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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Riesgos y desafíos del cambio

Es claro que el país requiere de cambios profundos en las instituciones; y que también demanda revisar actitudes y hábitos de empresarios, líderes sociales, autoridades, partidos y medios de comunicación. La sociedad se ha transformado de manera profunda y la realidad impone el cambio como curso obligado. El mandato del 1 de julio es inequívoco: se requiere una recomposición profunda de la relación entre autoridades y sociedad; el reto es tener claridad de lo mucho que se debe preservar y también de lo mucho que es preciso cambiar.

El cambio en la sociedad no ha sido uniforme, ha sido incluso contradictorio y es necesario reconocer que ha tenido sus deficiencias. La cultura de súbdito coexiste con la del ciudadano. El súbdito no se asume como parte activa del proceso económico o político, sino que suscribe una actitud pasiva, con la falsa esperanza de que las cosas mejoren como resultado de lo que alguien más hace, casi siempre, el gobierno o quien lo encabeza. La cultura ciudadana es lo opuesto. Parte de derechos y obligaciones, asimismo, entiende que el cambio empieza por uno mismo.

El presidente electo ha puesto en claro no solo un cambio de régimen, sino una forma diferente en la toma de decisiones. La presidencia, a partir de la fortaleza que le concede el voto popular y el apoyo del Congreso, está en condiciones de definir, actuar y determinar acciones que en el pasado resultaban sólo del consenso o acuerdo entre la estrecha pluralidad, consecuencia necesaria de la ausencia de mayoría parlamentaria por parte del partido en el gobierno. La situación cambió y como tal, es necesario entender los nuevos términos del ejercicio del poder público.

Si bien es cierto que el cambio es tan necesario como inevitable, también lo es que esto entraña resistencias, riesgos e incertidumbre. El periodo entre el resultado de la elección y la toma de protesta ha dejado importantes lecciones que es preciso comprender por autoridades, organizaciones, ciudadanos y medios de comunicación. De entender bien lo acontecido y actuar de manera visionaria y con responsabilidad, la transformación que se avecina será virtuosa, accidentada sí, pero con el potencial de dejar atrás insuficiencias que mucho afectan al desarrollo integral del país.

Quizá el riesgo estructural mayor al que convoca el grupo gobernante es, si en la pretensión disruptiva de la política y del gobierno, propicia la cultura del súbdito y no la del ciudadano. Invocar al pueblo, desestimar el estado de derecho y la fuerza de las instituciones acentúa tal riesgo. En las palabras del presidente electo hay para los dos paradigmas.

De hecho, muchas medidas autoritarias o que realzan al presidencialismo frente a la pluralidad, las leyes o los grupos de interés generan respaldo popular. Así, por ejemplo, la suspensión del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco provocó el rechazo empresarial y de un sector importante de opinión, sin embargo, esta medida hizo crecer el apoyo popular del presidente electo al mostrarse independiente y desafiante de intereses que en la percepción popular se presentan como ilegítimos.

La popularidad no corre por el mismo sendero que el de la eficacia, menos por el de la responsabilidad. El nuevo gobierno debe tener presente tal consideración, pensar no solo en el primer tramo de la gestión administrativa y política, también perfilar el escenario en el que se quiere llegar para al final del sexenio. Para ello es necesario una visión estratégica y una táctica que no comprometa lo importante.

Los días previos han confirmado que la economía no puede desdeñarse. Debe haber claridad sobre la fragilidad de la confianza y diferenciar el impacto de las decisiones políticas sobre los factores económicos respecto a la población. Así, por ejemplo, la iniciativa de los senadores de MORENA respecto a desaparecer las comisiones bancarias impactó negativamente el índice bursátil y el tipo de cambio, aunque el objetivo del proyecto de reforma es consecuente con el deseo de proteger la economía popular.

No hay que cansarse de repetir: la política no puede desentenderse de la economía. Sería lamentable para todos que el sector inversionista pasara de la incertidumbre a la desconfianza. Una baja en la inversión privada afecta al conjunto, y especialmente modificaría en términos negativos las perspectivas económicas del inicio del nuevo gobierno y mucho de lo que se proyecta para los dos primeros años.

El cambio no se puede frenar, tampoco se puede desbocar y que arrolle mucho de lo positivo que existe. La transformación debe conducirse con perspectiva y sentido de proyecto común, esto es, que conceda a todos, no solo a los de casa, incluso a quienes disienten, un espacio para aportar para el bien del país.

Perder ganando

No hay ni un solo motivo para sorprenderse por la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. Quien resultó ganador con amplia mayoría hizo campaña rechazando abiertamente el proyecto. Lo que ahora acontece, a un mes de la toma de posesión, es el cumplimiento de un compromiso. El desencanto viene de quienes asumieron que podría haber una postura diferente a pesar de todas las señales en contra. Quienes creyeron que iba a haber matices entre el candidato y el presidente saben con certeza que confundieron la cortesía electoral y postelectoral con algo que ya vimos que no está a negociación: la palabra de Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión de la obra de Texcoco es una lección para todos. El sector empresarial tenía, incluso hasta antes de anunciarse el resultado de la consulta, la expectativa de que habría continuidad del proyecto; por lo mismo es explicable que la frustración en ellos sea mayor. Lo importante es que las razones y las explicaciones emitidas por el gobierno electo para tomar la decisión ni siquiera se necesitaban y lejos de apaciguar los vientos de incertidumbre, intranquilizan. Lo de la consulta fue contraproducente para dar fuerza a la decisión; un amplio sector de opinión se sintió burlado y los mercados también lo tomaron mal.

El futuro gobierno debe dimensionar que el mandato de la elección alcanza para tomar una decisión tan seria y grave como suspender la obra de Texcoco, pero no para desentenderse de la opinión pública y tampoco para actuar con ánimo de confrontación con el sector empresarial. La respuesta de éste no debe llevar a la ruptura. Es difícil pedir moderación a quienes ven el asunto como una victoria y así lo festejan, o a los que, en la otra acera, lo ven como derrota. Por el bien del país, son horas en las que debe imperar la sensatez y la templanza de todos.

El presidente electo y quienes le acompañan están en su derecho de debatir y argumentar. Como es lógico, esto no significa que no pueda haber resistencia de los afectados y nerviosismo o desencanto de muchos otros que ven en el hecho un signo de irresponsabilidad. También deben entenderse los efectos y las consecuencias de las decisiones que se tomen. Lo de Texcoco confronta a muchos: los constructores, el sector turístico, las aerolíneas, los proveedores y, desde luego, a muchos viajeros. También afecta a la economía. El país no está para tirar a la basura el costo de lo ya invertido, tampoco quedan claros los costos y viabilidad de la alternativa, además de que va a contrapelo de la necesidad de un gran aeropuerto que opere como concentrador y distribuidor de pasaje.

Pero más allá de que el tema seguirá dando de qué hablar y sus consecuencias se conocerán en los próximos meses, hay que saber dar la vuelta y aprender de las lecciones que dejan las experiencias difíciles. Vale para todos, especialmente para las autoridades que en breve estarán a cargo del gobierno, así como para los partidos de la coalición que está en el poder.

