Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La disculpa y el enojo

Tanto dice del que ofrece disculpa como del que la recibe la secuela de los hechos. Es un buen precedente el perdón que pide a la sociedad el Presidente. Hay quienes dan beneplácito al hecho; también quienes no pueden escapar del ciclo emocional que el origen del enojo causó. Otros más, regatean el hecho: que tardío, que solo palabras, irrelevante y muchas otras cosas más.

De lo que se ha dicho lo más importante es el deseo de que todo esto signifique un punto de quiebre no en el deterioro de la imagen presidencial, asunto menor, sino en el reestablecer un piso de ética para el servicio público y la política. Este problema viene de tiempo atrás y es cierto que está en los hábitos, costumbres e ideas de los hombres de la política y en la sociedad misma.

La transición política, la alternancia, la desconcentración orgánica y geográfica del poder y la competencia por el voto llevó a la democratización de la corrupción. Las negociaciones con la pluralidad no siempre fueron virtuosas y el arribo de la otrora oposición al gobierno nacional, así como su empoderamiento legislativo no significó una mejoría en los estándares de probidad de los hombres del poder.

En el México de ahora la venalidad llega a todas partes y a todas las opciones con experiencia en el poder público. Tampoco el sector privado se escapa de señalamiento, ni aquí ni en ninguna parte, como consigna la realidad de muchos de los inversionistas de los Panama Papers.

Antes se creía que la corrupción era un efecto del autoritarismo; sendas y sesudas reflexiones se hicieron presente y se volvieron código en la lucha por la democracia. Por salud pública debe revisarse la tesis y debe concederse, al menos, que el déficit de ciudadanía y de integridad de empoderados y gobernados no dio el resultado esperado. México no pasa la prueba; pero también debe reconocerse, el mérito de muchas batallas ganadas y muchos avances en la materia. El cuerpo nacional está enfermo y la corrupción no es síntoma, sino causa. Debe atacarse y no es, necesariamente, la pira mediática el mejor remedio, sino el cambio institucional y el ir acreditando la probidad como una de las premisas obligadas en el servicio público. Ser honesto no es virtud ni merecedor de premio; es, simplemente, una forma de ser, a la que todos estamos obligados.

El enojo enquistado desde hace tiempo en la sociedad tiene que ver con el cinismo y la impotencia. En el imaginario colectivo, con razón o sin ella, está arraigada la idea de altos servidores públicos enriquecidos y con ofensiva ostentación. La sociedad percibe abusos y la carencia de un andamiaje jurídico diseñado para impedir esas conductas. La exigencia social por la probidad es mayor y no admite regateo ni argumento.

Es muy significativo entonces que la disculpa presidencial tuviera lugar al presentarse el sistema anticorrupción en cuyo marco era obligada la renuncia del funcionario responsable del control interno del gobierno. Como contexto, también debe tenerse presente lo que ocurre en el partido gobernante y con su dirigente, empeñado en acreditar un nuevo sentido de responsabilidad en la política. Es la palabra y son los hechos. Lo importante es el punto de inflexión, que los servidores públicos, todos, se obliguen a un cambio que es urgente por razones que trascienden el interés de grupo, partidario o electoral. Se requiere reencontrar el sentido del deber y las autoridades tienen ahora mayores elementos para hacerlo valer, particularmente abatiendo la falta de transparencia, el conflicto de interés y la impunidad. El partido gobernante debe denunciar y reclamar por la conducta indebida de quienes se aparten de los valores que este cambio demanda. El Presidente deberá actuar y son los hechos la medida del valor de las palabras.

El sistema anticorrupción es amplio y de largo alcance, pero como todo cambio institucional, requiere de voluntad y determinación de todos. La transparencia y la rendición de cuentas son un buen principio, pero es insuficiente, se requiere de las actitudes, conductas y los valores, para así reforzar lo que inspira el cambio en las leyes y en las instituciones.

También es muy encomiable pasos como el 3 de 3, pero esto debió ser más generalizado y, especialmente, que en sus efectos no se vuelva contra quienes informan y que absuelva a quien por razones válidas o no tan válidas, opta por el secreto. La información pública requiere de madurez y de un sentido de responsabilidad por quienes la obtienen, estudian y analizan. Lo peor que puede ocurrir con avances de esa naturaleza es que termine al servicio de la mala entraña y la canallada mediática que hace uso de lo que sea para mantener clientelas.

Tener bienes no es pecado, tampoco virtud carecer de ellos, aunque sí dice mucho y bien de aquellos que han transitado por el servicio público y muestran un patrimonio consistente con sus ingresos. Sin embargo, insisto, la probidad no es prenda, sino supuesto obligado del servidor público o del político.

Es legítimo cuestionarnos si los mexicanos de ahora habremos de dejar un mejor país. Tenemos muchos desafíos enfrente, pero también tenemos muchas fortalezas. Un buen inicio es reconocer errores y expresar nuestra responsabilidad en ello. Bien por el Presidente que refiere al daño en la institución presidencial por un tema que pudo haberse evitado. Mejorar el presente y darle un horizonte al porvenir requiere un encuentro no solo con la verdad, sino con hacer lo debido aunque la respuesta de algunos no sea grata por interés o por enojo, lo mismo da. Lo que más vale es el cumplimiento del deber.

Pensar en lo impensable

La realidad sorprende porque no se han cambiado las formas, modos e instrumentos para conocerla. Las decisiones de organizaciones privadas o de poder con frecuencia minimizan lo que viene y les lleva a decisiones erróneas. Un ejemplo fue la determinación de David Cameron, primer ministro de Inglaterra de dar paso al referéndum para continuar o salir de la Unión Europea, con la certeza de que ganaría la postura de continuar; su mal cálculo llevó a su país, a Europa y al mundo a un curso indeseable e inesperado.

La sociedad contemporánea es mucho más compleja de lo que parece y uno de los instrumentos más tradicionales para conocer a la opinión pública, las encuestas, han caído en descrédito porque han perdido en temas fundamentales su carácter preventivo o predictivo, según se quiera entender.

Lo errático de los resultados son evidencia de una parte de la sociedad que no está dispuesta a decir y compartir su opinión a través de la forma convencional con la que se hacen los estudios. Es explicable el enojo y la frustración cuando el instrumento no ofrece el resultado prometido, mucho más cuando hay resistencia del técnico a reconocer el error y por lo mismo se inhibe de hacer un esfuerzo para revisar y mejorar la manera como se trabaja.

Es muy elevado el costo de decidir bajo premisas falsas o sin considerar escenarios probables. La prospectiva ha dejado de estar en el centro de la atención y eso ha llevado a costosos errores.

Las grandes empresas evolucionan o quiebran. En cambio, el problema con los países, sus instituciones y gobiernos, que enfrentan transformaciones que cimbran sus estructuras es mucho más complejo. Allí las crisis se manifiestan de manera diferente y la presión social, por su disfuncionalidad, cobra cauce con el déficit de consenso, conducta antisocial y hasta violencia. También la democracia se ve alterada y es una virtud que dé curso al disenso y a la insatisfacción, aunque esto conlleve el crecimiento de las opciones antisistémicas, auténticas u oportunistas.

