Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El costo electoral

El gasto electoral es uno de los temas más polémicos en la opinión pública. El INE planea solicitar 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones de 2018. Un 73% del total de esos recursos será para el gasto operativo del INE y el resto, para financiar a partidos y candidatos independientes. Siendo considerable, este gasto no es todo: falta incluir el del Tribunal Electoral y el de los órganos electorales locales. A lo anterior debería sumarse el valor de las prerrogativas de radio y televisión a cuenta de los tiempos de Estado. En suma, el gasto electoral es desproporcionadamente elevado y no existe país alguno que invierta tanto en sus comicios.

Por lo general, se piensa que esos recursos representan lo que los partidos cuestan al erario; sin embargo, considerados los números, la mayor parte es para financiar tanto la burocracia electoral como la organización de las elecciones. A cuenta del INE, descansan tareas de Estado de la mayor importancia; por ejemplo, para efectos prácticos, la autoridad electoral hace el registro ciudadano. Se han hecho diversos intentos para que sea el gobierno y no la autoridad electoral la que se responsabilice de tal tarea. La confiabilidad y buenas cuentas de lo que ha hecho el órgano electoral ha llevado a que sea ésta la que realice el registro ciudadano, con un muy elevado costo, por todo lo que implica.

De modo que la democracia cuesta y, en México, cuesta mucho, pero más cuesta el déficit de confianza. El problema es que los partidos y los legisladores dicen que van a reducir el costo electoral y éste cada vez aumenta más. El incremento de 2012 a 2018 sería del orden de 24%. En medio de todo esto, se han reducido los tiempos de campaña y también se han unificado las elecciones locales con la federal bajo la tesis de que, con ello, se disminuye el gasto, cosa que no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con la decisión de haber empleado los tiempos del Estado para publicidad de radio y tv. Los partidos y los órganos electorales se han apropiado de éstos, bajo la tesis de que era el principal rubro de gasto; sin embargo, el gasto va al alza.

El problema no acaba ahí. El gasto de campaña no oficial o no fiscalizable está presente y va en aumento. Los bajos topes de campaña han provocado un gasto subrepticio con efectos perniciosos en perjuicio del interés público, a pesar del esfuerzo institucional para mejorar la fiscalización del gasto de campaña y de las obligaciones de partidos y candidatos de presentar informes pormenorizados de lo que reciben y gastan. Claro, se reporta en ingreso y gasto lo fiscalizable, lo demás —que no es poco— simplemente es parte de una realidad que se impone por la lógica misma de la competencia por el poder.

La calidad de los órganos e instrumentos electorales de corte federal son de excelencia; en los locales, la situación es variada. En realidad, sí hay una relación entre gasto y calidad, argumento que fortalece la tesis de la necesidad de invertir cada vez más en elecciones, pero la situación no es del todo aceptable. Por ejemplo, que los integrantes del Consejo General del INE tengan una remuneración análoga a la de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disposición constitucional, y que los hace los funcionarios más costosos de la federación, no es un elemento esencial para un perfil de calidad de los consejeros del INE, toda vez que es 10 veces mayor a la remuneración de un académico de excelencia.

El financiamiento de los partidos, de acuerdo con la reforma de 1996, tuvo un origen polémico. El cambio se inspiró en dos objetivos: eliminar el financiamiento ilegal del partido en el gobierno y establecer bases de equidad bajo la tesis de un financiamiento sustantivo, repartido con la fórmula de 70% del monto de conformidad al porcentaje de los votos y 30% de manera igualitaria. En aquel entonces, el PAN regresó las asignaciones y el PRD dijo que lo aportaría a un fideicomiso para las familias de los perseguidos políticos y a un fondo para libros. La realidad es que los partidos, todos, continúan en la aspiración por aumentar el financiamiento público. Las aportaciones de los militantes son prácticamente insignificantes respecto al monto total del gasto.

Los partidos son indispensables en la democracia representativa; sin embargo, aquí y en el mundo viven la mayor crisis de su historia. Su origen como articuladores en la representación de intereses bajo un posicionamiento ideológico o doctrinario específico ha ido cediendo terreno a su transformación en maquinarias electorales pragmáticas, en las que el oportunismo político gana cada día más espacio. Hay una severa crisis de representatividad: su rol actual se ha vuelto contra ellos mismos y contra su principal razón de ser: dar representatividad a la sociedad.

La solución frente a esta crisis no es sencilla. La gravedad del problema por la disfuncionalidad de los partidos apunta a fórmulas de intervención o auditoría social inéditas que permitan que estos entes de interés público sean objeto de un mayor escrutinio social y que no sean, como ocurre ahora, una ficha suelta en los pasillos de poder inaccesibles a los ciudadanos. Los partidos, incluso los de oposición, se han vuelto parte del poder y por ello han tergiversado u obstruido la autorregulación del modelo democrático.

Quizá el problema se ha agravado por la verticalidad y el carácter cupular de los partidos. En México los partidos pudieron transitar a la democracia, pero la democracia no ha transitado en los partidos. Ha habido una involución y, ahora, prácticamente todos eluden procesos democráticos internos para la selección de sus candidatos. En el afán de ganar cohesión, los partidos se han alejado de la sociedad.

Es preciso debatir el gasto electoral. El esfuerzo de la sociedad para financiar elecciones e instituciones electorales es considerable. Más que en los números, hay que centrar la vista en la calidad de nuestra democracia y en cómo mejorar la representación social.

Los tiempos de la política

La modernidad y la era digital que han transformado las relaciones sociales en el mundo, no han alterado los tiempos de la política mexicana. El ciclo sexenal persiste intocado, y la especulación sobre el proceso sucesorio cobra relieve, de acuerdo a la tradición. No importa que las condiciones de la competencia hayan cambiado, ni que las expresiones de alternancia sean frecuentes en los últimos años; la atención general se enfoca en la manera como el Presidente atiende y resuelve su sucesión. Más allá de esas condiciones nuevas, incluido el hecho de que la asamblea nacional del PRI le ha ampliado el margen de maniobra, y de las presiones internas y externas de siempre, el Presidente es la voluntad más importante dentro de su partido, lo cual no significa que resuelve de manera arbitraria, sino como resultado del cálculo y las variables que se procesan desde la cúspide del poder.

El país ingresa a este ciclo normal de nuestra vida política, en un momento crítico por la negociación comercial con el vecino del norte, la cual tendrá lugar cuando el presidente Trump padece la crisis más severa de su gestión. No parece ser para él un momento adverso, pero para la opinión pública de su país, es una caída de la que será muy difícil la recuperación. La manera como el sucesor de Obama incursionó en el tema racial a partir del incidente en Charlottesville, Virginia, ha sido desastrosa para su reputación y mantiene en la sorpresa a todo mundo sobre sus limitaciones políticas e inevitable propensión a destruirse a sí mismo.

Negociar en tales condiciones un instrumento fundamental para el futuro de la región, como el acuerdo trilateral de Libre Comercio, hace pensar en un proceso muy accidentado y de resultado incierto. El Presidente Trump puede utilizar las negociaciones para recuperar un poco ya no la confianza en su presidencia, sino la base electoral que le llevó al poder a partir de una oferta demagógica en la que los temas de migración, inseguridad y libre comercio eran presentados como adversas al interés de EU por una actitud complaciente de su país hacia México y los mexicanos.