Cuando menos tres son las lecciones. Primero, se debe cuidar la economía, no subestimar los efectos colaterales de decisiones críticas que afectan la confianza en las autoridades y la certeza de derechos. Segundo, se tiene que adecuar la Ley de Participación Ciudadana si es la decisión del gobierno recurrir con regularidad a la consulta popular para convalidar decisiones públicas fundamentales. Finalmente, para unos y otros, hay que decir que sólo con mesura se podrán identificar más fácilmente las coincidencias para beneficio de México.

La polarización puede ser un recurso útil para ganar elecciones, pero no para gobernar. La prensa y las redes sociales inevitablemente serán un espacio de crítica, a veces injusta y desproporcionada, pero no es correcto que desde el poder se le denueste o se le descalifique como si cualquier señalamiento tuviera un ánimo conspiratorio. La crítica, incluso aquella de mala fe o interesada, tiene más virtudes que defectos para quienes están en el poder. Si es racional, pero equivocada, afianza el proyecto. Si no se sostiene con argumentos, más. Persistir en la hipótesis del complot no resuelve y sí complica la relación del gobierno con la opinión pública.

Tampoco ayuda al país el deterioro de los indicadores de desempeño de la economía. Esto no sucede por la intención de empresarios mexicanos o por intereses que desde la penumbra conspiran contra el gobierno para provocar la desconfianza y de allí la inestabilidad. En ese sentido, la desacreditación de las calificadoras internacionales por destacados colaboradores del presidente electo ha sido un muy preocupante mensaje a los inversionistas. No lo olvidemos: el principal factor para generar confianza en un país son las acciones y el nivel de responsabilidad de las autoridades.

Acertadamente, el presidente electo ha definido un grupo de colaboradores para calmar los ánimos y la incertidumbre de los empresarios por la suspensión de la obra. Sería bueno que el sector empresarial correspondiera con un grupo de trabajo para atender las preocupaciones del sector, independientemente de la de los contratistas, quienes, por su cuenta, seguramente verán los términos de su relación contractual. Deben separarse los dos temas; a los representantes de las organizaciones empresariales no les corresponde abogar por los temas específicos de sus miembros, sino por los que afectan al conjunto del sector.

El presidente López Obrador plantea no solo un cambio radical en la forma de gobernar y en la relación con las élites mexicanas, también está en curso un cambio de régimen, y la cancelación del aeropuerto, como primera medida del nuevo gobierno, significa que el arreglo político que garantizaba poder compartido ha llegado a su fin.

Frente al cambio de paradigmas, se debe actuar con visión, madurez y perspectiva. El país requiere de nuevas formas de ejercer el poder, que acorten brechas a la desigualdad y a la falta de oportunidades, pero necesita que esto ocurra en el marco de la inclusión y de la participación plural, del respeto a las instituciones, así como de la preservación de la estabilidad económica. De hecho, para no perder ganando, el encuentro del futuro gobierno con la responsabilidad económica es el único y obligado sendero para conducir la transformación a la que se convoca. No es un tema de ideología, sino de sentido común.

¿Una presidencia acotada?

Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno.

Madison

El eje articulador del proceso de transición a la democracia ha sido el de acotar el poder de la presidencia en sus capacidades formales e informales, reales y simbólicas. El tránsito no ha sido fácil; ha sido un camino accidentado, con episodios trágicos y a veces traumáticos. Hasta hace poco existía el consenso de que México no podía ser el país de un solo hombre. La apuesta fue la de una presidencia acotada no solo por la desconcentración del poder y el equilibrio de otros poderes, órdenes de gobierno e instituciones autónomas, sino también por la presencia de la sociedad civil organizada.

Hoy, en la antesala de lo que el grupo ganador de la elección denomina la cuarta transformación, en muchos sentidos se abandona esta lógica de la transición democrática para regresar a la de un poder presidencial sin contrapesos. En parte, es un efecto lógico e inevitable del desenlace de la elección; pero también es un resultado histórico, una forma de derrota de la institucionalidad de la transición democrática, en una sociedad en donde las élites económicas e intelectuales fueron incapaces de actuar y de promover los valores propios de la democracia liberal. El descrédito de lo que existe nos llevó a un salto al pasado.

La democracia se compromete por la vía democrática; el mandato del primero de julio es inobjetable. El grupo ganador y su líder no engañaron a nadie. Su proyecto fue explícito y no dejó duda de lo propuesto. Ocurre en materia de gasto social, su relación con la sociedad civil, su visión de la inseguridad, su particular y muy singular idea de democracia y otros temas que ahora sorprenden: la cancelación del aeropuerto, la construcción de refinerías, el tren maya y muchas otras cosas en el debate público.

El problema y mayor riesgo que advierto tiene que ver con lo que llamaría el voluntarismo. Esto es, cuando se asume que los problemas se resuelven a partir de la voluntad del líder y de la buena fe de los demás. Se acabará con la corrupción porque el líder no es corrupto ni lo será y esto compromete a los demás a seguir la misma conducta. La economía funcionará porque el líder les pedirá a los empresarios que inviertan y actúen con responsabilidad, sin privilegios ni componendas. Algo semejante se puede decir para superar la violencia y la pobreza.

La realidad, con sus miserias e injusticias, corre por camino aparte. En lo individual y en lo colectivo, las cosas no son como se quisiera. Igual sucede con las personas, no son como es deseable, sino como son. Así es la condición humana y desde siempre la reflexión fundamental ha sido sobre qué organización social y política se requiere para potenciar las fortalezas y no las debilidades de la sociedad.

Considero que los arquitectos del sistema presidencial, los padres fundadores del sistema norteamericano no solo fueron visionarios, sino que tuvieron presente justamente lo opuesto del voluntarismo o providencialismo que aflora cuando el poder recae en un solo hombre. Su idea, literalmente, fue que los hombres no eran ángeles, sino seres gobernados por la ambición, y que para ello habría que construir un sistema de pesos y contrapesos, para evitar que el titular del Poder Ejecutivo se volviera el monarca del país.

Culturalmente, quizás desde la misma formación de la conciencia nacional, en México hemos transitado en la espera de El Salvador, lo contrario del sistema presidencial norteamericano. El caudillismo se alimentaba de esa idea colectiva que conformó la cultura política de los mexicanos. Por eso, durante un largo período de nuestra historia reciente, la sociedad depositaba en personas y no en instituciones su esperanza y futuro.

De modo que el presidencialismo, en la adaptación mexicana, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, ha sido una lucha constante para imponer los contrapesos democráticos y para construir ciudadanía. Pero todo tiene su tiempo y a esa voluntad única que gobernó durante varios sexenios, tiempos de partido único, la dobló finalmente la economía y después la democracia. Y es que la discrecionalidad de una voluntad va contra el sentido del sistema económico. Donde lo importante son las reglas y la capacidad de las autoridades para desempeñarse en los estrechos espacios que concede el sistema económico, que es donde se ofrecen las buenas cuentas y los resultados de los países exitosos. En economía, sobre todo en tiempos de globalización, el juego que prevalece es posible que no sea el deseable, pero es el que existe. No entenderse de ello es sumamente costoso, y los errores significan pérdidas de oportunidad que toma generaciones enmendar.

