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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Responsabilidad solidaria

En sectores diversos de la sociedad existen diferencias con el actual gobierno, varias de las cuales no son menores, pero hay coincidencias fundamentales que se decantan en la actual crisis del abasto de combustible. Una de ellas es la lucha contra el crimen organizado, que es compromiso gubernamental y al mismo tiempo, tarea de todos. Abatir la impunidad es la madre de todas las batallas, porque se traduce socialmente a un concepto en torno al que no hay controversia posible, el imperio del Estado de Derecho.

La embestida gubernamental contra el robo de combustible es una tarea apremiante. Su crecimiento en los últimos años plantea un desafío institucional que demanda determinación de autoridades y respaldo público. Los datos duros en torno a esta actividad ilícita permiten dimensionar el tamaño del reto que se enfrenta, pero sus efectos colaterales van mucho más allá del cuantioso daño al patrimonio nacional.

Y es que ese flagelo provocó violencia en territorios antes relativamente pacíficos y muy prósperos, involucró a comunidades enteras en actividades criminales, corrompió a funcionarios y trabajadores de la industria petrolera, es muy probable que haya penetrado a la red de distribución formal y comprometió la integridad de autoridades municipales y locales y, seguramente, encontró la manera de financiar candidatos y campañas políticas.

Lo secundario no puede prevalecer sobre lo fundamental. Ciertamente, los problemas de abasto generan frustración y enojo en la población, además del daño que provocan a la actividad cotidiana de personas y negocios. Es un tema que debió preverse y atenderse con mayor eficacia y es posible y deseable que en los próximos días se mitigue la escasez en los territorios con mayor dificultad de suministro. Sin embargo, visto el todo, francamente sería una pena que las autoridades tuvieran que ceder en la determinación de esta lucha, por la presión social originada ante la incompetencia de los funcionarios a cargo de esta parte del asunto.

Acabar con el crimen obliga a trabajar en todos los frentes. El presidente acierta al reconocer y agradecer a quienes participan en esta lucha en un momento difícil por el explicable disgusto e inconformidad que genera la insuficiencia de combustible. Es mucho lo que hay por delante en la batalla contra el llamado huachicol. La estrategia debe tener como objetivo cerrar los circuitos de ilegalidad de ese negocio, desde luego el robo, pero también la comercialización y el beneficio financiero. Se requiere de una labor de inteligencia que, al parecer, ha profundizado en lo primero, pero por lo que se conoce no ha atendido lo segundo y desde luego tampoco las finanzas del crimen.

Las cifras revelan que fue en estos dos últimos años cuando el huachicoleo adquirió preocupantes dimensiones. Existieron acciones en contra el robo de combustible, pero el origen del problema estaba en otro lugar, además la cantidad de combustible robada no podía colocarse exclusivamente a través de la venta clandestina. Es necesario que las autoridades investiguen con rigor su comercialización por la red formal de distribución, de otra forma los ladrones siempre contarán con un medio para volver dinero lo robado. Por cierto, los voceros de los expendedores de combustible han apoyado sin reserva la acción del gobierno contra el robo de combustible; ojalá y sea por responsabilidad y no por temor a ser investigados.

Acabar con el negocio requiere de acción legal ejemplar y cuidadosa. Actuar de la cúspide hacia la base. Hay que subrayar -y esto vale para el gobierno actual y los anteriores- que una autoridad que tiene conocimiento de un acto delictivo y de una posible o presunta responsabilidad criminal, lo hace solidariamente corresponsable y, por lo mismo, no es discrecional u optativo actuar, se debe hacer a partir del compromiso fundacional de cumplir y hacer cumplir la ley. La aplicación de la ley y la persecución de los delitos es asunto de interés público y no es opcional ni para el presidente mismo.

Cerrar filas en medio del enojo social, por supuesto, no es fácil, pero es fundamental hacer valer lo relevante: abatir la impunidad y reivindicar el imperio del derecho. La coincidencia se ha logrado y ha creado consenso. Por eso el gobierno no debe confundir el miedo, frustración o reclamo ciudadano como un aval al robo y a la corrupción. Se puede avanzar en la lucha contra el crimen sin llevar a la población a un sacrificio que resulta de la ineficacia o impericia de funcionarios. La determinación es lo que debe llegar hasta sus últimas consecuencias para que quienes se han enriquecido con el robo del patrimonio público enfrenten la acción de la justicia. Desarticular la red criminal con acciones de inteligencia e investigación ejemplares. En otras palabras, se trata de algo fundamental, en lo que no hay diferencias porque puede ser el parteaguas que necesitamos para empezar a ser un país distinto: que el que la hace, la pague.

La comunicación de la tragedia

La muerte trágica de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, abre un ciclo de indeseable desencuentro, más allá de lo que es común en la política, y deja en claro que las “benditas” redes sociales no lo son tanto cuando dan curso a la maledicencia y a la mala entraña. No parece ser una campaña articulada, con medios y recursos, para desprestigiar al gobierno y a su presidente asignando una responsabilidad a todas luces precipitada, y seguramente inexistente. Pero tampoco el presidente puede recriminar a un auditorio dolido por la pérdida, por sus expresiones poco amables con la titular de Gobernación, durante los funerales. En la tragedia lo más aconsejable es la serenidad y, desde luego, la información precisa. La experiencia nos enseña que la humildad y el estoicismo en este tipo de situaciones son del todo aconsejables.

Aunque es una vieja tradición en ocasión de muertes de personajes de la política en activo, en este y todos los casos debe indignar la especulación y todavía más que haya quien reparta culpas sin fundamento alguno. En los meses previos a la tragedia, el presidente de la República tuvo una conducta poco comedida con la gobernadora fallecida, por decir lo menos. Lo hizo como candidato, como candidato ganador, como presidente electo y después como presidente en funciones. Eso, sin embargo, no lo hace responsable de manera alguna, pero en el agravio por el deceso sus adversarios le echan en cara, por emoción o por interés, el infortunio de su conducta. Es lamentable tal actitud, pero eso no los hace ni conservadores, neofascistas o lo que sea. Lidiar con ello es ingrato, pero hay que hacerlo con la prudencia a la que obliga la circunstancia, y especialmente la investidura. Como contrapunto está la declaración de Morena de que no hará uso de su mayoría en el Congreso local para definir unilateralmente quien sería gobernador interino.