En la opinión pública, el TLCAN es apreciado como un asunto más del paisaje noticioso. No hay conciencia de su trascendental importancia. La transformación del país en las últimas décadas ha contado con el libre acceso al mercado norteamericano y canadiense y ha impulsado el desarrollo de una plataforma industrial de exportación sin paralelo en la historia. La región se ha beneficiado, no solo México. En el proceso, como es lógico, ha habido ganadores y perdedores, pero el balance es positivo para los tres países y el libre comercio se ha acreditado como un instrumento capaz de generar progreso. La revisión del TLC no es para anularlo, sino para actualizarlo de acuerdo a las nuevas circunstancias de la región y de la economía global.

Los tiempos sucesorios también se entreveran con los casos judiciales de alto impacto porque de por medio están personajes de la política. Durante este gobierno ha habido más mandatarios estatales sujetos a proceso penal que en cualquier otro. Esto es indicativo de que el tema de la corrupción y la degradación de la vida pública ha ido cobrando relieve y, por la otra, que las autoridades de procuración y administración de la justicia están actuando frente al problema. Esto último tendría que reconocerse sin regateos. Abatir la impunidad es un objetivo fundamental; pero es un tema que debe desahogarse en el marco de la estricta aplicación de la ley. Acusar, exonerar o sancionar para complacer al ambiente de opinión es uno de los caminos más negativos para el sistema de justicia.

Lo que sí es esencial para la credibilidad del sistema de justicia es que se realicen las investigaciones con el rigor y cuidado que supone y requiere una justicia eficaz. Es inevitable que los casos se ventilen en los medios y en la opinión pública; los medios deben mantenerse atentos en su labor de escrutinio al poder, incluso a la administración de justicia, pero no deben erigirse en tribunales de opinión a partir del prejuicio y del examen poco cuidadoso de las pruebas. Debe quedar claro que los medios tienen el potencial para hacer que la sociedad supere una de las grandes debilidades que tenemos como país, esto es, el valor de la legalidad.

En estas circunstancias transita la sucesión desde el poder, pero los tiempos de la política no son exclusivos de quien gobierna. Todos los partidos políticos se ven inmersos en sus propios procesos para decidir estrategia o candidatos con vista al 2018. Los partidos viven de ganar votos y las prerrogativas de ley se asocian al resultado de la elección. Los partidos grandes pretenden ganar; los pequeños avizoran asociarse con los grandes, pero también asegurar un volumen de votos suficientes para tener representación parlamentaria de peso y desde luego, prerrogativas.

La concurrencia de elecciones en 2018 representa un reto mayor para el INE y el Tribunal Electoral. También una oportunidad para los partidos. El desafío no es menor, y la unidad al interior de los partidos es la premisa sobre la cual se erige cualquier estrategia electoral. Morena lo tiene resuelto de origen, un partido que se creó para llevar al poder a López Obrador. El PRI apuesta a que resolvió su cohesión interna en la pasada asamblea nacional. El PAN y PRD padecen la división interna que los puede llevar al desastre. Una alianza entre ellos les daría competitividad, pero antes deben resolver temas fundamentales como es programa y candidato (a).

En este entorno, hay algo que compete a todos por igual: los tiempos de la política, que deben procesarse con sentido de responsabilidad y de perspectiva. Los próximos meses serán definitorios para el país. La disputa por el poder será una competencia cruda, a ratos feroz, pero no debe llevarnos a desestimar o a afectar el interés común de la nación. Es importante la elección, porque definirá un rumbo, pero es más importante atender la responsabilidad que tiene nuestra generación, con las generaciones futuras.

Los partidos y su distancia con la sociedad

Uno de las mayores insuficiencias de la democracia mexicana son sus partidos. Es un problema de todos, incluso los de reciente creación. Los partidos son mediaciones necesarias, indispensables para la democracia representativa; sin embargo, en la realidad de la política mexicana la distancia de los partidos con la sociedad es monumental. En política casi todo ha cambiado, no así los partidos. El problema no solo tiene que ver con programa, formación cívica o ideológica; las insuficiencias remiten a su cerrazón respecto a la sociedad y una suerte de cinismo en sus dirigencias incapaces de comunicarse hacia dentro y fuera de la organización política.

A los partidos hay que entenderlos como son, no como se quisiera que fueran. Crean en su interior una estructura interna de poder. Se integran con quienes creen y hacen propios los intereses del partido y también con quienes ven en la organización una oportunidad para acceder al cargo, como bien lo ilustra el texto clásico de Angelo Panebianco. Un juego complejo entre creyentes y oportunistas, quienes entienden de manera diferenciada la misión del partido y también los incentivos que cada segmento.

De siempre y más en estos tiempos el problema mayor de todo partido es mantener el proyecto ideológico y programático originario y al mismo tiempo ganar el voto. El pragmatismo es lo de hoy día. En el caso del PRI la flexibilidad ideológica y programática le viene de origen. No fue un partido para representar y ganar el poder; su objetivo fue construir una vía política para conducir la sucesión presidencial desde el poder. Su representación originaria era territorial, más que social; con el paso del tiempo dio un curso corporativo con la creación de los sectores. Más delante, con la consolidación del presidencialismo, se volvió la mediación política fundamental del Presidente y del conjunto del sistema político y social.

El PRI ha sido la institución más relevante en la formación de la clase política. Así fue por el dominio que ejerció durante décadas. La situación ha cambiado, pero muchos de los principios y valores del ejercicio del poder y de la política persisten. El PAN ha contribuido de manera significativa a la formación cívica y su arribo al poder público ha sido un paso fundamental en la democracia. El PRD ha hecho lo suyo, como también Morena hoy día es un proyecto que participa activamente en la política y en acreditar al voto como vía para el acceso al poder.

El problema es la distancia de los partidos con la sociedad. En un estudio a profundidad de GCE a publicarse a finales de agosto revela que la mayor debilidad del sistema son los partidos, incluso, en el caso de Morena, no obstante su creación reciente y la postura de López Obrador, la abrumadora mayoría de la población considera que es un partido con las mismas debilidades de sus pares. Mientras los partidos no tengan ascendiente y credibilidad, la democracia mexicana continuará enferma.

Panebianco ofrece pistas para entender la crisis de los principales partidos. Fundamentalmente que su mapa y estructura de poder los ha alejado de la sociedad, a la que dicen servir, pero a la que no representan y que, por lo mismo, la sociedad no ve en ellos, instituciones útiles o eficaces para la representación de intereses, sino estructuras en la disputa del poder como un fin en sí mismo y que para ello por igual se sirven de los recursos públicos que de finanzas de origen poco claro.

eLas leyes electorales se han hecho a la medida de los partidos no de la ciudadanía. El financiamiento y las prerrogativas son excesivas, mientras que su compromiso con la democracia no es consecuente. La cerrazón tiende a prevalecer y la apertura se ofrece más en un esquema de cooptación que de auténtica inclusión. El tema de financiamiento requiere de una revisión a integral y a profundidad, al igual que el modelo comunicacional. Los partidos no debaten y su escrutinio al poder, cuando se hace, es superficial y oportunista. Dramatizan los defectos del competidor y esconden bajo la alfombra los propios. Solo como ejemplo está la postura de Morena respecto al municipio de Texcoco o la Delegación Tláhuac.