La democracia como vía del empoderamiento ciudadano para evaluar a sus gobiernos hizo su parte en el 2000 y en el 2012. Por eso, luego del resultado de la elección presidencial de este año, el presidente electo y su equipo requieren comprender que, frente a la expectativa creada, es necesario un inteligente equilibrio entre lo que quieren y lo que la realidad dispensa. El providencialismo es un peligroso sendero que lleva a destinos indeseables. Precisamente por ello el país requiere que el sistema de contrapesos opere para contener al poder. El Congreso no podrá desempeñar tal tarea por la sólida mayoría que tiene el presidente con su partido y aliados. El Poder Judicial no puede intervenir en materia política y su tarea se limita al importantísimo ejercicio de hacer valer la legalidad y la constitucionalidad de los actos de gobierno, así como a dirimir las diferencias entre poderes y órdenes de gobierno.

Las insuficiencias de la democracia, como las que ahora mismo se exhiben, son lo que ha llevado al descrédito de muchas instituciones públicas y sociales. Es entendible que el México de hoy día encuentre en el providencialismo un cauce; sin embargo, la realidad del país y del mundo no da espacio a ello. Lo mejor es que la contención del poder venga del mismo poder institucional y no de la realidad. Queda en el nuevo gobierno entender su situación y circunstancia.

La comunicación social

Gobernar es comunicar. No es suficiente que el trabajo se haga bien, siempre será imprescindible comunicarlo. En la realidad actual, el desafío es considerablemente mayor, la sociedad se ha transformado de manera profunda, especialmente en sus hábitos informativos y de interacción social. También los medios convencionales, al igual que los gobiernos o las grandes empresas, viven su propia crisis a partir de la irrupción de una nueva circunstancia, la comunicación digital, que llegó para quedarse.

Hoy más que nunca se presenta en cada hombre del poder el síndrome de la incomprensión. En la cúspide, cada quien procesa a su modo el desencuentro entre lo que se quiere y lo que ocurre en la opinión pública. Algunos se remiten a la conspiración, otros a intereses de los mismos medios o de los periodistas. La situación se agrava con la irrupción de lo digital, donde el anonimato puede socializar un argumento, crítica o imagen negativa -cierta o falsa-, lo que aumenta la sensación de que lo malo tiene mano. Los expuestos al escrutinio público en razón de sus cargos o actividades públicas, muy pocas veces voltean a sí mismos para encontrar la explicación de lo que ocurre, bien sea que se han cometido faltas o que se ha comunicado mal.

Es cierto que hay conspiraciones auténticas, especialmente desde el ecosistema digital. La extorsión con uso de lo digital es una realidad cotidiana. Los ataques cibernéticos en tiempos de campaña electoral con una intención de impactar el resultado, o la difusión de noticias sesgadas o francamente falsas, pueden tener efecto decisivo, sobre todo en escenarios de competencia cerrada. Lo ocurrido en la campaña presidencial pasada en EU es un ejemplo de lo que ahora ocurre; las investigaciones apuntan no sólo a la presencia de un gobierno extranjero interesado en influir en el resultado, sino en la eficacia de este empeño y la fundada presunción de que pudo ser definitorio del desenlace.

Por su naturaleza, todo gobierno encara en algún momento de su período, el embate hostil de un sector, amplio o reducido, pero activo. Son los nuevos términos del pluralismo y debe entenderse como una de las expresiones de la vigencia de la democracia. Los términos del consenso han cambiado y esto afecta por igual a instituciones gubernamentales o privadas. Las redes sociales abren espacio a esta acción y con frecuencia, las élites se advierten impotentes frente a movilizaciones auténticas o campañas interesadas en su contra.

Las grandes empresas digitales han advertido la magnitud del riesgo y del problema, así como su impacto negativo en los estándares de responsabilidad y veracidad. Para ellas es fundamental la autorregulación toda vez que ellas mismas pueden ser vehículo para actividades ilícitas o ilegales. La irrupción digital es una de las expresiones más trascendentales en el ejercicio de las libertades; como todo, tiene sus aspectos positivos y negativos. Todavía está por construir los principios y las salvaguardas para que prevalezcan las virtudes y ventajas sobre los temas negativos.

El gobierno de López Obrador ha promovido cambios importantes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además de la creación de dependencias y reducción de Secretarías, plantea concentrar en la oficina presidencial la política y operación de la comunicación social del conjunto del gobierno federal, aspiración de muchas de las predecesoras administraciones. Al menos en el gobierno del Doctor Zedillo, no fue un tema de gasto ni tampoco una pretensión control; de lo que se trataba es que hubiera una mayor cohesión y coordinación a partir de que las dependencias y secretarías deben, desde su propio espacio, aportar para hacer valer el proyecto de gobierno y no la agenda particular de las dependencias o de quienes las dirigen.

Unificar la comunicación social es un reto mayor. No es fácil porque cada dependencia tiene su particular ámbito de competecia y las prioridades específicas del área de responsabilidad. Además, el sentido concentrador de la comunicación social del próximo gobierno va a contrapelo de la anunciada desconcentración territorial de las dependencias del gobierno federal. Sería incomprensible que la contratación de la publicidad se hiciera en la Ciudad de México y no en los lugares donde se ubiquen las oficinas y parte importante del personal de las dependencias.

El gobierno del presidente Peña Nieto ha tenido una embestida hostil y con frecuencia desproporcionada por parte de un sector muy influyente y combativo de los medios de comunicación, y particularmente de los digitales. Lo mejor es que ha habido tolerancia, y es deseable que lo mismo ocurra en el próximo gobierno. La mayoría de los medios cubren con responsabilidad, mesura y cuidado los temas de la agenda nacional. Lo mismo se presenta con la radio y la televisión, que deben asumirse como medios concesionados del Estado mexicano y por lo mismo su compromiso por el rigor y la objetividad es mayor y su libertad acotada, no así con la prensa que su estatuto fundamental es la libertad de expresión.

Se ha dicho que el proyecto de concentrar la comunicación social del próximo gobierno también pretende un objetivo de ahorro. Estimo que no es lo fundamental. Sí gastar mejor, particularmente si va a disminuir la bolsa de recursos para tal propósito. Transparentar su destino es un expediente útil, especialmente para que las asignaciones tengan una lógica defendible y no la discrecionalidad del gobernante. Un criterio inobjetable es el auditorio o impacto de los medios, pero no es todo, además de que muchas métricas son discutibles. También hay medios de nicho, tanto en prensa como en medios digitales, que deben ser atendidos a partir de las necesidades particulares del auditorio de los programas y las acciones gubernamentales.

Sin duda, una de las áreas a explorar para la comunicación es la inversión en medios digitales. No será fácil. Tratarlos como si fueran los convencionales sería un error. La ventaja de la publicidad digital es que se puede perfilar con una eficiencia mayor el mensaje, objetivo crítico para toda política de comunicación social. En fin, la transparencia de los criterios de la asignación de publicidad será seguramente un sano precedente en la relación del gobierno con los medios de comunicación.

