Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La adversidad

“Si no cambias de rumbo, puede que termines exactamente donde te diriges” Lao Tzu

La peor manera de encarar un problema es ignorándolo; la otra es tergiversándolo. Los comicios del pasado domingo dejan inexorables lecciones a interiorizar para los ciudadanos, los partidos, los gobiernos y, también, los encuestadores, a quienes como anticipamos aquí, serían parte destacada del inventario de los perdedores.

Encuestas públicas que no interpretan con autenticidad la intención de voto; campañas de descrédito; el uso excesivo de los promocionales de radio y Tv; los operativos de tierra de las estructuras partidarias; los informativos sin apego a la realidad y a los temas que preocupan, no tienen el poder de desviar el sentido de la voluntad mayoritaria. El domingo pasado quedó acreditado que Los ciudadanos deben confiar en el poder del voto.

Desde hace tiempo el voto ciudadano castiga al partido gobernante. Así le sucedió al PAN cuando detentaba el gobierno nacional; también le ha acontecido en varias gubernaturas, destacadamente, Sonora. El PRI, al ser el partido con más gobiernos locales, es quien más expuesto está ante la ola de insatisfacción, que en no pocos casos lleva a la indignación. No es un fenómeno nuevo y concurren muchas causas para este humor social. Lo que es evidente es que la percepción de corrupción es la causal que más alimenta el rechazo a la continuidad. Recientemente Enrique Krauze se refirió a las razones del desaliento en México: corrupción, impunidad y violencia, a lo que agregaría la formación de una nueva subjetividad crítica con/por la modernidad digital y los efectos de una economía incapaz de proveer satisfacción o al menos esperanza.

El PRI y el gobierno nacional son quienes con mayor acento deben entender las causas del voto adverso. La percepción de corrupción es una causa importante, pero insuficiente. El PRI ha perdido cercanía con la sociedad; ante la adversidad el tricolor tiene la gran oportunidad de apurar su transformación profunda. Todavía es tiempo y el líder actual, Manlio Fabio Beltrones, tiene el talento, la visión y el liderazgo para conducir la cuarta transformación del partido que nació del régimen de la Revolución.

A grandes problemas, grandes remedios. La situación obliga al PRI a verse en el espejo de la difícil circunstancia y con ello a pensar la profundidad del cambio que requiere. El mensaje es inequívoco, de no actuar significaría no solo perder la próxima elección, sino como ya le ocurrió con Roberto Madrazo en el 2006 y al PAN en el 2012, que de ser la primera fuerza política pasaron al tercer sitio de las preferencias en la elección respectiva. Asumir el absurdo de que las elecciones se perdieron por la iniciativa presidencial en materia de matrimonio de parejas del mismo sexo es ridículo y elude la causa real de las dificultades presentes.

El gobierno del PRI ha llevado al país a la transformación más profunda y lo ha puesto al día en muchos sentidos. Pero hay problemas lacerantes que persisten y los ciudadanos no perciben acciones consecuentes. El gobierno debe actuar con más determinación y contundencia frente a la trilogía krauziana: corrupción, impunidad y violencia.

No es mi ánimo restarle mérito a las victorias del PAN, pero son cuatro de siete los gobernadores que llevó al poder que no comparten el proyecto político albiazul. Por otra parte, en esta elección los ciudadanos castigaron, no premiaron, mucho menos reconocieron. No es aconsejable festinar en exceso, especialmente, porque la ola antisistémica a la que hemos referido en este espacio (y que nos permitió anticipar que el signo de las elecciones sería la alternancia) afecta a quien más gobierna. Los ganadores de la reciente batalla, pueden ser los perdedores de la próxima, en especial, si no se mantienen a la altura de la elevada expectativa del voto que los llevó al poder.

El PRD tiene un desafío mayor. Su existencia está de por medio. Ampararse en los triunfos de las coaliciones no tiene sentido y es autoengañarse. Su mayor amenaza es López Obrador, quien desde ahora descarta cualquier acuerdo respecto a 2018. Para salir adelante son dos las opciones: Miguel Ángel Mancera o coalición con el PAN. Lo primero, depende de Mancera y de que a él se le asigne no solo la candidatura, sino la transformación del partido con una perspectiva más allá de 2018. Miguel Ángel Mancera puede ser el líder de la izquierda moderna, inteligente y propositiva. La alianza con el PAN les da tiempo y abre espacio para derrotar a AMLO. No están para poner condiciones y lo mismo será aceptable quien decida el PAN como su candidata o candidato.

A Morena se le acomodan las cosas de la mejor manera. Casi triplicó su votación en la suma de los estados con elección de gobernador y al no ganar gubernaturas lo mantiene como la fuerza antisistémica sin correr el riesgo del desgaste del gobierno. Los triunfos del PAN le ratifican como el polo opositor, visión que ha planteado AMLO como parte de su estrategia por el triunfo en 2018.

Los encuestadores no aprenden. Sabemos que las condiciones del país restan precisión a las encuestas y aun así deciden publicar sin complejo ni reserva. La situación ahora fue peor, porque fallaron las encuestas de salida, elemento fundamental para la certeza y la confianza en las elecciones. A todos confundieron la noche del domingo. No se puede ir en esas condiciones al 2018. Los encuestadores debemos darnos por notificados de la gravedad de esa situación. Los conteos rápidos probaron ser más acertados, precisamente porque no son encuestas, sino un cómputo parcial y representativo. Pero éstos no tienen la oportunidad de las encuestas de salida, ya que dependen de las actas de escrutinio. Si los encuestadores que erraron en las encuestas preelectorales y de salida no dan explicación, al menos sería útil que reconocieran el problema. No son todos, pero sí muchos.

A lo largo de varios meses en este espacio anticipé que las elecciones de 2016 serían un nuevo hito en la historia política del país. El cambio en curso es más profundo y trascendente de lo que la clase política está dispuesta a advertir. La adversidad es oportunidad de cambio, de otra forma se vuelve historia que habrá de repetirse.

Disenso y unidad

Los resultados de las pasadas elecciones han abierto espacio a debates y justificaciones propias del desenlace. Por una parte, el castigo al PRI algunos lo trasladan a la iniciativa presidencial sobre los matrimonios del mismo sexo, otros se refieren al deterioro de la imagen del PRI como partido gobernante, algunos más como rechazo a las campañas negras contra algunos candidatos. La realidad es que no hay una causa única y cada elección local tiene su propia historia y su singular dinámica, aunque también hay circunstancias comunes que debieran llevar a la obligada reflexión sobre la política, el gobierno y sus efectos respecto a las elecciones de 2017 y, muy especialmente, las de 2018.

El deterioro del PRI se refiere a una realidad más amplia, que es el cuestionamiento al partido que gobierna, independientemente de siglas. Así, vemos que en 2015 se pierde por parte del PAN Sonora y del PRI Nuevo León, Querétaro y Michoacán. En 2016 la alternancia se presentó en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. La realidad del voto es que no solo son tiempos que favorecen a los opositores, sino a los opositores más extremos o radicales, aquellos que al menos en la retórica cuestionan al conjunto del sistema y con ello dan cauce al rechazo y a la indignación con la situación existente. Si se pudiese simplificar, el resultado es más un voto de castigo a quien gobierna que de premio o reconocimiento a quien se opone y gana.

