Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La crisis del consenso

El Informe Latinobarómetro 2017 nos dice que algo muy malo sucede con el consenso al arreglo democrático y político actual. Los niveles de insatisfacción social con lo que existe –instituciones democráticas y gobiernos– es creciente y preocupante, especialmente porque se hace presente a pesar del avance que ha tenido la economía en la región. En el estudio de 18 países, México es el que más deterioro muestra en el último año sobre el apoyo de la sociedad a la democracia.

Si el levantamiento de datos se hubiera realizado ya acontecidos los sismos, seguramente los resultados para México no hubieran sido tan dramáticos. En septiembre, por este ánimo renovado que surgió de la tragedia, hay un punto de quiebre en la sociedad, una especie de reencuentro con nosotros mismos, aunque persiste el descontento y la impresión de que las reglas no son funcionales para la mayoría. El informe ratifica que el eslabón débil de la democracia son los partidos y los políticos; y que los dos grandes problemas que generan desencanto son la inseguridad y la corrupción.

La insatisfacción con la democracia es equivalente a la realidad de ésta, es decir, no se mide si las personas desean en lugar de éste arreglo otro de carácter no democrático o autoritario; lo que se juzga es la expresión de la democracia como existe y se practica. Toda vez que la crisis es una tendencia regional, quizás de lo que se esté hablando es de las dificultades del régimen presidencial para generar consenso en sus instituciones y gobernantes.

Un tema que apunta a la crisis de consenso sobre el régimen, particularmente en México, es la respuesta de que si se gobierna para unos cuantos poderosos o si se hace para todo el pueblo. En el reporte, el promedio para la región es de 75% de quienes creen que se gobierna para el grupo de los poderosos y en México la cifra se eleva a 90%, sólo superada por Brasil.

La situación no deja de ser una paradoja, toda vez que en muchos países el cuestionamiento y la impugnación se origina en gobiernos de orientación de izquierda o popular. De hecho, la alternancia observada en muchos países es el arribo de proyectos de derecha, resultado de la imagen de corrupción y de autoridades al servicio de un grupo poderoso en los grandes países del continente como son Brasil, Argentina y al parecer, próximamente Chile, con el eventual regreso de Sebastián Piñera a la Presidencia.

El déficit de confianza no solo se refiere a lo público, también implica a otras instituciones como la iglesia. El valor de confianza para la iglesia en la región es de 65%, en México es de 58%. Por su parte, se sabe que el combate al narcotráfico en México ha significado un costo elevado para las fuerzas armadas; sin embargo, en la región éstas tienen una confianza de 46% y en el país tienen 51%.

Una llamada de atención reiterada es el bajo aprecio que tienen las policías en la región que es de 35%; sin embargo, en México obtuvo la cifra más baja que es de 21%. Es urgente una respuesta estructural al respecto. A contrapelo, los datos sobre confianza del tribunal electoral, el Congreso y el poder judicial están en el promedio regional, aunque bajos, respecto a otras instituciones.

Capítulo aparte, junto con el descrédito de las policías, es el de los partidos políticos. En los 18 países la confianza en ellos es de 15% y en México es de apenas 9%, que no representa siquiera la suma de los electores leales de los partidos, que ronda el orden de 30%.

En materia de corrupción, los mexicanos la advierten como uno de los grandes problemas; en los casos de soborno 47% piensa es posible sobornar a un policía, 33% a un Juez y 51% a un funcionario de gobierno. Los datos para la región son 37%, 31% y 32%, respectivamente.

En cuanto a los espacios de corrupción en escala de 0 a 10, la referencia al gobierno es de 8 en México, respecto al 7.5 en la región; en las municipalidades 7.9 en el país y 7.4 en la región; Congreso 7.9 y 7.4 respectivamente; sindicatos 7.4 y 7.1; tribunales de justicia 7.9 y 7.4; grandes empresas 7.4 y 7.1.

En relación a los problemas más grandes que hay en el país, los resultados son delincuencia 28% en México y en el promedio regional 20%; situación política 16% México y 8% en los 17 países restantes; corrupción 13% y 10% respectivamente; economía y desempleo, 15% % en México y en la región 23 por ciento.

La numeralia del reporte es un ejercicio útil para entender nuestro tiempo y los problemas que generan la crisis del consenso y por lo mismo el deterioro de la confianza en las autoridades y en las instituciones. Como señala el reporte, a pesar de que le economía ha dado muestras de una evolución positiva y que en el caso de México han desaparecido del horizonte la recurrencia de crisis o colapsos financieros o económicos, el consenso no solo es precario sino va en creciente detrimento.

Los datos son reveladores respecto a tres problemas que es preciso encarar: inseguridad, corrupción y crisis de representación política, especialmente los partidos. Quizás para algunos la dificultad que encaran gobiernos, legisladores e instituciones políticas es consecuencia de los dos primeros temas. Sin embargo, los datos sugieren que más allá del imaginario social, las instituciones y quienes las encabezan han perdido capacidad de respuesta para hacer frente a la expectativa pública sobre dos aspectos fundamentales: proveer seguridad y mejorar la calidad de gobierno.

El país se encamina a la renovación de los tres poderes y prácticamente de todas las municipalidades, además de nueve ejecutivos locales. La retórica propia de las campañas postula soluciones fáciles, sobre todo aquella muy presente en las ofertas electorales de corte populista, que hace creer que es sólo materia de voluntad resolver los problemas. En parte es el caso, sólo en parte, lo que sí es evidente es que un cambio será posible sólo en la medida en que todos se involucren en la solución, en presentar nuevas condiciones de liderazgo y generar un buen gobierno. Mejorar los indicadores económicos ya no es suficiente sino tenemos el reto de acreditar el democrático y el consenso social en sus instituciones

El Senado y el fiscal

Uno de los temas fundamentales del sistema presidencial es la relación entre poderes. Se han creado instituciones para dar curso a la justicia y también para el control horizontal del gobierno. La intervención del Congreso o de una de sus Cámaras para la designación de funcionarios federales es una de las fórmulas utilizadas. El Senado ratifica el nombramiento de Procurador y también el Senado elige, con mayoría calificada, al Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Electorales.

En días pasados, el Procurador encargado del Despacho, Alberto Elías Beltrán, removió al Fiscal designado por el Senado, Santiago Nieto. El hecho dio lugar a una intensa controversia política, legislativa y jurídica. El Senado había sido convocado, dado que estaba a prueba el sistema de contrapesos y la función de la Cámara Alta sobre los actos de funcionarios del gobierno, para ratificar la remoción o para reinstalar al fiscal Santiago Nieto. Empero, el ex Fiscal Especial ha declinado su caso ante el Senado, lo que seguramente dejará sin materia el tema.

Partamos de algo que se olvida en el debate que este tema había generado: los órganos legislativos no fueron creados para impartir justicia. Lo hacen en situaciones excepcionales y casi siempre, aquí y en el resto del mundo, su actuación no es la que mejor se apega a las normas propias del proceso judicial. Así es porque en la democracia contemporánea, la forma de actuar de las Cámaras es mediante la intervención de los partidos políticos o grupos parlamentarios, movidos por intereses las más de las veces incompatibles con el espíritu de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. En esta tesitura especial de legisladores que representan también a sus partidos, la disciplina partidista es un tema controvertido, pero al final es funcional para la democracia representativa y el trabajo parlamentario. No se elige a una persona, sino a un representante a través de un partido. En todo caso, ahora existe la figura del candidato independiente para que sea el ciudadano quien avale a un representante sin apego partidario.

