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Bochornosa por su impudicia, ya no sólo por su inconstitucionalidad, la decisión del Congreso de Baja California de extender el mandato del gobernador electo. Se trata de un hecho que merece reprobación. Estamos frente a un insolente desprecio a la voluntad popular por parte de quien lo promovió, así como de la dirigencia nacional del partido gobernante, que ha adoptado una postura de callada neutralidad que resulta cómplice en este agravio a la democracia.

El caso, sin duda, merece la atención nacional, toda vez que es un ignominioso asunto que contradice los postulados democráticos más básicos. Fue, ciertamente, un cambio votado por la mayoría del Congreso, pero eso no convalida la decisión, sino justo lo contrario: revela la crisis de los partidos de oposición, expuestos a la sospecha de aprobar un tema de extrema ilegalidad y contrario a su propio interés. Quedará en manos de los órganos disciplinarios de estos partidos proceder y establecer una inexorable sanción, proporcional al daño causado, a quienes no estuvieron a la altura de la circunstancia. Queda la presunción de grosero oportunismo o cooptación para aquellos que se sirven en lo personal del espacio que sus partidos les ofrecen. Si el gobernador electo pudo hacer valer desde ahora la trampa, ¿qué le espera al Estado cuando tome posesión y el Congreso y las alcaldías estén integrados por sus afines y por una oposición desdibujada?

Debo señalar que el mandato democrático al que se convocó a los electores en Baja California se refirió a un periodo de dos años. Así inició la campaña, pero en el curso de la contienda se gestionó una discutible decisión del Tribunal Electoral estatal, que anuló la reforma constitucional sobre el término de ese mandato para dejarlo en el mismo sentido preexistente, esto es, seis años. Este cambio fue invalidado por el Tribunal Electoral Federal previo a la elección; es decir, el mandato democrático que el electorado otorgó al candidato Jaime Bonilla fue de dos años y el Congreso no debe alterarlo. Si la decisión del Tribunal Electoral estatal fue invalidada, con mayor razón se deberá anular el cambio de duración del periodo de gobierno que se hace desde el Congreso local después de la elección, es decir, luego que los ciudadanos emitieran su voto.

Desde luego que el asunto deberá resolverse por la vía legal; posiblemente la decisión ya no corresponderá al Tribunal Electoral Federal, aunque los derechos políticos de los votantes están en medio y deben salvaguardarse. Seguramente irá directamente al Poder Judicial. A reserva del asunto de competencia y del recurso o recursos respectivos, el tema tiene una dimensión política de muchísima relevancia. Estamos hablando de un asunto de consecuencias muy negativas, porque una autoridad —El Congreso local— está invalidando los términos del mandato regido por la institucionalidad democrática que todos aceptamos.

Que la reforma haya podido prosperar en términos formales no resuelve el tema de legitimidad. Ahora parece obvio el engaño: el candidato ganador y próximo gobernador, Jaime Bonilla, buscó la candidatura y el cargo bajo la idea de que duraría 5 años en la función con la certeza de que habría de ganar el caso ante el Tribunal Local (alguna razón tendría para ello), lo que sucedió el 8 de mayo. Debió ser muy frustrante, dada su condición de Senador y después de funcionario federal en el Estado, que la determinación del Tribunal Electoral Federal, avalado por el voto unánime de los integrantes de la Sala Superior, haya revertido, el 29 de mayo, a un poco más de un mes de la elección, la determinación del Tribunal Electoral y, en consecuencia, haya ratificado la vigencia del término de dos años como el periodo para el que fue electo.

Por la postura de la dirigente de Morena y la del gobernador electo, es evidente que la derrota judicial quiso revertirse por la vía legislativa, pero ya fuera de tiempo. Sorprende que haya ocurrido con los votos de legisladores del PRI y del PAN, lo que es una traición a sus propios partidos y a lo que representan. Los abogados sin escrúpulos o sometidos a los apetitos del poder suelen ser pésimos consejeros y eso es lo que se advirtió a lo largo del proceso, cuando se resolvió anular el artículo transitorio de la Constitución que reducía a dos años el término de elección ya estando el proceso electoral en curso, y ahora con el cambio constitucional en el Congreso.

Se debe dejar en claro que la decisión del Congreso del Estado de Baja California representa una afrenta no solo a la ley, sino particular y esencialmente a la democracia.  Sin embargo, sin restar importancia a estos graves hechos, alarma el precedente y el riesgo que atañe: que el Congreso o más bien el Constituyente Permanente, para el caso federal, pueda ajustar el término del periodo de una autoridad a fin de prolongarla, independientemente del término para el que fue electa.

El gran tema es que en el caso federal no existe acción de inconstitucionalidad posible contra un cambio Constitucional.

 

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