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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Los nuevos términos de la política

En memoria de nuestra querida
Diana Laura Riojas de Colosio

La sociedad se ha transformado de manera más acelerada de lo que han podido hacerlo sus instituciones. Las causas son múltiples, entre otras, los efectos de la globalización; la revolución tecnológica que ha alterado los términos convencionales de información, comunicación y convivencia, y el éxito de un modelo económico sin aparentes alternativas. Lo disruptivo es lo de hoy día, se presenta en las empresas, en los medios de comunicación, en las organizaciones y, desde luego, en la política.

A muchos sorprenden los eventos. En materia electoral es recurrente que el desenlace sea lo inesperado: la manera convencional de hacer encuestas electorales ha sido rebasado por la sociedad. El problema no es coyuntural ni ocasional; hay que entender los nuevos términos de la realidad. Lo que antes funcionaba deja de tener eficacia. Las técnicas e instrumentos que en el pasado tuvieron éxito no son adecuados para identificar lo que ahora existe.

Ejemplo, según BloombergBusinessweek, http://nubr.co/Pgk3NT el equipo de Trump vio diferentes datos de la investigación social durante la campaña, no se fueron por la conclusiones convencionales, sino que advirtieron el cambio en el electorado, es decir, previeron la disposición de votar por Trump de un segmento estratégico: blancos, mayores, más rurales y populistas, entre otros rasgos, eran la clave para ganar los estados que podrían definir la balanza. A esto se debió el posicionamiento de Trump como el candidato antisistema y el contraste ante una contraparte a la que se ubicó como más de lo mismo y expresión de un sistema distante de los intereses y problemas de la gente.

Las encuestas convencionales en materia electoral han dejado de tener precisión y no hay explicación que las reivindique. La respuesta a las preguntas de intención de voto deben cotejarse con muchos otros elementos: el rechazo a ser encuestado, la inconsistencia entre esa respuesta y otras, las dificultades para ubicar al electorado que sí vota, medir con precisión la volatilidad en las opiniones y las intenciones. Por ello considero fundamental que la investigación aborde con mayor profundidad el ánimo social, esto es, la predisposición para el cambio a partir de la insatisfacción con lo que existe.

Así ha venido ocurriendo en los últimos años en México. En 2015 muy pocos anticiparon el desenlace de la elección de gobernador de Nuevo León, la mayoría de las casas encuestadoras remitía a un lejano tercer lugar al candidato que resultó ganador por más de 20 puntos. En 2016 esos mismos encuestadores, con métodos tradicionales, concluyeron pública o privadamente que el PRI ganaría nueve o diez de las gubernaturas en la disputa. Un estudio serio de ánimo social advertiría las dificultades serias del partido gobernante en casi todos los estados, y que la alternancia sería lo que dominaría casi todos los procesos, como ocurrió.

La política institucional está bajo severa presión. Esto ocurre no solo para el partido gobernante, sino que la insatisfacción de la sociedad frente a lo que existe abre puerta a opciones radicales de cambio. Insisto lo señalado hace algunos meses en este mismo espacio: para un sector creciente de votantes el miedo de que continúe lo que existe es mayor al miedo de un cambio profundo y de contraste, incluso aunque esto represente el riesgo de un salto al vacío.

La rebelión social ha cobrado curso a través de las urnas. Esto convalida a la democracia como modelo para canalizar el cambio, pero también la vuelve un vehículo disruptivo. Sucedió con el referéndum del Brexit o sobre la propuesta de paz en Colombia. Antes se presentó en Grecia y en España con expresiones populistas pero a la izquierda. En los países más avanzados el populismo es de derecha: nacionalista, xenófobo e intolerante, pero que también se alimenta de la indignación y rechazo de muchos al sistema.

Es inevitable que los políticos y la política tengan que cambiar. La presión es estructural. El tema es la liberalidad que ofrece el mandato democrático para desentenderse no solo de lo disfuncional u obsoleto, sino de las normas, valores e instituciones propias de la civilidad democrática como son la tolerancia, la mesura y prudencia del poderoso y la coexistencia con lo diferente.

Los cambios nos toman por sorpresa porque no los queremos anticipar, porque hay una natural tendencia a negar la realidad, pero también porque no entendemos su génesis y porque su expresión en términos de rompimiento con el estado actual de cosas plantea siempre un desafío al imaginario convencional para darles cauce. Lo fácil es permanecer en la zona de confort hasta que una y otra vez la realidad “nos vuelve a sorprender”.

En su contexto no estamos hablando de la mayoría, sino de un activismo minoritario que tiene el poder de definir y alterar los equilibrios existentes. El triunfo de Trump no es el aval de toda la sociedad norteamericana, tampoco los nuevos partidos de España son expresión mayoritaria. No lo son, pero el nivel de la inconformidad contra el stablishment y la intensidad de su protesta arrolla lo convencional. La mayoría o minoría silenciosa permite que estos procesos políticos ganen hegemonía en el sentido gramsciano de la expresión y es de lo que ahora somos testigos en Inglaterra y Estados Unidos.

En México la situación es sumamente compleja. La crisis de confianza no solo remite a un partido o gobierno, sino a todo el sistema político institucional. El deterioro de la imagen del político convencional es profunda y se convalida con muchos escándalos que llevan a la generalización. Esto afecta al sistema de representación y al funcionario electo, aunque no al poder del voto para alterar el estado de cosas. Ante esta situación preocupa la actitud de negación de parte de la clase política, quizá bajo la falsa tesis de que es solamente una crisis coyuntural.

A partir de la observación profunda de lo que ha acontecido en los dos últimos años, he insistido en la tesis de que estos son tiempos de los antisistémicos, a manera de aludir al potencial disruptivo que existe en la política. También son tiempos difíciles para los partidos gobernantes y desde luego para la moderación y el ejercicio responsable del poder.

La rebelión de los electores

El triunfo del candidato republicano Donald Trump no ha tenido un impacto positivo en la economía mundial. Su primer mensaje luego de conocerse el resultado de la elección fue conciliador, pero no previó respuesta hacia una economía convulsa y en la incertidumbre. Su omisión es mensaje: no entiende lo que significa para el mundo la Presidencia de EU. No es lo mismo movilizar electores que gobernar. Las expresiones para ganar votos comprometen y no pueden verse con desdén; llega a la Presidencia norteamericana un mandatario con una retórica nacionalista, conservadora, crítica al orden establecido y hostil a mucho del exterior.

