Publicaciones Impresas

En la víspera del balance de los 100 días se perfilan resultados contradictorios en un sentido fundamental: las cifras y la percepción. Es un desencuentro extraordinario porque la situación no se da con matices: la percepción pública es muy favorable al presidente López Obrador y sus acciones; en contraste los números sobre la situación del país en materia de seguridad y economía son adversos y preocupantes. La opinión pública observa un entorno diferente de lo que la realidad de los datos nos dice que estamos viviendo. El actual gobierno obtiene lo que ninguno otro y como nunca: adhesión, a contrapelo de los resultados.

Son la opinión pública y la publicada las que construyen percepciones que se vuelven realidades. Eso tiene que ver mucho con el activismo mediático del presidente. Su intenso e intensivo protagonismo mediático le permite saturar loscontenidos y la información política. Su mensaje se hace único y es el que interpreta y define la realidad, con la virtud de que la presenta de tal manera que hace que el mensaje sea entendido y aceptado por el receptor. La eficacia en la comunicación permite que la aceptación social transite por una vía a contrapelo de muchas cosas, entre otras, la certeza jurídica y la confianza económica. Hasta hoy el presidente ha preferido la eficacia de la popularidad, que la popularidad de la eficacia. Se lo ha propuesto y lo ha logrado con creces.

Sin embargo, tarde que temprano la realidad se impone. Además, la trascendencia que pretende el presidente no se logra con sólo el acuerdo con la manera de gobernar, sino con las transformaciones que pueda alcanzar. La economía es la premisa sobre las que se erige el éxito de una administración; de ésta todo depende, incluso los objetivos de política social, por no decir, su ambicioso proyecto de inversión en infraestructura y por supuesto, la estabilidad macroeconómica. Estimo que el presidente, siendo muy exitoso en obtener apoyo popular a su gobierno y a sus decisiones, no ha sido igualmente certero para emitir un mensaje que propicie la inversión privada en dos aspectos fundamentales: estado de derecho y un sentido de responsabilidad en decisiones económicas emblemáticas.

La confianza es fácil perderla, difícil ganarla y muy complejo, lento y costoso recuperarla. Los errores económicos también tienen que ver con la complacencia de los principales interesados en el buen manejo del gobierno de la economía. La prudencia del sector empresarial o al menos, de sus voceros, ha sido interpretada como parte del apoyo irrestricto a la actual administración. Los medios y las organizaciones empresariales, así como las entidades privadas de análisis e investigación económicos tienen una responsabilidad mayor. Requieren imprimir mayor claridad y eficacia en sus mensajes y posturas para hacer sentir las consecuencias de decisiones y expresiones del presidente de la República.

El tema de legalidad es central para lograr la confianza en un país. El cumplimiento con la ley no es opción, es obligación de toda autoridad y esto no siempre se advierte en la actuación del gobierno y en las palabras del presidente. La lucha contra la corrupción ha sido más retórica que un ejercicio para hacer valer la ley, como queda evidente en una de las prioridades del pasado inmediato: la embestida contra el robo de gasolinas, el llamado huachicol. El esfuerzo, los costos (algunos trágicos) y la denuncia presidencial de inicio, no han sido acompañados de acciones judiciales consecuentes. No es un llamado a la cacería de brujas, sino reconocer que la lucha contra la impunidad necesaria y obligadamente requiere de una respuesta judicial equiparable a la magnitud del problema.

Hay que destacar que en días recientes el presidente ha mostrado una mayor sensibilidad sobre diversos temas de interés para el sector inversionista. Hay varias acciones en tal sentido: la suspensión de la reforma interna de Pemex, el encuentro y la postura conciliadora hacia el presidente de la CRE, su respeto al Senado, las reuniones con destacados empresarios, la presentación de Alfonso Romo en el programa de promoción de inversión del nuevo gobierno y su cordial presencia en eventos del sector empresarial organizado. Sin embargo, derivado del costo de las decisiones pasadas, especialmente la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, es mucho más lo que se va a requerir para recuperar la confianza del sector inversionista.

Los empresarios no son, en estricto sentido, los inversionistas. Unos y otros merecen la mayor atención por parte de las autoridades, sin embargo, el desplome en la inversión privada, especialmente, la inversión directa extranjera, es un tema que debe preocupar y es importante que en el seno del equipo presidencial se emprenda una acción para atraerla de nuevo y para ello se necesita generar condiciones de confianza. El equipo de gobierno tiene el talento para dar buenos resultados, pero requiere de lo más importante, la voluntad presidencial.

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