Publicaciones Impresas

Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Democracia interna en los partidos

Los partidos políticos no sólo son entidades de interés público, también tienen el monopolio para acceder a la representación política o al cargo público. En todo el mundo están muy desprestigiados, en México también, pero no ha habido mediación que los reemplace. Los mecanismos de democracia directa con frecuencia son infructuosos y difícilmente pueden ser instrumento que supla al sistema representativo. En el mejor de los casos lo complementan.

Justo por su función y naturaleza, es que la ley regula a los partidos. No comparto el sistema rígido mexicano para el reconocimiento de las nuevas organizaciones partidistas. La libertad de asociación debe facilitarse. En todo caso, se debe condicionar el acceso a las prerrogativas, pero no al derecho de participar en elecciones.

La democracia dentro de los partidos debe ser obligatoria en cuanto a la selección de candidatos. La definición de dirigencia es un proceso diferente. Es un tema interno, por lo que debe dejarse a las prácticas, reglas y condiciones de los propios partidos. Por esa consideración no comparto la decisión que ha asumido el Tribunal Electoral al obligar al INE organizar una encuesta para resolver la renovación de dirigencia del MORENA. Además de ilegal, es una intromisión en la vida interna del partido.

El INE no tiene dentro de sus facultades volverse órgano elector de dirigencias. Por razones excepcionales derivado de la pandemia, es explicable que no se haya podido dar curso al proceso de renovación previsto por el partido en comentario, y por la proximidad del proceso electoral, lo más sensato hubiera sido posponer la renovación de la dirigencia. No ocurrió así y la determinación le ha significado un perjuicio a dicho partido, adicional a los problemas de circunstancia y los que se derivan de ser el partido en el poder.

Si bien su definición ideológica la marca el día a día de Palacio Nacional, MORENA tiene buenos prospectos de dirigente, dispuestos a perfilar un futuro que los identifique más allá de la figura de López Obrador en el espectro de las opciones partidistas del país. Es un partido muy importante y requiere que las autoridades contribuyan a su consolidación institucional, no a su deterioro.

El diálogo y la confianza

La polarización escala a niveles cada vez más preocupantes en el país. A ratos, pareciera que la posibilidad de construir acuerdos se aleja irremediablemente. Sin embargo, en lo complicado del momento, no hay más alternativa que reivindicar la herramienta fundamental de la política, el diálogo. Hacerlo amplio, a pesar de las naturales reservas y “asegunes”, es un imperativo. La vía sólo debe estar cerrada para quienes de manera sistemática han optado por la muerte y la violencia, esto es, el crimen organizado.

Si partimos por aceptar que para la recuperación económica y social del país es fundamental la confianza, nadie mejor para aportar a este propósito que el Presidente de la República. En varios sentidos diálogo y confianza van de la mano. El Presidente tiene el mandato y la autoridad, esa circunstancia le permite decidir y definir. Siempre será mejor hacerlo escuchando, no sólo al círculo cercano, también al independiente y, por qué no, al crítico o al que se opone. Esta decisión es de carácter e inteligencia. No hacerlo es debilidad.

El país requiere del liderazgo del Presidente como principio de orden institucional. Su compromiso con la necesaria vía del diálogo debe acompañarse con una postura de menor confrontación a quien no comparte sus tesis. Tiene todo el derecho de defender lo que pretende, pero no a descalificar a los demás. Aunque no es propio de un estadista dinamitarlos, hay puentes que no se cruzan jamás. Pero hay otros por los que forzosamente habrá de transitar su gobierno y el país.

El Presidente tiene fuerza y autoridad. Los años por venir van a requerir también de temple, prudencia y un sentido de conciliación para lograr que cada quien cumpla con sus funciones y responsabilidades con México. El gobierno creando condiciones legales y sociales propicias para la inversión; las empresas arriesgando capital, generando los empleos que tanto se necesitan. La oposición como contrapeso del poder, vigilante de las políticas públicas. Las instituciones fundamentales normándolo todo. Y todos aceptando que vivir en democracia conlleva obligados voluntades y acuerdos compartidos.

