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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El regreso del General

El acumulado de problemas y situaciones complejas en la salud, la economía o en la política generan bruma que impide dimensionar resultados de gestión política y diplomática de gran trascendencia. El logro de regreso a territorio nacional del General Cienfuegos por el Presidente y la eficaz gestión del canciller Ebrard con el apoyo del Fiscal Gertz Manero no guarda precedente.

El tema fundamental no solo es la jerarquía del ex funcionario y lo que representa para las fuerzas armadas, lo relevante es que la actuación de las autoridades en la lucha contra el enemigo común no puede emprenderse en el marco de la desconfianza y de la acción unilateral de las agencias que participan, acción incontrovertidamente ilegal. Que ocurra así no sólo envilece la confianza y la obligada cooperación, sino que afecta los resultados mismos de las indagatorias.

La igualdad jurídica entre los estados es principio fundamental de la convivencia civilizada entre las naciones. Las jerarquías normativas derivan de los ordenamientos propios, nunca de la capacidad de un gobierno para imponerse sobre el otro. No es un criterio que comparten las agencias norteamericanas, pero es lo que hace posible la cooperación.

Fundamental para el interés nacional que el Presidente López Obrador haya tenido éxito para que el General Cienfuegos fuera trasladado al país y que aquí se realicen las investigaciones del caso, de acuerdo a las leyes nacionales, con los elementos que aporten distintas fuentes, pero a cargo de la Fiscalía General de la República y, de ser el caso, en órganos jurisdiccionales nacionales. La calidad moral y profesional del Fiscal Gertz Manero anticipa que no habrá impunidad, tampoco acción de la justicia a modo, a manera de satisfacer la expectativa punitiva de algunos.

Las fuerzas armadas por historia y vocación son el eje de la vida institucional y garante de la soberanía nacional. Su disciplina es del mismo tamaño que el de su lealtad al país. La institución está por delante de quienes la integren y por lo mismo su comandante supremo debe velar por su protección y salvaguarda, tal como ha ocurrido con este resultado de gestión pública y diplomática del Presidente, su Canciller y el Fiscal General.

Diana Laura

¿Lic. Sáenz?, un momento por favor, la señora Colosio desea hablar con usted. Una voz juvenil respondió “¿Liébano?, que bueno que hablamos ¿Cómo está Ana Regina?, sé que conoces a mi suegro”. Mi sorpresa no fue por el tuteo, dado que era la primera vez que hablábamos, sino por la referencia a mi mujer y la mención a don Luis a quien yo conocía desde mis años en Cananea, Son.

En mi calidad de funcionario de SEDESOL, habíamos recuperado una excepcional pieza de arte, robada en 1989 de la Catedral Metropolitana de Puebla, un Juan Evangelista de marfil del S XVI y busqué a Diana Laura para invitarla al acto de entrega y exposición temporal en el Museo Amparo; sin dudarlo, respondió afirmativamente.

Desde entonces, la relación tomó un giro fraternal y constante; invitó a mi esposa y a mis hermanas para integrarlas a los cursos de Historia de México, a los eventos sobre ecología y medio ambiente, tradiciones, gastronomía y creación de empleo en apoyo a jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Con Diana Laura, al igual que con Luis Donaldo, era muy fácil establecer una rápida comunicación, norteños ambos, hablaban con franqueza, rápido, breve y directo; estaban acostumbrados al trabajo en equipo, exigente, disciplinado y a tiempo; ofrecían claridad y esperaban resultados.

Diana Laura, de raíces coahuilenses, había crecido en Monterrey; quedó huérfana de padre en su niñez y con el tiempo, decidió trasladarse a México para continuar su carrera de economista, donde conoció a Luis Donaldo, que, al contraer nupcias con él, claudicó a una incipiente, pero prometedora carrera en el sector público. Decidió entonces un camino complementario para apoyar la ascendente trayectoria de su marido, -Diputado, Senador, Presidente del PRI, Secretario de Estado y candidato a la Presidencia de la República.

El año de 1994 presagiaba un excelente futuro para México, iniciaba el TLC; todo se complicó, en enero, el levantamiento del EZLN en Chiapas y tres meses después, el 23 de marzo, Luis Donaldo fue asesinado en Tijuana.