Hay temas fundamentales y excepcionales en los que el legislador cuenta con libertad: asuntos como los de conciencia. En mi opinión, también son aquellos cuando una comisión o el pleno de la Cámara se erige en juez. Por elemental lógica, no puede haber justicia si se somete al dictado partidario. La actuación de cualquiera de las Cámaras en temas de justicia son de tanta importancia que los legisladores deben actuar con libertad y, para ello, votar en secreto.

Lo importante, y la lección que deja el caso del Fiscal, no es la manera en que se iba a votar, sino el sentido del voto. Considero que había elementos públicos que sustentaban suficientemente el caso de la remoción. El ex Fiscal Santiago Nieto ha declinado en su causa. Más que sus razones en su misiva última, hay que ver que confesó haber permitido que un diario de importancia, en su primera plana, haya señalado que fue objeto de amenaza cuando él dice que eso no fue lo que declaró. No tuvo, en su oportunidad, el valor para desmentir o precisar una acusación que afectaba a un particular inculpado, lo que también compromete la imparcialidad del fiscal.

Hay otro aspecto que no se ha valorado en la opinión pública: el desacato a un amparo del 10 de octubre, que después habría de ser ratificado, en el que el juez ordenaba al fiscal especial, en un plazo de 24 horas, permitir que el inculpado accediera a la carpeta de investigación, hecho que no solo no ocurrió, sino que, por declaración del fiscal, un medio publica sin ser cierto, que había presión indebida del inculpado.

Este último caso, revista una situación sumamente grave toda vez que el desacato judicial es mucho más grave que la imprudencia verbal o la omisión, pues da lugar a responsabilidad penal. Ya el representante legal de Emilio Lozoya ha presentado denuncia ante la PGR. Santiago Nieto deberá enfrentar la justicia por el desacato a la instrucción del juez, independientemente de que por voluntad personal haya desistido de defender su cargo.

Para un sector de la oposición y para algunas organizaciones civiles, la remoción o ratificación del fiscal Santiago Nieto se ha apreciado, indebidamente, como una cuestión de sanción o impunidad respecto al caso del supuesto financiamiento de la campaña de 2012 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. En realidad, no se está juzgando la investigación, sino la calidad ética y la legalidad del desempeño del fiscal Santiago Nieto. En todo caso, ha sido su conducta de protagonismo y excesiva imprudencia verbal ante los medios los que han complicado el caso.

La remoción fue una sanción a la ligereza u oportunismo mediático de un funcionario, cuyo desempeño debiera ser el de la discreción y bajo perfil. La pretensión de reinstalarlo representaba una afrenta a la razón; de prosperar, hubiera significado que funcionarios en responsabilidades críticas como la de un fiscal especial puedan mentir o dejar que otros mientan a su nombre. Con el retiro del caso, el Senado no llega a definir y perdemos una oportunidad valiosa para saber si las instituciones pueden procesar, en estos tiempos, esta clase de retos de gobernabilidad y de legalidad en los que no debería haber discusiones.

La tarea sigue adelante. Es deseable la pluralidad para designar Fiscal General de la República, o al menos Procurador, en tanto se llega al acuerdo sobre el primer nombramiento. No es recomendable que instituciones como las fiscalías generales o especiales estén a cargo de funcionarios sustitutos, por más competentes y eficientes que sean. El Senado debe asumir su responsabilidad como parte del Estado Mexicano y actuar con altura de propósito, al margen del impulso electoral, tan presente y tan dañino en esta circunstancia.

Se ha cerrado el caso del fiscal, pero el Senado tiene una. La Constitución y el régimen institucional le otorga responsabilidades que no deben declinarse ni posponerse. Seguir pensando como facción no es salida, sino ruta segura a la parálisis. Se requiere responsabilidad, visión y compromiso con el país. Una vez que deja de haber un tema que polarizaba la opinión, es de esperar una respuesta constructiva, inteligente y que acredite la funcionalidad de las instituciones de la democracia.

La causa de Krauze

Un aspecto esencial de la democracia es su carácter deliberativo. El país, los medios, el día a día, abren espacio a la deliberación en sus variadas formas: el escrutinio al poder, el debate, la confrontación de ideas. Es una paradoja, pero en la práctica y en la regla, las campañas electorales cierran paso al debate. El modelo comunicacional diseñado por políticos es claramente antiliberal y en muchos sentidos una ofensa al ciudadano. Uno de los capítulos más lamentables de la mala reforma de 2007 fue, además de cancelar las libertades, crear un modelo de campañas con una invasión de promocionales en radio y tv tomado de los tiempos del Estado. La propaganda se volvió el modelo de comunicación política y el debate simplemente desapareció de escena.

Frente a esta realidad de un diálogo que hoy parece imposible entre los partidos y el ente social al que representan, el historiador Enrique Krauze se ha pronunciado por abrir espacio al debate. La causa de Krauze es la de los ciudadanos. Los partidos procesan la propuesta a partir de su cálculo y conveniencia. Es natural, pero no puede quedarse en ello. De todos los frentes debemos exigir a los partidos y a sus candidatos un compromiso mayor para hacer de los comicios venideros el paso adelante que exige la calidad de nuestra democracia, y en este objetivo, el debate es un elemento imprescindible.

Los debates no se hacen porque la ley los exija o imponga. De hecho, los que así se establecen suelen ser sumamente rígidos y de un formato que no propicia el intercambio de ideas. Todo se vuelve problema, hasta la convocatoria, más cuando concurren muchos candidatos, algunos sin posibilidad alguna que suelen ser patiños que la hacen de fajadores al servicio de otros con mayores posibilidades.

Los debates acontecen en la escena política porque los contendientes deciden participar no en función de una ventaja, o desventaja, sino como parte natural del juego democrático. Casi siempre son los medios de comunicación quienes convocan, organizan y difunden. Suele haber declinaciones a participar bajo la tesis de que quien va adelante en las preferencias no debe exponerse. La realidad es que los triunfos electorales deben acompañarse de razones y argumentos. Esta es la importancia de los debates, y con frecuencia se dan casos de candidatos con ventaja que la aumentan, precisamente por lo que acontece en este tipo de encuentros.

Lo he dicho en este espacio. México registra un atraso en la calidad de su democracia precisamente por la dificultad de interiorizar la deliberación como una forma normal del quehacer público y político. Persiste la fijación sobre la unanimidad, esto es, la dificultad que tienen los hombres de poder para asumir como normal la crítica y el rechazo –auténtico o interesado– de parte de la sociedad. Para muchos lo mejor es no exponerse, optar por la omisión, el silencio o una respuesta perversa que elude el intercambio: el monólogo.

La página más luminosa de la historia política del país fue la del periodo de la República Restaurada, etapa rescatada con gran calidad y rigor intelectual por don Daniel Cosío Villegas. Una vista a la política y a la prensa de tal periodo es un ejemplo que inspira y conmueve. Lamentablemente esta elevada expresión del liberalismo mexicano habría de ser sepultada por el caudillismo del porfiriato y del régimen revolucionario. Un legado no deseable de ese México ha sido la resistencia de los hombres de poder al escrutinio y a la deliberación pública y abierta.

