Propio de la política y del ejercicio de autoridad son los dilemas; las decisiones se dirimen casi siempre entre lo menos malo, más que en lo mejor. La frustrante distancia entre lo que se quiere y lo que se puede. Así es y así será. El poder se padece, aunque también ofrece la satisfacción por lo que pudo lograrse o evitarse.

Muchos pensarían que la Fiscalía General de la República es una de las instancias que por excelencia presenta dilemas. Y sería así, si la discrecionalidad del Fiscal estuviera regida por los intereses externos a la legalidad o bajo una idea preconcebida sobre inocencia o culpabilidad. No es así. Precisamente porque uno de los logros recientes de la reforma a la FGR, robustecido con el perfil personal y profesional de quien la conduce, es el estricto apego a la legalidad.

Es el caso de un Fiscal sin dilemas precisamente porque es la ley y las normas del procedimiento, las que dictan y rigen las decisiones a tomarse. Visto desde afuera hay casos delicados en extremo, como nunca: el de la ex secretaria Rosario Robles, el del ex director de PEMEX Emilio Lozoya y la investigación en proceso del General Salvador Cienfuegos.

Aun así no hay dilema ante el Fiscal. No hay la “papa caliente”. Se trata de seguir el proceso de conformidad a lo que determina la ley. Quizá el asunto más emblemático y delicado es el que refiere al General Cienfuegos. En México no existía investigación; a la Fiscalía se le ha turnado la información sobre la que las agencias norteamericanas fundaron su causa y recurrieron a un procurador para iniciar un juicio y lograr así la detención del general en territorio norteamericano. Si los elementos y las pruebas son convincentes, legales de conformidad con nuestro régimen jurídico y fortalecidas con indagatorias propias, se darían los pasos consecuentes; de no ser así el caso se desestima.

Lo mismo puede decirse para cualquier otra investigación o proceso penal. Las presiones y preocupaciones son naturales. Pero la legalidad es el marco sobre el que se debe decidir siempre y eso, precisamente, significa, independientemente de la importancia del asunto o de qué o quién está de por medio, que no exista dilema sino una estricta aplicación del derecho.