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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

La tentación del pasado

El 2018 será un año de definición fundacional. Gane o pierda el PRI, en muchos sentidos terminarán un régimen y un sistema de gobierno. Se ha tocado fondo y muchas de las reformas institucionales significan que las cosas no serán como antes. La discrecionalidad queda acotada. La autonomía de órganos de fiscalización y procuración de justicia también habrán de imponer una nueva dinámica en el ejercicio del gobierno. Para unos, será muy importante el juicio al pasado; para los más, tendrá un mayor peso que el ejercicio del poder sea un nuevo punto de partida para una diferente y mejor forma de gobierno. En el horizonte, existen bases muy precarias pero importantes para la construcción de un gobierno de coalición.

Lo más endeble frente a esa opción, se presenta porque lo que dispone la Constitución en materia de gobierno de coalición no ofrece claridad y es preciso definirlo. Casi todo habría de construirse en función de los acuerdos. La referencia legal de mayoría legislativa no aclara si es el Congreso o alguna de las Cámaras. En mi opinión, la fundamental es la Cámara de Diputados, porque allí se define el presupuesto, el instrumento más relevante del ejercicio del gobierno y de la operación de la administración pública. Es posible que la mayoría en la Cámara de Diputados coincida con la del Senado, pero es menos probable que la del Senado se reproduzca en la de la colegisladora.

Desde ahora, se perfila un sentido fundamental de la disputa por el poder en 2018. Las opciones son regresar al pasado —postura inequívoca de Andrés Manuel López Obrador, con la oferta de revertir las reformas construidas por la pluralidad, si gana— o continuar con el proceso reformador —posición que mantendrían el PRI o el PAN y la coalición que, en caso de ganar, cualquiera de estos dos conforme. Hay quien piensa que para una contrarreforma, López Obrador requeriría obtener, al menos, mayoría absoluta en ambas Cámaras y aun así presenta dificultades por el voto legislativo calificado para una reforma constitucional.

Considero que esta idea es válida desde el punto de vista estrictamente formal, pero políticamente no se sostiene. Esto es, la aplicación de las reformas requiere de decisión y voluntad del gobierno. Una postura laxa u omisa hace que los cambios pierdan impulso y por lo mismo afecten su aplicación. Así, por ejemplo, si se debilita el sistema de evaluación de los maestros, como lo demanda la CNTE, grupo aliado de Morena, colapsaría en sus fundamentos la reforma educativa en uno de sus pilares esenciales. Lo mismo se puede decir en la reforma energética o de telecomunicaciones. Una autoridad no comprometida con el sentido de las reformas hace que éstas pierdan fuerza e impulso.

Las palabras del seguro candidato presidencial de Morena deben tomarse en serio. No es el caso de un político que prometa algo sólo para ganar. Su postura se corresponde a sus convicciones elementales y, por lo mismo, es de esperarse que haga lo que esté a su alcance para honrar su promesa si gana la Presidencia. Además, el regreso al pasado es una tentación que corre a lo largo del cuerpo social. No son pocos quienes asumen con nostalgia que las cosas antes eran mucho mejor; incluso hay quien cree en una autoridad paternal e intervencionista en todos los temas de la vida pública, no solo en la economía.

Hay una suerte de providencialismo en la cultura política del mexicano. Esto descansa en las capas más profundas del alma nacional. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el mundo de las creencias, diría Octavio Paz, es más poderoso que el de las ideas. En la espera de un salvador subyace la propensión de la cultura política del mexicano por el caudillismo. En otras palabras, la tentación del regreso al pasado no sólo alude a políticas públicas, sino a la forma del ejercicio del poder. Desde luego que esto va a contrapelo de todos los cambios en materia política y de erigirse un modelo caudillista: se anticipa un conflicto institucional a partir del desencuentro de esa postura con la modernidad impuesta por el cambio democrático.

Por ello es muy importante que se dé una discusión seria sobre el futuro del país y el impacto de las propuestas en la mesa. Nada debe tomarse a la ligera. El problema está en el ambiente de agravio y enojo de la población que hace que temas como el de la corrupción desdibuje el significado de la competencia. Por cierto, abatir la corrupción necesariamente pasa por acabar con la impunidad. Hacerlo no solo es materia de voluntad política, también es indispensable la operación de las instituciones de justicia. La discrecionalidad va muy de la mano con la impunidad. Lo importante es la fuerza de las instituciones de justicia, no la voluntad generosa o pendenciera de quien encabece el Ejecutivo federal.

También es necesario que la sociedad mexicana, y especialmente los medios de comunicación, tengan un papel relevante en el escrutinio de quienes disputan el poder: a todos, los que gobiernan y los que pretenden gobernar. No puede haber aval a partir de biografías o de intereses. Para una buena decisión en 2018, gane quien gane, es necesario que la elección esté precedida por un riguroso análisis, crítica y debate para que la democracia haga valer lo mejor de sí misma al momento de empoderar al ciudadano con el voto.

Debatir va en sentido contrario de la cultura política mexicana. Así que sería un exceso decir que la sociedad o los políticos han interiorizado los valores propios de la democracia como es el ejercicio responsable de la libertad y, por lo mismo, una capacidad de deliberación a manera de que unos y otros expongan públicamente las razones que fundan sus proyectos. Finalmente, es muy probable que el resultado de la elección sea un poder dividido y un Ejecutivo con menos de 40% de los votos. Por ello es obligado pensar que el futuro llevará al gobierno de coalición. Prepararnos para esa hipótesis debe ser una tarea inaplazable y de todos.

Una nueva etapa del ciclo presidencial

Son muchas cosas las que cambian, sin embargo, los tiempos del ciclo sexenal dejan una impronta fija. Conocerlos, permite optimizar el poder presidencial. La estación de la elección del Estado de México fue el punto de inflexión. Pronto, todos los partidos, incluyendo el gobernante, habrán de involucrarse en la selección de sus candidatos, para sumarse a la contienda que ha provocado la candidatura adelantada de López Obrador. Una lección dolorosa para el PAN en el poder, fue que el partido gobernante y cualquiera que pretenda disputar la presidencia, deberá perfilar candidato con anticipación a los tiempos de precampaña establecidos en la ley electoral.

Para el presidente Peña Nieto resulta un muy favorable desenlace el de la elección del Estado de México. Nayarit tuvo poco impacto, y Coahuila importa y debe preocupar por la postura unificada de los opositores de no reconocer la legitimidad de la elección. Pero lo relevante es el resultado en el Estado de México. De haber ganado la candidata del PAN, hubiera hecho inevitable que Ricardo Anaya fuera el seleccionado y habría perfilado una contienda entre éste y López Obrador. De haber favorecido el resultado a Morena, la corrida a favor de Andrés Manuel hubiera sido incontenible. Ganó el PRI y eso le da al presidente una influencia revitalizada para la definición del candidato tricolor, así como la recuperación del ánimo de victoria, fundamental para el 2018. Al PRD y PAN, la elección mexiquense les abre espacio a algo que no es menor, una futura alianza.

