Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El llamado a la justicia

De siempre, el sistema de justicia ha sido lo mejor del régimen institucional. Aunque ha habido momentos difíciles para todo el país y también para la judicatura, hay generaciones de jueces, magistrados y ministros que con denuedo han aportado a la justicia y al bien de la nación. Para nuestra democracia y para el Poder Judicial, el momento más significativo fue la reforma que se promulgó los primeros días de 1995. A un presidente economista y demócrata le quedó claro entonces que mejorar a México requería la independencia plena de la Corte del Poder Ejecutivo.

A raíz de aquel cambio constitucional diseñado para consolidar su autonomía, la Corte ha adquirido relieve y sus integrantes han estado a la altura del momento del país. Sin embargo, el sistema de justicia requiere una transformación profunda, a partir de las sólidas bases que existen. Un tema de la mayor prioridad es aproximar la justicia al ciudadano, en especial a quienes no tienen la condición económica o social para acceder con facilidad a ella. Una justicia lejana a las personas es casi lo mismo que inexistente.

El país ha logrado en las últimas décadas realizaciones significativas. Llegar a la normalidad democrática fue un proceso largo, que tuvo lugar con el esfuerzo de muchos, mediante un ejercicio de aproximación institucional que promovió múltiples reformas, no todas virtuosas, pero sí consistentes al objetivo de mejorar la democracia representativa. En estos tiempos de falta de aprecio al pasado, es preciso reconocer lo mucho bueno que hay para no dar saltos al vacío y así tener sentido de ruta y destino. Como tal, la Corte vive su mejor momento, aunque el sistema de justicia llama por una reforma de fondo y trascendente.

El que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, ante el Presidente López Obrador presente su propuesta de reforma de justicia y éste la haga propia, es un hecho inédito y que va mucho más allá de las buenas formas republicanas. Bien pudo ser el Presidente, en su condición de Jefe de Estado, promotor, autor y presentador de la propuesta. En su lugar es el presidente de la Corte, responsable de la preparación del proyecto, quien ha trabajado de manera estrecha con el Consejero Jurídico del Presidente, Julio Scherer Ibarra. Un ejemplo encomiable de la colaboración de poderes y que disipa muchas preocupaciones en torno a un cambio de tal naturaleza.

Corresponde ahora al Poder Legislativo y en su caso al Constituyente Permanente, dar los pasos para que la propuesta pase a la condición de norma, de iniciativa a ley, y sea realidad lo que propone el ministro Zaldívar: un poder judicial más fuerte, independiente y más cercano a la gente, que imparta justicia para todas las personas con estándares de excelencia y honestidad.

En el estudio y análisis de la iniciativa, son muchos los aspectos que deberán abordarse y discutirse. En mi perspectiva, dentro de lo mucho positivo, adquiere primer lugar la revolución al sistema de jurisprudencia a efecto de que la fuerza de los precedentes no sea la reiteración sino el voto de la Sala o del Pleno con mayoría calificada. De esta manera todas las sentencias serán relevantes, lo que obliga, como se ha señalado, a un nuevo tratamiento en las resoluciones materia de tesis, criterio jurídico y argumentación de la decisión. De esta forma se fortalece la Corte como garante de la constitucionalidad.

Otro aspecto que destacar es la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial a manera de promover y garantizar la calidad de la carrera judicial. La idea es formar jueces y también llevar a cabo los concursos de oposición para todos los cargos. De inicio se propone que el Poder Judicial pueda celebrar acuerdos con los de las entidades, a manera de que la Escuela pueda asistirles en la capacitación, formación y promoción de sus integrantes. Este es un tema relevante como puede advertirse en los problemas que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La carrera judicial al ser determinante, no puede ser la única vía para acceder a los niveles superiores de la Corte o del Consejo de la Judicatura. La experiencia de más de 20 años revela que la inclusión de ministros provenientes del servicio público, la academia o el ejercicio profesional privado, ha sido en casi todos los casos un significado acierto.

El planteamiento de fortalecer al defensor público es también tan necesario como urgente, ya que es el único medio para que la inmensa mayoría de las personas puedan tener una representación ante la justicia. Este tema es medular para un acceso a la justicia de calidad que exigen y merecen los mexicanos. La indefensión de los más pobres resulta de la dificultad para contar con una buena defensa y es en sí misma un acto de grave injusticia. La trascendencia de las reformas en puerta son una nueva oportunidad de materializar un viejo anhelo colectivo, el de contar con una justicia profesional, no sólo pronta y expedita, sino que llegue a las personas.

Del diálogo al acuerdo

El diálogo del poder con los demás es una parte fundamental de la buena política. Uno de los cambios relevantes del presidente es la apertura hacia sectores que por el perfil retórico del presidente no estarían en el primer lugar de la agenda. La investidura presidencial obliga y limita. Soy de la opinión que el mandatario debió recibir a las víctimas que marcharon en días pasados. Un encuentro con Javier Sicilia hubiera sido útil frente a un grupo que se ha movilizado al amparo de una causa irrefutable. El presidente ha instruido a su gabinete para escuchar los reclamos y las propuestas de las víctimas; sería útil que el mismo mandatario se involucrara.

El diálogo es indispensable para quien detenta el poder. En este nuevo giro del trabajo presidencial, el encuentro con empresarios es sano y encomiable. El presidente tiene mucho que decir y convocar, pero también los empresarios deben decir lo que les limita para invertir a ellos y a sus pares. El presidente da garantías de respeto riguroso a la ley y eso es relevante y, todavía más, una relación al margen de la corrupción o el tráfico de influencia. Eso es lo que necesita la empresa para crecer e invertir, certeza sobre el Estado de derecho y el compromiso de las autoridades de cumplir y hacer cumplir la ley.

