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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

México ante el júbilo y la renovación

Impropio del momento es romper el ambiente festivo del triunfo de unos y el deseo de todos de que las cosas mejoren. Lo que el país vive ahora con el triunfo de López Obrador y de MORENA, es continuidad de una vieja tradición, pero, por otro lado, aporta elementos nuevos a partir de una expectativa desbordada sobre el cambio y lo que puede hacer el nuevo líder con el respaldo no solo institucional, sino de muchos otros que se suman al triunfo.

Es necesario reiterar que todo gobierno requiere de un escrutinio crítico, más cuando los contrapesos institucionales y tradicionales no existen. Ya se ha dicho, que tal circunstancia, requiere de una cuota mayor de autocontención por quienes detentarán el poder. El voto no es un cheque en blanco, tampoco es un mandato inequívoco sobre el sentido de lo que habrá de hacerse. Sí, López Obrador cuenta con la adhesión democrática de la contundente mayoría de los ciudadanos. Ese es un punto de partida que no debe soslayarse, pero tampoco la expectativa pública de que el cambio sea para bien.

En este contexto, son acertadas las expresiones de la futura senadora y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva sobre la necesidad de que el presidente electo interiorice su tránsito personal y político a la condición de titular de la institución presidencial. Esto alude a uno de los mayores retos no sólo de quien será presidente, sino del nuevo grupo de poder que se hace del control del gobierno, del Congreso y también de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Es un reto mayor porque el movimiento inevitablemente debe transitar a una expresión institucional en medio de muchas presiones y tentaciones internas, así como de una expectativa popular sobre el cambio y de el mundo real que siempre impone límites, particularmente en el ámbito de la economía. La caracterización de MORENA es justamente, la de un movimiento, no la de un partido político. Sus referentes son insuficientes para tener identidad y cohesión programática, aunque a sus miembros les haga sentido el objetivo de ganar el poder y el combatir a la corrupción como principal eje de acción.

El efecto de lo anterior es que se gana el poder en condiciones de privilegio con un referente personalizado del poder. Ni siquiera es la propuesta del entonces PRD, también muy general, de democratizar al país. López Obrador ganó y su visión del país, de sus problemas y de las soluciones, ahora ya electo, debe atender la complejidad que subyace a muchos de los temas nacionales como es la inseguridad, la desigualdad social y regional y el déficit de la calidad de las instituciones públicas.

Gobernar en el marco de la legalidad y de las instituciones es sumamente más complejo que actuar en la exigencia de cambio desde la oposición. Pretender mantener la dinámica de movimiento ya en el poder es una grave amenaza a la esencia misma de la democracia, toda vez que el poder público no estaría al servicio de todos sino de algunos, aunque estos puedan ser mayoría electoral. También tiene efectos antiinstitucionales que comprometen la legalidad y, en sus efectos subsecuentes, minan los derechos fundamentales y obstaculizan que el Estado cumpla su responsabilidad básica de hacer valer el interés general a través de la ley, los procedimientos previstos en la norma, y de las instituciones.

Las 12 propuestas legislativas de López Obrador merecen examen cuidadoso. Es probable que estas sean aprobadas por el Congreso y también, aunque más complicado, por el Constituyente Permanente. Son muchos los temas a los que aluden y estimo que en buena parte son bien recibidos por la población, como es el que haya un compromiso más explícito por la austeridad en el servicio público, eliminar el fuero, el aumento al salario mínimo y otros temas más de interés ciudadano como es el mejorar la seguridad pública.

También hay decisiones del virtual presidente electo que dejan claro que todavía prevalece más el sentido de movimiento o grupo en el propósito de ganar el poder, que su ejercicio institucional. Por ejemplo, la idea de designar a representantes “administrativos” del gobierno federal ante los estados a manera de eliminar la estructura de las delegaciones de las Secretarías en las entidades; tal propuesta remite a un viejo expediente de control por parte del centro de ominosa memoria representado por los jefes políticos del Porfiriato.

Los gobernadores son funcionarios electos, con responsabilidades precisas y se ha suscrito el federalismo como forma de Estado. No corresponde, entonces, que el Ejecutivo designe funcionarios con un claro perfil político, no técnico ni administrativo, en algunos casos futuros candidatos a gobernador, quienes tendrían no solo el respaldo del gobierno federal, sino por su afinidad partidaria, el del Congreso federal y el de los legisladores locales y alcaldes. Sin duda, esto representaría una afrenta al esencial pacto de la federación y todavía más, a la funcionalidad del gobierno local, y sería uno de los problemas a resolver en la nueva circunstancia.

De la misma forma está el riesgo de hacer de la ratificación del mandato presidencial y de los gobernadores, en el marco de la elección intermedia, un instrumento de influencia sobre las elecciones federales y locales siguientes. Si este 1º de julio quedó en claro el efecto colateral o de arrastre de una elección presidencial sobre los comicios legislativos y locales, bien puede anticiparse lo que ocurriría si tuviera lugar concurrentemente a las elecciones de 2021 una modalidad de reelección presidencial y de gobernadores electos en 2018.

A partir de muchos de los problemas que actualmente se padecen, seguramente hay un fastidio y quizás reserva por la institucionalidad propia de la democracia que desconcentra y limita el poder del presidente como es la división de poderes, el federalismo, los organismos públicos autónomos, el control constitucional por la Suprema Corte, la libertad de expresión y presencia vital de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de políticas públicas. El problema es que, si no se atiende al sentido institucional democrático, en el júbilo por el cambio, estemos desmantelando lo más preciado de nuestro legado político. Se trata entonces, de un ajuste entre el ideal, lo posible y lo deseable para fortalecer nuestra vida democrática.

La hora de López Obrador

Son dos los elementos fundamentales de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador: un mandato ciudadano mayoritario acompañado de una mayoría legislativa, y una propuesta electoral que ha recibido de manera explícita el aval de 30 millones de votantes. Esto remite a un dilema no resuelto en la teoría política: los electores votan por la persona que se hará cargo del gobierno, o bien, votan el programa. También hay otro dilema que se presenta al momento del ejercicio del poder y que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno: la brecha entre lo que se quiere y lo que se puede hacer desde la administración pública.

En sus primeros días como candidato ganador, López Obrador ha estado construyendo con acierto su proyecto presidencial. Lo facilita lo amplio de su victoria; pero hay que reconocer que ha habido generosidad, buenas formas, apertura, voluntad de tolerar y escuchar, ofrecer confianza a los empresarios y ratificar su compromiso de trabajar para los mexicanos, y, particularmente, para los pobres. Las expresiones que hemos escuchado hablan de su entendimiento del tránsito de candidato a gobernante. El cambio le ha redituado, y ha recibido un respaldo generoso de empresarios, expresidentes y medios de comunicación.

Por otro lado, ese auténtico júbilo popular aunado al calculado apoyo cupular, dan espacio al optimismo sobre lo que viene. Es deseable el éxito de una nueva administración y también lo es el cambio para mejorar en muchos temas de la vida pública. La cuestión no es el objetivo que se pretende, bien sea aumentar el crecimiento económico, disminuir la violencia o abatir de manera importante la corrupción, el tema es lo que debe hacerse para que eso suceda. El apoyo popular y el cupular son útiles, sin duda, pero los resultados esperados requieren de método y de muchas voluntades.