Los años de esfuerzo y entrega en pareja, se vinieron abajo, Diana Laura se vio sola, con sus dos pequeños hijos, Luis Donaldo de 8 y Mariana de 1 año. Además de la pena por la ausencia, las presiones adicionales en cualquier muerte violenta, más, de esa magnitud, se hicieron patentes y deterioraron irreversiblemente su salud.

No obstante, su fortaleza interior y templanza la condujeron a promover una fundación para preservar los ideales de Colosio, llamando a la paz y a la concordia. Sin embargo, ocho meses después, Diana Laura fallecía el 18 de noviembre de 1994.

Hoy es justo y oportuno recuperar la aportación de Diana Laura en momentos inéditos de profunda tristeza nacional, de gran confusión y desánimo, donde supo infundir colectivamente un sentimiento de reflexión, prudencia, serenidad y de esperanza.

Sirva este breve recordatorio para honrar la memoria de esa ejemplar joven mexicana, esposa, madre y amiga.

Una cerrada competencia

El reto mayor para todo sistema electoral es lidiar en condiciones de competencia polarizada y cerrada. Un resultado en tales circunstancias dificulta que el no favorecido se reconcilie con el resultado. El ganador entenderá que el triunfo es condicionado y que de alguna manera tendrá que dar curso a la concordia y entendimiento una vez en el poder. Quien pierde se sentirá obligado a impugnar el resultado con la esperanza de revertir la diferencia.

En la elección de 2000, cuando en México se vivió por primera vez la alternancia, ante el pronóstico de algunos de que la derrota del partido gobernante no sería pacífica ni civilizada, el escenario que más preocupaba era el de un resultado cerrado. Para las 2 de la tarde, el consenso de las encuestas de salida era el del triunfo irreversible de Vicente Fox. Los datos se compartieron con el ganador y los no favorecidos. Se hizo para facilitar la certeza y la confianza. Candidatos, partidos, el IFE, gobernadores, medios, jugaron su parte para dar espacio a la sucesión presidencial más tersa que haya vivido el país en toda su historia desde Guadalupe Victoria hasta nuestros días. Mérito de todos.

En 2006 imperó el desencuentro. Las heridas del desenlace de aquella elección aún persisten y han envenenado la vida pública. Una diferencia mínima vuelve relevante cualquier irregularidad o la sospecha de su ocurrencia. Por ello se cambió la legislación electoral y existe un régimen diferenciado, para revisar y anular elecciones cuando se dan resultados con un margen estrecho.

No es la primera vez que la elección presidencial norteamericana presenta resultados cerrados. Así ocurrió hace 20 años en la competencia entre George W Bush y Al Gore. Hubo impugnación, se resolvió y se superó el riesgo institucional. Ahora se presenta una situación similar, en la que el candidato demócrata habría de ganar por los votos electorales en estados con competencia cerrada.

El presidente Trump ha sido penalizado electoralmente por su imprudencia y la polarización que genera su forma de gobernar. Se viven horas difíciles, pero el sistema electoral y las instituciones, mostrarán de nuevo su fortaleza y lo que verdaderamente ha hecho grande a esa nación de sus inicios.

La Antología universal del discurso político

La Presidencia Moderna

La Antología universal del discurso político es un monumental trabajo de recopilación que ha logrado sintetizar en dos volúmenes más de dos mil años de historia humana en las palabras de sus protagonistas. A partir de un cuidadoso y estricto criterio de selección, se han elegidolos persona¡es y discursos más representativos que ilustran la forma de pensar de diversas épocas.

De este modo, hoy podemos dar continuidad a la evolución de las ideas políticas desde la antigüedad hasta nuestros días: desde Sócrates, Jesucristo y Alejandro Magno, hasta Winston Churchill, Mahatma Gandhi y el Che Guevara. El lector tiene en sus manos la reunión más completa de las voces que han definido los acontecimientos decisivos y los grandes periodos históricos: el mundo grecolatino, la Edad Media, la Conquista de América, la Ilustración, las guerras mundiales y los movimientos sociales más importantes de la era contemporánea

Discursos, decretos, cartas, manifiestos, artículos, promulgaciones y libros de todas las épocas han sido la fuente de esta descomunal tarea que ahora Sanborns presenta al público en una edición de lujo

Gobernadores, impuestos y gasto

El contar con un régimen fiscal homogéneo ha sido uno de los grandes pasos del federalismo fiscal. Permitió mejorar la recaudación y crear un sistema fiscal único, en el cual los estados permitieron que sus impuestos fueran recolectados por el gobierno federal, un logro, que con el tiempo ha generado la idea falsa de que los recursos son del gobierno central. No nos equivoquemos. Las participaciones son la manera de regresar a los estados y municipios lo que les pertenece.