Las elecciones de diputados en 2015 no permitieron clarificar el sentido y la magnitud del voto opositor por la forma con la que el PRI y sus aliados encararon la contienda al integrar las listas de candidatos plurinominales y de esta forma maximizar los beneficios de la fórmula de integración de la Cámara. Sin embargo, el PRI por sí mismo, en esa elección, obtuvo 27% de votos menos que en la de 2012. Estos beneficios impidieron dimensionar el tamaño de la pérdida para así haber concretado entonces las medidas correctivas correspondientes, especialmente al partido gobernante.

Es un efecto deseable de la competencia electoral y alternancia el balance y escrutinio al poder. Un resultado adverso es una convocatoria al cambio y a mejorar el desempeño, especialmente si es el voto opositor el protagonista de la contienda. También es un efecto positivo el debate, esto es, la revaloración de lo que existe y la necesidad de apuntalar con mayor acierto lo que se hace, cómo se hace y cómo se comunica.

Para el partido gobernante son tres temas que deben diferenciarse: las decisiones, el proceso para llevarlas a cabo y la manera de comunicarlas o legitimarlas. Así, por ejemplo, las realizaciones más relevantes de las últimas décadas en materia de reformas, acontecidas en los primeros años del gobierno del Presidente Peña Nieto, sus condiciones de éxito llevaron a reducir la discusión y las negociaciones a las cúpulas partidarias y legislativas. No hubo un debate abierto, precisamente para facilitar los acuerdos y el consenso legislativo. Tampoco el gobierno, por la razón que sea, pudo acreditar liderazgo en las transformaciones logradas. Finalmente las reformas se hicieron realidad, su contenido y procesamiento político y parlamentario son historias de éxito; sin embargo, hay un déficit respecto a su valoración por la sociedad y en algunas de ellas, por la natural resistencia al cambio y por la dificultad para comunicarlas, hay un sentimiento de rechazo.

En la circunstancia actual el gobierno nacional y los locales deben retomar estos tres planos del ejercicio del poder: las decisiones, los procesos para acometerlas y la comunicación. Asumir, que el desafío es exclusivamente de esto último es eludir el problema de fondo. Los procesos para acometer acciones exitosas necesariamente incorporan la organización e integración de gobierno y para ello es necesario considerar, además de los criterios propios de la administración como es legalidad, transparencia y control, también el de la eficacia.

Las elecciones de 2016 son punto de inflexión no solo sobre el debate nacional de lo que hace el gobierno y el Congreso, también se refiere a los procesos políticos internos de los partidos con mira a la renovación de poderes nacionales. Así, el calendario político, el real no el formal, impone sobre el gobierno y el Presidente una presión adicional derivado de la planeación de tiempos y decisiones estratégicas ante un proceso político que muestra el inicio del ciclo final.

Es común que en esta etapa de un mandato sexenal ocurra un sentimiento de fortaleza y poder en el ánimo del titular; y por otro lado, también se le presenta su cita con el tiempo, el mensaje es inequívoco: hay que cambiar, mucho y a fondo. Para el caso concreto, se llega al IV Informe de Gobierno, al proceso electoral de la entidad más poblada del país, el Edomex, y de allí el acento en los procesos internos de los partidos para la selección de sus candidatos hacia el 2018.

Las reglas han cambiado; esto ocurre en el tradicional ciclo sexenal de gobierno con sus momentos, etapas y procesos. La prioridad del Presidente debe conciliar lo cotidiano, el proyecto político propio y profundas medidas correctivas, así como las necesidades del conjunto del país y del Estado que él representa. Con independencia de los asuntos de la agenda interna, no se debe perder de vista que el país vecino al norte vivirá su elección presidencial, la que ocurre en un entorno donde hay mucho que cuidar porque es un riesgo serio e inédito. El país y los mexicanos estamos, como nunca en el centro de aquel debate con una carga demagógica nacionalista que merece la más elevada preocupación.

Así, debe tenerse sentido sobre los temas de debate, diferencia y oposición, pero también asuntos críticos que merecen la unidad de todos los mexicanos más allá de las diferencias propias de un país plural y diverso. La unidad nacional no es un ardid del poder para ahogar las diferencias y la crítica, sino un medio necesario, en esta circunstancia, para hacer valer el interés del país frente a las amenazas y desafíos que atañen no a un gobierno, tampoco a un partido, sino a todos y todo.

Campañas en controversia

Por diversas razones las campañas para las elecciones de mañana han sido objeto de controversia; sin embargo, lo importante es lo que suceda al momento de votar; la calidad del proselitismo de partidos y candidatos es discutible. La realidad es que el cambio en la sociedad mexicana es profundo, mucho más de lo que advierten los propios actores políticos.

Mejorar las campañas es tarea de todos; las mal llamadas campañas negras –yo las llamo, de contraste-, subsistirán en la medida en que sean eficaces; si los ciudadanos las rechazan al momento de votar, los candidatos y sus estrategas difícilmente las seguirán aplicando. En sentido contrario, si dan resultados, persistirán. La legislación poco puede hacer, especialmente porque la comunicación, al ser restringida en los medios tradicionales, se ha ido corriendo hacia el ámbito digital y allí el juego es abierto, libre y difícil de normar. Lo mismo puede decirse de la comunicación directa en sus diferentes modalidades.

Lo importante para mañana es que los ciudadanos concurran y voten. Es deseable y sería un gran paso el que los candidatos no favorecidos reconocieran el resultado y si es el caso de inconformidad, procedan a las instancias judiciales para resolver en términos de ley el diferendo y no como un medio para obtener en tribunales lo que los urnas no concedieron.

Estos comicios revisten la mayor trascendencia. Así es porque pone a prueba el nuevo régimen electoral y a sus instituciones. También porque concurren candidatos independientes y las fuerzas políticas que alcanzaron registro en 2015, Morena y Encuentro Social. Las nuevas expresiones del pluralismo hacen que adquieran relieve las coaliciones y también que los triunfos puedan alcanzarse con un bajo porcentaje de los sufragios, precisamente por la fragmentación del voto.

Las encuestas han probado ser instrumentos falibles si no es que erráticos para anticipar el resultado. Casas encuestadoras afirman que los estudios de intención de voto no son pronóstico, pero no es aceptable que los que presentan al público durante los quince días previos a la elección den resultados claramente diferenciados a los que se generen en los comicios. Las encuestas públicas muestran variaciones considerables, también debieran destacar el elevado rechazo de las personas a ser encuestadas y tampoco la no respuesta. Una vez más, es previsible que las encuestas sean parte del descrédito electoral. La industria no se ha pronunciado sobre la inviabilidad de la subcontratación a pesar de los reiterados casos de fraude de campo y de eventos trágicos como el de Puebla, el año pasado, de los dos jóvenes encuestadores asesinados por el tumulto que los confundió con secuestradores, indicativo de la falta de preparación del personal que realiza una actividad de alto riesgo, situación frecuente por la subcontratación.

Las autoridades electorales han cumplido con su tarea. Especialmente el INE ha probado ser una instancia de supervisión y control. Sin embargo, las pretensiones de fiscalización del gasto electoral chocan con la realidad por el gasto electoral no verificable. La fiscalización del gasto, aunque imperfecto debe mantenerse. Lo que sí debe modificarse es el régimen de topes de gasto de campaña, que lo único que propicia es simulación y que una parte importante de las finanzas de campaña no sea objeto de fiscalización.