El miedo en el espejo

Para las grandes doctrinas filosóficas que definieron el siglo XX, la marcha de la Historia, ésa que se escribe con mayúscula, camina siempre rumbo a un fin determinado. Herencia de diversas lecturas de Hegel, la certidumbre era más o menos clara sobre el desarrollo del capitalismo, la democracia y su caída. Aunque, visto a la distancia, somos herederos de un tiempo donde la certidumbre parece haberse resquebrajado. En esos continuos retornos que caracterizan a la marcha del ser humano, hemos vuelto una y otra vez a las guerras, el racismo, la opresión de los más vulnerables y el desprecio a las libertades. Constatamos así que lo que caracteriza a los hechos es más bien lo incierto y la vuelta a lo irracional. La continuidad del retorno es, en el campo de la política, ocasión para aprender de las lecciones del pasado y prepararse para enfrentar los antiguos retos con fuerza renovada.

Hace poco se escribió una obra que da cuenta sobre el panorama crítico que presenta una de las instituciones más importantes del mundo: la Presidencia de los Estados Unidos de América. Su autor, Bob Woodward, es un reconocido periodista que develó los escándalos del Watergate y que ha sido galardonado por su profesionalismo con el premio Pulitzer en dos ocasiones. La obra se presenta con un título sugerente: Fear. Trump in the White House (Miedo. Trump en la Casa Blanca). Miedo es lo que define el ejercicio del poder de la presidencia de Trump. El miedo como consecuencia de la incertidumbre y la falta de estructuras. La obra de Woodward ya había sido desmentida incluso antes de salir a la venta por John F. Kelly, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y por la propia vocera del Despacho Oval, Sarah Huckabee Sanders, quien lo calificó de ser “no más que una serie de historias inventadas”.

Pero más allá de los cuestionamientos interesados, los relatos contenidos en el libro son capaces de hacer cimbrar el edificio simbólico del poder estadounidense, definido históricamente por su carácter monolítico y eficaz. En la obra de Woodward, esta solidez se ve desafiada. Se trata de una serie de testimonios de primera mano que demuestran cómo se ha hecho imposible ejercer las funciones que revisten a la institución presidencial y cómo las pasiones de Donald Trump son fuente de decisiones que podrían afectar no sólo a la nación que gobierna, sino al mundo entero.

De acuerdo a los testimonios, al interior de la Casa Blanca las tensiones son constantes y las luchas están a la orden del día, impidiendo toda oportunidad de organización. Algunos episodios asustan no sólo a los ciudadanos norteamericanos, sino que hacen pensar en el futuro de los mexicanos, cuya relación con el vecino del norte podría estar sujeta a algo tan efímero y veleidoso como el capricho.

La impertinencia de las disposiciones emitidas por Trump ha tenido que ser contenida por los miembros más sensatos de su equipo. Relata Woodward que, en una ocasión, el Presidente habría dejado en su escritorio un borrador de una carta dirigida al mandatario de Corea del Sur, dando por terminado el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Este acuerdo no es importante sólo en lo económico: representa también una alianza militar que certifica la seguridad de los EE.UU. El equipo de Trump, según el periodista, ha tenido que evitar que las órdenes impulsivas se conviertan en un riesgo para los norteamericanos. La lectura del libro confirma, reiterada y evidentemente, que las acciones del Presidente no responden a patrón alguno y son producto del impulso, la exageración y la pasión. Según el autor, después de los ataques a Siria, Trump dijo a su secretario de Defensa, James Mattis, sobre Bachar al-Ásad: “¡Matémoslo de una puta vez! Hagámoslo. Metámonos ahí y matemos a toda esa puta gente”.

Las múltiples anécdotas narradas con maestría en la obra de Woodward son impresionantes; estamos frente a la inesperada incongruencia y el engaño discursivo, la inmoralidad de la política en su grado más elevado. Pero no es algo sorpresivo, y no lo es porque Donald Trump ha sido desde siempre una figura tan cuestionada como polémica.

Los excesos discursivos del ahora mandatario, las violaciones al protocolo, las faltas de respeto a sus allegados, las muestras de xenofobia y la intolerancia con la diversidad fueron los ingredientes que causaron el éxito de su campaña. La de Trump no fue la consecución del liberalismo democrático; fue el triunfo del populismo en su peor expresión. Que la Casa Blanca sea dirigida por un intolerante al que su equipo y las instituciones tienen que contener constantemente, es precisamente lo que se esperaba de él en el periodo electoral.

Woodward viene a publicar un texto que resulta imprescindible y más estando cerca de las elecciones intermedias que se vivirán en Estados Unidos próximamente. Es imprescindible porque nos habla de lo que toda la sociedad sabe, pero prefiere ignorar: la democracia y las instituciones no se encuentran a salvo, porque han sido tomadas por el populismo. El problema no es Trump, el problema real está en la sociedad que lo puso en ese lugar.

La llamada de atención es para Republicanos y Demócratas, para las administraciones de Obama, Bush, Clinton y todavía anteriores. El grito es histórico y, como tal, sólo puede tener respuesta en el arraigado mal humor del tejido social norteamericano que desesperadamente decidió aceptar a un xenófobo e intolerante para transformar lo que afecta a amplios sectores de la población, principalmente el desempleo, pero también a grupos que sienten que Estados Unidos ha desdibujado en los últimos años su liderazgo mundial. La voz de Trump usó aquellas voces a las que los partidos y las cúpulas no supieron ver. El estado catastrófico en que vive la Casa Blanca hoy día, anuncia la fragilidad de instituciones que no supieron servir al espacio democrático al que se debían.

¿Significa esto el augurio de un inesperado final de la democracia en el país que la vio nacer? Me atrevo a pensar en un rotundo no. Sin embargo, la coyuntura exige llevar a cabo un ejercicio de crítica al interior de los partidos, de las esferas de la administración pública, de los medios de comunicación y de la sociedad misma. Entender a la nueva sociedad reclama mirarse al espejo con intenso escrutinio. Corregir las deficiencias de la democracia es la única condición de posibilidad para triunfar contra la intolerancia y la irracionalidad.

Un dilema fundamental

El ejercicio del poder plantea múltiples dilemas. Uno fundamental es optar por la popularidad o por la responsabilidad. En teoría, ambas van de la mano; en la práctica corren por senderos diferentes. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inicia en condiciones históricas. Su triunfo en las urnas le da un mandato inédito en términos de apoyo popular y, por si eso fuera poco, se hace acompañar de una amplia mayoría legislativa, lo mismo a nivel federal que en instancias locales.

Lo que se ha visto en este periodo de transición es el propósito del presidente electo de conciliar ambos planos, de allí que pueda parecer contradictorio o cambiante. Las declaraciones realizadas en su espacio de trabajo muestran mesura y serenidad, mientras que sus expresiones en público ratifican en modo y contenido al candidato en campaña. Mi impresión es que encara la disyuntiva propia del encargo y opta por el esfuerzo de tratar de cumplir con la expectativa de quienes le llevaron al poder, cuidando también el entorno, especialmente en materia económica.

