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Todo régimen establece las condiciones de su propia legitimidad. Pocos lo logran, sobre todo en estos tiempos, en los que la sociedad está sobreinformada y exige gran diversidad de bienes materiales y recompensas inmediatas. En el colapso del gobierno anterior, mucho tuvo que ver la incapacidad de sus líderes y beneficiarios para entender la magnitud y las causas de su deterioro. En vez de leer correctamente la realidad, se prefirió ignorar lo incómodo y se optó por dejar pasar los problemas para que el tiempo por sí mismo los resolviera. Sin pretenderlo (o por soberbia), las élites conspiraron contra el sistema; el triunfo de López Obrador fue consecuencia natural del desgaste del poder público.

La posición del grupo ganador es diferente del pasado, aunque muchos de los desafíos y problemas persistan. En términos de legitimidad, el resultado democrático aportó un piso sólido y amplio. El tema ahora es el sentido y la profundidad del cambio. El mandato de un nuevo régimen y el dominio político, institucional y mediático han otorgado al presidente un margen muy amplio de maniobra. En este contexto, la disyuntiva actual parece estar entre la personalización del poder o la creación de una nueva institucionalidad que dé fuerza y autenticidad a la democracia mexicana. El reto empieza por dilucidar si el anhelo de cambio lleva a destruir (como parece) las instituciones propias del sistema democrático, justamente las que hicieron posible el triunfo de quienes hoy están en el poder.

La historia nos enseña que toda forma de poder también crea en su interior sus condiciones de deterioro. Los valores, la claridad de proyecto y las instituciones representan la mejor salvaguarda para evitar que el oportunismo se imponga. El culto a la personalidad es una de las tradiciones más perversas y perniciosas de la política nacional, desde la Independencia. El mandatario debe mantener distancia del halago interesado. El poder conlleva administrar intereses y decisiones que benefician o afectan. Los valores imponen límites, el proyecto da sentido y la institucionalidad acota las decisiones y las blinda contra la arbitrariedad. Un gobernante requiere fortaleza de carácter para no caer en la debilidad, propia de la condición humana, que se ve mayormente expuesta con el poder de la investidura. Los favoritos no son sólo los que se enriquecen, también los que hacen mal uso de la confianza que se les dispensa.

Por ello la prudencia y la mesura son atributos muy preciados del buen gobernante. La pasión debe ser conducida por la senda de la razón. En los menesteres de la administración del poder, la indolencia es pecado capital; delegarlo con frivolidad, como ha ocurrido en el pasado inmediato, es desentenderse de la responsabilidad básica, sin importar la capacidad, destreza o lealtad de quien obtiene la confianza de hacerse cargo. Así planteada, la ausencia del gobernante impide construir una dinámica de equipo con liderazgo, fundamental para el buen ejercicio del gobierno.

Ningún presidente que se haya planteado como propósito trascender en la historia lo ha logrado de manera exitosa. Más aún, en el siglo pasado tenemos ejemplos de presidentes que, al pretenderlo, hicieron mucho daño al país y a su propio proyecto. Esto sucede porque no es la circunstancia ni la voluntad la medida para prevalecer en el tiempo: es el carácter para tomar decisiones, el temple para resistir la presión, la persistencia para no abandonar el proyecto y, particularmente, la visión a largo plazo del país que se quiere heredar a las futuras generaciones.

Por eso, resuelta la legitimidad de origen, la disyuntiva del presidente López Obrador es la personalización del poder bajo el espejismo de que es la mejor manera de trascender o el ejercicio democrático del poder presidencial en su mejor expresión (la visión republicana). Lo primero invita a la confrontación; lo segundo, a la conciliación. Es decir que, en el proceso propio de revisar lo que existe, debe haber sentido para rescatar lo mejor y construir, mucho más que para desplazar o destruir.

La circunstancia de México es complicada; por igual invita al pesimismo que al optimismo. La medida del éxito no es la aceptación pública del gobernante, mucho menos cuando la oposición formal y fáctica vive uno de sus peores momentos. El silencio que existe es de derrota, pero también de miedo, y eso no es útil ni siquiera para el gobierno mismo. Una oposición diezmada afecta la lógica de corresponsabilidad y coexistencia del sistema democrático.

Si de trascender se trata, al presidente corresponde apostar menos a la precariedad del ejercicio personal del poder y mucho más al proceso institucional, tanto al existente como al que deberá crearse como parte del cambio. El equipo de gobierno, su partido y la fuerza legislativa que lo acompañan deberán entender que la mejor forma de garantizar el tránsito al futuro es comprender la circunstancia en toda su complejidad, para que lo nuevo no sorprenda por serlo, sino por su consistencia para dar a México bienestar, libertad y justicia.

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