En la campaña es de esperar que se postule a la persona y su voluntad como fórmula del cambio; sin embargo, ya en el gobierno, los temas remiten a los medios, los recursos, los tiempos y las estrategias. Por ejemplo, estimo que en materia de crecimiento económico la inversión pública y la privada son fundamentales; pero esta segunda está condicionada no solo por el incentivo de la ganancia, sino también por la certeza de derechos, es decir, que quien invierta tenga como garantía el cumplimiento de reglas.

Otro elemento de peso en la presidencia de López Obrador es que contará con algo que sus antecesores no tuvieron: la mayoría legislativa, lo mismo para aprobar el presupuesto, que para cambiar leyes o ajustar instituciones. Esto es una oportunidad privilegiada, pero también entraña el riesgo de no contar con el contrapeso de la pluralidad reflejada en más de 35 por ciento del padrón que no emitió opinión alguna y se abstuvo de votar, y del 43 por ciento de quienes votaron y lo hicieron por otra opción partidista. Lo que queda frente a lo avasallante del triunfo, es la necesidad de la autocontención, lo que tiene que ver no solo con la estructura personal y política del presidente, sino también con la del equipo cercano y con su dinámica de trabajo. Un presidente que no escucha, o que atiende exclusivamente la visión de su círculo de colaboradores, peor cuando estos tienen estrechez de miras o agendas propias, tiende a alejarse de la realidad y a perder sentido de las cosas. Para hacer efectiva la autocontención no basta con atender y oír, también es necesario entender y dialogar. Pensar que gobernar es un viaje de ida y vuelta, es un ejercicio obligado para el buen gobernante.

La cortesanía es una práctica que mucho perjudica a quien tiene el poder. Conforme es mayor el poder, lo es también el riesgo de padecer este mal. López Obrador es un político formado en la lucha social, es sanamente desconfiado y esas son fortalezas, pero también esto último puede ser debilidad. Administrar la confianza/desconfianza es un reto nada menor. Para ello hay técnicas de evaluación que le dan objetividad a este ejercicio. Alentar la autocrítica es un ejercicio difícil, pero es útil a manera de que el gobierno pueda ser eficaz a la hora de identificar problemas, insuficiencias y desviaciones.

En su primer mensaje, fue inequívoco respecto al compromiso de asumir un nuevo código de probidad y austeridad, al que seguramente incorporará el de eficacia, para quienes en su gobierno tengan responsabilidad pública o política.

La realidad del proceso político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y a su partido a la condición de fuerza hegemónica es la de un movimiento político-social. Hay una muy precaria institucionalidad en la corriente que triunfó el 1 de julio y esa es una insuficiencia para efectos del ejercicio del poder a través de las instituciones. López Obrador ya no es líder de un movimiento, sino presidente de todos los mexicanos.

Este tema remite al de la relación con las fuerzas políticas que le llevaron al poder, especialmente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su esencia fue el de una amplia alianza para ganar el poder y llevar a la presidencia a López Obrador. En su sentido nominal, el proyecto se cumplió en los comicios. Decir que el común denominador es la lucha contra la corrupción o la justicia social dirigida especialmente a los pobres, es muy general para dar identidad y claridad de programa. Deberán definirse las coordenadas ideológicas, políticas y programáticas que necesariamente llevarán a su institucionalización y a una agenda de cambios que precise no sólo lo que no se quiere, sino cómo se pretende llegar a ello.

López Obrador logró ganar la Presidencia. Una larga lucha a partir del carácter, la disciplina y la persistencia personal del tabasqueño. Pareciera que ese proceso fue lo más difícil. Pero ha llegado el momento de ejercer la responsabilidad pública; y ello plantea el verdadero problema: el de enfrentar las condiciones de la realidad, que obligan al gobernante a identificar entre dos opciones: lo deseable y lo posible. Ya no es un asunto de simple voluntarismo sino de complejidades que van más allá del discurso de campaña. Sin embargo, la buena noticia es que sí es posible construir una nación diferente; siempre y cuando la propuesta política se ajuste a los intereses nacionales y sobre todo, al marco legal y a la institucionalidad del país.

La noche de la elección

La primera elección presidencial competida, la de 1988, dejó múltiples lecciones que, afortunadamente, fueron pronto asumidas y resueltas en reglas e instituciones. Dos años después, nacería el Instituto Federal Electoral, un esquema de justicia electoral, un padrón de votantes confiable, así como una organización territorial para dar orden y claridad al proceso electoral. En este marco de cambios fundacionales, hay que destacar la oportunidad de la información de resultados electorales, a manera de conjurar uno de los aspectos más controvertidos de aquella noche del 6 de julio de 1988: la “caída” del sistema de información de la entonces Comisión Federal Electoral.

A partir de la experiencia de aquellos años, se ha impuesto a las autoridades electorales la obligación de informar sobre los resultados preliminares de los comicios al término de la jornada electoral. Para ello se han empleado tres medios: la encuesta de salida de urna con entrevistas a los votantes; el conteo rápido, que es un ejercicio estadístico de aproximación con el empleo de una muestra representativa, cuya fuente son las actas de escrutinio, y el Programa de Resultados Preliminares, donde se despliega la información de resultados casilla por casilla, conforme se van desarrollando los cómputos en los centros de votación.

Para los comicios del 1 de julio la tarea de brindar información oficial oportuna se ha complicado por la concurrencia de elecciones, especialmente en lo que se refiere al PREP, que es el medio más preciso de todos conforme aumenta el número de casillas reportadas. Esto significa que tendrá que esperarse hasta el día siguiente en la mañana cuando se tengan reportadas 80% de las casillas. Lo anterior es revelador del enorme esfuerzo que tendrá que hacerse al momento de realizar los escrutinios durante la noche de la elección, que serán tantos como elecciones concurrentes se den en los centros de votación: presidente, diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales y en varias entidades incluso gobernador.

Más allá de la tarea de las autoridades en la difusión de tendencias de votación y de los resultados, la responsabilidad mayor en el momento de proveer información oportuna correrá a cargo de las casas encuestadoras y de los medios de comunicación que la difundan. Una vez que se cierren las casillas, es previsible que las televisoras nacionales presenten información de los resultados de la elección presidencial y, en algunos casos, porcentajes de votación para los partidos en la elección de legisladores, así como resultados de la elección de gobernadores y de jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El escenario deseable para la confiabilidad de los resultados oportunos son las grandes diferencias de votos entre competidores. Aunque las casas encuestadoras han perdido precisión en las encuestas de salida, especialmente en las elecciones de 2016, la determinación de ganador se simplifica cuando hay una distancia considerable entre los contendientes. Esto quiere decir que, si los comicios reprodujeran lo que han publicado la mayoría de las encuestas sobre una diferencia de dos dígitos entre el primero y el segundo lugar, no habrá mayor problema para conocer a las 8 de la noche el ganador de la elección presidencial. En cambio, si se presentara un escenario como el de 2006, sería necesario recurrir al PREP para tener una idea precisa de la fotografía final de los resultados de la elección.

La información de interés en torno al 1 de julio, no solo se refiere a la competencia presidencial, aunque ha habido mucha atención, desde mi punto de vista irrelevante, sobre quién estaría en el segundo lugar; en todo caso, lo importante es la integración de las Cámaras, así como lo que suceda en la elección de gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En la esfera local la integración de los Congresos locales reviste mucha importancia para la gobernabilidad en las entidades y para el ciudadano también es de interés el desenlace de la elección de ayuntamientos.