Canalizar el problema del consenso a una institución o instancia de poder es una opción equivocada. El Presidente Peña Nieto y el PRI enfrentan una fuerte presión hostil de la opinión pública. No hace mucho tiempo lo mismo ocurría con el PAN y el Presidente Calderón. Quizá ahora es más evidente porque que hay mayor acento y más ingredientes para el rechazo; sin embargo las analogías expresan una realidad: el descontento es hacia el conjunto del sistema político y de representación, más allá del partido o de la persona que gobierne.

La realidad es que todas las instituciones son objeto de cuestionamiento o descrédito. Las iglesias, las empresas, los medios de comunicación, los gobiernos, los órganos autónomos y las fuerzas del orden están en dicha circunstancia. No debe preocupar el debate, la crítica y hasta el rechazo a lo existente en la medida en que se mantenga en los márgenes de la legalidad y urbanidad social y política. Incluso esto mismo puede ser fuente de cambio y transformación. Lo que sí debe alertar es que el país y el poder social, público o privado no considere y actúe de manera responsable frente a escenarios y cambios que plantea la realidad.

Hay dos casos que debieran ocupar nuestra atención: los efectos del pluralismo en el sistema electoral mexicano y la elección en EEUU. México es cada vez más plural y esto se traduce en un voto fragmentado. Ya hemos visto sus efectos en los órganos legislativos, con una fuerte inercia a la inmovilidad por las dificultades del consenso y las formas no virtuosas para el acuerdo.

En 2018 el candidato presidencial triunfador podría ganar con menos de la tercera parte de los votos y con una exigua fuerza parlamentaria. Héctor Aguilar Camín ha atendido el asunto aquí en Milenio. La segunda vuelta resuelve, pero solo una parte. El gobierno de coalición (ya legislado en la Constitución) no es solución estructural por dos consideraciones, la primera, destacada por Héctor, es una decisión discrecional del Presidente no obligada y, la segunda, porque no hay disolución de gobierno o del Congreso cuando se pierde la mayoría parlamentaria negociada, como sucedió recientemente en España.

La realidad llama a un cambio, mucho más allá de lo previsto, de sistema de gobierno. Lamentablemente el tiempo es escaso y es difícil que quienes están en el poder adviertan esta necesidad, que se animen a proponerla y que muevan a que el conjunto actúe de manera responsable ante la situación. De no hacerlo a tiempo, transitaremos después de 2018 a una reforma correctiva y no a una preventiva, con todo lo que eso implica.

En el caso de EEUU, al día de hoy no se excluye que el candidato republicano Donald Trump pueda llegar a la Presidencia de nuestro principal socio comercial y vecino estratégico. La relación bilateral puede cambiar de manera dramática en contra de nuestro país, especialmente en dos temas fundamentales: migratorio y comercial.

No me cuento entre quienes pretenden incidir en la opinión pública norteamericana para influenciar las intenciones de voto; lo veo infructuoso y quizás contraproducente, sobre todo si la acción proviene del sector gubernamental o político. Sí, hay que acreditar en EU la aportación de México y de los mexicanos a ese país y las bondades de una relación bilateral justa y armónica, pero la tarea corresponde a quienes están allá.

Es imprescindible actuar para reducir la vulnerabilidad del país frente a un nuevo escenario internacional. No es tarea solo del gobierno, es de todos. El imaginario antimexicano se corresponde con la percepción negativa de muchos mexicanos de su propio país y de sus instituciones. Ante esta postura, no debemos ignorar los problemas como la desigualdad, venalidad, impunidad y violencia, pero esto no convalida la maniquea caricatura sobre México y sus habitantes. Hay que actuar decididamente frente a nuestras debilidades y también exaltar nuestro legítimo orgullo por lo que somos, tenemos y anhelamos.

Lo impensable está a la vuelta de la esquina. La incertidumbre que le acompaña debe servir para actuar y mejorar; se trata, en el fondo, de hacer de esto virtud para identificarnos en nuestro potencial y capacidad para acometer con éxito los desafíos del mañana, tema que a todos compromete, a todos nos convoca. La tarea urgente es que en nuestra diversidad e inevitables desencuentros tengamos claridad de lo que nos une y que a todos corresponde proteger y promover.

Las horas (difíciles) del PRI

El PRI es más que su dirigencia; sus fortalezas, virtudes, debilidades y defectos trascienden a quien lo dirige. De hecho, las circunstancias singularmente adversas de estas horas se han hecho presentes con uno de los políticos más completos y eficaces, Manlio Fabio Beltrones. Se ganan o se pierden elecciones por los candidatos y sus campañas, pero mucho más que eso, por el entorno en el que se desarrolla la contienda. Estos son tiempos difíciles para los partidos gobernantes; así ocurre en otros países, así le sucedió al PAN.

Sin embargo, la crisis del PRI es más profunda. Coincide esta circunstancia adversa con un deterioro que viene de tiempo atrás. El PRI con dificultad pudo transitar de una mediación eficaz para la administración del poder, a una que compitiera por los votos para ganar el poder. Luis Donaldo Colosio y muchos de su generación participaron en ese proceso después de 1988. El PRI se recuperó, pero más que todo, como impulso de lo que se lograba desde la Presidencia de la República. Las elecciones de 1994 se dieron en el marco de la tragedia y de la preocupación por el levantamiento zapatista en Chiapas.

El PRI aprendió, más que a competir, a aceptar los resultados adversos. También ocurrió con Luis Donaldo. La alternancia no se veía como un efecto propio de la democracia, sino como el fin de un régimen y, en cierta forma, así ocurrió, especialmente cuando el PRI perdió mayoría en la Cámara de Diputados en 1997. A partir de allí, de manera accidentada y poco virtuosa se inaugura el régimen de gobierno dividido. Una oposición –incluyendo en su momento la del PRI- poco habilitada para cumplir su responsabilidad. Un gobierno sin capacidad de convencer y negociar para superar el estado de sitio que le imponían sus competidores en el Congreso. Las salidas políticas al gobierno dividido, fueron acuerdos de caso por caso y donde los intereses de grupo o partido se sobreponían a los del país.

La reforma política de 1996 es trascendente: los derechos políticos a los habitantes de la ahora Ciudad de México, una justicia electoral confiable, una autoridad electoral autónoma e independiente. Todo esto es muy significativo, pero lo fue todavía más, dar paso a la equidad en materia de financiamiento y acceso a medios.

Cambió el país. La alternancia en la Presidencia fue la carta de legitimidad de las reformas, aunque el régimen presidencial no resolvió muchos de los temas propios de una situación de poder dividido. La democracia se acreditó, pero eso no ocurrió con el sistema político. Sobre todo, cuando los partidos aprovecharon el nuevo espacio político en función de sus intereses. La democracia se volvió tema de cúpulas no de ciudadanos, los partidos distantes de la sociedad transitaron por la democracia, pero la democracia no transitó en su interior. El financiamiento público tampoco cumplió el objetivo de equidad, de transparencia y de legalidad en el origen y destino del gasto. Las reformas subsecuentes no tuvieron la virtud de las anteriores, especialmente por la restricción a las libertades, el centralismo y las restricciones a la pluralidad.