En el detalle del resultado, aunque la situación no es tan halagüeña para el PRI, es suficiente para anticipar que sí está en la competencia por la sucesión presidencial. Lo más relevante hacia 2018 es que el debate y la realidad emergente mostraron que Morena es un partido más, con todo lo malo y bueno que eso implica. El financiamiento subrepticio o ilegal de campañas, que evidenciaron Eva Cadena y las grabaciones del hijo de López Obrador con Yeidckol Polevnski, a todos afecta. La elección mexiquense le significó un costo importante al líder de Morena; por una parte, le hizo perder su avance para sumar a su causa al PRD y por la otra, regresó al espacio de intransigente intolerancia. Su reacción y respuesta ante las dificultades no tuvieron el acierto de los meses y años anteriores. Se perdió en el proceso del Estado de México la idea de la inevitabilidad de su victoria para 2018, y eso para el PRI es un cambio fundamental en el terreno de la próxima contienda.

En este entorno político, es importante entender el nuevo momento del ciclo presidencial. Por ello son relevantes las expresiones del presidente en el sentido de centrar el esfuerzo de su equipo para materializar los logros de gobierno, especialmente la instrumentación de las reformas que en sus méritos propios las vuelven irreversibles más allá del debate propio de la pluralidad que interesadamente expone sus reservas y en algunos casos, como el de López Obrador, el compromiso de revertirlas sin precisar hacia dónde quiere llegar. Lo importante para el gobierno es ejecutar un programa en curso que llega a un momento culminante.

Por otra parte, la sociedad mexicana ha cambiado y esto afecta los términos del consenso. En el nuevo entorno es natural la crítica. Hay demandas y expectativas sobre las que se erige el debate y el posicionamiento de los partidos para mantenerse o acceder al poder, según el caso. La sociedad aprende y como se ha visto en el Estado de México, con inusitada rapidez se hace realidad lo impensable. La candidata del PAN, con indiscutibles prendas para la política y el servicio público, no tuvo el éxito que anticipaba su biografía. En contraste, un candidato con breve trayectoria local, postulado por un partido en crisis profunda, obtuvo una votación que en términos reales, significó la derrota de la candidata de Morena. El PRI ganó con bajo porcentaje de los votos, pero es un triunfo importante para un candidato que pudo mantener la unidad de su partido en condiciones difíciles y de un gobernador cuyo ascendiente y liderazgo fue crucial para el triunfo.

En la extrapolación de los eventos, lo inesperado es lo que puede acontecer. Pero eso que puede ser en el terreno de la política electoral, no debe serlo el del ejercicio del gobierno. El “aterrizaje” debe planearse y programarse. En este proceso, tiene mucho que ver la formalidad y la rendición institucional de cuentas. Las dependencias y las entidades deben iniciar desde ahora la preparación para logar una transición ordenada y que dé continuidad al ejercicio del gobierno. La marcha normal del país requiere que la administración funcione en condiciones de normalidad, sin importar los tiempos electorales o los meses para el relevo.

Las reformas y las obras de infraestructura también requieren de continuidad. Sin duda el saldo transformador de esta presidencia dejará un país marcadamente diferente respecto al pasado. Los cambios institucionales son estructurales y en mi opinión irreversibles por sus virtudes, pero todavía requieren en muchos sentidos de persistente instrumentación y ejecución.

También importa la política real. El presidente es el líder de su partido. Próximamente habrá una asamblea nacional del PRI que por la proximidad de los tiempos electorales, tendrá como objetivo prepararse para acometer con éxito el enorme desafío electoral en puerta. Se trata de ganar la presidencia y también la representación nacional. Además, por decisiones discutibles de economía electoral, se ha dispuesto que prácticamente todo el país tenga elecciones locales concurrentes. Esto significa que el PRI debe dar una batalla muy amplia y en muchos frentes para continuar siendo un actor relevante en la política nacional.

Sin duda, el reto mayor será la selección del candidato presidencial. El PRI deberá repetir el acierto de perfilar a su candidato con la debida oportunidad, como seguramente el PAN habrá de hacerlo en los próximos dos meses. La designación del candidato priista significará el momento crucial del poder presidencial previo a la elección en la que habrá de definirse el rumbo del país para arrancar la tercera década del siglo XXI. Una elección trascendente y que con todo y los problemas propios del debate y la confrontación electoral, bien puede ser fundamental para un nuevo momento del hacer de la política nacional, un momento que fortalezca la democracia mexicana y que brinde al país la posibilidad de un futuro mejor.

Lo disruptivo de Juan Zepeda y Eva Cadena

La dinámica de la sociedad representa el desafío mayor de la política. Las instituciones y las formas políticas convencionales, enfrentan hoy día la presión de una exigencia pública mayor en todos los órdenes. La alternancia adquiere relieve, y no solo eso, actores y movimientos inéditos irrumpen el escenario con impacto y éxito. Lo inesperado se ha instalado en la política, y eso compromete las formas y métodos convencionales existentes. Congresos, organizaciones, medios, partidos, legisladores y gobernantes actúan frente a una demanda social sumamente compleja y desafiante. Por su magnitud e implicaciones, es explicable que para algunos la respuesta sea la negación de la realidad imperante, actitud que conlleva mayor descrédito y que hace acrecentar la presión social por el cambio.

Las elecciones en el Estado de México ilustran la nueva dinámica social y política. Hasta hace poco era difícil prever que cuatro candidatos competitivos disputaran el triunfo. El umbral de la victoria es de menos de 30% de los votos. Hoy día, lo más convencional es lo que más dificultad presenta para conectar con el nuevo electorado. Las opciones de alternancia no se dan en el marco del perfil partidario tradicional, a pesar de que el PAN presenta a una candidata de excelencia, sino en propuestas disruptivas: la de Morena y la de Juan Zepeda.

Sin embargo, en la recta final a la elección, Morena pierde fuerza en la medida que acredita que es más de lo mismo. La fuerza de López Obrador y de su proyecto político radica en plantarse como claramente diferente a lo existente, particularmente en el tema de la honestidad. Sus posibilidades se minan cuando del mismo debate y escrutinio público revelan prácticas que hacen que su proyecto se asemeje a lo que existe. Las alianzas abiertas o encubiertas tampoco le ayudan. La duda es si la evidencia o el debate, permeó lo suficiente como para provocar la baja en la estima pública y en la voluntad del elector.