La sociedad mexicana ha cambiado profundamente. El modelo comunicacional de principios de siglo no contempló la crisis de los medios convencionales y el surgimiento de la revolución digital como uno de los recursos más relevantes para la comunicación política. No es la publicidad lo que importa, sino el intercambio, la capacidad para interactuar en tiempo real a partir de los múltiples intereses y formas de comunidad que en torno a ellos se genera. A no pocos horroriza lo que ocurre en las redes sociales, sin embargo, esto, a pesar de sus excesos, llegó para quedarse y reviste la mayor importancia no solo como medio de información, sino de participación y expresión políticas.

Los debates tienen la virtud de ser eventos políticos que la sociedad sigue con interés. Es un desafío para los candidatos el buen desempeño. El encuentro tiene un efecto igualador y para los independientes o postulados por partidos pequeños son oportunidad, aunque el público no es inmune a la prédica demagógica. La ventaja es que da opción no solo a que los adversarios respondan y hagan su propio caso, también para que los medios y particularmente el público se involucren en las campañas y de esta manera lograr un voto informado.

Los debates no resuelven el déficit de la democracia, tampoco hacen superar los problemas que hay en la cultura política de la sociedad. Sin embargo, son procesos que en su ejercicio van ofreciendo un beneficio creciente en esta dimensión propia de la democracia: un permanente aprendizaje colectivo y sí, en sus efectos últimos, sí contribuye a la participación política y da sustento a la razón del voto.

Una de las mayores virtudes que advierto en campañas que hagan que el debate desplace a la propaganda y al monólogo, es que compromete a quien compite y mañana gobierne a hacer de la crítica y la coexistencia de la diversidad una forma regular, normal y virtuosa de la democracia y del ejercicio del poder. Así, el debate sirve para conjurar el regreso de cualquier forma de autoritarismo del gobierno.

Quien gane, quien prevalezca en la contienda de 2018, habrá de ser consecuente no solo con la oferta por él suscrita, también por la manera en que lleve la contienda. Así, de haber debate, el nuevo presidente habría de entender y asumir el país diverso y la pluralidad política que lo contiene. Las unanimidades nada tienen que ver con la democracia. Sí la crítica, la deliberación y el escrutinio al poder. Abrir las puertas al debate, como lo propone Krauze, permitirá comprender el horizonte completo de un país urgido de construir su propio y mejor destino.

Hacer de la competencia virtud

Para no pocos, la circunstancia se ha vuelto lamento, si no es que enojo. En estos tiempos, por diversas consideraciones, la realidad se ve por el cristal que alienta y alimenta el descontento general. Hay razones para ello, siempre las ha habido, pero el problema mayor es que no nos demos licencia para ver lo positivo y, sobre todo, entender que para bien andar el camino adelante y mejorar lo que existe, requerimos de un mayor sentido de corresponsabilidad, optimismo y confianza en nosotros como comunidad.

He pensado que los desastres naturales nos han dado la oportunidad de entendernos mejor en nuestras virtudes como pueblo y en nuestro potencial como nación. El temor a lo inexplicable y la convicción de lo precario de la vida, nos hace poner en perspectiva bienes y males. Me quedo con la idea de que lo acontecido con todo lo que significa en costo humano y dolor, da lugar para que asumamos de mejor manera nuestro presente. Esto es relevante ante el escenario de disputa por el poder que habrá de resolverse por la civilidad propia de las elecciones.

Partamos de lo innegable: los problemas son reales y además recurrentes. Pero la inseguridad, el déficit en la calidad de los gobiernos y de la política o la desigualdad en todas sus expresiones, deben entenderse y resolverse con visión, comprensión de sus razones profundas y, especialmente, compromiso compartido para resolverlos. No hay soluciones fáciles ni rápidas. La promesa simple y voluntarista colapsa ante la terca realidad. Así, por ejemplo, en Nuevo León, hace poco más de dos años ocurrió uno de los resultados electorales más sorprendentes al llevar al triunfo a un candidato independiente que despertó la expectativa de un cambio profundo; ahora se padece un generalizado desencanto y quienes ayer le abrían camino por el fastidio con el orden de cosas, ven no sólo cómo se desmorona lo prometido, sino un retroceso en muchos terrenos ganados, como el de la seguridad, entre otros.

Por eso es menester hacer de la competencia virtud. No se trata de que partidos, candidatos y organizaciones declinen en su lucha frente a los adversarios o al estado de cosas. De lo que se trata es interiorizar lo mejor de los valores y principios de la democracia, en tiempos donde las naciones más avanzadas, padecen el embate del populismo nacionalista. El discurso del odio, que estará presente, perderá valor si la respuesta ciudadana es de reserva o escepticismo. También debemos proceder así ante quien recurra a la promesa superficial, eluda el debate o aliente los sentimientos y emociones más bajas de la sociedad.

La competencia en 2018 será diferente, no solo por razones institucionales o de la norma; la sociedad se ha transformado y la mediación fundamental entre el ciudadano y el poder público, es decir, los partidos, padecen el mayor descrédito y distancia con la sociedad. La comunicación también está sufriendo cambios profundos. Lo digital coexiste -ganando cada vez más terreno- con los medios convencionales. Con las redes, los flujos de información son horizontales, en tiempo real e interactivos; aunque con más frecuencia de lo que se quisiera, no siempre encontramos ahí rigor asociado a la veracidad.

Quienes tenemos el privilegio de participar en los medios, también tenemos la oportunidad de contribuir no solo a la moderación inteligente del discurso y la oferta política, sino a ser factor de escrutinio a todo y todos. No hay un espacio neutral para la contemplación de los asuntos públicos, mucho menos de los políticos. La imparcialidad o la objetividad, con frecuencia, suelen ser trampas voluntarias o involuntarias de quienes las suscriben. Lo importante es la honestidad en el juicio y el rigor del análisis. Exculpar o inculpar sumariamente desde el tribunal mediático es un problema que debe atenuarse. Si se insiste en ello al menos se debiera hacer juicios justos, esto es, escuchar y dar oportunidad de defensa al inculpado.

La normatividad electoral es virtuosa en la medida en que abre espacio a la libertad de los ciudadanos y la oportunidad de competir en condiciones justas y razonables. El paternalismo impuesto por los propios partidos en la ley, bajo la premisa de que los ciudadanos deben ser protegidos de la competencia desbordada, ha tenido efectos perniciosos y han llevado a una sobrerregulación, con frecuencia absurda. El Consejo General del INE es una instancia confiable y en varios sentidos de excelencia. No pocos de sus problemas se derivan de la aplicación de malas normas y de un marco institucional mal diseñado por el legislador, que hace del órgano electoral juez y operador al mismo tiempo.

Para hacer de la competencia virtud debe quedar claro que los protagonistas centrales no son los partidos, tampoco los candidatos, son los ciudadanos, quienes deben ser tratados con el respeto que merecen en esta hora donde el ánimo social parece valorar de mejor manera la confianza en nosotros mismos. El descontento de alguna manera está presente, pero también el deseo de prácticamente todos de mejorar lo que existe. Es hora de que entendamos las causas profundas de muchos de nuestros males, para comprometer a la misma sociedad a participar en su atención y solución.