El país dio un paso histórico en el pasado reciente con la suscripción del Pacto por México, ahora en injusto y explicable descrédito. Injusto porque ha sido la transformación institucional más relevante de décadas en muchos temas de la vida nacional. Su contenido no se corresponde al interés de un partido, sino del conjunto de la pluralidad. Se recogieron demandas históricas de la oposición al PRI y se lograron sentar las bases de un México más habilitado para enfrentar los desafíos de la modernidad, entre otras, evitar la concentración productiva y monopólica en todas sus expresiones. Igualmente, el marco legal para la democracia se vio actualizado.

En todo este transitar, el PRI no se ha dado la ocasión de entender su realidad y la necesidad de cambio. De hecho, ha involucionado. Hace cerca de dos décadas había voluntad de cambio para modernizar al partido a través de prácticas democráticas internas; hoy no solo han pasado al olvido, sino que la democracia interna, aunque usted no lo crea, es señalada por los priistas como causa de debilidad y derrota. El debate sobre una mejor manera de vincularse con la sociedad y de fortalecimiento de democracia interna se ha transfigurado en el artificioso argumento de la sana distancia del gobierno. El PRI requiere definir con mayor claridad su identidad, su relación con el poder público y con la sociedad que asume representar.

Se aproxima la Asamblea Nacional del PRI. Uno de los dirigentes más representativos ha resuelto renunciar a la dirección nacional a manera de asumir responsabilidad de una derrota que no le atañe. Se perfila a llegar un joven que en su carrera política y partidaria se ha caracterizado por impulsar un cambio de paradigma en el Revolucionario Institucional. Enrique Ochoa tiene un reto mayor. No solo es preparar al partido con vista a la sucesión presidencial, una de las tareas históricas del PRI en la administración del poder, también se requiere darle competitividad en un entorno singularmente adverso.

El liderazgo que demanda el partido es conciliar la unidad partidaria con una transformación profunda, convincente y útil para priístas y no priístas. Sin embargo, sus perspectivas electorales no solo están a la medida de lo que el PRI y los priístas hagan consigo mismos, también es preciso modificar el entorno negativo y hostil que permea al país y al debate político. Es una tarea más del gobierno y con la sociedad. Sí, efectivamente hay problemas y se han cometido errores en el poder que ofenden y lastiman a la confianza y confiabilidad del PRI en el poder, pero también hay logros y activos que se deben a los gobiernos del tricolor, entre otras, una indiscutible e indisputada capacidad para negociar y transformar. En otras palabras, el mayor reto y oportunidad del PRI es disputar de sus adversarios a la derecha e izquierda con seriedad, convicción y credibilidad, el derecho a la esperanza.

La desobediencia

La desobediencia es el signo de nuestro tiempo. Entre sus múltiples manifestaciones, la más primitiva es el desentendimiento de la ley y de los principios básicos de convivencia. Pero también hay algunas que, si bien parecen más sutiles, no dejan de ser impactantes. Me refiero a aquellas expresiones de desobediencia en las que el miedo al cambio es superado por el miedo a seguir igual; las mismas que explican el éxito de las propuestas antisistémicas y su potencial para configurar, en conjunto, una forma de insubordinación.

Una de las bajas del Brexit fue la rebelión de los miembros del partido laborista contra su dirigente Jeremy Corbyn. Perder por poco margen es más doloroso que una derrota franca. Lo es porque reafirma la idea de que cualquier cosa que se hubiera hecho diferente habría cambiado el resultado. En este caso concreto, el sentimiento de fracaso por el mandato mayoritario de salir de la Unión Europea le es cobrado al dirigente. Se asume que una postura más decidida y clara por parte de Corbyn hubiera movilizado a los votantes laboristas a favor de la permanencia. Sin embargo, la interpretación es falaz y exhibe la ceguera de quienes no advirtieron la derrota.

En el caso mexicano, es evidente que lo ocurrido en las elecciones de 2015 y especialmente en 2016 prueba que la desobediencia conlleva el deterioro del voto tradicionalmente leal a los partidos. En el caso del PRI, el partido con mayor proporción de sufragios mínimos consistentes, los números indican que el voto duro se ha reducido a tal extremo que ya dejó de ser un referente de la fortaleza del pasado, incluso cuando fue oposición. Las derrotas confirman que el votante leal no es inmune al sentimiento de desobediencia de esta época.

La desobediencia va de la mano de la insatisfacción y de la indignación. Ciertamente, del lado de la sociedad, ocurre un proceso que conduce a muchos al desencuentro con el estado de cosas. Es una emoción profunda que trasciende las afinidades políticas, lo que explica su impacto en las lealtades institucionales o de grupo. No necesariamente estamos ante un movimiento progresista, incluso puede ser regresivo porque supone el retorno a hipotéticos e ilusorios orígenes o a un pasado de bienestar. De la misma forma, el argumento por el Brexit era alimentado por la idea de la Gran Bretaña imperial, independiente, otrora centro de las decisiones y modelo a seguir. Y lo mismo hace Donald Trump al postular la recuperación del poder con base en una idea de EU como centro autónomo y dominante con respecto a las demás naciones.

Sí, la desobediencia tiene un poder transformador pero también es un factor de riesgo por su propia emotividad y por el impulso manipulador de quienes alientan y se nutren del descontento social. Es un error creer que los inconformes son los más pobres o los más marginados. No, la desobediencia anida en los sectores medios, especialmente en los que tienen un nivel educativo alto no precisamente vinculado a un mayor ingreso. En 2012, los datos de la encuesta de salida mostraban la elevada correlación entre nivel de escolaridad y la tendencia de voto entre quienes dijeron haber votado por AMLO.

La desobediencia no solo refleja el cambio en la base social, también se vincula con el poder y con el orden de cosas. Nuevamente, el ejemplo del Brexit nos resulta útil. Tuvo que ocurrir una crisis de mayores proporciones para que los dirigentes de la Unión Europea entendieran el desencuentro del gobierno regional con las expectativas, percepciones e intereses de muchos ciudadanos, no solo en Inglaterra. El poder asume que muchos temas están resueltos y, por insensibilidad o soberbia, no se detiene a argumentar y mucho menos a convencer. Queda claro que no basta tener la razón; se requiere el examen crítico y la evaluación a partir de la opinión, valores y actitudes –no siempre progresistas- de la población. Esto es evidente en materia de migración; ámbito en el que las decisiones de las autoridades son considerablemente más progresistas de lo que una parte importante de la sociedad está dispuesta a aceptar, sobre todo, las personas de mayor edad.

La desobediencia implícita en los nacionalismos de los países desarrollados cobra relieve como efecto combinado del multilateralismo y de la creciente migración legal e ilegal de las últimas décadas. Buena parte de la población de las naciones poderosas asume que la pérdida de autonomía fruto de la concesión de autoridad a instancias supranacionales, merma la capacidad de decisión propia. Además, sus efectos son interpretados como algo negativo, especialmente por la pérdida de identidad étnica y cultural asociada a la migración. En el ánimo social predomina la percepción de gobiernos débiles o complacientes.