Los encuentros con empresarios han provocado cambio. El presidente ha encontrado un sector empresarial a la vanguardia mundial, con un sentido de responsabilidad más allá de lo que se hubiera pensado y con un compromiso para continuar invirtiendo en el país. Por su parte los empresarios ven en el presidente la autenticidad de su propósito al servicio de México y también una actitud de respeto hacia los sectores productivos.

Lo relevante del acuerdo y del entendimiento entre el poder y los factores económicos es la convicción compartida sobre el crecimiento económico. El gobierno tiene no sólo una retórica difícil de procesar por el inversionista, también una postura ideológica que redefine las reglas existentes sobre todo en el sector energético. Que existan temas de divergencia no significa que pueda haber otros de convergencia y acuerdo, además de que éstos últimos son mucho más relevantes que los primeros. De allí la necesidad del diálogo y también del acuerdo.

Es bueno y productivo su encuentro con los mandatarios estatales de todos los partidos. Lo es para que la política pública del gobierno federal pueda ser instrumentada en el territorio de manera eficaz, bien sea en materia de seguridad, salud, educación o economía. El presidente necesita del apoyo de lo gobernadores, como también los gobernadores del presidente. Cuando del bienestar de los mexicanos se trata no hay diferencias partidarias. Un ejemplo muy a la vista de una relación constructiva es lo que se ha dado entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y el presidente López Obrador. Distintas generaciones, partidos diferentes, agendas asimétricas, pero un propósito común.

Al presidente le hace falta reunirse con los líderes de la oposición. En este contexto es una buena señal el diálogo y encuentro del presidente con los coordinadores legislativos de la Cámara de Diputados de todos los partidos políticos. El consenso sobre lo fundamental es posible, pero también asumir las diferencias sin que esto de lugar al denuesto o a la descalificación. La pluralidad política es expresión del país diverso y las diferencias que hay entre los mexicanos. No hay proyecto político que pueda representar todo y a todos. Además, una vigorosa e inteligente oposición es necesaria para la buena marcha del país y para el eficaz escrutinio del poder. El respeto a disentir también es acuerdo.

El diálogo con la diversidad es la expresión del poder presidencial como representante de todos los mexicanos. Si bien es cierto que el gobierno ha sido electo con una plataforma particular y que es lo que esta promoviendo el presidente, también lo es que la función del presidente como jefe de Estado, es decir el conjunto nacional, le obliga a la apertura y a un ejercicio permanente de encuentro con los demás.

Los problemas y los anhelos de los mexicanos no se resuelven a partir de la voluntad presidencial, pero tampoco sin ésta. La tarea hacia delante para un mayor bienestar y crecimiento económico, una mejor seguridad para las personas y sus familias, servicios públicos de calidad o autoridades al margen de la venalidad es una construcción colectiva, de poderes públicos, ordenes de gobierno y órganos autónomos. También de la sociedad en sus expresiones múltiples como son empresas, organizaciones sociales y civiles, medios de comunicación, iglesias, escuelas y universidades. A todos corresponde una tarea para lograr un mejor país. Que el presidente reafirme su condición de mandatario de todos los mexicanos a través del diálogo y del acuerdo, es un buen camino hacia tal propósito.

 

Programa para la inversión

El presidente ha integrado un grupo de trabajo para la inversión y el crecimiento en el marco de la ratificación de T-MEC. Los trabajos serán coordinados por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. La decisión es correcta: dar prioridad a la inversión y llevar al nivel de la Presidencia de la República los trabajos para que todas las secretarías y dependencias del gobierno federal se incorporen al esfuerzo de promover la participación del sector privado. Las cifras del INEGI sobre el crecimiento obligan a todos y más al gobierno y empresarios a tal empeño.

El tema de la inversión adquiere para cualquier gobierno la mayor importancia. México es un país con un enorme potencial y con ventajas múltiples, pero la inversión se mueve por incentivos en un entorno mundial en que se compite para retener y atraer capitales. En la actual circunstancia, a la estabilidad macroeconómica nuestra se le agregan las perspectivas de la economía internacional y el inicio del nuevo acuerdo comercial.

El perfil del coordinador del gabinete para la inversión y el crecimiento económico, Alfonso Romo, es el idóneo por su experiencia, trayectoria y proximidad con el presidente y al sector empresarial. Resulta importante unificar criterios de las diversas dependencias para un solo propósito, por lo que es un acierto que sea la Oficina de la Presidencia la que tenga la responsabilidad de la coordinación.

En el pasado reciente, se han tomado decisiones que han afectado la confianza de los inversionistas. El ascendiente y respaldo que tiene el presidente con el conjunto de la población no se reproduce en el sector inversionista. Se ha hecho un esfuerzo de acercamiento con los empresarios y sus organizaciones, sin embargo, no se han presentado los resultados esperados porque los proyectos de inversión no resultan sólo del encuentro y diálogo, sino de las decisiones que se toman en el gobierno.

A los empresarios y particularmente a sus dirigentes les ha faltado claridad para exponer al presidente sus preocupaciones. Seguramente que el afán de una relación productiva y positiva les ha inhibido a presentar temas incómodos. Por ejemplo, el burocratismo de ciertas dependencias o la discrecionalidad con la que operan unidades del gobierno que tienen que ver con la supervisión de operaciones financieras, la amenaza por el unilateral congelamiento de cuentas y la nueva política en materia fiscal generan incertidumbre.

