Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El paraíso perdido de la privacidad

La privacidad es un bien que se ha perdido con la modernidad tecnológica. La divulgación de llamadas ilegalmente interceptadas o de acervos de información digitalmente organizados ocurren día con día y es el afán de competencia o de superar la incertidumbre lo que ha llevado a una práctica. La reputación o prestigio de personas y empresas es afectada por un recurso que cada vez se vuelve más común como medio de lucha política o económica. En ocasiones los medios que los divulgan ni siquiera se detienen a investigar la veracidad de los datos o la intencionalidad de quien los difunde. Sí, es una actividad ilegal que hace que los espacios de la privacidad sean cada vez más estrechos.

Este signo de los nuevos tiempos corta hacia muchos lados, incluso en terrenos virtuosos, aunque de discutible legalidad. El 28 de noviembre de 2010 es un parteaguas con la filtración de 251,287 documentos clasificados, no clasificados y secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos, por el portal WikiLeaks de Julian Assange; un punto de quiebre de la seguridad nacional que además, puso en entredicho a la diplomacia norteamericana.

En junio de 2013, el consultor tecnológico estadounidense, Edward Snowden, ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, través de los periódicos The Guardian y The Washington Post dio a conocer documentos clasificados como “Top Secret” sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.

Las filtraciones de Assange y Snowden pusieron al descubierto que los estándares de legalidad de EU y en cierta forma de las naciones democráticas quedaban en entredicho. Asimismo, el espionaje deliberado y sin control, incluso sobre los gobernantes de los países aliados ha sido uno de los temas que más han afectado a la diplomacia norteamericana. Quedó al descubierto que las agencias de seguridad operaron bajo su propia lógica, en ello mucho tuvo que ver la crisis del 9/11 y la necesidad de empoderar a las agencias para emprender acciones preventivas contra la amenaza que plantea al mundo occidental el terrorismo.

El sentimiento de amenaza por el terrorismo ha tenido efectos perniciosos sobre el régimen de libertades propio del paradigma democrático. La tecnología tiene el poder de interferir en la vida privada más allá de lo que las personas se imaginan. El voluminoso tráfico digital es objeto de estudio y análisis para encontrar indicios de actividades terroristas o delictivas. La cuestión es que esto se ejecuta sin distinción, esto es, a la población en su conjunto. Los llamados programas de Big Data para identificar patrones de consumo y conducta de los usuarios de dispositivos móviles, mismos que se vuelven micrófonos para terceros; lo que está en la computadora o el mismo teléfono pueden estar al acceso de personas no autorizadas. Ahora es común en reuniones de trabajo que los asistentes dejen sus dispositivos fuera del lugar de la reunión.

Otro acontecimiento que muestra ser una ruptura respecto al pasado es el caso de los Panama Papers, una filtración de documentos confidenciales de la empresa panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2.6 terabytes de información por una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

La trascendencia del evento va más allá de lo que muchos alcanzan a advertir. Los Panama Papers ponen al descubierto información sumamente delicada y comprometedora del sistema financiero mundial. Los paraísos fiscales ubican en el mismo cajón a empresarios que buscan secrecía sobre sus legítimos recursos, que a evasores fiscales o criminales en búsqueda de santuario del producto de sus actividades criminales. No se puede generalizar, pero los hechos obligan a las autoridades a realizar investigaciones escrupulosas para poder diferenciar cada uno de los casos.

Los Panama Papers dejan un precedente que marca un antes y un después: no hay lugar seguro donde ocultar la riqueza mal o bien habida. Es el equivalente del consultor Snowden, quien tuvo acceso a la información en grandes volúmenes clasificada y altamente comprometedora, un empleado o funcionario con acceso a la información puede revelar cuentas, titulares, montos, transferencias y vínculos. Las salvaguardas convencionales o modernas difícilmente podrán asegurar, para bien o para mal, la secrecía de la riqueza oculta que por igual se refiere a las finanzas bien o mal habidas. Por cierto, el despacho Mossack Fonseca, tiene el involuntario mérito de haber convertido en “infiernos fiscales” lo que hasta hace unas semanas habían sido paraísos fiscales; o sea, para fines prácticos, estos últimos, ya no existen.

Mal, muy mal el caso del padrón electoral mexicano en medios públicos, especialmente porque este instrumento público contiene información privada de prácticamente toda la población adulta mexicana. Los partidos políticos parecen no ser confiables, esto es, quienes allí colaboran y tienen acceso a la información carecen del escrúpulo o del sentido de legalidad para salvaguardar un instrumento que afecta a todos los mexicanos. Los partidos demandaron acceso al listado ciudadano y en un propósito de transparencia y de ir construyendo confianza, desde hace tiempo los datos eran entregados a los partidos. En el capítulo reciente el padrón entregado al partido Movimiento Ciudadano estuvo en la red y al acceso de todas las personas. Una falta grave que es atendida por la autoridad con una medida general: en lo sucesivo los partidos no pueden tener el listado porque no pueden asegurar su cuidado y protección.

Se viven nuevos tiempos y también nuevas realidades. Es comprensible que todos habremos de acomodarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. La información no puede ser privilegio de algunos cuantos, mucho menos cuando su acceso se da por medios ilegales. Esto va más allá del paradigma orwelliano de la sociedad observada por el hermano mayor. Es una referencia a que simplemente la secrecía se vuelve prenda comprometida por la tecnología y deviene de muchas fuentes, no necesariamente de los gobiernos.

Nuevamente una manzana, ahora tecnológica, expulsa a Adán y Eva del último de nuestros paraísos: la privacidad.

Entre el desaliento y la esperanza

Lectura imprescindible la reflexión de Enrique Krauze sobre nuestro tiempo, publicada en Letras Libres bajo el título Desaliento de México. Un texto sencillo y a la vez profundo; claro y agudo. La nación percibe que no está pasando por un buen momento. Se padece corrupción, impunidad y violencia; a estos factores habría que incorporarles la desmemoria y la falta de aprecio por lo alcanzado, particularmente entre las generaciones jóvenes y no tan jóvenes, pero que no vivieron el México de la crisis, el autoritarismo y el desencanto.

El mayor logro del pasado fue alcanzar la democracia y arribar a ésta sin el trauma de la ruptura institucional, haberlo hecho por la vía del acuerdo y por aproximaciones sucesivas. Este modelo de transición implicó que no hubo relevo generacional en la política, se entreveraron las viejas prácticas no democráticas con las de renovación. Con la transición no arribó al poder una clase política liberal y visionaria. El México de la tradición patrimonialista nunca se fue; por ello la venalidad subsistió más allá de lo pensable. No hubo nuevos demócratas, sino beneficiarios de la apertura. La transición no creó ciudadanía, más bien un modelo de negociación y de reparto del poder y privilegios.

Lo que dice Krauze es válido; pero también hay que señalar el extravío ético del proyecto nacional. No hay lugar para la nostalgia, pero al menos en el pasado había un sentido de destino, quizá con carga de utopía y no ausente de excesos, pero prevalecía la pretensión por hacer realidad una idea de nación libre, justa e independiente. La modernización que llegó en la economía y en la política careció de ese piso ético o destino deseable. La privatización no siempre fue virtuosa, incluso en ocasiones, fue regresiva ya que se transitó del monopolio público al privado, con todas las consecuencias que eso implicó, además de la persistente corrupción.