La mejor manera de resolver el dilema, la más compleja, pero menos incierta, es transitar por un camino intermedio. Se trata de no renunciar al sentido del mandato popular, que es el de un cambio profundo, y al mismo tiempo hacer las cosas de tal forma que el proyecto no quede comprometido por cuestiones tácticas o por darle importancia a temas menores.

López Obrador cuenta con amplio respaldo de la población, a partir de una muy alta capacidad de conectar con su auditorio. Es un político que con frecuencia desafía lo convencional, pero que no pierde sensibilidad de lo que la gente quiere y espera. Esa condición le permite construir un espacio de maniobra a efecto de no ser rehén de sí mismo ni de una forma de intransigencia imaginaria sobre lo que el pueblo realmente quiere.

López Obrador, como presidente, deberá sobreponerse con el paso de los días al López Obrador candidato. Mientras el primero deberá gobernar para todos, hayan o no votado por él, el segundo se seguirá dirigiendo fundamentalmente a los suyos y a las razones que le llevaron al poder. Esos 30 millones de mexicanos no votaron por políticas específicas, ni por el Tren Maya, ni por la amnistía, ni por el Aeropuerto en Santa Lucía, votaron por López Obrador porque sentían confianza hacia lo que él haría desde la Presidencia, particularmente en materia de combate a la corrupción, crecimiento con equidad y construcción de la paz.

En razón del equilibrio que necesitará para ser un presidente responsable y popular, los temas concretos no pueden comprometer el objetivo general, sino reforzarlo. En caso de hacer correcciones sobre un tema particular, sea la construcción de refinerías o el aeropuerto en Santa Lucía, éstas deberán hacerse específicamente para cumplir otro compromiso, por ejemplo, fortalecer a Pemex o resolver el problema de la saturación del aeropuerto actual.

Es una cuestión de diferenciar, con pragmatismo inteligente, lo importante y lo urgente, lo esencial y lo contingente. Es una decisión propia y exclusiva del presidente que debe materializarse con información, escuchando opiniones, anticipando costos y reacciones, con claridad siempre para hacer valer lo fundamental del proyecto en curso.

En esta tarea, el equipo y los afines son esenciales. De lo que se trata es de evitar la tentación de polarizar la situación. Los coordinadores parlamentarios y los dirigentes de los partidos que lo respaldan deben aportar a este ánimo de reencuentro y reconciliación sin renunciar al proyecto que impulsaron en campaña. Es posible y está en ellos, con su experiencia y sensibilidad, abrir espacio para que la ofrecida transformación nacional se reafirme en lo sustantivo, no en lo accidental. El equipo propio igualmente debe mantener disciplina y mesura, defender con firmeza e inteligencia las decisiones y determinaciones que vengan del presidente.

En el espacio inmediato del presidente electo se han hecho bien las cosas. Se dan los mensajes adecuados a los auditorios específicos. Este ejercicio es muy útil porque da capacidad para diferenciar la retórica propia de la política, de lo que son las acciones y planes de gobierno. El sector privado ha actuado en consecuencia y es propio de éste alzar la voz cuando haya temas que lo inquieten. Nada hay de inconveniente al respecto y los desencuentros deben resolverse en función de lo que se hace, no de lo que se dice; esto vale para ambos lados.

El entorno del presidente e incluso él mismo han dicho que no habrá irresponsabilidad en materia económica. Esta afirmación por sí misma da sentido de los actos de gobierno futuros y, sin duda, ofrece tranquilidad. También esto impone límites para que lo posible se sobreponga a lo deseable, especialmente en la elaboración del presupuesto, a manera de impulsar un tránsito inteligente, razonable y seguro entre las propuestas de campaña y las acciones de gobierno.

Hacia adelante, López Obrador presidente comprenderá, por obra de la realidad, que hay desafíos que deberán encararse con información clara del entorno específico de cada uno y sin rehuir los términos de la responsabilidad. Hay un mandato por el cambio. El presidente electo se muestra decidido a hacer valer los términos del sentido del sufragio y ha iniciado por el camino hacia la austeridad votada desde las Cámaras, reiterando que no habrá abusos en su mandato.

“Seis años es un recorrido de días largos y meses cortos”, solía decir José López Portillo, en su condición de ex presidente. Se refería por supuesto a la dinámica del presente, el día a día lleno de coyunturas que hacen perder de vista metas y propósitos. El presidente electo deberá tener presente desde ahora un diseño de gobierno con sus tiempos, ritmos y pausas. El arranque importa y mucho, pero también el esquema de mediano y largo plazo para que la realidad corra afín a lo que se hace y no, como sucede con frecuencia, en contra de lo que se pretendía. Finalmente, el éxito en la política está en los resultados, no en los propósitos o las intenciones.

Asuntos de medios

A la memoria de Juan Gabriel Valencia, un hombre de congruencias.

Los medios de comunicación están viviendo desde hace tiempo el embate de la nueva realidad. Se trata de un proceso disruptivo que les presiona al cambio, derivado de las condiciones dinámicas de la tecnología y de la sociedad. Lo digital tiene una influencia contradictoria: por una parte, abre oportunidades inimaginables para ampliar las audiencias y generar contenidos a un muy bajo costo y con un menor esfuerzo humano. Por la otra, las redes sociales y la proliferación de espacios informativos -la mayoría de mala calidad en términos de estándares razonables de manejo responsable de la información- que cubren lo que sucede en tiempo real y de manera interactiva. Lo cierto es que el cambio impacta por igual a los medios impresos que a los electrónicos, a las grandes empresas y a los proyectos modestos.

La sociedad también ha cambiado de hábitos informativos. La preponderancia del noticiero televisivo ha pasado a un segundo plano en términos de influencia y credibilidad. La radio ha tenido también que transformarse y, al menos en las grandes ciudades, ha podido permanecer y hasta crecer. En medios electrónicos, la información se mezcla con entretenimiento. También allí han cambiado las costumbres de las personas, sobre todo de las nuevas generaciones, a partir del uso intensivo del smartphone, las redes sociales y de la universalidad del consumo de internet.

Con algunas excepciones, una parte importante del ingreso de los medios no viene de manera directa de su público, sino del anunciante o patrocinador. El público es una abstracción: su segmentación es indispensable y de allí la necesidad de programación y contenidos consecuentes con la audiencia objetivo. Hay medios de nicho muy exitosos. Esto, que es común en los medios impresos, se facilita en los de carácter digital.

Aunque el periodismo impreso sufre la nueva realidad, persiste como el medio de mayor relevancia en cuanto a libertades políticas y calidad informativa. Se le ha dificultado la transición, pero prácticamente no hay periódico o revista de calidad que no haga una inversión importante en su expresión digital. Uno de los casos más notorios de éxito es MILENIO, que entrevera TV, Radio, periódico y proyecto digital. Otros medios de prestigio como El Universal, El Financiero, Proceso y Reforma han desarrollado espléndidas y exitosas plataformas digitales. Excélsior ha incursionado con éxito en televisión y también tiene un papel sobresaliente en el mundo digital.

