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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El riesgo en Baja California

Bochornosa por su impudicia, ya no sólo por su inconstitucionalidad, la decisión del Congreso de Baja California de extender el mandato del gobernador electo. Se trata de un hecho que merece reprobación. Estamos frente a un insolente desprecio a la voluntad popular por parte de quien lo promovió, así como de la dirigencia nacional del partido gobernante, que ha adoptado una postura de callada neutralidad que resulta cómplice en este agravio a la democracia.

El caso, sin duda, merece la atención nacional, toda vez que es un ignominioso asunto que contradice los postulados democráticos más básicos. Fue, ciertamente, un cambio votado por la mayoría del Congreso, pero eso no convalida la decisión, sino justo lo contrario: revela la crisis de los partidos de oposición, expuestos a la sospecha de aprobar un tema de extrema ilegalidad y contrario a su propio interés. Quedará en manos de los órganos disciplinarios de estos partidos proceder y establecer una inexorable sanción, proporcional al daño causado, a quienes no estuvieron a la altura de la circunstancia. Queda la presunción de grosero oportunismo o cooptación para aquellos que se sirven en lo personal del espacio que sus partidos les ofrecen. Si el gobernador electo pudo hacer valer desde ahora la trampa, ¿qué le espera al Estado cuando tome posesión y el Congreso y las alcaldías estén integrados por sus afines y por una oposición desdibujada?

Debo señalar que el mandato democrático al que se convocó a los electores en Baja California se refirió a un periodo de dos años. Así inició la campaña, pero en el curso de la contienda se gestionó una discutible decisión del Tribunal Electoral estatal, que anuló la reforma constitucional sobre el término de ese mandato para dejarlo en el mismo sentido preexistente, esto es, seis años. Este cambio fue invalidado por el Tribunal Electoral Federal previo a la elección; es decir, el mandato democrático que el electorado otorgó al candidato Jaime Bonilla fue de dos años y el Congreso no debe alterarlo. Si la decisión del Tribunal Electoral estatal fue invalidada, con mayor razón se deberá anular el cambio de duración del periodo de gobierno que se hace desde el Congreso local después de la elección, es decir, luego que los ciudadanos emitieran su voto.

Desde luego que el asunto deberá resolverse por la vía legal; posiblemente la decisión ya no corresponderá al Tribunal Electoral Federal, aunque los derechos políticos de los votantes están en medio y deben salvaguardarse. Seguramente irá directamente al Poder Judicial. A reserva del asunto de competencia y del recurso o recursos respectivos, el tema tiene una dimensión política de muchísima relevancia. Estamos hablando de un asunto de consecuencias muy negativas, porque una autoridad —El Congreso local— está invalidando los términos del mandato regido por la institucionalidad democrática que todos aceptamos.

Que la reforma haya podido prosperar en términos formales no resuelve el tema de legitimidad. Ahora parece obvio el engaño: el candidato ganador y próximo gobernador, Jaime Bonilla, buscó la candidatura y el cargo bajo la idea de que duraría 5 años en la función con la certeza de que habría de ganar el caso ante el Tribunal Local (alguna razón tendría para ello), lo que sucedió el 8 de mayo. Debió ser muy frustrante, dada su condición de Senador y después de funcionario federal en el Estado, que la determinación del Tribunal Electoral Federal, avalado por el voto unánime de los integrantes de la Sala Superior, haya revertido, el 29 de mayo, a un poco más de un mes de la elección, la determinación del Tribunal Electoral y, en consecuencia, haya ratificado la vigencia del término de dos años como el periodo para el que fue electo.

Por la postura de la dirigente de Morena y la del gobernador electo, es evidente que la derrota judicial quiso revertirse por la vía legislativa, pero ya fuera de tiempo. Sorprende que haya ocurrido con los votos de legisladores del PRI y del PAN, lo que es una traición a sus propios partidos y a lo que representan. Los abogados sin escrúpulos o sometidos a los apetitos del poder suelen ser pésimos consejeros y eso es lo que se advirtió a lo largo del proceso, cuando se resolvió anular el artículo transitorio de la Constitución que reducía a dos años el término de elección ya estando el proceso electoral en curso, y ahora con el cambio constitucional en el Congreso.

Se debe dejar en claro que la decisión del Congreso del Estado de Baja California representa una afrenta no solo a la ley, sino particular y esencialmente a la democracia.  Sin embargo, sin restar importancia a estos graves hechos, alarma el precedente y el riesgo que atañe: que el Congreso o más bien el Constituyente Permanente, para el caso federal, pueda ajustar el término del periodo de una autoridad a fin de prolongarla, independientemente del término para el que fue electa.

El gran tema es que en el caso federal no existe acción de inconstitucionalidad posible contra un cambio Constitucional.

 

Acuerdo y concordia

El país y el gobierno se encuentran en una encrucijada en la que hay mucho qué ganar o perder. El deseo de cambio es arrollador. Como pocas veces, hay una voluntad colectiva por mejorar que va más allá de las definiciones o afinidades partidarias o electorales. A pesar de lo accidentado del inicio y de decisiones polémicas de la autoridad, el presidente López Obrador cuenta con el respaldo de la mayoría de la población.

En todos los casos, y más ahora, la popularidad no es un objetivo en sí misma, sino un recurso muy preciado para facilitar las transformaciones y cambios que se pretenden. De la misma manera, me parece que la popularidad es veleidosa y circunstancial, aunque también debo reconocer que el vínculo del presidente López Obrador con amplios sectores de la sociedad tiene un fuerte componente emocional, lo que le permite contar con un respaldo importante independientemente de la polémica, el debate, incluso de los magros resultados. El problema es que este segmento de lealtad dura, por amplio que sea, es minoritario. De persistir el presidente en la descalificación generalizada al pasado o a los que no son afines, llevaría a la polarización, que se acentuaría en la medida en que los resultados comprometidos no se hicieran realidad, especialmente en materia de corrupción, economía, seguridad y calidad de gobierno.

