La justicia es tarea fundamental del Estado. Es un concepto amplio, filosófico y ético, que no solo se refiere a los procedimientos formales, sino a lo que atañe a la vida cotidiana en sus diversas expresiones. La justicia va asociada a la equidad y en ciertos sentidos a la igualdad. Hay un sentimiento social compartido de lo justo y lo injusto; sin embargo, como tarea de gobierno, ésta sólo puede tener una expresión: la legal. Para la persona o para un colectivo, puede haber diferencias entre lo legal y lo justo; no así para la autoridad. Para ésta, la única vía hacia la justicia es la ley. No hay dilema posible, mucho menos razón para privilegiar la justicia sobre la legalidad.

Una de las mayores exigencias públicas y condición para el progreso es la certeza. Para ésta y para la legalidad no hay coartadas. Se requiere que la autoridad cumpla con la ley y de esta manera provea certeza. El gobierno requiere actuar invariablemente con apego a la ley. Para el Estado, la justicia no se interpreta, simplemente se cumple, porque su expresión más acabada, no perfecta, aunque siempre perfectible, es lo que establece la ley. Un gobierno que se desentiende de obedecer la norma, con cualquier pretexto o incluso, con argumentos éticos que pudieran parecer incontrovertibles pero distantes o contrarios del texto normativo, siembra las condiciones para la desobediencia pública y también para la falta de certeza de derechos.

El anhelo de justicia es real, pero si se particulariza su sentido o se ideologiza, se corre el riesgo de desvirtuar el interés general. Es principio general de la seguridad jurídica que los particulares no puedan invocar para el incumplimiento de la norma, desuso, desconocimiento o práctica en contrario; con mayor razón las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan, como implica el juramento de toda autoridad republicana. Tal compromiso no es un ritual vacío, tampoco es una obligación que se cumple solo en la medida de lo deseable o de lo posible.

El mensaje de incertidumbre jurídica que emite el gobierno es pernicioso en muchos sentidos, especialmente en el frente económico. Podríamos transitar a una situación crítica si se vuelve premisa de actuación de autoridad o de los particulares invocar la justicia por encima de la observancia de la ley. Llevar esta tesis a un extremo su destino es el caos o el imperio de quien tiene más capacidad para hacer valer su voluntad, a costa del ciudadano que tiene como único refugio y salvaguarda el estado de derecho.

Además, los temas fundamentales del gobierno actual sólo pueden cobrar realidad y trascender en términos de legalidad. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción no puede reducirse a una prédica moral y al supuesto de que ya no existe porque en las altas esferas de poder ha desaparecido. La corrupción se sanciona con la ley en la mano y es de elemental consideración que exista sanción para quien abusa. En otras palabras, la lucha contra la impunidad, base de la corrupción, se enmarca necesariamente en la lucha por la legalidad.

Las autoridades deben tener presente que es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Hacer valer la ley, en ocasiones requiere de vías de apremio que no está en manos de la autoridad eludir. Se cumple porque hay intereses de terceros que pueden resultar afectados, y se cumple porque es obligación de la autoridad mantener el orden y el estado de derecho. Hacer valer la ley no significa reprimir en el sentido simple de la expresión. Al contrario, no hacer valer la ley abre la puerta a la arbitrariedad y deja expuesta a la sociedad ante el infractor o quien incurre en acciones delictivas, como fue el caso de una parte del movimiento magisterial en Michoacán, que interrumpió el servicio público ferroviario como una medida de presión ante las autoridades locales.

Situación análoga se ha presentado con otra vertiente de esa fracción sindical, pero de Oaxaca. Su beligerancia y determinación ha impedido el desarrollo normal de las sesiones de la Cámara de Diputados. El gobierno ha hecho bien en no caer en la provocación, pero es un error ceder en hacer valer la ley, en no asegurar el trabajo normal de los poderes públicos y particularmente, en conceder razón en el fondo y modo a esa parte del magisterio, didáctica perniciosa porque muestra el camino con el que se tiene éxito ante las actuales autoridades.

En la República, donde gobiernan instituciones, para la justicia no hay otro camino que la ley. Por eso la Constitución concede al gobierno el derecho de iniciativa para modificar las leyes y la propia Carta Magna, pero no otorga espacio alguno para suspender la legalidad. La obligación es clara y contundente: el gobierno y su mayoría legislativa, no pueden invocar la justicia para desentenderse de la ley, por eso deberían dejar en claro que el cumplimiento con la ley es garantía de todos y base insustituible para la convivencia democrática.

 

 

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