Gasto y dispendio

No le falta razón al Presidente en lo referente al excesivo gasto público de los altos funcionarios y en las numerosas entidades públicas autónomas o independientes creadas en el proceso de desconcentración del poder. Al amparo de los elevados precios internacionales del petróleo que ocurriría a principios de siglo, el gobierno pudo fondear la diversificación y modernización de la administración pública. El gasto corriente se incrementó significativamente, pero no solo del gobierno federal, también el de los estados, municipios y el del poder legislativo.

Ya no hay riqueza petrolera, ni la habrá. El llamado del Secretario de Hacienda de reducir el gasto atiende a la nueva realidad del país y de la economía nacional. El desafío hacia adelante es la optimización del gasto y que su reducción no afecte la calidad de los servicios públicos ni la tarea de las instituciones. La austeridad a rajatabla bien puede ser contraproducente.

El gasto electoral es significativo, no necesariamente excesivo. De hace tiempo se optó por un modelo de autoridad electoral y de financiamiento a partidos y campañas con un impacto importante al presupuesto. El IFE y el INE, así como el Tribunal Electoral han sido instituciones de la modernidad democrática que pasan con creces la prueba de lo satisfactorio. Igualmente se puede decir del Poder Judicial Federal y de la Corte.

La crisis fiscal del Estado mexicano obliga a una redefinición del gasto que no trastoque ni ponga en riesgo lo avanzado. A todos debe involucrar, poderes, órdenes de gobierno, entidades autónomas. También es inevitable repensar el régimen fiscal vigente y la relación con los Estados y municipios, los que deben incrementar sus ingresos por la aplicación del gravamen de la riqueza inmobiliaria al mismo nivel de países con realidades semejantes.

Más allá de los gritos y sombrerazos y de las heridas autoinfligidas, siempre he creído que, si el legado de este gobierno es el de la probidad, el del cuidado del patrimonio al amparo de una austeridad que no riña con el buen servicio público, será un logro de proporciones históricas. Se necesita pulso de cirujano para podar el árbol, sin que se pudra la raíz.

La reconstrucción

En estos tiempos es más evidente la distancia que media entre el plano emocional y el existencial de las personas. Toda sociedad plantea tal situación, sin embargo, con los mexicanos ha sido y es mayor desde que nuestros antepasados aguardaban el regreso de Quetazalcóatl. El mundo de las creencias superpuesto al de las ideas. La reflexión es pertinente para entender los términos de la adhesión social con el Presidente López Obrador, que contrasta con el balance en torno a su gobierno.

El consenso de todas las encuestas pareciera indicar que la realidad es muy dolorosa para aceptarse, y que es mejor buscar otra vez refugio en la esperanza, en el anhelo de que las cosas habrán de mejorar y pronto. La gente sabe que, objetivamente, el país está en una circunstancia particularmente adversa. La ausencia de virtud y la mala fortuna se han potenciado para la desfavorable situación que ahora se nos presenta. Cuatro frentes acusan deterioro: la economía, la salud pública, la legalidad y la desconfianza ciudadana a las instituciones a causa de la corrupción. El daño es profundo y su secuela afectará a lo que resta del sexenio actual y aún más allá.

En el país hay polarización, pero no hay enfrentamiento ni desorden social porque hay un colchón de confianza en el mandatario que la inseguridad y la crisis de legalidad amenazarán siempre. Y es que ni la impunidad ni la corrupción se resuelven con la prédica o la denuncia pública, se requiere del debido proceso y de la sanción. Estricta legalidad, pues.

Una y otra vez, el Presidente ha dejado pasar la oportunidad para unir al país y ejercer su liderazgo a partir del reconocimiento de la pluralidad. La agenda para la reconstrucción requiere de su convocatoria. Esto no supone subordinación de los convocados ni que el grupo en el poder suspenda su proyecto político. El Presidente lo puede hacer por el inobjetable y amplio respaldo que tiene.

Pero lo que hay, son señales ominosas en el horizonte. La acción punitiva contra la revista Nexos o la amenaza de excluir a la diputada Dulce Ma. Sauri de la presidencia de la Cámara de Diputados. La publicidad del informe tampoco contribuye a un sentido de unidad, a pesar de que el país y el gobierno lo requieren. La reconstrucción tiene que ser tarea de todos.