Bienvenidos la competencia, el debate y la crítica. También demos espacio al consenso y a la confianza en los órganos electorales. Es preciso desconfiar de quienes desconfían por sistema y dogma. Hagamos de la competencia un concurso que convalide nuestras capacidades para decidir de manera razonable, civilizada e inteligente. Que los partidos y candidatos cuenten con la libertad para emprender su lucha por el voto y que los ciudadanos tengan la emoción y la razón para darle un nuevo sentido a la competencia, que deje ser sinónimo de diferencias insalvables y que nos reencuentre para construir entre todos, con nuestras coincidencias, un mejor futuro.

Partidos en cuestión

En los tiempos que corren, pareciera que la inercia del poder es lo único que mantiene unidos a los partidos políticos. Lo deseable y lógico es que el eslabón más fuerte de esas instituciones sean el proyecto común y reglas internas que aseguren a sus miembros inclusión en candidaturas y representación regional o social en los órganos de dirección. No es así como ocurre y la democracia se ha vuelto una especie de producto tóxico para los partidos, los históricos y los nuevos, que por igual le han dado vuelta y han desestimado el enorme valor de la democracia interna como factor para presentarse como opciones válidas ante la sociedad.

En la cimiente de nuestro régimen político, los partidos fueron conceptualizados como escuela de democracia y vida cívica; que los partidos se nieguen a ello, significa que la política en su conjunto se enfila hacia su debilitamiento y se envilece. Partidos enfermos de autoritarismo y manejados cupularmente, abren la puerta a muchos de los defectos y debilidades de la vida pública causantes de buena parte del malestar social contra la política y los políticos en general. No uno, todos los partidos se han negado de manera sistemática a la democracia. La reforma de 2007 fue un severo retroceso, en el sentido de que el tema de democracia de los partidos dejó de ser un asunto de interés público para remitirlo a las decisiones exclusivas de los partidos y de sus dirigencias. Un error monumental. La democracia no debe ser opción, sino obligación.

Los partidos –todos- han perdido estima social y prestigio político. Las candidaturas independientes han sido una forma de sanción ciudadana, un castigo que no resuelve de fondo el problema. No hay democracia representativa posible sin los partidos. El tema a futuro es acomodar diferentes formas de participación y representación política al margen del sistema de partidos, un desafío monumental y que quizá signifique un nuevo paradigma para la democracia representativa. Independientemente de ello, los partidos en México no pueden mantenerse como hasta ahora, divorciados de los principios de la modernidad democrática.

El PAN pierde mucho por la decisión de Margarita Zavala de abandonar sus filas para buscar la candidatura independiente a la Presidencia. También para Margarita es un desafío significativo emprender ese camino inédito. Una decisión audaz que revela el hartazgo por la cerrazón de la dirigencia de su partido. El PAN ha cambiado, fue una organización con inclusión, equilibrios y un poder del dirigente acotado por los órganos de representación. Ahora es partido de un solo hombre; le da eficacia y fuerza en condiciones de contienda, pero es una pérdida en el sentido de inclusión y de construcción de un proyecto común, característica de todo partido.

López Obrador ha tenido la habilidad de presentarse como una opción diferente a lo existente. Fue un paso importante dar lugar a Morena como una organización consecuente a su propósito de cambiar a México desde la Presidencia de México. En su caso, es explicable que sea un partido a su servicio y que allí nadie se atreva a cuestionar su campaña anticipada como candidato presidencial. Un partido nuevo con un dirigente con amplia base política como López Obrador recreó la expectativa de algo diferente. No ha sido el caso, y en poco tiempo se ha visto que comparte los problemas de todos los partidos: autoritarismo y opacidad en el financiamiento.

Por ejemplo, la decisión de definir candidatos a través del sistema de encuestas es un error, mucho mayor cuando se hace en la opacidad y la simulación. Opacidad porque el ejercicio demoscópico se hizo sin el consenso de los contendientes en las particularidades metodológicas del estudio; simulación, porque el resultado se dice que es para seleccionar a quien coordinará los trabajos del partido en la entidad, cuando todo mundo entiende que es para definir la candidatura. Se hace así para violar la ley amarrándole las manos a las autoridades electorales mediante una clásica “chicana” legal.

En el marco de los desastres naturales recientes, los partidos fueron sometidos a un severo cuestionamiento con motivo del financiamiento público; la presión social para remitir esos recursos a la reconstrucción fue una manera de hacer valer el desencanto con lo que existe. El problema no es lo que cuestan los partidos al erario, sino la distancia de éstos con la sociedad y su disfuncionalidad para dar representatividad al sistema político. En otras palabras, el problema del gasto público electoral es mucho menor respecto al hecho, ese sí grave, de que los partidos han dejado de cumplir con sus responsabilidades en el sistema democrático.

Las candidaturas independientes resuelven un tema constitucional para garantizar el derecho a ser votado y, eventualmente, como ha ocurrido en varios países, de manera excepcional pueden airear el sistema político para empoderar a políticos o ciudadanos al margen del sistema partidario. Margarita Zavala en su decisión de abandonar al PAN, es un acontecimiento mayor que debe entenderse en todo lo que significa, especialmente, para el sistema de partidos por la ausencia de democracia interna a manera de dar oportunidad a sus miembros cuando aspiran a un cargo de elección. De alguna forma es el caso de Ricardo Monreal, en el supuesto de que busque la candidatura negada por su propio partido.

La cuestión de fondo es que ha llegado el momento para que los partidos asuman responsabilidad y adviertan la magnitud del problema por servirse de la democracia y no servir a ésta. Las candidaturas independientes están en desventaja respecto a las de los partidos en términos de prerrogativas; pero también hay imprecisiones en la ley en materia de fiscalización para esta modalidad de campaña. La inequidad es un problema y no menos es la transparencia sobre origen y gasto de campañas. El tema es relevante porque ante la cerrazón de los partidos, serán muchos los candidatos que buscarán el cargo por la vía independiente.

Las elecciones presidenciales han dejado un saldo en lo general positivo de reformas, muchas de las cuales buscan corregir problemas del sistema electoral, aunque no todas ellas muy acertadas, como fue en algunos capítulos, la de 2007. Desde ahora se anticipa la necesidad de cambiar las reglas, y una fundamental será la de obligar a los partidos a la democracia en todas sus decisiones. No se puede exigir hacia afuera lo que niegan en casa a los suyos; porque la democracia es sólo una, y los demócratas lo son en todo lugar y en todo el tiempo.

Después de la emergencia

Tanto para optimistas como para pesimistas, es muy temprano para inferir lo que viene después del temblor. Lo deseable no es necesariamente lo que habrá de ocurrir; aunque tampoco el fatalismo es algo que sea lo forzosamente previsible. Como quiera que sea, por sus efectos, el fenómeno sí da para pensar que puede ser el acelerador para llegar a un necesario punto de inflexión. El tema va más allá de la visión cortoplacista que se centra en la evaluación de autoridades, o de su impacto en las intenciones de voto; la cuestión de fondo es si el temblor y su secuela tienen el potencial para impactar en el ánimo social. De ocurrir esto, muchos otros efectos habrían de generarse, no solo en la política, sino en los términos de convivencia y de la relación de las personas y sus autoridades.