El PRI ha dado un paso en el sentido adecuado al suavizar los requisitos de elegibilidad de sus candidatos. Es un tema polémico y seguramente para ciertos sectores es una derrota. La cuestión es que los partidos deben abrirse a la sociedad y esto no está en las convocatorias a votar, ni en los programas, su prueba de fuego es como reclutan, promueven y definen a sus candidatos.

Sigue pendiente la manera como se eligen candidatos. El PRI tiene una tradición vertical que se acentúa cuando está en la presidencia. Es una cuestión de origen. En 1999 se realizó una elección primaria con la participación de 10 millones de electores. Los mismos contendientes no quisieron creer en el proceso, ni siquiera quien resultó ganador. El que se haya presentado al año siguiente la derrota para el PRI por primera vez en la elección presidencial, se justificó recurriendo al fácil expediente de hacer creer que la elección democrática interna contribuyó al resultado adverso.

La democracia en los partidos no debe ser tema interno, como lo resolvió la reforma de 2007. Es un asunto de interés público y, por lo mismo, debe ser impuesto a manera de garantizar el derecho constitucional de ser votado. Las candidaturas independientes han ganado espacio precisamente por el deterioro de la credibilidad y funcionalidad de los partidos. No son solución, pero sí han servido para que los ciudadanos puedan elegir candidatos fuera del sistema partidario y también para que quien no encuentre en los partidos una posibilidad, tenga la opción independiente de ser votado.

En vísperas de la elección de 2018, en un entorno incierto y muy competido, el PRI ha sido el primero en definir un cambio importante para aproximarse a la sociedad. Sería útil que los demás siguieran este paso, especialmente democratizando sus decisiones.

Los Presidentes Peña y Trump

“Nos ganan en comercio y nos ganan en la frontera, y nos matan con drogas” Donald Trump

Sin duda, resulta bastante revelador el diálogo que sostuvieron los presidentes de México y de Estados Unidos el pasado 27 de enero. Las cosas de entonces a la fecha, han cambiado de manera dramática para el presidente Trump. Seguramente su postura respecto al muro, comercio o drogas, debe ajustarse a la nueva circunstancia que vive su administración. Un diálogo entre presidentes es confidencial, y es un tema de confianza básica mantenerlo en reserva. Sin embargo, aunque reprobable, resulta una especie de suerte para México que se haya dado a conocer.

El presidente Trump padece dificultades serias en los pocos meses de su presidencia, por la falta de oficio y por su propio carácter y estructura moral. La opinión pública norteamericana, le ha externado serias advertencias sobre la desconfianza que genera su actuación en casi todos los rubros, lo mismo en temas domésticos que en asuntos internacionales, como el de la llamada con Peña. México tiene muchos problemas y es necesario hacer de la relación bilateral con el vecino, que resulta ser el país más poderoso del mundo, una relación virtuosa y para el bien de ambos pueblos.

De siempre la relación entre ambas naciones ha sido difícil. La situación no es sencilla por diferencias fundamentales y porque hay problemas que parecieran de competencia de uno, que en algún sentido son en realidad temas compartidos. El presidente Trump ganó con una propuesta electoral plena de falacias de las que ahora mismo él es rehén. En materia migratoria, comercio o seguridad, nada de lo que dice es aplicable o veraz. Es una persona a la que el peso del prejuicio en casi todos los temas que requieren apertura y modernidad, le impide actuar con acierto.

México está obligado a apostar a la negociación. Los provocadores desplantes del presidente Trump deben verse con reserva, no ignorarse, pero tampoco caer en el juego de la demagogia al que aquél es tan propenso. El gobierno federal y los locales, las agencias y departamentos, así como el Congreso del país vecino está integrado por oficiales y políticos de gran experiencia y rigor profesional. Las debilidades del presidente comprometen al conjunto, pero el conjunto es el que procesa los acuerdos y el entendimiento, de manera tal que hay que actuar en todos los frentes de la relación. Partir de que se deben modificar los instrumentos y los términos de la relación, porque la nueva realidad del mundo y de los países lo demanda, pero hacerlo con visión y en función de los intereses de corto y mediano plazo de ambas naciones.

A diferencia de EU, la situación de México ha mejorado en los últimos seis meses. La incertidumbre y el pesimismo se han disipado; la confianza en el país se acredita con el tipo de cambio y los montos de inversión. México crece a un ritmo mayor al de mucho tiempo. Aunque los problemas de inseguridad persisten y hay mucho por hacer en materia social y económica, en el país se registra un proceso de mayor confianza y optimismo sobre el futuro.

La primera aduana que tendremos que librar en la construcción de esta nueva relación bilateral, es la negociación comercial entre ambos países. El presidente Trump tiene una idea falsa de los resultados logrados por los negociadores norteamericanos del TLCAN. Así es porque él pone el acento en la balanza comercial y el déficit respecto a México. No entiende las razones de tal situación, cree que esto es la causa de la pérdida de empleo en EU. Por cierto, la solución anunciada en el diálogo entre presidentes de imponer arancel fronterizo no se ha aplicado precisamente porque sería un desastre para el comercio y para la misma economía norteamericana. Tampoco entiende Trump que las empresas multinacionales, particularmente las norteamericanas se han beneficiado de la apertura comercial.

México está preparado para negociar un buen acuerdo comercial. Hay muchos temas que deben incorporarse y que plantean una gran oportunidad para ambas naciones. Además, el tiempo ha dado espacio para preparar al país y a su economía para escenarios críticos o adversos. Es deseable el acuerdo en términos de justicia y equidad. La negociación tiene lugar en momentos complicados del calendario político nacional, pero los intereses del país van más allá del partido, presidente o Congreso que gobierne.

El tema del muro, de la mayor importancia para Trump al inicio de su gobierno, ha pasado a un plano de menor interés. Su costo, eficacia e impacto ambiental ha significado que deje de estar en el centro de la agenda. Hizo bien el presidente de México en dejar en claro el pago como una postura inamovible del país. También que los acuerdos transiten, independientemente de la diferencia que existe al respecto.

México debe entender que la inmigración masiva a EU es un problema social de la mayor seriedad. Es lamentable que ocurra por la falta de oportunidades, y que obligue muchos jóvenes a abandonar sus familias y tierra en condiciones de incertidumbre extrema. Es menester dar respuesta estructural a este problema. Por ello el crecimiento económico con una perspectiva de equidad regional debe estar en el centro de la mesa. Hay que trabajar mucho más para que los connacionales no tengan que salir de su país. Esto no significa declinar en la exigencia del respeto a los derechos legales y humanos de los migrantes legales o indocumentados.