Las generalizaciones no ayudan y pocos casos han servido para dar una impresión equivocada de lo que ocurre en el todo. Así, por ejemplo, se afirma sobre la intromisión del narcotráfico. No se han presentado casos documentados que sustenten tal señalamiento. En Tamaulipas el PRI decidió retirar el registro a varios de sus candidatos a ayuntamientos por la presión de que eran objeto por los criminales y eso hizo que ganara notoriedad el tema. Esto en forma alguna se compara a lo acontecido en la elección de Michoacán de 2011, en la que el grupo criminal dominante incidió en el resultado al actuar de manera generalizada en los territorios bajo su ilegitimo control. En ese sentido, con la información del caso, las campañas y las elecciones de ahora registran una mejor circunstancia a pesar de la opinión que gana primeras planas y lugares destacados en opiniones e informativos.

El objetivo es elecciones concurridas, ordenadas y en paz. Insisto, es tarea de todos, particularmente de los partidos y sus candidatos, quienes con frecuencia se muestran demandantes y exigentes, pero que con igual regularidad son omisos o indolentes en cumplir con responsabilidad en sus obligaciones y en acreditar un modelo de educación cívica y política.

Los partidos están muy ensimismados en sus tareas electorales y cada vez son más omisos de sus responsabilidades de formación de ciudadanía, tarea que es permanente y que impone cierto sentido de los límites y también aporta un piso de ética necesario para dignificar a la política, dar sentido a la democracia y comprometer a sus funcionarios electos. También los partidos cada vez son más elusivos de su proyecto político fundacional; recurren a lugares comunes que en su imaginario son de impacto a un electorado cada vez más distante y reticente de la política. La crisis es profunda y tal parece que los primeros en dar término a las ideologías son los partidos.

El problema no es que los candidatos no presenten propuestas, afirmación que no se sustenta si se observa lo que muchos de ellos han presentado en sus campañas. La cuestión tiene que ver con la forma de comunicarlo y el pesado escepticismo mediático y ciudadano sobre lo que se propone. El debate no mejora la situación, precisamente porque la propuesta es desplazada por el efectismo y los desplantes de protagonismo individual.

A pesar del escepticismo y de la sordera pública, los candidatos y los partidos deben ser claros respecto a cómo resolver al menos tres problemas fundamentales de nuestra vida pública: corrupción, inseguridad y mala economía.

Mañana será un día relevante para la vida política del país. Las campañas son discutibles, esperamos que las elecciones no, que éstas sean un paso más en la construcción democrática del país, comicios en orden, concurridos y con resultados que acrediten la fortaleza de las instituciones.

Linchamiento al Estado de Derecho

Una de las debilidades estructurales de México es la fragilidad del estado de derecho, especialmente en materia de justicia penal. Esta situación se refiere no solo a las instituciones vinculadas al sistema de justicia, también es un problema social, o para ser más preciso, es de carácter cultural en el sentido de la poca estima colectiva que se tiene de la ley y, consecuentemente, de su cumplimiento. Para muchos la ley es un obstáculo, incluso contraria al interés general. La ley implica obligaciones, pero también es la mejor garantía para el derecho propio o para contener el acto arbitrario, venga de donde venga.

A los hechos delictivos que ya se han vuelto parte del paisaje, se suma lo acontecido en días pasados con el linchamiento de tres personas, presumiblemente secuestradores, en Santiago de Atlatongo, Teotihuacán; este viernes se conoció que la alcaldesa de Chenalhó en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, presentó su licencia después de que pobladores retuvieron al presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez y el coordinador del PVEM, Carlos Penagos a quienes utilizaron como moneda de cambio para defenestrar a la alcaldesa.

Por su parte, el conflicto magisterial en algunos estados del país persiste. Los líderes de estos grupos han promovido el ausentismo y el bloqueo urbano como fórmula de protesta contra una reforma que es ahora parte de la Constitución y que, por lo mismo, ha dejado de ser discutible su aplicación. Los maestros intimidan y los actos de vandalismo, como ha acontecido en otros momentos, son previsibles. Las autoridades, en cumplimiento de su responsabilidad, han resuelto el despido de los profesores que incumplan sus obligaciones en el aula.

El uso de la fuerza pública es la consecuencia del incumplimiento con la ley, especialmente, cuando está de por medio el ejercicio de libertades de terceros. También es inevitable el inicio de un proceso sancionatorio administrativo, laboral o, incluso, penal, según la falta. Mientras persista la impunidad el país vivirá en una de las más perniciosas crisis, la del Estado de Derecho. Ser complacientes con la aplicación de la ley es abrir la puerta a la imposición de unos cuantos sobre el interés general o que prevalezca quien más presiona, vocifera o amenaza.

Respecto a los linchamientos debe quedar claro que la sociedad no puede tomar justicia por su propia mano; la única justicia viable es la que resulta del procedimiento legal y de las garantías que toda persona tiene, incluso el inculpado, el sujeto a proceso y hasta el condenado. No hay atajos para la justicia. El camino de la legalidad es lento y difícil, pero es el más seguro, cierto y conveniente para todos. El linchamiento no ocurre por las deficiencias del sistema de justicia, más bien se presentan por la inseguridad que fustiga y golpea a las personas y familias. La ausencia de una policía de proximidad confiable es una de las mayores insuficiencias del tejido institucional y de la relación de las personas con la autoridad y particularmente con la ley.

La determinación de las autoridades educativas de sancionar a los maestros faltistas es un acto necesario. Es su obligación y es una forma de sancionar a quienes incumplen sus responsabilidades laborales y también afectan a los alumnos. La calidad educativa requiere de maestros responsables, aquellos que asumen con mística su tarea, fundamental para la superación personal, comunitaria y colectiva. No es casual la correlación del activismo magisterial con el atraso social que caracteriza a las zonas donde se presenta. La población y los más pobres son quienes han sido rehenes y víctimas de quienes se asumen redentores de los derechos laborales del magisterio. La realidad es que la reforma educativa elimina la discrecionalidad con la que los líderes de esos territorios definen los derechos laborales y obliga al trabajador de la educación a la evaluación para su estabilidad o promoción laboral.

Es lamentable que con frecuencia la presión social sea en sentido contrario a la aplicación de la ley. Esto ocurre así porque no hay cultura de la legalidad, porque son muchos quienes creen que se pueden resolver los problemas y garantizar los derechos al margen de la ley. No es propio de una opinión pública madura ser complacientes ante el linchamiento, lo que en todo caso le corresponde es dar soporte a las decisiones de las autoridades sobre el cumplimiento de la ley. Por ello es imprescindible que los medios de comunicación y quienes a través de ellos ejercemos nuestra libertad de expresión mantengamos una postura clara e inequívoca sobre el principio de legalidad.

El linchamiento al estado de derecho también se hace presente en la política. La génesis de ello es cuando los mismos actores del proceso democrático cuestionan por igual las reglas, las instituciones y los resultados. Una democracia de malos jugadores es una debilidad estructural que no ha podido superarse a pesar del esfuerzo histórico de dar calidad y confiabilidad a los órganos electorales y que hacen de México ejemplo en el mundo. No se puede ganar ventaja de lo que la democracia ofrece y no asumir las obligaciones elementales que conlleva.