Bien que los funcionarios del más alto nivel informen a la opinión pública con oportunidad lo que esté al alcance en las investigaciones del siniestro. Sin embargo, hay procedimientos y protocolos que deben cumplirse, no solo por razones de prudencia, también porque hay normas de carácter nacional e internacional a las que deben someterse las indagatorias. Los medios y la sociedad demandan respuestas inmediatas, lamentablemente esto sólo puede documentarse con tiempo, método y la revisión escrupulosa de todos los elementos disponibles. Sólo de esa manera podrá prevalecer la verdad.

Por ello es que la omisión de las autoridades ha probado ser una falta capital y abre la puerta grande a la sospecha. Sin embargo, precipitar conclusiones en este tipo de situaciones no solo puede ser ilegal, también contraproducente. La maledicencia se alimenta no sólo del vacío de información, también de autoridades que se muestran vacilantes, a la defensiva o contradictorias. A la opinión técnica debe dársele siempre amplio espacio. El presidente de la República o los secretarios de despacho no deben ser voceros de los técnicos, tampoco éstos de aquéllos, simplemente que sean las autoridades competentes y calificadas las que informen.

La tragedia se enmarca en un entramado político muy complejo. El Estado de Puebla y el principal partido de oposición sufren un vacío institucional relevante de efectos impredecibles. Esto obliga a extremos de prudencia por parte de todos, particularmente el presidente de la República y los diputados locales, ya que es el escenario donde deberán resolverse y procesarse muchos de los temas institucionales derivados de la ausencia de gobernador constitucional. Debe haber, sin regateo alguno, un proceso de reconciliación y de solución a los diferendos sustantivos para dar paso a la designación del gobernador que habrá de llamar a elecciones extraordinarias.

El Estado habrá de ingresar a un nuevo periodo electoral. La competencia en este caso debe desarrollarse al margen del encono del pasado o del agravio del presente. La sociedad está lastimada por lo que parece ser un accidente. Lucrar con la tragedia como víctimas, o como viene haciéndose en redes, justificándola por el historial de los políticos fallecidos, es innoble y debe alejarse del horizonte. Insisto, es necesario que los actores políticos fundamentales den muestra de sensibilidad y de prudencia.

El agravio no se resuelve agraviando, menos cuando viene de autoridades. Los acuerdos son fundamentales, también el llamamiento a conciliar en lugar de confrontar. La pérdida no va a cuenta de quien es injusta y falsamente señalado como responsable, sino de las familias que perdieron a sus seres queridos. Un drama que excede al imaginario político y la disputa de unos y otros por lo que viene. Es una tragedia cuyo desenlace debiera ser la exaltación de los mejores valores personales y colectivos. Puebla merece transitar hacia un tiempo de concordia y entendimiento, justamente lo que no ocurrió en los meses previos.

El cierre del 2018

La cancelación del NAIM en Texcoco ha dejado un saldo negativo que gradualmente se ha ido procesando, pero que en el sector inversionista dista mucho de ser entendido como una decisión sensata. Sin duda, el acuerdo con los tenedores de bonos del fideicomiso bajo el régimen de la bolsa en NYC ha desactivado uno de los mayores riesgos, pero lo cierto es que vamos a pagar a cambio sólo de eso, de evitar una demanda colectiva, porque aeropuerto en Texcoco no habrá. La buena recepción al incremento salarial y al paquete financiero despeja algunas de las muchas dudas del sector empresarial sobre las intenciones del nuevo gobierno. Ambas noticias son alentadoras, aunque la incertidumbre persiste en varios rubros derivado de que lo conocido hasta ahora, confirma la decisión presidencial de responder a sus compromisos de campaña.

Que el gobernante empeñe y rescate con hechos su palabra es encomiable. Pero el espacio de maniobra resulta a veces estrecho para conciliar lo prometido con la realidad, sobre todo con la realidad económica. Además, no todo depende del gobierno y del Congreso. Existen variables fuera de control doméstico como son los precios del petróleo, la situación del entorno internacional, el crecimiento de la economía del principal socio comercial y otros aspectos más, que inciden en lo que puede hacerse sin comprometer la estabilidad económica.

En materia de presupuesto, ha llegado el momento de las decisiones. Alienta que se ha optado por lo más razonable: equilibrio en las finanzas públicas y una política de austeridad, aunque el debate es inevitable, sobre todo cuando hay un cambio profundo en las prioridades del gasto público. El presidente honra buena parte de sus compromisos y si la decisión es no incrementar el déficit fiscal, es lógico que muchas sean las áreas afectadas con disminución de recursos. Ahora queda claro que la austeridad no es una vía para el financiamiento de la inversión petrolera o del gasto social, aunque sí es una decisión necesaria, siempre y cuando no comprometa la calidad del gobierno. Hacer más con menos es más fácil decirlo que volverlo realidad.

Otra señal correcta a la sociedad lo constituye la prontitud con la que el presidente López Obrador actuó frente a la inconformidad de las universidades públicas por la disminución de los recursos asignados a éstas. Los alcaldes y los diputados también han manifestado su insatisfacción por la disminución de varios rubros de gasto. Es lógico. En el presupuesto siempre hay perdedores, algunos sin capacidad para hacer sentir su inconformidad, y otros que todavía no se dan por notificados de la afectación que habrá hacia delante.

