugar en las áreas más próximas al Jefe de Estado. La premisa es que el gabinete ejerce el gobierno, pero la dirección política viene del Presidente y para ello requiere de tales unidades de apoyo.

Fue singular que al principio de su gobierno el Presidente López Obrador decidiera que la oficina de la presidencia se ocupara esencialmente de la relación con el sector empresarial y el perfil del responsable correspondía a tal función. Sin embargo, las tareas que debe emprender dicha unidad son considerablemente mayores y más complejas y diversas.

Por tal consideración no debe sorprender que en el curso de poco tiempo en el mandato, la Consejería Jurídica de la Presidencia emprendiera funciones más allá de su específica responsabilidad. Esto corresponde a la necesidad propia del gobierno de mantener estrecha coordinación y en su caso, comunicación, con los titulares de poderes, órganos legislativos, órganos autónomos, Fiscalía General de la República, además de realizar las importantes tareas propias del encargo, entre otras, preparar las iniciativas de ley y la representación legal del gobierno en controversias judiciales.

El gobierno del Presidente López Obrador, a tres años de distancia del término de su gobierno imprime un cambio importante. No se trata sólo del relevo de personas, sino de su perfil político y la delegación de responsabilidad de las áreas inmediatas del Presidente hacia el gabinete, particularmente a la Secretaría de Gobernación.

La decisión va a contrapelo de la inercia de fortalecer las unidades inmediatas que asisten al Presidente y que, como señalamos, es la tendencia en la modernización de los regímenes presidenciales. Sin embargo, las formas y modos de ejercicio del poder presidencial permiten que la dirección del gobierno se ofrezca a través de la Secretaría de Gobernación.

El cambio requerirá del Presidente disciplina para entender los nuevos términos de la dirección política, lo que conlleva un trabajo cotidiano y permanente con su Secretario de Gobernación a manera de que sea eficaz en la nueva circunstancia, particularmente, por la proximidad del proceso sucesorio y no sólo eso, para que el Presidente pueda cumplir a plenitud hasta el último momento, con la responsabilidad que el voto ciudadano le confirió.

El regreso a clases, ruta desigual

Una decisión polémica pero acertada, en opinión de especialistas, el regreso de los niños a la escuela. La situación se complica porque ocurre al momento en el que el país vive una tercera ola de contagios de la COVID19. Las razones del gobierno descansan en su confianza de que el contagio y la afectación en los niños es menor y los decesos, excepcionales. El manoseo oficial de las cifras y la minimización de la pandemia justifica la desconfianza de los padres de familia.

La educación es el mejor medio para la igualdad. Sin embargo, la diferencia de la calidad educativa entre entidades y entre la instrucción privada y pública -en todos los niveles- hace que las diferencias se acentúen. La evaluación educativa muestra un rezago inaceptable. Lo que es peor, los estados más pobres y las regiones más atrasadas son las que presentan peor calidad educativa.

El retorno a clases en esta circunstancia no resuelve, sino agudiza las diferencias educativas. Así es porque la educación privada, particularmente la que atiende a los alumnos de más elevados ingresos, tiene mayor capacidad para implementar las medidas preventivas. Las escuelas de los más pobres, con los presupuestos recortados, difícilmente lo pueden hacer. Los riesgos de contagio ahí son mayores, afectan a la población más vulnerable y generan mayor desigualdad.

Las autoridades deben determinar protocolos diferenciados a partir de las distintas condiciones de las aulas y escuelas. Debe haber una mayor inversión pública en la prevención y sobre todo en los recintos más propensos para el contagio. Normas iguales para realidades diferentes, terminan por enfatizar los dolorosos contrastes sociales del país.

Los padres de familia tienen el derecho de decidir sobre el regreso a clases. Sin embargo, eso sólo atiende el temor al contagio, no la causa del problema. Cualquiera que sea la decisión del padre o madre va en detrimento a la aspiración de igualdad. No ir deja en desventaja al menor respecto a aquellos que pueden contar con educación presencial; ir en condiciones propensas al contagio, lo deja en desventaja respecto a aquellos con una educación acompañada de medidas preventivas contra la pandemia.

La ley y sus laberintos

La ley y los múltiples oficios asociados a ésta no son de alta estima popular: los legisladores, que son quienes la hacen, las autoridades que las aplican o reglamentan y los jueces responsables de interpretarlas o sancionar su incumplimiento, con frecuencia son criticados y en ocasiones, sin razón. De siempre en México vivimos una paradoja, por una parte, una inclinación muy prolífica para crear normas; por la otra, un país con un déficit de legalidad en muchos sentidos y que en materia penal se muestra con desproporcionadas e inaceptables tasas de impunidad.