Después de los comicios del 5 de junio el país vivirá un ejercicio obligado de reflexión. Lo importante es que los resultados sean reconocidos por todos los contendientes y los partidos que les postulan. El equilibrio político que se presente será un balance del México de ahora y en este contexto es previsible que los antisitémicos ganen terreno. Sin embargo, la esperanza genuina no puede ser suplantada por el ánimo de venganza pública que resulta del desgaste del sistema de representación y los recurrentes escándalos asociados a la impunidad.

La democracia es la vía para la transformación del país y en su práctica y resultados sirve para el escrutinio al poder a través del ejercicio de las libertades, del debate público y de los equilibrios que se derivan de la pluralidad. La legalidad es su sustento y es imprescindible por lo que viene, que las elecciones próximas signifiquen un precedente que convalide al estado de derecho.

Desafiando el conformismo

El liderazgo genuino depende, en buena parte, de la visión y capacidad del dirigente que busca conducir el cambio hacia mejores circunstancias para todos. La resistencia es inevitable y plantea un serio desafío por la incertidumbre que conlleva y porque cuesta  abandonar la cómoda zona de la costumbre y lo conocido. Lo cierto es que, ante una realidad dinámica, la inacción es la peor alternativa. La eficacia de un sistema está asociada a la posibilidad de participar activamente en sus procesos permanentes de adaptación.

El cambio es la constante. México ha transitado de manera más o menos exitosa hacia las nuevas exigencias. Con o sin democracia y más allá del consenso, el régimen político ha mostrado capacidad de reforma. De hecho, algunos de los problemas actuales más severos como la inseguridad y la desigualdad se derivan de la inmovilidad institucional que caracterizó buena parte del periodo comprendido entre 2000 y 2012. Por ejemplo, si la reforma energética hubiera ocurrido dos décadas antes, habríamos visto un crecimiento exponencial de los beneficios económicos debido a los elevados precios del petróleo de aquella época. En cambio, lo que ocurrió fue un severo incremento del gasto corriente y una baja inversión en infraestructura económica, social e institucional.

Los cambios institucionales han sido más correctivos que preventivos, a diferencia de lo que aconteció con la reforma política de los años 70. Con las modificaciones recientes, el país se puso al día en el sentido formal de la expresión; sin embargo, hay un rezago en la implementación y en el impacto de los cambios. Así, pese a la institucionalidad democrática moderna, no hay suficientes jugadores que suscriban y practiquen los valores y principios de la democracia; incluso, ya lo he dicho en este espacio, hay un tangible déficit de ciudadanía. La vieja práctica de desconocer el resultado adverso persiste como uno de los ejemplos más perniciosos de esa insuficiencia cívica.

Lo mismo se puede decir en materia de seguridad y rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. La crisis de legalidad es uno de los mayores retos para la modernización del país y esto se hace patente en las inaceptables tasas de impunidad, en el desapego generalizado a las reglas y en la convicción de muchos de que por los atajos de la ilegalidad se gana más y se arriesga menos que con la observancia de la ley. No hemos generado todavía los incentivos y sanciones que promuevan el cumplimiento con la ley.

Así, por ejemplo, estamos ante la coyuntura de una minoría de trabajadores de la educación, muchos de ellos profesores, que incumplen con la obligación legal y moral de trabajar. Líderes irresponsables los llevan a abandonar el aula a un costo muy alto. La impunidad es la premisa que permite que unos y otros incumplan su deber. La convicción de que no habrá sanción legal los hace actuar a contrapelo de sus elementales obligaciones como trabajadores de la educación. La SEP como autoridad debe sancionarlos como una consecuencia necesaria de su omisión. Ahora, frente a la amenaza de los radicales, las autoridades deben contar con el respaldo público para poder avanzar hacia una nueva realidad de todos y para todos: el cumplimiento con la ley.

Avanzar al futuro no es tarea simple ni sencilla. Por fortuna se dieron pasos significativos en muchas áreas importantes; sin embargo, se requiere ir mucho más allá de la ley para que el cambio cobre realidad y vigencia. Por mencionar un caso, próximamente se cumplirá el término para la ejecución del nuevo sistema de justicia penal pero en los hechos serán muy pocos los estados que estarán en condiciones de cumplir los términos de la reforma constitucional.

Una de las mayores urgencias tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los municipios y de los gobiernos locales. Ni la recriminación ni el voluntarismo nos llevarán al cambio. Sí, es cierto que hay un rezago importante que se traduce en problemas serios como la venalidad, la inseguridad y la ineficacia de los gobiernos para proveer los servicios que demanda la sociedad. A esta debilidad se debe el problema de la violencia y la impunidad. El conflicto  no se resuelve desde el centro, bien con policías de excelencia o mediante la presencia de las fuerzas armadas en apoyo de autoridades civiles; se requiere una policía eficaz preventiva y de proximidad. Hay numerosas evidencias exitosas de tal empeño pero hacen falta recursos económicos y de continuidad en los procesos virtuosos de la administración pública estatal y municipal.

El Presidente Peña Nieto presentó recientemente iniciativas sobre dos temas altamente sensibles y de difícil consenso: el matrimonio de parejas del mismo sexo y la legalización de la marihuana para usos medicinales. Estas cuestiones no solo deben ser valoradas en lo sustantivo, también en lo formal. No puede ser que unas legislaciones locales mantengan un criterio y otras lo contradigan, pues no es cuestión menor el derecho de familia. No se trata de un asunto civil o individual, sino social y humano. Por ello debe haber una legislación común, de ahí la necesidad de una reforma constitucional que, para el caso concreto, garantice a las personas un derecho igualitario para contraer matrimonio, un criterio que, valga señalar, ya fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con menos resistencia, aunque también con difícil consenso, está pendiente la legislación sobre el uso medicinal de la marihuana y la despenalización de su consumo. Se sabe bien que es la etapa inicial para abandonar el enfoque persecutorio que en las últimas décadas ha dominado la lucha contra las drogas sin mostrar virtud o eficacia; al contrario, ha generado violencia y ha favorecido que el crimen opere el circuito comercial relacionado.

El país debe continuar por la senda del cambio. Las diferencias propias de la diversidad ideológica, social y política no deben impedir este proceso sino darle curso, en forma tal que pueda convalidar lo mejor que tenemos. La transformación no debe ser fruto del desencuentro sino de una legítima aspiración de progreso.

El paraíso perdido de la privacidad

La privacidad es un bien que se ha perdido con la modernidad tecnológica. La divulgación de llamadas ilegalmente interceptadas o de acervos de información digitalmente organizados ocurren día con día y es el afán de competencia o de superar la incertidumbre lo que ha llevado a una práctica. La reputación o prestigio de personas y empresas es afectada por un recurso que cada vez se vuelve más común como medio de lucha política o económica. En ocasiones los medios que los divulgan ni siquiera se detienen a investigar la veracidad de los datos o la intencionalidad de quien los difunde. Sí, es una actividad ilegal que hace que los espacios de la privacidad sean cada vez más estrechos.