A contrapelo se puede afirmar, y es una constante de los gobiernos de las democracias, que los proyectos y decisiones que han trascendido con frecuencia fueron en contra del sentimiento popular de su momento. En el ejercicio del poder, la obsesión por la popularidad confunde, hace perder sentido de propósito y a veces inmoviliza cuando más se requiere una actitud proactiva y de búsqueda de respuestas a los desafíos que impone la realidad.

En el balance de estos meses, se puede advertir que al gobierno le va mucho mejor cuando el pragmatismo gana terreno o cuando hay un ánimo de concordia frente a los demás, particularmente cuando se trata de los que se sienten distantes del actual gobierno. Ya es hora de hacer las cuentas y aceptar que la imposición y la descalificación no han dejado un buen saldo. El ánimo de entendimiento y de inclusión tampoco lleva necesariamente a desentenderse del proyecto propio, al contrario: es la mejor manera de hacerlo realidad y de enriquecerlo a partir de las voluntades que se van sumando en el proceso.

Éste es el caso de la rebelión de integrantes de la Policía Federal: el denuesto y la descalificación generalizada no sólo no aporta, sino que complica el acuerdo y hasta el mismo diálogo. El presidente ha podido concitar el apoyo de la pluralidad para crear la Guardia Nacional, precisamente porque se corresponde a la exigencia pública de una mayor seguridad. El proceso de su creación y consolidación es fundamental para el bien del país. Por tal consideración, es recomendable cuidar los términos de relación con lo existente. La descalificación generalizada al pasado y a la institución por una eventual incorrección de mandos o por la insuficiencia del proyecto no permite trasladar culpa o poner bajo sospecha a todos. Si a esto se suma la incertidumbre en relación a los derechos laborales, la situación se vuelve explosiva y hace que se presente lo impensable: las fuerzas del orden que propalan el desorden.

Es evidente que la negociación y el acuerdo son el camino a los buenos resultados, así se muestra en el actual conflicto con los elementos inconformes de la Policía Federal; así también está presente en la decisión del presidente de abrir un espacio de diálogo con las empresas que construyeron gasoductos para darle servicio de transportación de gas a CFE, a manera de conciliar posiciones y evitar un arbitraje que en sí mismo es comprometedor para el gobierno. Los límites para el acuerdo son la legalidad y los valores propios del servicio público.

Es recomendable que el presidente López Obrador conceda más espacio al ánimo de concordia. El país lo requiere; su gobierno, también. El pasado se debe revisar y en su caso cambiar todo lo que sea necesario a pesar de las resistencias comunes a todo proceso de transformación. En este no tiene que haber criterio de lo que se debe y también de lo que se puede; más bien, tiene que despojarse de dogmas o fijaciones a partir de la información.

El presidente tiene un gabinete cuyo potencial positivo se acrecienta en la medida en que el mandatario muestre disposición a escuchar y les ofrezca la confianza que todo colaborador requiere cuando desempeña tareas difíciles y críticas. Sin duda, es estilo del presidente López Obrador concitar lealtad y compromiso de sus colaboradores, precisamente por tal consideración sería bueno revisar los términos de su relación con ellos y definir dinámicas de trabajo que le permitan estar informado de manera óptima y valorar dilemas y opciones de forma que pueda hacer valer el proyecto político que les motiva e inspira. Para los buenos resultados, el acuerdo y la concordia siempre serán necesarios.

Ganar terreno a la incertidumbre

Uno de los desafíos de toda autoridad nacional es generar confianza a manera de promover la participación social y en el ámbito de la economía propiciar la creación de negocios y la inversión privada. Un país con una actitud positiva u optimista puede lograr mucho más que uno postrado en el escepticismo sobre el presente y futuro. La confianza es una muy compleja construcción, difícil de ganar y fácil de perder. Más aún, la confianza no puede estar segmentada o concentrada, se requiere que recorra a todo el espectro social y regional.

Previo a la elección del año pasado, el país padecía un ánimo social que variaba entre la desconfianza y el descontento. Sólo uno de diez mexicanos se asumía satisfecho y optimista. En tales condiciones no es difícil comprender el colapso del régimen, sí, el régimen político, no sólo de un partido en especial. Por ello, a pesar de la pluralidad política y partidaria que se ha instalado, el desenlace de la elección fue mayoritario a la opción de ruptura respecto al estado de cosas. El régimen del gobierno dividido llegó a su término después de 21 años.

Como tal, el país ha vivido a partir de la elección un optimismo muy elevado y por momentos desbordado. Por ahora, la realidad se ha va imponiendo y la esperanza por un cambio inmediato y profundo se ha ido disipando en algunos sectores de la población. Aun así, en términos de humor social se viven condiciones mucho más favorables a lo que fueron los últimos tres años previos a la elección. Sin embargo, la situación en temas fundamentales para la población no es favorable; de la misma forma que decisiones de las autoridades han despertado reserva de empresarios e inversionistas, más allá del esfuerzo que realiza el presidente y las cúpulas empresariales para que exista entendimiento y de allí confianza.

De la observación de los eventos recientes, estimo que el gobierno federal ha ganado una muy oportuna victoria en el frente diplomático, particularmente en lo que atañe a la relación con el gobierno de Donald Trump. En poco tiempo hemos pasado de un plano de descalificación y presión por parte del gobierno norteamericano a otro de reconocimiento y aprobación. Sin duda un logro mayor del presidente López Obrador y del canciller Ebrard. Esto significa que se ha superado, al menos por ahora, una de las mayores amenazas para la confianza y la certeza económicas.