Gana Trump porque en la mayoría de la sociedad hay un desencanto con el sistema y sus políticos. Por eso se impuso en la elección primaria con cómoda ventaja; por eso venció a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien fue apreciada como más de lo mismo. Trump y su retórica representan la visión, anhelos y preocupaciones de una mayoría blanca que se siente amenazada por la globalidad y los cambios que ésta impone en la economía y en la sociedad.

Desde su autopostulación como aspirante, que los políticos profesionales desdeñaron, Trump fue un candidato antisistémico en toda la expresión de la palabra. En eso descansó su credibilidad y su capacidad para ganar el voto mayoritario. Su rechazo abierto al sistema político, no guarda precedente en un candidato norteamericano. Sus fragilidades, como es su intolerancia en temas de género y raza, no cobraron mella, tampoco sus insuficiencias de carácter. Alejó a los electores hispanos y afroamericanos, también a las mujeres, pero fue más lo que sumó con su confrontación al orden de cosas. Su triunfo dependía de llevar a las urnas a los blancos abstencionistas con bajo nivel socioeconómico o educativo. Lo logró y eso explica su victoria.

La fuerza de Trump es real por la capacidad de movilizar a la mayoría en torno a su causa. Gana con el rechazo de la élite de su propio partido. También prevalece a pesar del rechazo abierto y ostensible de lo más representativo de la buena prensa norteamericana. Ganar la elección en esas circunstancias le ofrece liderazgo, independencia y fuerza. Esto es significativo ante el triunfo en la Cámara de Senadores y en la de representantes. Donald Trump contará con una mayoría legislativa, lo que le permitirá avanzar en su agenda. Estas no son buenas noticias para el mundo, tampoco para México. Sobre todo cuando migración y comercio son dos de los objetivos de la ola antimexicana que generó en campaña.

La rebelión de los electores no es para descalificarse, sobre todo, porque ocurre en el país más poderoso del mundo si se considera para base de esa apreciación el tamaño de su economía, su desarrollo tecnológico y su gasto militar; y es un proceso presente en muchas democracias. Las sociedades de muchos otros países en Europa se han ido movilizando contra el orden de cosas. Estamos siendo testigos de la crisis de consenso del sistema económico y político global. La mayor embestida no viene, como hace décadas, de los países pobres, sino del malestar más profundo de las sociedades de los países más desarrollados. Los pobres de los países ricos, desplazados por los nuevos términos de la economía, son la fuerza que se moviliza hoy, con hartazgo, contra la globalización y sus instituciones. Dramáticamente, las clases gobernantes no están viendo esta realidad y responden en función de un paradigma que ya no existe. A ello se debe que la realidad los sorprende cada vez que hay un escrutinio popular sobre lo existente.

Esto ocurre también, porque los beneficiarios del orden de cosas, especialmente las élites económicas se han sustraído de la responsabilidad de legitimar el sistema que les da sustento. Para estas sociedades que hoy se rebelan, los niveles de empobrecimiento en los países que han servido desde siempre como proveedores del alimento y la riqueza de los países desarrollados, es tolerable; el problema empieza cuando Joe El Plomero se da cuenta de las dificultades de la integración interracial y además, cuando la competencia abarata su salario, sino es que amenaza su empleo. El mundo se sorprende de esta realidad que las elites no han querido reconocer y es evidente que muchos ahora se preguntan qué hacer ante una realidad irreversible. Lo cierto es que el sistema ha perdido legitimidad no solo por sus efectos, sino por la indolencia y pasividad de sus beneficiarios en la cúspide.

El tema fundamental es la economía, incluso el tema migratorio tiene una expresión económica en el sentido del desplazamiento de la fuerza de trabajo local. Lo acontecido no solo es mala noticia para el peso mexicano, sino para el equilibrio y orden existente en el sistema económico global. El proteccionismo se asumía derrotado hace décadas y lo que ahora se entrevera es el rechazo de los nuevos gobernantes al libre tránsito de mercancías y personas. La cuestión es si la política podrá prevalecer sobre la economía o si ésta habrá de imponer su racional sobre la política. No es un tema menor y es posible que estemos en al inicio de una crisis más amplia y profunda que tiene como fundamento la crisis de consenso sobre las instituciones nacionales e internacionales, así como el orden económico existente.

Por lo que hace a México, es inevitable que la relación bilateral habrá de revisarse. No es un tema de gobierno, sino de Estado, por esta razón la unidad nacional se vuelve materia vital. La lógica económica es lo que ha prevalecido en las definiciones de apertura comercial. Las inversiones en manufacturas atienden a un cálculo económico. Atacar la migración y el proteccionismo van a contrapelo del racional que le ofrece competitividad a la economía norteamericana, pero al parecer eso no importa a quienes llegan al poder con el mandato de revertir el marco “desigual” en los acuerdos bilaterales y multilaterales. Por eso los políticos en México deben reaccionar con responsabilidad y prudencia frente a la situación. No se trata de sacar provecho de la incertidumbre y del miedo en amplios sectores de la población, sino de participar de una voluntad colectiva para hacer valer el interés nacional.

El desafío es de todos

Cualquier resultado se puede esperar de la elección presidencial del próximo martes en Estados Unidos. Independientemente del ganador, México tendrá uno de sus mayores retos por los cambios previsibles en la relación bilateral. La amenaza más evidente viene del candidato republicano, Donald Trump, quien ha construido su proyecto político con una narrativa nacionalista que le ha llevado a extremar su postura contra México y los migrantes. El éxito de su propuesta, gane o no, dice mucho del momento que vive un sector importante de la sociedad norteamericana.