La confianza que el presidente abriga en sus proyectos de inversión en infraestructura no es correspondida por el sector empresarial. Hay duda sobre la concurrencia operativa entre el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez de la ciudad de México. Además, lo que se esperaba era un gran hub nacional e internacional y no la dispersión del tráfico en varios aeropuertos. La refinería de Dos Bocas también presenta reservas, y todavía más la rentabilidad del Tren Maya. El gobierno no ha realizado un esfuerzo eficaz para convencer sobre estas obras. No hay suficiente respaldo con estudios técnicos que den fundamento a la excesiva confianza que el presidente tiene en ellos.

No obstante, existe una muy buena oportunidad con la presentación del programa de inversión del sector energético. Como ha reconocido el presidente, no hay recursos públicos para la exploración en aguas profundas y su eventual explotación. Esta tarea la pueden realizar los particulares. Es cierto, el presidente ha expresado su malestar porque para él  los particulares no han cumplido con la expectativa planteada por la reforma energética. El tema debe revisarse, pero no para cerrar la puerta a la inversión privada, sino para asegurar que su presencia atienda la esperanza que funda su presencia.

El crecimiento económico es fundamental para el país, porque es lo que puede generar bienestar duradero a las personas. Su deterioro afecta los supuestos de política económica y social del actual gobierno. Sin crecimiento, además del perjuicio social que implica especialmente por la vía del empleo, las finanzas públicas estarían sujetas a una permanente presión por la baja en la recaudación, lo que a su vez llevaría a recortes en el gasto más allá de lo conocido y que ha afectado la calidad de gobierno y a varios programas públicos que tienen que ver con la mejora en los niveles de vida de la población.

Por eso la prioridad de dar impulso al crecimiento es de la mayor urgencia. Es un acierto que el presidente lo atienda, pero también son necesarias las decisiones políticas que abran las oportunidades a la inversión privada y desde luego las condiciones que den certeza a los derechos de los particulares y de las empresas.

En este entorno, una de las tareas que deben realizar los representantes del sector empresarial a manera no sólo de defender sus intereses, sino de contribuir al engrandecimiento del país, es la de asistir al presidente para lograr que decisiones claves como la que ahora se toma, sirvan para el objetivo que las alienta, que haya crecimiento y bienestar social.

La apertura energética

La administración de Andrés Manuel López Obrador presentará a mediados de febrero el programa de inversión del sector energético. Su contenido vendrá a ser la definición más importante de política económica del gobierno, porque precisará los términos de la relación con el sector privado nacional y con la inversión extranjera. Mucho se espera de este anuncio, si bien preocupa el dilema en torno al rumbo a tomar: ideología o pragmatismo; dogma o realismo económico.

Sobra decir que no hay manera de que un país salga adelante sin una participación significativa del sector privado; pensar lo contrario es trasladarse a una realidad superada hace más de medio siglo. El estatismo no es opción. Quienes lo promovieron argumentaban en su favor la justicia social, la soberanía nacional y el interés general. El agotamiento del modelo estatista llevó no solo a la crisis, sino a dañar a quienes menos tenían, a una mayor dependencia del país de las instancias financieras estabilizadoras y, en no pocos casos, a una exacerbada corrupción, además de ineficiencia.

Es difícil de entender que el país regrese a un debate ya superado. El gobierno es insustituible en su responsabilidad rectora de la economía. Pero involucrarse en la producción es realizar actividades que los particulares casi siempre pueden hacer mejor, a menor costo y sin tener que recurrir al financiamiento o al subsidio públicos. Por eso el gobierno debe ser muy selectivo en las áreas y actividades de actuación económica.

La sociedad espera que los recursos fiscales sean óptimamente empleados; su mejor aplicación es central de la política económica. La participación del sector privado no necesariamente da lugar al desplazamiento del sector público; al contrario, puede generar la concurrencia, es decir, formas de asociación o coparticipación entre el gobierno y los particulares. La figura de la concesión de servicios e infraestructura suelen ser una fórmula idónea para impulsar el desarrollo de las economías nacional y regionales.

No se trata que desaparezca el Estado y todo lo dominen los privados. El gobierno tiene una función clave y se llama regulación. La economía la requiere y también el adecuado funcionamiento del mercado. En cambio, la competencia desigual entre entes públicos y los particulares desalienta la inversión y a la larga genera ineficiencia. Es más fácil asegurar el buen desempeño económico a partir de la lógica económica de empresa, que la que resulta del gobierno. Si las cosas no salen bien, la empresa deberá cambiar o incluso cerrar; no así cuando es la empresa pública.

Las dos grandes empresas paraestatales son del sector energético: CFE y Pemex. La concurrencia del sector privado en generación y producción es una necesidad. Las dimensiones de lo que se requiere de inversión para mantenerlas al día supera en mucho la capacidad de las finanzas públicas. El Presidente ha sido claro respecto a la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas para que contribuyan al desarrollo nacional. Este propósito no riñe con la coparticipación del sector privado. Más aún, su actualización hace recomendable la inversión privada.

Ha sido un acierto que el diseño del programa de inversión del sector de energía se haga con la presencia del sector empresarial. Esta apertura del gobierno debe ser correspondida con definiciones claras de los empresarios, sobre las que se desprendan compromisos concretos, medibles y asociados a los resultados que se pretenden. Los problemas que presenta la economía no los resuelve la retórica, tampoco la buena voluntad o la cordialidad entre autoridades y empresarios. El crecimiento económico se asocia a la confianza, a la certidumbre de que la inversión habrá de recuperarse, a la vigencia del estado de derecho y a la certeza en torno a las reglas que regulan la economía y el sector.

Afortunadamente para el país, el entorno mundial no es adverso. Tampoco la circunstancia de nuestros socios comerciales es negativa, más bien lo contrario. La firma del T-MEC es factor de certeza y confianza. En la economía global existen capitales en búsqueda de oportunidades de negocio. México tiene un gran potencial y muchas ventajas que es necesario que las autoridades las hagan valer. No hay espacio a la desconfianza, menos a la hostilidad por parte del gobierno. Apertura y reglas claras es la mejor manera de alentar la inversión que el país requiere.