Hay quien asume que en España se ha dado un proceso inverso y que el Brexit empujó a muchos españoles a optar por un partido conservador aun a costa del cambio. La evidencia muestra que, a contrapelo de lo que dice el líder de Podemos Unidos, el Brexit no fue factor relevante en el desenlace electoral. Lo que demuestran los resultados y los errores de las encuestas es que el abstencionismo de los potenciales electores a favor del cambio fue considerablemente mayor al de los votantes del partido gobernante. Como frecuentemente ha sucedido en México, las encuestas españolas fallaron por la dificultad que implica medir las intenciones de voto, no de los electores en general, sino de aquellos que realmente van a las urnas. La desobediencia en España no dio para repetir los resultados que habían favorecido a las nuevas formaciones políticas; de ahí la continuidad del PSOE como principal partido opositor y la prevalencia del PP.

En México, el PAN y el PRD deben entender esta nueva dinámica social y sus efectos en las lealtades partidarias. Es preciso captar con mayor claridad lo que los votantes, incluidos los propios, esperan, demandan y exigen. Muy poco está garantizado y antes de la debacle, deben comprenderse las razones y las causas del descontento. Sobre todo, es fundamental reconocer que el comportamiento de los gobiernos y la forma en la que los partidos deciden acompañarlos, política y legislativamente, serán factores determinantes.

Un mundo sorprendido

“Este referéndum demuestra que los movimientos insurgentes de la política pueden tomar un país. Entramos en una era de una imprevisibilidad insólita y de gran ansiedad.”

Tony Blair

El futuro pleno de incertidumbre, riesgos y desafíos, solo sorprende a quien se ha instalado en la frágil expectativa de la inmovilidad. Los eventos y acontecimientos se precipitan a velocidades inéditas. Todo un reto para la imaginación porque el cambio es la constante. Aquellos que, desde sitios privilegiados participan en las decisiones o responsabilidades, están obligados a enfrentar la realidad con su compleja e intensa dinámica. No hay forma simple de entenderla y los instrumentos convencionales que la describen también están en crisis.

Lo ocurrido el pasado jueves en el referéndum de Gran Bretaña es un hito que conduce al mundo hacia la incertidumbre, y no solo a ese país y a la Unión Europea (UE). Por cierto, no deja de ser una lección útil el que en una de las decisiones históricas de mayor importancia se haya decidido que no hubiera encuestas de salida para anticipar en los medios el resultado de la consulta. Uno de los países con mayor tradición de libertad de prensa y derecho a la información no tuvo inconveniente en esperar más allá de la media noche para conocer el desenlace.

También llama la atención la madurez con la que los estadistas asumen el resultado. Al anunciar su renuncia a partir de octubre, el mismo Primer Ministro ha dicho que el cambio es necesario para que otro gobierno asuma la decisión democrática. La canciller Ángela Merkel, quien tomó la decisión con pesar, reconoce que es un punto crítico de inflexión para la integración europea. El líder de Francia, Francois Hollande, señala que los lazos que unen a ambas naciones obligan a construir una nueva relación que permita mantener la colaboración, y advirtió que lo ocurrido en el Reino Unido ratifica la necesidad de transformar a la UE. En tanto, el Presidente Obama ya dejó claro que tanto la UE como Inglaterra continuarán siendo socios indispensables.

Lo que parece no previó el gobierno inglés, tampoco los promotores de la salida de la Unión Europea fue la respuesta de sus repudiados asociados, quienes en voz del presidente del parlamento europeo Martin Schulz, dijeron que es necesario dar prisa al proceso para que Inglaterra abandone a la brevedad a la UE. Asimismo, resultado del interés de los habitantes de Escocia e Irlanda del Norte, ahora, se reactiva el separatismo en ambas regiones, la primera ministra de Escocia habló sobre un posible referéndum para que Escocia continúe siendo parte de la UE y deje de ser miembro de la Gran Bretaña. Mientras, como se había previsto, Inglaterra transita a una seria crisis económica y política. Queda por saber si quienes votaron por la salida previeron lo que provocaron.

El resultado del referéndum supone serias y abundantes implicaciones políticas para el mundo. En lo que se refiere a México y al mundo, aquí señalamos hace meses que vivimos tiempos antisistémicos. Ello explica que Donald Trump aplauda el resultado separatista y haga propio el ánimo nacionalista que mueve la voluntad mayoritaria. Su argumento es que Inglaterra recuperará su independencia y autonomía, en una implícita referencia a su propuesta de que Estados Unidos redefina su relación comercial, migratoria, política y militar con el mundo.

Debe preocupar –y mucho- el resurgimiento de los nacionalismos de los países poderosos. Es inevitable que se asocien a un sentido hostil a la integración multiétnica con implicaciones xenofóbicas. En gran parte del mundo la democracia y las libertades han ganado terreno; sin embargo, quizás con la diferencia de Alemania, no hay una determinación clara por la inclusión étnica y cultural. Parte del éxito de Donald Trump descansa en su postura xenófoba. El nacionalismo de la ultraderecha gana terreno en Europa: en Austria colapsa el bipartidismo y la ultraderecha se arropa en el patriotismo; en Holanda el partido racista Geert Wilders que propaga el rechazo a los extranjeros, especialmente a los musulmanes, tiene ventaja en las intenciones de voto y en Bélgica, derivado de los ataques terroristas, la extrema derecha cultiva el miedo y el rechazo al gobierno. Otros países de la UE podrían seguir los pasos de Inglaterra.

Desde su propia realidad, en México también es evidente una poderosa inercia ante el cambio, con sus múltiples expresiones y causas. Los niveles de insatisfacción e indignación por el estado de cosas crecen de manera considerable. Esto puede ser un motor de transformación y mejora, pero también implica el riesgo de alentar propuestas extremas que, sustentadas en el odio y la frustración, arrollen lo mejor que tenemos. Las instituciones democráticas como los partidos y los órganos legislativos padecen un severo descrédito. La desconfianza y el disgusto por lo que existe no solo confluyen en los gobiernos, también se trasladan a medios de comunicación, empresas, Iglesias y muchos otros referentes que en el pasado eran factores de cohesión social.

La realidad no debe sorprendernos y la incertidumbre también es fuente de oportunidades. Lo más razonable es identificar las causas del descontento y participar del deseo de cambio con claridad de objetivos y propósitos. En México hay mucho que mejorar y más que construir. La energía que produce la inconformidad debe volverse recurso útil para la transformación del país, no solo en su sentido formal o institucional, sino en la conformación de nuevos hábitos y actitudes que sirvan como aportación para una cultura mejorada de convivencia, libertades y desarrollo.

Para ello no solo basta tener claridad de objetivos, también se requiere un sentido de los límites a fin de que la protesta, la inconformidad o la participación no excedan los cauces de civilidad, ni tampoco sean caldo de cultivo para la manipulación y la construcción de proyectos de odio. Además de plantear los puntos de rechazo, también es necesario valorar lo que se reemplaza y, especialmente, lo que se pretende.