Investigar

El combate a la corrupción es mandato democrático y exigencia tan ineludible, como impostergable. Resulta ejemplar que el presidente López Obrador haya encarado públicamente el tema y defina posición por la legalidad en ocasión de la divulgación de un video en el que hay una supuesta entrega de dinero entre un funcionario de gobierno y un hermano del mandatario.

La igualdad ante la ley es principio fundamental. Abatir la corrupción es esencialmente, una acción de legalidad, no es suficiente la denuncia pública, se requiere que las instancias de autoridad y jurisdiccionales intervengan con apego a la ley y garantizando el debido proceso, para que las sentencias tengan sustento estricto y exclusivo en la ley.

El país vive momentos cruciales. La crisis sanitaria, su severo efecto en la economía y la persistencia de la inseguridad, plantean un escenario más que complicado. Dar curso a la lucha contra la corrupción se enmarca en este contexto, especialmente por la denuncia del exdirector de PEMEX. El curso adelante es el de la legalidad a través de la actuación de la Fiscalía General de la República, dirigida por un funcionario acreditado por su talento, honestidad y profesionalismo.

Poco, muy poco ayuda la sanción administrativa a la organización Nexos, cuando está acompañada de un ostensible acto publicitario en la pretensión de dañar la reputación de la empresa y la honorabilidad de sus propietarios y directivos. Un evidente acto de intimidación y represión hacia uno de los medios más prestigiados, conducido por Héctor Aguilar Camín, uno de los escritores más destacados del México contemporáneo.

Si todo apunta a que el gran legado de este gobierno habrá de ser la lucha contra la corrupción, ésta debe desarrollarse a través de los medios institucionales y las reglas que norman el proceso. Todos los actores, incluidos los partidos, la sociedad civil y el gobierno, deben respetar y respaldar el desempeño del fiscal y, en su momento, del órgano jurisdiccional. Sin prejuicios, toca a la FGR investigar y debe hacerlo con la ley en la mano, por la vía del derecho, que es la ruta que construyó la sociedad para alcanzar la justicia.

Las empresas, un activo importante

Muy alentadora y promisoria la noticia de que el esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas y universidades construya un escenario de conclusión a la crisis sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19. La vacuna tuvo lugar como parte de una investigación en la Universidad de Oxford. Los resultados propiciaron que la empresa británica Astra-Zeneca se involucrara en la producción y distribución del medicamento y que el gobierno apoyara la investigación en curso.

De todas las vacunas en proceso reconocidos por la OMS, ésta es la más avanzada, ya se encuentra en la fase final de pruebas y en noviembre habrá de presentarse la información a las autoridades, para su producción y distribución en el mundo.

Para América Latina, México y Argentina tendrán a cargo la producción y distribución de la vacuna. Crucial ha sido el apoyo de los gobiernos y del empresario Carlos Slim. Hacerla llegar con la mayor oportunidad posible el remedio generado por la empresa Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford, significa salvar vidas y contribuir a la recuperación económica.

Sin embargo, es preciso alertar a la población sobre la necesidad de mantener rigurosamente las medidas preventivas. No ha habido mitigación del contagio ni de los decesos. En las opinables cifras oficiales, julio fue el mes más elevado, y los números de agosto indican que habrá más fallecimientos que el mes previo, más de 20,000 si se mantiene el nivel de las dos últimas semanas.

El presidente debe hacer un llamado a la población para no confiarse. Ojalá y entre sus determinaciones estuviera el recomendar el uso del cubrebocas, especialmente porque el escenario catastrófico, así lo llamó el propio Dr. Hugo López-Gatell, 60 mil muertos por COVID19, está a punto de cumplirse. Algo significativo, relevante y útil debe hacerse al respecto.

El Presidente López Obrador tiene ante sí una evidencia de la calidad y capacidad de la producción de fármacos en el país. México es líder regional, los hechos hablan por sí mismos. También es una postura ejemplar la participación de la Fundación Slim. La virtuosa sinergia construida a propósito de la vacuna confirma que las empresas son un activo importante para las naciones.

