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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Sudhir Venkatesh: “Líder de la pandilla por un día”

Sudhir Venkatesh: “Líder de la pandilla por un día”

En esta tercera entrega del reto de Mark Zuckerberg nos damos cuenta que una de las riquezas que tiene la propuesta es el contraste y amplitud de los temas, así como el nivel de su profundidad, pero que al mismo tiempo coinciden entre sí los tres títulos recomendados hasta ahora, por ser recuentos heterodoxos del análisis social contemporáneo.

Sudhir Venkatesh, con una mirada íntima de la realidad del barrio, nos introduce a la cultura urbana estadunidense, nos sumerge en el mundo de los llamados black and blue, de las pandillas, de la prostitución y la delincuencia. El libro es una minuciosa estampa, desde un entramado sociológico y etnológico, de la cotidianeidad callejera de la ciudad de Chicago, pero es también la compleja historia de cómo un joven académico logró infiltrarse en la vida íntima de una banda urbana de Chicago volviéndose parte de la misma. El joven sociólogo quedó inmerso durante siete años en el andamiaje de la actividad de las pandillas, la delincuencia juvenil y el crimen, para mostrar con su estudio la enorme fisura social que existe en las comunidades estadunidenses.

Venkatesh, desde 1989, por cierto un año en el que se tambalearon las ideologías y se planteó el fin del mundo bipolar; se pregonó el fin de la historia a partir del triunfo del capitalismo ante el desplome del socialismo de la Europa del Este regresa a los engranes del capital para plantearse la pregunta sociológica: ¿qué se siente ser negro y ser pobre en la ciudad de Chicago? Pregunta que bien podría expandirse a todo Estados Unidos y que evidencia la llaga permanente de la discriminación, el racismo y clasismo en nuestros días.

El hoy destacado profesor de la Universidad de Columbia puso en duda los cánones del discurso científico que se fundamentan en las encuestas de opinión y el análisis estadístico como única manera de describir la subsistencia de la pobreza, volviendo a los sofisticados métodos de sus predecesores, utilizó un enfoque etnográfico que buscó tocar fondo en la vida de los suburbios. No se trata de quitarle valor a los elementos clásicos de la sociología; se trata, más bien, de flexibilizar los llamados “datos duros” desde una propuesta que incorpore el sentir humano. Hoy sabemos que la credibilidad y la certeza de los instrumentos de medición han crecido, porque quienes las aplicamos sabemos el sentido del contexto frente al margen de error.

El autor, de origen hindú, obtiene una muestra de la vida de los llamadosreyes negros y su líder, el despiadado y carismático J. T. Se retratan así enfrentamientos mezquinos y fallas endémicas en un grupo criminal que comprenden 250 efectivos mal remunerados, sin educación y violentos. Sin duda alguna, Venkatesh quedó seducido por la vitalidad del mundo de las pandillas y esto le permitió tener información a partir de una observación participante metódica y cuidadosa de las relaciones de estos grupos, como ya antes lo habían planteado Malinowski, Mead y Boas.

El libro, Líder de la pandilla por un día se convirtió en un parteaguas en la reciente historia del análisis social, ya que se colocó en el vórtice de lo metodológicamente ambiguo. La relación investigador-objeto de estudio se muestra más cercana, más vívida, más real. La relación análisis-investigador es también la historia entre Venkatesh y J. T.: dos jóvenes ambiciosos en mundos disímbolos.

Sudhir Venkatesh lleva a cabo su estudio en un complejo de viviendas públicas en Chicago, una comunidad extremadamente necesitada y caracterizada por altas tasas de desempleo, delincuencia, consumo de drogas y malestar social. El conjunto de los Robert Taylor Homes, construidos a finales de los años 50 del siglo XX para albergar a la gran población de afroamericanos pobres de esta ciudad, se convirtió rápidamente tanto en un hito arquitectónico de la ciudad como en el ejemplo para la vivienda pública fracasada.

Otro acierto del texto en cuestión, es su capacidad para aproximar a los lectores al entendimiento de que los habitantes de los Robert Taylor Homes llamaban a este espacio “su hogar” y así se despliegan muy cercanamente y con simpatía personajes como Clarisse, la prostituta inteligente; la señora Bailey, la principal rival de J. T.; C-Note que adquirió su apodo debido a su conocimiento de las 100 maneras para hacer cien dólares, y también T-Bone el contador nerd de la pandilla, quien dio a Venkatesh más de cuatro años de datos financieros que describen meticulosamente la economía del crack y su tráfico. El recuento permanente de la vida de los jóvenes negros (los soldados deJ. T.) que arriesgaban su vida vendiendo drogas a cambio de un salario menor de lo que ganarían trabajando en cualquier empresa de comida rápida, recorre las 302 páginas del libro.