Sí, como sociedad padecemos una relación difícil con la ley y sus actores. Su interpretación suele ser compleja y controversial, incluso para temas muy elementales y en entornos muy cercanos a la legalidad como ocurrió estos días en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que la certeza aritmética fue objeto de una interesada y absurda interpretación para resolver la insuficiencia de votos para convocar al periodo extraordinario.

El Presidente ha usufructuado el prejuicio popular contra los órganos de justicia, a pesar de que éstos son menos falibles y más probos de lo que ocurre en la administración pública. El Presidente es severo en su juicio y en sus palabras, no se corresponden a su investidura, pero se nutren de un sentimiento colectivo que le ofrece un aval social y una cuota de credibilidad. Lo relevante es que el Poder Judicial no pierda sentido de su independencia y que sus determinaciones se ajusten a la ley, más allá del sesgo en la opinión del mandatario.

De los tres planos institucionales relativos a la ley, considero que el mejor librado es el que se refiere a los órganos de justicia. Con la reforma de 1994 el país creó una Suprema Corte de Justicia a la altura de los desafíos de la transformación institucional y el desarrollo democrático del país. La reforma judicial es un imperativo y afortunadamente está en curso. La Corte es garantía y está integrada por mujeres y hombres que en su conjunto son ejemplo, más allá de la controversia y de los juicios personales que pudieran hacerse. Gracias a ellas y ellos, la justicia transita con credibilidad y eficacia por los laberintos de la legalidad.

¿Revocar el mandato?

En teoría, la idea de la revocación del mandato es lograr mejores gobiernos. Para ello se pone a consideración de los ciudadanos si ha de continuar o no el Presidente en funciones. La democracia directa es noble en su propósito, pero con frecuencia produce lo contrario de lo que se propone. Un gobernante que privilegie popularidad sobre responsabilidad va a contrapelo del sentido de buen gobierno, pero puede superar cualquier revocatorio.

El país está por inaugurar este ejercicio. No coincido con quienes aducen razones legales en el sentido de que no procede porque entraña una aplicación retroactiva. Legalmente, o más bien, constitucionalmente, no hay lugar a la objeción porque hay cambio constitucional para su aplicación y, como tal, no se puede invocar inconstitucionalidad contra la Constitución. Lo que sí existe es un tema de ética democrática. El Presidente López Obrador fue electo para un sexenio completo porque no existía la revocación de mandato. Por lo mismo, aunque legalmente es posible, no es aceptable que haya modificación al sentido originario del mandato democrático. En el futuro, los mandatarios sabrán que asumen el cargo con la nueva condición.

Entiendo que muchos de quienes no están de acuerdo con el Presidente avizoren una oportunidad para mostrar su rechazo. Sin embargo, de prosperar su propósito con un si mayoritario a la revocación, las consecuencias serían desproporcionadas en cuanto a la incertidumbre a la que llevaría al país. Se equivoca el que piense que nada puede ser peor a lo que existe. Sí puede haber un escenario considerablemente peor a la situación actual. Es de elemental lógica advertirlo.

De hacerse la consulta y prevalecer la continuidad -que suscribo por razones de ética democrática y no por acuerdo con el gobierno-, el Presidente seguramente utilizaría el aval no para actuar en un sentido de representación del todo, sino como ha ocurrido hasta ahora, en función de sus seguidores, y esto ocurriría justo en la fase donde el mandatario debe asumirse jefe de Estado, presidente de todos los mexicanos. Justamente, la ingenuidad de los opositores puede dar combustible a un proyecto transexenal en términos negativos para la democracia y para una alternancia civilizada.

Sobre el cambio deseable

Uno de los efectos más perniciosos de la polarización es que las posturas fuera de los extremos son sistemáticamente descalificadas y hasta despreciadas. Un sentimiento de guerra, propio de esta circunstancia, demanda de las partes en conflicto incondicionalidad. Considero que una pista para evitar la polarización es definir con claridad los términos de lo aceptable y aquello que debe rechazarse, así como tener la disposición para ver los aciertos de unos y otros.

Así, por ejemplo, es mucho sobre lo que pudiéramos tener reserva de lo que hace el actual gobierno. Algunas cosas son sustantivas y otras más bien de forma. También hay aciertos. Por ejemplo, la iniciativa legal para contener el tráfico ilegal de armas es un acierto. De la misma forma está la política salarial y todavía más el nuevo régimen laboral que da espacio a la democracia sindical.

Justo medio, debe subrayarse, no es neutralidad, ni tampoco buscar posturas intermedias. Al contrario, se trata de afirmar lo que es aceptable con toda determinación y claridad, así, sin etiquetas, venga de donde venga, de la misma forma que se rechaza lo que no está bien.