La seguridad es otro de los temas que se deben abordar con cuidado. Tiene dos expresiones, una fundamental para los EU que es la seguridad hemisférica, que reviste un carácter crítico especialmente por la amenaza del terrorismo, asunto que no debe verse con desdén o poco probable. La frontera mexicana debe mantenerse segura y la cooperación debe ser del más alto nivel para contener esta seria preocupación. El otro aspecto se refiere a la seguridad relacionada al tráfico de drogas y crimen organizado. También aquí la colaboración y el acuerdo debe ser del mal alto nivel y eficacia, bajo la tesis de que cada gobierno es quien debe hacerse responsable operativamente de lo que acontece en su territorio. De modo que los retos son muchos, pero el escenario de hoy indica que México puede salir fortalecido de las negociaciones.

Del orgullo a la esperanza

Los tiempos actuales son de una mayor exigencia pública. Aunque la modernidad se ha acompañado de problemas que no se pueden soslayar, como son el consumo de drogas y sus efectos colaterales, el deterioro ambiental derivado del crecimiento demográfico y de patrones de consumo irresponsables, y la persistencia de la desigualdad y la pobreza, también es cierto que nuestro tiempo ha visto avances impensables hace medio siglo. Un recuento de éstos en el ámbito de la calidad de vida, economía y civilidad, indica que para la abrumadora mayoría, la situación es considerablemente mejor ahora respecto a la de sus ancestros.

La democracia liberal es hoy día, el vehículo dominante para construir gobierno. Ya se sabe de sus imperfecciones y que en circunstancias particulares no necesariamente la expresión mayoritaria corre en paralelo a lo deseable, ya no digamos a las opciones más responsables. Antes y ahora la democracia registra lamentables derrotas por el sentido de las decisiones avaladas por el voto mayoritario; pero son muchas más las victorias. Momentos de crisis y desesperanza sobre el sistema vigente facilitan la oferta del cambio fácil. Es un problema para el modelo democrático por el déficit de ciudadanía y el descrédito de las instituciones representativas.

México pasa por momentos singulares. El consenso prácticamente se ha diluido. No solo el de carácter político, también las instituciones sociales. Las autoridades, prácticamente todas, registran un déficit en su nivel de aprobación o aceptación; los partidos son rechazados por la mayoría y eso indica un voto disperso que plantea problemas inéditos en un sistema de mayoría relativa para elegir autoridades y una modalidad de representación proporcional para la elección de los órganos de representación. También el consenso afecta a las instituciones sociales; la confianza se ha vuelto un valor preciado pero escaso. Hoy objetivamente estamos mejor, pero subjetivamente nos sentimos peor.

En el descontento hay razones objetivas: la corrupción, la violencia, la distancia del gobierno y la política con los problemas concretos de las personas; para muchos una economía que no da respuesta a las aspiraciones y anhelos de esta generación. Pero también el descontento transita por la percepción, y eso tiene que ver con la manera como las personas se informan, comunican e interaccionan. El arribo del mundo digital a la vida cotidiana de las personas crea una subjetividad diferente, lo que se acompaña del deterioro de otros espacios de socialización como son la Iglesia, los medios convencionales, la familia y la escuela.

La exigencia pública es un activo en la medida de que es una fuerza para mejorar. Sin embargo, también puede desvirtuar su potencial transformador en la medida en que el enojo y la frustración tienden a imponerse con su innegable carga irracional. En las circunstancias actuales es fácil el desencanto. Es mucho más difícil el optimismo y la esperanza, el análisis objetivo. La cuestión es cómo mejorar el estado de cosas, como transitar a un mejor futuro. Considero que para ello es necesaria una mayor actitud positiva en todos los espacios de la vida, no solo en el político.

Ya se sabe que el enojo y la preocupación ganan cada vez más espacio. Lo que no se advierte es que hay un poderoso sentimiento que es fundamental rescatar, que es el del orgullo. Como personas, integrantes de un grupo o comunidad o mexicanos tenemos orgullo por muchas razones que con frecuencia obviamos. Somos una gran nación, con muchos problemas, es cierto, pero también con enormes y singulares activos y riquezas. No solo nuestra geografía e historia, nuestra cultura y recursos, nuestros logros, también están muchas historias de éxito de muchas personas en sus respectivas circunstancias, a pesar de la adversidad o de la incertidumbre.

La crítica es muy importante para cualquier sociedad. Los problemas y las insuficiencias son la constante y para ello es necesario que la sociedad haga su caso para que las cosas mejoren, pero también para cuidar lo mucho positivo que se tiene y que es preciso preservar y acrecentar. El peligro del descontento exacerbado es que se pierda perspectiva de los activos que tenemos como comunidad y que desestimemos los mejores medios que nos abren la oportunidad de mejorar como son las instituciones democráticas y el ejercicio responsable de las libertades.

Es necesario aprender del pasado. El quiebre de siglo se acompañó de la alternancia en la Presidencia de la República. Fue un paso virtuoso y ejemplar; pero la esperanza arrolladora por el cambio fue sucedida por el desencanto, particularmente por las expectativas desproporcionadas y la incapacidad de todos para darles respuesta.

En el tiempo próximo habrán de darse definiciones importantes en el ámbito de la política. Los partidos se avocarán a la selección de sus candidatos y las negociaciones para lograr coaliciones o alianzas. Las reglas del juego tienen insuficiencias y las autoridades responsables de hacerlas valer no han podido sacudirse del signo de nuestro tiempo, la desconfianza. Pero el balance es favorable y se puede decir que frente a la complejidad que depara la competencia por el poder, las elecciones serán una oportunidad para la renovación civilizada no solo de autoridades, sino de proyectos que puedan dar cauce a la esperanza.

Para ello es menester que el debate y el escrutinio público cobre mayor relieve. Es deseable, mucho más por las circunstancias que vive el país, que las preferencias y el voto tengan como fundamento la deliberación entre contendientes en el marco de una presencia ciudadana activa y demandante hacia partidos y candidatos. Las adhesiones son naturales, pero también que quienes pretenden llegar al poder expresen los términos de su compromiso más allá del simplismo o de las fórmulas mágicas. Hay que señalar qué se rechaza, pero también qué se quiere.

Desde ahora se sabe que son muchos los desafíos y problemas que habrán de enfrentar quienes encabecen el gobierno o los órganos de representación política. Además, es muy probable que la pluralidad se imponga en los Congresos y en la integración de poderes locales, lo que será complejo, pero a la vez, reflejo de la pluralidad nacional. Está en manos nuestras, ciudadanos, autoridades y partidos, hacer de lo que viene una oportunidad y un desenlace para mejorar.

El INE bajo fuego

Son muchas las instituciones que se han creado en el pasado reciente, que son motivo de satisfacción y orgullo. En perspectiva, uno de los mayores logros ha sido erigir una institucionalidad para dirimir civilizadamente la competencia por el poder a través del voto. El tránsito hacia autoridades electorales independientes ha sido un proceso gradual y consistente. La creación del IFE fue un paso significativo, y más la reforma de 1996 que le dio autonomía plena. Fue un aprendizaje exitoso. El arribo del gobierno dividido en 1997 y la alternancia en la presidencia en 2000, fueron eventos que mostraron la confiabilidad de los órganos electorales.

