Una vez pasada la tormenta mediática de los primeros momentos, lo menos que se puede decir es que la crítica al voto de la Corte sobre la consulta ha sido desproporcionada. El clima político impide ver en sus términos la manera como el máximo tribunal resolvió un tema jurídicamente complejo. Se optó salvaguardar el derecho ciudadano a participar y al mismo tiempo, por la justicia sin interferencia y bajo estricta legalidad.

Sorprende que cada extremo vea en la resolución de la Corte justo lo que no existe. El tribunal no sólo reformuló la pregunta, sino cambió su naturaleza. Con ello se salvó lainconstitucionalidad que advirtió la lúcida ponencia del ministro Aguilar, y se atendieron observaciones de gran valor, como las del ministro Laynes.

La consulta no será para decidir si se debe actuar penalmente contra los ex presidentes, hay consenso que para proceder contra un presunto responsable no se requiere de aprobación alguna. La justicia no está sujeta a consulta o a voto mayoritario. De lo que se tratará es que el Congreso o el gobierno realicen las acciones pertinentes para esclarecer la responsabilidad de autoridades por decisiones en años pasados.

Es muy importante que la decisión de la Corte sirva para un quiebre en el ambiente de polarización que se padece y que afecta al país. Los retos por delante requieren de unidad. Para ello es preciso diferenciar el plano de la disputa política y electoral, del de la unidad para superar la adversidad y recuperar bienestar y crecimiento.

La economía requiere de certeza. El gobierno debe ser el primero en aportarla, bajo la aceptación compartida de que la inversión privada es fundamental y su presencia no requiere de privilegios ni ventas asociadas al abuso, simple y sencillamente que se respeten los contratos suscritos, la ley y los procedimientos judiciales.

La confrontación es un elemento nocivo que distrae y paraliza. La Corte cumplió con una difícil tarea. Cualquier decisión sobre la consulta hubiera sido polémica. Por eso, la descalificación parte de bases falsas. La decisión de los ministros es consecuente con el principio de que la justicia no se vota ni está sujeta a consenso o expresión mayoritaria.

 

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