La mística social o nacionalista se remitió al cajón de la demagogia. Lo mismo ocurrió con el sentido de Estado, el que se extravió con la alternancia en la Presidencia de la República; después, por el embate de la criminalidad se intentó rescatar el sentido de gobierno, pero el Estado como tal casi desapareció del diccionario de la responsabilidad pública. Por eso se cedió en exceso al gobierno del país vecino en temas de seguridad nacional; por eso el interés gremial se impuso en el proyecto educativo; por eso la concentración productiva y los monopolios; por eso, también, ganó terreno la delincuencia y el crimen organizado.

Krauze destaca la corrupción, impunidad y la violencia como causas del desaliento. Quizás esto valga más para nuestra generación que para la de la mayoría que, ciertamente, es de jóvenes. Tenemos derecho al aprecio de nuestra transición y de nuestros logros; pero no ayuda que la generación joven los ignore o menosprecie. Lo preocupante es la falta de horizonte y sentido de destino de nuestros jóvenes y que las oportunidades que a algunos les ofrece el servicio público o la iniciativa privada sean desperdiciadas y se vuelvan mal ejemplo por la magnitud del fracaso al que conducen, precisamente por la falta de valores y sentido de compromiso.

Hay que decir que la esperanza y el aliento se construyen de manera diferente, especialmente en los jóvenes. Krauze nos advierte sobre las salidas falsas, particularmente la reedición del caudillismo. El desprecio de lo mucho bueno que hay y la frustración o enojo por lo que se experimenta o percibe hace fácil abrazar la aventura populista. No es un líder carismático lo que el país requiere, es una generación de dirigentes en muchas áreas que sirvan de modelo por su sentido de responsabilidad, por su visión y, especialmente, por su apego a las reglas de un sistema que debe ser garantía de derechos, certeza y esperanza.

El desaliento de nuestros tiempos preocupa, no la crítica al gobernante o al partido o partidos empoderados; tampoco el escrutinio a toda forma de poder, sea económico, religioso o mediático. El riesgo mayor deviene no solo de la incapacidad para dar respuesta a los desafíos que el presente depara, sino de la convicción de muchos mexicanos de que todo está mal y nada hay por recuperar, cuidar o proteger y, como tal, la ruptura es la única vía hacia delante.

La reflexión de Krauze es indispensable para este momento del país. En 1947, en Cuadernos Americanos, don Daniel Cosío Villegas hizo un examen igualmente crítico de la situación del país y del régimen político, bajo el título La Crisis de México, texto trascendente para la época y para lo que vendría. Hoy tenemos que ampliar el horizonte porque la crisis de confianza y credibilidad a todos alcanza, no solo a las instituciones públicas, también a las privadas y a las de carácter social. Esto ocurre en medio de una revolución tecnológica que potencia las libertades y modifica los hábitos informativos, de convivencia e interacción social. Es útil repensarnos y reinventarnos en nuestra actualidad y todavía más en nuestro porvenir mediato e inmediato. Ideas no faltan, tampoco muchos buenos y valiosos mexicanos para aportar su talento y entrega al bien del país. Están ocurriendo cosas diferentes y por lo mismo, tenemos que pensar diferente para entenderlas.

Los tiempos por delante son desafiantes. El mundo cambió y México también. Pero persisten problemas de siempre como la desigualdad, pobreza y venalidad. Ahora se suman los del deterioro institucional y la violencia derivada de la impunidad. La falta de sentido ético de muchos y de una cultura básica de la legalidad ha significado que la democracia y sus prácticas no ganen aprecio y arraigo a pesar de sus aciertos y no pocos logros.

En las élites hay una preocupante actitud de negación sobre la crisis presente; para algunos circunstancial, para otros irrelevante. Los más, distraídos en el día a día o en temas menores. Las ideas de Krauze son una útil y necesaria invitación a entendernos en nuestra realidad y en el proceso histórico que define nuestro momento. Frente a lo que viene y se perfila es necesario recuperar la vitalidad como nación, hacer valer lo mejor de nuestro pasado, acreditar lo mucho alcanzado como libertades y democracia y así abrir espacio a un México de esperanza por el que habrán de transitar los mexicanos de mañana.

Nuevos electores, nuevos ciudadanos

Con frecuencia los cambios más profundos y trascendentales son el acumulado gradual de pequeñas y múltiples transformaciones que por su discreta visibilidad no advertimos su potencial hasta que la sorpresa nos toma por asalto. Lo anticipa la sensación de que algo hay distinto y, en no pocos casos, la incapacidad para entender lo que sucede. Simplemente para la mayoría expectante, las cosas empiezan a ser diferentes y poco comprensibles.

Estamos viviendo esa circunstancia; que el cambio que se avecina es incierto pero profundo, también la resistencia o la negación de lo que viene. El aspecto más problemático para la institucionalidad democrática es lo precario del consenso y para el caso actual, la descalificación del acuerdo, justamente el espacio natural de la política moderna. El desencuentro en la política no ocurre por la disparidad de intereses, perspectivas o ideologías, sino porque el acuerdo, en sí mismo, se ha trasladado al terreno de lo políticamente incorrecto o indeseable. De hecho la polarización tiende a prevalecer porque ser antagónico ofrece un buen piso de adhesiones sin mediar escrutinio, simplemente persistir con intransigencia en el repudio a todo y todos.

Lo que subyace en el cambio es una nueva ciudadanía. Esto se asocia a la revolución tecnológica y a la manera como la comunicación digital tiende a imponerse y prevalecer sobre las formas tradicionales o convencionales de comunicación. Ya no hay que esperar el diario o el noticiero para saber qué ocurre, esto se puede conocer en tiempo real, en formatos visuales prácticos y a través del dispositivo móvil. Además, se abren posibilidades de interactividad a través de las redes sociales y de los espacios que los mismos medios facilitan, con lo que el mensaje es interpretado de manera más abierta y compleja.

Los medios con mayor cobertura no difunden noticias, las crean. Los medios tradicionales, especialmente los escritos, se han visto obligados a incursionar activamente en el mundo digital. Algunos, como Multimedios El Universal, lo hacen bien, pero los resultados de mayor impacto vienen de proyectos digitales respaldados con empresas que se han configurado para ese género de comunicación, creativas, interactivas, con poco personal y de reflejos noticiosos muy rápidos, como ejemplos paradigmáticos de ello están los casos de SDPnoticias en México y en Estados Unidos, el blog POLITICO.

Como tal, los comicios en puerta son una forma de laboratorio complejo. Así es porque cada una de las elecciones, 12 de gobernador y una exclusivamente de ayuntamientos y diputados, presenta particularidades. Un aspecto a conocer es si los candidatos independientes podrán mantener o acrecentar su posición de inicio. Las prerrogativas favorecen más a los grandes partidos que a los pequeños y a los candidatos independientes. Es previsible que en el transcurrir de las campañas adquieran relieve los candidatos competitivos -con o sin partido- y signifique una merma o baja para quienes no estén personalmente o profesionalmente equipados para competir.

Los medios tradicionales tienen su parte, pero crece cada vez más la importancia que tiene la cobertura noticiosa y especialmente la comunicación digital, espacio en el que participan asiduamente más de la mitad de los electores y de manera muy intensa los votantes menores a 35 años.