La explicable animadversión al presidente norteamericano en el país impide valorar en su justa magnitud este logro. Todo lo que venga de él es tomado con reserva o rechazo. Sin embargo, no es una cuestión menor que México y los mexicanos hayan dejado de ser objeto de señalamiento con propósitos electorales. En tales condiciones y de continuar por la ruta que ha coordinado el canciller Ebrard, disminuyen considerablemente los reclamos y las sanciones que pudieran imponerse. Esto, con honestidad, era una situación impensable y convalida la manera como el presidente mexicano se ha conducido respecto a su contraparte. La prudencia ha dado buenos resultados, así como la compleja operación política coordinada por el canciller.

Las recientes palabras de reconocimiento del presidente Trump son valiosas. Esto no significa que la certidumbre respecto al escenario bilateral quede garantizada. De hecho, persiste duda sobre la aprobación del T-MEC en EU, ya que requiere mucho más que la disposición del presidente Trump. El momento electoral en EU puede afectar su oportuna aprobación. México continuará siendo tema en la disputa por los votos e históricamente los demócratas han tenido más reservas sobre México que los republicanos. No es un asunto menor que el presidente Trump, en su mensaje para anunciar que buscará la reelección haya convocado a los legisladores demócratas a aprobar el acuerdo comercial. Es deseable que esto ocurra con la mayor oportunidad posible y de esta manera dar un impulso a la certeza y confianza sobre el futuro económico de México.

El gobierno ha hecho un esfuerzo significativo y sin precedente para mantener los equilibrios macroeconómicos. Las cifras del crecimiento económico de este semestre no son nada alentadoras, mucho menos la ostensible reducción del empleo; sin embargo, la situación podría estar considerablemente peor si hubiera ocurrido un gasto público sin control. Los indiscriminados recortes presupuestales están afectando de manera preocupante la calidad del gobierno. Mi impresión es que será necesario revisar proyectos de inversión inciertos y rubros de gasto en materia de política social, para dar a un tratamiento más focalizado en la asignación de beneficios.

La controvertida decisión del presidente López Obrador de blindar financieramente a PEMEX también es la correcta. Va en sentido inverso a lo que ha ocurrido en los pasados lustros con la salud financiera y la capacidad de inversión de la empresa. Empero también será necesario que PEMEX y CFE sean más explícitos en su apertura a la participación privada. Sólo así se habrá de construir la confianza para recuperar la inversión y el crecimiento.

 

 

Lecciones para el futuro

México vive circunstancias particularmente complejas en la relación bilateral con nuestro principal socio económico y comercial, además de vecino, con el que compartimos, para bien y para mal, más que una amplia frontera. Cuando abrazamos el libre comercio como marco de una nueva relación, se pensó que habría un mejor entendimiento, bajo la premisa de un futuro compartido en el que habría aportaciones de ambas partes. Pero la realidad es que la interdependencia se ha incrementado, más la de México con EU, que la de éste con México.

Sin embargo, pese a la fría realidad de los números, en la perspectiva del neo nacionalismo norteamericano, ahora en el poder, hemos sido nosotros, según ellos, los que sacamos la mejor parte en una relación comercial que ellos dominan. El arribo a la presidencia de Donald Trump ha hecho incrementar el riesgo que corre nuestro país en el tema comercial. El trato ha sido el peor en la historia reciente y parte del prejuicio, además de la agenda reeleccionista de Trump. Sin embargo, la postura hostil a México no es solo producto de un presidente, ni de una coyuntura electoral, sino del cambio registrado en la sociedad norteamericana, donde el discurso y la política antimexicanos es atractivo para amplios sectores de la población, lo que lo convierte en una herramienta altamente rentable desde el punto de vista electoral y eso plantea un problema más serio de lo que es en sí mismo Donald Trump.

México ha logrado mucho en las últimas décadas especialmente en cuanto a la modernización de varios sectores de la economía y un apego a las premisas propias de la democracia liberal; sin embargo, también hay aspectos muy negativos que lo han debilitado y que también han generado una imagen negativa en el exterior. El aspecto más pernicioso y visible ha sido la violencia y la criminalidad. Al menos por dos décadas, el país ha dado vueltas en círculo y no ha encontrado manera de controlar un fenómeno que cada vez pone en entredicho los fundamentos de la civilidad política y del pacto social.

Lo mismo ocurre con la corrupción, asunto menos visible desde el exterior y al igual que la inseguridad, un funesto producto de la impunidad. De hecho, violencia y corrupción se explican por la incapacidad del Estado de llevar a la justicia a los responsables. En mi opinión, en los distintos gobiernos ha prevalecido un criterio de política de gasto que no ha contemplado en su justa proporción lo que se requiere para abatir la impunidad. Son necesarios muchos más recursos para crear instancias y procesos confiables de prevención, investigación, persecución, sanción y régimen penitenciario de lo que actualmente se ha hecho. El tamaño del gasto que se requiere es abrumador, es contrario a la idea de austeridad, por supuesto, pero es mucho mayor el costo que pagamos por la inseguridad cuyo precursor es la impunidad.

El choque con la realidad a partir de la postura hostil y agresiva del presidente Trump de amenazar con imponer aranceles a causa del crecimiento exponencial de la inmigración ilegal, obliga al país a un alto en el camino. En primer término, no se puede tener permisividad en los temas migratorios; las razones humanitarias o de economía se pueden resolver con esquemas de control migratorio. La soberanía de México se ha visto afectada por el descuido en la materia; bajo ninguna consideración México puede ser santuario de quienes emigran de sus países en búsqueda de mejor porvenir porque el flujo migratorio no es hacia México, sino hacia EU. Un mensaje inicial equivocado del presidente y la realidad socioeconómica adversa en los países de origen del migrante provocó que cientos de miles de personas se dirigieran a México con el propósito de tránsito. Afortunadamente se están tomado medidas correctivas.