A los sismos de 1985 se les asigna el papel de agente causal en la transformación política del país. En mi opinión, no es que estos hechos de la naturaleza sean detonador o punto de partida de los cambios que ha experimentado el país; en realidad son eventos concurrentes que irrumpen e influyen en lo que ya venía aconteciendo. Algo semejante fue el movimiento estudiantil de 1968. Lo cierto es que por su visibilidad llegan a ser referentes simbólicos del cambio de régimen y su democratización.

¿Qué impacto podrían tener, directo o indirecto los sismos recientes? Lo primero que hay que destacar, es que a diferencia del pasado, en este caso las autoridades hasta el momento han tenido una actuación mejor y bastante más oportuna, especialmente el Presidente de la República. Y si bien los mandatarios locales se han visto desdibujados o han estado bajo cuestionamientos; el desempeño de las fuerzas armadas ha adquirido el mayor relieve y confirma en el imaginario colectivo el compromiso de las instituciones con el país en los momentos más difíciles de la población.

El sector social y los ciudadanos, así como el sector empresarial, han mostrado su compromiso y capacidad de respuesta. El balance del primer momento, el de la emergencia, revela que se ha aprendido de tragedias pasadas, con mayor claridad en el Valle de México. La situación desgraciadamente parece diferente en las zonas remotas del país afectadas por los temblores, quizá por las dificultades propias de la geografía.

También hay que advertir el cambio en los hábitos informativos. La televisión ha dejado de tener el impacto del pasado por cobertura y credibilidad, aunque persiste como un medio importante. El despliegue informativo ha sido encomiable. La presencia de las redes es significativa y allí ocurre de todo, crítica, engaño y también la oportunidad de información veraz y en tiempo real, además de la interacción que va conformando una percepción compartida donde se entrevera razón y emoción. Los rumores y la mala entraña que abundan en estos espacios, no invalidan la valiosa aportación de las redes sociales.

Un aspecto que hace que cobre fuerza la idea del efecto social y político de los sismos es el lugar donde mayor impacto tuvo: el sur y el centro del país. Un mapa de densidad demográfica, de volatilidad electoral y del descontento social, mostrará la coincidencia con la zona de impacto. De allí que la secuela del sismo en cuanto a ánimo o humor social sí tendría como probable efecto el de modificar las coordenadas previas a septiembre. La actitud antisistema que existe en esta zona, podría tener matices importantes o bien acentuarse, según la evolución del ánimo social.

De hecho, nada hay que garantice que un cambio de percepción y de predisposición derivado del desastre natural, persista a lo largo del tiempo. Sí sabemos desde ahora que ha desdibujado muchos de los temas previos al evento. De hecho, la reconstrucción plantea retos desafiantes para todos, y una vez pasado el temor, la crítica o la indignación, pueden cobrar relieve si no hay una respuesta institucional o si se reitera el ánimo de sospecha sobre la corrupción o la indiferencia gubernamental. Como tal, desde el punto de vista de las autoridades y del partido gobernante, lo que viene puede advertirse como oportunidad o como amenaza, según lo que venga por delante.

La respuesta a la emergencia es crucial y se ha actuado con oportunidad, sensibilidad y mesura. Sin embargo, la reconstrucción se plantea en una lógica diferente; el escrutinio es más riguroso, también lo es el prejuicio y más aquel que tiene motivaciones electorales. Por eso desde ahora es recomendable el objetivo de acreditar a las instituciones, con un esquema incluyente, transparente y de control riguroso del proceso de reconstrucción, para que la etapa subsiguiente le dé continuidad al ánimo mayoritariamente positivo derivado de estos días.

En el marco de la crisis, el financiamiento de los partidos ha estado en el banquillo y se ha abierto un debate que muestra la carga civil hostil al sistema de partidos y la incapacidad de éstos para responder de manera razonable y con lealtad al sistema democrático. Es explicable el peso del descontento con los partidos frente a la proximidad del proceso electoral. Sin embargo, este contexto es el menos adecuado para un debate razonado y visionario sobre el cambio que debiera tener el régimen de prerrogativas a las organizaciones políticas.

En el balance preliminar podemos sintetizar que los desastres naturales modifican o acentúan las condiciones previas; también, que las instituciones y quienes las conducen recobran una mayor visibilidad y son expuestas en su sentido de eficacia. Que de estos sismos ha surgido una nueva actitud de entendimiento y de corresponsabilidad, así como de confianza en nosotros mismos y respecto al futuro. Lo que no queda claro es la permanencia o el sentido de la evolución de tal sentimiento colectivo. De persistir lo que estamos identificando, es seguro que obligará a autoridades y partidos a un cambio en la manera de actuar ante el nuevo ánimo social.

Nada sin embargo, está garantizado pero por fortuna, hay una historia de antecedentes, de preocupaciones, de anhelos colectivos y de esfuerzos previos para hacerlos realidad, que seguramente habrán de definir el sentido y la profundidad del cambio.

De cara a lo trágico

Las experiencias extremas vestidas de tragedia exponen las fortalezas y debilidades de las personas y de las sociedades. Son vivencias existenciales, en el sentido que llevan a la inevitable conclusión sobre lo precario de la vida. Son pruebas y también oportunidad; está en cada quien optar si se quiere una u otra cosa. La suma de sentimientos conforma una actitud colectiva, y sólo las sociedades fuertes son las que pueden transitar a un cambio para bien, superar la adversidad y encarar constructivamente su secuela inmediata.

Los desastres naturales hacen aflorar el alma de un pueblo; es el sedimento inconsciente de gloria y tragedia. Una extraordinaria coincidencia que en una misma fecha se hayan presentado dos sismos de magnitudes históricas, pero con una diferencia de 32 años. No menos sorprendente también, lo es el hecho de que apenas una hora antes, la ciudad realizó un simulacro para prepararse por lo que ahora supone el imaginario colectivo, acontece cada tres décadas.

Nos atañe aprender de lo que acontece y definir el curso que debamos dar a este tipo de experiencias colectivas. Me resisto a quedarnos en la tragedia y en el reclamo; está en nuestras manos como individuos y ciudadanos –no del gobierno ni de la política– dar un curso positivo y hacer del acontecimiento un punto de quiebre para mejorar en todos los sentidos.

En los últimos años, con o sin razón, los mexicanos nos hemos hundido en el pozo de la indignación y el descontento; tiene causas válidas y también algo de imaginario. Poco bueno se puede alcanzar con un espíritu colectivo diezmado por el enojo y la desconfianza. Para mejorar, es preciso romper con ello; la tragedia nos ha servido, una vez más, para el reencuentro con nuestro potencial y con los grandes valores de la sociedad. Estará en nosotros hacer de esto el impulso a un nuevo momento que tenga como punto de partida la confianza en nosotros y en nuestro destino.