Juan Zepeda es la revelación de estas campañas. Un candidato visto al inicio con desdén por su trayectoria y partido al que pertenece, se hace presente como sorpresa. Posiblemente con dos o tres semanas más de campaña arrebataría mucho de la inconformidad que se canaliza por Morena. Las razones de su éxito son su naturalidad y su capacidad para comunicar en los nuevos términos que la sociedad espera de sus políticos. Un error de cálculo y de confianza de Andrés Manuel minimizarle en sus posibilidades; además, Zepeda creció al momento de subirse al ring del líder más importante de la izquierda, con un debate sin complejos ni concesiones a las que muchos en la izquierda le conceden. Convocarle a declinar a favor de Delfina Gómez tiene implicaciones adversas para AMLO, especialmente por el contenido ético de las alianzas que sí se alcanzaron: la de un sector muy controvertido del magisterio, antes repudiado por López Obrador, y la del PT.

Eva Cadena es otro de los actores que se instala con fuerza en la escena política en los momentos cruciales de las campañas. Igual que Juan Zepeda se le vio con desdén a partir de la evidencia de un video recibiendo dinero. La diputada fue juzgada y sentenciada sumariamente por unos y otros; Morena fue el primero en marcar distancia, no se sabe si como control de daños o como definición de una disputa local al interior de Morena. Su dicho se intentó desacreditar por sus ex correligionarios de la forma más tradicional: que no tiene autoridad moral, que es emisaria del gobernador. Sin embargo, sus señalamientos son atendidos por los medios y por un sector importante de la sociedad, precisamente porque alude a la crisis de los partidos políticos y su vinculación con el dinero ilegal en campañas.

El tema está a la vista de todos: el financiamiento ilegal en las campañas del cual participan todos los partidos políticos. La atención pública no es por lo que ya todos saben, sino porque el problema alcanza a Morena, un movimiento político que ha pretendido establecer un estándar de ética claramente diferenciado a lo existente. Eva Cadena, por su dicho, a pesar de lo comprometedor de la evidencia en su contra, abre el debate a un tema crítico para la democracia electoral que es el financiamiento subrepticio y el doble estándar que se ha instalado en la política de parte de todos, incluyendo a Morena.

Mañana domingo se conocerá el desenlace de los comicios. Nayarit anticipa la vulnerabilidad del partido gobernante cuando la elección se vuelve bipartidista. Coahuila podría dar tránsito por primera vez a la alternancia. Allá, las posibilidades del partido gobernante están en la fragmentación del voto opositor y la mayor expectativa es el desempeño del candidato independiente desdeñado severamente por las encuestas convencionales.

Sin embargo, lo que más atrae es la elección del Estado de México. Cualquiera que sea el resultado, será muy importante en sus propios términos y también en sus efectos hacia el proceso sucesorio de 2018. No será determinante, gane o pierda el PRI, pero sí tendrá consecuencias en muchos sentidos, no solo en lo evidente, que es el impacto sobre el ganador o el perdedor. Para el caso concreto, Juan Zepeda, no requiere de mucho para acreditarse como uno de los políticos en ascenso en un partido con enormes dificultades. Del PRD ha surgido una opción que sin complejos y con acierto, puede encarar a su mayor competidor y amenaza: Morena y López Obrador. Por su parte, queda claro que las declinaciones de última hora, a las que recurrió Morena son un recurso innoble y un fraude a la ley.

También del Estado de México despiertan los fantasmas que habrán de perseguir en lo sucesivo al proyecto de Morena. Eva Cadena es portadora de un argumento sobre la vulnerabilidad del proyecto alternativo, cuando de ética se trata. El modelo lopezobradorista colapsa con el clientelismo, el financiamiento subrepticio y el nepotismo, defectos que los ciudadanos determinan nada tienen que ver con la modernidad, y sí afectan la credibilidad de una propuesta que, de siempre, ha pretendido presentarse como alternativa a lo existente. Ya se verá en las urnas si el blindaje de López Obrador es suficiente para seguir en esa ruta rumbo al 2018.

Explorando nuevos caminos

Las encuestas electorales transitan por una crisis profunda. No es el caso de una deliberada tergiversación o manipulación de los datos; más bien es un problema derivado sobre todo, de que cambiaron las condiciones de eficacia para que los estudios de intención de voto tengan una precisión estadísticamente aceptable. Es un tema difícil, pero evidente, y elección tras elección, desde 2010, las encuestas han dejado de ser, como si fueron en el inicio, un factor que contribuya a la certidumbre y confianza electorales.

También es un problema global; los casos de errores se acumulan, incluso en países de una extraordinaria y acertada tradición para este tipo de estudios, como sucedió en la Gran Bretaña en la elección general pasada. Tampoco fueron satisfactorios los resultados demoscópicos de la última elección española, que daba al PSOE por abajo del agrupamiento Podemos. En México, no se había presentado un fallo tan generalizado en las encuestas, incluyendo las de salida públicas –y por lo que se sabe– de las privadas.

La mayoría de las empresas han emprendido esfuerzos aislados, pero importantes, para mejorar la confiabilidad de los estudios, particularmente con un mayor control del trabajo de recolección de datos. Para tal efecto, algunas han abandonado la subcontratación para mejorar la etapa de entrevista. También se han empleado aplicaciones en dispositivos móviles, para asegurar el cumplimiento de la muestra, evitar fraudes y mejorar supervisión y control. Aun así, los resultados han sido insatisfactorios. El problema es más serio y más grave. Tiene que ver con la pérdida de confianza del encuestado, que hace muy difícil dar validez a la respuesta al reactivo a quién votaría.

La desconfianza tiene un doble origen: la inseguridad pública que provoca la resistencia a participar en la encuesta o para responder ciertos reactivos y, por la otra, la politización de la investigación electoral, que hace del entrevistado un sujeto preocupado por el perjuicio que puede recibir si responde con veracidad, o que el candidato o partido de su interés pueda ser también afectado por el trabajo de investigación en el estudio de intención de voto.

Una forma de tratar de inferir la auténtica posición del encuestado es introduciendo reactivos de humor social o de control, a manera de medir consistencia entre la intención del voto y un perfil particular por las respuestas en los otros reactivos. A pesar de esto, persiste el problema nada desdeñable de que cada vez más, se incrementa el número de personas que se resisten a ser encuestadas. En otras palabras, la intención de voto no declarada y la no participación, altera el pronóstico porque no se reparte de manera igual a quienes sí participan de la encuesta y declaran su preferencia. Quienes se resisten, en mayor proporción, son personas insatisfechas con el sistema. Esto explica la frecuencia de errores que en la investigación favorecen la intención de voto por el partido gobernante.