El escarceo con Trump en el tema migratorio y su amenaza de imponernos aranceles comerciales nos deja una lección que nadie puede soslayar: ante la incapacidad del país para resolver por sí mismo sus problemas, se corre el riesgo de que sean otros gobiernos de otras naciones las que impongan su criterio con la consecuente cesión de soberanía. Este riesgo no solo se presenta en el tema migratorio o comercial, también en el ámbito de justicia. No es difícil prever que instancias de regulación, agencias de investigación o denuncias presentadas en EU, conduzcan procesos judiciales en detrimento de la confianza que debe tener el sistema de justicia nacional.

Ante la adversa realidad y la crisis consecuente, el presidente López Obrador ha hecho un ajuste estratégico a la organización del gobierno. Es lo correcto ante la magnitud del riesgo, y esto ha llevado al Secretario de Relaciones a una fórmula de delegación de autoridad presidencial al asignarle la coordinación de áreas estratégicas para enfrentar la emergencia. No puede ser de otra forma, lo que va de por medio en estos días no es la imagen o lo que dirá la historia de un presidente o de su gobierno, sino el interés y el futuro del país.

Laberintos de la unidad

La unidad de los mexicanos, especialmente en los temas de interés nacional, siempre será deseable. Un país con capacidad de unirse, supera problemas y logra anhelos con mayor facilidad que un país dividido o fragmentado. La idea de la democracia es precisamente, definir los espacios de diferencia y desencuentro de aquellos en los que debe prevalecer un sentido único.

El momento del país llama a la unidad. Al menos dos de los desafíos fundamentales e inmediatos así lo exigen: el combate a la inseguridad y la relación con el presidente Trump y su gobierno. Respecto a lo primero, se ha dicho con insistencia que la lucha contra el crimen requiere de un mayor nivel de compromiso social para atacar al problema desde sus orígenes. Desde luego que son necesarios los policías, una estructura legal y la capacidad para sancionar ejemplarmente a quien se aparta de la ley, pero también es imprescindible la denuncia y como política preventiva, la participación social.

Por el otro lado, las ostensibles pretensiones electorales del presidente Trump pueden impactar negativamente el bienestar de los mexicanos al imponer un modelo de política migratoria o de seguridad bajo la amenaza de aranceles a las exportaciones, una iniciativa a la medida de los prejuicios de quien ahora es presidente y quien ve amenazado su deseo de reelección. Más allá del problema migratorio y la necesidad de ponerle orden, la postura del presidente Trump de utilizar el comercio y las facultades de excepción que tiene en materia internacional que le permiten actuar sin intervención del Congreso, son una amenaza a la buena vecindad entre ambos países.

Frente a dicha circunstancia, mal haríamos, gobierno y sociedad, en minimizar el riesgo. Las autoridades mexicanas necesitan del apoyo de todos para lo que pueda suceder. Si prevaleciera el sentido común y una postura razonable, se estaría hablando más de cooperación para resolver los problemas compartidos, como es la migración ilegal, que utilizar la intimidación como medio para querer imponernos su sentido de lo que se debe hacer.

Aunque a algunos no les guste el estilo de verbalizarlo, es de reconocer que el presidente López Obrador ha tenido el temple para no caer en la provocación. El canciller Ebrard y quienes le acompañan en las negociaciones han mostrado habilidad para promover un acuerdo razonable en la materia y persuadir al gobierno norteamericano de desistirse de medidas unilaterales y de presión, como es la imposición de los aranceles a las exportaciones mexicanas en el marco del libre comercio.

El buen resultado del diálogo no depende ni de lo razonable ni de lo conveniente, y aunque siempre estarán las instancias multilaterales para hacer valer los derechos de las naciones, la opción no siempre resulta eficaz puesto que EU se ha resistido a éstas, y más ahora con un personaje como Trump en la presidencia. Ciertamente, la postura del presidente norteamericano atiende a consideraciones ajenas al sentido de responsabilidad y prudencia. Sin embargo, en cualquier momento, con y sin esta amenaza, no debe desdeñarse que es una necesidad de México como Estado soberano, enviar un mensaje claro de contención a la migración ilegal, no como concesión impuesta por el vecino, sino como expresión de política interna y compromiso con la legalidad que pueda dar certeza y confianza a la imagen del país.

Las causas sociales que motivan los flujos migratorios no deben inhibir a los estados nacionales a imponer límites, normas y restricciones. La presión migratoria de muchas partes del mundo, no solo de Centroamérica, ha crecido recientemente. México debe mantener una postura ante la comunidad internacional de que no puede ser territorio de libre tránsito para quienes pretenden llegar al país vecino, y ese debería ser, sin más, un principio de política interna que debe tener expresión en políticas públicas.

Lo relevante del reto que vivimos es que el país demanda unidad frente al desafío actual. No obstante, el acto en Tijuana no se corresponde en forma y fondo a la solución que se pretende llegar y que se necesita. La unidad y el apoyo debe acreditarse, sin embargo, hubiere sido mejor un acto de corte republicano en lugar del formato al que se convocó, el cual parece más bien una respuesta política a un problema de Estado.

La unidad interna de los mexicanos es fundamental no solo para lograr el acuerdo de ir juntos como país en la defensa del país, sino para hacer valer la cohesión social si los resultados no son los deseables o esperados. Unidad para alcanzar los logros y también para, si ese fuera el caso, enfrentar la adversidad. Insisto, no es menor lo que estamos requiriendo en estas horas como país; se trata, ni más ni menos, de la necesidad de unirnos con el presidente López Obrador como representante del Estado mexicano, en este esfuerzo de enfrentar el mayor desafío que haya tenido la diplomacia nacional desde la expropiación petrolera.