El IFE/INE ha sido una creación genuinamente mexicana. Sus virtudes son ejemplares, pero sus debilidades no son menores, aunque no necesariamente atienden a quienes le integran, sino a las insuficiencias de la ley. Las reglas las aprueban los partidos y esto significa que no siempre está presente el interés público o ciudadano, sino el resultado un tanto complejo de las negociaciones entre competidores.

Uno de los problemas de la institucionalidad vigente resulta del desenlace traumático de las elecciones de 2006, con un resultado muy cerrado entre el candidato del gobierno, Felipe Calderón y el opositor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que las elecciones presidenciales de 1988 que dio lugar al IFE y a una justicia electoral especial, las de 2006 crearon un modelo comunicacional restrictivo de las libertades, además de un esquema excesivo e invasivo de publicidad partidaria fundado en promocionales en radio y Tv a cargo de los tiempos del Estado. Otro efecto de la reforma de 2007 fue que el haber removido a la totalidad del Consejo General, con lo que quedó en entredicho la inamovilidad de los consejeros a manera de asegurarles libertad respecto de los partidos.

En la reforma sucesiva, en el marco del Pacto por México, se dio un paso más hacia la centralización de las elecciones, que fue una exigencia de Acción Nacional. La fiscalización de toda elección está a cargo del INE, a lo que se suma el registro electoral, pero la organización de los comicios tiene lugar por los órganos electorales locales bajo un esquema de discrecionalidad del INE, que lo mismo puede realizar determinadas funciones que organizar la totalidad del proceso.

En lo que va de vigencia de la última reforma el sistema muestra insuficiencias preocupantes. El INE está bajo fuego no por actos propios, sino por omisiones o por lo que ocurre en elecciones locales a cargo de autoridades locales. Además, queda claro que la autoridad que organiza las elecciones requiere de la participación y colaboración de los partidos y ciudadanos; sin embargo, si esta misma autoridad es también instancia de sanción para los partidos, medios de comunicación y ciudadanos, es inevitable que esté bajo crítica de las partes afectadas.

El INE ha realizado un trabajo encomiable en el marco de las responsabilidades que les corresponden. Existe polémica, crítica y controversia sobre la decisión que debió tomar respecto a los comicios de Coahuila a partir del informe de la Comisión de Fiscalización, cuyo dictamen señalaba que se habían superado los topes de campaña. En mi opinión es correcto que la decisión no sea del Consejo General, sino del Tribunal Electoral. El precedente de anular es sumamente serio y grave, además es discutible, por el bajo tope de gasto de campaña en la legislación de Coahuila, que sólo por esa falta y en tal proporción se pudiera anular la elección. Quizás jurídicamente es suficiente, no así el argumento de que una presunción de gasto –la tácita remuneración de los representantes de casilla- llevaría a repetir los comicios. El Tribunal puede atender el conjunto de pruebas de quienes han impugnado la elección, valorarlas y resolver si es el caso, ratificar o repetir comicios.

La elección de 2018 debe cuidarse con el apego estricto a la ley. La discrecionalidad es un problema. Por su parte, los partidos y el conjunto de la sociedad deben fortalecer la condición de autoridad del INE. Cuestionarle por interés particular o como medio para debilitarla bajo el supuesto de que es lo que más conviene, es un grave error. Es inevitable que existan diferencias en las decisiones de autoridad, sobre todo, cuando deben dirimirse controversias de peso como es anular una elección de gobernador, pero esto no debe llevar al extremo de exigir la renuncia del conjunto del Consejo General como lo ha demandado Morena. Esta presión que se le hace a los consejeros es irresponsable y frívola en extremo, además de que poco contribuye para un ambiente de confianza y certeza respecto a la magnitud del reto en puerta.

No es la actuación del INE el problema. La legalidad y la equidad en la elección ha quedado comprometida por los propios dirigentes de los partidos de Morena y Acción Nacional al utilizar en su beneficio como promoción personalizada la publicidad a la que tienen derecho las organizaciones que representan, de la misma forma por la campaña publicitaria del ex gobernador de Puebla mediante el despliegue de publicidad desproporcionada en la promoción de un libro. El modelo restrictivo de la libertad debe aplicar a todos; que los dirigentes de los partidos o un prospecto de candidato se hayan aprovechado o manipulado o interpretado a su favor los resquicios de la ley, ha sido una omisión preocupante por la autoridad. Por esta consideración es necesario que el INE tenga el aval de todos los partidos y los contendientes, a manera de que la ley se aplique de manera igualitaria y que no se pretenda, como es el caso, de que situaciones claramente contrarias a la norma se dejan pasar a manera de evitar el rechazo de alguno de los actores políticos.

En ese sentido resulta tardía e insuficiente la determinación del INE para que, hasta el 8 de septiembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral, se impidan situaciones de inequidad e ilegalidad como en las que se ha incurrido, en algunos casos a lo largo de más de un año. Aplicar la ley es la manera de acreditar a la autoridad electoral, que es lo único que nos permitirá librar el 2018 en las mejores condiciones que la realidad actual nos echa en cara como un mal augurio.

La unidad en tiempos difíciles

Una de las prendas más preciadas de toda comunidad o país es la unidad en torno a lo fundamental. La civilidad democrática y el sentido de supervivencia de una nación obliga a acotar los espacios de la disputa y la diferencia. Hay intereses por encima de todo y de todos. Es cuestión de madurez política entenderlos y asumirlos. Lo normal es el debate, la disputa, la crítica de la oposición respecto a quien detenta el poder; empero hay momentos, circunstancias y temas que obligan a un objetivo común. No es que el gobierno se imponga y la oposición se someta, sino que se construya un punto de encuentro a partir de la convicción compartida de que lo que hay que cuidar se impone a la cíclica competencia por el poder.

En perspectiva histórica, al país le ha significado un elevado costo la fragmentación o la confrontación. Con dificultad hemos aprendido que el interés del país debe asumirse como un objetivo común. El arribo de la democracia ocurrió por aproximaciones sucesivas y en un largo periodo negociación dominado por la desconfianza y la impaciencia de la oposición, y la arrogancia de quienes detentaban el poder. Momentos luminosos y visionarios los hubo de unos y otros, se avanzó significativamente y se alcanzó la normalidad democrática al margen de la ruptura y la crisis institucional, pero se heredaron hábitos poco avenidos a los valores democráticos: la cooptación y el chantaje cobraron más espacio del debido. Así se ha llegado a una democracia imperfecta, eficaz para elegir, insuficiente para legitimar y legitimarse a sí misma.

Lo mismo ha ocurrido al interior de los partidos. Éstos importan y mucho, porque son los pilares de la democracia representativa. Pero las reglas del juego ellos las han definido y eso significa un régimen de privilegios contrario al interés ciudadano. Unos partidos han nacido en la democracia, otros han transitado a ésta, pero ninguno ha interiorizado los valores propios de la democracia liberal. Es difícil tener una democracia vigorosa si los partidos se vuelven maquinarias rígidas, distantes de la sociedad, cargadas de oportunismo político y orientadas a ganar el poder como un objetivo en sí mismo.