En mi opinión, es muy preocupante que en el marco de la nueva estrategia para atender el problema de la seguridad pública no se haya previsto fortalecer la capacidad institucional de los Estados y municipios, lo que requiere un incremento significativo en la inversión y el gasto. Desde ahora se advierte la dificultad para disminuir eficazmente los delitos que más afectan a las personas y a las familias por esta visión centralista en la asignación de los recursos para la seguridad pública. No hay de otra, si se quiere ganar terreno a la inseguridad, se tienen que fortalecer a las policías más próximas a la población. Dejarlas en el abandono es exponerlas a la cooptación del crimen con todo lo que eso significa.

La aprobación de la ley de ingresos, las modificaciones al proyecto de creación de la Guardia Nacional y la designación en tiempo y forma del ministro de la Corte, son indicativos de que hay una razonable postura del gobierno y de la oposición en su trato institucional. En nada afecta y sí mucho ayuda, el que exista consenso en las definiciones generales de temas fundamentales como el ingreso y el gasto, más allá de las diferencias propias de la diversidad partidaria.

En el extremo opuesto, pero comprensible y normal en una sociedad democrática, es de destacar la dificultad en el sector inversionista para aceptar los tres grandes proyectos de infraestructura del gobierno: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de PEMEX en Tabasco. Habrá de ser el tiempo y los resultados, los que pongan las cosas en su justa dimensión.

De igual manera, hay debate e incomprensión por la propuesta de disminuir los ingresos de los servidores públicos. Ello y la misma austeridad, pueden afectar la calidad del servicio público, que es algo que se debe cuidar y garantizar. Visto desde la sociedad, es difícil aceptar remuneraciones elevadas de los servidores públicos, internamente, la situación es diferente. El servicio civil de carrera que se alienta en la mayoría de los países modernos y democráticos supone salarios competitivos y en algunos casos con referencia al mercado laboral internacional.

El cierre de año que vivimos es el inicio de una nueva administración que enfrenta viejos desafíos. Por eso son obligadas las nuevas respuestas.

Construir sin arrollar

El signo de nuestros tiempos es el cambio. Su impulso viene de muchas fuentes, entre otras, de los votos. La opción de conservar lo que existe se vuelve inviable y disfuncional frente al aliento generalizado de ir por distintas rutas a las conocidas. En este proceso ineludible, siempre es bienvenido lo que mejora; debe preocupar, y mucho, que en el afán de transformar se pierda lo no poco bueno que se ha construido. Por ello no comparto las visiones maximalistas y simplificadoras de que todo lo que existe está mal y por lo mismo, hay que borrarlo del mapa.

Y es que a pesar de los problemas viejos y nuevos, soy de la idea de que es mucho lo que hay que cuidar. Quizás porque mi horizonte temporal remite a un pasado que es deseable, quede atrás para siempre. Justamente por ello, soy parte de lo que ahora parece una minoría, preocupada porque la complejidad institucional de estos tiempos sea vista con desdén o desprecio. La desconcentración del poder, la alternancia, el escrutinio público y social, así como los contrapesos institucionales, son mucho de lo bueno del cambio de las últimas décadas.

Los cuestionamientos a prácticamente todos los órganos autónomos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan la impresión de que los ciudadanos, no solo el grupo ahora en el poder, están castigando al sistema por culpa o insuficiencia de quienes han detentado posiciones de privilegio en lo público y social. Así, por ejemplo, que los partidos no hayan interiorizado un sentido de ética y un compromiso por la democracia, debe ser motivo de descalificar a sus dirigentes y órganos de gobierno, no a la institución como tal. La sordera que se daba en algunos casos por parte de quienes encabezaban los distintos gobiernos, no invalida lo bueno que se hizo o a los muchos servidores públicos que han cumplido ejemplarmente con su responsabilidad.

Vivimos en un contexto en el que es más sencillo condenar y descalificar que reconocer y convalidar. Lo bueno se supone parte de la normalidad, lo malo se potencia y se juzga como si fuera la generalidad. Son tiempos de encono y discordia. Esto hace fácil arrollar, muy difícil construir. El éxito electoral del actual grupo gobernante, de hecho, se asienta en este sentimiento mayoritario en la población y en la popularidad del presidente López Obrador, que se mantiene en sus primeros días de gobierno. Empero, la historia revela que las transformaciones virtuosas no son las de pretendidos momentos fundacionales, sino más bien el acumulado de pequeños y virtuosos cambios. Así México llegó a la democracia electoral que ha hecho posible la llegada al poder de un proyecto de cambio ambicioso y radical; así también México tropezó estrepitosamente en el gobierno del presidente López Portillo en su empeño de arraigarnos al pasado.

Los momentos más luminosos de la historia muestran que la hazaña es la suma de muchas voluntades, la inmensa mayoría, anónima. La tragedia se asocia precisamente cuando se deposita en el caudillo el destino nacional, sea López de Santa Anna o Porfirio Díaz. Más aún, la transición del régimen revolucionario ocurrió por un sentido incluyente para darle continuidad y correcciones subsecuentes, como ejemplarmente lo hiciera Lázaro Cárdenas.

El caudillismo pertenece a otra época y circunstancia, no siempre modelo de lo deseable ni siquiera de lo eficaz en una perspectiva de largo plazo. La relectura de la Sucesión Presidencial de Madero es un texto pertinente porque él observa que el destino de un país, o de un gobierno o régimen no debía depositarse en una persona, por virtuosa que ésta fuera.

El actual grupo en el poder se encuentra ante la encrucijada entre arrollar o construir. Hacer lo primero es la inercia del momento, no sólo es fácil, también, popular. Pero ningún gobierno o proyecto político puede sobrevivir sin graves problemas y mucho menos trascender en tales circunstancias. Así, por ejemplo, es fácil suspender la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, pero dar lugar a la solución ejemplar al problema aeroportuario del centro del país es otra cosa y por ahora ha dejado la lección de su complejidad técnica, financiera, política y social. Una solución, quizás imperfecta, se ha reemplazado por un problema perfecto. Tan es así que no se sabe a dónde habrá de llevar, ni que costos financieros, reputacionales y políticos habrá de tener para el país.