La comunicación hoy en día se ve obligada a dar mayor espacio a lo digital. Esto implica que el anunciante cada vez tiene que invertir más en la web, con la ventaja de perfilar mensajes de acuerdo con el receptor, cuestión sumamente difícil con los medios convencionales. Recientemente, el presidente Peña incursionó en un diálogo digital con uno de los más reconocidos influencers del ecosistema, Chumel Torres, encuentro en el que el humor y lo coloquial intentaron presentar la ocasión de un mensaje difícilmente resuelto por los medios convencionales.

El problema para los medios es que el mercado cambia y con esto se complica la lucha por ganar o mantener una proporción del auditorio o público. Bajar costos y mejorar la calidad del servicio o producto no es fácil, pero se ha vuelto cuestión de subsistencia. Pero no todo es ingresos y egresos, también está la batalla por la credibilidad y en esto no deja de ser una paradoja que la proliferación de información en formato digital, irresponsablemente tratada, sea altamente atendida y en ocasiones aceptada como veraz sin cuestionamiento. Hay una necesidad de trabajar en ello con mayor acento, no para proteger a la competencia, sino al interés público; es importante que las grandes organizaciones involucradas como Twitter, Facebook, YouTube y Google mejoren sus estándares de control sin afectar la apertura y las libertades que les caracterizan y que son uno de los grandes logros de la civilización contemporánea.

Recientemente se ha señalado que los medios deben definir con claridad su afinidad política o partidaria. Es aceptable que los medios que así lo decidan lo hagan, pero son pocos los que están dispuestos a sujetarse a un alineamiento de tal naturaleza, sobre todo viniendo la sugerencia desde quienes dentro de poco estarán en el poder. Lo que sí debe reivindicarse es la honestidad editorial, exponer con claridad qué sí y qué no, sobre todo en el ejercicio del escrutinio al poder, tema que compete al medio y también al periodista.

En el caso de los electrónicos, al utilizar una concesión del Estado -que representa a todos, incluso a las minorías- están impedidos para hacer propia la causa de un partido o de un proyecto político. En cualquier supuesto, es importante que, aunque se aspire a ello, es difícil si no que imposible, acreditar imparcialidad u objetividad.

A final del siglo pasado el país transitó hacia un modelo más abierto, libre y plural en los medios de comunicación. Sin duda es un activo importante para cualquier comunidad. El gobierno que está por iniciar ha comprometido una política diferente en muchos rubros, incluido el de la comunicación social. Un tema que preocupa a las empresas es la reducción del gasto en la materia, situación que es una extensión de la austeridad a la que se ha comprometido el nuevo gobierno.

Frente a estas definiciones del poder público, la libertad de expresión y las tareas propias de los medios no deben ser obstruidas por una suerte de autocensura. Sería muy útil y consecuente con lo que se ha dicho, que las nuevas autoridades ratificaran su decisión de respeto a la libertad de expresión, de no caer en la tentación de utilizar el gasto como medio para inhibir el escrutinio al poder y, especialmente, la tan necesaria apertura y pluralidad informativa.

Las empresas de comunicación deben hacer consciente que los nuevos tiempos son de incertidumbre, pero también de oportunidad. La centralización de la política informativa, aspiración de todos los presidentes, se complica por la imposibilidad de llevar en una sola dependencia una gran diversidad de contenidos, temas y asuntos especializados. El control administrativo y la austeridad son deseables, pero no deben ser elementos para obstruir que la crítica y la información fluyan con la oportunidad y precisión tan necesarias. De otra manera, es previsible no sólo el desencuentro de las autoridades con los medios, sino también una afectación grave al derecho a la información.

La hora del Legislativo

El país está viviendo un cambio de régimen. No se trata de la cuarta transformación a la que ha convocado el presidente electo, sino de una nueva estructuración del poder. Hubo cambio de régimen cuando se desconcentró el poder con los órganos autónomos, cuando ganó independencia plena la Suprema Corte de Justicia y, especialmente, se ratificó cuando en 1997 el Ejecutivo perdió mayoría afín en el Congreso e incorporó la pluralidad en la definición del presupuesto y de las acciones de gobierno. Ahora, con la amplia mayoría de la coalición que llevó a López Obrador a la Presidencia, se sientan las bases para un nuevo régimen de gobierno.

Un presidente fuerte no necesariamente se acompaña de un Congreso a su servicio por la mayoría afín que lo integra. Una presidencia tiene fortaleza no por la capacidad para imponer, sino para ejercer un liderazgo sobre el conjunto de la sociedad y hacer valer un proyecto político que dé al país buenos resultados; para efectos prácticos: crecimiento, libertades y bienestar para todos. López Obrador tendrá un equipo de colaboradores que habrá de acompañarle para hacer realidad lo que se propone. Pero el Congreso tiene otro carácter, y su condición de órgano de representación conlleva una dinámica, agenda y visión propias.

De otro lado, un Congreso que confronta al presidente de ninguna manera conduce a la funcionalidad del régimen presidencial. Ocurrió en los primeros años del gobierno dividido y se explica por lo inédito del proceso político. También ocurrió durante los años de la presidencia de Vicente Fox. La pluralidad no necesariamente conduce al conflicto, aunque sí genera tensiones propias de las diferencias políticas y, también, hay que reconocerlo, de los intereses legítimos y no legítimos propios de la competencia.

El nuevo Congreso se ha instalado y el proceso de integración de órganos legislativos en el ámbito local está en curso. En lo general ha sido armónico, pero también se han presentado casos que indican que la llamada cuarta transformación bien podría naufragar por la inmadurez política y la fragilidad del sistema de partidos. Aunque es cuestionable, se podría entender que muchos candidatos afines a Morena, registrados como miembros del PT o del PES a efecto de dar la vuelta al candado de la sobre representación, decidieran ya como legisladores electos sumarse a Morena. Sin embargo, es una falta mayor, por no decir impudicia, que legisladores electos por un partido que compitió contra Morena en todos los órdenes de la elección, se sumen a la mayoría no solo como un acto de oportunismo, sino como resultado de una negociación en la penumbra, como si los legisladores fueran artículos de cambio en el acuerdo de sus dueños por debajo de la mesa.

De la misma manera es lamentable el caso que se presenta en Chiapas, donde las mujeres que han sido electas por la vía de mayoría o por la de representación proporcional, renuncian en masa para que los suplentes, varones, puedan llegar al cargo con el propósito de darle la vuelta a la norma que establece la paridad de género en la integración de las candidaturas. Aunque el INE ha resuelto intervenir, la solución no es simple. La sanción no puede quedar en la remediación del caso, debe ser severa y ejemplar no solo por la evidente ilegalidad de por medio, sino por la obscena manipulación del voto y de las reglas de la integración de la representación política. La concesión de muy discutible legalidad que permitió candidaturas de ejecutivos al Senado ha derivado también en otro agravio a la democracia, el peor espectáculo conocido en la integración de órganos legislativos. Esto es un retroceso y, desde luego, una descalificación de la supuesta voluntad de los aludidos de participar en la cuarta transformación a la que se ha convocado.