Este signo de los nuevos tiempos corta hacia muchos lados, incluso en terrenos virtuosos, aunque de discutible legalidad. El 28 de noviembre de 2010 es un parteaguas con la filtración de 251,287 documentos clasificados, no clasificados y secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos, por el portal WikiLeaks de Julian Assange; un punto de quiebre de la seguridad nacional que además, puso en entredicho a la diplomacia norteamericana.

En junio de 2013, el consultor tecnológico estadounidense, Edward Snowden, ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, través de los periódicos The Guardian y The Washington Post dio a conocer documentos clasificados como “Top Secret” sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.

Las filtraciones de Assange y Snowden pusieron al descubierto que los estándares de legalidad de EU y en cierta forma de las naciones democráticas quedaban en entredicho. Asimismo, el espionaje deliberado y sin control, incluso sobre los gobernantes de los países aliados ha sido uno de los temas que más han afectado a la diplomacia norteamericana. Quedó al descubierto que las agencias de seguridad operaron bajo su propia lógica, en ello mucho tuvo que ver la crisis del 9/11 y la necesidad de empoderar a las agencias para emprender acciones preventivas contra la amenaza que plantea al mundo occidental el terrorismo.

El sentimiento de amenaza por el terrorismo ha tenido efectos perniciosos sobre el régimen de libertades propio del paradigma democrático. La tecnología tiene el poder de interferir en la vida privada más allá de lo que las personas se imaginan. El voluminoso tráfico digital es objeto de estudio y análisis para encontrar indicios de actividades terroristas o delictivas. La cuestión es que esto se ejecuta sin distinción, esto es, a la población en su conjunto. Los llamados programas de Big Data para identificar patrones de consumo y conducta de los usuarios de dispositivos móviles, mismos que se vuelven micrófonos para terceros; lo que está en la computadora o el mismo teléfono pueden estar al acceso de personas no autorizadas. Ahora es común en reuniones de trabajo que los asistentes dejen sus dispositivos fuera del lugar de la reunión.

Otro acontecimiento que muestra ser una ruptura respecto al pasado es el caso de los Panama Papers, una filtración de documentos confidenciales de la empresa panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2.6 terabytes de información por una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

La trascendencia del evento va más allá de lo que muchos alcanzan a advertir. Los Panama Papers ponen al descubierto información sumamente delicada y comprometedora del sistema financiero mundial. Los paraísos fiscales ubican en el mismo cajón a empresarios que buscan secrecía sobre sus legítimos recursos, que a evasores fiscales o criminales en búsqueda de santuario del producto de sus actividades criminales. No se puede generalizar, pero los hechos obligan a las autoridades a realizar investigaciones escrupulosas para poder diferenciar cada uno de los casos.

Los Panama Papers dejan un precedente que marca un antes y un después: no hay lugar seguro donde ocultar la riqueza mal o bien habida. Es el equivalente del consultor Snowden, quien tuvo acceso a la información en grandes volúmenes clasificada y altamente comprometedora, un empleado o funcionario con acceso a la información puede revelar cuentas, titulares, montos, transferencias y vínculos. Las salvaguardas convencionales o modernas difícilmente podrán asegurar, para bien o para mal, la secrecía de la riqueza oculta que por igual se refiere a las finanzas bien o mal habidas. Por cierto, el despacho Mossack Fonseca, tiene el involuntario mérito de haber convertido en “infiernos fiscales” lo que hasta hace unas semanas habían sido paraísos fiscales; o sea, para fines prácticos, estos últimos, ya no existen.

Mal, muy mal el caso del padrón electoral mexicano en medios públicos, especialmente porque este instrumento público contiene información privada de prácticamente toda la población adulta mexicana. Los partidos políticos parecen no ser confiables, esto es, quienes allí colaboran y tienen acceso a la información carecen del escrúpulo o del sentido de legalidad para salvaguardar un instrumento que afecta a todos los mexicanos. Los partidos demandaron acceso al listado ciudadano y en un propósito de transparencia y de ir construyendo confianza, desde hace tiempo los datos eran entregados a los partidos. En el capítulo reciente el padrón entregado al partido Movimiento Ciudadano estuvo en la red y al acceso de todas las personas. Una falta grave que es atendida por la autoridad con una medida general: en lo sucesivo los partidos no pueden tener el listado porque no pueden asegurar su cuidado y protección.

Se viven nuevos tiempos y también nuevas realidades. Es comprensible que todos habremos de acomodarnos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. La información no puede ser privilegio de algunos cuantos, mucho menos cuando su acceso se da por medios ilegales. Esto va más allá del paradigma orwelliano de la sociedad observada por el hermano mayor. Es una referencia a que simplemente la secrecía se vuelve prenda comprometida por la tecnología y deviene de muchas fuentes, no necesariamente de los gobiernos.

Nuevamente una manzana, ahora tecnológica, expulsa a Adán y Eva del último de nuestros paraísos: la privacidad.

Entre el desaliento y la esperanza

Lectura imprescindible la reflexión de Enrique Krauze sobre nuestro tiempo, publicada en Letras Libres bajo el título Desaliento de México. Un texto sencillo y a la vez profundo; claro y agudo. La nación percibe que no está pasando por un buen momento. Se padece corrupción, impunidad y violencia; a estos factores habría que incorporarles la desmemoria y la falta de aprecio por lo alcanzado, particularmente entre las generaciones jóvenes y no tan jóvenes, pero que no vivieron el México de la crisis, el autoritarismo y el desencanto.

El mayor logro del pasado fue alcanzar la democracia y arribar a ésta sin el trauma de la ruptura institucional, haberlo hecho por la vía del acuerdo y por aproximaciones sucesivas. Este modelo de transición implicó que no hubo relevo generacional en la política, se entreveraron las viejas prácticas no democráticas con las de renovación. Con la transición no arribó al poder una clase política liberal y visionaria. El México de la tradición patrimonialista nunca se fue; por ello la venalidad subsistió más allá de lo pensable. No hubo nuevos demócratas, sino beneficiarios de la apertura. La transición no creó ciudadanía, más bien un modelo de negociación y de reparto del poder y privilegios.

Lo que dice Krauze es válido; pero también hay que señalar el extravío ético del proyecto nacional. No hay lugar para la nostalgia, pero al menos en el pasado había un sentido de destino, quizá con carga de utopía y no ausente de excesos, pero prevalecía la pretensión por hacer realidad una idea de nación libre, justa e independiente. La modernización que llegó en la economía y en la política careció de ese piso ético o destino deseable. La privatización no siempre fue virtuosa, incluso en ocasiones, fue regresiva ya que se transitó del monopolio público al privado, con todas las consecuencias que eso implicó, además de la persistente corrupción.

La mística social o nacionalista se remitió al cajón de la demagogia. Lo mismo ocurrió con el sentido de Estado, el que se extravió con la alternancia en la Presidencia de la República; después, por el embate de la criminalidad se intentó rescatar el sentido de gobierno, pero el Estado como tal casi desapareció del diccionario de la responsabilidad pública. Por eso se cedió en exceso al gobierno del país vecino en temas de seguridad nacional; por eso el interés gremial se impuso en el proyecto educativo; por eso la concentración productiva y los monopolios; por eso, también, ganó terreno la delincuencia y el crimen organizado.