El temor a Trump ha llevado a pensar en México que la candidata del partido demócrata Hillary Clinton es lo mejor que puede suceder. En cierto sentido es verdad, pero no del todo. Sin duda la presidencia de William Clinton fue un episodio muy positivo de la relación entre las dos naciones y sus respectivos gobiernos; sin embargo, para los demócratas, recuperar a la clase trabajadora blanca norteamericana, requiere apropiarse de sus preocupaciones y exigencias que, algunas, no necesariamente obedecen a un razonamiento lógico. Esto significa un cambio en la agenda económica y migratoria. No está por demás señalar que ha sido en el gobierno del Presidente Obama cuando más se han incrementado las deportaciones, aunque también, justo es reconocerlo, ha tenido un planteamiento para ampliar los derechos de los migrantes y sus hijos.

La candidata Clinton ha sido frontal en el tema de la crisis a los derechos humanos en México, lo que conlleva un implícito rechazo a lo que el gobierno ha realizado desde hace tiempo para enfrentar al crimen organizado. En México tenemos una perspectiva positiva y de reconocimiento a las fuerzas armadas por su actuación en el auxilio de las autoridades civiles para enfrentar a los delincuentes y la inseguridad. En el exterior y, en particular en EU, es estándar el rechazo a que los militares realicen actividades que corresponden a los mandos civiles.

De modo que si resulta triunfador uno y otro de los candidatos, los temas de mayor preocupación hacia el futuro están en materia comercial, migratoria y de derechos humanos. La postura de los candidatos no puede tomarse a la ligera asumiendo que cambiarán de opinión ya en el poder. Desde ahora deben preverse las acciones y los nuevos términos de la relación bilateral para actuar con eficacia.

Ciertamente, es un hecho indiscutible el aporte de los migrantes mexicanos y latinoamericanos a la economía norteamericana en las últimas décadas. Sin embargo, la sociedad del vecino país del norte vive un acelerado proceso de cambio, para algunos traumático, con la integración de los hispanos y su cultura en tiempos en los que la economía mundial se contrae por largos períodos y los empleos se trasladan a regiones más propicias para las empresas.

México debe prepararse para lidiar frente al nuevo modelo político y económico que están planteando no sólo para ganar votos sino, cada quien a su estilo, para ofertar una ruta a los norteamericanos, el candidato republicano y la candidata demócrata. No es un tema de autoridades, sino de todos. El gobierno deberá descansar menos en la confianza de lo que puede obtener de su contraparte; y debe actuar de manera más decidida ante los órganos multilaterales vinculados a los derechos humanos y al comercio, así como con los organismos financieros. El país debe aproximarse más a las naciones centroamericanas, particularmente las que tienen más migrantes y exportan más a EU. Desde hace tiempo México ha sido omiso ante ellas, urge el entendimiento para superar las diferencias o los desencuentros.

El mayor esfuerzo deberá dirigirse hacia adentro. Son dos las prioridades: economía y política. En lo primero, debe asumirse la promoción de la inversión privada nacional y extranjera con un criterio de interés nacional. Las empresas que invierten en el país deberán entender que no están solas y que su presencia y expansión está respaldada decididamente en los términos que determinen las leyes. En especial será de utilidad un diagnóstico del sector exportador e importador para así tener perspectiva de fortalezas y debilidades, así como las oportunidades frente a otros mercados.

En política interna es importante que todos los partidos y la representación parlamentaria asuman la necesidad de mantener un frente unido en materia de política exterior. Las diferencias son válidas, necesarias e inevitables, particularmente ante la proximidad del proceso sucesorio, sin embargo, es preciso que en política exterior se presente un frente unido, y que el Presidente Peña Nieto como jefe de Estado cuente con el respaldo de la pluralidad para negociar y acordar desde una postura de fortaleza por la unidad que hay en el país respecto a la negociación bilateral.

El respaldo de la pluralidad no debe ser resultado de una convocatoria convencional o un efecto inspirado en el patriotismo o la buena disposición. Esto no existe en la política y menos en tiempos electorales. Tiene que ser producto de una negociación y un acuerdo que vaya más allá del tema bilateral. Es necesario cerrar filas y dar espacio a la democracia, los derechos humanos, las libertades y al mercado, como bases del México de mañana. Todas las fuerzas políticas pueden coincidir en un terreno común que ofrezca garantías y certeza no solo a quienes suscriben, sino al conjunto de los mexicanos. Es necesario repensar sobre la necesidad de un pacto nacional.

La adversidad obliga a una perspectiva de largo alcance y de claridad sobre el presente. México no es una país en construcción, pero ha perdido mucho a lo largo de su historia por la incapacidad de entenderse a si mismo y entender al mundo y a sus vecinos. Uno de los factores que más han incidido es la división y la cortedad de sus personajes en momentos críticos. La historia toca a las puertas a esta generación. Cierto es que hay muchos temas que nos dividen, llevan a la desconfianza y a un sentimiento de agravio por mucho de lo que ocurre en la política; sin embargo, no podemos reeditar los errores pasados.

El INE ante el 2018

De la elección presidencial norteamericana se desprenden lecciones útiles: la importancia del debate, el escrutinio de los medios de comunicación, la necesidad de campañas bien planeadas, con claridad estratégica, y muchas otras cosas más. Sin embargo, no todo es aplicable en otras latitudes; en primer término –y eso no está a la vista- el federalismo norteamericano tiene varias expresiones singulares. U las elecciones se instrumentan y organizan de conformidad a los órganos electorales de las entidades; allá no hay un INE semejante al de nuestro país.

Otra de las características del sistema federado norteamericano es la manera como se elige al Presidente; allá hay una modalidad de elección indirecta que consiste en integrar un colegio electoral con 538 votantes con mandato vinculatorio que se eligen por mayoría en los estados, lo que significa que se requieren 270 para ganar la elección, independientemente del ganador en la suma de la votación nacional.

En México hay una autoridad electoral nacional con poderes sobre los órganos electorales locales. La fiscalización, el listado de votantes y el contencioso electoral son centralizados. Los partidos en México también son maquinarias centralizadas y verticales. Esto tiene razones históricas, como es la desconfianza electoral y una convicción, bastante errónea pero lamentablemente generalizada, de actores políticos e instituciones, en el sentido de que es más confiable, seguro y eficaz hacer las cosas desde el centro.

