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Cada día es más evidente que el país está muy lejos de la unidad. La situación es preocupante por los problemas internos. Los enemigos de todos, que son los criminales y la amenaza a la soberanía nacional desde el exterior, están presentes como pocas veces. El problema desde luego, no es sólo del gobierno, también es de todos cuando anteponemos la postura o el interés propio sobre el general.

Al gobierno le sucede lo mismo que a sus opositores: la secuela de la polarización. Cada quien ve un enemigo, una amenaza a lo fundamental y una batalla sin término. El problema es que el interés del país va dejándose de lado. No se ha encontrado un justo medio para que las autoridades hagan su trabajo sin polarizar ni descalificar; y desde la sociedad cada vez emergen voces más confrontadas con el poder y con todo lo que el gobierno hace o propone.

El país no puede darse el lujo del desencuentro, mucho menos de un estado de enfrentamiento interno frente a la magnitud de los problemas que acechan a la nación. En el frente económico se tienen dificultades, pero nada comparables con lo que se está presentando en el plano político y en el de seguridad. La circunstancia hace aconsejable que el presidente haga pausa, una suerte de tregua, al menos en lo verbal, para dar curso si no a la reconciliación, al menos a una actitud de comedimiento hacia quienes están distanciados de su gobierno

La polarización, en ciertas circunstancias, puede servir para ganar el poder, como ocurrió con la pasada elección presidencial. Sin embargo, recurrir a esto desde el poder y en medio de camino minado, es un riesgo en el que quien más lleva por perder es el país. Los sucesos de Culiacán y Sonora potencian amenazas muy serias al país. El tono desafiante o de desdén no sólo no ayuda, sino que agrava la situación. El presidente cuenta con el apoyo mayoritario de la población, la mayoría de los mexicanos tienen confianza en él y este recurso, que es muy preciado, debe ponerse al servicio del país.

Los eventos en materia de inseguridad minan bases fundamentales de las instituciones públicas. Esto no lo miden las encuestas, tampoco se manifiesta en las expresiones públicas o de grupos pequeños pero representativos como son los empresarios. El consenso visto desde el poder, de siempre tiene mucho de artificial y en no pocas ocasiones es ficticio. Es preciso prestar atención a lo que está ocurriendo. Hacerlo sin la venda del prejuicio, ni el ánimo de encono. Hay problemas que están creciendo a partir del deterioro institucional. El presidente y su equipo lo pueden identificar, si se lo proponen, y atenderlo sin ánimo de enfrentamiento.

El debate es conveniente, pero debe hacerse sin mediar descalificación, recurso que ha sido recurrente en este gobierno. Las diferencias no necesariamente dividen, bien procesadas, pueden ser un recurso muy útil para mejorar el desempeño de la autoridad y para construir las mejores soluciones. El presidente tiene una idea particular de la libertad y del ejercicio del poder; es preciso dar más espacio al respeto al otro y desde luego a la inclusión.

Las libertades deben transitar con fluidez. El gobierno debe promoverlas y para ello se requiere mayor autenticidad y congruencia. Las instituciones del Estado deben ejercer a plenitud su responsabilidad y en los temas de su competencia, servir de contrapeso eficaz al gobierno y contener el abuso de autoridad. Los partidos deben contar con todas las facilidades para el ejercicio de sus derechos, para apoyar en el caso del gobernante y para oponerse respecto a la pluralidad que no esté representada en el gobierno.

El desborde de la criminalidad es el escenario más preocupante, por sí mismo y por su secuela. En el pasado reciente se han tenido dos experiencias traumáticas en materia de seguridad que han trascendido fronteras y vuelven pensable las soluciones con la ayuda desde el exterior. La colaboración que debiera esperarse del vecino al norte, se da en el contexto de la competencia electoral en ese país, lo que vuelve muy complicado construir soluciones razonables tanto para la aprobación del acuerdo comercial en puerta, como para elaborar una nueva política que permita construir un frente contra el enemigo común, que es el crimen organizado. No es mediante el reclamo la manera de construir una agenda común, sino el respeto, la persistencia y el argumento razonado.

El Estado tiene responsabilidades ineludibles con la sociedad, y más en las circunstancias tan complicadas que vivimos. Debe romperse el binomio: represión o complacencia. La tarea de justicia, especialmente frente a quienes han ensangrentado al país, demanda del uso de la fuerza pública y de la capacidad del Estado para sancionar al criminal. Es una tarea fundamental e irremplazable de la autoridad. Es importante recuperar la capacidad para hacer justicia y proveer seguridad antes que la situación rebase al gobierno y dañe severamente al país. Llegó el momento en que todos deberíamos pensar con seriedad y sin reserva en México.

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