Hay que decirlo muy claro: en estas horas no debería existir espacio al regateo ni al condicionamiento de la unidad.

Oportunidades

Lo abrumador de la lluvia de cambios que se registran en la sociedad -económicos, políticos, tecnológicos y sociales- nos impiden tener claridad de las oportunidades que la nueva realidad plantea. Vemos el árbol, pero no alcanzamos a dimensionar el tamaño del bosque. Para conocer esos linderos, se necesita una visión periférica, de todo el conjunto, objetivo necesario como imposible ante lo vertiginoso del ritmo de las transformaciones. Pareciera que caminamos como a ciegas hacia el futuro, y es entonces cuando hay terreno fértil para la incertidumbre y el desánimo.

Por fortuna, el tránsito de México y de muchas naciones al paradigma propio de la democracia liberal, se acompañó de la creación de instituciones. Todo proyecto político busca las condiciones de su propia legitimidad y justificación, pero no puede hacerlo por fuera del marco de la ley. El presidente hace énfasis en que los males que nos acompañan son resultado del modelo neoliberal que a su vez orientó todo lo demás: la política, la cultura, la comunicación, etcétera. No creo que sea el caso, aunque sí es cierto que las condiciones impuestas por la globalización exponenciaron los riesgos asociados a la corrupción y a la ilegalidad. Lectura imprescindible al respecto es The Rise of Kleptocracy, A Challange for Democracy  http://cort.as/-IsiT

Como sea, aún en las condiciones donde el gobierno desarrolla su narrativa, con sus propios objetivos y sus tiempos, el país plantea más oportunidades de las que el escepticismo está en proceso de naturalizar en el imaginario de las clases medias y en la élite mexicana. No deja de llamar la atención que en los inversionistas extranjeros hay más decisión a participar que en muchos nacionales. Por eso es importante tener una perspectiva realista sobre el país al menos en dos aspectos fundamentales, por un lado, diferenciar la retórica política de las definiciones gubernamentales, y por el otro, aceptar que el tiempo corre a favor de la responsabilidad en el manejo de las decisiones económicas.

El equilibrio en las finanzas públicas es un factor que no debe desestimarse, así como el compromiso de lograrlo sin tener que modificar la estructura fiscal vigente. Quizás las definiciones o políticas de gasto no sean las más recomendables, particularmente por el impacto negativo que tiene en la calidad de los servicios públicos e infraestructura social y pública, pero no perdamos de vista: en la medida en que se mantenga un gasto consecuente con los ingresos, se hará valer una variable fundamental para la confianza del inversionista: la estabilidad macroeconómica.

Las oportunidades de participación del sector privado son una realidad en los proyectos de infraestructura. Cierto es que las decisiones del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas se hacen bajo un esquema convencional de participación pública propio del siglo pasado. Aún así, la ejecución de ambos proyectos plantea amplios espacios de inversión privada.

También la CFE anuncia planes para recuperar su capacidad de generación de electricidad. Ello necesariamente supone la participación del capital privado, con el agregado de que un esquema de incentivos, similares a los que se están haciendo en muchos países, propiciaría la participación del consumidor en la autogeneración de energías limpias.

México es un buen lugar para hacer negocios y un espacio de oportunidad. En los tiempos que corren, adquieren renovada importancia la ubicación geográfica y el acuerdo comercial con nuestros vecinos al norte. Cualquiera que sea el camino para llegar a mitigar el déficit comercial de EU con China, gradual o rupturista, plantea para el país una oportunidad extraordinaria. México ha probado ser un buen socio comercial, además de un aliado fundamental en temas estratégicos como es el de la seguridad regional y pronto quedará superada la incertidumbre de la ratificación del acuerdo comercial TMEC. El ruido preelectoral desde EU se debe entender y procesar con serenidad. A partir de allí, así como aconteció en el cierre del siglo pasado, México, EU y Canadá tendrán condiciones privilegiadas de crecimiento económico asociado al libre comercio. México se plantea como un lugar de oportunidad para la inversión productiva extranjera proviniente de otros países, incuso de China.

AMLO tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria en la inversión en telecomunicaciones relacionado con la conectividad del país. A diferencia de lo que sucede en los países desarrollados donde la tecnología digital plantea preocupaciones fundamentales vinculadas con la calidad de la democracia y de las libertades (ver http://cort.as/-ItCm), en México es una oportunidad extraordinaria para la inclusión y el desarrollo de las zonas más atrasadas. Hay ideas inexactas o imprecisas en las definiciones institucionales iniciales, pero aciertan en lo fundamental: el valor de la conectividad en el México más pobre, desigual y atrasado. Próximamente plantearé el qué y el cómo para hacer realidad el anhelo de inclusión y desarrollo del sureste mexicano.

Oteando el horizonte II

Los acontecimientos se precipitan con una velocidad inesperada. La crisis del sector salud no se deriva de la renuncia de un funcionario, por importante que sea, sino de la realidad misma y de la manera como el gobierno la encara. Las autoridades hacendarias tienen la siempre difícil e ingrata encomienda de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, pero las carencias y necesidades del sector social son tan significativas siempre, que una política de ahorro tiene un impacto inmediato en la calidad de los servicios. También es bueno entender que debe haber áreas del gobierno donde el derroche que se busca como el culpable de todos nuestros males, simplemente no existe.

Es cierto que son muchos los problemas e insuficiencias heredados, pero también hay muchos activos del pasado. Es explicable desentenderse de lo segundo, así sucede siempre. Hay una ola de insatisfacción natural que no se corresponde a las condiciones objetivas de bienestar de la población si se le compara con años incluso recientes. Muchos intangibles son fundamentales como es la tolerancia, la democracia y las libertades, los que solo se aprecian cuando se pierden. Claro, también hay problemas nuevos como la violencia extrema o algunos que persisten como la desigualdad y la corrupción.