La investigación social relacionada con los estudios de intención de voto debe incursionar hacia nuevos terrenos. El reto es mayúsculo porque hay una experiencia acumulada de considerable calidad y rigor a lo largo del último siglo y particularmente de los últimos cincuenta años. La tradición cobra fuerza a pesar de la crisis. La cuestión es que la sociedad está cambiando de manera profunda. La ciencia social y sus métodos de investigación deben adaptarse a la nueva circunstancia. Por otra parte, la revolución tecnológica abre la oportunidad de explorar e incursionar en el universo digital. Es un paso muy comprometedor porque mucho de lo aprendido no aplica, por lo que deben construirse nuevas reglas, procedimientos y fórmulas de validación de resultados.

El trabajo a emprender está en ciernes. Lo disruptivo normalmente viene de fuera, esto es, casas de encuestas digitales poco familiarizadas con el rigor metodológico. Para hacer el trabajo con acierto no se requiere de coartadas, será un ejercicio prolongado de intento y error que permita encontrar el mejor método no solo por sus resultados, también por el cuidado en los procedimientos y en las técnicas empleadas.

Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) para estos efectos, ha resuelto crear y apoyar un proyecto de investigación, de nombre Leviatán, que hace uso de herramientas innovadoras bajo la premisa de un laboratorio social cuyos insumos se derivan del mundo digital. Para ello se ha seleccionado Coahuila con un objetivo muy especial: la medición las encuestas convencionales dan un porcentaje de 5 puntos. Sin embargo, llama la atención el demográfico que en nuestra encuesta respalda al candidato independiente: el grupo de personas de 40 a 60 años, lo que además supone una apropiación de una herramienta digital normalmente utilizada por públicos jóvenes. Allí el PRI puede crecer porque una parte importante de su base electoral está en la zona rural sin acceso a internet y es el partido con mayor capacidad de movilización.

El Estado de México también se ha estudiado a través de métodos mixtos con el objetivo de recopilar información más precisa. Por un lado, GCE ha elaborado una encuesta presencial convencional y otra de carácter telefónico. Aunado a lo anterior, Leviatán ha realizado una encuesta digital con el objetivo de investigar los hábitos de participación y consumo digital. Para ello, ha recolectado datos a través de dos distintos métodos. Uno de ellos, a través de una invitación presencial a participar en el estudio, y otro a través de una invitación en línea. En ambos casos hay una contraprestación a quien participa. Por la naturaleza del ejercicio, Leviatán ha decidido aún no presentar resultados ya que se decidió evaluarlo no como una encuesta tradicional sino como un proceso.

El domingo 4 de junio se conocerá quien habrá de gobernar en ambas entidades. Para nosotros, será la oportunidad validar distintas técnicas de investigación.

Cambio de coordenadas

Es común que el día a día sea una de las grandes dificultades para hacernos una idea justa de la magnitud de los cambios en curso. La cercanía a los eventos y acontecimientos, genera una suerte de miopía para entender y actuar con atingencia frente a lo que acontece. Se presenta en todos los ámbitos: en la política, en la economía, en la tecnología y en lo social. Vivimos tiempos de acelerado cambio, que desafía lo existente y obliga a un esfuerzo mayor para ser funcional y eficaz en el mundo actual. En el nivel del conocimiento, el desafío es abrumador. Diversas disciplinas enfrentan un cambio de paradigma, esto es, una crisis evidente de lo que existe y una irrupción de una forma radicalmente distinta de lo que tiende a imponerse.

Sólo como ejemplo del nuevo paradigma están los resultados de la investigación social cuantitativa y específicamente, los estudios de opinión. La crisis es mayor de lo que los propios encuestadores han querido admitir. La falta de asertividad en encuestas de intención del voto revela que cambiaron las condiciones que les daban certeza y precisión.

Es necesario reconocer en principio, que las condiciones cambiaron. El rechazo a participar en una encuesta es abrumador, y también el hoyo negro de la no respuesta de quienes sí participan. A pesar de ello, la mayoría de las casas encuestadoras continúan utilizando la misma metodología. De antemano se sabe que en junio habrá un nuevo capítulo de desencuentro entre los números de los estudios y los resultados. Quizás el caso más comprometedor se presentará en Coahuila, donde la investigación convencional presenta al candidato independiente con una intención de voto del orden de 5%, cuando los estudios alternativos realizados con un enfoque que busca adaptarse a esta nueva realidad, como el de Leviatán (el cual puede consultarse en goo.gl/HYEJSv) con levantamiento digital, refieren un posicionamiento de 20% para dicho candidato independiente. La diferencia es inexplicable bajo cualquier estándar. De darse un resultado en los términos de la investigación digital, las encuestadoras deberán replantearse cómo llevar a cabo su actividad profesional en esta nueva circunstancia.

En política es lo electoral, pero donde se manifiesta con mayor claridad lo disruptivo de nuestros tiempos es en la economía; mueren las grandes organizaciones tradicionales y surgen nuevas formas de empresa: sin activos, sin personal y con un crecimiento exponencial, especialmente en el sector de la tecnología. Vivimos en un mundo fascinante por el efecto que tiene en las libertades y en la potenciación creativa por la revolución tecnológica, pero también enfrentamos nuevos y preocupantes desafíos como son el deterioro de la privacidad, el aislamiento, la crisis de valores colectivos fundamentales y una creciente presencia de la corrupción y de la violencia en muchas expresiones.

Las élites han sido morosas para entender y actuar en el nuevo entorno. Así está sucediendo en el mundo. El surgimiento exitoso de nacionalismos autoritarios e intolerantes se debe al déficit de consenso sobre la transformación en curso. Esto sucede porque los beneficiarios y los principales actores como son los grandes organismos financieros y empresas, no se han ocupado en la tarea de explicar, dar razones y realizar una tarea eficaz que contribuya a la legitimación del nuevo orden social y económico. Asumen erróneamente que el mercado o las leyes de la economía no requieren de argumentación bajo la falsa tesis de que la sociedad debe acomodarse a la realidad. Lo políticamente disruptivo en el mundo occidental tiene como origen la pasividad de las élites para dar espacio de comprensión y legitimidad al nuevo orden de cosas, así como compensar a los perdedores del proceso transformador.

El cambio es la constante. Por ejemplo, en EU se vivió una de las experiencias más extraordinarias al llevar al poder a una expresión disruptiva, Donald Trump. Los riesgos estaban a la vista, pero los electores le hicieron candidato y presidente. Fue una cuestión de números, el voto popular en un sentido. El voto que vale, el de los delegados hizo la diferencia en un sentido diferente. El triunfo fue precario no en los números, sino en las percepciones. No hubo ni para luna de miel. A cuatro meses de haber tomado el poder, el mundo es testigo de cómo la persona que pudo lograr una hazaña política nada menor, conspira contra sí mismo y ahora su presidencia está en riesgo. La reflexión obligada no es sobre los atributos o defectos del personaje, sino de la manera como la sociedad y el sistema político le llevó al poder.