El analista social da cuenta que el ex presidente Bill Clinton, —quien recientemente visitó nuestro país e hizo un interesado mea culpa, público, poco común en los estadistas de nuestro tiempo— apoyó el uso de la policía con “redadas” e hizo factible la orden judicial para que el Departamento de Policía de Chicago usara estrategias arbitrarias y represoras para combatir los problemas de las pandillas y las drogas; mientras que la American Civil Liberties Union (ACLU) y otras ONG denunciaron las redadas como una violación de los derechos constitucionales. Clinton sostuvo que el derecho a la “libertad del miedo” era más importante y que, además, el flagelo de las pandillas callejeras requería medidas extraordinarias.

El proyecto de Venkatesh muestra hombres y mujeres que fácilmente transitan entre las economías legales e ilegales dependiendo de quién paga más. El autor señala que los traficantes de drogas aspiran a comprar las pequeñas empresas y sus subordinados se mueven entre los puestos de trabajo legítimo, el mercadeo de drogas y la prostitución. La confianza de una comunidad y los instrumentos de derecho han erosionado la distinción entre lo legal y lo ilegal, la moral es ambigua para devenir en una comunidad pragmática siempre atenta al mejor postor, lo que algunos justifican como supervivencia y otros definen como la caótica factura de un capitalismo en desgaste.

Sudhir, el héroe de su propia investigación, tiene ocasionalmente remordimientos de conciencia, porque está participando en lo que bien podríamos llamar una pornografía del gueto, ya que con una mano solo es testigo de los delitos que se cometen y con la otra traza los excitantes detalles de la vida misma del gueto. Así Venkatesh tiene dos realidades la del sociólogo que vive hacia fuera y hacia arriba y la del participante de la pandilla que mira hacia adentro y hacia abajo.

El paisaje de fondo de la obra de Venkatesh es la política ya que no se puede explicar los movimientos de las pandillas sin el conocimiento y el flirteo del Estado. Para nosotros es interesante conocer la idea que tienen los integrantes de estas bandas respecto de los mexicanos con los que conviven. Nos dice, por ejemplo, que los mexicanos no le tienen temor a nada, se matan entre ellos en prisión y que el idioma “mexicano” es un código ante los afroamericanos más poderoso que el llamado black power. En algunos momentos las pandillas de negros y mexicanos llegan a ser rivales por el control de la calle, pero los mexicanos siempre tendrán la alternativa de la frontera.

Sudhir Venkatesh a pesar de su cercanía con los grupos que analiza logra trascender el estereotipo ideológico para enseñarnos una cruda realidad que se antepone ante el boom y la industria de la llamada “narcocultura” que pretende exaltar a individuos que han sido protagonistas de la historia por su carrera criminal y maquillar su comportamiento violento como un fenómeno social “admirable”.

Un pequeño paso de Zaldívar, un gran salto para México

“Lo que los jueces han forjado es un golpe de Estado, – de movimiento lento y gentil, pero un golpe de Estado, al fin y al cabo”  Robert Bork

La Corte ha sido protagonista de un paso histórico al conceder amparo para la producción, procesamiento y consumo de mariguana con fines recreativos. En algún sentido, la decisión mueve a muchos al orgullo y a la glorificación. Sin afán de atenuar los trascendentales efectos del fallo, es importante advertir que la función de la Corte es salvaguardar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad, no así la de definir políticas públicas, lo que corresponde al Gobierno y al Congreso. No es cuestión de formas sino de algo mucho más relevante: el sentido de la representación democrática y la responsabilidad de los Poderes de la Unión según la división que corresponde. Reitero, los cambios no pueden lanzarse por la ventana y procesarse en el traspatio.

El tema de las drogas es global; somos vecinos del país más poderoso y principal consumidor de todo, incluso de los estupefacientes  que se producen o transportan en el territorio nacional. Del 19 al 21 de abril está programada una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que abordará el tema de las drogas. Es secuela de un largo debate y de las metas definidas en 2009 en “La declaración política y plan de acción de cooperación internacional hacia una estrategia integral y balanceada para enfrentar el problema mundial de las drogas”. Será el mejor escenario y ocasión ideal para revisar la fracasada política de más de medio siglo. Como acción compartida y corresponsable, los países ahí reunidos están obligados a asumir una postura más realista y eficaz ante el problema.