El Congreso tiene una muy importante responsabilidad. Se entiende que la mayoría afín al Ejecutivo habrá de servir para apoyar los cambios por los que votaron los ciudadanos y que los llevó al cargo público. Sin embargo, aún con identidad o afinidad partidaria, los legisladores deben asumir su responsabilidad con dignidad, libertad y sentido de independencia respecto al presidente. Se debe integrar la pluralidad a la toma de decisiones. El debate debe fluir sin la soberbia de aquél que de antemano tiene asegurados los votos legislativos. Los dictámenes deben aportar y, en su caso, modificar lo que sea necesario: no caer en la tentación de que las iniciativas del Ejecutivo son intocables y sus términos inamovibles.

Además de la tarea legislativa, el Congreso tiene responsabilidades importantes en el control horizontal de la administración pública. Los nombramientos y las tareas de investigación deben desarrollarse con sentido de responsabilidad. Mucho es lo que pueden aportar al gobierno legisladores rigurosos y activos en el estudio de las iniciativas y, sobre todo, con capacidad para hacer valer, con inteligencia y sensibilidad, el interés del país sobre el particular, el de grupo y hasta el del partido.

El Congreso es el espacio natural para el debate. No debe preocupar el ruido que le acompaña, tampoco el desgaste generado por la polémica y el prejuicio de buena parte de la opinión pública. La actividad legislativa se juzga por los resultados, lo demás es secundario. Todas las fracciones parlamentarias tienen mucho que aportar; en todas hay talento y experiencia. También hay que anotar que un número significativo de legisladores arriban por primera vez a tal responsabilidad y esa es una oportunidad de renovación, pues tal combinación puede tener resultados virtuosos.

La unidad en torno a la línea partidaria es muy polémica, pero es la realidad del parlamento moderno. Aunque muchos privilegian la libertad: incluso se han dado casos en que se declaran independientes de los partidos que los postularon bajo esa tesis. Esta conducta es espacio abierto al filibusterismo y el oportunismo, una de las enfermedades persistentes en los órganos legislativos y la política en general.

El cambio de régimen apunta hacia un presidencialismo fuerte. Precisamente, por tal consideración, hoy más que nunca se requiere un Congreso activo, articulador del interés nacional, responsable y eficaz, sin complejos para coincidir y para disentir. También por ese cambio se votó el 1 de julio.

Prensa y poder

“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”
George Orwell

La política actual ha impuesto una nueva dinámica a la relación entre la prensa y el poder. Ocurre en todo el mundo. Son muchos los planos de tensión: el poder legítimo que se origina a partir del voto y el poder real de la prensa y los medios de comunicación en la cobertura noticiosa y en su tarea de informar. Al gobernante le ampara el mandato democrático; a la prensa, la libertad de expresión y el oficio que hace de la verdad objetivo. A la autoridad con frecuencia le incomoda el ejercicio periodístico y a éste la pretensión de aquella de promover e imponer su visión sobre las cosas. El tono de la crítica al poder se da en ese marco; a veces a costa del rigor periodístico y también de la verdad misma.

Es un tema viejo de la democracia. Hay momentos de gran significado histórico por lo que hace al gobierno, en los que se ha visto acompañado por una prensa hostil y, en ocasiones, agresiva. Dos ejemplos en México lo ilustran: el periodo de la República Restaurada y el tiempo en que Madero se desempeñaba como presidente. En perspectiva, el problema mayor no es que la prensa combata al poder, sino que el poder (gubernamental o económico) haga uso de la prensa para combatir a sus adversarios o malquerientes.

El mundo actual ha sido testigo de varios acontecimientos emblemáticos del conflicto entre el poder de la prensa versus el poder político en los Estados Unidos de América. Su origen está en el triunfo de Donald Trump y la tensión con la prensa que se ha venido reproduciendo a lo largo de su mandato. Su postura le ha llevado a un conflicto en el momento en el que los medios sufren su mayor desprestigio ante la población; según Gallup, en su medición de verano de 2017, sólo 14% de los republicanos consideraba que los medios noticiosos presentaban datos de manera correcta. Trump puede encarar con exceso y descuido a los medios, sin que esto le signifique un elevado costo en su base electoral, invocando Fake News por cada crítica recibida. Hay que destacar que algunos medios se escandalizan por la baja popularidad del presidente, cuando lo que debiera sorprender es que mantenga niveles de aprobación de su trabajo de 41.3% de acuerdo con el promedio del prestigiado sitio Real Clear Politics.

El periodista Bob Woodward, ha publicado en estos días su obra Fear. Trump in the White House. Las revelaciones que se hacen en el libro han sido de gran impacto, particularmente las expresiones del Jefe de Gabinete sobre el presidente. Otros dos acontecimientos disruptivos han tenido impacto recientemente: el primero, se refiere a la filtración de Bloomberg de una declaración del presidente Trump bajo reserva, con efecto explosivo sobre el acuerdo comercial con Canadá y que llevó a la suspensión de las negociaciones en curso. El segundo fue la decisión del New York Times de publicar un editorial anónimo escrito por un alto funcionario de la Casa Blanca, en que se presenta como portador de la resistencia desde la Casa Blanca y que hace un recuento muy crítico respecto a los atributos del presidente y de su capacidad de conducir al país.

El trabajo de Bob Woordward fue crucial para la caída del presidente Nixon; antes y después ha publicado varias obras de lectura imprescindible, entre ellas Shadow. Esa obra remite a todas las crisis que han tenido los presidentes norteamericanos desde Nixon hasta Clinton, los embates de la prensa, la acción del Congreso y del investigador especial, así como la manera que cada presidente enfrentó su crisis mayor. Una conclusión relevante en Shadow, es que la ocultación de los hechos es la primera y fatal tentación de quien detenta el poder. Los políticos de todo el mundo no han comprendido que lo más difícil y a la vez, lo más seguro para conducir un escándalo, es abrir los datos y proporcionar su interpretación o narrativa desde el principio. En el quehacer público, la opacidad, más tarde que temprano, se vuelve en su contra y normalmente conlleva consecuencias políticamente fatales.

En México, empresas, gobiernos y personajes han enfrentado escándalos mediáticos de mayor o menor impacto. En todos los casos, el silencio o la negación es la peor y más contraproducente respuesta. Los escándalos tienen por lo general una dimensión legal o contenciosa, pero también otra que se refiere a los hechos y la interpretación que de ellos se hace tanto de los datos como de las personas y del prejuicio sobre éstas.

Los medios son negocios. Tanto en sí mismos como de una diversidad de empresas no siempre vinculadas a actividades editoriales. En la actualidad, padecen el embate de la información digital. Es un problema estructural que tiene que ver con la muda de hábitos informativos y la presencia disruptiva del ecosistema digital. Los tiempos entre el evento y su divulgación se acortan dramáticamente, también la manera como la tecnología impone sus reglas para disminuir costos y mejorar la presentación gráfica del dato informativo. No se ha encontrado todavía una fórmula virtuosa de coexistencia entre lo tradicional y lo moderno, pues la mayoría de los medios profesionales, algunos con formato digital, padecen la competencia desleal que significa un escaso margen del rigor periodístico por parte de géneros digitales y las redes sociales.