No hay infalibilidad en ninguno de las actividades humanas. No es cierto que el pueblo no se equivoca. El disenso lleva a caminos inciertos; el ambiente de indignación y rechazo al orden de cosas puede conducir al precipicio. La democracia no está exenta de errores, menos en estos tiempos, pero también hay aciertos. Lo es, sin duda, el desenlace en Francia, donde el populismo nacionalista fue objeto de un abrumador rechazo. Deja como lección a ponderar los efectos moderadores de los sistemas de elección con segunda vuelta. Aunque, claro, no hay garantía de un desenlace virtuoso.

México se ve como comunidad en un momento de enormes oportunidades, retos y amenazas. La necesidad de mejorar la calidad de la política es urgente y a todos convoca, sobre todo a los ciudadanos. El debate y el escrutinio al poder en cualquiera de sus manifestaciones, son muy deficientes. Por allí puede empezarse antes que se pierda la oportunidad de una gran y virtuosa transformación. Entender el cambio de coordenadas es la premisa para que esto ocurra bien, y pronto.

El Ejército y la seguridad

La presencia del ejército en acciones de seguridad pública ha sido la respuesta institucional a la insuficiencia de las policías bajo mando civil. El de la inseguridad es un problema añejo, que se ha agravado frente a la incapacidad del sistema para hacer frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, especialmente la relacionada con el tráfico de drogas. Los eventos recientes en Puebla, en la que perecieron soldados y delincuentes, así como la revelación en video de la ejecución de uno de los presuntos transgresores de la ley a manos de un militar, abre espacio a la polémica sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas que debieran realizar las policías.

Es lamentable generalizar el juicio al ejército por un incidente que resulta a la vez lamentable e injustificable. Pero tampoco puede eludirse el riesgo implícito cuando personal adiestrado para realizar tareas asociadas a la milicia se le utiliza para tareas de carácter policíaco. De inicio debe quedar claro que el problema no es del Ejército o de la Marina, sino del sistema en su incapacidad para contar con policías confiables, profesionales y suficientes para hacer las tareas de vigilancia, prevención y persecución de los delitos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, desde el principio, ha dejado en claro que se realizarán las investigaciones del caso y que el responsable enfrentará a la justicia por el incumplimiento del protocolo y los procedimientos de actuación. Lo realizado por el soldado fue por su cuenta, no atiende a una instrucción superior o a un patrón de conducta promovido o tolerado. Sin embargo, evidentemente que sí es un caso para entender un poco el entorno de los eventos y la presión a la que están sujetos los soldados en el momento de ese tipo de operaciones en las que ellos mismos o sus compañeros pueden resultar heridos o muertos.

Para el caso concreto de Puebla, el hecho es una evolución de criminalidad organizada que revela la debilidad del Estado para prever, actuar y sancionar a delincuentes que en el caso que ocupa, han hecho del robo de combustible un negocio de proporciones mayores. Es un género de criminalidad que fue creciendo en los últimos 15 años y que se debe al incentivo de grandes utilidades y bajos riesgos en toda la cadena criminal asociada: extracción de combustible, su transporte, comercialización y lavado de los cuantiosos recursos financieros generados en esta actividad.

Eventos como éste, donde hay muertos de lado de quienes han sido enviados a contener a la delincuencia y de los delincuentes, resultan de gran impacto social y no deben quedarse en la recriminación ni en el escarnio. Deben servir para elevar la voz para resolver temas de urgente atención: por una parte, la necesidad de que el Congreso defina un marco legal que ofrezca claridad sobre las responsabilidades y obligaciones de personal militar desplegado en acciones de seguridad y, por la otra, emprender de una vez por todas el nuevo modelo policial que haga que el Ejército intervenga en materia de seguridad pública solo temporal y excepcionalmente.

El otro aspecto sobre el que es preciso actuar es el relativo a la estrategia global para combatir el tráfico ilegal de drogas. El mundo se ha ido transformando. No es solo un tema de mayor tolerancia y permisividad sobre el consumo y tráfico de drogas, también son los magros resultados de la perspectiva dominante ya por casi medio siglo y que además ha generado efectos colaterales perniciosos en extremo como es la violencia y la criminalidad asociada. México ha sido uno de los países más afectados por el esquema vigente de combate a las drogas. Tiene toda la fuerza moral y más que eso, las razones para demandar un cambio en la perspectiva dominante. La despenalización del consumo y una fórmula responsable y confiable de comercio legalizado de producción y comercio de drogas debe estar en el centro de la discusión. Finalmente, el tema es esencialmente de salud pública, si hay inteligencia y visión, hacia allá podría remitirse el tema.

Contar con policías confiables es un proceso de muy largo aliento. A finales de siglo se creó el sistema nacional de seguridad pública y las bases para la indispensable coordinación entre los órdenes de gobierno. Estaríamos en otras condiciones si de ese entonces a la fecha hubiera habido continuidad, asignación creciente de recursos y un esquema confiable de registro de criminales y certificación de personal vinculado a la seguridad pública.

La conformación de una policía nacional ha sido un objetivo que también ha quedado corto. Nuevamente, los recursos financieros han sido insuficientes y por lo mismo, acciones muy encomiables y prometedoras como la Gendarmería Nacional, no permiten dar respuesta a la altura de las circunstancias y, especialmente, que permitan reducir y, de ser posible, prescindir de la asistencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Aun así, la solución no está en el despliegue de fuerzas federales civiles o militares, la solución apunta más a las policías estatales y municipales, así como la llamada policía de acercamiento. Allí es donde tienen que aplicarse los recursos institucionales en mayor proporción. La cuestión es cómo asegurar que lo aprobado por el Congreso realmente llegue a su destino. Como tal el Sistema Nacional de Seguridad debe ampliar su capacidad precisamente a construir una fórmula concertada que permita definir necesidades urgentes y también mecanismos que supervisen la correcta aplicación de recursos.

Los hechos lamentables de Puebla deben servir para renovar la voluntad institucional y social para fortalecer la capacidad de enfrentar al crimen organizado. La acción de justicia penal debe ser firme para sancionar con rigor no sólo cualquier exceso en la persecución del delito, sino también para actuar contra toda la cadena delictiva relacionada con el robo de combustible.

“Apoyo al presidente Peña con consenso”

Revisten sin duda una gran trascendencia para el Federalismo mexicano las expresiones que hiciera en días pasados el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera. “Esté seguro que en todo lo que construyamos en consenso con su gobierno, encontrará el apoyo incondicional”, dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México al presidente de la República, en el marco de la reunión en la que los mandatarios locales se reunieron para analizar, entre otros temas, el de la seguridad púbica.