Krauze destaca la corrupción, impunidad y la violencia como causas del desaliento. Quizás esto valga más para nuestra generación que para la de la mayoría que, ciertamente, es de jóvenes. Tenemos derecho al aprecio de nuestra transición y de nuestros logros; pero no ayuda que la generación joven los ignore o menosprecie. Lo preocupante es la falta de horizonte y sentido de destino de nuestros jóvenes y que las oportunidades que a algunos les ofrece el servicio público o la iniciativa privada sean desperdiciadas y se vuelvan mal ejemplo por la magnitud del fracaso al que conducen, precisamente por la falta de valores y sentido de compromiso.

Hay que decir que la esperanza y el aliento se construyen de manera diferente, especialmente en los jóvenes. Krauze nos advierte sobre las salidas falsas, particularmente la reedición del caudillismo. El desprecio de lo mucho bueno que hay y la frustración o enojo por lo que se experimenta o percibe hace fácil abrazar la aventura populista. No es un líder carismático lo que el país requiere, es una generación de dirigentes en muchas áreas que sirvan de modelo por su sentido de responsabilidad, por su visión y, especialmente, por su apego a las reglas de un sistema que debe ser garantía de derechos, certeza y esperanza.

El desaliento de nuestros tiempos preocupa, no la crítica al gobernante o al partido o partidos empoderados; tampoco el escrutinio a toda forma de poder, sea económico, religioso o mediático. El riesgo mayor deviene no solo de la incapacidad para dar respuesta a los desafíos que el presente depara, sino de la convicción de muchos mexicanos de que todo está mal y nada hay por recuperar, cuidar o proteger y, como tal, la ruptura es la única vía hacia delante.

La reflexión de Krauze es indispensable para este momento del país. En 1947, en Cuadernos Americanos, don Daniel Cosío Villegas hizo un examen igualmente crítico de la situación del país y del régimen político, bajo el título La Crisis de México, texto trascendente para la época y para lo que vendría. Hoy tenemos que ampliar el horizonte porque la crisis de confianza y credibilidad a todos alcanza, no solo a las instituciones públicas, también a las privadas y a las de carácter social. Esto ocurre en medio de una revolución tecnológica que potencia las libertades y modifica los hábitos informativos, de convivencia e interacción social. Es útil repensarnos y reinventarnos en nuestra actualidad y todavía más en nuestro porvenir mediato e inmediato. Ideas no faltan, tampoco muchos buenos y valiosos mexicanos para aportar su talento y entrega al bien del país. Están ocurriendo cosas diferentes y por lo mismo, tenemos que pensar diferente para entenderlas.

Los tiempos por delante son desafiantes. El mundo cambió y México también. Pero persisten problemas de siempre como la desigualdad, pobreza y venalidad. Ahora se suman los del deterioro institucional y la violencia derivada de la impunidad. La falta de sentido ético de muchos y de una cultura básica de la legalidad ha significado que la democracia y sus prácticas no ganen aprecio y arraigo a pesar de sus aciertos y no pocos logros.

En las élites hay una preocupante actitud de negación sobre la crisis presente; para algunos circunstancial, para otros irrelevante. Los más, distraídos en el día a día o en temas menores. Las ideas de Krauze son una útil y necesaria invitación a entendernos en nuestra realidad y en el proceso histórico que define nuestro momento. Frente a lo que viene y se perfila es necesario recuperar la vitalidad como nación, hacer valer lo mejor de nuestro pasado, acreditar lo mucho alcanzado como libertades y democracia y así abrir espacio a un México de esperanza por el que habrán de transitar los mexicanos de mañana.

Nuevos electores, nuevos ciudadanos

Con frecuencia los cambios más profundos y trascendentales son el acumulado gradual de pequeñas y múltiples transformaciones que por su discreta visibilidad no advertimos su potencial hasta que la sorpresa nos toma por asalto. Lo anticipa la sensación de que algo hay distinto y, en no pocos casos, la incapacidad para entender lo que sucede. Simplemente para la mayoría expectante, las cosas empiezan a ser diferentes y poco comprensibles.

Estamos viviendo esa circunstancia; que el cambio que se avecina es incierto pero profundo, también la resistencia o la negación de lo que viene. El aspecto más problemático para la institucionalidad democrática es lo precario del consenso y para el caso actual, la descalificación del acuerdo, justamente el espacio natural de la política moderna. El desencuentro en la política no ocurre por la disparidad de intereses, perspectivas o ideologías, sino porque el acuerdo, en sí mismo, se ha trasladado al terreno de lo políticamente incorrecto o indeseable. De hecho la polarización tiende a prevalecer porque ser antagónico ofrece un buen piso de adhesiones sin mediar escrutinio, simplemente persistir con intransigencia en el repudio a todo y todos.

Lo que subyace en el cambio es una nueva ciudadanía. Esto se asocia a la revolución tecnológica y a la manera como la comunicación digital tiende a imponerse y prevalecer sobre las formas tradicionales o convencionales de comunicación. Ya no hay que esperar el diario o el noticiero para saber qué ocurre, esto se puede conocer en tiempo real, en formatos visuales prácticos y a través del dispositivo móvil. Además, se abren posibilidades de interactividad a través de las redes sociales y de los espacios que los mismos medios facilitan, con lo que el mensaje es interpretado de manera más abierta y compleja.

Los medios con mayor cobertura no difunden noticias, las crean. Los medios tradicionales, especialmente los escritos, se han visto obligados a incursionar activamente en el mundo digital. Algunos, como Multimedios El Universal, lo hacen bien, pero los resultados de mayor impacto vienen de proyectos digitales respaldados con empresas que se han configurado para ese género de comunicación, creativas, interactivas, con poco personal y de reflejos noticiosos muy rápidos, como ejemplos paradigmáticos de ello están los casos de SDPnoticias en México y en Estados Unidos, el blog POLITICO.

Como tal, los comicios en puerta son una forma de laboratorio complejo. Así es porque cada una de las elecciones, 12 de gobernador y una exclusivamente de ayuntamientos y diputados, presenta particularidades. Un aspecto a conocer es si los candidatos independientes podrán mantener o acrecentar su posición de inicio. Las prerrogativas favorecen más a los grandes partidos que a los pequeños y a los candidatos independientes. Es previsible que en el transcurrir de las campañas adquieran relieve los candidatos competitivos -con o sin partido- y signifique una merma o baja para quienes no estén personalmente o profesionalmente equipados para competir.

Los medios tradicionales tienen su parte, pero crece cada vez más la importancia que tiene la cobertura noticiosa y especialmente la comunicación digital, espacio en el que participan asiduamente más de la mitad de los electores y de manera muy intensa los votantes menores a 35 años.

El desafío no es menor, porque la comunicación digital tiene sus propias reglas y principios, casi siempre diferentes y en ocasiones opuestos a lo que existe en la comunicación convencional. El humor, la interactividad, el lenguaje gráfico, la creatividad y la pauta direccionada deben procesarse en tiempo real en muchos frentes y arenas de las redes sociales y del espacio digital. Un promocional de televisión ya no tiene el impacto que hasta hace muy poco tiempo tenía; un meme o un video bien diseñado puede volverse viral en materia de minutos y tener un efecto arrollador.