Las autoridades deben tener claro que no hay manera de alcanzar un crecimiento económico en los términos comprometidos sin el motor de empuje que es la inversión privada y sin el capital externo. La relación entre desarrollo social y desarrollo económico es estrecha. No se puede lograr lo primero sin lo segundo. El programa de inversión en energía debe tener presente esta premisa, aprovechar que no hay inflación, que existe estabilidad cambiaria para impulsar el empleo y el bienestar social. Es decir, lo que se defina a mediados de febrero será determinante para el crecimiento del país.

Reforma de justicia penal

La realidad llama a un cambio de fondo de la justicia penal. Son muchos los intentos que se han hecho para adecuar leyes e instituciones para hacer frente a la ominosa evidencia de que la abrumadora mayoría de los delitos que se cometen en el país, no llegan a esclarecerse y sus responsables casi siempre quedan impunes. No es una situación nueva, ha sido la constante a lo largo de la historia nacional. Lo que sí es reciente, al menos en las pasadas tres décadas, es el incremento de delitos violentos por la evolución de una nueva criminalidad cuyo origen es la producción o el trasiego de drogas ilegales, situación que se ha vuelto por demás insostenible y por el daño que entraña para comunidades, personas y sus familias. También las instituciones públicas sufren un fuerte deterioro y desprestigio ante tal situación. La criminalidad junto con la corrupción son las grandes heridas del cuerpo

A pesar de las insuficiencias y de los magros resultados, el país ha consolidado buenas instituciones, además hoy hay funcionarios capaces en ese segmento de responsabilidades públicas fundamentales como es el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una integración confiable y a la altura de la exigencia de estos tiempos. En el Poder Legislativo y especialmente en el Senado de la República hay talento sobrado para contribuir a una reforma para mejorar la capacidad del Estado mexicano para hacer frente al crimen y la violencia en el marco de la civilidad propia de la justicia moderna.

La inclusión debe incorporar a la sociedad y particularmente al gremio y a la academia de derecho. No es una reforma fácil, pero si hay claridad de objetivos a partir de un certero diagnóstico puede asegurarse que la diversidad de opiniones y perspectivas converjan en un diseño institucional y jurídico consecuente con lo que se pretende.

Aspecto por considerar es el definir etapas del cambio desde el proceso legislativo. Incluso inaugurar un esquema de aplicación de la norma en el que haya una evaluación al cabo de cierto tiempo y de los resultados se hagan las adecuaciones necesarias. No hay reforma infalible y por lo delicado del tema sería recomendable un innovador esquema en el que se prevean ajustes a partir de lo alcanzado. Así es, porque habrá que innovar en términos tales que solo los resultados son los que pueden avalar el cambio. Desde luego que se deben salvaguardar los principios propios del debido proceso y contenidos en nuestro texto constitucional.

La gravedad de la situación no llama a decisiones desesperadas o precipitadas, esto puede ser contraproducente y provocar problemas más serios que las soluciones que se pretende. Por esta consideración es aconsejable que la reforma sea objeto de consulta y que sea un esquema de parlamento abierto la manera idónea para la participación de muchos en el diseño de la reforma. El Senador Ricardo Monreal se ha comprometido en reformar al Poder Judicial, tarea que debe emprenderse con un sentido de pluralidad y de inclusión.

A la Fiscalía General de la República se le deben dotar herramientas suficientes para que pueda cumplir su cometido. Es fundamental que las malas prácticas del pasado queden superadas y que se potencie lo bueno que existe. Las expresiones recientes de su titular han sido claras y convincentes. Por su experiencia, visión y profesionalismo deben ser un elemento central para que el Estado mexicano fortalezca su capacidad para defender a la sociedad de sus peores y más perniciosos enemigos.

Las garantías y derechos del inculpado deben asegurarse para que la investigación y el juicio penal cumpla con la condición del debido proceso. También debe darse mayor espacio a los derechos de las víctimas. Asimismo, para evitar que responsables de delitos evadan la justicia, es necesario resolver el problema derivado de detenciones irregulares o carpetas de investigación deliberadamente mal integradas.

Siempre he creído que los jueces deben ser protegidos de la amenaza o de la intimidación. Es necesario valorar lo que con éxito se ha hecho en otros países para cuidar a quien debe dictar sentencia. Tribunales especializados en crimen organizado y jueces protegidos en su identidad son algunos de los ejemplos. No debe trivializarse la amenaza que representa el crimen y desde ahora emprender cambios que salvaguarden a quienes conducen a las instituciones del estado en la procuración o administración de justicia.

Finalmente estimo necesario incorporar un elemento de la reforma penal: el sistema carcelario mexicano. No es aceptable que los centros de reclusión sean escuelas para el crimen. Mucho menos sean una forma de santuarios para actividades criminales como es la extorsión telefónica. La sanción no sólo debe ser ejemplar y consistente con la gravedad del delito, también debe ser espacio para dar lugar a una de las grandes utopías de la civilización: la reinserción social del delincuente.

 

La esperanza es poderosa y también frágil

El tránsito del descontento a la esperanza es el signo del ánimo social del país. Ambos sentimientos tienen como origen la política. El mayor cambio alcanzado en este periodo no se expresa en transformaciones institucionales o de gran calado, sino en el talante de buena parte de la población. El desenlace de la elección de 2018 dio espacio a un proceso disruptivo cuya fuerza está más en lo que se espera que en lo que se recibe.