El presidente López Obrador requiere escuchar y tener más claridad de prospectiva. Tiene un buen equipo, y el apoyo abrumador de la población, pero también la reserva creciente del sector inversionista. La firmeza en la conducción es una virtud; también el esfuerzo de todos los días y a todas horas para hacer mejor las cosas. Pero no es suficiente. La transformación que se pretender, por sus alcances y sentido histórico, necesariamente requerirá de entender la economía tal cual es. En cuanto al método, es imprescindible la inclusión, el esfuerzo y participación de muchos, el respeto a la institucionalidad, así como la tolerancia, perseverancia y paciencia.

Impaciencia y esperanza

La llegada de un nuevo presidente siempre ha generado expectativas, unas más altas que otras, pero sin lugar a dudas, el arribo de Andrés Manuel López Obrador se acompaña de una esperanza, como nunca antes vista, de que las cosas mejoren. El sentimiento abreva no solo del anhelo de una contundente mayoría de mexicanos, también de fijaciones históricas en la cultura política de muchos, habida cuenta que el sentido de ciudadanía es un déficit de nuestra democracia y esto recorre todo el tejido social: ricos, pobres; ilustrados o poco instruidos; jóvenes o viejos. Buena parte de la sociedad vive un momento semejante al del inicio de la primera alternancia, cuando se pensaba que por el sólo hecho de que perdiera el PRI el país iba a ser otro. Hay júbilo y optimismo aún en medio de las dificultades que ya se presentan, y el presidente tiene un hábil manejo de las emociones y de los símbolos para mantener ese estado de ánimo.

El nuevo gobierno tiene en la gente, viento a su favor, pero la energía social del momento debe ser vehículo para cambiar. La cuestión es que la transformación que más se requiere es la que empieza en los individuos; cuando éstos se asumen como actores de su propia circunstancia y destino; cuando se entiende que, aunque haya a quien culpar, nada se resuelve si uno mismo no participa en la solución. Precisamente por ello el riesgo del asistencialismo, una forma de condena a permanecer en minoría de edad. Cierto es que toda persona tiene derecho a un piso básico de bienestar y es ese uno de los grandes desafíos del Estado, pero las políticas sociales focalizadas son las que se requieren. Apoyar más a quien necesita más y, sobre todo, cultivar el sentido profundo de la dignidad personal que es el aliento a la superación a partir del propio esfuerzo.

El gobierno ha iniciado en condiciones singulares. El cambio es realidad y es profundo; esto no quiere decir que sea virtuoso en todo. Debe preocupar la exigencia de muchos de que el bienestar se manifieste de manera inmediata; también la impaciencia a partir del aprendizaje propio de todo gobierno que inicia. Por eso, desde el poder, debe entenderse que la crítica contribuye al buen gobierno, más cuando es honesta, valiente e informada.

Al igual que los meses previos a la toma de posesión, en el arranque de la administración de todo ha habido. Los afines vuelven aciertos todo, incluso los errores, y para los opositores todo está mal. No se puede transitar venturosamente al futuro en el desencuentro de unos y otros. Se debe entender que la contienda ya terminó, sobre todo en quienes han ganado el poder y ahora tienen la tarea de gobernar para el bien general.

Los cambios que se pretenden requieren de método y tiempo. Aunque la determinación del líder es un factor importante, el voluntarismo no es eficaz para hacer realidad los propósitos y las metas. Es cierto que la corrupción es uno de los males más serios del país, pero abatirla requiere de instituciones, reglas, procedimientos y todo aquello que parece a ratos fastidiar a quienes ahora gobiernan. Hay que entender los incentivos que subyacen en el fenómeno para actuar sobre sus causas. Una prédica moral es válida, pero en la realidad actual, resulta insuficiente. No hay que idealizar a la condición humana, mejor partir de sus debilidades y actuar para que lo positivo prevalezca sobre lo negativo.

Lo que más preocupa en estos primeros días de gobierno ha sido la economía. Las decisiones y los mensajes han minado la confianza de los inversionistas de por sí afectada por la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco. También existen dudas sobre el financiamiento de los compromisos suscritos el 1º de septiembre, así como el efecto que pudieran tener ciertas decisiones como es la propuesta de un régimen económico y fiscal especial para la zona fronteriza del norte del país.

Es deseable que las propuestas, una vez conocidas y procesadas tengan las virtudes que se asumen justo para atender el sentimiento de esperanza que prevalece en amplísimos sectores, sobre todo en aquellos a los cuales los temas económicos, no le representan mayor cosa y seguirán exigiendo resultados independientemente de esos factores, que ven de suyo distantes a su realidad.

La confianza es un intangible de la mayor importancia. El país ha pagado muy caro el desdén de los gobiernos a ese activo. Esto es imprescindible hasta para lograr el modesto 2% de crecimiento de los últimos años. El pronóstico para 2019 no es muy halagüeño, al menos respecto al objetivo de alcanzar 4% de crecimiento ofrecido por el gobierno de la Cuarta Transformación. Cierto es que abatir la impunidad y la corrupción son un elemento que mucho contribuye a la promoción de la inversión privada, pero también se requiere de certeza de derechos y la convicción inequívoca de que las autoridades entienden las reglas del juego de la economía.

El país de todos

Soy parte de una minoría. Es más, quizás un componente ínfimo de una minoría de la minoría. Pero no perteneciendo a esa voluntad mayoritaria que definió la elección pasada y siendo, insisto, de los menos, tampoco estoy hundido en el pesimismo o el desánimo como hoy lo están muchos que no votaron por el ganador. Creo más bien que, aunque no comparto algunas de las decisiones que ha tomado el nuevo gobierno como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la vuelta al centralismo, la reducción de los ingresos de quienes integran el servicio civil de carrera o la militarización de los mandos policiacos, hay de por medio un cambio profundo del que debemos participar con razonado optimismo.