Otro aspecto fundamental para evaluar si es funcional o no nuestro sistema electoral, es que la noche del domingo debe estar presente el reconocimiento de resultados por quienes no fueron favorecidos, experiencia propia de la madurez democrática y que abre paso a un nuevo entorno de reencuentro, reconciliación y redefinición del mandato no solo para quien corresponda gobernar, sino para quien el voto decida cumplir la muy importante tarea de oposición. Recordemos que el poder siempre viene acompañado de disidencias que son produto de la sana pluralidad.

Pero volvemos otra vez al asunto de los resultados en todas las elecciones, no sólo en lo que corresponde a la elección presidencial. Los términos de victoria pudieran ser tan generosamente extremos para unos, como dolorosamente adversos para otros. Así es la democracia y así es la política. Debe tenerse presente que, a lo largo de toda la historia del país, solo la sucesión presidencial de 2000 ocurrió en condiciones de normalidad. Hubo resistencias de los no favorecidos que retrasaron el reconocimiento y que generaron una indeseable polémica sobre un supuesto y falso apuro del presidente Zedillo en reconocer el triunfo de Vicente Fox. Afortunadamente, prevaleció el sentido común y las cosas transitaron por buen cauce y conjuraron la sospecha de que la violencia habría de acompañar a la derrota del PRI.

Tengo la impresión de que independientemente de lo que suceda esta vez, estamos ante la víspera del término de un régimen, más que de un gobierno. Me preocupa que esto ocurra en el desprecio de lo mucho que se ha hecho y más con ánimo sino de revancha, sí con la idea de que todo está mal y hay que empezar de nuevo. Desde luego que hay problemas serios que hay que encarar y resolver, revisar las acciones que no han funcionado, las malas prácticas en muchas cosas, pero también México es un país de éxito, con logros, enorme potencial y un entramado de instituciones que dan expresión a la República y que permiten la coexistencia de la diversidad, la expresión de la pluralidad y un ejercicio del poder con equilibrios y contrapesos.

La noche del 1º de julio bien puede ser un nuevo punto de partida para el bien del país. Mucho dependerá, desde luego, de los ganadores, también de los no favorecidos para que conformen una oposición inteligente y eficaz y, desde luego, de una sociedad activa, demandante y comprometida en hacer lo que le corresponde. Dejemos de lado la Noche de los cuchillos largos; convoquemos en cambio, La Noche de los Dones de Borges: la prudencia, la veracidad, la inteligencia y la razón.

¿Y el liberalismo?

El liberalismo dio un paso significativo al asociarse con la democracia. Quizá el más grande de la era ilustrada. Dos planos coincidieron para conformar las instituciones políticas, económicas y sociales del mundo occidental: libertades, representación y pluralidad, como sustento de toda forma de poder público. En México, los dos conceptos han sido históricamente confusos. En el cierre de siglo pasado, finalmente, el país dio curso sin accidentes ni rupturas a la democracia liberal después del trauma de crisis económicas, un magnicidio y un levantamiento social.

Aquí y en el mundo, el liberalismo se ha visto confrontado desde la derecha, la izquierda y desde adentro. El origen de estos embates es la insatisfacción creciente con el orden de cosas. Hay un agotamiento del paradigma liberal resultado de su propio éxito. El mundo y el país está mejor que en el pasado, pero la inconformidad es creciente, incluso por sus propios beneficiarios. El descontento, bien conducido, puede ser la fuerza para mejorar lo existente; se deben explorar caminos nuevos y se requiere del imaginario fundacional para crear nuevas instituciones y adecuar las existentes. Pero el descontento también puede llevar a la involución, al retroceso, a la búsqueda de respuestas que nieguen lo fundamental: las libertades, la diversidad y la representatividad.

La derecha antiliberal ha encontrado en la migración una de sus mayores fuentes para cuestionar el orden de cosas. Este es un tema que debe preocupar porque sí convoca y mueve a grandes sectores sociales en torno a propuestas nacionalistas, en las que subyace la xenofobia, la intolerancia y un deseo por modificar los derechos y las instituciones que norman, conducen y contienen el ejercicio de poder y garantizan a los derechos humanos. Afortunadamente, en los países con una tradición democrática de larga historia, la memoria de los excesos del totalitarismo genera los anticuerpos para neutralizar al populismo de derecha. Desafortunadamente, esas presiones no dejan de tener una fuerza popular en los sectores afectados por los cambios asociados a la globalización, y en los países sin ese ascendiente liberal, proyectos antiliberales pueden ganar el poder sin contrapesos como actualmente ocurre en algunas naciones de Europa del este.

El populismo de izquierda frecuentemente se da en los países con menos desarrollo. Respecto al de derecha, sus formas son distintas y en cierto sentido opuestas, pero sus similitudes son evidentes: intolerancia al crítico o disidente, ofensiva anti institucional, sentimiento de guerra total, ejercicio del poder sin límites, estigmatización del bloque de poder e invocación del revanchismo como argumento central para la movilización social y electoral. Ambos se sirven de la democracia, pero su objetivo es antidemocrático en dos sentidos: restricción de las libertades, rechazo a la pluralidad y su expresión representativa, partidos y legisladores. Frente al pueblo o a la nación, nada ni nadie. O más bien, sólo el caudillo.

Ahora bien, el liberalismo también tiene sus enemigos adentro. Hay una descomposición al interior del orden de cosas producto de la incapacidad de autocontención de actores relevantes en condiciones de poder. En unos casos esta descomposición se traduce en cleptocracia, en otros, en acumulación desproporcionada de riqueza no siempre por medios legales o legítimos, autoridades incapaces de hacer valer reglas e instituciones para contener o sancionar los abusos de poder.

En México debemos agregar un elemento: la violencia asociada al crimen organizado. Este fenómeno ocurrió precisamente por la debilidad de uno de los elementos fundamentales del paradigma liberal: el estado de derecho. La incapacidad del sistema de justicia no solo se remite a los crímenes extremos, sino a la vida cotidiana de las personas. La didáctica de nuestros tiempos es que le va mejor al de la trampa o al que se desentiende de la ley, que al buen ciudadano. Ese es un incentivo perverso que afecta en sus cimientos a la funcionalidad del sistema, además de que compromete a la autoridad al verse anulada por la magnitud del problema y la incapacidad de respuestas frente a este.

No hay soluciones sencillas para superar los problemas de hoy día. La seducción populista consiste precisamente en simplificar el diagnóstico y la respuesta a los problemas, absolviendo a la sociedad de su propia responsabilidad. Excluir al ciudadano de participar en la búsqueda de soluciones a los retos del presente y construir enemigos imaginarios que habrán de servir como explicación y justificación de todos los problemas, es como logran consensos los liderazgos populistas, lo mismo en la Unión Europea, en Cataluña o en Estados Unidos, pero así no se construye futuro.