El gobierno también tiene que velar por la salud pública y no solo enfocarse en las drogas ilegales. El reporte más reciente sobre adicciones muestra que la amenaza principal es el alcoholismo. Hay que rescatar del mundo de las adicciones a nuestras escuelas y a nuestros espacios públicos, especialmente aquellos donde concurren menores, jóvenes y familias. Ello exige una actitud de prudencia que ahora no es perceptible entre quienes promueven la apertura hacia una franca legalización. Mucho se ha hablado de regular la mariguana y las grandes líneas están expuestas, pero todavía hay un debate sobre los pormenores. Las modalidades de control, producción, comercialización y consumo son múltiples y bien merecen discusión amplia.

La inexplicable omisión apunta a los partidos políticos y a las fracciones parlamentarias; la ausencia de los legisladores en el tema llevó a la Corte a tomar un rol de hacedores de política pública que no le corresponde. Sería saludable que los partidos dejaran, abierta y explícitamente, en libertad a sus miembros o representantes populares para que se pronuncien al respecto. El tema sí toca puntos de conciencia pues están de por medio cuestiones como las libertades, la salud pública y la seguridad. Mi recomendación es que las Cámaras federales convoquen a una amplia discusión sobre la materia con una agenda temática centrada en las particularidades para así darle a la representación legislativa el espacio natural de deliberación y propuesta que le corresponde.

Es una cuestión de liderazgo en medio de una sociedad dispar. Por una parte, la mayoría no apoya la legalización de las drogas para efectos recreativos, ni siquiera la mariguana, pero tampoco está a favor de la criminalización de los consumidores. Con toda razón, a esta generalidad le preocupa -y mucho- que la permisividad llegue a los menores, sector donde la evidencia médica de los efectos es insoslayable.

El liderazgo no consiste en acomodarse al prejuicio. Gobernar o hacer política para la tribuna es un recurso muy alejado de la responsabilidad. Al respecto ha habido de todo: voces convencidas y honestas que rechazan la legalización de las llamadas drogas blandas; otras, yo entre ellos, que asumen que un cambio en la materia no solo es consecuente con las libertades sino una fórmula para abatir la violencia y la criminalidad asociada, además de oportunidad para promover un mejor y mayor control público de la producción, comercio y consumo. Al centro hay una mayoría que tiene dudas sobre uno y otro argumento; los duros de opinión son minoría y por ello es necesaria más información y deliberación. Mucho daño ocasiona el también patente oportunismo y la hipocresía de quienes eluden postura invocando el debate.

La realidad actual es insostenible. Urge una revisión a fondo que debe hacerse de manera compartida, abierta y razonada. No es un tema de partidos, es asunto de principios, de razones e información que también implica al mundo exterior. México tiene motivos fundados para reclamar un cambio profundo. El país ha sido seriamente lastimado por el infierno asociado a las drogas. La violencia se ha disparado de manera dramática, ha puesto en jaque a las instituciones públicas y ha alterado los términos de convivencia entre personas y familias. Soy de la opinión de que el gobierno de la República asuma un mandato claro e inequívoco de cambio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril próximo. Como lo ha señalado el expresidente de Colombia, César Gaviria, México y su Presidente tienen autoridad en el mundo para demandar un giro en la forma en la que se ha atendido el tema de las drogas y las adicciones.

El tema da para mucho pero hay acciones que no soportan demora. Una de ellas atañe a las autoridades locales y municipales, así como a las educativas, obligadas a blindar los espacios públicos ante la amenaza de las drogas y adicciones. También los medios de comunicación deben asumir una responsabilidad más abierta y activa al respecto. El asunto plantea una espléndida coyuntura para crecer y madurar. Una decisión jurisdiccional bien puede ser el detonador de un nuevo momento, idóneo para que la sociedad, el gobierno y la política logren un positivo reencuentro y consumen una fructífera reconciliación.

La mota atrapada entre la Corte y el Congreso

De manera sorpresiva y por la puerta trasera, ha iniciado en el país un debate sobre la mariguana. Se discute la legalización de su producción, procesamiento y consumo con fines recreativos. El debate no fue provocado por el gobierno ni por los partidos en un ejercicio de consulta; y tampoco se originó en alguna de las Cámaras federales. La discusión pública sobre el tema ha sido motivada por la resolución que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia a partir del proyecto del ministro Arturo Zaldívar  que busca declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley General de Salud que sirvieron de base a la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios para, negar a un grupo de particulares  agrupados en una Asociación Civil, un permiso de cultivo, procesamiento y consumo de mariguana con fines recreativos. El ministro Zaldívar propone conceder protección jurídica a los quejosos con fundamento en la libertad individual, pero sin dejar de prohibir el comercio del enervante.