En su momento el Presidente Peña Nieto señaló que los índices delictivos han repuntado en algunos estados a niveles semejantes a los de años pasados. Como tal, el deterioro de la seguridad es un proceso que a todos preocupa e involucra. Los gobernadores, todos, tienen el desafío de atender el compromiso con la legalidad y la tranquilidad pública. Las condiciones de algunas entidades lo vuelven considerablemente más complejo. El poder del crimen frente al del Estado se torna en algunas circunstancias crítico para las instituciones y para la convivencia civilizada. Por eso es preciso que quienes encabezan los gobiernos locales ratifiquen el compromiso para trabajar conjuntamente con las instancias federales para combatir un problema fundamental y que requiere del compromiso y la coordinación de todas las instancias de gobierno.

En medio de la contienda electoral 2017 y de los prolegómenos de la elección general de 2018, las palabras del Jefe del Gobierno de la Ciudad son además una muestra de madurez política, la que sería deseable fuera el signo distintivo de los líderes políticos de todas las fuerzas políticas y especialmente de quienes desde la oposición pretenden llegar a la presidencia. El mismo Miguel Ángel Mancera es un fuerte aspirante a la candidatura presidencial, aunque a la vez de que uno de sus mayores logros políticos, la Constitución para la Ciudad de México, está bajo controversia constitucional. Sin duda es una muestra de seriedad política que le hace diferenciarse del resto; no apuesta por el aplauso fácil, sino por la adhesión razonada y por la defensa de causas sustantivas, aunque eso pueda generarle críticas o reservas de parte de sus afines.

Acierta Mancera esta vez, como en otras ocasiones, porque el tema de la seguridad no admite reservas o regateo. Él mismo fue un buen procurador de justicia en la Ciudad de México y sabe, por experiencia, la importancia de construir un frente común frente al delito y la violencia. Los gobernadores, deben empeñarse de manera más decidida en la lucha contra el crimen, hacer valer su autoridad y asignar los recursos para cumplir con la responsabilidad primaria de toda autoridad que es la de proteger y defender a las personas y sus familias.

Los acontecimientos violentos en Puebla, donde perecieron cuatro soldados y tres delincuentes, son un ejemplo de la gravedad de la situación. Allí se revela, como en otros lugares, una forma de complicidad social entre criminales en extremo violentos y peligrosos, con la comunidad en la que operan. Hay razones económicas y especialmente sociales. Es una connivencia que tiene como origen el deterioro de otras instituciones sociales fundamentales que operaban como mecanismos de cohesión social. También tiene mucho que ver la debilidad o ausencia de autoridad. Revertir la situación no solo es cuestión de hacer valer la ley y abatir la impunidad, también se requiere recuperar el llamado tejido social a efecto de que la fortaleza frente al crimen tenga como punto de partida la comunidad y las familias.

Particular atención debe ponerse en los jóvenes y menores, quienes son utilizados por la delincuencia como tropa a sacrificar en el frente de batalla. También es inhumano en extremo que los criminales utilicen a la población civil, especialmente, a mujeres y menores como escudo humano. Los militares actuaron con prudencia y eso les significó bajas que adquieren un significado heroico.

Por lo que respecta al crimen organizado vinculado al narcotráfico es necesario no ceder frente a la amenaza que representan. Es una lucha no solo de las autoridades, también de la sociedad y de los medios de comunicación. En forma alguna puede haber complacencia porque lo que está de por medio a todos pertenece. Esto empieza por el repudio a la denuncia y también por la exigencia a todas las instancias e instituciones de definir posición frente a uno de los enemigos más perniciosos y perversos que es el crimen organizado.

Ha llegado el momento de revisar a profundidad la estrategia contra el tráfico de estupefacientes. Los resultados han sido devastadores. México ha pagado un precio muy elevado por suscribir una visión y una actuación que en los resultados ha sido infructuosa. El problema se agrava y se extiende a otras actividades criminales. La despenalización del consumo todavía requiere de un mayor avance, así como valorar la manera de comercializar y abastecer el consumo de drogas sin las expresiones criminales que actualmente se presentan. Hay una corriente mundial y diversas iniciativas al respecto. No son ocurrencias ni posturas extremas. En México y en el mundo hay personalidades de prestigio y solvencia ética y profesional que proponen un cambio a fondo sobre el tema.

Como en muchos otros temas, la clase política no ha actuado con prontitud y lo que prevalece es un precario interés para dar una respuesta institucional a la situación. El Congreso cierra su periodo de sesiones y una vez más, se posponen decisiones fundamentales para dar certeza jurídica y claridad en uno de los temas de mayor importancia, que es normar la intervención de las fuerzas armadas y definir el modelo policial funcional que responda al desafío que implica combatir a la delincuencia con toda la fuerza del Estado.

Al menos, para el caso concreto, es alentador que los mandatarios locales muestren voluntad y compromiso para enfrentar el problema de la inseguridad. Que esta voluntad la exprese un funcionario de una identidad política diferente a la del Presidente, es un hecho que merece reconocimiento y es deseable que sirva de ejemplo para que de una vez quede en claro que más allá de las diferencias y de los intereses políticos o de cualquier índole, hay asuntos de interés común donde el consenso y acuerdo son indispensables. El más apremiante es el combate a la inseguridad y la violencia. Vamos tarde, pero es un buen comienzo.

El TLC y los presidentes

La relación bilateral México EU ha cambiado con Donald Trump en la presidencia. Para el país y los mexicanos el desafío no ha sido menor. Un político populista que hizo de la arenga antimexicana argumento para ganar el voto de la mayoría blanca y de todos aquellos con un sentimiento de agravio por el cambio en curso. Trump pudo conectar como candidato; sin embargo, la situación se ha vuelto mucho más compleja y en varios sentido adversa ya como presidente.

Las reacciones de los mexicanos y de buena parte de la opinión pública ante el embate del político empresario ha sido emocional; no es para menos, lo dicho en campaña para ganar la candidatura y después la presidencia ha sido un insulto. Empero, los gobiernos deben manejarse en otro plano. Escalar la confrontación serviría para complacer al auditorio, pero llevaría al país a una situación de alto riesgo en lo económico y social. La prudencia y la firmeza es la combinación obligada, aunque esto difícilmente pueda ser entendido y comprendido. Finalmente, lo que valen son los resultados y el balance hasta hoy da razón a la manera como el presidente Enrique Peña ha manejado el tema, el más complejo que haya enfrentado presidente alguno.

La fortaleza del país es estructural. Se puede actuar sin complejos con la certeza de si la razón se impone, la redefinición de la relación bilateral no debe afectar a México. El problema está en que hay un escenario incierto y el nuevo presidente no actúa de manera convencional. Las dificultades que enfrenta su presidencia y las repetidas derrotas ante el Congreso pueden provocar una respuesta inesperada que afecte a los intereses de México. Ya al inicio intentó a través de una acción ejecutiva modificar las reglas en materia de migrantes, lo que mereció no solo un rechazo internacional, sino una acción judicial que anuló la decisión presidencial. También el agresivo ataque a Afganistán se enmarca en esta estrategia de recuperar terreno en acciones de impacto mediático y de consenso nacional.