Donald Trump resolvió encontrar en los mexicanos la causa y razón de las dificultades que enfrenta su país, así sea desempleo, violencia, drogadicción o déficit comercial. Las causas y razones son otras, mucho más complejas, e inevitablemente debería el presidente volver la vista hacia su propio país, sociedad e instituciones para hallar la explicación y la solución. Pero el gobierno norteamericano y el presidente Trump se han vuelto rehenes de su propia retórica. Por suerte allá, ha sido el poder de la opinión pública o de la pluralidad institucionalizada la que le ha doblegado, ejemplo reciente, con el tema de los niños migrantes cruelmente separados de sus padres.

Un rasgo de intolerancia es la recurrente actitud de López Obrador de denostar a sus críticos. Las diferencias, más en política, son naturales, y todos tienen derecho de réplica, más quienes buscan ahora ganar la confianza popular a través del voto. Lo que es inaceptable es que el argumento derive de manera sistemática en cuestionar a la contraparte, más que ir al tema de fondo. Ejemplo reciente de ello es el tuit de ayer del candidato en el sentido de adjetivar como prensa “conservadora” o “fifi” el reportaje que el diario Reforma hiciera sobre un informe del gasto de su campaña al INE.

El vigor y vigencia del liberalismo no depende de quienes le cuestionan o de las amenazas que enfrenta, sino de la sociedad y del sistema institucional que garantiza las libertades y la pluralidad como un mecanismo de contención al abuso de poder. La embestida populista habrá de ser contenida a partir de las virtudes indiscutibles del paradigma liberal. Es una lucha de posiciones en el sentido de ganar batallas en muchos frentes, de tiempo y persistencia, también de resistencia y denuncia, pero, sobre todo, de claridad de objetivos. No perder de vista el horizonte, nos permitirá mantenernos en la ruta correcta.

Ratificación de mandato

Hay propuestas que en teoría son irrefutables, pero que en la práctica son claramente contraproducentes al propósito que las inspira. La democracia directa no deja de ser una seducción que recorre el espectro del autoritarismo versus la democracia representativa. La tesis de que el pueblo manda es, en principio, incuestionable; el tema de fondo es cómo hacemos realidad ese ideal, cuáles son los mecanismos, los medios y los procedimientos. El referéndum y el plebiscito son figuras muy importantes, pero excepcionales o complementarias. Recurrir a éstas con el fin de desplazar o doblegar a los parlamentos, no sólo es contraproducente, ha sido uno de los medios de los que lo dictadores han echado mano para imponer su voluntad por encima de las instituciones.

El candidato presidencial López Obrador ha propuesto introducir en la Constitución la figura de la ratificación del mandato. En un principio, habló de realizarla cada dos años, aunque recientemente señaló que debería ser concurrente a la elección intermedia. La propuesta parece ser razonable, ya que se le daría a la ciudadanía la oportunidad de pronunciarse sobre la satisfacción o insatisfacción con respecto a la gestión del gobernante y de ser el caso, darle a la gente el poder de la remoción. En la práctica sería un expediente nocivo y de consecuencias desastrosas para el pluralismo, la equidad y la misma democracia representativa.

Regularmente, los autócratas gozan de mayor popularidad respecto a los gobernantes en una circunstancia democrática, esto último se debe a las libertades, el pluralismo y el cada vez mayor escrutinio público al poder. Pero es importante señalar que popularidad y eficiencia no siempre van de la mano. Muchas de las decisiones que se deben tomar desde los gobiernos, no necesariamente obtienen aceptación o respaldo popular; de allí que las democracias modernas utilicen otros mecanismos para la renovación de poderes. En los países con sistema parlamentario se resuelve con facilidad, ya que es una decisión de la mayoría legislativa. El relevo en el gobierno puede ocurrir por un voto de censura y esto puede llevar a una nueva elección, o incluso a que el mismo parlamento designe un nuevo gobierno si es el caso de que se erige una mayoría derivada de las coaliciones, como ocurrió recientemente en España.

Nuestro sistema presidencial supone y requiere de la estabilidad en el encargo. Por esta razón, el Congreso tiene facultades limitadas para enjuiciar al Ejecutivo. Los casos judiciales en su contra se remiten a traición a la patria y delitos graves del orden común, asimismo, la Constitución determina que el cargo sólo es renunciable por causa grave, la cual deberá ser calificada por el Congreso. Un Presidente con estabilidad no solo le permite proteger a la investidura del asalto de otros poderes, grupos políticos e intereses fácticos, también es una protección para cumplir su encargo.

La propuesta de López Obrador, para efectos prácticos, no es otra cosa una forma de reelección presidencial con todos los inconvenientes que ello representa. Particularmente que se trataría de una elección, como sucede en el sistema norteamericano, con una campaña electoral con el Presidente en el cargo, lo que compromete la equidad en la contienda y propiciaría que el mandatario, al menos en el año previo a la reelección, solo tome aquellas decisiones que no afecten sino que por el contrario, lo ayuden a alcanzar su objetivo electoral.

Lo que ocurre en el sistema norteamericano es aleccionador sobre los resultados prácticos de la reelección desde el encargo. Lo primero que hay que destacar es la ventaja que tiene el funcionario a reelegirse, ya que casi siempre lo logra. La ratificación del mandato como la que se propone en México, tiene una ventaja adicional: no hay contendientes que aspiren a derrotarlo, una campaña sin competencia.

Lo que ocurre en la reelección de senadores y diputados en el sistema norteamericano revela cifras por encima de 90% de éxito, respecto a los que les compiten. Más aun, los datos sobre financiamiento son reveladores de la inequidad: los senadores que buscan reelegirse reciben en “donativos” 13 veces más respecto a los que les compiten; los representantes que se reeligen, 7 veces más.

La ventaja del partido gobernante en la ratificación de mandato repercutiría en las elecciones concurrentes, especialmente en la de diputados. Así, la campaña desde la presidencia sería un medio para incidir de manera ventajosa en las elecciones de diputados, así como en los comicios locales concurrentes; y en las elecciones de gobernador en nueve estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Lo que es preciso destacar en torno a la mecánica del equilibrio de poderes, es que la ventaja que obtendría el partido gobernante, sería la construcción de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, muy probablemente, ya que las coaliciones son lo de ahora, mayoría calificada en el Congreso y mayoría en la mitad más uno de los Congresos locales, circunstancia que permitiría cambiar la Constitución sin considerar a la pluralidad.

En condiciones de dificultad del Presidente, ante una opinión pública adversa y un Congreso no afín, la ratificación de mandato propicia lo que sería un virtual golpe de Estado, precisamente por la manera como se resuelve el reemplazo, esto es la decisión del Congreso, erigido en Colegio Electoral.

Las mejores normas constitucionales no son las que resultan de los apetitos de poder del grupo gobernante en turno, sino las que derivan de la historia: son reformas que se inspiran de los procesos traumáticos o críticos que hemos vivido como nación, y se resuelven con un sentido de perspectiva. Es popular y convoca el aplauso fácil, ofrecer que los electores puedan remover a un presidente, pero la estabilidad en el cargo de titular del Poder Ejecutivo alude a uno de los periodos más dolorosos de la historia política nacional, que es el golpe de Victoriano Huerta contra el Presidente Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez –paisano, por cierto, de quien ahora propone debilitar al Ejecutivo–, quienes fueron despojados del poder y de su vida.

El voto popular es imperfecto, pero indispensable. También lo es el debate y la deliberación sobre el origen y el futuro de nuestras instituciones, entre éstas, la fundamental de nuestro sistema político: la Presidencia de la República.