Los elevados niveles de aceptación del Presidente López Obrador se vinculan más con expectativas que con realizaciones. La proyección negativa del pasado sirve de plataforma para legitimar el presente, aun cuando sus expresiones estén editorializadas por la hegemonía informativa que tiene como punto de partida la comparecencia presidencial por las mañanas. De esta forma el Presidente construye realidades en el imaginario emocional de los mexicanos en el que se plantea un pasado remoto idílico, un pasado inmediato tan trágico como desastroso y un futuro promisorio. El presente tiene permiso de todo, precisamente por el profundo descontento con el pasado y lo esperanzador de lo que viene.

En tal afán, exitosamente realizado hasta hoy día, son muchas las bajas. Quizás la más sensible es la incapacidad, ineficacia o inexistencia de una oposición. Todo sistema requiere de oposición, incluso se puede decir que la calidad de un gobierno en buena parte depende de quien se le opone. No ha sucedido así. No hay debate propiamente. Muchos sectores que históricamente han contribuido a enriquecer la diversidad y el escrutinio hoy no cumplen su tarea. No solo es un problema de la oposición formal, también es la que viene de la sociedad, de los medios, de las organizaciones civiles, de los grupos organizados. El consenso es frágil cuando se desapega de la realidad, más si se trata de una sociedad silenciosa o complaciente.

Otra de las bajas del imperio de la retórica podría ser la verdad y en ciertos sentidos hasta la legalidad. Cuando se cree lo que se quiere y esto viene desde el poder todo se alinea para desestimar lo que realmente está aconteciendo. Incluso cuando el reclamo legítimo se confunde con una embestida aviesa del adversario no se podrá tener claridad del problema, como ahora ocurre con la crisis en el sector salud. Respecto a lo segundo, son pertinentes y atendibles las observaciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero sobre la necesidad de cuidar con escrúpulo las premisas del debido proceso, en especial la presunción de inocencia.

Los desafíos que tiene el país son significativos. Hay mucho por corregir y alcanzar, también por cuidar y preservar. Es tarea de todos hacer realidad el anhelo de mejorar el estado de cosas. El presidente no está solo en ese empeño, pero la unidad y la concordia se construyen al conceder a cada cual el espacio que le corresponde, incluso a quien se opone o tiene reserva sobre lo que se está haciendo. El encono y la confrontación deben ceder; el mismo presidente lo ha manifestado.

A pesar del pronóstico catastrófico de algunos, se puede continuar por el camino de la popularidad con déficit de resultados. Afortunadamente, no se vislumbra ni colapso, mucho menos rebelión. Pero el tema no está en el ámbito de la política, sino de los resultados concretos, medibles y que son ilustrativos de la condición que viven las personas y sus familias. Así, debe preocupar sensiblemente la generación de empleo. Muchos de los problemas sociales tienen como origen la falta de oportunidades y nada mejor para ello que una economía próspera que genere satisfacción a todos. Esto debe reflejarse en el empleo y más cuando se tienen condiciones laborales y salarios dignos

También debe verse con singular atención el tema de la impunidad que a su vez convoca a la lucha contra la venalidad y la delincuencia. El país de siempre ha padecido la incapacidad de un sistema de justicia eficaz. Desde ya hace mucho tiempo, la proporción de delitos que no llevan a la sanción al responsable es el principal incentivo para la reincidencia y que las actividades criminales se extiendan a lo largo del tejido social o en el gobierno a través de prácticas corruptas.

La estrategia de seguridad del Estado mexicano debe incluir a la diversidad de instituciones e instancias, incluso a la misma sociedad. Es preciso un llamado para suscribir un acuerdo incluyente que signifique un punto de quiebre en la capacidad institucional para proveer justicia. La tarea de abatir la impunidad es de todos y debe ser una de las exigencias más enérgicas de la sociedad mexicana a sus autoridades. No puede haber complacencia, lo que no significa avalar métodos o acciones que no dieron resultado en el pasado.

La esperanza es poderosa y a la vez es frágil. Lo es en el presente y más cuando la referencia del pasado es muy negativa. Su fragilidad radica en la necesidad, más tarde o temprano, de generar resultados; la retórica sirve, pero al paso del tiempo requerirá mucho más.

Miedo, impaciencia y esperanza

Los tres sentimientos más recurrentes en las transformaciones políticas son el miedo, la impaciencia y la esperanza. Con respecto a la transición de las dictaduras militares a la democracia de hace décadas, decía el brillante periodista y ex presidente de Uruguay, José María Sanguinetti, que el éxito de este proceso dependía de la correcta administración de dos sentimiento, el miedo de los que se iban y la impaciencia de quienes llegaban. La afortunada frase define muy bien las presiones y dificultades en todo proceso de cambio.

México vive una transformación importante en cuanto a política y ciertos aspectos relevantes del gobierno, destacadamente la orientación del gasto público. El presidente López Obrador ha sido portador de la esperanza de muchos y el miedo de pocos, pero poderosos. El optimismo de los más vive en desencuentro con el pesimismo de los menos. No es propiamente un conflicto, sino más bien un sentimiento de desconfianza que va acompañado de incertidumbre. Hay un sector de opinión relevante que reproduce esto último y también en un amplio espectro de inversionistas.

La esperanza es un sentimiento positivo, mientras que la impaciencia que puede desbordar al proceso de cambio, no se ha hecho presente. En ello tiene mucho que ver el liderazgo del presidente y su intensa actividad comunicacional. Pasado poco más de un año hay razones para la impaciencia en términos de resultados, especialmente en el ámbito económico y en el de la seguridad. El presidente ha pedido tiempo y por las cifras del acuerdo presidencial, se asume que la mayoría de la población concede.