El desafío no es menor, porque la comunicación digital tiene sus propias reglas y principios, casi siempre diferentes y en ocasiones opuestos a lo que existe en la comunicación convencional. El humor, la interactividad, el lenguaje gráfico, la creatividad y la pauta direccionada deben procesarse en tiempo real en muchos frentes y arenas de las redes sociales y del espacio digital. Un promocional de televisión ya no tiene el impacto que hasta hace muy poco tiempo tenía; un meme o un video bien diseñado puede volverse viral en materia de minutos y tener un efecto arrollador.

Como fenómeno de los tiempos actuales, podemos tomar el video suscrito por Anonimous, en el que se difunde la supuesta fortuna oculta del candidato de la alianza PAN/PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Una acción llamada BTL (Below the line, debajo de la línea) se tornó ATL (Above the line, por arriba de la línea) al ser tomada por los medios y adquirir amplia difusión. Posteriormente un diario de publicación nacional presentó encuesta de la contienda en Veracruz en la que muestra un empate entre los dos candidatos de apellido Yunes –Miguel Ángel y Héctor- y un porcentaje importante del candidato de Morena, Cuitláhuac García, a 10 puntos de ganar ventaja.

Veracruz revela lo dinámico que son las contiendas y la importancia que tiene el debate y la comunicación. López Obrador ha sido factor del crecimiento del candidato de Morena y del deterioro del candidato del PAN y PRD. Su embestida ha sido frontal y es inevitable que tenga un efecto importante entre los simpatizantes perredistas que al inicio estaban con el candidato Miguel Ángel Yunes. A esto se ha acompañado una campaña digital que difunde con veracidad y convicción las debilidades del candidato de la alianza. La ventaja inicial ha desaparecido y podría pasar al tercer sitio de las preferencias.

El deterioro en la intención de voto beneficia al candidato del PRI, pero ha metido a la contienda al candidato de Morena, como aquí en algún momento dijimos que podría ocurrir. De hecho una lectura cuidadosa de la encuesta referida tiene una no respuesta de 32%; muchos encuestadores hacen creer, que la no respuesta es neutral o abstencionista, estudios de Gabinete de Comunicación Estratégica revelan que casi siempre es mayoritariamente opositora o de votantes que migran de preferencia histórica y no quieren compartirlo, como ocurrió en Sinaloa en 2010 y en Nuevo León en 2015. De esta forma hay espacio para asumir que el candidato de Morena y posiblemente el candidato independiente Juan Bueno Torio, tengan una intención de voto mayor a lo que refleja el estudio.

La contienda está a plenitud. Más cuando se han incorporado las campañas de ayuntamientos, lo que da mayor intensidad a la competencia electoral. Como ya se ha señalado, es previsible que haya cambios durante la contienda. Desde ahora queda claro que el cambio es profundo: elecciones muy competidas con tres o cuatro candidatos, dinámicas en cuanto a las preferencias y que hacen del espacio digital un terreno adicional y cada vez más relevante para la comunicación. El desenlace de la elección de junio será revelador de la profundidad, velocidad y trascendencia de la transformación en curso.

Tiempo de antisistémicos

Para muchos es difícil entender la realidad y todavía más las razones o causas que la explican. No es una cuestión de izquierdas o derechas, tampoco es un fenómeno local o regional; la democracia occidental está experimentando una presencia creciente de los antisistémicos, esto es, propuestas de cambio radical que se montan en la ola de la insatisfacción con lo que existe.

Uno de los fenómenos más acabados fue el movimiento de los indignados en España y que daría lugar a dos formaciones políticas que habrían de desafiar al dominio que tenían el PSOE y PP en el parlamento. El partido Ciudadanos con inclinación más hacia la derecha y Podemos, más a la izquierda, fracturaron el equilibrio anterior con una representación parlamentaria suficiente para interrumpir los sucesivos gobiernos desde tiempos de la transición. España, precisamente por las expresiones de este nuevo pluralismo manifiesto en las elecciones de diciembre pasado, está obligada a nuevas elecciones el próximo mes ya que ninguna de las dos fuerzas históricas pudo lograr formar una coalición gobernante.

El caso de Grecia con SYRIZA, coalición de izquierda radical, pudo lograr gobierno. Muy pronto su propia oferta probó ser imposible y llevaría al país y a la Unión Europea a una de sus mayores crisis. El gobierno tuvo que ceder ante las exigencias de orden financiero impuestas por los acreedores externos. Los votantes probaron que la voluntad popular tiene límites respecto a la economía. Como ocurrió en México en el pasado, Grecia tuvo que ceder a la realidad impuesta por un mundo global donde las reglas del juego exceden a las determinaciones de las naciones.

Estados Unidos, Inglaterra y Francia son otros de los varios ejemplos en los que surgen propuestas rupturistas con respaldo popular. Adquiere relieve lo que sucede en la disputa por la candidatura presidencial en el Partido Republicano con la incursión de Donald Trump, probable candidato y de Bernie Sanders, quien ha sido más exitoso de lo previsto, no ganará la candidatura, pero sí ha representado un movilizador de una sorprendente y sorpresiva propuesta social con apoyo en un segmento importante del electorado.

La reflexión obligada es entender las razones por las que la propuesta radical y en muchos sentidos antisistémica de Donald Trump ha tenido éxito. Su base es la clase trabajadora y baja especialmente anglosajona que se siente desplazada en sus oportunidades y beneficios por la inmigración ilegal y, especialmente, por la percepción maniquea de que los gobiernos de Estados Unidos han sido muy complacientes frente a sus socios comerciales. Este nueva forma de nacionalismo conservador tiene particularidades muy preocupantes para todos y especialmente para un país que ha sido expresión de integración cultural y étnica, libertades y democracia: intolerancia, racismo y prejuicio. Esto es, la negación del extraordinario conjunto social que es la unión americana.

En México hemos sido testigos en el pasado reciente del éxito arrollador del candidato independiente en la elección de gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien superó al acendrado bipartidismo en la entidad. El candidato con habilidad pudo montarse en dos olas: la de la indignación de las clases medias y altas, que después permearía a las clases populares y la ola digital. El mandato de la elección no fue un modelo de gobierno, ni siquiera una propuesta de cómo mejorar las cosas. Simplemente eligieron a un vengador de un sentimiento de rechazo a mucho de lo existente. El desenlace es significativo porque el gobierno del PRI en Nuevo León pudo lograr dos éxitos de la mayor trascendencia: tener el liderazgo en crecimiento económico e inversión y superar de manera contundente la inseguridad y violencia. Y no obstante esos dos logros palmarios, fue derrotado por la propuesta antisistemica.

Los candidatos independientes han cobrado singular impulso precisamente por el desgaste de los partidos políticos; en no pocas ocasiones ser independiente da mayor impulso que ser postulado por un partido menor. Las encuestas de inicio de campaña de las 12 elecciones de gobernador próximas revelan en muchos casos que los candidatos independientes podrán superar 5% de los votos y en más de la mitad 10%.

Otra de las expresiones de lo antisitémico es el surgimiento de Morena. En 2015 alcanzó la votación de 8.4% y en el DF de 24%. Como lo habían previsto varios estudios de Gabinete de Comunicación Estratégica, visto con incredulidad por experimentados observadores y encuestadores, Morena mantiene rangos de competitividad muy relevantes en muchos estados con elección, particularmente Zacatecas donde la pifia del INE o del Tribunal Electoral –escoja usted- sirvió para impulsar la participación repuesta del candidato de Morena, Veracruz cuyo candidato ha recibido los votos que han abandonado al candidato de la alianza del PAN y PRD por el fragor de la contienda y Oaxaca, donde el candidato de Morena se beneficia de la escisión del PRD y del desencanto con el gobierno de dicha coalición. Mientras, en el Norte, se abren paso los independientes.