Sin duda, se aprendió de los acontecimientos de hace 32 años. Más que todos, el gobierno nacional. En aquél entonces, un mal aplicado sentido de prudencia, llevaron a la pasividad de quien encabezaba no sólo a las instituciones y a la autoridad, sino al país. Ante la tragedia la sociedad demandaba y esperaba la energía y el aliento de su Presidente. La mesura fue interpretada como omisión y con ello fue duramente castigado en la opinión pública. De ese entonces a la fecha, el partido gobernante de esos años, ha sido relegado en las preferencias al momento de elegir autoridad en la Ciudad de México. Los ciudadanos no olvidan.

Como en aquél entonces, la respuesta de la sociedad ante la nueva tragedia ha sido ejemplar. Los medios de comunicación también han aprendido y desde luego, el conjunto de autoridades, ahora de distintos partidos, ha entendido la necesidad de trabajar de manera coordinada. Lo destacable es que no hubo parálisis y que se ha sabido unir voluntades en estos difíciles momentos. La información ha sido oportuna aunque la incertidumbre siempre ha estado presente. Temas anecdóticos deben dejarse de lado frente al poderoso mensaje de solidaridad enviado por la sociedad: México se reencuentra consigo y la esperanza ahora no tiene dueños únicos, es de todos.

Las redes sociales fueron y son un potente instrumento de comunicación para millones de personas; en los minutos que siguieron a la tragedia, en ciertas zonas de la ciudad la red telefónica se congestionó, no así el internet, y la comunicación instantánea que se hace a través de aplicaciones como Twitter o Whatsapp, fue la que hizo posible difundir y socializar la magnitud del reto. Fue el motor que movilizó a miles, sobre todo, a los jóvenes a pasar a la acción y que los lanzó a las calles para ayudar.

Una vez que termine la etapa de emergencia se requiere una evaluación rigurosa sobre los inmuebles siniestrados, especialmente aquellos con elevada ocupación y de construcción posterior a 1985. Hay una normatividad estricta en materia de construcción como secuela al terremoto de 1985. Es un acto criminal la construcción de edificios como escuelas, oficinas públicas o fábricas fuera de las reglas que garantizan seguridad a sus moradores. Es recomendable la aplicación de sanciones ejemplares.

También es necesario abrir espacio a la capacitación de personas que puedan asistir con eficacia en ocasión de desastres naturales. Es motivo de orgullo el despliegue de miles de voluntarios al momento de la tragedia, pero es importante que esta energía social se acompañe de conocimiento y destreza para que puedan actuar con eficacia. También es importante contar con el inventario de empresas y organizaciones que tienen capacidad de respuesta inmediata, como fue el caso de las empresas mineras Peñoles y Fresnillo con un valioso despliegue en las horas de emergencia.

Una iniciativa más es la de concitar un proyecto regional de asistencia y ayuda para este tipo de contingencias. Los países han sido generosos con México, como también el nuestro lo ha sido en experiencias análogas. Es muy costoso contar con unos recursos humanos y materiales de excelencia y calidad suficientes. Una perspectiva regional puede contribuir para tener una respuesta eficaz, oportuna y que pueda representar la asistencia y rescate de personas en riesgo.

El sismo de 1985 impulsó un cambio importante no solo en la ciudad, también en el país, y es referencia en el tránsito a la democracia. El de 2017, estuvo precedido por un ánimo social negativo a gobernantes e instituciones y cargado de desconfianza y pesimismo en el futuro.

Hoy puede anticiparse que uno de los logros del temblor que vivimos, es que la sociedad ha encontrado canales para impulsar los cambios y vencer las resistencias que nos impiden vivir en un México realmente democrático y de mayores oportunidades para todos. Un mejor país que surja de entre los escombros y en medio de la concordia, de la confianza en nosotros mismos, en nuestro renovado sentido de pertenencia a la gran Nación que sí somos y teniendo como objetivo la convicción de un mejor mañana.

El sinuoso camino de Andrés Manuel

Si hay una característica que pudiera destacarse de López Obrador es la persistencia. No es la única, pero sí la más destacable en su propósito de ser Presidente de la República. En 2006 estuvo muy próximo a lograrlo, y en 2012, poco antes del debate, mostraba una tendencia al alza que de continuar hubiera alcanzado al candidato Enrique Peña Nieto. Hace apenas unos meses, muy pocos dudaban de su ventaja y para muchos esa posición de puntero parecía irreversible a partir de las dificultades del partido gobernante y del PAN. Las cosas sin embargo, han cambiado de nuevo y demandan para él y su partido un ejercicio de adecuación para no repetir la historia de fracasos.

En 2006 fueron dos los errores estratégicos fundamentales; no ir al debate y confrontar directamente al Presidente Fox con el “cállate chachalaca”. En 2012 el tropezón se remonta a la recta final; la presión por la evidencia en audio de que cercanos a él habían solicitado dinero a importantes empresarios inmobiliarios, le hizo romper su actitud de moderación para regresar a una postura de enfrentamiento a medios de comunicación, el órgano electoral y hacia sus adversarios.

En fechas recientes varios analistas han hecho referencia al no muy afortunado encuentro de López Obrador con inversionistas y analistas financieros en Nueva York. López Obrador es rehén de su consistencia y eso es su fortaleza, pero también su debilidad. Para algunos, sus actitudes, vaguedades y silencios son una forma válida para ganar votos, pero en realidad reflejan su personalidad, su creencia y sus insuficiencias. Su estatismo y voluntarismo son parte de una convicción política arraigada profundamente y eso le hace presentarse no solo como un político aldeano y rígido, sino también limitado para entender a sus interlocutores y para ofrecer confianza en el supuesto caso de llegar a la Presidencia.

Con él, así lo expresa, la reforma energética estaría expuesta a referéndum. Es una manera cifrada de decir que él se opone, y trasladaría a los ciudadanos el costo, para no asumir su decisión tomada desde ahora. En obras emblemáticas como la del aeropuerto de la Ciudad de México, reitera que se cancelaría y se trasladaría a otro lugar no obstante el avance, la inversión realizada y los compromisos establecidos, además del problema técnico insoslayable que son las limitaciones del espacio aéreo en caso de que se trasladaran operaciones al actual aeropuerto militar en Tizayuca, como él planea.

Se puede decir, aunque no necesariamente sea el caso, la lucha contra la corrupción y la inseguridad son temas de voluntad, es decir, es cosa de querer, así de fácil. Hay quien lo cree así, y López Obrador hace campaña con ese discurso. Pero los asuntos de la economía son más complejos. La inversión privada es indispensable y lo saben los países con una orientación estatista. Generar las condiciones para que haya inversión van más allá de la falsa creencia de que las oportunidades que hay en el país son tan generosas que sobraría quien quisiera invertir. La inversión requiere de certeza jurídica y económica y para ello no solo es necesario entender las reglas del juego, sino saber asumirlas y cumplirlas, algo en lo que López Obrador nunca ha generado las suficientes seguridades.

El equilibrio en las finanzas públicas y las necesidades de inversión y de gasto público son temas fundamentales para toda economía. No se puede ser flexible o complaciente en el lado del ingreso y muy ambicioso por el lado del gasto. La austeridad sirve, se agradece y mejora los márgenes de actuación del gobierno, pero los números no cuadran cuando se le quiere cargar al ahorro toda la política económica. Es que la economía tiene mucho de aritmética y eso se olvida frecuentemente cuando se sale a buscar votos y se pretende enfrentar la realidad con buenas intenciones y discursos complacientes a las audiencias en turno.