Si hay una característica de la oferta del actual presidente, desde sus anteriores campañas, ha sido el de concitar esperanza, la que crece conforme es mayor la insatisfacción con el orden de cosas. En 2006 se vivió una situación polarizada en extremo; en 2012 la opción de alternancia la disputaron el PRI y el candidato López Obrador. En 2018 el desenlace se explica porque las opciones diferentes al candidato ganador fueron percibidas como lo mismo; el candidato de la alianza encabezada por Morena pudo plantarse como la única opción de cambio y de allí el sustento de esperanza.

El anhelo de mejorar y el desprecio por el pasado persisten. Hasta hoy, el presidente mantiene un virtual monopolio del sentimiento de esperanza. Sin embargo, gradualmente han disminuido el entusiasmo y la certeza de muchos, no en cuanto a las intenciones, sino a la capacidad para obtener buenos resultados. El presidente cuenta todavía con un amplio capital político, pero los resultados en la economía y sus efectos por el bajo crecimiento, así como la persistente situación de creciente inseguridad, son los retos que pueden llevar al desencanto.

Este año que comienza será fundamental para que el proyecto de gobierno despegue. Las premisas y las definiciones políticas cardinales han adquirido carta de naturalización. Asimismo, que el consenso persista a contrapelo de los magros resultados y de los costos del cambio significa que la población confía en que con el tiempo habrán de cumplirse las promesas. La memoria del pasado inmediato favorece el consenso en relación con el proyecto en curso. Sin embargo, cada vez será mayor la presión para concretar resultados, y éstos no sólo dependen de la mayoría que respalda y confía en el presidente, sino de ese sector de la economía que es toral para apuntalar el crecimiento.

Es aconsejable también que la estrategia contra la corrupción y la inseguridad se base en la aplicación estricta de la ley. La postura primordialmente moral en el discurso del presidente debe ceder espacio a la legalidad y, sobre todo, a combatir frontalmente la impunidad. Desde luego, para este combate es fundamental el proceso legal, tanto en la etapa de investigación como en la capacidad del juez de proveer justicia. Por supuesto, los valores propios de la civilidad deben hacerse valer, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de todos ante la ley y la imparcialidad de la justicia.

Abatir la impunidad en forma alguna significa convalidar estrategias del pasado. Justamente se trata de lo contrario: el común denominador en la debilidad del Estado para combatir el crimen ha sido precisamente que la impunidad ha ganado la batalla. El gran cambio que el país requiere consiste en que, por primera vez, haya claridad estratégica, capacidad operativa y un sistema de justicia capaz de revertir la situación.

En temas de corrupción deben abrirse más espacios a la denuncia y a la participación de organizaciones civiles. Que el presidente esté al margen de la sospecha es un buen principio, pero el problema está en el conjunto del sector gobierno, incluyendo los locales y municipales. No se debe bajar la guardia en la lucha contra la corrupción, y este gobierno, por origen y mandato, tiene la mayor responsabilidad en ello. Con el tiempo, los señalamientos al pasado perderán valor, lo importante será que las cosas hayan cambiado realmente, lo que llevará tiempo y persistencia.

Distinguir las sombras en el mundo

El día más corto del año -en el hemisferio norte-, que por consecuencia se acompaña de la noche más larga, ocurre -con arreglo al calendario gregoriano- en el mes de diciembre. El solsticio de invierno, conlleva un simbolismo milenario de paz, descanso e introspección ante el advenimiento de la época más fría y oscura del año. Para las sociedades agrícolas, la llegada del invierno tenía una doble dimensión: por un lado, traía grandes calamidades a causa del inmenso frío, que, tal vez está por demás mencionarlo, podía poner la vida en jaque. Y por el otro, era el momento de gozar todo lo trabajado durante el año, después de la gran cosecha de otoño. La llegada del invierno era el momento de compartir y descansar.

No obstante, el simbolismo que acompaña la llegada del invierno, está cimentado en la lucha eterna, que libra la luz contra la oscuridad. Donde la primera, representa la esperanza y la fortaleza frente a las adversidades que suceden bajo el manto que cubre nuestros ojos. El miedo a la oscuridad es ancestral, nos evoca peligros, pues obnubila uno de los sentidos fundamentales para la supervivencia: la vista. No en vano las luces se han asociado durante milenios a la razón, permitiéndole, a quien sale de la cueva -así, como en la caverna platónica-, distinguir las sombras de un mundo que antes era incapaz de vislumbrar. Asimismo, las luces han sido el estandarte combativo de las artes y la ciencia contra la represión, la ignorancia o la negligencia. Represión, a la que los ilustrados llamaron, no por casualidad, oscurantismo.

La luz, además de ser paladín inquebrantable de la ilustración, es el símbolo de las fiestas del solsticio de invierno. De la tradición judía, el 25 de Kislev se celebra durante ocho días consecutivos Janucá, la llamada fiesta de las luces. Janucá, es la conmemoración de un milagro, pues según el relato, después de que los guerreros judíos lucharon contra Antíoco, volvieron al templo Sagrado de Jerusalén para darse cuenta, solamente, de que había sido profanado. Se cree, que cuando iban a encender la Menorá, el aceite restante sólo alcanzaba para conservar la llama viva por un día, pero contra todo pronóstico, se mantuvo ardiente a lo largo de ocho días consecutivos, tiempo suficiente para remplazar el aceite. Janucá es una conmemoración de libertad e independencia, que marca la emancipación del pueblo judío, sometido por largo tiempo a la opresión griega.