Lo anterior, a contrapelo de que la transición política en México ha significado una descentralización del poder a través de órganos especializados autónomos, así como de una mayor influencia de los partidos y del Congreso en las decisiones públicas. Esto tiene sus ventajas, pero también efectos indeseables cuando la integración de los órganos colegiados, como es el Consejo General del INE o los integrantes del Tribunal Electoral, deben ser votados en el Congreso. Es decir: descentralizamos el poder pero centralizamos las decisiones fundamentales para hacerlo posible u operativo.

En esta lógica, el poder del gobierno en materia electoral se ha reducido de manera considerable, pero eso no significa que se haya descentralizado regionalmente. Incluso los estados también han visto disminuir sus atribuciones. La consecuencia es que lo que el Ejecutivo federal y locales pierden alguien lo gana. La cuestión es a quién debe trasladársele tal poder. En la lógica de la transición, que es la que impera, lo que el PRI/Gobierno pierde, debe ganarlo la oposición, esto es, los partidos políticos, y así los órganos electorales administrativos y judiciales fueron integrados por cuotas partidarias como una fórmula para resolver el desencuentro entre el gobierno y la pluralidad.

Pero la suma de parcialidades no construye imparcialidad. Si acaso, un equilibrio muy complejo sobre el que debe transitar la organización de las elecciones y en ocasiones la aplicación de la ley. A esto hay que agregar que el modelo comunicacional bajo el principio de asegurar la equidad en la contienda genera una tensión fuerte entre los medios de comunicación y el órgano electoral.

Sin duda a quien debe transferirse la función de Estado de organizar las elecciones es al órgano electoral. En la medida en que éste se sobreponga al interés de los partidos o de las empresas de comunicación, su actuación será virtuosa, aunque inevitablemente polémica y discutible. En otras palabras, sobre la experiencia exitosa de la elección presidencial de 2000, y no tanto las de 2006 y 2012, el mejor escenario es el de una autoridad electoral fortalecida y acreditada por sus decisiones, no por el apoyo de los partidos o de los medios de comunicación.

El país ha cambiado sustancialmente de 2000 al 2018, casi veinte años plantean un escenario muy diferente. El Presidente, su equipo y el gabinete no tienen el mismo lugar que en el pasado. Sin embargo, la Presidencia de la República no deja de ser considerada como la institución más relevante y representativa del Estado mexicano, lo que significa que es objeto de exigencias de imparcialidad y eficacia, pero no cuenta con los instrumentos para corresponder a parte de la expectativa.

El INE es la institución fundamental no solo en términos administrativos y de organización electoral, también pesa sobre éste la responsabilidad real y simbólica de ser garante de imparcialidad, equidad y legalidad de las mismas autoridades y de los actores de la contienda como son partidos, medios de comunicación y candidatos.

El INE requiere de apoyo de todos los frentes porque está en medio de la línea de fuego. Son muchas las fuerzas que en la protección de sus propios intereses buscan disminuirle, presionarle o cuestionarle. Esto puede ser una dinámica perversa que puede lograr efectos indeseados, en particular si al interior del Consejo General del INE no existe compromiso y cohesión para garantizar y hacer valer la institucionalidad de su función y cometido.

Se puede entender que los representantes de las Cámaras y de los partidos privilegien la postura de sus representados. Por ello es bueno que el voto esté limitado a los Consejeros electos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, es preciso que al interior del Consejo exista el compromiso y lealtad a la institución, sin importar el partido que les haya promovido o el sentido del voto que les llevó a la responsabilidad que ostentan.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, tiene la credibilidad y la reputación para conducir exitosamente al INE. Su trayectoria profesional y los años en el encargo lo prueban y acreditan. Por lo mismo, deben ser los consejeros, sin desentenderse de su propio criterio, quienes están comprometidos a apoyarle en los temas fundamentales, en especial, en las controversias que afecten los intereses de los partidos, de los medios o de particulares.

La elección de 2018 será diferente. La competencia se anticipa muy intensa. A ello hay que sumar las reglas que por primera vez se ponen en práctica en una elección presidencial. Lo menos que se puede esperar es un Consejo a la altura del inédito desafío.

¿Agotado el régimen presidencial?

Voces sensatas de la política y de la inteligencia nacional han hecho referencia a la necesidad de repensar una transformación mayor al régimen actual. Dos propuestas adquieren mayor atención: la segunda vuelta y la conformación de bases para un gobierno de coalición. Ambas plantean el cambio en la sociedad y en la política para hacer frente a la disfuncionalidad del actual régimen institucional. El problema no solo es de consenso, sino de calidad de gobierno.

Un buen gobierno requiere del talento y acierto de quien lo conduce. De la misma forma un régimen de representación política eficaz depende en buena parte de las virtudes de quienes lo integran; pero las instituciones, sus reglas y dinámica potencian o disminuyen la aportación de éstos. En tal sentido es muy aleccionadora la lectura deLeer más…El Federalista: los ingenieros del sistema político norteamericano tenían claridad sobre un diseño a prueba de las debilidades propias de la condición humana y que potenciara las fortalezas que le acompañan. La elección directa de los legisladores, diferente de la indirecta del Presidente, así como muchas otras decisiones relacionadas con el equilibrio de poderes, tienen como fundamento tal perspectiva.

Nuestro régimen presidencial tiene otra génesis y en mucho tiene que ver el providencialismo que lo inspira. El presidencialismo norteamericano nace como un poder acotado bajo el temor de que el mandatario pudiera invocar soberanía popular y así reproducir el poder absoluto o por encima de la representación. Por ello de origen hubo elección indirecta para el Presidente, la popular se remitía a los diputados o miembros de la casa de representantes. En México la situación fue la contraria, el peso de la historia pasada abría paso a la figura de Presidente a semejanza del monarca defenestrado.

Los liberales de la Constitución de 1857 aspiraron a un Presidente acotado por el Congreso; Emilio Rabasa lo consideró un error y desde entonces el común denominador del régimen político, desde el porfirismo a la fecha ha sido el de una Presidencia con poder amplio pero bajo renovación sexenal. En el siglo pasado se pensó que el presidencialismo era necesario para mantener la unidad interna, la aplicación del programa social y la salvaguarda de la soberanía nacional. Su expresión más acabada fue Lázaro Cárdenas. Tal arquitectura entra en crisis en los 70; la economía cada vez más global pone en jaque el voluntarismo presidencialista y el dominio político e ideológico del partido gobernante. El régimen del ogro filantrópico se viene abajo.