Efectivamente, los desafíos y riesgos que impone la incertidumbre deben ser oportunidad para modificar positivamente lo que existe. Lo necesitamos porque pese a indiscutibles avances como la alternancia en la Presidencia, la desconcentración del poder, la ampliación de las libertades y las reformas en diversos temas fundamentales para el país, hoy por hoy seguimos en un ciclo discutiblemente virtuoso de esperanza y desencanto. El cambio deseable consiste en convertir la inconformidad en fuente de transformación próspera.

La adversidad

“Si no cambias de rumbo, puede que termines exactamente donde te diriges” Lao Tzu

La peor manera de encarar un problema es ignorándolo; la otra es tergiversándolo. Los comicios del pasado domingo dejan inexorables lecciones a interiorizar para los ciudadanos, los partidos, los gobiernos y, también, los encuestadores, a quienes como anticipamos aquí, serían parte destacada del inventario de los perdedores.

Encuestas públicas que no interpretan con autenticidad la intención de voto; campañas de descrédito; el uso excesivo de los promocionales de radio y Tv; los operativos de tierra de las estructuras partidarias; los informativos sin apego a la realidad y a los temas que preocupan, no tienen el poder de desviar el sentido de la voluntad mayoritaria. El domingo pasado quedó acreditado que Los ciudadanos deben confiar en el poder del voto.

Desde hace tiempo el voto ciudadano castiga al partido gobernante. Así le sucedió al PAN cuando detentaba el gobierno nacional; también le ha acontecido en varias gubernaturas, destacadamente, Sonora. El PRI, al ser el partido con más gobiernos locales, es quien más expuesto está ante la ola de insatisfacción, que en no pocos casos lleva a la indignación. No es un fenómeno nuevo y concurren muchas causas para este humor social. Lo que es evidente es que la percepción de corrupción es la causal que más alimenta el rechazo a la continuidad. Recientemente Enrique Krauze se refirió a las razones del desaliento en México: corrupción, impunidad y violencia, a lo que agregaría la formación de una nueva subjetividad crítica con/por la modernidad digital y los efectos de una economía incapaz de proveer satisfacción o al menos esperanza.

El PRI y el gobierno nacional son quienes con mayor acento deben entender las causas del voto adverso. La percepción de corrupción es una causa importante, pero insuficiente. El PRI ha perdido cercanía con la sociedad; ante la adversidad el tricolor tiene la gran oportunidad de apurar su transformación profunda. Todavía es tiempo y el líder actual, Manlio Fabio Beltrones, tiene el talento, la visión y el liderazgo para conducir la cuarta transformación del partido que nació del régimen de la Revolución.

A grandes problemas, grandes remedios. La situación obliga al PRI a verse en el espejo de la difícil circunstancia y con ello a pensar la profundidad del cambio que requiere. El mensaje es inequívoco, de no actuar significaría no solo perder la próxima elección, sino como ya le ocurrió con Roberto Madrazo en el 2006 y al PAN en el 2012, que de ser la primera fuerza política pasaron al tercer sitio de las preferencias en la elección respectiva. Asumir el absurdo de que las elecciones se perdieron por la iniciativa presidencial en materia de matrimonio de parejas del mismo sexo es ridículo y elude la causa real de las dificultades presentes.

El gobierno del PRI ha llevado al país a la transformación más profunda y lo ha puesto al día en muchos sentidos. Pero hay problemas lacerantes que persisten y los ciudadanos no perciben acciones consecuentes. El gobierno debe actuar con más determinación y contundencia frente a la trilogía krauziana: corrupción, impunidad y violencia.

No es mi ánimo restarle mérito a las victorias del PAN, pero son cuatro de siete los gobernadores que llevó al poder que no comparten el proyecto político albiazul. Por otra parte, en esta elección los ciudadanos castigaron, no premiaron, mucho menos reconocieron. No es aconsejable festinar en exceso, especialmente, porque la ola antisistémica a la que hemos referido en este espacio (y que nos permitió anticipar que el signo de las elecciones sería la alternancia) afecta a quien más gobierna. Los ganadores de la reciente batalla, pueden ser los perdedores de la próxima, en especial, si no se mantienen a la altura de la elevada expectativa del voto que los llevó al poder.

El PRD tiene un desafío mayor. Su existencia está de por medio. Ampararse en los triunfos de las coaliciones no tiene sentido y es autoengañarse. Su mayor amenaza es López Obrador, quien desde ahora descarta cualquier acuerdo respecto a 2018. Para salir adelante son dos las opciones: Miguel Ángel Mancera o coalición con el PAN. Lo primero, depende de Mancera y de que a él se le asigne no solo la candidatura, sino la transformación del partido con una perspectiva más allá de 2018. Miguel Ángel Mancera puede ser el líder de la izquierda moderna, inteligente y propositiva. La alianza con el PAN les da tiempo y abre espacio para derrotar a AMLO. No están para poner condiciones y lo mismo será aceptable quien decida el PAN como su candidata o candidato.

A Morena se le acomodan las cosas de la mejor manera. Casi triplicó su votación en la suma de los estados con elección de gobernador y al no ganar gubernaturas lo mantiene como la fuerza antisistémica sin correr el riesgo del desgaste del gobierno. Los triunfos del PAN le ratifican como el polo opositor, visión que ha planteado AMLO como parte de su estrategia por el triunfo en 2018.

Los encuestadores no aprenden. Sabemos que las condiciones del país restan precisión a las encuestas y aun así deciden publicar sin complejo ni reserva. La situación ahora fue peor, porque fallaron las encuestas de salida, elemento fundamental para la certeza y la confianza en las elecciones. A todos confundieron la noche del domingo. No se puede ir en esas condiciones al 2018. Los encuestadores debemos darnos por notificados de la gravedad de esa situación. Los conteos rápidos probaron ser más acertados, precisamente porque no son encuestas, sino un cómputo parcial y representativo. Pero éstos no tienen la oportunidad de las encuestas de salida, ya que dependen de las actas de escrutinio. Si los encuestadores que erraron en las encuestas preelectorales y de salida no dan explicación, al menos sería útil que reconocieran el problema. No son todos, pero sí muchos.

A lo largo de varios meses en este espacio anticipé que las elecciones de 2016 serían un nuevo hito en la historia política del país. El cambio en curso es más profundo y trascendente de lo que la clase política está dispuesta a advertir. La adversidad es oportunidad de cambio, de otra forma se vuelve historia que habrá de repetirse.

Disenso y unidad

Los resultados de las pasadas elecciones han abierto espacio a debates y justificaciones propias del desenlace. Por una parte, el castigo al PRI algunos lo trasladan a la iniciativa presidencial sobre los matrimonios del mismo sexo, otros se refieren al deterioro de la imagen del PRI como partido gobernante, algunos más como rechazo a las campañas negras contra algunos candidatos. La realidad es que no hay una causa única y cada elección local tiene su propia historia y su singular dinámica, aunque también hay circunstancias comunes que debieran llevar a la obligada reflexión sobre la política, el gobierno y sus efectos respecto a las elecciones de 2017 y, muy especialmente, las de 2018.