Este debate es oportuno, necesario y útil. Lo es como didáctica democrática pues las decisiones importantes deben ser precedidas por expresiones públicas, puntos de vista, reflexiones e inquietudes, mucho más cuando se trata de un tema central que involucra preocupaciones muy relevantes asociadas a la salud pública, a las libertades y a la violencia derivada del comercio ilegal de estupefacientes. Como es de esperarse, las opiniones son múltiples, diversas e incluso incompatibles y opuestas. Pero más allá de posturas inamovibles por principio o por convicción, la deliberación siempre será bienvenida.

La Corte pospuso la decisión por una semana. Es necesario escuchar más argumentos aunque los ministros no deben decidir en función de la opinión pública o la de expertos en temas de salud o seguridad. La resolución es estrictamente jurídica, se trata de determinar si el argumento del ministro ponente convalida la violación a la Constitución que argumentan los quejosos y, por lo mismo, si la justicia federal debe proteger a esos particulares específicos que instauraron Juicio de Amparo frente al acto reclamado. Debe quedar muy claro que aunque la decisión solo atiende a los quejosos, el precedente judicial, de sostenerse en casos semejantes, se volvería rector en decisiones judiciales subsecuentes.

Este es, precisamente, uno de los temas controversiales más allá del sentido de la resolución. Es decir, lo que se está juzgando en la Sala de la Suprema Corte, no es la conveniencia o las consecuencias de la decisión, sino exclusivamente la legalidad o constitucionalidad de los actos de autoridad que sancionan a los particulares cuando producen o consumen mariguana. En este sentido hay un desenfoque del debate. En los distintos foros donde se comenta el proyecto del ministro Zaldívar, casi todas las opiniones se refieren a las bondades o perjuicios de descriminalizar la producción o consumo de mariguana, mientras que la deliberación en la Corte es de constitucionalidad de las normas que impiden cultivar, procesar o consumir mariguana.

Cierto es que la postura dominante en términos de restricción de producción y consumo de mariguana está bajo revisión aquí y en todo el mundo. La legalización de la mariguana para efectos recreativos o medicinales es un tema en boga y cada vez son más los países o las partes de la federación norteamericana que se pronuncian por la descriminalización. Es un asunto polémico pero tiene importantes implicaciones para México por el considerable costo humano, institucional y económico que implica el esfuerzo para impedir el comercio de drogas a EU mientras ese país se mueve, lenta pero consistentemente, hacia la liberación de la producción, comercio y consumo de mariguana.

Muchos de quienes apoyamos la apertura en la materia, lo hacemos porque la situación actual no es virtuosa en sentido alguno. La guerra contra las drogas ha fracasado, el consumo es elevado y el control inexistente, lo que ha propiciado que quienes hacen negocio y resultan beneficiados sean criminales dispuestos a todo. También nos preocupa la simulación, esto es, la posibilidad de que una medida progresista y liberal se desvirtúe en el camino.

Pero mi preocupación fundamental ante la determinación de la Corte sobre la mariguana es saber si corresponde a un órgano jurisdiccional una definición que más bien atañe a quien tiene la representación democrática, los legisladores. No comparto la idea de que el juez actúe como legislador o hacedor de política pública, menos en un sistema de Constitución flexible, en el que los precedentes judiciales que interpretan la Carta Magna se tornan en actos legislativos de facto. Es cierto que la resolución del caso solo se refiere a quienes están invocando la protección de la justicia federal, pero también es cierto que de repetirse el sentido de la resolución se volverá norma.

Por supuesto, tampoco es deseable que sea la autoridad la que defina derechos y obligaciones en exceso de lo que la ley establece y que lo haga a través de actos administrativos como es la reglamentación. De hace tiempo en materia electoral ha habido abuso al respecto no solo por el IFE o INE. También ocurren excesos cuando una autoridad municipal, local o federal a través de una circular, reglamento o disposición administrativa determina derechos y obligaciones y, en ocasiones, hasta sanciones que no están en la ley.

Es explicable que si la ley no puede prever todos los supuestos de aplicación, la facultad reglamentaria o la interpretación judicial se vuelven recursos útiles para resolver lagunas, contradicciones entre normas y otros casos de incertidumbre o conflicto legal. Sin embargo, en un caso concreto, como el que ahora se comenta, considero que es al acto legislativo y a un órgano representativo de la pluralidad, o sea, los legisladores, a los que corresponde definir el descriminalización de la mariguana.

Por ahora, los quejosos específicos que interpusieron el juicio de Amparo en cuestión, tienen derecho a la justicia y a que la Corte se pronuncie con respecto a la constitucionalidad del acto que están reclamando. Lo demás será relevante para que el legislador asuma su responsabilidad frente a la ley general de salud y, eventualmente, para abrir un espacio de deliberación y determinar, en función de la representación mayoritaria, el debido sentido de la ley en materia de legalización de la producción, procesamiento y consumo de mariguana.

