Dilemas de la individualización

El tema tributario plantea dilemas difíciles y complejos. Por ejemplo, la existencia de regiones o sectores que aportan más a la recaudación general y que sería justo o equitativo que hubiera un retorno de ese recurso a dichos lugares o segmentos, al menos en una buena proporción. Por eso en materia de gasto presupuestal hay que cuidar siempre el equilibrio entre las acciones dirigidas a la mayoría, y los recursos destinados a temas de política social. El Estado de bienestar necesita apoyar a los sectores más desprotegidos, pero subsidiar de manera indiscriminada, como el único camino para lograr una mayor equidad, puede terminar poniendo en riesgo lo que el país ha logrado.

El acuerdo básico, por supuesto, es que todo mexicano por razón de serlo tenga un piso de bienestar (salud, educación, vivienda digna). Que buena parte de los recursos deben dirigirse a los grupos sociales en mayor necesidad, sea pobreza extrema, personas con capacidades diferentes o miembros de la tercera edad en condiciones de pobreza. No obstante, nada hay de mezquino en una política pública que apoye a las zonas generadoras de riqueza. No hacerlo en cambio, pudiera significar que quien más produce ve disminuido su rendimiento por la falta de soporte público, bien sea con calidad de servicios (seguridad o educación como ejemplo) o por la falta de infraestructura.

Los recursos públicos, de siempre, son muy limitados. Si bien es cierto que hay áreas de oportunidad para la optimización del gasto público, no tengo la impresión de que en México hayamos vivido el derroche generalizado. Por ejemplo, las satanizadas remuneraciones de servidores públicos es algo que en realidad cuesta mucho menos que tener un gobierno ineficiente, con autoridades improvisadas o incompetentes por la falta de incentivos materiales de quienes se desempeñan en posiciones de mando. El mercado laboral para este segmento tiene sus reglas y tiene sus consecuencias desatenderlas. Un funcionario con responsabilidades delicadas debe tener una contraprestación más allá de la satisfacción que ofrecen muchas áreas del sector público, y esto implica un ingreso equiparable al sector privado. Esto quizás no sea del todo válido para los altos funcionarios vinculados con la política, pero sí, sin duda, para los del servicio civil de carrera. Diferenciar administración de política es principio básico de la calidad del gobierno.

Al ser los recursos muy limitados, el gobierno debe ser selectivo y muy ordenado en su aplicación. No comparto la idea de subsidios generalizados, sino focalizados, es decir para quien realmente lo necesite. Tampoco creo que el dar dinero lleve a dignificar a las personas, más bien lo contrario. Lo que sí considero que es un acierto, bajo determinadas condiciones, es la asignación individualizada de los beneficios de política social. Eliminar la intermediación en su asignación es más económico, más eficaz y puede resultar bastante efectivo para frenar la tentación del clientelismo o de la corrupción.

La idea de cuentas individualizadas es más justa que el llamado sistema solidario. Las cuentas individualizadas ahora se hacen presentes con las AFORES o el régimen del INFONAVIT, el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, para el primer caso ha sido recomendable una reforma que regule las comisiones, ya que hay inequidad e ineficiencia, lo que será evidente en unos años cuando el ahorrador advierta en muchos casos que su aportación no cubre satisfactoriamente su retiro, que los rendimientos fueron bajos y las comisiones altas. Por otra parte, el que el INFONAVIT condone de manera indiscriminada adeudos o que el IMSS incluya derechohabientes sin aportación, disminuye las oportunidades de servicio para los aportantes, sean derechohabientes o acreditados.

En días pasados se ha activado la polémica por la decisión del gobierno de disminuir a la mitad el subsidio a las estancias infantiles y en su lugar, entregar los beneficios de manera directa a los padres de familia. Es un dilema, el individuo o la organización. El gobierno ha optado por lo primero, sin embargo, el que se afecte a dichos establecimientos perjudica su calidad de servicios y para muchos casos no se da una respuesta profesional al cuidado de los hijos de madres o padres trabajadores. Seguramente la consecuencia será un deterioro de los establecimientos, un incremento en el cobro o la desaparición de algunos, lo que afectará a la población que hace uso de esas instituciones.

De fondo, lo que se aprecia en las decisiones del gobierno federal es un ánimo acendrado de generar igualdad social y a la vez progreso. En esta tesitura, los tomadores de decisiones no deben perder de vista que existe una tesis irrefutable, aquella que dice que la mejor política social es el empleo. Para ello, se requiere que el Estado genere las condiciones propicias para que haya empleos productivos, es decir, aquellos que se derivan de la rentabilidad de los negocios y no de los subsidios gubernamentales.

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