Por las particularidades del humor social en el que una tercera parte de los mexicanos estaría clasificado en la categoría de los indignados, los tiempos actuales dan un piso electoral importante a los antisistémicos. Esa es la causa profunda del éxito de los independientes y de Morena. Incluso del PAN o del PRI cuando juegan esa condición y tienen un candidato afín y hay un ambiente propicio. No está por demás señalar que el impulso que mayor fuerza y arraigo ofrece a la indignación es la percepción de corrupción.

La funcionalidad política de los antisistémicos es que canalizan la indignación por medios democráticos y, especialmente, a través del voto. Pero lo mismo podría decirse de Hitler quien llegó al poder a través del voto popular. Ahora bien, no es lo mismo competir que gobernar. La experiencia está a la vista. Los candidatos, todos, se ven obligados en mayor o menor grado a estirar la verdad y extender los compromisos y las expectativas de los votantes más allá de lo razonable. Así, a la hora de la verdad, que es gobernar, el voto de indignación de hoy, bien podría ser el de una frustración acrecentada del mañana.

Lo que hay que observar de las campañas

La capacidad de asombro no depende de la realidad sino de quien observa. Para quien asume que todo o casi todo lo sabe, es natural que nada sorprenda. No obstante, hay mucho que ver en lo que ocurrirá en el proceso electoral que culmina en junio.

Lo más relevante es verificar la profundidad del cambio que empezó a dibujarse en 2012 y que se corroboró en 2015: la irrupción de una nueva ciudadanía, crítica y proclive a una transformación radical del sistema político. Hoy, lo antisistémico es lo que genera credibilidad. Por las implicaciones, riesgos y alcances transformadores de este escenario, es preciso entender su dinámica y perspectiva hacia la elección general de 2018.

No se puede trivializar lo que acontece y que dejó al descubierto el 2015: los tres grandes partidos históricos tuvieron una baja significativa en su nivel de votación. De manera concurrente dos expresiones de lo antisistémico irrumpieron con contundencia: Morena, que se impuso en la Ciudad de México y en otras plazas; y los candidatos independientes, especialmente Jaime Rodríguez en Nuevo León, entre otros.

No es un asunto menor lo ocurrido en la elección de gobernador en ese estado del Norte: los dos partidos que habían dominado desde hace mucho tiempo la disputa electoral fueron marginados por un candidato que hizo de su campaña el rechazo a los partidos y sus gobiernos.

Lo que se perfila al inicio de las campañas de las 12 elecciones de gobernador, es un electorado alienado del sistema político tradicional. Al menos un tercio está dispuesto a votar por opciones antisistémicas y la causa que lo mueve no es la propuesta o el candidato, sino un sentimiento de hartazgo y rechazo a lo que existe. Este tercio es un conglomerado que corre transversalmente por todos los estratos de la sociedad, un público cautivo para un discurso que no requiere mayor oferta de futuro, solo incentivarle su sentimiento de inconformidad. Ese grupo de indignados, convierte en opciones a los candidatos independientes o de Morena.

Estas nuevas expresiones políticas significan que la contienda tiene lugar en términos diferentes, tan diferentes como nunca antes visto. Por una parte, al darse una mayor fragmentación de los sufragios, el candidato ganador puede prevalecer con un bajo porcentaje de votos; por otra parte, convalida la estrategia de coaliciones como vía para el triunfo. De hecho la elección pasada en Colima ofrece ya una buena perspectiva: el PRI por sí mismo no hubiera ganado la elección; el candidato del PAN, sin coalición y con la competencia de Movimiento Ciudadano como opción opositora, se alejó del triunfo después de una elección prácticamente empatada y, Movimiento Ciudadano, en este caso la expresión antisistémica, obtuvo más de 12% de los votos.

Esto también implica una mayor incertidumbre electoral. El PRI difícilmente podrá obtener 9 triunfos a pesar del encomiable trabajo de su dirigente nacional, a quien debe acreditársele el éxito en la elección extraordinaria de Colima. El reporte de GCE de las 12 elecciones de Gobernador, le dan un triunfo claro al PRI en Hidalgo y Sinaloa al inicio de campañas; en los demás estados la elección se muestra competida, incluso en algunos adversa, como es el caso de Puebla.

El PRD debe ver con preocupación los números. En casi todas partes está siendo superado por Morena. Su esperanza de retener Oaxaca se aleja del horizonte. Ahí se está dando una contienda de cuatro, lo que propicia que uno de los candidatos de la izquierda, no el de Morena, podría declinar en favor de otro ya avanzada la campaña. La embestida de López Obrador contra el candidato del PAN – PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes puede significar, como lo muestra la encuesta de GCE del día de ayer, una merma, de 30%, en el la intención de voto del candidato de la coalición. Lo que podría meter de lleno en la contienda al candidato de Morena si éste recibiera a los indecisos.

Existen dos casos de candidatos antisistémicos postulados por partidos marginales y que por ellos mismos son competitivos, aunque a distancia todavía muy lejos del triunfo: Benjamín Robles en Oaxaca y Melesio Cuen en Sinaloa. El efecto de su incursión es que afectan las posibilidades de triunfo de la coalición gobernante en ambos estados. Los candidatos postulados por la coalición encabezada por el PRI, pueden ser los ganadores por su estructura territorial y horizontalidad del voto, en ambos casos.

Los candidatos independientes no tienen que ganar para convalidar su eficacia electoral; tampoco Morena. Se trata de obtener buenos resultados y ser creíbles como opción; un porcentaje de votación de 10% es de la mayor importancia. El candidato independiente con mayor competitividad es el de Chihuahua, José Luis Barraza; le siguen Juan Bueno Torio en Veracruz, Francisco Frías en Sinaloa y José Chavira en Tamaulipas.

Los candidatos de Morena que al inicio de campaña se muestran competitivos son David Monreal en Zacatecas, candidatura en litigio; Cuitláhuac García en Veracruz; Salomón Jara en Oaxaca; Abraham Quiroz en Puebla; Martha Palafox en Tlaxcala, y José Luis Pech en Quintana Roo.

El PAN pierde territorios importantes como es el caso de Sinaloa y la incursión del candidato independiente en Chihuahua le resta competitividad. Sin embargo, retendría Puebla y en Veracruz, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes sus candidatos muestran fortaleza en la competencia. Como se advierte, los términos de la contienda se definen no solo por lo que haga el PAN o el PRI, sino por la incursión de los otros candidatos.

El cuadro de inicio es dinámico. Para eso son las campañas: modificar las coordenadas iniciales en las que se desarrolla la contienda. Los candidatos antisistémicos tienen fortaleza del entorno, pero también condiciones adversas en cuanto a las prerrogativas y el acceso a la publicidad y propaganda convencionales. Seguramente el perfil de inicio habrá de cambiar para la elección. De cualquier manera, lo que ahora ocurre es claramente diferente respecto al pasado, de manera tal que lo que habrá de observarse con detenimiento después del desenlace, será el desempeño no sólo de los candidatos antisistémicos, sino las nuevas expresiones del pluralismo lo que alude a dos realidades vinculadas: el agotamiento del sistema de representación tradicional y la irrupción de una nueva ciudadanía.