La transición democrática ha significado no solo la normalidad electoral y el equilibrio de poderes, también ha habido un poder regional y orgánicamente distribuido. El proceso ha sido accidentado, pero no ha habido rupturas. Las bases de apertura y un ejercicio responsable del poder hicieron posible que se diera la alternancia en términos de normalidad. No deja de ser paradójico que en el largo horizonte de la historia haya sido el único relevo de gobierno al margen de la crisis, un mérito que el PRI no valora y que la oposición no entiende, o quizás al revés.

El desafío para el cambio institucional se presenta en tres planos: primero, la incapacidad del sistema político para dar respuesta eficaz a los grandes problemas nacionales; segundo, la precaria cultura democrática y en consecuencia de legalidad del conjunto nacional y, tercero, la creciente fragmentación de la representación política, con el consecuente descrédito de los pilares de la democracia: partidos, funcionarios electos y legisladores. Afortunadamente persiste la convicción mayoritaria sobre el poder del voto. La cuestión es que, precisamente, resultado de una representación fragmentada, un Presidente electo con un voto no favorable mayor a las dos terceras partes plantea para el futuro inmediato un escenario que demanda, al menos, reflexión para sentar las bases quizás no de una solución final, pero sí, preliminar.

Desde esta perspectiva la segunda vuelta es un expediente útil para ampliar la base de legitimidad del próximo Presidente. Sin embargo, la propuesta habría que despojarla de un sentido de dedicatoria positiva o negativa respecto a algún personaje o proyecto político. Se da el paso por su necesidad, por sus virtudes, no porque afecte o favorezca a un interés en particular. Es una decisión que demanda perspectiva de Estado y por ello su definición debe ser consecuente al propósito, lo que requiere de un diseño particular para determinar en qué hipótesis aplica y la manera de procesar la competencia en la segunda vuelta.

El gobierno de coalición ya está en la Constitución. El problema es que es optativo para el Presidente. Además, la parlamentarización del presidencialismo puede significar que se sumen los defectos y no las virtudes de ambos sistemas. Lo que es un hecho, como lo ha apuntado Héctor Aguilar Camín en su análisis de la política española actual, la fragmentación de la representación política por igual afecta a un régimen presidencial que a uno parlamentario. La parálisis gubernamental de España se debe al colapso del bipatidismo que se originó en el marco de la transición y al apoyo electoral con expresión parlamentaria de las fuerzas políticas emergentes.

Hay una situación de última llamada. Por la proximidad de la elección de 2018 y los tiempos límite para reformas no hay tiempo ni siquiera para una deliberación mayor sobre el régimen político y la reforma necesaria para dar respuesta a la nueva realidad política. El sistema electoral requiere de cambios, pero lo que se necesita es una reforma política, incluso mayor a las que se originaron desde la fundacional de 1977. Por lo mismo estimo que lo más razonable es hacer los ajustes institucionales básicos, que podrían ser la segunda vuelta y volver mandatorio el gobierno de coalición. Sin embargo, frente a la magnitud del reto estimo fundamental pensar que en el futuro no muy lejano hay una cita para un cambio de fondo al régimen presidencial.

Competencia electoral y renovación política

Es un desafío entender las coordenadas de la nueva realidad política. Los cambios en curso son discretos, pero profundos y constantes. El país ha cambiado más de lo que los actores políticos alcanzan a advertir. La sociedad mexicana se ha ido transformando gradualmente y esto tiene implicaciones en todos los órdenes. Las causas del cambio aluden lo social; hay más libertades y mayores posibilidades de información y participación, especialmente por la comunicación digital y su dinámica: inmediatez, amplitud, horizontalidad y naturaleza interactiva.

Persisten problemas de vieja factura como la desigualdad y la fragilidad del piso ético en la política y el servicio público. Hay más libertades y también una democracia electoral eficaz para transformar votos en cargos, pero hay una exigencia mayor para mejorar la calidad del gobierno y las respuestas que debe ofrecer la política. Son tiempos de inconformidad y reclamo, muchas veces manifiesto en lo cotidiano y en la relación entre personas y entre éstas e instituciones.

Tiempos difíciles para quien gobierna; generosos para el opositor, más si se radicaliza y se cruza la línea de lo institucional a lo antisistémico. Es explicable que en estas condiciones la alternancia cobre relieve. Así le sucedió al PAN como partido gobernante; hace diez años elección tras elección vio achicar su presencia política, hasta llegar con un voto de castigo a la elección nacional en 2012. Así le está aconteciendo al PRI, el que llegará en toda su historia reciente con menos población gobernada en el nivel local y ante el reto de recuperar los votos de no hace mucho tiempo; la fragmentación del voto parecería facilitar el espejismo del triunfo, pero si así fuese el caso, de ninguna manera sería fácil.

Para todos los proyectos políticos, personales o de partido, es indispensable entender lo que ocurre y los nuevos términos de la comunicación y la lucha políticas. No solo es el uso óptimo de lo digital, sino la sicología o antropología de lo social. La clave no está en el instrumento, sino en el contenido y en el nuevo sujeto político, en el flujo en curso respecto a los problemas, viejos y nuevos, que encara la sociedad y lo que espera y ve del gobierno y de sus políticos en un entorno de creciente desconfianza e impaciencia. Ya se ha dicho en este espacio: el mayor miedo de hoy día no es al cambio, sino a que lo que exista persista y esto abre la puerta por igual a las candidaturas independientes que a proyectos que radicalizan su postura y se plantan como rechazo a lo que existe.

De por medio está la pérdida de consenso del orden de cosas. Es un problema global de las democracias contemporáneas y que ha minado los arreglos políticos y equilibrios institucionales de las pasadas décadas. En España acabó con el virtual bipartidismo, en Inglaterra llevó al Brexit, en Europa al ascenso de la ola derechista nacionalista, en Estados Unidos a la candidatura presidencial de Donald Trump. En política ocurre lo impensable frente a una sociedad que en mayor o menor grado y por diversas razones ha perdido apego a los valores del liberalismo democrático.