Los mejores de Habla Hispana C&E/MX/2015

La dolorosa lección de Ajalpan

El país ha cambiado profundamente en las décadas recientes. La inseguridad a todos nos afecta. En muchos sentidos, la búsqueda de  protección conduce a la modificación de las condiciones de vida y de las formas de  trabajar y relacionarnos. Las personas y sus familias sufren las consecuencias. Las autoridades más próximas a los ciudadanos también son objeto de intimidación, extorsión y coacción por parte del crimen. Por ello, la instauración del mando único policial es una de las muchas acciones que deben emprenderse para encarar  la nueva realidad con mejores resultados. El miedo nos ha robado la tranquilidad y el sosiego al que todos tenemos derecho. Hay que exigir, pero también hay que exigirnos. La denuncia es obligada; de otra manera, la impunidad hará que los hechos no trasciendan ni siquiera a las estadísticas criminales.

La noticia de dos jóvenes encuestadores linchados  hasta la muerte en Ajalpan, Puebla, es un hito más de esta historia trágica. Las poblaciones son rehenes del temor y de la desconfianza. Un acto común, como es el trabajo del encuestador, un rumor y un azuzador pueden detonar un implacable tumulto contra jóvenes inocentes y sin oportunidad para acreditar su auténtica condición. Los “secuestradores roba-niños” no fueron objeto de juicio; su ejecución inmediata y pública es un estúpido y contraproducente acto de venganza social. La justicia por propia mano constituye un hecho criminal de autodefensa fundado en la ausencia de ley, de Estado y de autoridad.

Las autoridades tienen su responsabilidad, pero también la sociedad misma. En el caso concreto es evidente que también queda implicado quien contrató y mandó a los jóvenes a una circunstancia de riesgo sin deparar las consecuencias. Quienes estamos en la industria de la opinión pública tenemos un catálogo múltiple de experiencias que exhiben el cambio: encuestadores amenazados, retenidos, golpeados, encarcelados, secuestrados, etcétera. Hacer  encuestas de campo es una actividad de riesgo, no solo por los traslados y los peligros propios del proceso de entrevista, sino por las circunstancias especiales que prevalecen en ciertas regiones del país, urbanas y rurales, ricas o pobres.

Nos cambió el mundo y las cosas no volverán a ser las mismas. Ignorar este trance puede implicar riesgos mayores. Para muchos, los términos de la convivencia y del esparcimiento cambiaron, como lo muestran los estudios sobre la materia. Ante la pérdida de paz, el hogar se volvió refugio. Es cierto que se han ganado importantes batallas, como las libradas en La Laguna, Nuevo León, Nayarit, Ciudad Juárez y muchas otras más, pero el miedo persiste, como se hizo patente en Puebla.

Las empresas de estudios de opinión también han sido sacudidas por estos efectos del crimen; sin embargo, la mayoría no atendió la alerta que se activó en 2008 con el secuestro de encuestadores en Michoacán. Tampoco se tomó nota del por qué las encuestas cada vez eran más erráticas a causa de las deficiencias del trabajo de campo. Y es que el modelo de subcontratar requería de revisión profunda. Ser encuestador es una actividad profesional, especializada y que debe desarrollarse con estricto apego al método para así obtener resultados confiables y evitar situaciones críticas o de riesgo.

La inseguridad pegó directo al punto de partida de los estudios demoscópicos: la entrevista con el encuestado. El rechazo a ser entrevistado aumentó, también las respuestas no veraces. Llegar a los domicilios se volvió más difícil y en algunas zonas riesgoso. Por razones estrictamente de costos se continuó subcontratando el campo, aunque se sabía que había bajado la calidad y el perfil de los encuestadores. En lugar de los ex empleados del INEGI de hace décadas, los llamados camperos contrataban parientes, estudiantes o personas a quienes se les pagaba poco por un trabajo difícil, complejo y ahora riesgoso. El mercado no castigó y la autocomplacencia ganó terreno.

Es bueno que las empresas dedicadas a los estudios de opinión y sus asociaciones exijan a las autoridades garantías y, para el caso en cuestión, acciones ejemplares. Pero hay que ir más allá, debe haber un poco de honestidad y gran dosis de autocrítica para reconocer que el trabajo no puede continuar de la misma forma y que las nuevas circunstancias llevan al agotamiento del modelo de la subcontratación de servicios sin resolver el tema de la profesionalización.