Se cumplen 100 días del inicio de su mandato. Desde el presidente Franklin D. Roosevelt se ha vuelto tradición medir el desempeño presidencial en ese corto periodo. El balance no le es favorable fundamentalmente porque no ha podido lograr lo más relevante de su agenda. y esta circunstancia es la que debe mantener en alerta a México. Su determinación de acabar con el programa de salud de su antecesor fue una severa derrota infligida en el Congreso por su propio partido. Igualmente sucede con su iniciativa fiscal. El muro no prosperó. La sospecha de conflicto de interés de él y los suyos, así como la de influencia ilegal de Rusia en las elecciones ha comprometido la calidad moral del mandatario.

En la adversidad el presidente argumenta que como ninguno de sus antecesores se ha comprometido en la tarea de defender a los trabajadores norteamericanos. Su visión del tema es superficial, arropada en un nacionalismo y un desconocimiento de las razones que mueven al mercado laboral. La presión que ha impuesto a las empresas para que no trasladen producción a México ha sido más aparente que real, además de que obliga a ofrecer incentivos selectivos y en muchos casos insuficientes.

En este contexto es de esperar que el presidente haga del TLCAN el objetivo. El rumor en medios serios sobre una inminente acción ejecutiva para que EU abandonara el acuerdo comercial tenía fundamento. Un cambio radical en la materia, aunque podría dañar severamente a muchas empresas norteamericanas y afectar a los consumidores y trabajadores norteamericanos sería muy negativo para México. La actitud de alarma del presidente y del canciller fue justificada. La llamada del presidente Peña a su contraparte fue crucial para revertir la decisión. Así lo ha reconocido el presidente norteamericano, a su manera y en sus términos.

Lo logrado no es menor, aunque bien es cierto que el acuerdo comercial pasará a una etapa de negociación. Si la razón impera, su transformación será en beneficio de las tres naciones, como lo ha sido desde su origen. México tiene excelentes negociadores y una experiencia exitosa en este aspecto. El sector laboral y empresarial tienen confianza y ven en la representación mexicana un vehículo eficaz para hacer valer su voz e intereses. Situación que no sucede en EU, donde la diversidad productiva, el pluralismo y el peso del Congreso hace sumamente complejo el proceso de articulación de intereses con los representantes gubernamentales, a grado tal que hasta la fecha no ha habido aprobación del funcionario responsable en materia comercial.

La negociación del TLCAN es un logro de la diplomacia mexicana. Muestra y prueba la capacidad del país y de sus autoridades de incidir positiva y proactivamente en determinaciones críticas de la relación bilateral. El reconocimiento se da a partir de los resultados, justamente lo contario de lo que sucede con el presidente Trump a los 100 días de su mandato. En este sentido ganar tiempo ha resultado un acierto.

Los problemas y las presiones de carácter antisistémico y populista no solo están en EU, también aquí y esto se acentúa por el momento electoral, como sucedió en el país vecino. En el contexto actual la democracia abre la puerta a este tipo de posturas. La sociedad se ha transformado y no ha creado sus autodefensas para evitar o contener la demagogia rupturista. El desgaste del sistema propicia la convicción de que todo está mal y que la solución está en llevar al poder a un proyecto que se aleje de todo lo existente, aunque de por medio esté mucho de lo positivo que existe y que es la base para la vigencia de las libertades y de la democracia.

México y EU someten a prueba su institucionalidad democrática. Una llamada del presidente Peña con su contraparte revela que México sí puede hacer valer la razón y su interés.

Vivir al límite

No importa si la velocidad del auto al momento del impacto, fue 220 Km/h o 180, en el accidente registrado en la avenida más emblemática del país. Tampoco es relevante si el conductor estaba intoxicado al momento del siniestro. Lo cierto es que es impensable el hecho. La imagen del evento trágico y fatal para 4 personas sacudió al país. Es un tema que hace pensar mucho más allá del hecho, de la acción preventiva de las autoridades o de la responsabilidad directa o indirecta de quienes pudieron haber evitado la tragedia. Tengo la impresión de que el acontecimiento es indicativo de que estamos viviendo al límite, y que hemos perdido sentido y proporción de las cosas.

Algo semejante acontece en la información que se recibe de la venalidad de algunos funcionarios. Las cantidades escapan a lo imaginable. No es que en el pasado no hubiera corrupción, sino que de lo que ahora somos testigos no guarda precedente. La imagen del cuarto con una montaña de dólares en la casa de Las Lomas cuando fue detenido Zhenli Ye Gon generó un impacto arrollador para millones y millones de personas que apenas sobreviven en el apremio de solventar sus necesidades básicas. La información de desvíos, daños patrimoniales o malas inversiones es abrumadora por su recurrencia y magnitud.

La sociedad del espectáculo, parafraseando a Mario Vargas Llosa, hace que la reflexión sobre los eventos quede suprimida por el peso de la imagen, por la narrativa del escándalo, por el espectáculo trágico que lo mismo horroriza que fascina. Produce rechazo y a la vez seduce. Se trivializa y crea un ánimo lo mismo de repudio, de rencor y de mal sana curiosidad. Precedentes que se acumulan en el imaginario y que van cambiando el estándar de lo aceptable y de lo permisible. La realidad supera a lo imaginable.

Vivir al límite tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Lo privado remite a la crisis de la familia y la escuela, así como la dificultad de que los valores tradicionales puedan ser referente del mundo real. La violencia, la inseguridad, el aislamiento resultado de la comunicación digital y la ficción de comunidad que también produce la comunicación digital, dan lugar a una forma distinta de convivencia. Más libre, pero más individualista. Más generosa, pero más hedonista. Más abierta al cambio, pero menos participativa. Más tolerante, pero más permisiva y menos rigurosa con la verdad.

En lo público tiene dos dimensiones: la exigencia de la sociedad a un gobierno cada vez más condicionado para dar respuesta a esa expectativa y, por la otra, los efectos que tienen sobre el conjunto de la política cuando quienes la representan incumplen con el nuevo estándar que la sociedad impone. El rechazo es por lo que se hace y por lo que no se hace. Al gobierno se le reprocha, por ejemplo, cuando se evade de la justicia el ex gobernador Javier Duarte, y por igual cuando participa con las autoridades de Guatemala para lograr su detención. La maledicencia hace que se pierda el horizonte del hecho fundamental: la detención da espacio a la justicia; es un avance respecto a la impunidad.