Como fenómeno de los tiempos actuales, podemos tomar el video suscrito por Anonimous, en el que se difunde la supuesta fortuna oculta del candidato de la alianza PAN/PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Una acción llamada BTL (Below the line, debajo de la línea) se tornó ATL (Above the line, por arriba de la línea) al ser tomada por los medios y adquirir amplia difusión. Posteriormente un diario de publicación nacional presentó encuesta de la contienda en Veracruz en la que muestra un empate entre los dos candidatos de apellido Yunes –Miguel Ángel y Héctor- y un porcentaje importante del candidato de Morena, Cuitláhuac García, a 10 puntos de ganar ventaja.

Veracruz revela lo dinámico que son las contiendas y la importancia que tiene el debate y la comunicación. López Obrador ha sido factor del crecimiento del candidato de Morena y del deterioro del candidato del PAN y PRD. Su embestida ha sido frontal y es inevitable que tenga un efecto importante entre los simpatizantes perredistas que al inicio estaban con el candidato Miguel Ángel Yunes. A esto se ha acompañado una campaña digital que difunde con veracidad y convicción las debilidades del candidato de la alianza. La ventaja inicial ha desaparecido y podría pasar al tercer sitio de las preferencias.

El deterioro en la intención de voto beneficia al candidato del PRI, pero ha metido a la contienda al candidato de Morena, como aquí en algún momento dijimos que podría ocurrir. De hecho una lectura cuidadosa de la encuesta referida tiene una no respuesta de 32%; muchos encuestadores hacen creer, que la no respuesta es neutral o abstencionista, estudios de Gabinete de Comunicación Estratégica revelan que casi siempre es mayoritariamente opositora o de votantes que migran de preferencia histórica y no quieren compartirlo, como ocurrió en Sinaloa en 2010 y en Nuevo León en 2015. De esta forma hay espacio para asumir que el candidato de Morena y posiblemente el candidato independiente Juan Bueno Torio, tengan una intención de voto mayor a lo que refleja el estudio.

La contienda está a plenitud. Más cuando se han incorporado las campañas de ayuntamientos, lo que da mayor intensidad a la competencia electoral. Como ya se ha señalado, es previsible que haya cambios durante la contienda. Desde ahora queda claro que el cambio es profundo: elecciones muy competidas con tres o cuatro candidatos, dinámicas en cuanto a las preferencias y que hacen del espacio digital un terreno adicional y cada vez más relevante para la comunicación. El desenlace de la elección de junio será revelador de la profundidad, velocidad y trascendencia de la transformación en curso.

Tiempo de antisistémicos

Para muchos es difícil entender la realidad y todavía más las razones o causas que la explican. No es una cuestión de izquierdas o derechas, tampoco es un fenómeno local o regional; la democracia occidental está experimentando una presencia creciente de los antisistémicos, esto es, propuestas de cambio radical que se montan en la ola de la insatisfacción con lo que existe.

Uno de los fenómenos más acabados fue el movimiento de los indignados en España y que daría lugar a dos formaciones políticas que habrían de desafiar al dominio que tenían el PSOE y PP en el parlamento. El partido Ciudadanos con inclinación más hacia la derecha y Podemos, más a la izquierda, fracturaron el equilibrio anterior con una representación parlamentaria suficiente para interrumpir los sucesivos gobiernos desde tiempos de la transición. España, precisamente por las expresiones de este nuevo pluralismo manifiesto en las elecciones de diciembre pasado, está obligada a nuevas elecciones el próximo mes ya que ninguna de las dos fuerzas históricas pudo lograr formar una coalición gobernante.

El caso de Grecia con SYRIZA, coalición de izquierda radical, pudo lograr gobierno. Muy pronto su propia oferta probó ser imposible y llevaría al país y a la Unión Europea a una de sus mayores crisis. El gobierno tuvo que ceder ante las exigencias de orden financiero impuestas por los acreedores externos. Los votantes probaron que la voluntad popular tiene límites respecto a la economía. Como ocurrió en México en el pasado, Grecia tuvo que ceder a la realidad impuesta por un mundo global donde las reglas del juego exceden a las determinaciones de las naciones.

Estados Unidos, Inglaterra y Francia son otros de los varios ejemplos en los que surgen propuestas rupturistas con respaldo popular. Adquiere relieve lo que sucede en la disputa por la candidatura presidencial en el Partido Republicano con la incursión de Donald Trump, probable candidato y de Bernie Sanders, quien ha sido más exitoso de lo previsto, no ganará la candidatura, pero sí ha representado un movilizador de una sorprendente y sorpresiva propuesta social con apoyo en un segmento importante del electorado.

La reflexión obligada es entender las razones por las que la propuesta radical y en muchos sentidos antisistémica de Donald Trump ha tenido éxito. Su base es la clase trabajadora y baja especialmente anglosajona que se siente desplazada en sus oportunidades y beneficios por la inmigración ilegal y, especialmente, por la percepción maniquea de que los gobiernos de Estados Unidos han sido muy complacientes frente a sus socios comerciales. Este nueva forma de nacionalismo conservador tiene particularidades muy preocupantes para todos y especialmente para un país que ha sido expresión de integración cultural y étnica, libertades y democracia: intolerancia, racismo y prejuicio. Esto es, la negación del extraordinario conjunto social que es la unión americana.

En México hemos sido testigos en el pasado reciente del éxito arrollador del candidato independiente en la elección de gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien superó al acendrado bipartidismo en la entidad. El candidato con habilidad pudo montarse en dos olas: la de la indignación de las clases medias y altas, que después permearía a las clases populares y la ola digital. El mandato de la elección no fue un modelo de gobierno, ni siquiera una propuesta de cómo mejorar las cosas. Simplemente eligieron a un vengador de un sentimiento de rechazo a mucho de lo existente. El desenlace es significativo porque el gobierno del PRI en Nuevo León pudo lograr dos éxitos de la mayor trascendencia: tener el liderazgo en crecimiento económico e inversión y superar de manera contundente la inseguridad y violencia. Y no obstante esos dos logros palmarios, fue derrotado por la propuesta antisistemica.

Los candidatos independientes han cobrado singular impulso precisamente por el desgaste de los partidos políticos; en no pocas ocasiones ser independiente da mayor impulso que ser postulado por un partido menor. Las encuestas de inicio de campaña de las 12 elecciones de gobernador próximas revelan en muchos casos que los candidatos independientes podrán superar 5% de los votos y en más de la mitad 10%.

Otra de las expresiones de lo antisitémico es el surgimiento de Morena. En 2015 alcanzó la votación de 8.4% y en el DF de 24%. Como lo habían previsto varios estudios de Gabinete de Comunicación Estratégica, visto con incredulidad por experimentados observadores y encuestadores, Morena mantiene rangos de competitividad muy relevantes en muchos estados con elección, particularmente Zacatecas donde la pifia del INE o del Tribunal Electoral –escoja usted- sirvió para impulsar la participación repuesta del candidato de Morena, Veracruz cuyo candidato ha recibido los votos que han abandonado al candidato de la alianza del PAN y PRD por el fragor de la contienda y Oaxaca, donde el candidato de Morena se beneficia de la escisión del PRD y del desencanto con el gobierno de dicha coalición. Mientras, en el Norte, se abren paso los independientes.