Otro problema generado por el pacto fiscal vigente es que su operación ha inhibido a muchos estados y municipios para fortalecer sus ingresos propios. Sólo como ejemplo, México tiene una de las más bajas recaudaciones en el mundo en el llamado impuesto predial, con implicaciones no sólo sobre la insuficiencia de recursos a municipios, sino en la elevadísima especulación de la propiedad inmobiliaria, ya que en muchas partes simplemente no tiene mayor costo su retención.

Un grupo significativo de gobernadores ha reclamado a la federación revisar el modelo hacendario. La exigencia viene de mucho tiempo atrás. Por lo mismo, es importante que el nivel que ha alcanzado este desencuentro derive en diálogo, y a su vez, en la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que dé curso a lo razonable y deje al margen lo que no tiene lugar en un país con escasez presupuestal, con necesidades apremiantes y desigualdades regionales significativas.

Ha sido una mala señal para el acuerdo y la confianza que, en el Congreso, la mayoría imponga su voluntad a partir no de la convicción o de la razón, sino de la instrucción dictada desde el Palacio Nacional, como ocurrió en el finiquito de los fideicomisos. Igualmente, puede decirse en materia de presupuesto.

El Presidente es un convencido de que tiene el mejor modelo de gasto y de inversión. Esta visión no es compartida por muchas entidades y regiones, sobre todo cuando son excluidas de las prioridades en el gasto público. Situación que se agrava por la asignación directa de obras o por un gasto social sin reglas de operación. Insisto, es necesario el diálogo y una Convención Hacendaria, seguramente bajo el nuevo mapa de poder que definan las elecciones de 2021.

Las Intermedias

Después de 1991, siendo Colosio dirigente del PRI, ningún partido gobernante ha vuelto a incrementar su presencia en la Cámara de Diputados en elecciones intermedias. Es explicable que los presidentes busquen no sólo ver ratificado su gobierno con votos, sino que su partido tenga suficiente músculo legislativo para dar espacio a la agenda de la segunda mitad del gobierno.

Lo inédito de los comicios próximos es que concurren elecciones locales prácticamente en todas las entidades, 15 de éstas con elección de gobernador. Por esta consideración estimo que la prospectiva que muestran los sondeos de opinión en estos momentos es imprecisa, por no decir inexacta. Se está midiendo o evaluando al partido menosdesacreditado; al partido gobernante le favorece su corta historia y la imagen favorable de López Obrador.

En la prospectiva, deben considerarse dos planos de la contienda: el nacional, que polariza y hace a Morena el partido a vencer, con la discusión de los temas generales, particularmente el desempeño del Presidente, y el local, que es la disputa que en cada entidad o municipio tiene lugar y en el que MORENA es una opción entre tantas. La tendencia en elecciones concurrentes es que el cargo ejecutivo es el que más influye en la definición de la intención de voto, esto es, gobernador y presidente municipal.

Los candidatos a gobernador y presidente municipal serán clave para el desenlace en la integración de la Cámara de Diputados, con un elemento adicional: los partidos aliados al gobernante no pueden o no les conviene, acordar una coalición total. A los de nuevo registro la ley se los impide, y para el PT y PVEM, salvar su registro los obliga a tener candidatos por su propia cuenta en comicios locales.

Si prevalece el plano local en la elección intermedia, es difícil que el partido gobernante supere el porcentaje de votos de la elección de 2018. Esto significa que se quedaría corto, por 30 o 40 diputados, o quizás más, para alcanzar la mayoría absoluta. El resultado sería un giro importante en la política y especialmente, en la actitud del gobierno ante la pluralidad. Hará mucha falta lo que de por sí escasea ahora: negociación y acuerdos.