La pertinencia de la autocrítica de un gobierno es la perspectiva del tiempo y de lo que existe. Aunque todo régimen pretende asumirse trascendente, la realidad es que estos son de carácter temporal. Más aún, si pretende reproducirse, necesariamente tiene que adecuarse a la dinámica del cambio social. Como tal, soy de la opinión, cualquiera que sea el desenlace de la elección de 2024, que las formas y el fondo de la política actual, sufrirán cambios sustantivos, particularmente lo que es insostenible a partir de lo deseable para bien del país. Tendrá que haber un gobierno más enfocado en los resultados que en las intenciones.

No le hace justicia a la nación que la valoración de lo que existe tenga que pasar por el tamiz del fundamentalismo revolucionario que rompe con todo lo heredado. Esas rupturas radicales involucionan respecto al pasado que pretenden superar. Como tal, y México había sido un buen ejemplo, la transformación gradual ofrece mejores condiciones para mantener lo idóneo, corregir lo disfuncional y construir instituciones, procesos, valores y actitudes para el porvenir.

Nuestro tiempo

Toda sociedad, en su circunstancia, genera las razones de su propia justificación. Esto ocurre a partir de una necesidad del momento, aunque se invoque el futuro, la historia o la trascendencia. Me pregunto cómo se nos verá el día de mañana a esta generación y a este periodo de México. Con ello no sólo me refiero al gobierno o al Presidente, sino también a la sociedad en su conjunto.

Es así porque en perspectiva, los malos resultados no sólo serán imputables a un gobierno, sino al conjunto de la política, incluyendo a la oposición, y a la amplia estructura de autoridad nacional o local. También, desde luego, a las élites, a los medios de comunicación, a las universidades, a los intelectuales y organizaciones de la sociedad civil. Todos, de alguna forma, participamos de las virtudes y de los defectos de nuestro tiempo, por acción o por omisión, por adhesión o por oposición, por consenso o disenso.

Nuestro tiempo plantea realidades consensuadas como es la elección democrática de nuestras autoridades, la pandemia y el reacomodo global de la economía y sus referentes como el comercio, el calentamiento global, los flujos de capital, la tecnología, la red, la información y la producción o consumo de bienes y servicios.

Soy irremediablemente optimista y, por lo mismo, creo -subrayo la palabra creo- que dentro de no mucho, estaremos en mejores condiciones materiales y espirituales para valorar con sentido crítico nuestro presente, nuestro pasado para entonces. No estoy para anticipar condenas, pero la violencia que ha invadido el tejido social y emocional de los mexicanos es la referencia mayor y más negativa de nuestro tiempo y, me temo que la hemos naturalizado en nuestra visión de las cosas, se ha vuelto parte del paisaje y esto incluye la desastrosa gestión de la pandemia y la indolencia social para exigir que se actúe responsablemente.

Me quedo con la idea de que la fuerza para mejorar estará fundamentalmente en la educación y en recuperar los valores que nos hacen mejores, como son la tolerancia, el diálogo, la inclusión y, desde luego, la libertad. Civismo para llegar a la ciudadanía, de allí para entender el valor de la ley y a una mejor democracia por su impacto en la vida cotidiana de las personas y sus familias.

Las reglas del cambio

Las reglas y las instituciones requieren de una permanente revisión a partir de la dinámica social. Un proceso que resulta siempre inacabado y vertiginoso, pero necesario, para que lo disruptivo tenga cauce y contribuya de manera virtuosa a la estabilidad y al progreso. El valor de la democracia es que el poder y la autoridad son cada vez más permeables a la sociedad y esto hace del cambio un curso incluyente.

Dos acontecimientos de días pasados revelan la necesidad de actuar de acuerdo con la nueva realidad: la regulación de los servicios de inteligencia y los nuevos términos de la comunicación digital en campañas electorales.

Las revelaciones del espionaje a través del llamado programa Pegasus ha generado una preocupación generalizada en el mundo. Jefes de Estado espiados por otros países, de la misma forma que líderes opositores, periodistas, activistas y hasta sus familias, entre otros, son objeto de observación ilegal con una afectación a su privacidad y, eventualmente, a sus derechos y libertades.

Los hechos deben investigarse y sancionarse. Debe establecerse un precedente que imponga límites para que los instrumentos del Estado no sean desvirtuados por las querellas e intereses propios de la política. No basta con la afirmación de quienes conducen los gobiernos de que no realizan inteligencia con motivación política; es posible que ni siquiera estén enterados de lo que ocurre en la práctica. Se requiere de procedimientos, reglas y fórmulas de supervisión y escrutinio que aseguren que las instituciones del Estado actúen con apego al marco que las regula y a los principios que las inspira.