La competencia electoral es virtuosa en sí misma, no necesariamente por sus resultados. El que diga que el pueblo no se equivoca que explique el arribo de los dictadores y autócratas por la vía del voto. No hay magia en la democracia fundada en el sufragio popular, como tampoco mano invisible en la economía. A las libertades es necesario sumar la deliberación y el debate. Todo y todos deben estar sujetos al rigor del escrutinio público, incluso a sus excesos. No hay espacio para intocables; la victimización es una de las patologías que deben desterrarse para que haya real y efectivamente piso parejo. En la nueva realidad la equidad no se mide en prerrogativas y privilegios mediáticos o financieros, sino en la inmunidad e impunidad que se ofrece a personajes y proyectos blindados por lo políticamente correcto.

El escrutinio y el debate son la mejor defensa de la democracia frente al espejismo de las soluciones mágicas o de los proyectos de odio que se alimentan del prejuicio y de la indignación. Lo importante es que quien detente poder, formal o informal, público o privado, sea objeto de validación social. Por ello los medios y quienes tenemos el privilegio de participar en ellos tenemos una tarea insustituible. Está en los convencionales y también en los digitales, los que por su propia naturaleza difícil es que tengan rigor y calidad en la crítica al poder.

El objetivo de la competencia es la renovación del poder. En México no hay ratificación, porque en el nivel nacional no existe la reelección; se puede ratificar a un partido en el poder, pero aún en ese caso se plantea la actualización del proyecto en curso. Nadie hace campaña bajo la bandera del continuismo, y con frecuencia ni siquiera de la continuidad. No lo hizo Felipe Calderón respecto a Vicente Fox y será difícil que así suceda con el candidato presidencial del PRI, con todo y que es explicable que en estos momentos el partido gobernante se atrinchere en el proyecto presidencial.

El entorno anticipa las condiciones de competencia. La aspiración de renovación habrá de cobrar curso con proyectos disímbolos, incluso el que pueda construir uno o varios candidatos independientes. El cambio será el significante en el centro de la mesa de la disputa por el voto; sus expresiones van a recorrer el espectro de lo sentado e insensato, de lo imaginable y de lo impensable. Nada hay al momento para anticipar el desenlace, sí para decir que lo que viene, en forma y fondo, habrá de ser muy diferente.

Para hacer de lo que ocurra una transformación virtuosa, desde ahora es fundamental que quede claro el valor de la libertad, la crítica y el escrutinio al poder.

A propósito de encuestas

De siempre he tenido la impresión de que, en ocasiones, las cifras agregadas en el nivel nacional inducen a la falsa idea de que México es un país homogéneo. Como norteño de origen y habitante de mucho tiempo de la generosa y hospitalaria Ciudad de México, he tenido en claro las diferencias significativas entre los mexicanos de mi tierra o de muchas otras partes, respecto a quienes vivimos en el centro del país. La didáctica del examen propio me ha ofrecido la ruta para entender mejor la realidad de México a partir de la suma de ese extraordinario mosaico cultural, geográfico y social que es nuestra nación.

Hace tiempo, con esta preocupación presente, en Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) elaboramos una primera encuesta nacional de evaluación de autoridades, actitudes políticas y temas de interés, como son valores, cultura fiscal, identidad nacional, etcétera, que era la suma de 32 encuestas locales, una por cada entidad. En el mes de septiembre presentamos la décima edición de dicho proyecto, ahora ya maduro, una aportación de la empresa que presido, que tiene como propósito conocernos mejor, vernos en el espejo de las percepciones que también son realidad.

El martes 4 de este mes de octubre, presentamos el reporte en su quinta edición llamado “Las ciudades más habitables 2016”. Es un estudio que se realiza entrevistando a 30,400 personas de 76 demarcaciones, todas las capitales y los municipios más poblados, así como las delegaciones de la Ciudad de México. La información de más de 30 preguntas integran 3 índices: calidad de vida, satisfacción con servicios municipales y, evaluación de autoridades. Con ello ofrecemos una aproximación de respuesta al tema las mejores ciudades para vivir desde la perspectiva inapelable de los habitantes o gobernados de tales territorios.

Los grandes volúmenes de información requieren de herramientas para su selección, análisis e interpretación. Treinta mil 400 encuestados nos ofrecen una información muy rica y compleja. Es una oportunidad singular entenderles y escucharles. Por ello, para los dos estudios se elaboró una aplicación digital que facilita el ejercicio, una aportación más de GCE al conocimiento y a la tecnología que por su relevancia se ofrece de manera libre y gratuita al público http://xdata.gabinete.mx/#/mapa .

Son muchas las conclusiones allí presentes. Corresponde a cada interesado discurrir en ellas. Con el auxilio de la tecnología, el estudio se vuelve un texto abierto, con muchos puntos de entrada y de salida. Las interpretaciones relevantes tienen que ver con un asunto de reflexión intelectual y política respecto al descontento y la singularidad del ánimo social existente. La mayoría de los mexicanos están a disgusto; son minoría los que sienten que el país va avanzando, y la exigencia hacia las autoridades es abrumadora. Se perciben causas que recorren todo el espectro social como es la inseguridad, pero también está la economía. En el análisis a detalle, especialmente entre la población con más educación y hábitos de uso de medios digitales, la corrupción está en el centro de la preocupación ciudadana.

La reflexión sobre las razones, causas y alcance del malestar social de estos tiempos cobra vida y expresión en el juego de las cifras que enuncian el sentimiento de miles de mexicanos, representativos del universo social y cultural mexicano. Todo ejercicio con base a percepciones es debatible, porque los niveles de exigencia y de satisfacción tampoco son homogéneos en el territorio nacional. Pero lo que se presenta es un una herramienta que facilita el empoderamiento de los gobernados; su opinión es la fuente del ejercicio estadístico. Y por el otro lado, también sirve al gobernante como instrumento de medición de la eficacia de su gestión.

En las capitales y grandes ciudades del país 43% de los encuestados sienten que el país va retrocediendo y 42% perciben que estamos estancados. En el segmento de jóvenes, varones y sin actividad laboral, 53% dicen que México va retrocediendo. Menos de 14% piensan que va avanzando. La opinión no es pareja: el desaliento y pesimismo se desborda en Tlaquepaque, Chilpancingo, Oaxaca, Apodaca, León y las delegaciones de Tlalpan y Magdalena Contreras. Aunque elevado, es significativamente menor en Mazatlán, Tijuana, La Paz, Tapachula, Ciudad del Carmen y Coyoacán.