A partir del descontento con lo que existe, el país se ha movilizado con un renovado y posiblemente inédito sentimiento de esperanza. En la colaboración pasada alertábamos del desencanto y sus efectos. Decíamos también que la elección presidencial y el triunfo de López Obrador ha sido catalizador de este estado emocional de la población. El presidente ha gozado de un considerable respaldo de la población, incluso de quienes no lo votaron. También advertíamos sobre el cambio que ha ocurrido a partir de abril y con mayor acento ya en este mes; las cifras indican que el ánimo social ha ido cambiando. La novedad, a base de repetirse, deja de serlo y con ello pierde impacto positivo lo que antes sí tenía.

La eficacia del modelo informativo centrado en la comparecencia presidencial ante los medios todas las mañanas va perdiendo fuerza. Los eventos y las realidades ahora se imponen sobre las palabas y el discurso. Remitirse al pasado como causa y razón de las dificultades y de los problemas, deja de tener eco en la población. Insistir en ello exaspera a cada vez más personas y hace sentir, incluso cuando no es el caso, que es un ardid para justificar insuficiencias o faltas propias.

El efecto que tiene la controversia sobre la calidad de los servicios de salud cala hondo en la base social. No es un tema de la élite, de hecho, buena parte de los políticos y funcionarios de primer nivel utiliza los servicios privados, no así la gran mayoría de la población. La mala calidad es un problema que se ha acumulado porque la política y quizás las buenas intenciones, trasladaron derechohabientes que no son aportantes a las instituciones bipartitas como el ISSSTE o tripartitas como el Seguro Social; población que no aporta, pero que sí demanda servicios y que entraña un gasto considerable, ya que no se modifica la contribución del gobierno.

El presidente y las autoridades hacendarias tienen una buena parte de razón, pero más que ellos la, tiene el testimonio constante de la población por un evidente deterioro de la calidad del servicio y la insuficiencia de respuesta. Estábamos mejor cuando estábamos peor, se empieza a escuchar. El presidente invoca la corrupción en la compra de medicamentos para tratar de explicar el problema, como en su momento se refirió al robo de combustible para justificar la insuficiencia de gasolinas. Pero en enero había más que comprensión a la causa presidencial, y en mayo la situación ha cambiado. Es importante que el gobierno lo identifique y que las respuestas gubernamentales, no sólo las mediáticas, sean consecuentes con el ánimo de la población.

Es previsible que el presidente siga contando con un amplio apoyo de la población. El tema, ahora, no es la proporción o el número de quienes no están con él, sino más bien la intensidad del sentimiento de rechazo de esta minoría y también el perfil social, regional y cultural de los desafectos. Descalificar desde el poder a quien disiente o critica se vuelve insostenible, y se muestra como una grosera actitud de intolerancia que va en contrasentido del avance democrático de nuestros tiempos.

Por ahora, la calidad del gobierno se vuelve uno de los retos inmediatos del presidente. También la necesidad de modular la estrategia comunicacional propia y de sus principales colaboradores. El momento requiere más espacio a las razones que a las emociones, así como una actitud más institucional para dar cuenta de los problemas y las soluciones. El país va bien y no hay crisis mayor. El problema está en que no se advierta el cambio en curso y se generen desencuentros mayores precisamente porque el mensaje se distancie no solo de la realidad, sino de la lectura que de ella está haciendo la población.

Oteando el horizonte

En determinado momento, el país puede padecer los peligros asociados al desencanto. Esto, para algunos, ya empieza a suceder en la medida de que las expectativas colectivas no se correspondan con la realidad. Son muchos aspectos los que contribuyen al sentimiento colectivo de una mejoría personal, familiar y del país; en el pasado reciente, el resultado de la elección, la toma de protesta y las primeras semanas del gobierno del presidente López Obrador potenciaron la certeza en muchas personas de que todo iba a cambiar para bien.

En diciembre y enero pasados vivimos una experiencia, quizás inédita, en términos de optimismo. Decisiones polémicas, como la clausura de la obra del aeropuerto de Texcoco, la cuestionable encuesta sobre la que sustentó esa decisión, la afectación de muchos por el problema de abasto de gasolinas o tragedias como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, no alteraron las expectativas públicas sobre un mejor presente y un más venturoso mañana.

En este contexto, la novedad se volvió virtud. La manera como el presidente comparecía ante los medios de comunicación y planteaba a su modo y manera los temas relevantes para su gobierno, le dio resultado inmediato. Además de su capacidad para comunicar en términos inteligibles para el gran público, la parte emocional del mensaje prevalecía sobre la racionalidad convencional. Esto le permitía al presidente confrontar expresiones adversas de la realidad, bien sea descalificando a la noticia en sí misma, al emisor o al medio. La mecánica tuvo resultado para los primeros cuatro meses de gobierno. Adicionalmente, el presidente podía más que conducir la agenda informativa, saturar con su presencia buena parte de la información sobre la situación del país y sus problemas.

En abril, fuimos testigos no del agotamiento del modelo informativo, pero sí de una baja de su eficacia. Esto ocurre porque la reiteración del mensaje y del método funciona durante un terminado tiempo. El mantenerlo por un periodo largo va asumiendo costos, entre otros, la pérdida de novedad y por lo mismo de interés, particularmente, si lo que se anuncia o se propone no va acompañado de acciones subsecuentes. La sobre exposición lleva a errores y las correcciones -obligadas e inevitables- también han desgastado la credibilidad; el tono de confrontación no puede mantenerse indefinidamente, más cuando la denuncia mediática no es correspondida por un curso institucional.