Los unicornios y los políticos

Siempre resulta de la mayor relevancia y pertinencia el debate y el análisis de los temas públicos. La crítica mediática es un rasgo central de la democracia. Los medios no son la opinión pública, pero son agentes centrales en la formación de consensos y disensos no sólo respecto al gobierno, sino a muchos otros temas de la agenda nacional.

La crítica no debe confundirse con la oposición. Puede haber opositores en el ejercicio de la crítica desde los medios y, aunque menos común, periodistas, incluso algunos de excelencia como Miguel Ángel Granados Chapa, que deciden incursionar en la política. También hay medios escritos cuya política editorial e informativa puede tener una clara intencionalidad o posición ante el poder. Todo es permisible. Lo óptimo es que haya medios buscando mantener un equilibrio en la cobertura noticiosa o en la opinión.

El gobernante debe observar lo que se dice de su gestión en los medios, tarea que debe hacerse con la piel dura, el oído fino y manteniendo a distancia la emoción y el prejuicio. Es difícil que así lo asuma quien gobierna, todavía no conozco un gobernante que no se sienta incomprendido al leer o escuchar la crítica; sin embargo, la evaluación objetiva de la prensa sí es responsabilidad profesional de quienes le acompañan.

No soy de la idea que el gobierno haga pública su valoración de los medios. La información que le han presentado al Presidente para que sostenga su dicho de ser el mandatario más atacado es evidentemente incompleta y sesgada. Además, lo que más impacta a la opinión pública no son las columnas, sino los teasers, las primeras planas o la cobertura informativa.

Los políticos tienen una forma muy singular de entender su relación con los medios. Bajo cualquier estándar es difícil justificar las opiniones y los juicios de la autoridad cuando invocan su derecho a la libertad de expresión respecto a periodistas y medios de comunicación, derecho que, por cierto, es propio de los ciudadanos precisamente para defenderse del poder. Las autoridades sólo tienen la obligación de informar con objetividad. Los unicornios y los políticos que aguantan la crítica sí existen, pero todavía nadie ha visto uno.

El pasado empezó ahorita

Mucho se ha dicho de la consulta para juzgar a los ex presidentes. El debate se ha centrado en un tema fundamental para su viabilidad, pero secundario para su realización, esto es, su constitucionalidad. La SCJN ya resolvió esto último, para ello modificó la pregunta y también la naturaleza de la consulta, es decir, el resultado no obliga ni compromete a la fiscalía, sólo se refiere a las autoridades o al Congreso. La senadora Beatriz Paredes ha presentado objeciones dignas de atención.

Lo relevante de la consulta debe ser la eficacia. Las dos preguntas son ociosas. La versión original, lo es por las razones expuestas por el ministro Aguilar Morales; la versión corregida por los ministros, porque, al decir de ellos, indagar el pasado no requiere permiso.

El sentido de una consulta es resolver dilemas sobre los que se tiene que decidir, una obra, ley o una acción específica. Si los altos servidores públicos de años pasados tomaron decisiones contrarias al interés nacional, eso debe investigarse, no se requiere de preguntar. La autoridad debe definir postura sin trasladar a la ciudadanía lo que es de su responsabilidad. Los mexicanos demandan acabar con la impunidad y eso implica a todos, pasado y presente.

Recabar la opinión de la gente atañe una didáctica democrática y más cuando las decisiones se pueden valorar a partir de los resultados y sus consecuencias. Poco sirve una consulta para utilizar el expediente con un evidente sentido electoral. Por ello los legisladores decidieron separar la elección de la consulta, y así impedir que un tema susceptible de manipulación interfiriera con la elección de autoridades y representantes populares.

La SCJN hizo bien en enmendar la inconstitucionalidad del proyecto inicial. La autoridad o el Congreso deben tomar la decisión, con o sin consulta, sobre la investigación del pasado, y hacerlo de manera responsable e imparcial. Particularmente si en el nuevo escenario propuesto por la Corte, la revisión amplia del pasado habría de incluir la manera como el gobierno de la República ha manejado la crisis sanitaria, las compras mediante adjudicaciones directas, la cancelación del NAIM o la desaparición de fideicomisos, entre otros asuntos cuestionados. El pasado empezó ahorita.