La situación ha llegado a extremos. En los Estados Unidos han buscado la manera de regular la información digital. En Europa, a las empresas digitales globales se les pretende gravar con 3% de sus ingresos. En Inglaterra, el partido laborista ha propuesto establecer un gravamen a estos consorcios para destinarlo a la subvención del periodismo de investigación y financiación de la televisión pública.

En nuestro país, colateralmente al problema del cambio en el consumo de información y entretenimiento, los medios ven con temor la reducción del gasto público anunciado por el próximo gobierno. Enfrentar esta realidad con éxito, los obliga a reorientar sus ingresos, contenidos y público objetivo. Queda de relieve, más allá del esfuerzo por alcanzar el éxito comercial y la obligada viabilidad de las empresas, la función social insustituible que los medios realizan en ejercicio de la libertad de expresión y en el siempre indispensable escrutinio al poder, tarea que debiera ser alentada por el Estado.

El fin del principio

El comienzo contiene ya oculto el final” Martin Heidegge

En este espacio anticipamos lo que habría de ocurrir de cumplirse la alternancia que se perfilaba a semanas de la elección, especialmente por la magnitud del triunfo de la oposición encabezada por López Obrador y el tamaño de la derrota del partido gobernante. Señalamos que sería un cambio de régimen, esto es, una transformación que habría de ir mucho más allá de una alternancia y un relevo de gobierno en los niveles superiores.

En 2000, no hubo cambio de régimen, a pesar de que por primera vez se presentaba la alternancia del partido gobernante. Lo que ocurrió se dio en la dinámica de una realidad particular, muy distinta a la actual, porque el triunfo de quienes llegaron no fue total, como tampoco lo fue la derrota de quienes no fueron favorecidos por el resultado. La suma de la inexperiencia de quienes llegaron y la sobrada malicia de quienes condujeron la oposición, dieron lugar a una transformación importante, pero que diluyó su potencial transformador. De alguna manera la continuidad prevaleció sobre el anhelo social de cambio.

La situación de ahora es considerablemente más compleja y diferente. Lo es, en parte, por el sentido del cambio que ha establecido la sociedad. La derrota derriba no a un partido, sino a un sistema, a un régimen basado en el pluralismo y a un sentido de la política a partir de la desconcentración del poder y de los equilibrios formales e informales que acotan al presidente de la República. Aquel aparentemente lejano 1997, abrió la puerta al gobierno dividido, un periodo que se extendió durante más de dos décadas.

En 2018 la situación ha cambiado. Se regresa a un presidencialismo con amplio apoyo en el Congreso y en los Estados. No es el retorno del anterior régimen, pero sí tiene similitudes. La diferencia mayor está en la economía y en la disminución estructural de los recursos públicos y de lo que puede hacer por sí mismo el gobierno.

En el marco de la explicable crítica al gobierno y partido que concluyen, se subestiman logros fundamentales asociados al abatimiento de la concentración productiva y al fortalecimiento del marco de la competencia económica. Las transformaciones del siglo pasado propiciaron la apertura económica, la privatización y el sometimiento del poder presidencial a pesos y contrapesos. Se privatizó, pero no hubo competencia, al contrario, monopolios privados y agentes dominantes del proceso económico. Lo fundamental de las transformaciones de este gobierno que concluye se encaminan al fortalecimiento del Estado en su dimensión reguladora; a robustecer el mercado y la competencia y, también, a la conformación de instituciones de Estado para el cumplimiento de tales responsabilidades.

En el nuevo gobierno debe haber claridad sobre la transformación en curso. Es recomendable que se entienda que más allá de las diferencias políticas y de las insuficiencias del proceso de cambio –en especial sus dos expresiones desgarradoras que son impunidad e inseguridad–, el aspecto sustantivo y positivo de las transformaciones no deben naufragar por el revanchismo o la ignorancia. Para la actual y para las futuras generaciones, es crucial que el nuevo gobierno lleve hasta sus últimas consecuencias los cambios que dan vigencia a la competencia y a la economía de mercado, y evitar así la poderosa inercia del regreso a la concentración productiva. Este proceso virtuoso del crecimiento económico con instituciones comprometidas con la legalidad y atentas a la realidad global, es de un enorme potencial para socializar oportunidades y sus beneficios.

Efectivamente, con el nuevo gobierno se advierte una voluntad con importante aval social y político, que brinda al Estado fortaleza y capacidad para hacer valer el interés colectivo con una orientación social. La misma realidad económica impide que este proceso derive en estatismo. Las declaraciones del presidente electo y de su equipo económico, muestran temprana sensibilidad a este aspecto al reconocer que la inversión privada tendrá lugar importante en los proyectos en puerta. Sin embargo, la participación privada tiene sus reglas, principios y límites, mismos que deberán estar presentes para lograr acciones exitosas.

En todo caso, los problemas del nuevo régimen están en la política y en la calidad del gobierno. Allí se presentan expresiones preocupantes de centralización y personalización del poder, así como una confusa idea de la complejidad de la administración, que por igual incluye una muy complicada propuesta de desconcentración territorial del gobierno, que un desentendimiento por el profesionalismo y el servicio civil de carrera como ámbito especializado del sector público. La improvisación y la merma de la calidad del servicio público tiene dos efectos inevitables: corrupción y burocratismo, ambos en demérito de la dinámica del cambio social y económico.

La larga hazaña política de López Obrador llega al principio del fin. Gana el poder en condiciones de privilegio: un triunfo amplio, mayoría legislativa, una oposición diezmada, medios de comunicación no hostiles y un sector privado más orientado a la colaboración que a la confrontación, incluso en no pocos casos a costa de sus propios intereses y propuestas. Hay retos en el ámbito económico, particularmente actuar con eficacia, con reglas que no se escogen y que en no pocas veces, van a contrapelo de la motivación social del grupo político que llega al poder.

Ganar el poder fue una difícil y prolongada batalla. El entorno favoreció los términos del desenlace. Las expectativas sobre un cambio pronto y profundo son amplias. Un gobierno probo es una exigencia básica, pero también, uno que sea eficaz, que pueda promover y dirigir, que sea el eje para mejorar y dar sentido al cambio. La política no puede conspirar contra la economía, tampoco deben hacerlo la ideología o el voluntarismo. El movimiento político en muchos sentidos termina, ahora lo que corresponde es gobernar bien y generar un liderazgo que a todos reconozca e incluya.

El nuevo presidencialismo debería mantener distancia de la inercia partidaria. Se puede gobernar con los que tienen identidad política con el presidente, pero se debe actuar en beneficio de todos. No hay repúblicas partidarias. México es la síntesis de diversidad y pluralidad. Puede haber partido mayoritario y hasta dominante, pero nunca este país tendrá cabida en un solo partido. La pluralidad y la participación de la sociedad civil, así como la dinámica del universo digital, son la expresión actual y futura de México.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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