Es útil que los mexicanos nos veamos en el espejo de las percepciones; más que nadie quienes tienen poder. El país se encamina a un punto de quiebre. La crisis es real y profunda. Atañe a todos, pero mucho más a quienes tienen una situación de privilegio para contribuir y hacer realidad un cambio virtuoso. La crisis bien puede ser momento fundacional para construir un mejor país. La insatisfacción y la indignación pueden ser la energía que se requiere para transformar y dejar atrás muchas de las insuficiencias que con terquedad enferman al cuerpo nacional y que anulan o afectan muchos de los logros del pasado reciente, especialmente haber transitado a una democracia plena y con amplias libertades formales.

El cambio no es opción, es cuestión de supervivencia. Ocurre en todos los rubros de la vida personal y en la política o la economía. La sociedad mexicana se ha ido transformando, las exigencias y las expectativas son considerablemente mayores ahora y eso no es del todo malo. También hay un cambio cultural que nos hace más individualistas y que genera vínculos y formas de participación a través del mundo digital. Compartimos mucho y hablamos con muchos pero estamos cada vez más solos y más aislados.

Pareciera un contrasentido, pero para preservar hay que cambiar. Para hacerlo bien se necesita tener claridad de lo que se pretende y quiere, para que la transformación no se revierta y afecte lo fundamental. Cambiar es un desafío, pero también una insoslayable necesidad. El examen de lo que existe debe ser amplio, profundo y debe incluir prácticamente todo.

Las instituciones son la mayor fortaleza de una nación para transitar y conducir el cambio. Quienes las representan requieren de visión y apertura para que la transformación fluya y sea virtuosa. También se necesita generosidad y perspectiva para que lo que venga se acompañe del entendimiento y haga de la diversidad social y política su fortaleza.

El primer debate 2016

Los debates entre candidatos revisten un gran interés mediático. El encuentro cara a cara ofrece una oportunidad singular para conocer lo que dicen y proponen quienes pretenden ganar el poder, y son también un examen a la persona, a su capacidad y a su carácter. Los debates ayudan en el todo, pero más que para ganar la elección, son el evento con la mayor dosis de riesgo de toda la contienda. Una pifia puede marcar negativamente al candidato y a su imagen, por lo que la recomendación básica es evitar cometer errores. Los debates requieren preparación. Se trata de responder con eficacia y claridad al reto de comunicar. La improvisación suele resultar costosa. Un candidato engreído por su inteligencia o con “superioridad moral”, siempre será un mal debatiente.

En EU los debates presidenciales se han vuelto institución y por mucho se facilita el hecho de ser encuentros casi siempre de dos contendientes. En México los debates entre candidatos presidenciales son historia reciente, el intercambio y la confrontación se diluye porque participan muchos contendientes y se someten a formatos muy rígidos.

El debate del lunes de la señora Hillary Clinton y Donald Trump fue una buena didáctica sobre lo que son estos eventos, la cobertura de medios y de opiniones que atraen y la asimetría entre desempeño y resultado. Los medios y los analistas suelen darle más importancia al debate que el común de los electores. Se puede “perder” el debate y eso no necesariamente impacta las intenciones de voto. Esto es así porque el debate más que cambiar las preferencias, tiende a ratificarlas. Incluso el magro sector de los indecisos ve al debate con una preconcepción que le impide hacer una evaluación neutral u objetiva, salvo que haya un error grave que el postdebate haga exhibir y destacar. La estrategia para maximizar beneficios es actuar activamente después del evento; el posdebate suele ser igual o más importante.

Existe consenso entre los analistas que la candidata demócrata tuvo el mejor desempeño. La diferencia fue la preparación y la experiencia. Muchos analistas refieren a las mentiras o desaciertos del candidato republicano; sin embargo, no queda claro que el juicio de los conocedores tenga un efecto significativo en las intenciones de voto. Donald Trump, con la desfachatez que le es tan propia ha declarado que fue el ganador por mucho; sus mismos colaboradores conceden en privado que no estuvo a la altura, sin embargo, lo que sí puede resultar cierto es que el debate no haya tenido el costo al señor Trump que algunos asumen.

Persiste la confusión de muchos de trasladar la intención de voto nacional al posible resultado de la elección, siendo que el sistema norteamericano a diferencia del nuestro es de elección indirecta, esto es, gana quien gané más votos en los estados, incluso se puede dar el caso de un candidato que gane la votación nacional directa y pierda la indirecta. Hay un total de 538 votos electorales, 270 es el número mágico para ganar la elección; según Real Clear Politics al día de hoy, la señora Clinton suma 188 votos; Trump 165, hay 185 votos indecisos. Los estados que en esta condición mayor peso tienen por el número de delegados son Florida, Pennsylvania, Ohio, Carolina del Norte, Michigan y Georgia, algunos de éstos mencionados por Trump en el debate. Habría que esperar algunos días para tener actualizado el mapa electoral, aunque lo más probable es que la proporción de los indecisos continúe de manera tal que haga de la elección una incógnita hasta el último momento.1

México está en el centro del debate; el peligro mayor está con Donald Trump por su oferta en materia comercial y migratoria. Los partidos y los políticos han cambiado de postura porque un segmento importante de la sociedad norteamericana, como ha sucedido en muchos países desarrollados, ven en el exterior una amenaza que reproduce muchos prejuicios que de siempre han dormido en la profundidad del imaginario social. Aunque hay signos evidentes de apertura y de avance liberal en los países occidentales, también se ha reactivado un nacionalismo conservador e intolerante que explica en parte el éxito de Donald Trump.

El debate no solo es una radiografía de los personajes en la disputa por la presidencia; también lo es de la sociedad norteamericana, en sus fortalezas, virtudes y defectos. No deja de ser lamentable que las referencias a México durante esta campaña casi siempre sean negativas: violación de derechos humanos, violencia e inmigración ilegal. El reconocimiento a lo mucho positivo del país y de los mexicanos, existía en George W. Bush y William Clinton, y ha sido mucho menor con el Presidente Obama.