Esto significa que el trabajo del encuestador, como cualquier profesión y más si se trata de una actividad de riesgo, requiere adiestramiento y capacitación adecuada para ganar la confianza del encuestado y detectar situaciones de potencial amenaza. Entre los recursos esenciales destacan: uniformes, capacitación especializada, identificación, monitoreo y, de ser posible, dispositivo móvil con aplicación especializada para asegurar cobertura de rutas, control de entrevistas y un esquema general de seguridad y control. Los agentes que realizan la encuesta tienen derecho al seguro social y a la protección laboral que corresponde a su actividad.

Considero que la amarga y aterradora experiencia de días pasados es una llamada de atención para todos, incluidos quienes nos dedicamos a esta tarea. Tenemos que entender que la violencia demanda una visión preventiva ante situaciones de riesgo por parte de las autoridades, pero también de la sociedad. La complacencia es inaceptable porque literalmente puede llevar al infierno a los eslabones más débiles de la cadena social: menores y adolescentes, mujeres jóvenes, nuestros adultos mayores y, para el caso que nos ocupa, a aquellos que buscan ganar unos cuantos pesos sin advertir que están optando por una actividad especializada e insegura.

Si bien este ejercicio didáctico no resuelve el problema, sí ofrece un espacio de defensa frente al horror que acompaña este momento trágico de violencia y crimen. Para todos es deseable dejar atrás, de manera pronta y contundente, la percepción y el sentimiento que ahora invade a casi todos, en muchas partes. No podemos ser rehenes de nuestros miedos ni debemos ser indiferentes o ingenuos ante la realidad, especialmente cuando nuestras acciones u omisiones afectan a los más frágiles del espectro social.

Educación y Estado

La trascendencia de la reforma educativa es reconocida por todos. Los alcances en la Constitución revisten la mayor importancia para las próximas generaciones y para el futuro de todo el país. La educación es el vehículo más poderoso para llegar al destino de una sociedad transformada. Es fundamental para cultivar la igualdad y la libertad. Sus buenos efectos se extienden a todos los campos: economía, seguridad, justicia, equidad y democracia. Por décadas, el país ha aspirado a una educación pública de calidad pero, a falta de ella, hasta ahora los resultados no son tan alentadores. Las evaluaciones nacionales e internacionales así lo muestran.

Mejorar la educación es política de Estado. Todos los gobiernos han hecho un esfuerzo serio y la cobertura puede apreciarse como un logro importante de tal empeño. Esta vez, lo singular ha sido la reforma educativa y el fortalecimiento del Estado frente al poder gremial y ante el deterioro de la calidad educativa provocado por malas prácticas y la desatención de gobiernos hacia sus responsabilidades, incluyendo la referente a infraestructura.

Los mayúsculos y ambiciosos proyectos tecnológicos, de muy elevado costo, por cierto, no se corresponden con instalaciones educativas precarias e incluso en franco abandono. Mantener y modernizar los edificios escolares y su mobiliario son tareas necesarias y urgentes, como también lo es abatir el analfabetismo que persiste en el país.

La agenda por la educación pública es diversa pero lo más importante ya se logró: el cambio en la Constitución para impulsar una transformación que concilie cobertura y calidad. También hay que reconocer que el éxito en el nivel básico y las razones propias de demografía han significado una fuerte presión para la educación media superior y superior. Nuevamente, el gigantismo, teniendo a la improvisación como cómplice,  acelera el deterioro de la calidad educativa y la proliferación de opciones educativas francamente fraudulentas.

Por ahora, lo urgente es llevar la transformación educativa al terreno de la realidad. Los profesores son objetivo, pero igualmente deben serlo las instalaciones educativas y los programas y técnicas de estudio. El SNTE ha sido consecuente y es hoy un activo importante para conducir la reforma a buen destino. Es explicable el temor de los trabajadores pues, si bien no afecta sus derechos laborales, el concurso y la evaluación son parte importante de la reforma. El cumplimiento de las obligaciones y la superación de los mentores son cimientos de la estabilidad laboral.

A tres años de su aprobación, la reforma educativa solo es abiertamente rechazada por un sector minoritario y que, lamentablemente, se enquista en zonas muy pobres del país. Aquellas donde la calidad de la educación es sumamente baja y la resistencia a la mejora educativa es más evidente. Afortunadamente, en Oaxaca, el gobierno local y el federal han tomado decisiones para corregir una situación que desde hace décadas dejaba el aparato educativo en manos del sector más radical e intransigente del gremio, con la ventaja adicional de tener una fuente de  recursos económicos para financiar movilizaciones y acciones ajenas al genuino interés de los maestros. Este gobierno federal logró el cambio que cuatro administraciones no pudieron conseguir.