CIDH: la confianza perdida

Los hechos de Iguala representan un hito en la lucha por la seguridad en México. Un suceso dramático evidenció lo que ocurre en algunas zonas del país donde el crimen organizado ha desplazado al Estado, se ha apropiado de autoridades municipales, hace funcionales a sus ilícitos intereses a las policías municipales, mientras las instancias locales quedan anuladas o sometidas a la red de intereses políticos, económicos y electorales. Además, en esa zona de Guerrero hay presencia de movimientos políticos radicales de viejo origen, situación que ha favorecido el uso político y propagandístico de la tragedia.

La autoridad federal ha cumplido su obligación al detener a casi todos los responsables. Además de sus confesiones, hay elementos probatorios que robustecen la versión de que los normalistas fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al grupo criminal, quienes los asesinaron para luego desaparecer sus restos. Con perversidad se hizo correr la versión de que los muchachos estaban vivos en instalaciones militares y, en la comprensible esperanza de recuperarlos vivos, los padres de las víctimas demandaron que se abrieran la puerta de cuarteles para que sus representantes pudieran inspeccionarlos.

La presencia de la CIDH se explica por la necesidad de construir confianza, especialmente ante los padres de las víctimas y sus representantes legales. Para ello se creó, con financiamiento del gobierno, una comisión de expertos internacionales que se convirtió en una suerte de coadyuvante en las indagatorias. La independencia era su fuerza moral. Sin embargo, no entendieron bien los términos de su mandato, actuaron con prejuicio y descuido, quizás esto venga de la misma CIDH, instancia que ha tenido desde hace tiempo una postura crítica no tanto a la grave situación de los derechos humanos en México, sino al desempeño de las autoridades en la materia. Uno de los problemas que eran previsibles es el efecto negativo del uso extensivo y permanente de las fuerzas militares.

Es claro que la comisión de expertos actuó con el aval de la CIDH. El problema es que su actuación dejó de ser funcional para el objetivo primario: el encuentro con la verdad. El hecho más evidente fue el dictamen que rechazaba la posibilidad de que en el basurero de Cocula hubiera ocurrido la incineración de los restos de los estudiantes. La conclusión tomó tal fuerza que se expuso como acto de fe, como resolución indiscutible. Las autoridades actuaron de la mejor manera al crear un grupo adicional de expertos internacionales, entre ellos el especialista José Torero que había sustentado la conclusión del GIEI.

También es preciso decir que buena parte del informe de los enviados de la CIDH avaló la versión de la PGR sobre lo acontecido. Lo más relevante: que los normalistas habían sido detenidos por las policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. De esta forma, esclarecer lo que ocurrió en el basurero de Cocula adquirió la mayor relevancia y se volvió tema de interés de Estado, esto es, una manera de aclarar por qué no se podía dar con los restos de los estudiantes ultimados.

Los estudios del nuevo grupo de expertos concluyeron en tiempo y existía el compromiso –que se cumplió- de dar a conocer las conclusiones el día último de marzo. Para desgracia de la CIDH las conclusiones corrigen las que con tanta vehemencia apoyó el GIEI. Sí había elementos probatorios para presumir que en el basurero de Cocula había ocurrido un incendio en el que pudieron haber desaparecido los restos de al menos 17 estudiantes y que de un estudio adicional se pudiera desprender que la pira pudo haber sido de tal magnitud para entender la suerte de los 43 estudiantes.

Frente a estas circunstancias, era de esperarse una disculpa pública de la CIDH por todos los efectos de su errónea conclusión derivada del dictamen del señor José Torero. No ocurrió así. Con inexplicable soberbia, el GIEI reclamó a las autoridades haber hecho públicos los resultados y anunció que en adelante no colaboraría con la PGR en este tema. Y todavía peor, los integrantes del grupo asumieron que era obligación de las autoridades mantener en secreto tan importante conclusión. La verdad les resultó ácida. Lo mismo que ellos habían hecho con facilidad, cuestionar la conclusión de las autoridades, ahora, cuando el estudio cuestionado fue el de ellos, entonces se volvió agravio. Lo consideraron un dictamen que descalificaba el resultado que ellos habían defendido a grado tal de considerar innecesario un tercer estudio de expertos internacionales independientes.

También tiene que ver en esto su rechazo a ser objeto de escrutinio por parte de la opinión pública. No hay campaña, ni oficial ni extraoficial, contra el GIEI; lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente. Igual que lo que ocurrió con ellos, las autoridades y sus trabajos son objeto, en mayor o menor grado del escrutinio de los medios de comunicación. Para el caso concreto, el desafío mayor es la verdad como vía para la justicia y en ese tenor se asumió que la contribución de los expertos de la CIDH era fundamental. Insisto, el dictamen erróneo del señor Torero es una falta muy grave que debió obligar a la CIDH a retirar de inmediato a los expertos, ya que en lugar de aportar elementos para esclarecer los hechos, hicieron exactamente lo contrario.

En este contexto son reveladoras las expresiones que hiciera en días pasados el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, al reconocer que fueron las policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos quienes desaparecieron y asesinaron a los jóvenes estudiantes. Estas declaraciones ratifican las conclusiones de la PGR, porque una vez esclarecido este tema lo demás se refiere a la manera como desaparecieron los restos de las víctimas. Por fortuna, y a contrapelo de lo que hicieron los enviados de la CIDH, ya existe un dictamen confiable, avalado por el mismo experto que se equivocó, que sostiene que al menos 17, y posiblemente los 43 estudiantes, fueron desaparecidos en la pira del basurero de Cocula.  Resultaria recomendable que organismos internacionales cuyo origen y razón de ser es la buena fe, aceptaran el carácter falible de las acciones de todo ser humano, más cuando el propósito de su intervención era generar confianza. Esa, la CIDH la tuvo y la dejó ir.

Por un saludable acuerdo político

La convivencia en las megalópolis impone responsabilidades adicionales a las que se presentan en otros lugares. Por su densidad demográfica, la Ciudad de México y su zona conurbada demandan mecanismos extraordinarios de inversión pública y de coordinación entre entidades y órdenes de gobierno. Una mala decisión alentada por motivos  partidistas, como la modificación del programa Hoy no circula, afectó de manera sensible la calidad del aire en el Valle de México. La consecuencia tuvo alcances mayores. Una  medida correctiva extraordinaria generó más efectos que el régimen modificado e incluso trascendió hacia el gobierno federal. El Presidente Peña Nieto pidió al secretario Rafael Pacchiano concertar con las autoridades estatales y del Distrito Federal un esquema de atención inmediata para superar el problema.

La coordinación entre entidades es compleja, no tanto por las diferencias políticas de factura partidista sino por consideraciones de carácter legal y financiero. La Ciudad de México –antes Distrito Federal- es una entidad con privilegios y ventajas en comparación con los estados vecinos. Entre los aspectos más evidentes destaca  el gasto que hacen los estados en materia de educación y salud, uno de los rubros con mayor impacto presupuestal. También habría que considerar que la deuda de la Ciudad de México es nacional, no local. Además, a partir de 2013 fue asignado al DF un fondo de capitalidad, una suerte de compensación por ser la sede del gobierno central y de los poderes. Este año, el fondo contempla la suma de cuatro mil millones de pesos. En otras palabras, estas circunstancias la convierten en la entidad más rica del país, la de mayores ingresos propios, pero también la única que no gasta en educación ni en salud. Y esta situación no habrá de cambiar en su transformación institucional.