En el país existe una gran expectación por el desenlace de la elección. Es amplio el anhelo e interés de que prevalezca la candidata demócrata. También los mercados así lo advierten por el temor que despierta un eventual triunfo de Donald Trump, quien persevera con una postura radical e intransigente contra el libre comercio y los migrantes.

El segundo debate tendrá lugar el 9 de octubre en la Universidad de Washington en St Louis Missouri en un formato diferente en el que los candidatos deberán responder las preguntas de ciudadanos. Esta modalidad de debate favorece a Hillary Clinton, quien ha mostrado más habilidad y mejor manejo, producto de experiencia y también de una mejor preparación. Trump es un buen candidato para la circunstancia y momento del país, caracterizado igual que en amplias regiones del mundo, por el hartazgo ciudadano en contra del status quo; sin embargo, sus limitaciones personales quedaron evidenciadas en el debate del lunes pasado. Aún así, persiste en la contienda, y todavía con muchas posibilidades de éxito.

La justicia y la política

La justicia y la política van de la mano. Es un tema de siempre; la justicia invariablemente acompaña al poder político. La democracia liberal la elevó a la formalidad, con lo que se eliminó la discrecionalidad del soberano en su impartición. También dio certeza al principio de la igualdad ante la ley y, para efectos de justicia penal, fijó obligatoriedad a los principios del debido proceso. Sin embargo, a pesar de los avances, la justicia sigue teniendo un tanto de aspiracional y no deja de entreverarse de una o de otraa forma con la política en modos y en métodos que pensábamos haber dejado atrás.

En nuestro país el tema de la justicia se enfrenta con el de la impunidad. En el fondo es la incapacidad del sistema en su conjunto, incluyendo al mismo ciudadano, para que la ley se haga valer y ofrezca el resultado útil final que es el de la sanción a quien desatienda su mandato. La ineficacia de la justicia, por decirlo de alguna forma, está lastimando en su esencia al cuerpo nacional. El sentimiento de agravio y de indefensión crece, y no solo tiene referencias negativas hacia el gobernante o al aparato de justicia, también afecta los términos de la convivencia.

Es útil que la sociedad se exprese de manera orgánica para abatir la impunidad. Pero puede resultar contraproducente cuando estas iniciativas derivan en una forma discrecional de cobrar cuentas, o de acusar con frivolidad. Lo que realmente resulta útil es aportar una crítica al sistema en su conjunto y, desde luego, acompañar propuestas que incidan en su mejora.

El Estado Mexicano tiene que convenir que abatir la impunidad es prioridad y que ésta debiera ser una cruzada de todos, en muchos frentes. Se han logrado avances sustantivos, como es el sistema de transparencia; también en fechas recientes se aprobó un nuevo régimen legal orientado a combatir la corrupción y someter a reglas de control el gasto público, especialmente el de los organismos autónomos, gobiernos locales y por extensión a toda entidad, pública o privada que haga uso de recursos públicos federales. Pero es indudable que hay una tarea pendiente.

Es tiempo que la política haga su parte para dar espacio a la justicia. Insisto, no se trata de lavar cara frente al repudio ciudadano, sino de hacer valer la ley. La justicia que importa es la pública, pero no deja de tener valor la autorregulación, así sean los medios de comunicación, los órganos legislativos, las empresas y los partidos políticos. El PRI tiene frente a sí casos a resolver. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín ha ofrecido claridad sobre el posible juicio interno a connotados miembros del tricolor y particularmente al del gobernador de Veracruz: actuará el partido a semejanza del juicio político constitucional.

El caso de la justicia partidaria no es sencillo. Los partidos han sido omisos en muchas ocasiones. Casi siempre las dirigencias de los partidos ceden todo el espacio a la justicia formal y frente a los fallos judiciales, resuelven el status del implicado. Si hay delito o no, no importa; si les conviene políticamente, aceptan la culpa y si no, recurren al fácil expediente del complot. Las dificultades son dos: por una parte, los partidos no cuentan con los medios necesarios para poder impartir justicia y por otra, el prejuicio público de que la acusación es condena. Los partidos normalmente no entran a estos temas porque el proceso en sí mismo ya es una derrota para quien va a ser juzgado, acompañado del desgaste en la imagen pública del propio partido, especialmente si el acusado fue un destacado funcionario de la organización política.

La política también se ha aprovechado del malestar público por la percepción o realidad de la corrupción. Un candidato que articula y da cauce a esta indignación, puede alterar las premisas tradicionales sobre las que se dirime la disputa por el poder. En el pasado reciente los casos han sido recurrentes en la fase electoral, aunque la realidad es que resulta más fácil prometer que cumplir. El populismo electoral casi siempre lleva al fracaso. Además de que se impone una fuerte presión a las instancias de justicia a partir de las necesidades políticas de los acusadores, sean autoridades, particulares u organizaciones.

La buena justicia demanda de firmeza y también apego a la formalidad. Los linchamientos mediáticos han resultado en no pocos casos en sendos fracasos y no solo por la dificultad de transitar hacia la formalidad del proceso, sino por la fragilidad de la acusación, la falta de pruebas y en algunos casos su falsedad. El tribunal mediático, indispensable en una sociedad abierta, debe acompañarse de la seriedad de la investigación y el rigor de las pruebas. Ganar espacio o credibilidad a costa de particulares, pervierte a la justicia y tiene efectos perniciosos hacia el régimen institucional.

Las autoridades no pueden mantenerse pasivas frente a los muchos casos en los que se advierte un problema de justicia. Hay actuaciones que deben ser de oficio; pero también es indispensable lo preventivo y en su caso actuar con claridad y firmeza bajo los principios del debido proceso y la igualdad frente a la ley.

Por la impunidad de por medio, la justicia está y estará en el centro de la disputa política. El problema es mucho más amplio y serio del que presenta el debate político actual. No solo es la venalidad del funcionario o representante popular, también está, insisto, el sistema de justicia formal y no formal, especialmente la frágil cultura de legalidad en el conjunto del cuerpo social. Lo menos que se requiere es darle seriedad al tema y trascender la añeja actitud de acusar sin probar y generalizar a partir de lo particular. La demanda de justicia es demasiado seria como para que la política la tome a la ligera.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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