 

 

El presidente y los aliados

La retórica y el ruido político impiden ver con claridad las cosas. La realidad es que la relación del Presidente López Obrador y los gobernadores, al margen de polémicas circunstanciales, ha sido constructiva y positiva. Se ha salvaguardado una relación basada en el respeto y la dignidad de ambas partes.

La relación de las entidades con la federación de siempre ha sido compleja. Hay temas de tensión y controversia como es el presupuestal. La federación siempre ha considerado como propios los recursos que recauda. Por su parte, los estados, en su mayoría, han hecho un esfuerzo muy menor para incrementar ingresos al margen de las participaciones federales. El sentimiento de inequidad aumenta, como también la idea de que el gobierno federal ha reducido su gasto, mientras que los estados no han actuado en el mismo sentido.

El Presidente habrá de reunirse en San Luis Potosí con los mandatarios locales. Los gobernadores deben hacer sentir la dificultad de la estrategia para contener la pandemia. Los malos resultados avalan la inconformidad, pero no les corresponde presionar para la remoción de funcionarios federales . Lo que se debiera proponer es el funcionamiento regular del Consejo de Salubridad General y mejorar la interlocución con las autoridades de Salud.

Seguramente también habrán de plantearle al Presidente la necesidad de una estrategia compartida para el fortalecimiento de la economía. Posiblemente se reitere la necesidad de revisar el régimen fiscal y presupuestal vigente. Los tiempos no lo favorecen, más por la proximidad de las elecciones.

Sería útil para el país y para sus estados que los ejecutivos locales se pronunciaran por apoyar la lucha contra la corrupción y hacer su parte para manejar la crisis sanitaria y para que la recuperación sea realidad.

Capítulo especial es que se suscriba el compromiso de todas las autoridades para que se tengan elecciones ejemplares en 2021. Lo relevante no es lo que se diga, sino lo que se haga. De lo que se trata es que se tengan elecciones concurridas, sin interferencia indebida y que sea el voto libre de los ciudadanos el que determine el sentido de los comicios.

 

 

El presidente y los aliados

La retórica y el ruido político impiden ver con claridad las cosas. La realidad es que la relación del Presidente López Obrador y los gobernadores, al margen de polémicas circunstanciales, ha sido constructiva y positiva. Se ha salvaguardado una relación basada en el respeto y la dignidad de ambas partes.

La relación de las entidades con la federación de siempre ha sido compleja. Hay temas de tensión y controversia como es el presupuestal. La federación siempre ha considerado como propios los recursos que recauda. Por su parte, los estados, en su mayoría, han hecho un esfuerzo muy menor para incrementar ingresos al margen de las participaciones federales. El sentimiento de inequidad aumenta, como también la idea de que el gobierno federal ha reducido su gasto, mientras que los estados no han actuado en el mismo sentido.

El Presidente habrá de reunirse en San Luis Potosí con los mandatarios locales. Los gobernadores deben hacer sentir la dificultad de la estrategia para contener la pandemia. Los malos resultados avalan la inconformidad, pero no les corresponde presionar para la remoción de funcionarios federales . Lo que se debiera proponer es el funcionamiento regular del Consejo de Salubridad General y mejorar la interlocución con las autoridades de Salud.

Seguramente también habrán de plantearle al Presidente la necesidad de una estrategia compartida para el fortalecimiento de la economía. Posiblemente se reitere la necesidad de revisar el régimen fiscal y presupuestal vigente. Los tiempos no lo favorecen, más por la proximidad de las elecciones.

Sería útil para el país y para sus estados que los ejecutivos locales se pronunciaran por apoyar la lucha contra la corrupción y hacer su parte para manejar la crisis sanitaria y para que la recuperación sea realidad.

Capítulo especial es que se suscriba el compromiso de todas las autoridades para que se tengan elecciones ejemplares en 2021. Lo relevante no es lo que se diga, sino lo que se haga. De lo que se trata es que se tengan elecciones concurridas, sin interferencia indebida y que sea el voto libre de los ciudadanos el que determine el sentido de los comicios.

 

 

El presidente y los aliados

La retórica y el ruido político impiden ver con claridad las cosas. La realidad es que la relación del Presidente López Obrador y los gobernadores, al margen de polémicas circunstanciales, ha sido constructiva y positiva. Se ha salvaguardado una relación basada en el respeto y la dignidad de ambas partes.