Como puede apreciarse, muchas de las propuestas de López Obrador abren espacio a un necesario y útil debate. Su perspectiva estatista debe ser objeto de análisis y escrutinio. El descontento por la venalidad o el deterioro de la calidad de gobierno explican la adhesión hacia este político y su partido. Pero es necesario desde ahora discutir y debatir si lo que AMLO propone es viable y es la vía para resolver los problemas que más preocupan y afectan a las personas y sus familias. Un primer paso es hacer justamente lo que se le dificulta a López Obrador: debatir y escuchar la crítica.

Los últimos meses han sido negativos para el único político que se encuentra en campaña permanente por la presidencia. No pocos de los problemas son provocados por Morena, por el propio López Obrador y por sus aliados. En la elección del Estado de México, la actitud pendenciera de AMLO hacia Juan Zepeda fue un error, como también lo han sido sus recientes referencias a Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara. Su intolerancia hacia periodistas independientes quedó en evidencia. Sus descalificaciones son groseras y muy hirientes porque se refieren a la integridad de las personas, tema que hace contraste con las adhesiones de personajes muy cuestionados o el haber permitido la inclusión en la campaña de Morena de grupos o personas de dudosa reputación, por decirlo amablemente.

La modalidad para la selección del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue muy desafortunada, y dio lugar a la inconformidad, la rebeldía y a la eventual ruptura de Ricardo Monreal, un activista de tierra muy eficaz y con capacidad para competir y ganar desde otro frente. Este es un tema que afecta a Morena en su principal territorio de fortaleza, y exhibe al partido y su dirigente en su autoritarismo e intolerancia, incluso con los suyos.

La creación de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es resultado del despotismo de López Obrador hacia sus aliados. Su intransigencia propició que dos fuerzas afines buscaran su propio camino de la mano del panismo, y para rematar, crece en la sociedad la convicción de que Morena es un partido más, donde el nepotismo, el financiamiento ilícito y la narcopolítica, están presentes.

De modo que sin que empiecen las campañas, ha perdido fuerza lo que hasta hace muy poco parecía suficientemente claro: la inevitabilidad del triunfo de López Obrador.

Los jóvenes y la política

No solo los jóvenes, de alguna manera todos somos soñadores. La diferencia es que aquellos tienen la generosa licencia que concede el tiempo. No importa, soñar es vivir y en el caso norteamericano es muy poderoso y significante el sentido del sueño que alude a lo deseable, al derecho a la esperanza, al mejor mañana. Afortunado que el presidente Obama haya designado el programa de amnistía (Dreamers) para jóvenes migrantes indocumentados refiriéndolos como soñadores. La historia de EU no solo es la mezcla de razas a través de la migración, también es que los migrantes, en todas las épocas, han sido portadores de un sueño de progreso, bienestar y libertad.

Pero en el mundo real, la política es ideología; Donald Trump es una suerte de resaca conservadora sobre lo mucho que avanzó la sociedad norteamericana bajo la inspiración del matrimonio Obama. Libertad, tolerancia, cultura y derechos humanos recobraron con singular intensidad su lugar en el país vecino y dieron a EU un prestigio que muchos en el mundo le regateaban. Ahora sucede lo contrario, las divisiones son abiertas, la xenofobia regresa y, lo peor, ésta se promueve desde el gobierno. El retroceso es evidente, pero eso no significa, como muchos creen, que el presidente Trump tenga el rechazo abrumador de sus gobernados. Sí tiene el repudio de quienes no votaron con él y de una parte importante de los sectores progresistas. Sí existe una franca preocupación social ante la posibilidad de que desaparezcan las ciudades santuarios, si el Congreso no legisla en un término de seis meses. Pero el monstruoso dinosaurio conservador está ahí, no sólo observando, sino impulsando su agenda.

Según el blog Real Clear Politics, dedicado al seguimiento de los estudios de opinión pública, la tasa de aprobación del trabajo del presidente Trump tiene una tendencia al alza después de mediados de agosto, que fue el punto bajo por el colapso legislativo en el rechazo a cancelar el programa médico del gobierno anterior. Desde entonces ha crecido en dos etapas, la primera, después de la respuesta del presidente a los eventos en Charlottesville, Virginia, que probablemente impactó a su base conservadora. La segunda sucede después del manejo del Huracán Harvey por la cobertura positiva de los medios. ¿Terminar con los sueños de los jóvenes migrantes le dará un nuevo impulso? Habrá que ver qué tan sólida es hoy en día el alma conservadora de los norteamericanos.

Frente a la realidad, México debe recuperar a sus jóvenes, en todos los sentidos. Pero más que eso, debe dar espacio a la esperanza, al anhelo compartido de mejorar, de soñar en un mejor mañana. La encuesta de GCE Nacional 2017, lo ratifica; hay una tasa de descontento mayor respecto a la de otros años previos a la elección presidencial. La insatisfacción es generalizada, afecta a todas las instituciones y partidos, también a las de corte privado. Sus causas son la inseguridad, la corrupción y la economía.

Los jóvenes son en sí mismo un significativo capital humano portadores de un potencial transformador. Esto lo vio con claridad el presidente Obama y por ello decidió instrumentar un programa sin aprobación del Congreso para dar seguridad a casi un millón de jóvenes más que para integrarse, para capitalizar su talento y capacidades al servicio de Norteamérica. Desde esa visión progresista, que regresen a México algunos de estos jóvenes también es una oportunidad, más que un problema; el reto es ofrecerles las opciones educativas y de desarrollo personal y profesional que sus padres no tuvieron.

Los jóvenes no han encontrado un espacio en la política. La rigidez de los partidos y los referentes tradicionales de la política, a muchos les resulta insoportables, a otros, los somete a un proceso con el que se pierde mucha de la frescura e iniciativa. Los modelos a los que aspiran son precisamente los que deben alterarse o cambiarse. El lenguaje opaco, la retórica vacía, la doble moral, los monólogos, las formas y rituales engañosos o el autoritarismo, no son la política y es lamentable que quienes pueden renovarla asuman, acepten e interioricen las debilidades de lo que existe.

Los jóvenes de ahora son distintos en muchos sentidos. Uno de los ámbitos de mayor importancia para la conformación de la nueva subjetividad se da en el espacio digital. Allí la comunicación es interactiva, la información es amplia y dinámica, coexisten entretenimiento con cultura y lectura. La imagen y el video son muy poderosos como medios de expresión. También cobran relieve las formas de asociación o comunidad a partir de intereses, gustos o aficiones particulares. Las categorías sociales tradicionales a partir de género, edad o educación se desdibujan en la interacción digital, como también ofrece un nuevo sentido del espacio y del tiempo. La comunicación digital es instantánea porque su medio es el teléfono móvil y el internet, que cada vez está más al alcance y que se ha vuelto fundamental en el ejercicio de los derechos.