La expresión más relevante de la voluntad gubernamental es la postura del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, de validar la reforma educativa frente a la embestida de la CNTE. La claridad y la firmeza han abolido la indebida práctica de convertir a los gobiernos en rehenes del chantaje, a través de la movilización y los paros educativos. El daño infligido en los últimos años a alumnos y familias de una de las regiones más pobres del país, es inconmensurable y, a todas luces, inaceptable. No se requiere criterio de la Suprema Corte de Justicia pare entender la superioridad que el derecho a la educación tiene sobre las irrisorias demandas de la CNTE, incluida la suspensión de la reforma educativa.

Es fundamental que el Estado mantenga una postura firme frente al ausentismo magisterial, aplicando las medidas consecuentes. Solo así los trabajadores entenderán que la CNTE no solo ha perdido el control de los recursos y la inmunidad contra sanciones, sino que ahora, sus órdenes los perjudican y, eventualmente, los pueden hacer perder su empleo, consecuencia natural de la falta injustificada que se aplica en cualquier empleo o actividad.

La encuesta de GCE, levantada el jueves en Oaxaca y a nivel nacional, es reveladora del sentido de la opinión pública acerca de este tema: la evaluación de los maestros, punto medular de la reforma educativa, fue apoyada por más de 80% de los encuestados. También destacó el rechazo a las movilizaciones a costa de los alumnos y  se aprobó, en proporción de 8 de 10 encuestados, la aplicación de sanciones a los maestros faltistas.

Queda claro en las expresiones del Secretario Nuño que no existe más intención que la de cumplir con la ley y con lo establecido en la reforma educativa. Ciertamente, la firmeza y la claridad son requisito para que los profesores tengan certeza de sus derechos y obligaciones. Es necesario evocar la mística de José Vasconcelos, precisamente en Oaxaca, su tierra de origen, donde la situación se ha vuelto más crítica y adversa frente al proyecto de la educación pública.

Llevar a buen puerto a la reforma educativa precisa mucho más que vencer la  resistencia de grupos antisistémicos. Por ello es un acierto que se otorgue un lugar destacado al tema de las instalaciones educativas y que se resuelva un mecanismo de financiamiento para tal propósito, como fue anunciado por el Presidente en el Informe de Gobierno. Los acuerdos con el SNTE garantizan un piso de colaboración y apoyo, avance que no debe desdibujar los esfuerzos para demostrar a los trabajadores de la educación que la reforma no afecta sus derechos laborales ni su estabilidad en el empleo, en la medida en que cumplan con sus responsabilidades y obligaciones.

Que las instituciones respondan

Uno de los asuntos que más debe preocuparnos es el que se refiere al desgaste de las instituciones, con las de la democracia a la cabeza. Gobiernos electos, representantes populares, Congresos y partidos políticos sufren un severo e inédito descrédito social, lo que ha abierto la puerta a propuestas que se alimentan de la polarización y buscan capitalizar el desencanto con la democracia. La verdadera solución para fortalecer y mejorar la calidad del gobierno debe construirse dentro de la democracia, no fuera de ella. Ni la calle ni la propuesta de aniquilar lo existente son remedios para las dificultades que hoy se padecen. Las únicas que pueden mejorar la democracia son las propias instituciones de la democracia.

Alienta entonces el ejercicio de rendición de cuentas de los secretarios del gabinete y de la Procuradora General de la República ante el pleno de las Cámaras del Congreso. Es una dinámica entre instituciones que trasciende a las personas: los funcionarios informan y acreditan lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para hacer frente a la compleja circunstancia que vive el país. Los legisladores, a partir de la pluralidad y de la libertad de expresión, cumplen su tarea de escrutinio del poder. Es el juego de las instituciones y es igualmente alentador que la cobertura mediática se extienda a este diálogo entre poderes.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó las acciones del gobierno para avanzar en la seguridad, en la eficiencia de la política interna, en el respeto a los derechos humanos y en la calidad de la democracia. Ha sido un año difícil, complejo y en fechas recientes sumamente delicado por lo que significa la postura de organismos internacionales opinando y evaluando el desempeño del país. Sí del país, no sólo del gobierno. El gobierno nacional dialoga, escucha, valora opiniones y recomendaciones, pero también defiende principios y lo mismo hace con las instituciones nacionales en un complejo equilibrio cotidiano.

De igual manera, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha presentado el informe sobre la situación económica y las perspectivas del país. El catastrofismo ha invadido la retórica, pero México crece pese a un entorno adverso. Hay estabilidad macroeconómica y es evidente el interés global por invertir en el país. La drástica disminución de los precios del petróleo se compensa con el aumento de exportaciones no petroleras y con una mayor y mejor recaudación; la inestabilidad en el tipo de cambio no ha afectado a la economía nacional, incluso tenemos tasas de inflación inéditas. Son los efectos de las reformas como lo reconoció ayer viernes la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde. Por su parte, la canciller Claudia Ruiz Massieu, destacó la conclusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica, que calificó como la negociación comercial más ambiciosa a nivel mundial, por los altos estándares que pretende establecer en cada rubro. Con ello el país ratifica su presencia diplomática, comercial y económica en el mundo.