Buñuel, Cantinflas y el Ogro Filantrópico

“Lo primero es curarnos de la intoxicación de las ideologías simplistas y simplificadoras”. Octavio Paz.

Asumo que mucho de lo que está sucediendo en México, y en otras latitudes, es resultado de tres realidades: Primera, la existencia de la libertad individual y colectiva para informarse, decir, comunicar y divulgar, que hoy como nunca se ha extendido en la sociedad a través del mundo de lo digital. Segunda, la desigualdad creciente, incluso en las naciones desarrolladas, lo que significa que los beneficios de la economía y el bienestar, no se distribuyen equitativamente; y Tercera, la incapacidad o el desentendimiento de los beneficiarios del sistema de convalidar y acreditar las libertades políticas, sociales y económicas que nos tienen en un punto, que si bien genera justa insatisfacción, no puede negarse que es el saldo de un proceso de desarrollo progresivo, si lo comparamos, como se ha dicho recientemente, con la realidad de las películas de Mario Moreno, y todavía más si el referente fuera el México de Ismael Rodríguez o Luis Buñuel.

En cierto sentido, el punto donde nos encontramos es resultado también de que las libertades están bajo el asedio de sí mismas. Las libertades políticas conspiran contra las económicas y éstas contra las sociales. Dicha circunstancia es la que ha puesto en jaque el edificio de la democracia liberal y ha servido de impulso y argumento para que un populismo “renovado” cobre vigencia bajo diferentes presentaciones: nacionalismo y racismo en las naciones poderosas; caudillismo y rencor social en las naciones como México. Su común denominador es el desprecio que muestra hacia las instituciones, la intolerancia hacia el otro y el desprecio por los valores y principios de la democracia.

En el fondo, tengo la impresión de que la facilidad con la que las propuestas populistas prenden no nace de las condiciones objetivas de pobreza y desigualdad, sino que es un tema que reside mucho más en el dogma, en lo que se llama el discurso político, como lo ha mostrado él teórico argentino Ernesto Laclau. Así, por ejemplo, si se analiza la base social que con mayor consistencia soporta al candidato López Obrador, se advierte que, esencialmente, el peso mayor lo soporta una población urbana masculina con instrucción superior. Cierto es que en los millenials el candidato encuentra un importante apoyo, pero estos en su mayoría son volátiles, lo que se traduce en una empatía con menor intensidad respecto al grupo social aludido.

Lo que significa la ausencia de lo racional en la propuesta dogmática, es que las ideologías no han desaparecido, solo se han transformado de manera irreflexiva y pragmática. Han colapsado las de corte convencional y han crecido las que tienen un sentido no de grupo o parte, sino de corte horizontal; ejemplo de ello es la lucha contra la corrupción que a todos convoca, pero lo mismo puede suceder con el nacionalismo o con conceptos integradores de las sociedades en su totalidad. El peligro de esto y de los proyectos neopopulistas, es que no se asumen, a diferencia de las ideologías convencionales, como una parte, sino como la expresión de un bloque que al cerrarse controla todo. En esto radica la dificultad y a veces la imposibilidad para entender de manera legítima al otro, al diferente, al crítico o al opositor.

Las libertades no solo están asediadas, también están amenazadas por la crisis del sistema democrático que es el que las garantiza y les da expresión fáctica e institucional. Lo que es peor, las respuestas institucionales, políticas o ideológicas no se arraigan en la sociedad y, por lo mismo, la seducción de los proyectos disruptivos cobra fuerza fácilmente.

La amenaza al régimen de las libertades se da por la ausencia de una cultura o de una tradición que les dé soporte. También por la falta de una corriente formal que haga del liberalismo su referente explícito o implícito. Influye, igualmente, la presencia de una sociedad civil organizada alertada sobre el valor y vigencia de las libertades. Las formas legales también son garantía. Voltear la mirada a lo que ocurre en el vecino del norte en tiempos de Trump, es muestra de los límites que el edificio liberal le impone al populista en el poder.

En México el tema que debe preocuparnos no es el eventual arribo de un proyecto populista, sino si existen las condiciones culturales, políticas e institucionales para su contención en caso de así resulte. De allí la importancia del equilibrio en la elección del 1º de julio. Un triunfo amplio en el ámbito legislativo y local del proyecto populista debilitaría considerablemente las capacidades del sistema para conducir la realidad nacional en el marco de la democracia; de presentarse tal circunstancia, de lo que estaríamos hablando es de un cambio de régimen: en la sustancia, en las formas y en la práctica, cuya expresión sería el deterioro de las libertades y del edificio que las garantiza.

Al respecto, en los sectores con reserva o temor al triunfo de López Obrador, hay una posición mayoritaria que asume que habrá autocontención, independientemente de la magnitud del triunfo, una visión consecuente con el viejo presidencialismo, donde los límites al ejercicio discrecional del poder del Ejecutivo se daban al interior del mismo régimen. Esta perspectiva que apuesta por la buena voluntad del gobernante es sumamente frágil, porque los límites al poder resultan del conjunto del sistema: de los pesos y contrapesos institucionales, de las libertades políticas y económicas, del activismo ciudadano y del pluralismo social. Apostar a la buena fe del ogro filantrópico, además de ingenuo, constituye el regreso al pasado, el tránsito al peor de los futuros, al menos por lo que respecta a las libertades y a la pluralidad política.

En lo global, soy optimista sobre la capacidad de la democracia liberal y las instituciones para encontrar las mejores respuestas hacia su propia innovación y reforma. En lo local soy escéptico por el poco aprecio social al sistema de libertades, y especialmente, por la incapacidad de los beneficiarios de estas para asumir su defensa. Ante este escenario, pareciera que hay poco qué ganar y mucho qué perder el 1º de julio.

Andrés Manuel y los empresarios

La relación de los políticos con los empresarios, de siempre, ha sido compleja. Difícil en el pasado lejano, ambivalente en el reciente. El estatismo que predominó hasta inicios de los 80s, dio curso por vía de la necesidad, a una postura más empática y de comprensión de la política a la economía. El presidencialismo exacerbado, que ahora amenaza regresar por la puerta grande del voto democrático, dio lugar a crisis económicas y financieras recurrentes. Los empresarios ganaron la batalla y aparentemente la guerra; la apertura económica, la economía de mercado, la certeza en los derechos y libertades económicas va a la par del desarrollo político del país y a la vigencia de la democracia liberal.

Quizás porque llegó una nueva generación con las desincorporaciones, por la incursión del gran inversionista extranjero o por la combinación de ambos factores, el sentido de cuerpo de los empresarios, que en otro tiempo les permitió enfrentar la embestida estatista hasta doblegarla, se vio minado. Transición democrática y apertura económica en México fueron procesos paralelos, con tiempos y ritmos diferentes, pero con un mismo sentido: acotar el poder presidencial, por la vía de la desconcentración del poder y los equilibrios que el mismo proceso democrático fue generando.

Pero si bien la apertura económica ha sido impulso para mejorar la calidad de vida de la población y para crear las posibilidades de desarrollo que tiene el país, la política no cumplió con su función de legitimar el nuevo orden de cosas, al contrario, los nuevos problemas como la inseguridad pusieron en entredicho a la autoridad; los viejos retos, como la desigualdad y la corrupción, persistieron o se agravaron, cuestionando la tesis de que la democracia traería mejores gobiernos. Pero siendo realistas, si la democracia no pudo empoderar al ciudadano durante todos estos años, la economía hizo también muy poco para distribuir mejor la riqueza y crear consumidores empoderados.

