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La apertura energética

La administración de Andrés Manuel López Obrador presentará a mediados de febrero el programa de inversión del sector energético. Su contenido vendrá a ser la definición más importante de política económica del gobierno, porque precisará los términos de la relación con el sector privado nacional y con la inversión extranjera. Mucho se espera de este anuncio, si bien preocupa el dilema en torno al rumbo a tomar: ideología o pragmatismo; dogma o realismo económico.

Sobra decir que no hay manera de que un país salga adelante sin una participación significativa del sector privado; pensar lo contrario es trasladarse a una realidad superada hace más de medio siglo. El estatismo no es opción. Quienes lo promovieron argumentaban en su favor la justicia social, la soberanía nacional y el interés general. El agotamiento del modelo estatista llevó no solo a la crisis, sino a dañar a quienes menos tenían, a una mayor dependencia del país de las instancias financieras estabilizadoras y, en no pocos casos, a una exacerbada corrupción, además de ineficiencia.

Es difícil de entender que el país regrese a un debate ya superado. El gobierno es insustituible en su responsabilidad rectora de la economía. Pero involucrarse en la producción es realizar actividades que los particulares casi siempre pueden hacer mejor, a menor costo y sin tener que recurrir al financiamiento o al subsidio públicos. Por eso el gobierno debe ser muy selectivo en las áreas y actividades de actuación económica.

La sociedad espera que los recursos fiscales sean óptimamente empleados; su mejor aplicación es central de la política económica. La participación del sector privado no necesariamente da lugar al desplazamiento del sector público; al contrario, puede generar la concurrencia, es decir, formas de asociación o coparticipación entre el gobierno y los particulares. La figura de la concesión de servicios e infraestructura suelen ser una fórmula idónea para impulsar el desarrollo de las economías nacional y regionales.

No se trata que desaparezca el Estado y todo lo dominen los privados. El gobierno tiene una función clave y se llama regulación. La economía la requiere y también el adecuado funcionamiento del mercado. En cambio, la competencia desigual entre entes públicos y los particulares desalienta la inversión y a la larga genera ineficiencia. Es más fácil asegurar el buen desempeño económico a partir de la lógica económica de empresa, que la que resulta del gobierno. Si las cosas no salen bien, la empresa deberá cambiar o incluso cerrar; no así cuando es la empresa pública.

Las dos grandes empresas paraestatales son del sector energético: CFE y Pemex. La concurrencia del sector privado en generación y producción es una necesidad. Las dimensiones de lo que se requiere de inversión para mantenerlas al día supera en mucho la capacidad de las finanzas públicas. El Presidente ha sido claro respecto a la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas para que contribuyan al desarrollo nacional. Este propósito no riñe con la coparticipación del sector privado. Más aún, su actualización hace recomendable la inversión privada.

Ha sido un acierto que el diseño del programa de inversión del sector de energía se haga con la presencia del sector empresarial. Esta apertura del gobierno debe ser correspondida con definiciones claras de los empresarios, sobre las que se desprendan compromisos concretos, medibles y asociados a los resultados que se pretenden. Los problemas que presenta la economía no los resuelve la retórica, tampoco la buena voluntad o la cordialidad entre autoridades y empresarios. El crecimiento económico se asocia a la confianza, a la certidumbre de que la inversión habrá de recuperarse, a la vigencia del estado de derecho y a la certeza en torno a las reglas que regulan la economía y el sector.

Afortunadamente para el país, el entorno mundial no es adverso. Tampoco la circunstancia de nuestros socios comerciales es negativa, más bien lo contrario. La firma del T-MEC es factor de certeza y confianza. En la economía global existen capitales en búsqueda de oportunidades de negocio. México tiene un gran potencial y muchas ventajas que es necesario que las autoridades las hagan valer. No hay espacio a la desconfianza, menos a la hostilidad por parte del gobierno. Apertura y reglas claras es la mejor manera de alentar la inversión que el país requiere.

Las autoridades deben tener claro que no hay manera de alcanzar un crecimiento económico en los términos comprometidos sin el motor de empuje que es la inversión privada y sin el capital externo. La relación entre desarrollo social y desarrollo económico es estrecha. No se puede lograr lo primero sin lo segundo. El programa de inversión en energía debe tener presente esta premisa, aprovechar que no hay inflación, que existe estabilidad cambiaria para impulsar el empleo y el bienestar social. Es decir, lo que se defina a mediados de febrero será determinante para el crecimiento del país.

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