El presidente, sin embargo, continúa con un elevado índice de aceptación y acuerdo. En el corte más reciente de GCE, está 10 puntos arriba del porcentaje de votación obtenido en julio pasado. Sin embargo, hay una disminución significativa respecto a su posición más elevada, que fue en enero. Pero el problema no es el nivel actual, positivo sin duda, es la tendencia. La experiencia previa indica que no son las buenas o malas noticias lo que determina la expectativa positiva; el tema es más complejo y remite a un asunto que se refiere al laberinto de las emociones colectivas.

Se ha vivido con intensidad emocional desde el inicio de las campañas presidenciales. Su activador principal ha sido el actual presidente. La elección y la toma de posesión se revelan como momentos de particular sensibilidad colectiva asociada a un cambio positivo. Es difícil que la población se mantenga indefinidamente en tal circunstancia. Las personas, las palabras y la realidad pueden ser las mismas, más no así la manera como se aprecian, porque el cambio está en lo profundo de la sociedad, no en quien lo comunica o lo que comunica.

El pronóstico es que la tendencia hacia la baja de expectativas es de continuidad y de allí el peligro del desencanto. No queda claro a qué ritmo, qué tanto y a qué sectores o regiones impacte con mayor acento. A pesar de la singular capacidad del presidente para comunicar y para imponer la agenda de su proyecto, se va perdiendo fuerza y eficacia porque la sociedad va asimilando como parte del paisaje lo que antes era excepcional. Estimo que el presidente tendrá que remitirse cada vez más a lo que no ha sido lo suyo: invocar más razones que emociones, y realizar el tránsito impostergable de un movimiento a un proceso institucional. La referencia al pasado como causa de las dificultades por ahora funciona, pero cada vez menos y en poco tiempo despertará inconformidad y, después, rechazo, asunto que forzosamente se vinculará con una percepción soterrada pero creciente, de que la realidad cotidiana de las personas y la del país no ha mejorado en al menos tres aspectos fundamentales: economía familiar, seguridad y calidad de gobierno.

El desencanto sin revisar el método del gobierno puede llevar a la polarización, situación inconveniente como forma de regular lo social y lo político. Es normal que siempre haya diferencias y desencuentros, pero el desencanto puede ser veneno puro si lleva al deterioro del principio fundamental del proceso democrático: la coexistencia civilizada de la diferencia, que como nos lo demuestra la historia, es de donde toman su fortaleza las naciones.

Los nuevos tiempos

El mayor desafío de ahora es entenderse y asumirse en los nuevos tiempos. Es mucho lo que cambia de forma vertiginosa y es natural, ante lo desconocido y la incertidumbre, optar por resistirse al cambio. Suscribir la nueva realidad es imprescindible para todos. Esto no significa desentenderse de lo bueno del pasado, ni transitar en una contemplación negativa hacia todo lo que sucede. El país está inmerso en una nueva realidad. Hay signos de preocupación, pero más que ello, compromisos por identificar y asimilar.

Es preciso diferenciar las causas de los efectos, y también efectos que se vuelven causa. En términos políticos, el amplio descontento social de años pasados dio origen a un proyecto que contó con el aval de la mayoría de la población. Para bien se abre la puerta a un gobierno decidido a cambiar, con objetivos irrefutables, pero para mal, con métodos y estrategias dudosas y que resultan contraproducentes para el mismo proyecto en curso, y también para el país. La secuela del enojo social y el deseo de cambio echó abajo los contrapesos que habían caracterizado el régimen político desde que el gobierno dividido se instauró en 1997. Esta es nuestra nueva realidad. Hay que asumirla y actuar en consecuencia. Hoy, a lo social le corresponde hacer más, porque la política no está dando para los contrapesos.

Aunque los signos del cambio despierten incertidumbre y preocupación, lo importante es ser proactivos y positivos en el espacio que a cada quien corresponde. El país es mucho más que un proyecto político en particular, éste, por más pretensiones y respaldo que tenga, se inscribe en la circunstancia de nuestros tiempos. De hecho, lo político es más precario en su continuidad que lo económico, lo social o lo cultural. Por ello es preciso observar la realidad actual con perspectiva, con un sentido de lo importante y de lo que debe trascender y permanecer.

Asumirse positivo no es una forma de someterse, como tampoco lo negativo es por sí mismo resistencia. Cuidar lo importante obliga a la mesura y también a la paciencia. La persistencia ha probado ser una actitud válida, pero ésta debe tener propósito. Además, debe inscribirse en los mejores valores de la cultura liberal como es la tolerancia, el respeto a la dignidad de las personas, y el cuidado a las instituciones que dan vigor y vigencia a las libertades y a la contención al abuso del poder.

Es posible que conforme pasa el tiempo se acentúe en algún sector el sentimiento de que lo nuevo no muestra consistencia entre lo que se hace y lo que pretende, entre lo que se predica y lo que resulta, entre los compromisos y los hechos. El futuro no es fatalmente promisorio ni desastroso, es lo que cada quien, desde su propio espacio va construyendo y defendiendo. Si vale para lo individual, mucho más para lo colectivo.

La realidad de hoy día demanda de un esfuerzo de adaptación. No es la primera vez que el cambio se impone. En otros momentos ha ocurrido a partir de la crisis con todas sus expresiones dramáticas y elevados costos sociales. Afortunadamente, ahora vivimos un cambio no accidentado y que obliga a una participación con entusiasmo, pero, sobre todo, con claridad de lo que se pretende. No es asunto de supervivencia, sino hacer que lo nuevo sea consecuente con lo mejor del ayer, que no es poco. A pesar de que los nuevos tiempos deslumbren e impidan ver con claridad lo mucho que hay por preservar y cuidar, al margen de la nostalgia o de cualquier interés particular, es necesario reflexionar que el futuro del país nunca se ha construido destruyendo el pasado sino usando lo mejor de aquellos tiempos como piso firme para fincar hacia adelante.