El arribo del populismo como opción dominante en lo electoral no se debe a un tema coyuntural –candidatos, gobiernos, campañas, estrategia-, sino que su origen es de corte estructural. No hay miedo al cambio porque no se justiprecia suficiente lo que existe, a pesar de que el anhelo y esfuerzo de generaciones fue llegar a la democracia liberal y a la economía de mercado. Al candidato López Obrador, insultar y calumniar a los grandes empresarios no le resta apoyo precisamente porque en gran parte de la ciudadanía, especialmente en las clases medias urbanas educadas, existe la falaz idea de que el origen de la riqueza y el éxito económico no es resultado del trabajo, el esfuerzo y el mérito, como lo es, sino de la corrupción. Así llegó el populismo a otras latitudes: a partir de la construcción y difusión de la idea de un sistema injusto, autoritario, excluyente y corrupto que hace triunfar sólo a una minoría rapaz.

El populismo es un movimiento político que puede ser de izquierda o de derecha y que descansa en el caudillo, planteando el rechazo al bloque de poder existente, e invocando entidades abstractas como la nación o el pueblo. Como movimiento social, que es, tiene reserva o rechaza a las instituciones, su objetivo no es ganar la elección, sino cambiar al régimen, su motivación es antidemocrática en el sentido de que no acepta a quien piense diferente o se le oponga. Contra la nación o el pueblo, nada ni nadie. Desde luego, el caudillo es quien representa a dichas entidades, nadie más.

Los empresarios tardaron en entender y encarar la amenaza populista. El tema no es la agresión personal de la que han sido objeto, sino el contenido de la política pública que se anticipa. Fue una costosa omisión no ocuparse de legitimar el orden de cosas y, todavía más, creer que el populismo es un simple ardid electoral para ganar votos. López Obrador lo ha dicho con todas sus letras, aunque matiza según el auditorio: a lo que convoca no es a una reforma, sino a un cambio de régimen, paradójicamente, a un presidencialismo sin límites, con poderes metaconstitucionales, lo que ya se conocía, pero con una expresión personalista.

Los empresarios, especialmente quienes han sido nombrados por el candidato, están en su derecho de expresar sus reservas: el desproporcionado y provocador señalamiento de corruptos y autores de la tragedia nacional sería suficiente para no simpatizar con él, o el que el caudillo haya postulado como candidato al Senado, en lugar preferente, a un enemigo de la industria minera y de sus trabajadores, aliado y emisario de los poderosos sindicatos norteamericanos y canadienses. El tema de fondo tiene que ver con la postura y visión del candidato López Obrador sobre la economía, sobre la responsabilidad del Estado y su desprecio sobre el sistema institucional, base para la certeza de derechos y certidumbre económicas.

En la perspectiva ciudadana es inevitable cuestionarse sobre cuántos impuestos ha pagado López Obrador o, desde el punto de vista empresarial, qué ha hecho para generar empleo productivo o ingresar divisas. Su aportación es, en todo caso, política, no económica, pero por lo mismo, hay un estándar aplicable a todo ciudadano que es el pago de impuestos, establecido en el artículo 31 de la Constitución. No es una referencia personal, sino una definición de las responsabilidades a los derechos que se ejercen. Estimo que el candidato no está en condiciones de dar lecciones, y menos de sentenciar o exculpar a los empresarios

A López Obrador no le corresponde prometer que no habría revancha en un eventual gobierno por él encabezado, y tampoco presumir la tolerancia que en su caso siempre ha sido posterior al insulto y la condena. Los empresarios, más que una falsa tolerancia, requieren de la política y del futuro gobierno, dos cosas básicas: respeto y certeza legal para sus inversiones. La realidad del país y el entorno internacional, obligan a la prudencia en todo sentido, particularmente por quienes más influencia o poder tienen. No la ha habido por López Obrador en materia de seguridad al prometer amnistía a criminales, tampoco en lo social al poner en riesgo con su programa las bases de la estabilidad de precios y las oportunidades de empleo, mucho menos en la propuesta económica de gasto público. ¿Por qué habrían, entonces, de quedarse callados los empresarios?

La embestida populista

Es pregunta de nuestro tiempo si la democracia liberal está en crisis. No es algo particular en México, sino en todo el mundo. Los populismos son el rasgo común de nuestros días y lo mismo se presenta aquí que en el vecino del norte, en la Europa democrática y la del Este. La amenaza a la democracia ya no viene de la izquierda revolucionaria y rupturista, sino del populismo, es decir, un movimiento que invoca al pueblo, construye en el imaginario colectivo a un enemigo –con anclaje en fenómenos reales, pero de características desproporcionadas- (como “la mafia del poder” en el caso de nuestra arena política actual) y moviliza al conjunto de la sociedad no solo para ganar la elección sino para imponer un modelo de ejercicio del poder personalista y autoritario.

Al tiempo que crece el populismo en regímenes democráticos, cobran relieve las naciones no democráticas que por sus logros económicos, políticos y militares disputan los referentes tradicionales de éxito, asociados a las democracias liberales. El sistema político de Estados Unidos, merced a sus instituciones, ha podido contener y mantener a raya la embestida populista que representa Donald Trump. La pregunta, insisto, es si México está preparado para la eventualidad de que ganara el populismo el 1º de julio.

En mi opinión, una de las principales fortalezas de López Obrador ha sido la de establecer el criterio de que quienes le cuestionan o critican forman parte de “la mafia del poder” que, a decir de él, es un grupo que se ha beneficiado de las dificultades que enfrentan los mexicanos. Esto le ha blindado del escrutinio de muchos que, por miedo o corrección política, han decidido inhibirse de enfrentar los absurdos y lineales planteamientos del candidato de Morena; por otra parte, para sus seguidores cualquier cuestionamiento a su proyecto es convalidar que los enemigos del pueblo atacan a su caudillo para impedir que llegue al poder.

Las razones del resurgimiento del populismo tienen que ver, en buena parte, con la economía. Trump no hubiera prevalecido sin una base social que diera por hecho que los “malos” acuerdos comerciales y la migración de hispanos, son causa del deterioro de la economía doméstica, las oportunidades laborales y hasta de la elevada criminalidad en Estados Unidos. Trump explotó electoralmente el enojo y la frustración de esos electores con una retórica antimexicana y antiliberal.

En México, la sociedad civil acusa debilidad y el poder político y económico está concentrado y a veces centralizado. La división de poderes no tiene la fortaleza de la representación territorial que sí tiene el sistema norteamericano. Los gobiernos locales son dependientes en extremo en dos rubros fundamentales: finanzas y seguridad. Tengo la impresión de que estamos mal preparados para contener una embestida antiliberal desde la presidencia, mucho más si el populismo, como lo anticipan las encuestas, se alza con victorias en el Ejecutivo y el Legislativo.