La relación de las entidades con la federación de siempre ha sido compleja. Hay temas de tensión y controversia como es el presupuestal. La federación siempre ha considerado como propios los recursos que recauda. Por su parte, los estados, en su mayoría, han hecho un esfuerzo muy menor para incrementar ingresos al margen de las participaciones federales. El sentimiento de inequidad aumenta, como también la idea de que el gobierno federal ha reducido su gasto, mientras que los estados no han actuado en el mismo sentido.

El Presidente habrá de reunirse en San Luis Potosí con los mandatarios locales. Los gobernadores deben hacer sentir la dificultad de la estrategia para contener la pandemia. Los malos resultados avalan la inconformidad, pero no les corresponde presionar para la remoción de funcionarios federales . Lo que se debiera proponer es el funcionamiento regular del Consejo de Salubridad General y mejorar la interlocución con las autoridades de Salud.

Seguramente también habrán de plantearle al Presidente la necesidad de una estrategia compartida para el fortalecimiento de la economía. Posiblemente se reitere la necesidad de revisar el régimen fiscal y presupuestal vigente. Los tiempos no lo favorecen, más por la proximidad de las elecciones.

Sería útil para el país y para sus estados que los ejecutivos locales se pronunciaran por apoyar la lucha contra la corrupción y hacer su parte para manejar la crisis sanitaria y para que la recuperación sea realidad.

Capítulo especial es que se suscriba el compromiso de todas las autoridades para que se tengan elecciones ejemplares en 2021. Lo relevante no es lo que se diga, sino lo que se haga. De lo que se trata es que se tengan elecciones concurridas, sin interferencia indebida y que sea el voto libre de los ciudadanos el que determine el sentido de los comicios.

 

 

Los riesgos de confrontar

En nuestro régimen federal, el Presidente cuenta, invariablemente, con el apoyo de los mandatarios estatales. Así es porque federación y estados comparten problemas, anhelos y objetivos. Se entienden las coyunturas de desencuentro, y también los temas de tensión, como es el fiscal y presupuestal. De hecho, puede decirse que el federalismo continúa siendo más propósito que realidad, pero es la mejor vía para la coordinación de esfuerzos.

El prejuicio sobre la corrupción, dispendio e improvisación de los gobiernos locales ha sido el argumento de siempre del centralismo, como si el gobierno nacional fuera el ejemplo. Desde luego que hay casos de venalidad y deterioro del sentido de responsabilidad del servicio público, pero es la autoridad más próxima a las necesidades de las personas.

En materia de salud, este gobierno ha asumido una postura centralista en extremo. El INSABI pretende despojar a los estados de toda responsabilidad, incluso de la infraestructura hospitalaria que se ha construido con recursos locales y que, en muchas ciudades, son ejemplo de calidad y calidez de servicio.

El Dr. López-Gatell, a pesar de la conducción desastrosa de la estrategia contra la pandemia, ha sido el ideólogo e instrumentador de dicho despojo. Su resistencia a que los gobiernos locales importaran pruebas de contagio, fue un error lamentable, uno más de entre los muchos que impidieron un adecuado manejo de la crisis e inhibió un diagnóstico imprescindible para contener el contagio.

López Obrador, tarde o temprano, tendrá que poner un alto a su colaborador. En la última reunión virtual de la CONAGO, amagó con sancionar a las autoridades locales con cárcel si se desentienden de las directrices del gobierno central. Un desplante que no abona al entendimiento.

En el manejo de la crisis sanitaria el Presidente tiene el respaldo de los gobernadores y de la jefa de gobierno. Pero va a requerir darle mayor vigencia al Consejo Nacional de Salubridad, donde convergen entidades, sociedad, expertos y el conjunto del gobierno federal. Cuando nos acercamos a 50 mil muertes por la pandemia, lo que se necesita es mayor coordinación institucional; salvar vidas, en vez de profundizar las diferencias.

 

Page 1 of 13

Lo Reciente en GCE

Ciudades más Habitables 2019

Jóvenes en México

FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

Contactame
Go to top