México es país de todos. Quienes tenemos de oficio observar los asuntos del país y ocasionalmente hemos participado con las distintas generaciones de gobernantes de las cuatro últimas décadas, podemos diferenciar lo temporal de lo permanente y, por lo mismo, tener aprecio por la singular capacidad de los mexicanos para transformarnos y adaptarnos. Soy de aquellos que tienen la convicción de que las cosas pueden mejorar; de los que genuinamente creen que lo existente demanda de nuevas visiones y de nuevos rumbos, de senderos promisorios que se abran como oportunidades al cambio.

El país nos pertenece a todos y todos debemos involucrarnos, responsablemente, desde nuestro propio espacio, para construir una voluntad colectiva que nos permita hacer realidad el anhelo de avanzar, mejorando lo que existe, reivindicando la ley, las instituciones y los derechos fundamentales, y cerrando la puerta a vicios y errores que nos han anclado al subdesarrollo. En otras palabras, los ciudadanos no podemos dejar en manos del gobernante o del partido que se hizo del poder, la tarea de definir, ejecutar y concretar el cambio. Si así sucediera se perdería una amplia energía social y la transformación podría pervertirse o incluso reproducir muchas cosas indeseables del pasado, igual que, desgraciadamente, sucedió con la primera alternancia en la presidencia.

Quienes llegan al poder son parte importante de un proceso; pero, el poder siempre es tan efímero como el “amor eterno”. Quizás seis años, para los que van llegando sean muchos; no me lo parecen, pero ese debate, en este momento para ellos es impertinente. Lo importante es que en lo que se haga ahora prevalezca lo mejor sobre lo peor; que tengamos la generosidad para que el error no se vuelva en contra de todos. Reconocer y apoyar lo que se haga bien, para que lo positivo prevalezca sobre lo negativo. Saber dar la vuelta a decisiones desafortunadas de las autoridades para que éstas no sean fardos pesados sobre el destino del país. No hay espacio para cheques en blanco, pero tampoco para condenas fatales o temerarias. Mejor hacer cada quien lo suyo para que las cosas resulten de mejor manera.

Hoy se dará el relevo del gobierno nacional. Es el fin de una época que empieza cada seis años, muy promisoria en cada ocasión; como lo fue hace seis años, por aquel talante reformador que impulsó un grupo de jóvenes que se hicieron de manera temprana de responsabilidades públicas. Queda para la historia el balance de lo bien y mal de sus decisiones. Las insuficiencias en la comunicación y casos de corrupción que se presentaron a la vista de todos, envenenaron al espíritu nacional y ahora no solo hay una condena severa, también un ánimo social pleno de desconfianza, encono y revanchismo que quedó acreditado el primero de julio. Es nuestro deber ciudadano superarlo pronto por la salud de la República.

López Obrador llega a la presidencia con un doble aval y con una muy preocupante reserva. El apoyo es claro que viene de los suyos, de los muy próximos a su proyecto y de sus compañeros en una vieja lucha que tiene que ver con reivindicaciones sociales que en los tiempos que corren, se antojan inaplazables. Aproximadamente una tercera parte de los mexicanos está casi incondicionalmente a favor de quien asume hoy como presidente. Pero otro tanto está también a favor de él en el sentido de mejorar las cosas y esperar razonadamente mucho más del gobierno; en ellos, y estoy hablando en buena parte de la clase media cansada de no tener oportunidades, hay más expectativa y por lo mismo más exigencia de que las cosas cambien pronto y de manera tangible. Aquellos mexicanos apoyan casi sin condicionantes; es sano que éstos otros sean la principal presión al nuevo gobierno para no desviar el curso de lo comprometido.

Participar en esta nueva etapa es obligado. La grandeza del país nunca ha sido resultado de algún milagro, y tampoco tarea de un hombre providencial. México es y será el esfuerzo de muchos, de los más en el empeño de mejorar las cosas. Quienes tenemos el privilegio de un espacio público también tenemos la responsabilidad de ver, opinar y criticar, pero también de proponer y cuando sea el caso, reconocer. El país de todos significa que el cambio debe ser tarea de todos, en beneficio de todos.

El camino a la confianza

Para la administración pública, el brinco de la incertidumbre a la confianza es siempre un reto mayor. Andrés Manuel López Obrador lo tiene resuelto con la población, no así con el minoritario pero estratégico sector inversionista. La cancelación del aeropuerto en Texcoco tuvo efectos que confirman la hipótesis: en la población aumentó la confianza y el acuerdo con el presidente electo; en el sector inversionista se disparó la preocupación con respecto al manejo de la economía.

El apoyo popular a la medida refleja la idea de un presidente que decide y actúa con determinación, sobre todo, a partir de la tesis de que la obra estaba asociada a la corrupción. Por otra parte, para el inversionista y el sector empresarial fue preocupante en sí misma la discrecionalidad, además lo que ellos perciben, casi de manera unánime, como un error. Una obra ya en proceso, emblemática del progreso y de la modernidad, cancelada, y una alternativa discutible en su factibilidad y evaluada con explícitas reservas en su funcionalidad, no tienen sentido para el inversionista.

La decisión genera un desencuentro entre la mayoría de la población y el sector inversionista, al que se le suma una parte calificada de opinadores. El asunto no se resuelve con el acuerdo con los intereses económicos afectados; lo que preocupa no son las empresas en específico, sino la política pública del nuevo régimen y su forma de tomar decisiones. La opinión pública es complaciente porque no tiene a su alcance los costos de decisiones aparentemente cómodas o incontrovertibles. El mismo presidente electo lo ha señalado, no hay respuestas fáciles, siempre se resuelven a partir de males mayores o menores. Por tal consideración debe haber un criterio que pondere a la opinión pública, pero también el criterio técnico y el sentido común, espacios en donde el nuevo gobierno puede hallar elementos para un potencial acuerdo con el sector inversionista.