Por tales circunstancias y estimando la situación dispar de las zonas conurbadas, es difícil que los estados vecinos puedan homologar condiciones, al menos en lo que respecta a una serie de programas metropolitanos. Las entidades que integran la megalópolis son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. La capital y su zona conurbada del Estado de México enfrentan una misma realidad aunque, como ya señalamos, con diferentes circunstancias jurídicas y financieras. En el resto del Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala sería excesivo homologar las determinaciones en sus territorios y con sus habitantes. Por ejemplo, la restricción vehicular del programa Hoy No Circula solo se justifica en lugares con problemas de calidad del aire, de manera tal que no es aceptable que la población resulte afectada solo por razones de vecindad. Sí, es evidente que someter a todos los vehículos que transitan por la Ciudad de México y la zona conurbada  a programas de verificación y restricción vehicular es una necesidad insoslayable. Por lo tanto, resulta inadmisible la excepción, aun la de los vehículos federales, y se vuelve exigencia el régimen homogéneo de verificación vehicular para todas las entidades.

El programa emergente para mejorar la calidad del aire del Valle de México es un logro. Gobiernos de orígenes partidistas diferentes han emprendido acciones que, si bien difíciles, seguramente serán eficaces para enfrentar la emergencia. El regreso al esquema original de restringir la circulación de todos los vehículos mejorará la calidad del aire pero afectará al 20% del parque vehicular. Más de un millón de vehículos dejarán de transitar cada día, lo que supondrá una demanda abrumadora para el sistema de transporte público actual.

Como es ampliamente reconocido, es impostergable fortalecer el transporte público, incentivar la inversión privada en vehículos no contaminantes y fomentar el uso de la bicicleta, esquemas que comparten muchas de las ciudades modernas en todo el mundo.

La realidad es que ante la magnitud del problema, la inversión en transporte público ha sido insuficiente. Se ha hecho mucho, pero no todo lo necesario. Limitar el uso del automóvil necesariamente implica mejorar y ampliar la cobertura y la calidad de las opciones de desplazamiento colectivo. En ese sentido, urge reconsiderar la inversión para la movilidad de la zona metropolitana, lo que incluye el servicio del Metro, del autobús y del sistema del Tren Suburbano.

No coincido con quienes critican la inversión pública para mejorar vialidades, sobre todo cuando tienen modalidades de financiamiento a cargo de los mismos usuarios. En todo caso, sería cuestionable que este gasto se hiciera con recursos públicos que bien podrían destinarse al transporte público. La misión fundamental es ampliar la inversión pública en materia de movilidad en sus dos grandes líneas: infraestructura de vialidades que favorezcan la fluidez vehicular con cargo a los usuarios y, especialmente, la red de transporte público que integre y articule a la megalópolis.

Los impuestos son impopulares y en ocasiones injustos o contraproducentes para el bienestar o la economía. Sin embargo, debe considerarse el gravamen a las gasolinas con el propósito de destinar estos ingresos, en la medida de lo posible, al financiamiento del transporte público urbano y suburbano. La solución estructural al problema de la contaminación atmosférica tiene que ver con el uso del automóvil y el insuficiente sistema de transporte público; revertirlo requiere una estrategia fiscal y presupuestal que imponga mayores costos a quienes contaminan y que permita usar estos recursos para resolver insuficiencias de los servicios urbanos.

Desde una perspectiva democrática y de buen gobierno, es aleccionador que en pocos días las autoridades de las entidades involucradas y el gobierno federal hayan definido un mecanismo emergente que seguramente dará buenos resultados. La medida es impopular y seguramente afectará a millones de personas por la insuficiencia del transporte público. También, en el largo plazo, puede tener efectos negativos, entre ellos el incremento de vehículos, sobre todo si no se mejora la calidad del servicio de transporte. Por ello debe alcanzarse un consenso que resuelva el problema de fondo y que también sea útil para las demás entidades del país. El tema ambiental no solo implica responsabilidad con el entorno, también es una cuestión de salud pública. La indiferencia institucional o pública sobre este asunto conlleva efectos lamentables y, al final, resulta mucho más costosa que la prevención. La experiencia del Valle de México debe servir de lección para las demás ciudades del país. Aprenderla será, sin duda, la mejor manera de encarar, en forma oportuna y suficiente, el tremendo y amenazante desafío ambiental.

Tiempos distintos, nuevas realidades

En memoria de Fernando Solana Morales

 

La discreta y velada ruta que siguen los cambios impide percibir su entera trascendencia y profundidad. Hoy, la sociedad es claramente distinta a la que conocimos hace apenas unos años. Todas las comunidades, todas las naciones, se han transformado de manera abismal. Con mucha más firmeza que lo observado en las últimas dos décadas, aunque por su gradualidad, el proceso no pueda ser advertido plenamente. Lejos de desconocer los problemas de vieja o nueva factura, soy de los que creen que ahora nuestras circunstancias son considerablemente mejores. Sin embargo, también advierto una creciente indignación con respecto al estado de cosas, lo mismo que una pérdida de expectativas y, en algunos casos, de esperanza. Hay una crisis de ideales y, de paso, de mística. Mi generación padeció mucho más pero el anhelo de mejorar favoreció muchas cosas positivas en ese tránsito.

El año 1994 fue punto de quiebre por sus eventos históricos: el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo, la ejecución de Francisco Ruiz Massieu, la severa crisis financiera y su secuela, a lo que hay que añadir el asesinato del Cardenal Posadas en el año previo a ese año horrible. En este sentido, el 2000, más que señal de partida dio testimonio de un régimen agotado, si bien tuvo la virtud de sentar bases para una transición sin traumas ni rupturas. La expectativa de cambio impulsó la alternancia en la Presidencia pero el complejo equilibrio político expresado en la resistencia de los que perdieron y la inexperiencia de quienes ganaron, no permitió abrir cauce virtuoso al cambio. De hecho, las reformas institucionales que marcaron la década anterior se detuvieron. En 2006, el PRI presentó la opción tradicional y fue remitido al tercer sitio de las preferencias, mientras López Obrador quedaba muy próximo al triunfo. El miedo conspiró contra una segunda alternancia.

Es singular que los cambios de hoy, pese a ocurrir en este sexenio, no llevan su sello. Las reformas, trascendentes por sus contenidos y efectos, no calan en la sociedad. Se dieron con el consenso de quienes dominaban el proceso político. Quizás la inclusión y el acuerdo común habrían complicado su aprobación. Paralelamente, tuvo lugar el cambio social derivado de la revolución tecnológica en información. Afortunadamente, una de las reformas se ocupó de ella, al abrir las posibilidades para su impulso y socialización en el marco de la competencia.

La violencia recurrente es el signo de nuestros tiempos. Las sociedades se han vuelto más temerosas y eso nunca ayuda a pensar en grande. La obsesión por la seguridad y el miedo al terrorismo en los países desarrollados ha alterado las coordenadas políticas internas y externas. La lucha contra el narcotráfico en esas regiones ha dejado de ser prioritaria aunque las premisas históricas de la prohibición no se han modificado, lo que ha tenido dolorosas y dramáticas consecuencias en México. La criminalidad más violenta se asocia al tráfico de drogas. El mundo debe revisar y discutir con mayor empeño el modelo restrictivo en esta materia.