La misma campaña da cuenta de la debilidad de la sociedad para hacerse valer en el debate de los temas que deben interesarnos a todos. En este contexto, llama la atención positivamente, en un capítulo inesperado, cómo organizaciones civiles han hecho eco del hecho de que Morena haya postulado en un lugar privilegiado de la lista de senadores a Nestora Salgado, para unos, una luchadora social y, para otros, una delincuente. Más allá de la polémica al respecto, lo cierto es que actualmente, Salgado enfrenta varios procesos penales por secuestro, homicidio y, desde mi punto de vista, también de desaparición forzada, precisamente por el argumento que ella misma y sus defensores esgrimen en el sentido de que en el momento de los secuestros, la candidata era autoridad.

La información pública es suficiente como para cuestionar que un partido la haya promovido y le conceda inmunidad procesal a partir del encargo legislativo; el hecho es un mensaje ominoso, como muchos de Andrés Manuel. Lo que llama la atención es que la sociedad civil, el sector social o empresarial, así como los medios de comunicación no asuman una postura más enérgica en muchas de las propuestas y de los dichos, particularmente su iniciativa de ganar la paz mediante la amnistía a los criminales. Es inevitable concluir que la amnistía que propone AMLO inicia postulando candidatos con procesos penales en curso, como es el caso.

En este escenario, la cuestión que importa es si la sociedad y el sistema político mexicano están preparados para encarar el desafío que acompaña al populismo, peligro que se deriva de la tesis de que nada vale, ni la ley, ni las instituciones, ni la crítica, frente al que se asume como único y legítimo representante del pueblo.

Lo peor en este panorama consiste en minimizar el tema bajo la tesis de que la amenaza habrá de conjurarse de manera mágica antes de la elección o de que lo que más preocupa del candidato, no habría de ejecutarse porque él cambiaría ya en el poder o bien, porque no tendría los elementos legales a su alcance. Considero que esta es una postura de avestruz, cómoda, medrosa –y hasta irresponsible- y que, al final, no resuelve el motivo de la preocupación, esa sí real y más que justificada.

El caso de la amnistía es el de mayor preocupación; el candidato no se ha retractado de la propuesta, sólo ha dicho que integraría una comisión negociadora en la que participarían, incluso, personalidades internacionales como el Papa Francisco. Lo cierto es que hay una postura clara e inequívoca del candidato: amnistía a criminales como vía para alcanzar la paz. Y es precisamente, por esta consideración que el caso de Nestora Salgado cobra relieve y deja de ser un evento aislado.

El tema surgió en el segundo debate presentado por José Antonio Meade, quien se hizo eco del testimonio de una de las víctimas. Nestora respondió sin medir su vulnerabilidad política, legal y ética. Ahora se ha vuelto uno de los asuntos no solo de polémica, sino de cuestionamiento a Morena y a su candidato presidencial. Además de haberse hecho evidente que no hay exoneración de la candidata, también se pone a debate legal su candidatura y se abre un obligado curso para evaluar los antecedentes de todos los candidatos de todos los partidos a cargo de elección popular. Si los partidos no toman esa iniciativa, será la sociedad, en las urnas, la que convierta la elección en un plebiscito donde se vota por los criminales, o por las víctimas.

Gobiernos militantes

“En política, que a uno lo engañen hoy no es excusa para mañana”

Desde siempre, ha existido una brecha entre lo que se hace y dice para ganar votos y lo que se hace y dice en la responsabilidad pública. Ganar es cada vez más un ejercicio de prometer lo que es difícil y las más de las veces imposible cumplir. En el hartazgo y la desesperación, los electores de hoy están mucho más dispuestos a atender falsas promesas que propuestas realistas. Esto tiene dos efectos perversos: electores que escuchan selectivamente las propuestas de los candidatos de su preferencia, y candidatos que, deliberadamente, minimizan las dificultades o los límites para cumplir su oferta.

La situación se complica cuando el estratega de campaña, en aras de eficacia, promueve la simplicidad del mensaje. Peor cuando el candidato, por convicción o conveniencia, reduce a una frase su propuesta. El discurso disruptivo se reviste, más que nunca, de eficacia; lo hace con audiencias presenciales, virtuales o con las que se llega a través de los medios de comunicación. En este escenario, lo eficaz de Twitter en campañas electorales es que reduce el mensaje a unas cuantas palabras, justamente lo que el elector de ahora quiere: una frase sencilla y contundente, aunque prescinda de argumentos.

La oferta para complacer o inventar soluciones mágicas adquiere renovado aprecio. La campaña de Donald Trump es ejemplo de ello, su desapego de lo convencional horrorizaba a los medios y a sus pares, pero le permitía conectar con sus electores. La lección de ese proceso es dolorosa: no son las virtudes humanas o cívicas las que le dieron el triunfo, tampoco las propuestas razonadas, viables o consistentes con la realidad que pretende transformar. Se cultivó y cosechó en el agravio real o imaginario.

Es prematuro anticipar si lo que está ocurriendo en otras partes del mundo habrá de hacerse presente en México, favoreciendo a quien plantea la ruptura y la confrontación. Sin embargo, el estilo de campaña de quien lleva ventaja obliga a pensar que esa es su intención. La mayoría de las propuestas lanzadas por el candidato, audaces o francamente frívolas, caen en el terreno fértil de una sociedad molesta con el status quo, aunque otras, obligan al equipo cercano a convertirse en una suerte de exégetas en un evidente ejercicio de control de daños, más que de explicación o reafirmación de lo propuesto.

Lo que vemos, es que frente a lo expresado en la plaza pública, ha tenido que surgir una serie de ajustes por parte de esos voceros que actúan como intérpretes oficiales de lo que quiso decir López Obrador. Para el caso, Esteben Moctezuma, encargado de la propuesta educativa, recrimina a organizaciones sociales por no haber atendido el documento que explica la postura “real” del candidato, cuando lo que ellos y todos advierten, es el compromiso inequívoco y reiterado de López Obrador en el territorio de la CNTE, de cancelar la reforma educativa. Ese es el tema y lo ha dicho reiteradamente: su primer acto como Presidente sería suspender la aplicación de dicha reforma.

Lo mismo ha ocurrido con la idea de la amnistía a los criminales como método para alcanzar la paz. Lo señalado por el candidato, justamente donde más sangre ha corrido, Guerrero, y donde más dificultad enfrenta el estado mexicano para hacer frente al crimen organizado, fue la de intercambiar perdón por tranquilidad. Las precisiones vinieron una vez que se sintió el rechazo público a tal propuesta. La señora Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo han dicho cosas diferentes a lo expresado y comprometido por el candidato: primero, que la amnistía sólo sería para la tropa de jóvenes reclutados por el crimen organizado, después, que sólo para los pobres indígenas y campesinos productores de droga, y luego que se excluiría a todos aquellos que hubieran cometidos actos criminales violentos.

El empresario Alfonso Romo también suda la gota gorda matizando la postura del candidato respecto a la reversión de la Reforma Energética, con la respuesta violenta de algunos de los miembros de Morena, como Paco Ignacio Taibo II. AMLO dice una cosa y Poncho, a su vez, hace la interpretación adecuada a los mercados. Pero absolutamente nada tiene que ver lo que dicen Taibo y su líder, con lo que interpreta Romo.

López Obrador fue inequívoco en su intención de suspender en definitiva el NAIM y de reorientar el proyecto a la operación en dos lugares: el actual aeropuerto y el militar de Santa Lucía. La respuesta del sector empresarial ha sido de rechazo. Después, sin abandonar la idea original, el candidato ha flirteado con la atractiva propuesta de concesionar la obra, no obstante su dogma contra las privatizaciones; también su representante en la materia, Javier Jiménez Espriú ha hablado de opciones además de la de cancelar la obra.