Por las particularidades del humor social en el que una tercera parte de los mexicanos estaría clasificado en la categoría de los indignados, los tiempos actuales dan un piso electoral importante a los antisistémicos. Esa es la causa profunda del éxito de los independientes y de Morena. Incluso del PAN o del PRI cuando juegan esa condición y tienen un candidato afín y hay un ambiente propicio. No está por demás señalar que el impulso que mayor fuerza y arraigo ofrece a la indignación es la percepción de corrupción.

La funcionalidad política de los antisistémicos es que canalizan la indignación por medios democráticos y, especialmente, a través del voto. Pero lo mismo podría decirse de Hitler quien llegó al poder a través del voto popular. Ahora bien, no es lo mismo competir que gobernar. La experiencia está a la vista. Los candidatos, todos, se ven obligados en mayor o menor grado a estirar la verdad y extender los compromisos y las expectativas de los votantes más allá de lo razonable. Así, a la hora de la verdad, que es gobernar, el voto de indignación de hoy, bien podría ser el de una frustración acrecentada del mañana.

Lo que hay que observar de las campañas

La capacidad de asombro no depende de la realidad sino de quien observa. Para quien asume que todo o casi todo lo sabe, es natural que nada sorprenda. No obstante, hay mucho que ver en lo que ocurrirá en el proceso electoral que culmina en junio.

Lo más relevante es verificar la profundidad del cambio que empezó a dibujarse en 2012 y que se corroboró en 2015: la irrupción de una nueva ciudadanía, crítica y proclive a una transformación radical del sistema político. Hoy, lo antisistémico es lo que genera credibilidad. Por las implicaciones, riesgos y alcances transformadores de este escenario, es preciso entender su dinámica y perspectiva hacia la elección general de 2018.

No se puede trivializar lo que acontece y que dejó al descubierto el 2015: los tres grandes partidos históricos tuvieron una baja significativa en su nivel de votación. De manera concurrente dos expresiones de lo antisistémico irrumpieron con contundencia: Morena, que se impuso en la Ciudad de México y en otras plazas; y los candidatos independientes, especialmente Jaime Rodríguez en Nuevo León, entre otros.

No es un asunto menor lo ocurrido en la elección de gobernador en ese estado del Norte: los dos partidos que habían dominado desde hace mucho tiempo la disputa electoral fueron marginados por un candidato que hizo de su campaña el rechazo a los partidos y sus gobiernos.

Lo que se perfila al inicio de las campañas de las 12 elecciones de gobernador, es un electorado alienado del sistema político tradicional. Al menos un tercio está dispuesto a votar por opciones antisistémicas y la causa que lo mueve no es la propuesta o el candidato, sino un sentimiento de hartazgo y rechazo a lo que existe. Este tercio es un conglomerado que corre transversalmente por todos los estratos de la sociedad, un público cautivo para un discurso que no requiere mayor oferta de futuro, solo incentivarle su sentimiento de inconformidad. Ese grupo de indignados, convierte en opciones a los candidatos independientes o de Morena.

Estas nuevas expresiones políticas significan que la contienda tiene lugar en términos diferentes, tan diferentes como nunca antes visto. Por una parte, al darse una mayor fragmentación de los sufragios, el candidato ganador puede prevalecer con un bajo porcentaje de votos; por otra parte, convalida la estrategia de coaliciones como vía para el triunfo. De hecho la elección pasada en Colima ofrece ya una buena perspectiva: el PRI por sí mismo no hubiera ganado la elección; el candidato del PAN, sin coalición y con la competencia de Movimiento Ciudadano como opción opositora, se alejó del triunfo después de una elección prácticamente empatada y, Movimiento Ciudadano, en este caso la expresión antisistémica, obtuvo más de 12% de los votos.

Esto también implica una mayor incertidumbre electoral. El PRI difícilmente podrá obtener 9 triunfos a pesar del encomiable trabajo de su dirigente nacional, a quien debe acreditársele el éxito en la elección extraordinaria de Colima. El reporte de GCE de las 12 elecciones de Gobernador, le dan un triunfo claro al PRI en Hidalgo y Sinaloa al inicio de campañas; en los demás estados la elección se muestra competida, incluso en algunos adversa, como es el caso de Puebla.

El PRD debe ver con preocupación los números. En casi todas partes está siendo superado por Morena. Su esperanza de retener Oaxaca se aleja del horizonte. Ahí se está dando una contienda de cuatro, lo que propicia que uno de los candidatos de la izquierda, no el de Morena, podría declinar en favor de otro ya avanzada la campaña. La embestida de López Obrador contra el candidato del PAN – PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes puede significar, como lo muestra la encuesta de GCE del día de ayer, una merma, de 30%, en el la intención de voto del candidato de la coalición. Lo que podría meter de lleno en la contienda al candidato de Morena si éste recibiera a los indecisos.

Existen dos casos de candidatos antisistémicos postulados por partidos marginales y que por ellos mismos son competitivos, aunque a distancia todavía muy lejos del triunfo: Benjamín Robles en Oaxaca y Melesio Cuen en Sinaloa. El efecto de su incursión es que afectan las posibilidades de triunfo de la coalición gobernante en ambos estados. Los candidatos postulados por la coalición encabezada por el PRI, pueden ser los ganadores por su estructura territorial y horizontalidad del voto, en ambos casos.

Los candidatos independientes no tienen que ganar para convalidar su eficacia electoral; tampoco Morena. Se trata de obtener buenos resultados y ser creíbles como opción; un porcentaje de votación de 10% es de la mayor importancia. El candidato independiente con mayor competitividad es el de Chihuahua, José Luis Barraza; le siguen Juan Bueno Torio en Veracruz, Francisco Frías en Sinaloa y José Chavira en Tamaulipas.

Los candidatos de Morena que al inicio de campaña se muestran competitivos son David Monreal en Zacatecas, candidatura en litigio; Cuitláhuac García en Veracruz; Salomón Jara en Oaxaca; Abraham Quiroz en Puebla; Martha Palafox en Tlaxcala, y José Luis Pech en Quintana Roo.

El PAN pierde territorios importantes como es el caso de Sinaloa y la incursión del candidato independiente en Chihuahua le resta competitividad. Sin embargo, retendría Puebla y en Veracruz, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes sus candidatos muestran fortaleza en la competencia. Como se advierte, los términos de la contienda se definen no solo por lo que haga el PAN o el PRI, sino por la incursión de los otros candidatos.

El cuadro de inicio es dinámico. Para eso son las campañas: modificar las coordenadas iniciales en las que se desarrolla la contienda. Los candidatos antisistémicos tienen fortaleza del entorno, pero también condiciones adversas en cuanto a las prerrogativas y el acceso a la publicidad y propaganda convencionales. Seguramente el perfil de inicio habrá de cambiar para la elección. De cualquier manera, lo que ahora ocurre es claramente diferente respecto al pasado, de manera tal que lo que habrá de observarse con detenimiento después del desenlace, será el desempeño no sólo de los candidatos antisistémicos, sino las nuevas expresiones del pluralismo lo que alude a dos realidades vinculadas: el agotamiento del sistema de representación tradicional y la irrupción de una nueva ciudadanía.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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