El uso de la publicidad en internet en las redes sociales a través de la figura de los influenciadores, es también una realidad que debe regularse a partir de los dos objetivos en materia de financiamiento de campañas políticas: por una parte, fiscalizar el origen legal de los recursos y su aplicación; por la otra, cumplir con las normas de equidad electoral. El INE ha actuado en consecuencia respecto a la elección en Nuevo León y la campaña del PVEM. Sin embargo, es necesario mejorar el marco legal para dar claridad a los alcances de la autoridad y a los derechos de ciudadanos, partidos y candidatos.

¿Encuesta?

La competencia dentro de los partidos es una de las grandes insuficiencias de la democracia mexicana. El partido gobernante y su líder moral han hecho público que el mecanismo para seleccionar a su candidato o candidata presidencial en 2024 será a través de una encuesta. El líder del senado, Ricardo Monreal, ha expresado su desacuerdo, se dice víctima de ese expediente, y sugiere una forma democrática de consulta a la base.

Las encuestas son un mecanismo sumamente imperfecto para emplearlas en el proceso decisorio interno con el propósito de reemplazar los instrumentos propios de la democracia popular. Ningún país en el mundo, democrático o no, ha optado por tal fórmula para elegir gobernantes. Pero en México, cada vez más, los partidos emplean estos sondeos por el margen que les ofrece a las dirigencias para formalizar una decisión cupular.

La reserva del senador Monreal corresponde a esa experiencia negativa. Más aún, si como ha ocurrido, no se ofrecen las garantías para que sea un ejercicio metodológicamente riguroso, transparente y confiable a los competidores por su validación.

El problema principal de una selección de candidato por encuesta es que tiende a favorecer al más conocido, no necesariamente al mejor ni al más competitivo. Es cierto que las primarias dividen, mucho más si no se tiene la cultura propia de la competencia justa, por esta razón es explicable la reserva de los partidos. Sin embargo, la opción por encuesta ni es democrática ni representa un avance. Los partidos deben optar por la democracia, bien sea representativa con órganos electorales o por la popular, a través del voto de los militantes o simpatizantes.

En 1999, el PRI optó por un modelo de elección primaria para decidir a su candidato presidencial, al tiempo que el PAN por primera vez abandonó el esquema democrático para la definición de su candidato. En la elección constitucional ganó Vicente Fox y perdió Francisco Labastida. Esto no quiere decir que la elección interna debilite, sino que ésta no es suficiente para prevalecer en la contienda, también hay que hacer una buena campaña.

Los partidos políticos se han beneficiado de la democracia, pero han sido omisos en naturalizarla en sus procesos internos.

Buen diagnóstico, malas respuestas

Un buen diagnóstico es la premisa de una buena solución. Pero no es suficiente para resolver los complejos problemas de un país. Se requiere entender con realismo y no con propaganda, lo que debe hacerse. Tengo la impresión de que esta insuficiencia, y no el conocimiento del entorno, ha sido la causa en los malos resultados de la actual administración.

La corrupción sí es un problema de valores, y remite a la descomposición social por el individualismo posesivo que permea la cultura dominante y que lleva a lo que el Presidente califica como aspiracionismo. Pero la retórica evangelizadora desde el poder no ayuda. Se requiere entender el problema cultural, pero también los incentivos, las reglas, los procesos y las instituciones que son parte de la solución. Si sólo se atendiera el objetivo de abatir la impunidad, se alcanzaría mucho más que con el discurso, que al dar por resuelta la corrupción, la enmascara y propicia su continuidad.

Lo mismo puede verse en otros temas. Por ejemplo, recientemente el Presidente ha resuelto crear una empresa pública para vender gas y con ello evitar el abuso de quienes dominan la oferta. Suponiendo que sí sea, hay respuestas institucionales, incluso algunas en los márgenes de la cordialidad, que pueden utilizarse para resolver el problema. Para lo primero está la PROFECO, la COFECE y la CRE. De ahí la importancia de empoderar a los órganos autónomos para que sean estos y no la competencia desde el estado los que impidan las deformaciones del mercado. Para lo segundo, el SAT es más que convincente para que las utilidades se correspondan con una contribución proporcional al erario.

Igual sucede en el tema de disminuir la pobreza. Desde luego que todo mexicano tiene derecho a un piso mínimo de bienestar. Pero frente a las limitaciones del gasto público, no se puede generalizar el gasto social, sino focalizarlo y convertirlo en acciones que permitan integrar al circuito de la economía a los sectores menos favorecidos. Para eso se requiere impulsar al sector privado y a la generación de empleos como prioridad del gobierno, sin prejuicios. Sólo así es posible que el bienestar sea algo real, permanente y, sobre todo, que no quede en simple retórica.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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