López Obrador puede gobernar a partir de mantener su mayoría, pero tendrá que hacer un esfuerzo mayor para lograr la confianza de todos. El país no se puede mover a donde el presidente quiere sin la participación de las minorías, sociales, políticas y económicas. Mantener la autonomía del Banco de México y el equilibrio entre ingreso y gasto públicos es un factor importante. También es muy bien recibida en ese medio la convocatoria para que el sector privado se involucre en los planes de desarrollo y construcción de infraestructura. El propósito de crecimiento al 4% necesariamente supone inversión pública y privada.

La cuestión, nada menor, es que el inversionista participa donde hay utilidades, su ética es la del negocio. La idea del político es diferente y el anhelo por el bienestar de sus votantes, con frecuencia pasa por alto las reglas que, nos gusten o no, impone la economía desde siempre, y más ahora en un mundo globalizado. No hay antecedente de gobierno de un país que se desentienda de las leyes del mercado y que haya podido sobrevivir para contarlo.

En lo que hace al tema de la corrupción, la situación es distinta. No solo es un anhelo popular. Contrario a lo que algunos radicales creen, también los empresarios y los inversionistas aspiran a que se abata y comparten el deseo generalizado de castigar el abuso, pero hay un problema estructural e histórico en la materia, además de una precaria cultura de la legalidad. El presidente electo es creíble en cuanto a su persona y su voluntad en relación a su honestidad, pero el reto para combatir la venalidad está en los instrumentos, las acciones y las estrategias. La determinación presidencial cuenta y mucho, pero también se requiere actuar frente a los incentivos afirmativos y negativos que inciden en el problema. El inversionista y muchos otros advierten cierta candidez en el argumento presidencial, más cuando se acompaña de un propósito de amnistía u olvido a la corrupción del pasado. En otras palabras, la lucha contra la corrupción es, esencialmente, abatir la impunidad, y esto es un tema de legalidad y de institucionalidad, no de cualquier forma de asambleísmo popular.

Ganar la confianza es cuestión de resultados y, afortunadamente, ésa es también la convicción del presidente electo: que pronto los resultados mostrarán las bondades y virtudes de su propuesta y de su proyecto de la cuarta transformación. Los resultados, para bien o para mal, en buena parte se vuelven cifras. El empleo, la inflación, la renta per cápita, el crecimiento, el tipo de cambio, el comportamiento de la bolsa de valores, también la incidencia delictiva, la salud, la educación, la vivienda y hasta la corrupción como percepción, se vuelven indicadores y expresiones numéricas. La aprobación y el acuerdo presidencial se expresan en números, también los votos. Todo está por verse.

A la larga, la confianza la dan los resultados, no los propósitos. Ésta es, más que todo, producto de un sistema, no de un hombre.

Escuchar para gobernar

“En la justicia se fundan los imperios”.

Fernando del Paso

El presidente Benito Juárez, con la humildad propia de su grandeza, creía que la fortaleza de su presidencia devenía de sus colaboradores. Decía que ellos no lo opacaban, lo iluminaban con sus conocimientos y sus acciones. Su visión del poder presidencial, no sólo en los momentos de crisis extrema, dependía no únicamente de las virtudes del mandatario sino del equipo que le acompaña. Su visión era acertada por los singulares atributos de sus colaboradores, que en realidad fueron propios del grupo que le acompañó, la bien llamada generación de la Reforma, incluso muchos de ellos tuvieron la virtud de ser críticos de su gobierno. Si algo se puede aprender de ese periodo luminoso de libertades y dignidad política es que las grandes transformaciones son producto de muchas mentes, no de un solo hombre. Así fue en la accidentada Independencia, en la Reforma y en la Revolución.

Una buena presidencia es tarea de un equipo con una acertada dirección. El presidente tiene el desafío de gobernar con muchos y para ello es imprescindible desarrollar una actitud de responsabilidad colectiva no sólo en el quipo inmediato, sino en el conjunto que incide en el ejercicio de la presidencia y del gobierno.

Trabajar en equipo remite a un tema central: cómo se informa el presidente, a quién escucha, cómo trabaja con sus colaboradores, cómo se organiza la audiencia formal e informal, qué interacción hay entre las distintas áreas de responsabilidad a manera de no saturar los tiempos del mandatario y que su atención de centre en lo más relevante y en los asuntos que solo a él le atañen.

El presidente no puede sujetarse a su propio instinto, experiencia o conocimiento. Requiere de la suma de muchos otros. Si quienes acceden a él son los mismos o si estos no cuentan con la confianza o la disposición del jefe de escuchar todo lo importante, especialmente, lo incómodo o los riesgos, los errores serán recurrentes y, lo que es peor, aquellos que le llevaron al equívoco pueden ser los que se encarguen de eludir su responsabilidad, bien sea minimizando las fallas o trasladándoselas a terceros la razón de su ocurrencia.

Interpretando a Juárez presidente, se puede decir que la calidad de un mandatario es la del equipo que le acompaña. Por esta consideración debe ser iniciativa y actitud del presidente propiciar que sus cercanos tengan la confianza para decir las cosas tal cual. La cortesanía es un vicio ancestral del poder; un mandatario que propicia escuchar lo que le agrada acaba por aislarse de la realidad y los mejores y quizás más leales de sus colaboradores no aportarán lo que pueden o deben. Incluso es posible que resuelvan apartarse de la responsabilidad.

Escuchar no significa conceder, tampoco oír sin examinar. En realidad, es un ejercicio difícil que requiere esfuerzo y disciplina. El tiempo es escaso y cuando lo que se escucha no es amable o agradable, es de humanos no dar tiempo. Se requiere hacerlo sistemáticamente, que no sea el mismo grupo, que los dichos se cotejen con los datos y las razones. La desconfianza es un inevitable ingrediente del ejercicio del poder, pero ésta debe administrarse y que no sea coartada para no escuchar.