Al igual que sucede con una nación, no es aceptable que la única unidad en los partidos sea la de corte autoritario o vertical. Aunque lo parezca, la disputa por el poder no es una guerra. La referencia de Clausewitz no aplica en el sentido de que la política es la continuación de la guerra por otros medios; tampoco la política es una forma civilizada de guerra. No es así, porque la premisa fundamental de la democracia no es el exterminio o la imposición, sino la coexistencia de la diferencia, sin ninguna exclusión más que la de aquél que niega precisamente la convivencia en términos democráticos.

Los partidos, sin embargo, ingresan a un escenario de guerra en la disputa por el poder. La unidad en su interior se vuelve un tema crítico. Morena la tiene resuelta de origen, se creó para llevar a López Obrador a la presidencia y todo se acomoda a tal propósito. El PRI, de origen, es una alianza más amplia y compleja de lo que parece; ahí tiene que hilarse fino para que la disputa por la candidatura a la presidencia y la guerra de posiciones por las de legislador, no rompan la cohesión en momentos que resultan de lo más críticos para el priismo. El PAN tiene el desafío de elegir pronto candidato en un entorno inédito en el que la misma dirigencia es árbitro, representante del conjunto y parte interesada en la definición de la candidatura. El PRD no resuelve si presentar candidato o unirse al PAN bajo la idea de conformar un amplio frente opositor. Los partidos pequeños van perfilando alianzas.

De otro lado, el desencuentro de los partidos con la sociedad explica la fortaleza que han adquirido las candidaturas independientes. En 2018 es muy probable que se presente al menos un candidato sin partido. Es un paso positivo en términos de salvaguardar el derecho a ser votado; no es necesariamente virtuoso respecto al andamiaje y principios de la democracia representativa. Su presencia puede servir a que los partidos se vean obligados a cambiar. Un desenlace lamentable sería que el candidato independiente declinara al final por uno de los candidatos de partido. Además de ser fraude a la ley, sería una negación al propósito que dio espacio legal a las candidaturas ciudadanas.

Así que la unidad en los partidos y la presencia hasta el final de las candidaturas independientes son un desafío, pero todavía más relevante es la unidad en el país. Los problemas existentes y una nueva actitud de la sociedad, más exigente y demandante, conlleva un ánimo social en el que se reduce el espacio de consenso y crece el descontento, así como la incertidumbre. La desconfianza dificulta el propósito de unidad. Un ánimo contestatario permite conectar con un tercio de la población que está muy desencantada con la situación. Esto no es mayoría, pero sí es una base suficiente para cualquier proyecto político y en un entorno de voto fragmentado, como el que se anticipa, puede llevar a quien lo represente a la presidencia de la República.

En la circunstancia, hay temas suficientes que debieran alimentar una voluntad compartida por la unidad de la pluralidad política, incluso por la de grupos de interés y factores de poder. Son cuatro los principales desafíos en puerta. El primero se refiere a la relación bilateral con los EU en el que se haga valer con eficacia el interés de México frente al embate hostil al país. El segundo, es la lucha contra la inseguridad y la violencia, o lo que es lo mismo, abatir la impunidad. Lograrlo es interés de todos como lo señaló en días pasados el Presidente Peña y el representante de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera.

Los otros dos temas para concitar la unidad es mejorar la calidad de gobierno y hacer de los comicios próximos un terreno de deliberación y disputa civilizada para que sea el voto responsable, libre e informado el que defina el resultado. Lograr esto último, que los espacios de campaña diriman de cara a los electores los diversos proyectos de futuro que se plantean para el país, puede ser el primer acuerdo de todos los actores, que refleje la voluntad de empezar a unirnos en asuntos fundamentales del país.

¡Tomen su spot!

El modelo comunicacional del sistema electoral mexicano se ha centrado en los spots. No es algo nuevo, pero en los últimos 12 años se ha construido un oneroso e invasivo régimen de publicidad basada en promocionales que son difundidos ampliamente hasta que la estridencia es tal que se convierte en ruido incomprensible, por la radio y la Tv. Es el sistema a la medida de los partidos políticos. Es como se ha pensado que debe ser la relación con el ciudadano. Independientemente de postura, identidad o proyecto, hay una suscripción generalizada a ese modelo comunicacional, único en el mundo y todo a costa del Estado y de la sociedad.

Es tan nodal en nuestro sistema democrático este proceso, que la misma equidad de la competencia ha pretendido fundarse en dicho régimen de comunicación. Su reglamentación es estricta, a niveles de rigidez incomprensible, y poco tiene que ver con el objetivo mayor de la comunicación política, que es el voto informado. En tiempos previos a la campaña, los partidos y sus dirigentes abusan de la impunidad que les da su condición: emiten sentencias y juicios sumarios, se promete lo que es imposible cumplir, y de manera subrepticia e inequitativa, desde esos espacios que la sociedad otorga a los partidos, se promueven futuras candidaturas, una cierta, la de López Obrador y otra todavía por resolver, la de Ricardo Anaya.

El INE ha determinado que a partir del inicio del proceso electoral, 8 de septiembre, los dirigentes no deben aparecer en los promocionales. Es una decisión tardía, sobre todo, porque hay un régimen que prohíbe la publicidad personalizada para los servidores públicos. Los partidos y sus dirigentes no pueden estar sujetos a excepción. Cierto es que la Constitución prevé la desviación de los recursos públicos para que los funcionarios se promuevan y los dirigentes de los partidos no son, en el sentido formal, servidores públicos. Sin embargo, el financiamiento sí es público, además de que la norma tiene también como objetivo salvaguardar la equidad en la contienda.

Lo mismo vale para los tiempos de campaña. El régimen electoral ha determinado fechas estrictas. La campaña anticipada está severamente sancionada por la ley. Sin embargo, los dirigentes de Morena y del PAN han encontrado una forma de violentar la norma. Se promueven en lo personal y lo hacen fuera de los tiempos legales. Eso, en el más generoso de los calificativos se llama fraude a la ley. La complacencia a la situación por parte de las autoridades electoral y jurisdiccional, ha distorsionado el esquema comunicacional. Los spots de los partidos se vuelven instrumento contra la equidad en el sentido de las condiciones igualitarias para todos los contendientes. Es una paradoja reveladora de doble moral que quien más exige estricta legalidad en los procesos electorales, es el más inconforme con la determinación del INE sobre la restricción de promoción personalizada de dirigentes de los partidos.

Por otra parte, la fuerza y penetración que ha cobrado la comunicación e información digital ha puesto en cuestión la hegemonía de los medios convencionales, particularmente de la televisión abierta. Los datos son abrumadores sobre el cambio en los hábitos informativos de la nueva generación; el tema no solo es en cuanto a cobertura, también es de credibilidad e influencia. Cabe destacar que la situación no es particular al país, es un fenómeno global que da espacio a la duda sobre el poder de la publicidad en televisión, especialmente, la abierta.