En el día más corto del año, encender la luz significa alargar el día. Evitar ser consumido por la oscuridad y defenderse de los peligros que esta supone. Análogamente a Janucá, Navidad celebra la maravillosa luz que, en este caso, anuncia el nacimiento de Cristo, por medio de la estrella de Belén, que, a su vez, indicó el camino el día de la epifanía, cuando los Reyes venidos de Oriente pudieron encontrar el pesebre, gracias a la luz resplandeciente en el cielo. La luz, es al mismo tiempo, fuerza contra la oscuridad; amparo contra el temor; guía en medio de la incertidumbre y protección contra todo peligro. Las luces se prenden en Janucá y en Navidad para disipar las tinieblas que llegan con el invierno.

El invierno en nuestros días no es solamente una estación, es algo más que eso: nos acompaña a lo largo de todo el año, cubriendo con oscuridad la vida. Las guerras, el autoritarismo, el abuso de poder, la miseria y explotación humana, la corrupción, las enfermedades y las epidemias, la desigualdad -que se traduce en desesperación-, la violencia en todas sus manifestaciones; son todas muestras de penumbra. Pero, al mismo tiempo, así como la oscuridad se propaga todos los días por todo el mudo, también la luz, incansable, la combate.

Sin embargo, existe, también, la paz, la democracia, la justicia. Existen instituciones y personas comprometidas que luchan todos los días del año para resguardar, a capa y espada, a los más débiles; para generar un mundo cada vez más igualitario. Para asegurar la prevalencia de nuestros recursos naturales. Aunque abunda la censura; se alzan, para combatirla, las voces libres que iluminan a otros, como si fuera la estela de una estrella que evita el hundimiento en la ignorancia y el oscurantismo. Existen personas trabajando día a día por nuevos y mejores adelantos médicos y hay, en cada parte del mundo, un ser humano que lucha por la paz. En este momento, hombres y mujeres ponen su vida en riesgo para salvar a otros. Esa parece ser la constante: la lucha de la luz contra las tinieblas. Encendamos, pues, para los tiempos venideros, una luz perenne, que ilumine nuestro porvenir y el de las generaciones futuras. Feliz 2020 a los generosos lectores de esta columna, que vengan muchas bendiciones, hoy y siempre, para cada uno de ustedes y sus seres queridos. Les quedo muy agradecido por el tiempo de sus sábados dedicado a la lectura de este espacio.

Confianza

El país y el mundo viven un proceso de cambio que hace énfasis en lo rupturista. La motivación fundamental es distanciarse de lo que existe y en cierto modo, añorar un pasado que en el imaginario colectivo siempre fue mejor. En esta ruta que parece sin retorno, como nunca, las instituciones de la democracia liberal son objeto de acecho desde diversos frentes y esto ocurre por el desencanto con lo vigente. No deja de ser una paradoja que el descontento sea mayor cuando objetivamente el país y el mundo están mejor.

En este entorno social marcado por la desconfianza a lo convencional, la lucha por construir confianza ha sido el objetivo de los nuevos proyectos políticos que procesan sus aspiraciones a partir del desencanto. Conforme más fuerte, severa y radical sea la crítica al pasado inmediato, mayor el respaldo popular. De allí que en México y en otras partes del mundo tengan lugar gobiernos con un amplio apoyo popular en torno a un diagnóstico que a ratos parece catastrófico y de un líder que inspira confianza.

Así sucede con Boris Johnson en la Gran Bretaña, Donald Trump en el país vecino o Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Muy distintos los tres, incluso nuestro presidente ideológicamente en postura opuesta, pero lo que les es común es que tienen un extraordinario respaldo ciudadano precisamente porque saben conectar de manera tal con los electores a partir de su crítica frontal al pasado para corresponder a la percepción actual y a las aspiraciones de la sociedad.

Sin embargo, visto el impulso que los ha llevado al poder, y alcanzada con creces la fuente de legitimidad, no es la reconciliación propia de la política del pasado, sino justamente lo contrario, lo que anima a estos gobernantes surgidos del descontento. Mantenerse en confrontación permanente puede percibirse como indeseable, pero resulta efectista. Esto explica el por qué el Presidente López Obrador, no necesariamente su gobierno, alcanzan elevadas cuotas de aprobación en la población. El Presidente es confiable a una parte sustantiva de la población precisamente por su intransigencia al pasado, porque no hace las cosas igual, aunque esto no implica como relación causal, que un gobierno diferente sea mejor.

Las acciones disruptivas para acumular confianza se vuelven parte del paisaje a partir de su reiteración. Así ha ocurrido con mucho del estilo de gobernar del Presidente. Destacadamente con la comparecencia diaria del mandatario ante un muy singular sector de los medios de comunicación. El presidente logra el objetivo de mostrarse y demostrarse confiable en su empeño por gobernar, aunque genere recurrentes problemas por el contenido y la forma de sus expresiones.

El que mucho habla, mucho se expone, pero también le da la visibilidad necesaria para explicar y explicarse, para reiterar, para crear percepción. Los efectos del modelo de comunicación le han dado confiabilidad y confianza al Presidente, no a su gobierno y mucho menos a la coalición gobernante. En sus efectos negativos, es la personalización y centralización del ejercicio del poder gubernamental. Que el gabinete y el aparato gubernamental pierda peso tiene consecuencias significativas para la calidad del gobierno. Asimismo, el éxito presidencial en lograr respaldo popular con su prédica moral y su visión del poder y de la realidad, le van generando desconfianza y rechazo de otros segmentos, quizás minoritarios, pero de importancia para el éxito del gobierno y el progreso del país.

Siempre resulta importante lograr la confianza popular, pero también es necesario ganar la de las élites y los factores de poder que inciden en muchos aspectos de la vida social, política y económica. Para efectos prácticos, el Presidente ha perdido la confianza del sector inversionista a pesar de la estricta disciplina financiera para mantener el equilibrio y la estabilidad macroeconómica, de los recurrentes encuentros, y el explícito apoyo de representantes de los empresarios, así como una postura mesurada del presidente hacia ellos.

