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La legalidad siempre será aspiracional. Esto es así porque no es un bien tangible, una meta a la que se pueda llegar una vez y para siempre o por decreto, sino una batalla de todos los días y en muchos frentes. La ley es protección al particular y límite a la autoridad. En México hemos asumido la falsa pretensión de que la ley por sí misma logrará cambiar la realidad, y por eso hay un exceso de derechos que revelan la aspiración de una generación, pero no tienen expresión en los hechos. Así, la ley se desacredita, pero la ley es fundamental para el ciudadano y para la autoridad. Es, sobre todo, un medio para actuar en función del interés general y dejar al margen la arbitrariedad o el ejercicio caprichoso del poder.

Justamente por lo anterior son de celebrar las expresiones del presidente López Obrador del pasado miércoles sobre que no se puede legislar en función de los intereses particulares. Estamos frente a una aclaración pertinente que el mandatario expresó por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional, quienes en la víspera parecían decididos a cambiar la Ley Orgánica del Congreso con el fin de mantenerse en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Tiene razón el presidente: no se debe legislar para resolver un caso concreto. Una de las mayores crisis que enfrentó el país ocurrió en los días siguientes al magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El presidente consultó con el dirigente del PRI y la presidenta de la Cámara de Diputados para legislar y así abrir las opciones de candidato sustituto, pues los miembros de su gabinete estaban legalmente impedidos. La respuesta que recibió de Fernando Ortiz Arana y María de los Ángeles Moreno fue concluyente: no se podía legislar para resolver el caso concreto, por crítico que fuera el momento para México y para el presidente.

La intención del Morena de la Cámara de Diputados es inaceptable porque pretende modificar la ley para un caso concreto. En este mismo tenor acierta el presidente al calificar como indebido el cambio que se ha intentado en la Constitución de Baja California para ampliar el término del mandato del gobernador electo. Esta aclaración es significativa y es un claro mensaje para que las mayorías legislativas y todas las instituciones que dan soporte a nuestro sistema democrático tengan un sentido de responsabilidad y ética políticas. El llamado presidencial es oportuno si tomamos en cuenta que, en el grupo de Morena en la Cámara de Diputados, surgen, cada vez de forma más reiterada, impulsos poco avenidos con la ley y la cultura democrática.

Los hacedores de leyes deben ser ejemplo en el apego a la legalidad. Por eso lastima lo que ha ocurrido en el Congreso de Veracruz respecto a la suspensión del fiscal Winckler y en el de Baja California con la extensión del mandato del gobernador electo. Por lo mismo es importante que el Congreso Federal sea en estos momentos un referente de legalidad y de sentimiento democrático a partir de la coexistencia de los diferentes.

Reitero mi convicción en que el desafío mayor de México es abatir la impunidad. Es cierto que el problema que hay en materia de corrupción se debe a la impunidad. También la violencia y la ola delictiva de las dos décadas pasadas en mucho tienen que ver con la incapacidad de llevar al delincuente ante la justicia. Lo mismo se puede decir para la actividad económica: los negocios requieren certeza de derechos, medios confiables para dirimir diferencias y sanción o compensación justa y suficiente.

En la medida en que las autoridades y las personas asumamos todo lo que implica el camino de la legalidad, México será mejor. Más aún, el cambio que pretende el actual presidente, si sólo se concretara en hacer un país de leyes, significaría la transformación más trascendente y positiva para el futuro. Sus implicaciones tendrían muchos alcances y sin duda llevarían a la prosperidad y a la justicia que tanto se anhelan. La nación ha dado vueltas en círculo alrededor de lo que fue el mayor propósito de los jóvenes liberales del siglo XIX, malogrado por la incapacidad de sus autoridades y de sus élites para transitar por la legalidad. Incluso mentes lúcidas y privilegiadas como las de Emilio Rabasa y Justo Sierra vieron en la Constitución de 1857 un obstáculo para el progreso y se inclinaron por la seducción del gobierno de Porfirio Díaz.

En el siglo XX, interiorizamos en el diseño de nuestras leyes el deseo desmedido de que las cosas cambiaran al incorporarlas en la ley. El derecho a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda digna y a la justicia expedita no se satisface por estar en la ley, sino por la capacidad del Estado y sus instituciones para hacerlo realidad. Lo que ahora debe motivar a nuestra generación y a las del porvenir es que las personas y las autoridades asuman el cumplimiento de la ley como la única y más consistente plataforma para lograr un México con desarrollo y con justicia.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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