De siempre, el sistema de justicia ha sido lo mejor del régimen institucional. Aunque ha habido momentos difíciles para todo el país y también para la judicatura, hay generaciones de jueces, magistrados y ministros que con denuedo han aportado a la justicia y al bien de la nación. Para nuestra democracia y para el Poder Judicial, el momento más significativo fue la reforma que se promulgó los primeros días de 1995. A un presidente economista y demócrata le quedó claro entonces que mejorar a México requería la independencia plena de la Corte del Poder Ejecutivo.

A raíz de aquel cambio constitucional diseñado para consolidar su autonomía, la Corte ha adquirido relieve y sus integrantes han estado a la altura del momento del país. Sin embargo, el sistema de justicia requiere una transformación profunda, a partir de las sólidas bases que existen. Un tema de la mayor prioridad es aproximar la justicia al ciudadano, en especial a quienes no tienen la condición económica o social para acceder con facilidad a ella. Una justicia lejana a las personas es casi lo mismo que inexistente.

El país ha logrado en las últimas décadas realizaciones significativas. Llegar a la normalidad democrática fue un proceso largo, que tuvo lugar con el esfuerzo de muchos, mediante un ejercicio de aproximación institucional que promovió múltiples reformas, no todas virtuosas, pero sí consistentes al objetivo de mejorar la democracia representativa. En estos tiempos de falta de aprecio al pasado, es preciso reconocer lo mucho bueno que hay para no dar saltos al vacío y así tener sentido de ruta y destino. Como tal, la Corte vive su mejor momento, aunque el sistema de justicia llama por una reforma de fondo y trascendente.

El que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, ante el Presidente López Obrador presente su propuesta de reforma de justicia y éste la haga propia, es un hecho inédito y que va mucho más allá de las buenas formas republicanas. Bien pudo ser el Presidente, en su condición de Jefe de Estado, promotor, autor y presentador de la propuesta. En su lugar es el presidente de la Corte, responsable de la preparación del proyecto, quien ha trabajado de manera estrecha con el Consejero Jurídico del Presidente, Julio Scherer Ibarra. Un ejemplo encomiable de la colaboración de poderes y que disipa muchas preocupaciones en torno a un cambio de tal naturaleza.

Corresponde ahora al Poder Legislativo y en su caso al Constituyente Permanente, dar los pasos para que la propuesta pase a la condición de norma, de iniciativa a ley, y sea realidad lo que propone el ministro Zaldívar: un poder judicial más fuerte, independiente y más cercano a la gente, que imparta justicia para todas las personas con estándares de excelencia y honestidad.

En el estudio y análisis de la iniciativa, son muchos los aspectos que deberán abordarse y discutirse. En mi perspectiva, dentro de lo mucho positivo, adquiere primer lugar la revolución al sistema de jurisprudencia a efecto de que la fuerza de los precedentes no sea la reiteración sino el voto de la Sala o del Pleno con mayoría calificada. De esta manera todas las sentencias serán relevantes, lo que obliga, como se ha señalado, a un nuevo tratamiento en las resoluciones materia de tesis, criterio jurídico y argumentación de la decisión. De esta forma se fortalece la Corte como garante de la constitucionalidad.

Otro aspecto que destacar es la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial a manera de promover y garantizar la calidad de la carrera judicial. La idea es formar jueces y también llevar a cabo los concursos de oposición para todos los cargos. De inicio se propone que el Poder Judicial pueda celebrar acuerdos con los de las entidades, a manera de que la Escuela pueda asistirles en la capacitación, formación y promoción de sus integrantes. Este es un tema relevante como puede advertirse en los problemas que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La carrera judicial al ser determinante, no puede ser la única vía para acceder a los niveles superiores de la Corte o del Consejo de la Judicatura. La experiencia de más de 20 años revela que la inclusión de ministros provenientes del servicio público, la academia o el ejercicio profesional privado, ha sido en casi todos los casos un significado acierto.

El planteamiento de fortalecer al defensor público es también tan necesario como urgente, ya que es el único medio para que la inmensa mayoría de las personas puedan tener una representación ante la justicia. Este tema es medular para un acceso a la justicia de calidad que exigen y merecen los mexicanos. La indefensión de los más pobres resulta de la dificultad para contar con una buena defensa y es en sí misma un acto de grave injusticia. La trascendencia de las reformas en puerta son una nueva oportunidad de materializar un viejo anhelo colectivo, el de contar con una justicia profesional, no sólo pronta y expedita, sino que llegue a las personas.

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