Lo cierto es que en actos públicos –y masivos- el candidato dice algo y luego su equipo, con auditorios más exigentes, redefine la propuesta. El doble discurso no es sorpresa; sin embargo, es un error asumir que el candidato no cumplirá lo que promete, como lo ha expresado cándidamente la dirigencia de Coparmex. El gobierno militante es lo de ahora, es decir, una autoridad que actúa como si la campaña prosiguiera. A manera de ejemplo, Donald Trump persiste con sus promesas de campaña y lo hace con una retórica de contienda. Así debe interpretarse a López Obrador por su idea de que la ratificación de mandato se haga de manera concurrente a la elección intermedia, es decir, su visión es la de gobernar ejecutando sus propuestas de campaña.

Hasta hoy la atención se ha centrado en la manera en que propuestas disruptivas ganan terreno. Pero lo que es de llamar la atención, es el regreso a la escena política de los gobernantes militantes, autoridades en permanente campaña, al margen de la inclusión y de una reconciliación que no sea el sometimiento del adversario, del que disiente o del crítico. El sistema norteamericano ha sido puesto a prueba para mantener a raya a un presidente de este perfil, después de todo, para eso están las instituciones. En el escenario mexicano, en cambio, es necesario cuestionarnos antes del 1 de julio, si el sistema que acota el poder presidencial está preparado para esa eventualidad.

Las campañas después de las comparecencias

En las contiendas democráticas por el poder, importa tanto el candidato como el entorno. Hay una tendencia natural que complica el voto por el partido gobernante, lo cual es una realidad que recorre a todo el mundo y que lleva a explicaciones estructurales, más allá de lo que está haciendo un gobierno en particular. Esta nueva situación tampoco se explica solo como efecto de la comunicación digital en los nuevos patrones de información y participación políticas. En realidad, hay una doble circunstancia que impacta la política: la crisis del sistema de representación y el surgimiento de una nueva sociedad, más exigente, insatisfecha y cada vez más demandante. Por lo anterior, el escrutinio público y el debate actual se presentan en este contexto: candidato y entorno. Y es, precisamente, por la crisis del sistema en su conjunto y por las nuevas expresiones sociales, que lo disruptivo cobra mayor relieve electoral. Lo mismo funciona para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, para que los nacionalismos conservadores ganen asientos en los parlamentos europeos o cobren fuerza como en Cataluña o Escocia, como para que se rechace el referéndum por la paz en Colombia o se lleve al poder a personajes como Donald Trump. En Nuevo León, en 2015, la victoria electoral de El Bronco se explica también a partir del contexto, más que de los atributos del personaje. El éxito de López Obrador tiene mucho que ver con el entorno: su propuesta es claramente pre-moderna, antiliberal y, en muchos aspectos, conservadora; sin embargo, su oposición a lo existente y su denuncia a la corrupción, son celebradas por sus seguidores y le generan un impulso más allá del mérito personal o partidario. Las dificultades que encara Meade se explican por la misma consideración: el mérito de trayectoria, sus atributos personales y la calidad de su propuesta se ven obstaculizados por la asociación que se hace de él con el estado de cosas y el partido que lo postula, aunque sea un candidato diferente al político partidista convencional. La afectación del ambiente de irritación no solo alcanza a los candidatos, también a los partidos. La virtud de Morena es que se le asocia al proceso de ganar el poder desde la oposición, no al de su ejercicio –que no ha experimentado-, pero eso es cuestión de tiempo, como le sucedió en su oportunidad al PAN. Morena, más temprano que tarde, con el acceso al poder, será objeto del desgaste propio de su ejercicio. El problema no son las personas, las siglas, ni siquiera las actitudes; el problema es el sistema que no puede dar respuesta a las expectativas siempre crecientes de los ciudadanos. La comparecencia de los candidatos presidenciales con grupos de periodistas ha sido un sano y virtuoso ejercicio de escrutinio. Es natural que haya insatisfacción de algunos; los malquerientes, porque se le dejó pasar mucho al entrevistado; los fanáticos, porque no le dejaron que exhibiera lo mucho que sabe o vale. Lo cierto es que lo que se ha hecho con Milenio Tv y Tercer Grado de Televisa, es útil y atractivo al público. Desde luego que lo visto hasta ahora es una experiencia por mejorar y depurar.

Meade ha mostrado mayor claridad y conocimiento que sus adversarios y, sobre todo, ha acreditado su sentido de integridad intelectual y personal. Se proyecta en ocasiones impaciente para dar razón y respuesta, pero resuelve bien, puntual, preciso. Andrés Manuel ha estado por debajo del nivel de apoyo que ha concitado, pero ha sido exitoso porque sus errores o fallos no han minado entre los suyos la preferencia que lo favorece. Ricardo Anaya se revela como una figura fresca, con disciplina estratégica y con capacidad para superar los cuestionamientos a su integridad y presentar argumentos para una causa difícil por el contenido de su coalición. Faltan las comparecencias de Margarita y Jaime Rodríguez. Lo relevante es que se les cuestione sobre los temas fundamentales de sus trayectorias y propuestas, no asuntos francamente menores como situación en las encuestas o problemas de campaña, aspectos de interés, pero de poca relevancia política. Lo cierto es que, a partir del primer debate, las campañas han ingresado a una nueva etapa. El desempeño de Andrés Manuel en ese encuentro no fue consistente con la ventaja que llevaba, sin embargo, pudo reaccionar bien en el postdebate, en el sentido de cambiar el tema de conversación para minimizar sus insuficiencias y silencios. Sus adversarios no lograron fijar en el público algunos temas fundamentales que reflejan las inconsistencias e incongruencias: el patrimonio familiar, su propuesta de amnistía a los criminales y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Un aspecto relevante ocurrido en los últimos días, ha sido el relanzamiento de la campaña del candidato de la coalición del PRI, a partir del relevo en la dirigencia nacional. Se advierte al interior del tricolor una renovada esperanza de crecer en las intenciones de voto, las que, por cierto, deben ser tomadas con mucha reserva cuando provienen de los estudios que se hacen de manera telefónica o digital, ya que subestiman al candidato que tiene mayor peso en las zonas rurales, por la baja cobertura de telefonía o internet. El voto por Morena es urbano y es mayor en los segmentos con instrucción superior y en el grupo de los jóvenes, más asiduos a la interacción digital. Ya en su momento se verá la precisión de dichos estudios. Lo que revelan los encuentros de los candidatos en debates, con organizaciones y medios de comunicación, es que la contienda es de tres y que todavía hay un recorrido en el que al menos una tercera parte de los ciudadanos pueden cambiar su actual intención de voto. Asimismo, hay un volumen importante de electores que todavía no han decidido. Una baja de 6 puntos del candidato con ventaja –que no es un escenario imposible- y un incremento equivalente de quien va en el segundo o tercer sitio, haría cambiar el perfil de la votación para el 1º de julio. Por eso el INE hace bien en no dejarse intimidar por quienes quisieran que les reconocieran triunfos a partir de sondeos, y al prever escenarios distintos a los que establecen las encuestas, que ya se sabe, no son sino fotografías un tanto imprecisas del momento y de entornos que pueden variar.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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