El terrorismo es una preocupación genuina y válida. En México algunos lo ven como algo ajeno y hasta exótico; y en ciertos sentidos así es, pero la realidad es que, en muchas formas, el fenómeno nos incluye, sobre todo por la vecindad con un país que además de ser el más poderoso, es objetivo del fundamentalismo islámico. Tanto en la sociedad como en la política norteamericana persiste el temor a lo que proviene del  exterior, pero con evidentes modificaciones. La guerra fría terminó, pero el miedo se acrecentó. Así lo demuestran las actitudes y reacciones en el Partido Republicano y sus elecciones primarias. No es solo el caso de Donald Trump, sino el sentir de un sector importante de la sociedad norteamericana que advierte la necesidad de una ofensiva hacia todo lo que para ellos parece extraño. Su disposición para incursionar en los caminos de la intolerancia y el prejuicio es lo que inquieta y lo que hace que las mismas élites norteamericanas vean con preocupación los desplantes nacionalistas y xenófobos en la disputa por la candidatura presidencial del Partido Republicano.

En muy mala hora ocurre entonces el ataque terrorista islámico en Bruselas. Los hechos acreditan a los duros. Las autoridades belgas afirman que no pudieron aprehender a los presuntos responsables por no tener elementos suficientes para su detención. Un argumento propio de la civilidad que choca con el voluntarismo autoritario de quienes asumen que en la lucha contra el terrorismo todo se vale, incluso el sacrificio de premisas básicas de la sociedad contemporánea como los derechos fundamentales. Algo parecido ha ocurrido en el debate nacional contra la inseguridad. Hay quienes consideran que se puede luchar contra el crimen pasando por alto la ley y del debido proceso. Son tiempos distintos en los que el miedo se asocia a la ineficacia de las instituciones de justicia para abatir el oprobio de la impunidad.

Han pasado más de dos décadas desde aquel trágico 1994, el periodo de la pérdida irrecuperable agravada por explicaciones insatisfactorias o insuficientes. No es el error de diciembre, sino el 23 de marzo lo que debe aclararse y desvelarse. Ya es tiempo de abrir públicamente el expediente y mostrar los elementos que cada quien incorporó a la investigación. Se puede avanzar al futuro con esa herida pero siempre será una limitación para entender y comprender aquella circunstancia y nuestro tiempo, así como para poner en balanza a los personajes de ese momento, a fin de dignificar la memoria de quienes perecieron.

Hoy el país se encamina hacia nuevos derroteros con una sociedad transformada. El cambio ha sido contradictorio. Sí, es necesario plantear nuestro devenir con generosidad, optimismo y altura de miras. El miedo solo funciona a quienes se aventuran en el populismo, rechazan todo y están muy dispuestos a dar su aval moral a sectores radicales como el grupúsculo que ha secuestrado al proyecto educativo en Oaxaca. Es discutible que sea la mejor vía para ganar votos pero es claro que funciona para polarizar a la sociedad.

Tiempos diferentes para nuevas realidades. El cercano 2018 anuncia un momento crucial para el país y para su democracia.

Responsabilidad vs popularidad

En memoria de Mónica Arriola Gordillo

Invariablemente la política plantea dilemas y con mucha frecuencia consisten en decidir entre lo que la gente quiere y lo que se debe hacer. El querer y el deber. El asunto, que no es tema menor, tiene que ver con la naturaleza del encargo. ¿Qué es lo que elige la mayoría votante? Decisiones concretas o una persona confiable a quien otorgan el poder de decisión. Esto es un mandato pleno.

Considero que los gobernantes y representantes populares son elegidos para decidir, no para transferir su responsabilidad a terceros. Las consultas públicas se escuchan bien y se miran mejor porque proyectan un halo de tolerancia y sensibilidad, aun cuando en muchas ocasiones solo son un medio para eludir decisiones. Consultar puede ser un recurso útil y conveniente siempre que no sea utilizado para evitar asumir una postura o tomar una determinación. Hay temas técnicos o de particular complejidad que reclaman la opinión de expertos y la expresión pública o privada de los interesados. Sin embargo, las buenas decisiones no siempre son las más populares. Eso hay que asumirlo porque un gobierno que actúa siguiendo el pulso de la veleidosa opinión pública, es un gobierno sin rumbo y sin destino. Además, para ello están los medios de democracia directa.

La política exige un piso mínimo de responsabilidad y sobre él deben asentarse todos los asuntos, sobre todo, los delicados. El problema no es el disenso, mucho menos el debate; la enfermedad común que envilece a la democracia es el oportunismo, esa predisposición a actuar o decidir en función de complacer, olvidando la misión de resolver con todo y el probable costo de incomprensión o rechazo. Efectivamente, hacer lo debido en ocasiones riñe con lo aceptable. Incluso seguir la veleta de lo popular puede llevar a decisiones contrarias al interés público y al bien común.
Desde esta perspectiva, se puede entender mejor el contexto que llevó a revertir una de las mejores decisiones, si bien incómoda, para mejorar la calidad del aire del Valle de México: la restricción vehicular del programa Hoy No Circula.

Los resultados están a la vista. La reversión del deterioro ambiental acredita a la medida como ejemplo de una decisión responsable pero ingrata. Lamentablemente, hoy, el Valle de México nuevamente padece problemas serios en la calidad del aire por efecto de otra decisión, quizá popular, pero claramente perjudicial para la salud pública.
Los hechos refieren a la iniciativa de la dirigencia del PAN en el DF presentada en 2014 para rechazar los programas Hoy No Circula y el de la Verificación Vehicular Obligatoria. El dirigente del PAN, Mauricio Tabe Echartea invitó a los inconformes a solicitar un amparo colectivo e incluso se dieron facilidades para obtener un formato general en el sitio web del PAN capitalino. El 29 de agosto de ese año, una juez federal resolvió un amparo que permitía al quejoso verificar su vehículo sin importar el año o modelo de su auto. El holograma únicamente dependería de las emisiones de gases.

La decisión judicial derivó en la modificación del programa Hoy No Circula para permitir la circulación diaria de vehículos viejos. Así, 600 mil autos y camionetas salieron sin restricción a las calles. La pérdida de fluidez en el tráfico y el aumento de vehículos contaminantes no tardaron en reflejar sus consecuencias negativas en la calidad del aire. Una decisión que por décadas probó su efectividad había sido revertida. No queda claro si eso dio votos al PAN en la elección de 2015. Por los resultados creo que no fue así. Lo único evidente fueron las serias repercusiones en la población.

Los promotores del cambio pueden aducir la injusticia que la medida representa para los vehículos que sin ser modelos recientes no contaminan, y el hecho de que los vehículos nuevos no están exentos de tener emisiones altas. Puede ser, pero las políticas públicas se validan por sus efectos. También estimo que dicha determinación impuso una seria presión al programa de verificación vehicular, lo que propició corrupción y el consecuente pase de vehículos contaminantes. Además, la sola acción de incrementar el parque vehicular afecta el tránsito y, en consecuencia, genera más contaminación.

Es digno de ser considerado el argumento que resalta la inequidad de tener un vehículo de modelo viejo que no contamina respecto de uno nuevo que tampoco lo hace. De hecho, es probable que esto haya llevado al juzgador al conceder amparo; sin embargo, la decisión no previó el efecto colateral y concreto: el grave deterioro de la calidad del aire.

El Presidente Enrique Peña se ha referido al tema y ha llamado al acuerdo a entidades y órdenes de gobierno para definir una nueva norma emergente. También ha instruido al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, para que en un plazo de 60 días se apliquen medidas complementarias o correctivas a los programas ambientales en coordinación con las entidades del Valle de México. La atención está centrada en mejorar la tecnología de los Verificentros y la calidad de las revisiones para reducir la circulación de vehículos contaminantes.