Al cierre de siglo, intelectuales de gran calado como Karl Popper o Giovani Sartori en las fases últimas de su producción, elevaron la alerta sobre las amenazas y efectos perniciosos de la televisión. Es posible que si fueran testigos de lo que ocurre con la comunicación e información digital se quedarían cortos en su preocupación, al menos en lo que a su influencia se refiere. Sin embargo, son géneros diferentes. Los medios convencionales se caracterizan por su verticalidad y carácter impositivo en el sentido de que la única palabra la tiene el emisor. La réplica es ineficaz o sumamente imperfecta. La comunicación digital plantea un paradigma distinto. Ahí, lo interactivo y el tiempo real es lo que prevalece. Crea e integra comunidades virtuales en cuanto a identidades a partir de temas y cuya fuerza y cohesión está en los flujos de información. Es un fenómeno social diferente. No todo, de hecho, muy poco tiene que ver con la política en su sentido formal.

El sistema electoral se ha quedado corto o desactualizado. La no regulación del universo digital se ha escapado del control institucional y de sus actitudes rígidas. Quizás no haya mucho por hacer. Lo cierto es que la regulación de la red es uno de los temas más controvertidos y difíciles de concretar, precisamente por la horizontalidad de la comunicación y la existencia de emisores y reproductores que escapan al control. La publicidad institucional en la red se puede eventualmente controlar, no así los múltiples flujos y canales de información que impactan al ciudadano y, eventualmente, el sentido del voto. Estamos hablando del poder de la libertad de expresión en tiempos de la web.

La información digital, por su propia apertura y dinamismo no necesariamente puede someterse a los criterios de calidad y veracidad, no digamos a los de equidad. Hay de todo: desde la calumnia o el insulto soez, hasta la información fidedigna y oportuna. Lo mismo el debate serio y a profundidad, que prédicas fuera de todo sentido de moderación. Es un espacio abierto de libertad con todos sus excesos y controversias. Esa es su fortaleza, también su limitación. Como todo, se puede lamentar su abuso, pero no su existencia. Soy de los que piensa que sus virtudes son mayores que sus limitaciones. En todo caso a donde debe dirigirse el control es al empleo delictivo y a la invasión de privacidad, no a sus contenidos.

La elección de 2018 se hará bajo condiciones diferentes a las del pasado. Tengo la impresión que fue un error del legislador unir en una fecha comicios locales, de legisladores y el presidencial. También creo que el modelo de comunicación fincado en promocionales breves como latigazos, pura forma, exentos de fondo, está llegando a su fin. Lo está acabando el evidente abuso de los partidos y sus dirigentes, también la irrupción de la comunicación digital, acompañada de todas sus virtudes y defectos. El camino adelante, sin embargo, no será el desplazamiento de la comunicación convencional, sino su utilización más racional.

Desafíos

A Javier Tejado Dondé que lee mis textos y me escucha exhaustivamente

El país ingresa a un momento crucial al tiempo que inicia el ciclo sucesorio de la presidencia. Los tiempos electorales y los de la política real, han llegado. Los partidos se preparan, prefiguran alianzas y en su interior se perfilan los procesos para elegir a sus candidatos. En el caso del PRI pronto tendrá su asamblea nacional que será, como todo encuentro de tal naturaleza, un terreno de competencia, debate y acuerdo. Morena y su líder ya han señalado los términos y los sujetos de su coalición electoral. Lo mismo sucede con las dirigencias del PAN y el PRD, los que se pronuncian por un frente amplio opositor.

Las elecciones son espacio de disputa y controversia. De lo que se trata es de movilizar los sentimientos y hasta las pasiones del electorado para concitar apoyo para uno o el rechazo para el adversario. Así es la lucha por el poder en todas las democracias, y es natural que esto genere disenso y polarización. Es tiempo en el que los defectos de los adversarios se ven con aumento y los logros propios se maximizan y resaltan. En algunos casos, a falta de resultados o historia propia, se pretende dar curso a la expectativa de cambio con promesas irrealizables. La circunstancia ahora, por el estado de ánimo de muchos que mantienen una actitud de insatisfacción y enojo con el orden de cosas, es propicia; no sólo a la polarización, sino a propuestas de cambio en el sentido de revertir todo lo realizado, como si ese fuera el origen del problema.

La situación explica por qué en muchas sociedades se da curso por la vía del voto a cambios abruptos con propuestas y proyectos que se alimentan del agravio social que provoca el cambio en curso. Los casos son múltiples, afortunadamente no han sido generalizados y es deseable, por el futuro de la democracia, que no se vuelvan el signo de nuestros tiempos. Los valores de la civilidad como son las libertades, la tolerancia y la coexistencia de la diferencia se ven amenazadas por el arribo del populismo y el espíritu autoritario que le acompaña.

En el país son muchos los desafíos de las autoridades en este nuevo entorno. Por ejemplo, los términos de la vecindad con EU siempre han sido cruciales para el país. A finales del siglo pasado con la suscripción del Tratado de Libre Comercio, se dio un paso fundamental de sana integración y de mutuo beneficio. No lo es todo, pero sí una fórmula virtuosa y muy inteligente, además de constructiva, de hacer de la asimetría social, cultural y económica de las tres naciones, una zona regional de oportunidad y de prosperidad. El balance ha sido favorable para todos. Actualizarlo es necesario, pero ratificando los objetivos que le inspiraron y que hicieron del acuerdo una historia de éxito. El proceso de negociación no será sencillo por la retórica hostil del presidente norteamericano, por el sentimiento de agravio de una parte de la sociedad norteamericana y porque hay sectores económicos poderosos que pueden ver en la negociación oportunidad para mejorar su posición a costa del legítimo interés de las naciones.

Otro pendiente de nuestro tiempo, que no podemos soslayar en el marco de la competencia que viene, es decir, que no es sólo del momento electoral, son los procesos abiertos propios del escrutinio público al poder. Vivimos momentos distintos no solo por los problemas que resultan de las insuficiencias de la política o del gobierno o posiblemente de una mayor exigencia pública sobre lo que se espera de las autoridades. Vivimos una diferente ciudadanía, formas de participación e información, así como una aspiración mayor y diferente de bienestar. Ahora el consenso es precario y difícil de lograr. Las diferencias y los nuevos términos de la exigencia social también tienen un potencial importante de motor para el cambio. El desafío es que este impulso disruptivo tenga cauce y destino virtuoso.

En esta perspectiva ha sido un logro mayor el que la pluralidad haya podido construir un marco de transformaciones institucionales profundas que le dan al país fortaleza y un mejor horizonte. Por el modelo de negociación, los cambios no cobraron fuerza en la base social, pero esto no los hace perder validez ni eficacia. Así, por ejemplo, abrir el país a una mayor competencia en muchos sectores de la economía es probable que al ciudadano común le parezca un tema menor; la realidad es que revertir una situación de monopolios públicos y privados por la vía de la ley es un proceso histórico de gran calado. Ciertamente, que se llegue al objetivo último no es instantáneo ni sencillo, se requiere un proceso largo de adaptación y de concurrencia de voluntades, normas y procedimientos.