La política en México se ha ido alejando de la sociedad, pero todavía más de los jóvenes. Lo que se ve no es la participación o deliberación, sino la disputa, la lucha por prevalecer e imponer, que no está mal si se trata de cambiar para mejorar; sin embargo, lo que se advierte es la competencia de intereses individuales y de personas. La denuncia tampoco ayuda cuando es interesada y poco documentada. México requiere no solo de una mejor política, también una mejora sustancial en la calidad y rigor de la crítica, especialmente cuando se vuelve vehículo interesado y al servicio de la misma disputa política, como sucede con algunas organizaciones que se han vuelto espacio para proyectos políticos subrepticios.

Así, por ejemplo, la preocupación por un mejor ambiente, la vigencia de derechos para todos, abatir la impunidad y la corrupción, que son los temas y las preocupaciones de los jóvenes, no solo son legítimas, sino que la ausencia de ellas es lo que nos mantiene en donde estamos como país, viendo los árboles que se empeñan en ocultarnos el bosque.

No es sólo por razones que tienen que ver con decisiones de otros países que México tiene la obligación de recuperar a sus jóvenes, a los de allá y a los de acá. Es porque la sociedad comparte con ellos sus anhelos y porque el derecho genuino a soñar por un mejor porvenir es la mejor garantía para construir el mejor país que soñamos todos.

México frente a sí mismo

Ya se sabe que las elecciones de 2018 serán un momento trascendente para el país. No solo será la renovación de la Presidencia de la República y de las Cámaras federales, prácticamente todas las entidades del país tendrán elecciones concurrentes, y de treinta comicios locales, nueve serán para elegir gobernador. El país en muchos sentidos se ha transformado, pero ha cambiado más el entorno en el que tendrá lugar la competencia por el poder. Es cierto, las reglas y las instituciones son distintas hoy, pero la política no ha evolucionado al mismo ritmo. En este sentido, llama la atención que en un país de jóvenes, la incorporación de éstos a los partidos, ha sido un proceso muy lento y regresivo. Incluso, las opciones políticas importantes son las mismas que dirigían partidos hace veinte o más años.

Gabinete de Comunicación Estratégica, en su reciente encuesta nacional, presentó la opinión de 20 mil entrevistados sobre lo que piensan y sienten los mexicanos en cuatro temas: la satisfacción ciudadana, la evaluación de los mandatarios locales, la valoración de algunos aspectos del sistema de representación, y la postura ante temas de gran sensibilidad que polarizan la opinión, como es la legalización del matrimonio igualitario, el aborto en las primeras semanas de gestación, el uso de la mariguana para efectos recreativos y la posesión de armas de fuego. Asimismo, en paralelo realizó una encuesta online.

La encuesta nacional, como espejo donde se refleja el país, ofrece datos importantes que llaman a la reflexión. El cambio es lo evidente y por ello la nota la hace lo que se mantiene igual. Hace siete años, Gabinete preguntó sobre la legalización del matrimonio igualitario y sobre el aborto. La opinión prácticamente no se ha modificado a pesar de los cambios en la legislación y una mayor información que se supone podría favorecer una postura más liberal. La población está dividida, 50% está a favor de una mayor apertura en materia de matrimonio y 43% en favor de legalizar el aborto en las primeras semanas de gestación. La ciudad de México es el espacio de mayor libertad en ambos aspectos y Oaxaca es el estado más conservador en esos temas.

67% de los mexicanos creen que no debe ser legal la mariguana con fines recreativos; sin embargo, en la ciudad de México el rechazo a la legalización disminuye a 55%. Los datos de esta agenda social contrastan con la encuesta al internauta, segmento de población mayoritariamente joven y con mayor nivel educativo. La postura del internauta es claramente liberal: 73% aprueba legalizar el matrimonio igualitario, 69% el aborto temprano y 69% el consumo de mariguana para efectos recreativos. En lo que hay una postura compartida de rechazo de todos los mexicanos, incluyendo los internautas, es en materia de acceso a armas de fuego de manera legal: dos de tres se sentirían más inseguros si se cambiara el actual régimen.

En materia de democracia, Gabinete preguntó sobre la existencia de los diputados plurinominales, un aspecto central de la democracia representativa y fundamental para atenuar la sobrerrepresentación que plantea un sistema de mayoría simple. A pesar de sus virtudes hay un abrumador rechazo a la existencia de los diputados de partido, tres de cada cuatro encuestados los rechazan, aspecto que tiene que ver con la crisis del sistema de representación y especialmente con la distancia de los partidos con los ciudadanos.

En lo referente al poder judicial de los estados, la mayoría lo califica en términos negativos. Solo uno de tres encuestados tiene una opinión positiva de la judicatura local. Aspecto relevante por sus implicaciones, esto es, para la cultura de la legalidad y para la confianza ciudadana sobre la capacidad de los jueces de resolver controversias o para impartir justicia. Este tema alude al problema de la impunidad y de la idea de que las leyes y las instancias de justicia no funcionan o no sirven para una convivencia armónica y para el respeto de los derechos.

La satisfacción ciudadana es muy baja. Gabinete vinculó a la situación económica de las personas; la oportunidad para mejorarla; la seguridad con la que vive y, a la procuración de bienestar ciudadano. Los datos son preocupantes porque muestran una tendencia a la baja en estos rubros. Caso semejante se presenta con la evaluación de los gobernadores, indicador que se construye con la percepción que tienen las personas respecto a el control del mandatario sobre su entidad; la aprobación de su gestión de gobierno; el nivel de confianza que le conceden y, la calificación del cumplimiento de sus deberes.

Al relacionar la satisfacción ciudadana con la evaluación del mandatario el resultado muestra, en casi todos los casos, una asociación directa entre ambos valores; a mayor satisfacción, más elevada aprobación. Tres casos son paradigmáticos de la relación entre estos dos conceptos: Yucatán, Durango y Sonora. Cabe destacar que la satisfacción ciudadana no sólo se asocia a lo que hacen las autoridades, también tiene que ver con la participación social, la economía y la manera como el conjunto del sistema político y económico se involucra en generar condiciones que propician la civilidad y la prosperidad.

De acuerdo a la información, la inseguridad persiste como la principal preocupación de las personas y tiene fuerte impacto en el indicador de satisfacción ciudadana. La situación no es halagüeña, toda vez que sólo Yucatán con 6.3, aprobó en la calificación de los gobernados sobre la situación en sus estados en este rubro. Otro de los temas que irrumpe con creciente importancia, es el referente a la corrupción y mal gobierno.De acuerdo a la información, la inseguridad persiste como la principal preocupación de las personas y tiene fuerte impacto en el indicador de satisfacción ciudadana. La situación no es halagüeña, toda vez que sólo Yucatán con 6.3, aprobó en la calificación de los gobernados sobre la situación en sus estados en este rubro. Otro de los temas que irrumpe con creciente importancia, es el referente a la corrupción y mal gobierno.

El ambiente de opinión sobre el que habrá de darse la competencia electoral en 2018 anticipa un entorno de fragmentación social y descontento. 7 de cada 10 mexicanos sienten que el país está estancado o rezagado; 30 de los 32 mandatarios locales son reprobados por sus gobernados, y 6 de cada 10 dicen que el periodo presidencial debiera ser de 4 años. Es este el clima social del país que refleja el espejo de la encuesta. Un ánimo colectivo sin lugar a dudas encendido, que puede desatar una vorágine de riesgos, pero también de oportunidades.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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