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Se entiende que una de las mayores urgencias públicas sea el regreso a la normalidad. De igual manera es comprensible que los gobiernos, todos, se asuman ganadores en el sentido de creer que se ha hecho lo mejor para enfrentar la crisis sanitaria, algunos desbordantes de optimismo, otros cantando anticipadamente victoria. En los países con contagios a la baja, el debate ya está instalado y a nosotros deberá ocuparnos en su momento; ojalá sea pronto. El nuevo reto va a ser cómo administrar el trayecto a la situación de origen.

El sentido común llama a hacer de la atención a la crisis, precisamente por su gravedad, una decisión centralizada, pero no unipersonal. Se cree que los científicos están mejor equipados que los políticos para hacer frente a este tipo de circunstancias. No está claro que así sea. Lo que sí es evidente que lo peor es que los políticos decidan asumiéndose científicos o que los hombres de ciencia resuelvan adoptando el código, las formas y los valores propios de los políticos.

Cada país tiene su historia; el tiempo dará espacio para valorar con mayor objetividad la manera como se actuó. El Presidente Trump ha querido darle validez a tratamientos y medicamentos. Que lo diga él, no necesariamente quiere decir que esté equivocado, pero no le corresponde. Lo que sí se advierte en muchas de las democracias es la tensión entre el gobierno central y los subnacionales. México no es la excepción y eso no debiera ser materia de escándalo si de lo que se trata es cuidar la salud de las personas y que cada autoridad aporte lo propio para una solución óptima.

Las estadísticas no mienten, pero los mentirosos se valen de las estadísticas. Es lógico, pero no ético, que las autoridades presenten los números que más les favorecen o que hagan una interpretación generosa a su causa o interés. En todo el mundo, las mediciones de contagios son mera aproximación y en todos los países hay decesos del COVID-19 que no se contabilizan a partir de criterios dictados por las autoridades centrales.

La realidad es que no se sabe con certeza qué tan extendido está el problema. En México se supone que es más serio de lo que parece porque es uno de los países que, por política nacional impuesta a los estados y al sector privado, menos pruebas ejecuta. México ha realizado 81,912 pruebas, España 1’414,477, Brasil 339,552, Perú 296,262, EU 6’139,111. El programa Centinela de las autoridades, dice que los contagios confirmados deben multiplicarse por más de 8, para tener una idea del contagio. Eso justifica en parte el hecho que en el país la cifra de decesos sea escandalosamente alta respecto a los casos confirmados, casi de 10% y día con día sigue aumentando.

En México hay significativas diferencias regionales no todas vinculadas a la eficacia o ineficacia de los gobiernos locales. Por mucho, los peores números los tiene la ciudad de México, con 63 contagios por cada 100 mil habitantes. Lo contrastante es que el Estado de México promedia 12 contagios por cada cien mil, Nuevo León 6.4 y Jalisco 4.1, siendo entidades comparables por su densidad demográfica y su expresión metropolitana.

En el vecino país del norte, el presidente Trump promueve el regreso a la normalidad cuando el contagio está lejos de controlarse, de hecho, el anuncio ocurre cuando se alcanzan 70 mil decesos. Los gobiernos locales tienen otros ritmos. Lo mismo sucede en España, Alemania y otros países con poderes regionales autónomos. Estoy cierto que el llamado coincide no solo con la genuina preocupación de gobernantes y empresarios por el elevado costo de la parálisis, sino también por el deseo de muchas personas de reanudar sus vidas y actividades productivas.

Sin tratar de cerrar por decreto el capítulo de la crisis sanitaria, por razones de política comercial México avanzará un primer paso para homologar con los socios comerciales del norte, las actividades productivas de carácter esencial. Al parecer, las autoridades de la Secretaria de Economía, inicialmente, se desentendieron en determinar las actividades prioritarias esenciales en concordancia con el T-MEC, quizás porque así se los impuso la Secretaría de Salud, pero descuidaron obligaciones con los otros socios comerciales respecto de varias industrias, como es la actividad minera, fundamental para la producción de materias primas prácticamente para toda la cadena industrial subsecuente, incluso la farmacéutica.

El retorno a la normalidad será espacio de disputa. Los intereses políticos, económicos y de salud estarán en evidente tensión, con posturas diferenciadas de actores, organizaciones, autoridades y órdenes de gobierno. Como se ha dicho, el interés mayor deberá ser la contención del contagio. La experiencia de otros países indica que mucho se puede alcanzar sin comprometer la política de control. Se requerirá pragmatismo e inteligencia para diferenciar regiones, grupos demográficos, actividades. En poco tiempo se entenderá que no es regreso a lo de antes, sino un nuevo punto de partida.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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