El sistema electoral mexicano se construyó a partir de la desconfianza y de la creciente competencia por el poder. Si bien no es perfecto, es un caso exitoso. Sin embargo, las soluciones significaron un elevado costo al erigir una burocracia electoral permanente y muy amplia, además de un tribunal especializado para solucionar las controversias. El balance es claramente favorable, aunque tiene muchos pendientes. Por ejemplo, persisten el financiamiento ilegal, al igual que la partidocracia. Además, con la reforma de 2007 se restringieron de manera importante las libertades políticas de los ciudadanos y se dificultó la creación de nuevos partidos.

Sí se requiere una nueva reforma electoral, pero no a la medida de un grupo en particular. En todo caso el INE se debe fortalecer y trasladar las atribuciones de sanción a otro órgano particular para así evitar la presión de muchos frentes y concentrar su actuación en la organización de las elecciones. El instrumento de identidad debe estar a cargo de una entidad autónoma del Estado y no del INE. Con ello habría una reducción significativa del gasto.

Las inconformidades en las elecciones son lo de siempre. En ocasiones válidas y en su mayoría, no tanto. Se resolvió que las presunciones de violación de las reglas podrían llevar a anular la elección cuando la diferencia fuera menor a 5%.

Por otro lado, no se debe cuestionar el derecho de los candidatos o los partidos a rechazar el resultado de una elección. En todo caso para eso están las instancias legales y especialmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las elecciones de mañana domingo son un reto importante para la organización electoral. Prácticamente en todo el país habrá concurrencia de elecciones locales con la intermedia federal. El riesgo mayor viene del crimen organizado. Es natural que las expectativas de unos y otros se desbordan, mucho más por el ambiente polarizado que de hace tiempo se vive en el país. Lo relevante es la concurrencia ciudadana a las urnas, que los comicios se desarrollen con orden y que las impugnaciones sean razonables, no solo por el contenido, sino por su cauce institucional.

 

 

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