El deterioro del PRI se refiere a una realidad más amplia, que es el cuestionamiento al partido que gobierna, independientemente de siglas. Así, vemos que en 2015 se pierde por parte del PAN Sonora y del PRI Nuevo León, Querétaro y Michoacán. En 2016 la alternancia se presentó en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. La realidad del voto es que no solo son tiempos que favorecen a los opositores, sino a los opositores más extremos o radicales, aquellos que al menos en la retórica cuestionan al conjunto del sistema y con ello dan cauce al rechazo y a la indignación con la situación existente. Si se pudiese simplificar, el resultado es más un voto de castigo a quien gobierna que de premio o reconocimiento a quien se opone y gana.

Las elecciones de diputados en 2015 no permitieron clarificar el sentido y la magnitud del voto opositor por la forma con la que el PRI y sus aliados encararon la contienda al integrar las listas de candidatos plurinominales y de esta forma maximizar los beneficios de la fórmula de integración de la Cámara. Sin embargo, el PRI por sí mismo, en esa elección, obtuvo 27% de votos menos que en la de 2012. Estos beneficios impidieron dimensionar el tamaño de la pérdida para así haber concretado entonces las medidas correctivas correspondientes, especialmente al partido gobernante.

Es un efecto deseable de la competencia electoral y alternancia el balance y escrutinio al poder. Un resultado adverso es una convocatoria al cambio y a mejorar el desempeño, especialmente si es el voto opositor el protagonista de la contienda. También es un efecto positivo el debate, esto es, la revaloración de lo que existe y la necesidad de apuntalar con mayor acierto lo que se hace, cómo se hace y cómo se comunica.

Para el partido gobernante son tres temas que deben diferenciarse: las decisiones, el proceso para llevarlas a cabo y la manera de comunicarlas o legitimarlas. Así, por ejemplo, las realizaciones más relevantes de las últimas décadas en materia de reformas, acontecidas en los primeros años del gobierno del Presidente Peña Nieto, sus condiciones de éxito llevaron a reducir la discusión y las negociaciones a las cúpulas partidarias y legislativas. No hubo un debate abierto, precisamente para facilitar los acuerdos y el consenso legislativo. Tampoco el gobierno, por la razón que sea, pudo acreditar liderazgo en las transformaciones logradas. Finalmente las reformas se hicieron realidad, su contenido y procesamiento político y parlamentario son historias de éxito; sin embargo, hay un déficit respecto a su valoración por la sociedad y en algunas de ellas, por la natural resistencia al cambio y por la dificultad para comunicarlas, hay un sentimiento de rechazo.

En la circunstancia actual el gobierno nacional y los locales deben retomar estos tres planos del ejercicio del poder: las decisiones, los procesos para acometerlas y la comunicación. Asumir, que el desafío es exclusivamente de esto último es eludir el problema de fondo. Los procesos para acometer acciones exitosas necesariamente incorporan la organización e integración de gobierno y para ello es necesario considerar, además de los criterios propios de la administración como es legalidad, transparencia y control, también el de la eficacia.

Las elecciones de 2016 son punto de inflexión no solo sobre el debate nacional de lo que hace el gobierno y el Congreso, también se refiere a los procesos políticos internos de los partidos con mira a la renovación de poderes nacionales. Así, el calendario político, el real no el formal, impone sobre el gobierno y el Presidente una presión adicional derivado de la planeación de tiempos y decisiones estratégicas ante un proceso político que muestra el inicio del ciclo final.

Es común que en esta etapa de un mandato sexenal ocurra un sentimiento de fortaleza y poder en el ánimo del titular; y por otro lado, también se le presenta su cita con el tiempo, el mensaje es inequívoco: hay que cambiar, mucho y a fondo. Para el caso concreto, se llega al IV Informe de Gobierno, al proceso electoral de la entidad más poblada del país, el Edomex, y de allí el acento en los procesos internos de los partidos para la selección de sus candidatos hacia el 2018.

Las reglas han cambiado; esto ocurre en el tradicional ciclo sexenal de gobierno con sus momentos, etapas y procesos. La prioridad del Presidente debe conciliar lo cotidiano, el proyecto político propio y profundas medidas correctivas, así como las necesidades del conjunto del país y del Estado que él representa. Con independencia de los asuntos de la agenda interna, no se debe perder de vista que el país vecino al norte vivirá su elección presidencial, la que ocurre en un entorno donde hay mucho que cuidar porque es un riesgo serio e inédito. El país y los mexicanos estamos, como nunca en el centro de aquel debate con una carga demagógica nacionalista que merece la más elevada preocupación.

Así, debe tenerse sentido sobre los temas de debate, diferencia y oposición, pero también asuntos críticos que merecen la unidad de todos los mexicanos más allá de las diferencias propias de un país plural y diverso. La unidad nacional no es un ardid del poder para ahogar las diferencias y la crítica, sino un medio necesario, en esta circunstancia, para hacer valer el interés del país frente a las amenazas y desafíos que atañen no a un gobierno, tampoco a un partido, sino a todos y todo.

Campañas en controversia

Por diversas razones las campañas para las elecciones de mañana han sido objeto de controversia; sin embargo, lo importante es lo que suceda al momento de votar; la calidad del proselitismo de partidos y candidatos es discutible. La realidad es que el cambio en la sociedad mexicana es profundo, mucho más de lo que advierten los propios actores políticos.

Mejorar las campañas es tarea de todos; las mal llamadas campañas negras –yo las llamo, de contraste-, subsistirán en la medida en que sean eficaces; si los ciudadanos las rechazan al momento de votar, los candidatos y sus estrategas difícilmente las seguirán aplicando. En sentido contrario, si dan resultados, persistirán. La legislación poco puede hacer, especialmente porque la comunicación, al ser restringida en los medios tradicionales, se ha ido corriendo hacia el ámbito digital y allí el juego es abierto, libre y difícil de normar. Lo mismo puede decirse de la comunicación directa en sus diferentes modalidades.

Lo importante para mañana es que los ciudadanos concurran y voten. Es deseable y sería un gran paso el que los candidatos no favorecidos reconocieran el resultado y si es el caso de inconformidad, procedan a las instancias judiciales para resolver en términos de ley el diferendo y no como un medio para obtener en tribunales lo que los urnas no concedieron.

Estos comicios revisten la mayor trascendencia. Así es porque pone a prueba el nuevo régimen electoral y a sus instituciones. También porque concurren candidatos independientes y las fuerzas políticas que alcanzaron registro en 2015, Morena y Encuentro Social. Las nuevas expresiones del pluralismo hacen que adquieran relieve las coaliciones y también que los triunfos puedan alcanzarse con un bajo porcentaje de los sufragios, precisamente por la fragmentación del voto.

Las encuestas han probado ser instrumentos falibles si no es que erráticos para anticipar el resultado. Casas encuestadoras afirman que los estudios de intención de voto no son pronóstico, pero no es aceptable que los que presentan al público durante los quince días previos a la elección den resultados claramente diferenciados a los que se generen en los comicios. Las encuestas públicas muestran variaciones considerables, también debieran destacar el elevado rechazo de las personas a ser encuestadas y tampoco la no respuesta. Una vez más, es previsible que las encuestas sean parte del descrédito electoral. La industria no se ha pronunciado sobre la inviabilidad de la subcontratación a pesar de los reiterados casos de fraude de campo y de eventos trágicos como el de Puebla, el año pasado, de los dos jóvenes encuestadores asesinados por el tumulto que los confundió con secuestradores, indicativo de la falta de preparación del personal que realiza una actividad de alto riesgo, situación frecuente por la subcontratación.