Hay medios para estar informado. Hacerlo de manera sistemática y ordenada es lo adecuado. Se dice que el presidente Trump suele informarse en la noche en su cama con varias pantallas que reportan noticias televisivas de lo que acontece. Allí mismo, sin valoración o verificación, suele disparar respuestas o reacciones en tuits a partir del impulso. Ha habido aciertos, también errores lamentables y vergonzosos, no solo por errores ortográficos, sino otros más graves y no menos embarazos que revelan falta de claridad y sensatez, que adquieren un peso más negativo por venir de un presidente que se asume como una de las personas mejor y más informadas.

Los presidentes suelen tener reportes de estudios de opinión pública y también de opinión publicada. Son útiles, pero también pueden llevar al error, ya que la interpretación requiere de método y de un esfuerzo mayor para entender su contenido. Las encuestas informan, pero también desinforman y no son pocos los casos en los que se hacen inferencias erróneas a partir de interpretaciones conclusiones falaces.

Lo mismo ocurre con la opinión publicada. Es preciso saber leer entre líneas y un ejercicio de interpretación para que el dato informativo o editorial sea positivamente procesado. Buena cobertura mediática es el anhelo de toda persona en el poder, pero también hay que entender que la crítica en ocasiones puede aportar mucho más que el aplauso fácil.

El futuro presidente encara una de las grandes oportunidades históricas para una transformación profunda. Tiene, además de una mayoría legislativa amplia, el anhelo de muchos mexicanos por cambiar el estado de cosas. Tarea que obliga, para llegar a un buen destino, saber escuchar.

Riesgos y desafíos del cambio

Es claro que el país requiere de cambios profundos en las instituciones; y que también demanda revisar actitudes y hábitos de empresarios, líderes sociales, autoridades, partidos y medios de comunicación. La sociedad se ha transformado de manera profunda y la realidad impone el cambio como curso obligado. El mandato del 1 de julio es inequívoco: se requiere una recomposición profunda de la relación entre autoridades y sociedad; el reto es tener claridad de lo mucho que se debe preservar y también de lo mucho que es preciso cambiar.

El cambio en la sociedad no ha sido uniforme, ha sido incluso contradictorio y es necesario reconocer que ha tenido sus deficiencias. La cultura de súbdito coexiste con la del ciudadano. El súbdito no se asume como parte activa del proceso económico o político, sino que suscribe una actitud pasiva, con la falsa esperanza de que las cosas mejoren como resultado de lo que alguien más hace, casi siempre, el gobierno o quien lo encabeza. La cultura ciudadana es lo opuesto. Parte de derechos y obligaciones, asimismo, entiende que el cambio empieza por uno mismo.

El presidente electo ha puesto en claro no solo un cambio de régimen, sino una forma diferente en la toma de decisiones. La presidencia, a partir de la fortaleza que le concede el voto popular y el apoyo del Congreso, está en condiciones de definir, actuar y determinar acciones que en el pasado resultaban sólo del consenso o acuerdo entre la estrecha pluralidad, consecuencia necesaria de la ausencia de mayoría parlamentaria por parte del partido en el gobierno. La situación cambió y como tal, es necesario entender los nuevos términos del ejercicio del poder público.

Si bien es cierto que el cambio es tan necesario como inevitable, también lo es que esto entraña resistencias, riesgos e incertidumbre. El periodo entre el resultado de la elección y la toma de protesta ha dejado importantes lecciones que es preciso comprender por autoridades, organizaciones, ciudadanos y medios de comunicación. De entender bien lo acontecido y actuar de manera visionaria y con responsabilidad, la transformación que se avecina será virtuosa, accidentada sí, pero con el potencial de dejar atrás insuficiencias que mucho afectan al desarrollo integral del país.

Quizá el riesgo estructural mayor al que convoca el grupo gobernante es, si en la pretensión disruptiva de la política y del gobierno, propicia la cultura del súbdito y no la del ciudadano. Invocar al pueblo, desestimar el estado de derecho y la fuerza de las instituciones acentúa tal riesgo. En las palabras del presidente electo hay para los dos paradigmas.

De hecho, muchas medidas autoritarias o que realzan al presidencialismo frente a la pluralidad, las leyes o los grupos de interés generan respaldo popular. Así, por ejemplo, la suspensión del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco provocó el rechazo empresarial y de un sector importante de opinión, sin embargo, esta medida hizo crecer el apoyo popular del presidente electo al mostrarse independiente y desafiante de intereses que en la percepción popular se presentan como ilegítimos.

La popularidad no corre por el mismo sendero que el de la eficacia, menos por el de la responsabilidad. El nuevo gobierno debe tener presente tal consideración, pensar no solo en el primer tramo de la gestión administrativa y política, también perfilar el escenario en el que se quiere llegar para al final del sexenio. Para ello es necesario una visión estratégica y una táctica que no comprometa lo importante.

Los días previos han confirmado que la economía no puede desdeñarse. Debe haber claridad sobre la fragilidad de la confianza y diferenciar el impacto de las decisiones políticas sobre los factores económicos respecto a la población. Así, por ejemplo, la iniciativa de los senadores de MORENA respecto a desaparecer las comisiones bancarias impactó negativamente el índice bursátil y el tipo de cambio, aunque el objetivo del proyecto de reforma es consecuente con el deseo de proteger la economía popular.

No hay que cansarse de repetir: la política no puede desentenderse de la economía. Sería lamentable para todos que el sector inversionista pasara de la incertidumbre a la desconfianza. Una baja en la inversión privada afecta al conjunto, y especialmente modificaría en términos negativos las perspectivas económicas del inicio del nuevo gobierno y mucho de lo que se proyecta para los dos primeros años.

El cambio no se puede frenar, tampoco se puede desbocar y que arrolle mucho de lo positivo que existe. La transformación debe conducirse con perspectiva y sentido de proyecto común, esto es, que conceda a todos, no solo a los de casa, incluso a quienes disienten, un espacio para aportar para el bien del país.