 

La Corte y la consulta

Una vez pasada la tormenta mediática de los primeros momentos, lo menos que se puede decir es que la crítica al voto de la Corte sobre la consulta ha sido desproporcionada. El clima político impide ver en sus términos la manera como el máximo tribunal resolvió un tema jurídicamente complejo. Se optó salvaguardar el derecho ciudadano a participar y al mismo tiempo, por la justicia sin interferencia y bajo estricta legalidad.

Sorprende que cada extremo vea en la resolución de la Corte justo lo que no existe. El tribunal no sólo reformuló la pregunta, sino cambió su naturaleza. Con ello se salvó lainconstitucionalidad que advirtió la lúcida ponencia del ministro Aguilar, y se atendieron observaciones de gran valor, como las del ministro Laynes.

La consulta no será para decidir si se debe actuar penalmente contra los ex presidentes, hay consenso que para proceder contra un presunto responsable no se requiere de aprobación alguna. La justicia no está sujeta a consulta o a voto mayoritario. De lo que se tratará es que el Congreso o el gobierno realicen las acciones pertinentes para esclarecer la responsabilidad de autoridades por decisiones en años pasados.

Es muy importante que la decisión de la Corte sirva para un quiebre en el ambiente de polarización que se padece y que afecta al país. Los retos por delante requieren de unidad. Para ello es preciso diferenciar el plano de la disputa política y electoral, del de la unidad para superar la adversidad y recuperar bienestar y crecimiento.

La economía requiere de certeza. El gobierno debe ser el primero en aportarla, bajo la aceptación compartida de que la inversión privada es fundamental y su presencia no requiere de privilegios ni ventas asociadas al abuso, simple y sencillamente que se respeten los contratos suscritos, la ley y los procedimientos judiciales.

La confrontación es un elemento nocivo que distrae y paraliza. La Corte cumplió con una difícil tarea. Cualquier decisión sobre la consulta hubiera sido polémica. Por eso, la descalificación parte de bases falsas. La decisión de los ministros es consecuente con el principio de que la justicia no se vota ni está sujeta a consenso o expresión mayoritaria.

 

Punto de inflexión

El país requiere hallar un punto de inflexión. Lo retos llaman a eso. En política, lo más relevante es identificar el plano de disputa legítima por el poder y el del interés nacional, donde todos lo mexicanos debemos estar unidos en torno a lo que nos interesa y atañe. Disentir, criticar y diferenciarse es normal en toda democracia. Tenemos una ventaja: a pesar de los problemas y las dificultades, hay cohesión social y este preciado hecho debe servirnos como nuevo punto de partida.

La sesión del próximo jueves del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de definir la viabilidad de la consulta para someter a proceso penal a cinco ex presidentes. Es el momento para un llamado a la unidad, con mayor razón si el criterio de la mayoría del tribunal es en sentido contrario a la solicitud del Ejecutivo federal. La impunidad no debe prevalecer donde haya delito, pero toca enfocar la mira en el porvenir.

México es un gran país, más allá de la retórica en curso, mucho se ha logrado a lo largo de toda su historia. La crisis actual es profunda, es muy seria y repercute en varios ámbitos, sin embargo, precisamente por lo que se ha construido, existe todo al alcance para transitar con éxito la adversidad y avanzar hacia el futuro, incluso a mejor ritmo respecto a años pasados.

El Presidente tiene derecho a desear que el desenlace de los comicios de 2021, especialmente el de la Cámara de Diputados, le permitan contar con una fortaleza legislativa para la segunda mitad de su gestión. Los límites los define la ley, no la justicia ni la superioridad moral. En el marco de los comicios, el país merece un debate serio, sin insultos ni descalificaciones, sobre los grandes problemas nacionales y la mejor manera de atenderlos.

Por eso, quienes apuntan a la renuncia del Presidente cometen un grave error, además de que no hay espacio legal ni político para tal pretensión. Quizá no es su intención, pero con ello contribuyen a la polarización, niegan el sentido del mandato democrático manifiesto en las urnas y, encima, propician que la crítica o la oposición sean desacreditadas. Lo fundamental en toda democracia es la coexistencia de las diferencias, no su supresión.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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