Las autoridades electorales han cumplido con su tarea. Especialmente el INE ha probado ser una instancia de supervisión y control. Sin embargo, las pretensiones de fiscalización del gasto electoral chocan con la realidad por el gasto electoral no verificable. La fiscalización del gasto, aunque imperfecto debe mantenerse. Lo que sí debe modificarse es el régimen de topes de gasto de campaña, que lo único que propicia es simulación y que una parte importante de las finanzas de campaña no sea objeto de fiscalización.

Las generalizaciones no ayudan y pocos casos han servido para dar una impresión equivocada de lo que ocurre en el todo. Así, por ejemplo, se afirma sobre la intromisión del narcotráfico. No se han presentado casos documentados que sustenten tal señalamiento. En Tamaulipas el PRI decidió retirar el registro a varios de sus candidatos a ayuntamientos por la presión de que eran objeto por los criminales y eso hizo que ganara notoriedad el tema. Esto en forma alguna se compara a lo acontecido en la elección de Michoacán de 2011, en la que el grupo criminal dominante incidió en el resultado al actuar de manera generalizada en los territorios bajo su ilegitimo control. En ese sentido, con la información del caso, las campañas y las elecciones de ahora registran una mejor circunstancia a pesar de la opinión que gana primeras planas y lugares destacados en opiniones e informativos.

El objetivo es elecciones concurridas, ordenadas y en paz. Insisto, es tarea de todos, particularmente de los partidos y sus candidatos, quienes con frecuencia se muestran demandantes y exigentes, pero que con igual regularidad son omisos o indolentes en cumplir con responsabilidad en sus obligaciones y en acreditar un modelo de educación cívica y política.

Los partidos están muy ensimismados en sus tareas electorales y cada vez son más omisos de sus responsabilidades de formación de ciudadanía, tarea que es permanente y que impone cierto sentido de los límites y también aporta un piso de ética necesario para dignificar a la política, dar sentido a la democracia y comprometer a sus funcionarios electos. También los partidos cada vez son más elusivos de su proyecto político fundacional; recurren a lugares comunes que en su imaginario son de impacto a un electorado cada vez más distante y reticente de la política. La crisis es profunda y tal parece que los primeros en dar término a las ideologías son los partidos.

El problema no es que los candidatos no presenten propuestas, afirmación que no se sustenta si se observa lo que muchos de ellos han presentado en sus campañas. La cuestión tiene que ver con la forma de comunicarlo y el pesado escepticismo mediático y ciudadano sobre lo que se propone. El debate no mejora la situación, precisamente porque la propuesta es desplazada por el efectismo y los desplantes de protagonismo individual.

A pesar del escepticismo y de la sordera pública, los candidatos y los partidos deben ser claros respecto a cómo resolver al menos tres problemas fundamentales de nuestra vida pública: corrupción, inseguridad y mala economía.

Mañana será un día relevante para la vida política del país. Las campañas son discutibles, esperamos que las elecciones no, que éstas sean un paso más en la construcción democrática del país, comicios en orden, concurridos y con resultados que acrediten la fortaleza de las instituciones.

Linchamiento al Estado de Derecho

Una de las debilidades estructurales de México es la fragilidad del estado de derecho, especialmente en materia de justicia penal. Esta situación se refiere no solo a las instituciones vinculadas al sistema de justicia, también es un problema social, o para ser más preciso, es de carácter cultural en el sentido de la poca estima colectiva que se tiene de la ley y, consecuentemente, de su cumplimiento. Para muchos la ley es un obstáculo, incluso contraria al interés general. La ley implica obligaciones, pero también es la mejor garantía para el derecho propio o para contener el acto arbitrario, venga de donde venga.

A los hechos delictivos que ya se han vuelto parte del paisaje, se suma lo acontecido en días pasados con el linchamiento de tres personas, presumiblemente secuestradores, en Santiago de Atlatongo, Teotihuacán; este viernes se conoció que la alcaldesa de Chenalhó en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, presentó su licencia después de que pobladores retuvieron al presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez y el coordinador del PVEM, Carlos Penagos a quienes utilizaron como moneda de cambio para defenestrar a la alcaldesa.

Por su parte, el conflicto magisterial en algunos estados del país persiste. Los líderes de estos grupos han promovido el ausentismo y el bloqueo urbano como fórmula de protesta contra una reforma que es ahora parte de la Constitución y que, por lo mismo, ha dejado de ser discutible su aplicación. Los maestros intimidan y los actos de vandalismo, como ha acontecido en otros momentos, son previsibles. Las autoridades, en cumplimiento de su responsabilidad, han resuelto el despido de los profesores que incumplan sus obligaciones en el aula.

El uso de la fuerza pública es la consecuencia del incumplimiento con la ley, especialmente, cuando está de por medio el ejercicio de libertades de terceros. También es inevitable el inicio de un proceso sancionatorio administrativo, laboral o, incluso, penal, según la falta. Mientras persista la impunidad el país vivirá en una de las más perniciosas crisis, la del Estado de Derecho. Ser complacientes con la aplicación de la ley es abrir la puerta a la imposición de unos cuantos sobre el interés general o que prevalezca quien más presiona, vocifera o amenaza.

Respecto a los linchamientos debe quedar claro que la sociedad no puede tomar justicia por su propia mano; la única justicia viable es la que resulta del procedimiento legal y de las garantías que toda persona tiene, incluso el inculpado, el sujeto a proceso y hasta el condenado. No hay atajos para la justicia. El camino de la legalidad es lento y difícil, pero es el más seguro, cierto y conveniente para todos. El linchamiento no ocurre por las deficiencias del sistema de justicia, más bien se presentan por la inseguridad que fustiga y golpea a las personas y familias. La ausencia de una policía de proximidad confiable es una de las mayores insuficiencias del tejido institucional y de la relación de las personas con la autoridad y particularmente con la ley.

La determinación de las autoridades educativas de sancionar a los maestros faltistas es un acto necesario. Es su obligación y es una forma de sancionar a quienes incumplen sus responsabilidades laborales y también afectan a los alumnos. La calidad educativa requiere de maestros responsables, aquellos que asumen con mística su tarea, fundamental para la superación personal, comunitaria y colectiva. No es casual la correlación del activismo magisterial con el atraso social que caracteriza a las zonas donde se presenta. La población y los más pobres son quienes han sido rehenes y víctimas de quienes se asumen redentores de los derechos laborales del magisterio. La realidad es que la reforma educativa elimina la discrecionalidad con la que los líderes de esos territorios definen los derechos laborales y obliga al trabajador de la educación a la evaluación para su estabilidad o promoción laboral.

Es lamentable que con frecuencia la presión social sea en sentido contrario a la aplicación de la ley. Esto ocurre así porque no hay cultura de la legalidad, porque son muchos quienes creen que se pueden resolver los problemas y garantizar los derechos al margen de la ley. No es propio de una opinión pública madura ser complacientes ante el linchamiento, lo que en todo caso le corresponde es dar soporte a las decisiones de las autoridades sobre el cumplimiento de la ley. Por ello es imprescindible que los medios de comunicación y quienes a través de ellos ejercemos nuestra libertad de expresión mantengamos una postura clara e inequívoca sobre el principio de legalidad.