Situación semejante puede decirse de la reforma educativa. Su necesidad y pertinencia está fuera de cuestión. Ha sido muy encomiable la postura de la mayoría de los trabajadores de la educación para participar positivamente en este proceso de cambio. Por su contenido y la complejidad del sector no ha sido sencilla hacer realidad la reforma, pero ya es. Hay mucho camino todavía por recorrer para ver su impacto en la calidad educativa, pero es mucho lo que se ha hecho al definir sólidas bases institucionales para el cambio y también en hacer realidad la primera etapa de su realización.

Revertir los cambios sería un error de magnitud histórica. La seducción populista al respecto no es diferente a la del entonces candidato Donald Trump de crear un muro o de echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Se puede pensar en hacer ajustes o mejoras de las reformas emprendidas, pero no para revertirlas o pervertirlas en sus objetivos. Todavía peor, por su contenido antidemocrático, sería anularlas simplemente por la ausencia de voluntad del gobierno para cumplir y hacer cumplir la ley.

Los retos que se viven hoy día no son menores, trascienden la competencia electoral y deben dimensionarse y atenderse sin indiferencia o inacción, porque así lo exige la normalidad cambiante de los nuevos tiempos.

Segunda vuelta

A partir de la reforma política de los 70’s, México ha experimentado un largo proceso de transformación de sus instituciones representativas y electorales. El régimen presidencial no ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la manera de integrar a los órganos representativos como son las Cámaras, los Congresos locales y los ayuntamientos. También la Ciudad de México se ha transformado. De autoridades designadas por el Ejecutivo federal, herencia de la colonización española, pasamos a la democratización plena. Las instituciones han cambiado porque el país se ha transformado. Han sido un sinnúmero de reformas, algunas, en realidad muy pocas, anticipando lo que viene, otras exhibiendo las dificultades que tenemos para adaptarnos a la exigencia que impone la realidad.

En términos generales, aunque controvertidos, los cambios en la Constitución han sido eficaces. Controvertidos, pues existe la idea de que los sistemas políticos deben tener una relativa estabilidad en cuanto a sus reglas; también es polémico el caso de incluir en la Constitución normas que debieran estar en la ley ordinaria, resultado de la pretensión de los partidos de fijar sus logros, ya que la reforma a la Constitución requiere de mayoría calificada.

De factura reciente han sido las candidaturas independientes, y también la federalización de la organización de las elecciones, bajo un esquema ambiguo en el que el órgano central se reserva ciertas facultades y los institutos electorales locales la organización de los comicios. La fiscalización se hace a nivel central y eso que debe ser el eje fundamental de la confianza en torno a las campañas, se vuelve un laberinto de opacidad y dificultades de cumplimiento, empezando por el detalle que obliga a todos los candidatos y partidos a una complejidad contable sin paralelo en el mundo. A pesar de eso, o quizá mas marcado por las disposiciones de nuevo cupo, el financiamiento subrepticio o ilegal continúa siendo uno de los problemas más graves del sistema electoral.

En esta situación general que a ratos parece estar construida para abonar a la desconfianza, un cambio de relevancia es que el próximo presidente podrá construir un gobierno de coalición. La norma es sumamente general, pero es el inicio de la parlamentarización del régimen presidencial, puesto que la figura como tal alude a la construcción de mayoría legislativa. Por lo pronto, para la funcionalidad de la coalición serán los acuerdos los que llenen un vacío que en estricto sentido corresponde definir a la Constitución y a las leyes.

Dos fuerzas han definido el cambio institucional; la primera ha sido la inercia hacia la pluralidad en el sistema de partidos. En efecto, se ha transitado de un régimen de partido dominante a otro donde son muchos los que compiten en condiciones tales que el voto mayoritario puede resolverse con cifras cercanas a la tercera parte de los sufragios, como ocurrió en los comicios recientes en el Estado de México y Coahuila, a pesar de que los ganadores representaban coaliciones de más de tres partidos.

Otra inercia es que la reforma tiene lugar bajo el interés de quienes tienen que aprobarla. Esto es, sus alcances y contenido resultan del cálculo –no siempre acertado- de los partidos sobre sus propios intereses. Aunque los ciudadanos se han beneficiado y la democracia se ha fortalecido, los cambios no siempre han tenido un efecto virtuoso; la desconfianza y la partidocracia han afectado las libertades y el gasto electoral es irracional e ineficaz el régimen de fiscalización.

Ahora toca el debate sobre la segunda vuelta. Tengo la impresión de que el cambio será aprobado no para esta ocasión, sino para el futuro. El PRI ha cambiado de postura, precisamente por el avance de la pluralidad. Quienes rechazan el cambio son los que apoyan a López Obrador, bajo la idea de que es difícil que él ganara la segunda vuelta, aunque todos dan por hecho que sí sería uno de los finalistas. También hay quien está promoviendo la segunda vuelta para impedir el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial.

La realidad es que deben diferenciarse tres planos de la discusión. El electoral, esto es, cómo traducir el voto en cargos; el de gobernabilidad y que se refiere a que el gobierno actúe con eficacia; y el parlamentario, cómo constituir mayorías estables.

Las coaliciones que se conciben en la ley son de carácter electoral, a pesar de que la Constitución ya prevé el caso de un gobierno de coalición. Lo que alude la Constitución es al acuerdo después de la elección para lograr la gobernabilidad con referencia a la mayoría legislativa. La segunda vuelta en la elección presidencial es una respuesta parcial y quizás contraproducente al objetivo de gobernabilidad.

Esto ocurre porque la segunda vuelta propicia la suma de los partidos perdedores sobre uno de los que llega a la final. Esto tiene un sentido de coalición, pero sigue siendo electoral, no política porque el acuerdo es para ganar la elección no para gobernar. Así, por ejemplo, los partidos que alcanzan mayoría legislativa pueden acordar postular a un candidato para la segunda vuelta, pero no necesariamente significa que vayan a ganar, de manera tal que el candidato ganador tendría que gobernar con una mayoría legislativa en contra.

Otra de las particularidades de la segunda vuelta es que puede ganar un candidato con una presencia muy baja en el Congreso, situación que explica diversas crisis constitucionales en regímenes presidenciales en los que un candidato con exigua fuerza legislativa gana en la segunda vuelta. No es un tema menor, precisamente porque la legitimidad que resuelve la segunda vuelta no aporta a la gobernabilidad del sistema presidencial, condicionado por la división de poderes y una mayoría legislativa que puede ser adversa.

El régimen presidencial muestra niveles de agotamiento por la realidad partidaria del país. La coalición para gobernar es un principio de solución, pero requiere un andamiaje institucional que no existe. Por otra parte, el régimen parlamentario ofrece muchas respuestas para un entorno de pluralidad partidaria y la construcción de gobierno. El problema no está en este sistema de gobierno, sino en que éste supone un sistema de partidos sólido y prácticas políticas que hagan del parlamento el espacio de responsabilidad para la construcción de autoridad. Por lo pronto 2018 será el inicio de un nuevo modelo de gobierno que necesariamente tendrá que ser perfilado sobre la marcha.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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