Las decisiones a considerar son múltiples. Una, obligada, tiene que ver con el aumento considerable de la inversión en el transporte público y el fomento al uso de transportes verdes como la bicicleta. Mucho es lo que se ha hecho pero aún hacen falta más acciones y también se requiere que la sociedad tenga mayor capacidad de alerta frente al populismo de políticos y los reclamos vociferantes y desproporcionados de la ruidosa minoría.

Algunas megalópolis han establecido el pago de un impuesto o derecho para transitar en el primer círculo de la ciudad. Esta medida, que bien puede ser incómoda, tiene muchas virtudes, sobre todo si se acompaña de un transporte público mejorado y de incentivos para el uso de bicicletas, una medida muy razonable si se considera que la Ciudad de México tiene uno de los mejores climas del mundo.

Las exigencias actuales de buen gobierno implican mayor responsabilidad. Las autoridades no deben temer al rechazo o la crítica si de por medio está el cumplimiento del deber. Ante los dilemas políticos, las decisiones que benefician a la mayoría de la población deben ser las elegidas. Es el caso de la que convoca a mejorar la calidad el aire en beneficio de quienes vivimos y disfrutamos la Ciudad de México.

Revisitando a los independientes 2016

Sin vacilación ni adorno, Jorge Castañeda advirtió que de no haber opción única de candidato independiente en la elección de 2018, será imposible cumplir el objetivo que él y muchos otros asignan a esta figura: la derrota del sistema de partidos. El expresidente Vicente Fox había lanzado antes una dura crítica a los independientes, a quienes definió como un posible riesgo o un salto al vacío, muy lejano a una panacea.

La realidad es que estos jugadores sin partido llegaron para quedarse. Serán una alternativa en el futuro y su éxito electoral dependerá, por una parte, del agotamiento del régimen político actual y, por la otra, de su desempeño en el cargo. Los independientes tienen la virtud de canalizar, a través del voto, la indignación propia de estos tiempos, pero esto solo se consigue en la medida en que se plantean como vehículo para rechazar el arreglo político vigente fundado en partidos. No cualquier independiente es exitoso ni lo será en todo lugar o momento. La eficacia es condición ineludible.

Coincido con muchos en la necesidad de que los candidatos independientes se hagan presentes. Hay una razón de estricta justicia y dogma democrático: el derecho a ser votado. En ello Jorge Castañeda fue pionero y hoy la existencia de candidaturas independientes al amparo de la Constitución y del código básico de los derechos fundamentales que él promovió, no está en tela de juicio. Reconozco su éxito electoral y su poder para mejorar el sistema de representación; sin embargo, soy mucho menos optimista en lo que toca a su funcionalidad democrática.

Los independientes ya demostraron que pueden ganar elecciones pero aún está por verse si son capaces de mejorar la calidad del gobierno. Hay que considerar un problema que no es menor y que tiene que ver con la democracia representativa: un gobierno, el que sea, sin el apoyo parlamentario se ve disminuido en su capacidad de hacer y de resolver. La falta de respaldo legislativo es una amenaza que puede derivar en el enfrentamiento entre poderes y, eventualmente, en una crisis mayor de gobernabilidad. La democracia moderna requiere forzosamente de pesos y contrapesos, y un presidente o gobernador confrontado con el poder legislativo plantea un peligro más grave.

Muchos ven en el expediente de los independientes una fórmula para desplazar al sistema de partidos. La crisis de los partidos históricos alienta esta percepción y favorece la construcción de nuevas alternativas partidarias como ha sucedido en España con Podemos y Ciudadanos. En México han surgido dos opciones, Encuentro Social y Morena, más exitosa la segunda por el peso de Andrés Manuel López Obrador, quien ha podido construir una amplia base de simpatizantes en su entorno, con la limitación de que un partido cuya fuerza descansa en una persona corre el riesgo de extraviarse en el tiempo.

López Obrador compite en el mismo mercado de los independientes: un electorado indignado que representa aproximadamente un tercio del total. Este personaje de agudo instinto político ha tenido la claridad de no hacer concesión alguna a los independientes. Al menos en el caso de Jaime Rodríguez, su descalificación ha sido frontal. A su vez, “El Bronco”,  ha sabido defender la esencia de su proyecto con el argumento de que López Obrador es igual a los demás, “vive del presupuesto que la sociedad da a los partidos y, por ende, no es vía genuina para el cambio”. Tanto Castañeda como AMLO y “El Bronco”, coinciden en su deseo de contender sin competencia entre sí, en la búsqueda del mercado electoral que se disputarían en el 2018.

Así, la mejor estrategia de los candidatos independientes es presentarse como la opción para desplazar al sistema de partidos existente, una bandera social nada desdeñable en virtud de la baja votación recibida por los tres partidos históricos en las elecciones intermedias de 2015. Es un objetivo difícil pero posible, incluso aún cuando el candidato tenga un claro perfil político y una militancia partidaria reciente, como ocurrió con Jaime Rodríguez en Nuevo León.

Sin embargo, en la esencia misma de la institución -el derecho a ser votado- no hay terreno para exigir que solo exista un candidato independiente para las elecciones de 2018, como lo sugiere Jorge Castañeda. De hecho una de las tareas a resolver para fortalecer a la institución es reducir los requisitos desproporcionados o excesivos para obtener el registro oficial de candidato y al tiempo evitar se desnaturalice como una opción principalmente ciudadana y no como un recurso de políticos tradicionales tránsfugas. Lo que realmente estaría planteando Castañeda, sin querer, es la idea de un caudillo.

También es necesario, como lo alerta el ex presidente Vicente Fox, cuidar las reglas aplicables al financiamiento para que la equidad corte parejo: que tengan prerrogativas y topes de campaña competitivos, pero también que rindan cuenta sobre el origen y destino de los recursos de campaña. Las reglas deben evitar que las candidaturas independientes se vuelvan medio para que los poderes fácticos, incluso criminales, accedan a la representación política o al gobierno. En este sentido, con todas las limitaciones y malas experiencias a la vista, el sistema de partidos es filtro, si se quiere deficiente, para atenuar los riesgos de la penetración del crimen a la política.

En realidad, en el sentido más estricto, los candidatos independientes no existen. Decir que no dependen de un partido sino de la sociedad o de la ciudadanía, es una abstracción, un juicio que distorsiona el sentido del mandato y lo convierte en cheque en blanco. Quiérase o no, los partidos plantean proyectos y programas políticos que sirven de brújula al sufragio, confiriéndole sentido y propósito. De hecho, si el sistema de gobierno y el de  representación parlamentaria se han desgastado no ha sido por su subordinación al partido, sino justamente por la razón opuesta, porque ya en el gobierno, llevado a extremos por el pragmatismo, desvirtúa la propuesta electoral que le dio sentido al voto mayoritario.

Este año, los candidatos independientes ganarán terreno. En buena parte, su éxito no descansará en el perfil o en la propuesta del candidato, sino en el hastío ciudadano ante la desgastada oferta partidista. Es muy probable que en 2018, por primera vez en la historia reciente, tengamos candidaturas presidenciales independientes. Significarán, sin la menor duda, una reivindicación del derecho a ser votado pero también una oportunidad cuya  magnitud solo será equiparable al tamaño del riesgo.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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