La política educativa vive un mejor momento con el arribo del Secretario Nuño. El Estado mexicano ha dejado de estar a la defensiva. La reforma educativa se ve ratificada y reafirmada con la nueva estrategia del Presidente Peña Nieto de ampliar el espectro de la mejora de la educación pública también a los recintos escolares y a una puntual aplicación de las normas. Los profesores tienen certeza sobre su estabilidad laboral en la medida en que cumplan con sus obligaciones. El activismo radical tiene su espacio, pero no a costa del programa educativo y de los alumnos y padres de familia. El chantaje finalmente parece haber llegado a término.

Uno de los capítulos más significativos de este proceso de rendición de cuentas se hizo patente en el Senado de la República durante la comparecencia de la Procuradora Arely Gómez. El país vive un momento espinoso por el desgaste que han sufrido las instituciones encargadas de la lucha contra la violencia y el crimen, así como por  hechos que han afectado la confianza pública en los gobiernos y en la política, principalmente el crimen de Iguala y la fuga de El Chapo Guzmán. En ambos casos se acreditó que se trabaja con seriedad; que no hay posturas cerradas, que hay voluntad de actuar con determinación para alcanzar la verdad y la justicia. También se demostró que los derechos humanos y la transparencia cuentan en el actuar de la PGR y que quienes violentaron el Estado de derecho habrán de enfrentar la acción de la justicia sin importar jerarquía o condición social.

El reconocimiento del Senado a las fuerzas armadas es relevante. Fue un acto oportuno ante la embestida de quienes pretenden minar las instituciones nacionales capitalizando la indignación por los hechos criminales de Iguala, pese a que la evidencia de unos y de otros apunta a la responsabilidad de las policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos. El traslado de culpas a las fuerzas armadas debe alertar a la opinión pública. A la CIDH le correspondería mostrar más sensibilidad al respecto y, efectivamente, las investigaciones en la materia deben estar a cargo de instituciones nacionales. Si hay que aclarar dudas o precisar cuestiones respecto de un miembro de las fuerzas armadas, el ministerio público o un juez son la instancia indicada. Debe quedar claro que la única justicia genuina es la de las instituciones y a ellas debe remitirse la colaboración internacional.

La respuesta de las instituciones es un signo positivo pero debe ir mucho más allá. Para el caso concreto, es destacable el compromiso de los senadores para adecuar el marco legal a fin de dar certeza y claridad al respaldo que las fuerzas armadas otorgan a las autoridades civiles en materia de seguridad pública. También es menester avanzar en la propuesta presidencial en lo que se refiere a justicia cotidiana para así abatir la impunidad.

Tiene razón el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein cuando se refiere a la inconveniencia de una actuación permanente de las fuerzas armadas en labores policiacas. No les corresponde, no es lo suyo, y por ello deben darse las condiciones para que los mandos civiles retomen su responsabilidad en el marco de leyes e instituciones eficaces e íntegras.

Antología universal del discurso político

 

 

 

 

Antología universal del discurso político

Los discursos que marcaron la historia de México y el mundo

Liébano Sáenz (COMPILADOR)

 

La Antología universal del discurso político es un monumental trabajo de recopilación que ha logrado sintetizar en dos volúmenes más de dos mil años de historia humana en las palabras de sus protagonistas. A partir de un cuidadoso y estricto criterio de selección, se ha elegido los personajes y discursos más representativos que ilustran la forma de pensar de diversas épocas.

De este modo, hoy podemos dar continuidad a la evolución de las ideas políticas desde la antigüedad hasta nuestros días: desde Sócrates, Jesucristo y Alejandro Magno, hasta Winston Churchill, Mahatma Gandhi y el Che Guevara. El lector tiene en sus manos la reunión más completa de las voces que han definido los acontecimientos decisivos y los grandes periodos históricos: el mundo grecolatino, la Edad Media, la Conquista de América, la Ilustración, las guerras mundiales y los movimientos sociales más importantes de la era contemporánea.

Discursos, decretos, cartas, manifiestos, artículos, promulgaciones y libros de todas las épocas han sido la fuente de esta descomunal tarea.

 

  “Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que

  cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… las

  amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto

  las palabras...”

 

Pablo Neruda, Confieso que he vivido

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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