Perder ganando

No hay ni un solo motivo para sorprenderse por la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. Quien resultó ganador con amplia mayoría hizo campaña rechazando abiertamente el proyecto. Lo que ahora acontece, a un mes de la toma de posesión, es el cumplimiento de un compromiso. El desencanto viene de quienes asumieron que podría haber una postura diferente a pesar de todas las señales en contra. Quienes creyeron que iba a haber matices entre el candidato y el presidente saben con certeza que confundieron la cortesía electoral y postelectoral con algo que ya vimos que no está a negociación: la palabra de Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión de la obra de Texcoco es una lección para todos. El sector empresarial tenía, incluso hasta antes de anunciarse el resultado de la consulta, la expectativa de que habría continuidad del proyecto; por lo mismo es explicable que la frustración en ellos sea mayor. Lo importante es que las razones y las explicaciones emitidas por el gobierno electo para tomar la decisión ni siquiera se necesitaban y lejos de apaciguar los vientos de incertidumbre, intranquilizan. Lo de la consulta fue contraproducente para dar fuerza a la decisión; un amplio sector de opinión se sintió burlado y los mercados también lo tomaron mal.

El futuro gobierno debe dimensionar que el mandato de la elección alcanza para tomar una decisión tan seria y grave como suspender la obra de Texcoco, pero no para desentenderse de la opinión pública y tampoco para actuar con ánimo de confrontación con el sector empresarial. La respuesta de éste no debe llevar a la ruptura. Es difícil pedir moderación a quienes ven el asunto como una victoria y así lo festejan, o a los que, en la otra acera, lo ven como derrota. Por el bien del país, son horas en las que debe imperar la sensatez y la templanza de todos.

El presidente electo y quienes le acompañan están en su derecho de debatir y argumentar. Como es lógico, esto no significa que no pueda haber resistencia de los afectados y nerviosismo o desencanto de muchos otros que ven en el hecho un signo de irresponsabilidad. También deben entenderse los efectos y las consecuencias de las decisiones que se tomen. Lo de Texcoco confronta a muchos: los constructores, el sector turístico, las aerolíneas, los proveedores y, desde luego, a muchos viajeros. También afecta a la economía. El país no está para tirar a la basura el costo de lo ya invertido, tampoco quedan claros los costos y viabilidad de la alternativa, además de que va a contrapelo de la necesidad de un gran aeropuerto que opere como concentrador y distribuidor de pasaje.

Pero más allá de que el tema seguirá dando de qué hablar y sus consecuencias se conocerán en los próximos meses, hay que saber dar la vuelta y aprender de las lecciones que dejan las experiencias difíciles. Vale para todos, especialmente para las autoridades que en breve estarán a cargo del gobierno, así como para los partidos de la coalición que está en el poder.

Cuando menos tres son las lecciones. Primero, se debe cuidar la economía, no subestimar los efectos colaterales de decisiones críticas que afectan la confianza en las autoridades y la certeza de derechos. Segundo, se tiene que adecuar la Ley de Participación Ciudadana si es la decisión del gobierno recurrir con regularidad a la consulta popular para convalidar decisiones públicas fundamentales. Finalmente, para unos y otros, hay que decir que sólo con mesura se podrán identificar más fácilmente las coincidencias para beneficio de México.

La polarización puede ser un recurso útil para ganar elecciones, pero no para gobernar. La prensa y las redes sociales inevitablemente serán un espacio de crítica, a veces injusta y desproporcionada, pero no es correcto que desde el poder se le denueste o se le descalifique como si cualquier señalamiento tuviera un ánimo conspiratorio. La crítica, incluso aquella de mala fe o interesada, tiene más virtudes que defectos para quienes están en el poder. Si es racional, pero equivocada, afianza el proyecto. Si no se sostiene con argumentos, más. Persistir en la hipótesis del complot no resuelve y sí complica la relación del gobierno con la opinión pública.

Tampoco ayuda al país el deterioro de los indicadores de desempeño de la economía. Esto no sucede por la intención de empresarios mexicanos o por intereses que desde la penumbra conspiran contra el gobierno para provocar la desconfianza y de allí la inestabilidad. En ese sentido, la desacreditación de las calificadoras internacionales por destacados colaboradores del presidente electo ha sido un muy preocupante mensaje a los inversionistas. No lo olvidemos: el principal factor para generar confianza en un país son las acciones y el nivel de responsabilidad de las autoridades.

Acertadamente, el presidente electo ha definido un grupo de colaboradores para calmar los ánimos y la incertidumbre de los empresarios por la suspensión de la obra. Sería bueno que el sector empresarial correspondiera con un grupo de trabajo para atender las preocupaciones del sector, independientemente de la de los contratistas, quienes, por su cuenta, seguramente verán los términos de su relación contractual. Deben separarse los dos temas; a los representantes de las organizaciones empresariales no les corresponde abogar por los temas específicos de sus miembros, sino por los que afectan al conjunto del sector.

El presidente López Obrador plantea no solo un cambio radical en la forma de gobernar y en la relación con las élites mexicanas, también está en curso un cambio de régimen, y la cancelación del aeropuerto, como primera medida del nuevo gobierno, significa que el arreglo político que garantizaba poder compartido ha llegado a su fin.

Frente al cambio de paradigmas, se debe actuar con visión, madurez y perspectiva. El país requiere de nuevas formas de ejercer el poder, que acorten brechas a la desigualdad y a la falta de oportunidades, pero necesita que esto ocurra en el marco de la inclusión y de la participación plural, del respeto a las instituciones, así como de la preservación de la estabilidad económica. De hecho, para no perder ganando, el encuentro del futuro gobierno con la responsabilidad económica es el único y obligado sendero para conducir la transformación a la que se convoca. No es un tema de ideología, sino de sentido común.

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