La causa del cambio está en lo social y en lo económico. Se entreveran para transformar a las personas en sus ideas, valores y pretensiones. La realidad política de ahora convoca a la inclusión y a revisar mucho de lo que se daba por válido en el paradigma del pasado. Es muy positivo que los actuales tiempos convoquen a la equidad, a ampliar el bienestar y mejorar las condiciones de vida no solo de las mayorías, sino también de los por mucho tiempo olvidados. Eso es bueno, pero el reto está en lograr lo que se quiere; no es la pretensión ni la intención lo que convalida, sino los resultados, y es allí donde más dudas despierta lo que ahora desde el poder se instaura como método, causa y razón.

La voluntad cuenta y mucho, pero también el orden, la claridad y los medios para alcanzar lo que se pretende. En los mexicanos hay consenso en lo que hay que hacer, pero no así en la manera de lograrlo. No hay coartadas fáciles para cambiar lo que no nos gusta de la realidad. Además, no se debe desentender de los instrumentos ni siquiera a partir de lo elevado del propósito. La justicia no puede someter a la ley; tampoco la ley puede quedar a merced del calculado interés político.

Los nuevos tiempos convocan hoy más que nunca a la claridad de visión, al compromiso y a la persistencia con perspectiva del largo horizonte de nuestra historia.

 

Mesura hacia EU

No ha faltado quien haga señalamientos críticos al presidente López Obrador por su postura prudente y mesurada hacia el presidente Trump. El presidente mexicano puede ser en algunos temas belicoso, pero entiende con claridad el interés nacional. Muchos fueron desproporcionadamente críticos al gobierno anterior por la misma consideración: el cuidado de la relación bilateral. Cierto es que el presidente Trump despierta en muchos mexicanos un sentimiento de rechazo, pero también es cierto que mucho de lo que hace y dice tiene una motivación electoral.

Es un hecho que el gobierno ha sido cuidadoso en no caer en el juego de las descalificaciones. Finalmente, más que las palabras cuentan los hechos. En la coyuntura actual, pendiente de la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte, es preciso no ser involuntariamente parte en la encendida disputa entre republicanos y demócratas. El oportunismo electoral, quizás más que en ninguna otra parte, allá lleva a extremos y no es difícil que México sea afectado sin otra razón que la conveniencia coyuntural de cualquiera de las fuerzas en contienda.

El tema laboral es central en EU no sólo por razones económicas o de justicia, sino por consideraciones electorales. Trump ganó la nominación republicana y la elección presidencial porque pudo conectar con los trabajadores que ven en los migrantes un problema, así como el que muchas empresas resuelvan trasladarse a México para disminuir costos que en no pocos casos ha sido para éstas cuestión de supervivencia. Mantener sus líneas de producción con los costos del país vecino los obliga a una inversión considerable en automatización, lo que de cualquier manera afecta al empleo y a los salarios en el país vecino.

Se entiende que en el acuerdo comercial trilateral se haya puesto en la mesa la necesidad de una reforma laboral en México; no hacerlo frenaría al acuerdo. Ahora correspondía cumplir el compromiso y hacer una reforma en los mejores términos posibles para el país. En este empeño quizás debió haberse dado más espacio a la postura del empresariado nacional. Es una reforma que en el balance general es positiva, además promueve la modernización gremial y es un acierto de las autoridades, del Consejo Coordinador Empresarial y del sector laboral el que se haya suscrito un acuerdo para que el nuevo régimen sirva a los trabajadores y también a la economía nacional.

En el tema migratorio también es positivo que las autoridades mexicanas pongan en claro que el país no será santuario ni estación de paso de la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica. Las acciones que se realizan en la materia, con estricto respeto a los derechos humanos deben ser un claro mensaje a las sociedades de nuestros vecinos al sur para desalentar el tránsito ilegal de personas por el territorio nacional. Por su parte, las acciones de política social en los territorios de emigración nacional es la respuesta no sólo la más humanitaria, sino la más razonable para retener el capital humano que se pierde, precisamente por las condiciones de pobreza en dichas regiones.

Otro de los temas de atención en la relación bilateral es Venezuela. Las autoridades mexicanas deben acreditar el interés de una solución pacífica y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Lo que se ha hecho hasta hoy hace creer que en las autoridades hay afinidad hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Cabe destacar que los primeros años del gobierno anterior se mantuvo una postura semejante a la actual, en el sentido de mantener neutralidad y de distancia con la oposición venezolana. En los dos últimos años hubo un cambio importante. Es recomendable que a la luz de la evolución de los acontecimientos, sin comprometer los principios de la política exterior mexicana, un cambio en la materia y que acredite a México y a su gobierno como un país líder en derechos humanos y de una diplomacia activa y eficaz para hacer valer la democratización de Latinoamérica. Esto debe ocurrir no como concesión al país vecino, sino como una expresión del interés nacional. Ofrecer asilo político a Leopoldo López y a su familia sería un gesto simbólico de mucho significado y con apego a lo mejor de la diplomacia mexicana.

El Plan Nacional de Desarrollo no solo refiere al respeto que México tiene y debe al vecino, también habla sobre la necesidad de revisar en el marco de la ONU y en la relación bilateral la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes que ha dado muy malos resultados y que sí ha generado en México violencia y descomposición social e institucional.

Son muchos los temas críticos. Algunos de tensión y otros de fácil acuerdo y entendimiento. Por lo pronto es evidente que el interés en muchos temas fundamentales es compartido. México ha sido un buen vecino, pero, además, en la actual circunstancia también debe acreditar que en su gobierno hay sensibilidad y una inteligente mesura.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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