La dificultad mayor del presidente para extender el espacio de confianza está en su actitud elusiva y a veces ambigua al Estado de Derecho. La política de seguridad no genera confianza, no sólo por la falta de resultados, sino por las premisas que conllevan desestimar la responsabilidad de las autoridades en hacer que otros cumplan con la ley y sancionar el abuso y las conductas ilegales. Este no es un tema de moral pública, sino de estricta legalidad.

A la hora de gobernar, la confianza es un recurso que demanda permanente construcción. Recurrir al pasado como fuente de legitimidad tiene eficacia al inicio, pero son los resultados los que consolidan el proyecto. En la medida en que éstos se alejan del horizonte o no se dan con el acento comprometido, es inevitable que sobrevenga un nuevo desencanto o al menos que lleve, eventualmente, a una mayor polarización. Es momento que el presidente se cuestione sobre las razones de la confianza de unos y otros en el breve espacio que representan cinco años de gobierno.

Tenemos Acuerdo

La apertura comercial de México ha sido uno de los grandes logros del proceso de modernización del país. Los beneficios van más allá del intercambio de mercancías; lo más importante, es que abre espacio a un sentido de casa compartida entre naciones que se unen en torno a una idea de futuro común en el que el comercio es uno de sus componentes.

El TLC signado en 1994 representa un antes y un después para la economía nacional y para la relación entre los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México. El balance es altamente favorable para los tres socios comerciales, y desde luego más para México, por la simple razón de que un acuerdo de tal naturaleza tiene un efecto igualador, de forma tal que quien es más pobre, está más atrasado o rezagado, es quien más se beneficia de esta relación.

El acuerdo, como venía operando requería de actualización. En los anteriores tratados, como ahora, se hizo lo que se pudo. Sólo como ejemplo basta dar vista a lo que ahora representa la economía asociada a la tecnología digital respecto a hace 24 años para entender la necesidad de incorporar nuevos capítulos al acuerdo. Sin embargo, el principal motor para realizar un nuevo pacto comercial provino del presidente Donald Trump, quien desde campaña se comprometió a eliminar el TLCAN en un alarde de complacer a electores que se asumían afectados en su economía familiar por el traslado de plantas hacia México. Trump ganó con ese mandato, y era inevitable abrir negociaciones para un nuevo tratado.

Las autoridades mexicanas han hecho su mejor esfuerzo en las negociaciones con nuestros socios. En el pasado inmediato destacan Ildefonso Guajardo y recientemente, Jesús Seade. Fue un logro mayor de México la concreción del acuerdo en el marco de un severo enfrentamiento entre los congresistas demócratas y el presidente Trump, además de que está en puerta un nuevo proceso electoral que complica los acuerdos. Las negociaciones tenían que realizarse con agilidad y para ello el esquema convencional para llegar a un acuerdo tuvo que prescindirse. Queda claro que la ausencia de la fórmula convencional de participación del empresariado corresponde a las necesidades de la negociación y no a un deliberado propósito de excluirles.

Los analistas han destacado las concesiones que tuvo que hacer el gobierno, para algunos claramente desventajosas. Sin embargo, pocos han atendido que existen varios logros, entre ellos uno muy importante de carácter ambiental. Y es que los firmantes se comprometen a observar los compromisos que sus socios comerciales hayan suscrito en materia ambiental. En otras palabras, por la puerta de atrás, México lleva al gobierno norteamericano a cumplir los acuerdos internacionales en cuidado del medio ambiente, un logro global de la mayor trascendencia.

El T-MEC es un nuevo punto de partida para la economía nacional. Su mayor contribución es que aporta certeza y da claridad de qué lado están las autoridades mexicanas. Libre comercio va de la mano de la libre empresa, y esto es lo que hay que promover. Mucho se ha logrado en el pasado que debe aprovecharse, entre otras cosas, que el mercado funcione virtuosamente y que las reglas de la competencia operen eficazmente para dar fortaleza a los mejores.

Tenemos T-MEC. Es una nueva oportunidad para ser mejores, pero una vez firmado, existen muchos temas que tendrán que revisarse. Por ejemplo, la burocratización de trámites, el régimen fiscal, la ausencia de obra pública e infraestructura estratégicas, la inseguridad pública y la falta de una fuerza laboral calificada. El Presidente López Obrador, con el respaldo popular que tiene, debe ser un promotor de esa necesaria renovación pensando siempre en la inversión productiva. Para ello es fundamental no sólo los encuentros con empresarios y las expresiones de mutuo apoyo y respeto, sino decisiones que convaliden lo que se dice, de un lado y de otro.

A principios de 2020 deberá presentarse el programa de inversión en el sector de energía. Lo ya conocido ha tenido una buena recepción, especialmente, por la postura del gobierno para el desarrollo de infraestructura en comunicaciones de la mano del sector privado. Sin embargo, el sector energético es el de mayor relevancia porque allí se han depositado las esperanzas del gobierno para mejorar las finanzas públicas. El giro estatista que preocupa a algunos sectores debe revisarse y abrir al sector privado oportunidades de inversión, con apego a los principios y valores de la Constitución y sus leyes reglamentarias.

También será necesario que el presidente de curso a una negociación capaz de generar un acuerdo político de gran alcance para lograr una reforma fiscal que permita al gobierno cumplir con sus responsabilidades, a partir de una visión nacional que incorpore a los Estados, los municipios y al gobierno de la Ciudad de México. Por vía de mientras, el T-MEC es el mejor augurio para el país y hasta ahora el gran éxito de un gobierno que deja claro que en materia económica, apuesta al libre comercio.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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