El linchamiento al estado de derecho también se hace presente en la política. La génesis de ello es cuando los mismos actores del proceso democrático cuestionan por igual las reglas, las instituciones y los resultados. Una democracia de malos jugadores es una debilidad estructural que no ha podido superarse a pesar del esfuerzo histórico de dar calidad y confiabilidad a los órganos electorales y que hacen de México ejemplo en el mundo. No se puede ganar ventaja de lo que la democracia ofrece y no asumir las obligaciones elementales que conlleva.

Después de los comicios del 5 de junio el país vivirá un ejercicio obligado de reflexión. Lo importante es que los resultados sean reconocidos por todos los contendientes y los partidos que les postulan. El equilibrio político que se presente será un balance del México de ahora y en este contexto es previsible que los antisitémicos ganen terreno. Sin embargo, la esperanza genuina no puede ser suplantada por el ánimo de venganza pública que resulta del desgaste del sistema de representación y los recurrentes escándalos asociados a la impunidad.

La democracia es la vía para la transformación del país y en su práctica y resultados sirve para el escrutinio al poder a través del ejercicio de las libertades, del debate público y de los equilibrios que se derivan de la pluralidad. La legalidad es su sustento y es imprescindible por lo que viene, que las elecciones próximas signifiquen un precedente que convalide al estado de derecho.

Desafiando el conformismo

El liderazgo genuino depende, en buena parte, de la visión y capacidad del dirigente que busca conducir el cambio hacia mejores circunstancias para todos. La resistencia es inevitable y plantea un serio desafío por la incertidumbre que conlleva y porque cuesta  abandonar la cómoda zona de la costumbre y lo conocido. Lo cierto es que, ante una realidad dinámica, la inacción es la peor alternativa. La eficacia de un sistema está asociada a la posibilidad de participar activamente en sus procesos permanentes de adaptación.

El cambio es la constante. México ha transitado de manera más o menos exitosa hacia las nuevas exigencias. Con o sin democracia y más allá del consenso, el régimen político ha mostrado capacidad de reforma. De hecho, algunos de los problemas actuales más severos como la inseguridad y la desigualdad se derivan de la inmovilidad institucional que caracterizó buena parte del periodo comprendido entre 2000 y 2012. Por ejemplo, si la reforma energética hubiera ocurrido dos décadas antes, habríamos visto un crecimiento exponencial de los beneficios económicos debido a los elevados precios del petróleo de aquella época. En cambio, lo que ocurrió fue un severo incremento del gasto corriente y una baja inversión en infraestructura económica, social e institucional.

Los cambios institucionales han sido más correctivos que preventivos, a diferencia de lo que aconteció con la reforma política de los años 70. Con las modificaciones recientes, el país se puso al día en el sentido formal de la expresión; sin embargo, hay un rezago en la implementación y en el impacto de los cambios. Así, pese a la institucionalidad democrática moderna, no hay suficientes jugadores que suscriban y practiquen los valores y principios de la democracia; incluso, ya lo he dicho en este espacio, hay un tangible déficit de ciudadanía. La vieja práctica de desconocer el resultado adverso persiste como uno de los ejemplos más perniciosos de esa insuficiencia cívica.

Lo mismo se puede decir en materia de seguridad y rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. La crisis de legalidad es uno de los mayores retos para la modernización del país y esto se hace patente en las inaceptables tasas de impunidad, en el desapego generalizado a las reglas y en la convicción de muchos de que por los atajos de la ilegalidad se gana más y se arriesga menos que con la observancia de la ley. No hemos generado todavía los incentivos y sanciones que promuevan el cumplimiento con la ley.

Así, por ejemplo, estamos ante la coyuntura de una minoría de trabajadores de la educación, muchos de ellos profesores, que incumplen con la obligación legal y moral de trabajar. Líderes irresponsables los llevan a abandonar el aula a un costo muy alto. La impunidad es la premisa que permite que unos y otros incumplan su deber. La convicción de que no habrá sanción legal los hace actuar a contrapelo de sus elementales obligaciones como trabajadores de la educación. La SEP como autoridad debe sancionarlos como una consecuencia necesaria de su omisión. Ahora, frente a la amenaza de los radicales, las autoridades deben contar con el respaldo público para poder avanzar hacia una nueva realidad de todos y para todos: el cumplimiento con la ley.

Avanzar al futuro no es tarea simple ni sencilla. Por fortuna se dieron pasos significativos en muchas áreas importantes; sin embargo, se requiere ir mucho más allá de la ley para que el cambio cobre realidad y vigencia. Por mencionar un caso, próximamente se cumplirá el término para la ejecución del nuevo sistema de justicia penal pero en los hechos serán muy pocos los estados que estarán en condiciones de cumplir los términos de la reforma constitucional.

Una de las mayores urgencias tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los municipios y de los gobiernos locales. Ni la recriminación ni el voluntarismo nos llevarán al cambio. Sí, es cierto que hay un rezago importante que se traduce en problemas serios como la venalidad, la inseguridad y la ineficacia de los gobiernos para proveer los servicios que demanda la sociedad. A esta debilidad se debe el problema de la violencia y la impunidad. El conflicto  no se resuelve desde el centro, bien con policías de excelencia o mediante la presencia de las fuerzas armadas en apoyo de autoridades civiles; se requiere una policía eficaz preventiva y de proximidad. Hay numerosas evidencias exitosas de tal empeño pero hacen falta recursos económicos y de continuidad en los procesos virtuosos de la administración pública estatal y municipal.

El Presidente Peña Nieto presentó recientemente iniciativas sobre dos temas altamente sensibles y de difícil consenso: el matrimonio de parejas del mismo sexo y la legalización de la marihuana para usos medicinales. Estas cuestiones no solo deben ser valoradas en lo sustantivo, también en lo formal. No puede ser que unas legislaciones locales mantengan un criterio y otras lo contradigan, pues no es cuestión menor el derecho de familia. No se trata de un asunto civil o individual, sino social y humano. Por ello debe haber una legislación común, de ahí la necesidad de una reforma constitucional que, para el caso concreto, garantice a las personas un derecho igualitario para contraer matrimonio, un criterio que, valga señalar, ya fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con menos resistencia, aunque también con difícil consenso, está pendiente la legislación sobre el uso medicinal de la marihuana y la despenalización de su consumo. Se sabe bien que es la etapa inicial para abandonar el enfoque persecutorio que en las últimas décadas ha dominado la lucha contra las drogas sin mostrar virtud o eficacia; al contrario, ha generado violencia y ha favorecido que el crimen opere el circuito comercial relacionado.

El país debe continuar por la senda del cambio. Las diferencias propias de la diversidad ideológica, social y política no deben impedir este proceso sino darle curso, en forma tal que pueda convalidar lo mejor que tenemos. La transformación no debe ser fruto del desencuentro sino de una legítima aspiración de progreso.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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