El problema de la desconfianza social es que no afecta a un personaje, partido o gobierno. El daño es generalizado al conjunto del sistema de representación política. Nada ni nadie se escapa. En general, las instituciones públicas y privadas fundamentales en la socialización de valores están en crisis profunda. Quiero creer que es una crisis de adaptación al nuevo paradigma social, pero el proceso resulta traumático porque se pierde sentido de lo relevante y de lo que hay que cuidar y preservar. En el agravio real o imaginario se opta por menospreciar mucho de lo positivo que tenemos como régimen político o como sociedad. Quizá poco reparamos en ello, pero vivir al límite tiene una elevada cuota de autodestrucción, a semejanza del conductor del vehículo al que le dio por desafiar las reglas elementales de la supervivencia.

En la política esto también tiene sus efectos. Los partidos históricos quedan muy expuestos, mucho más el partido gobernante. La furia por lo que ocurre se desata hacia los símbolos de poder y con frecuencia cobran aliento y una gran simpatía las propuestas antisistémicas. La política se vuelve más emocional de lo que ha sido siempre. Esto no tiene que ver con cultura, educación o nivel social, el sentimiento de agravio es el que da fuerza al populismo, el que se asume como un movimiento de venganza pública frente al enemigo real o imaginario.

Vivir al límite en su expresión política, excluye al debate y la auténtica rendición de cuentas. El de enfrente es juzgado y sentenciado de manera sumaria. El de casa, gana impunidad y no requiere rendir cuentas ni ser objeto de escrutinio, ya que eso descalificaría el ánimo de venganza pública que mueve y motiva al proyecto antisistémico. No hay debate porque quien se asume por encima de todos no requiere validar públicamente sus razones, ya que el blindaje que acompaña a la superioridad moral no requiere de argumentos.

Es preciso y adquiere la mayor prioridad, romper con la inercia de vivir al límite. Aunque ésta es poderosa porque tiene un origen estructural e histórico, es un ciclo que hay que interrumpir por el bien de todos. Son tres las tareas que deben hacerse. Primero, hay que obligar que el debate cobre realidad, el auténtico debate, no las descalificaciones y los monólogos. Que todos los actores de relevancia participen de este ejercicio público de confrontación de ideas y acuerdos.

Segundo, la rendición de cuentas debe estar presente. No solo la institucional, también la que debe ofrecerse a la sociedad. Los medios tenemos una tarea importante en ello y por lo mismo se deben abrir tanto a quien demanda o exige información, como presionar a quien debe ofrecerla, que incluye no solo a gobiernos o políticos, también a empresas y organizaciones. Y, tercero, el escrutinio público. También una tarea a cargo de instituciones, pero también y quizás más relevante, una responsabilidad hasta ahora desatendida por la sociedad.

Viejos y nuevos términos de la legalidad

La sociedad se ha transformado. A la par de los retos de siempre, se van sumando los de nuevo origen. El imperio de la ley es un desafío mayor. La norma también, y su aplicación se ha transformado en la medida en que los estados nacionales se ven obligados a asumir un Código de legalidad global que a todos aplica y somete. Los mismos gobiernos deben cumplir con normas que no se derivan del quehacer de los órganos legislativos propios. Por cierto, el país con más resistencia a asumir estos nuevos términos de la legalidad es Estados Unidos, y lo hace por razones que tienen que ver con una vieja tradición que ve con reserva al exterior. El mundo global se impone, pero los jugadores asumen actitudes diferenciadas.

El periódico The Guardian informó hace unos días que China y Rusia pudieron interferir en el voto del Brexit mediante un ataque cibernético al sitio de registro de votantes, lo que pudo afectar que miles de electores no estuvieran habilitados para ejercer su voto. También se ha investigado el alegato sobre una eventual intervención de Rusia en las elecciones en Francia e incluso en las presidenciales recientes de Estados Unidos. Las acusaciones son serias y las investigaciones están en curso.

Los hechos son suficientes para entender los nuevos términos de la legalidad y de las acciones preventivas y de sanción que deben preverse. En la política, el escándalo es evidente por sus implicaciones e impacto noticioso. La nueva tecnología entraña un nuevo universo de responsabilidades y derechos de los que apenas estamos entendiendo y definiendo, como es el respeto a la privacidad, los delitos cibernéticos y los esquemas de seguridad e información comercial basados en lo que se llama big data, que es una forma de proveer y obtener información, casi siempre involuntaria por quienes interactuamos en el mundo digital.

México se encuentra en medio de esta nueva realidad justo cuando aumenta la exigencia pública para abatir la impunidad en todas sus expresiones. La política ha sufrido un golpe severo en su imagen precisamente por la impresión de que la corrupción se ha generalizado y las autoridades se muestran omisas ó impotentes para encarar la situación. La sospecha, fruto de la desconfianza, se ha generalizado; va a todo y todos, incluso a las empresas y a los particulares. La situación genera exceso de juicio y propicia el prejuicio de que todo está corrompido.

La legalidad tiene su curso, reglas, procedimientos y principios. No hay atajos. Ni el voluntarismo ni la politización de la justicia son procedimientos eficaces para hacer valer la ley. Quizá, con expedientes populistas y sin sustento legal, se pueda complacer por un momento la exigencia pública de justicia, pero a la larga llevará al desencanto y a la realidad de que solo puede haber justicia sometiendo su actuar a lo que la norma establece. Es cierto que estos procesos son largos, difíciles y de resultados inciertos, pero es la única forma de abatir la impunidad.

Los mandatarios locales son los que están en el centro del huracán por la indignación que genera la corrupción. Pero ahora, la sospecha se ha ampliado a las autoridades que tienen que ver con la asignación de obra y contratos con particulares. Los entes de regulación en el mundo han puesto acento a la manera como las empresas no solo participan, sino propician la corrupción y para ello han establecido un código global contra acciones corruptas de personas físicas o morales. Las empresas públicas deben ofrecer información detallada sobre sus inversiones en otros países, las infracciones pueden ser muy severas y también el costo a su credibilidad. También existen procedimientos para dar una suerte de amnistía o trato benevolente a quien es investigado y participa entregando información de sus actividades delictivas.

En la lucha contra la corrupción los países no están solos, lamentablemente no siempre se tiene el cuidado para proteger a terceros o la reputación de inocentes. Los casos emblemáticos de escándalos de corrupción suelen ser grandes olas que todo arrollan y que propician juicios generalizados.

La justicia penal mexicana investiga casos que se han iniciado en otros países. Ya es común que investigaciones penales en EU tengan repercusión en México y casos de funcionarios o particulares que han sido sometidos a proceso y que han aportado elementos que conducen a la comisión de delitos patrimoniales o de corrupción en México y que al trasladar capitales o realizar operaciones financieras o patrimoniales en EU, queda expuesto el origen de sus patrimonios y de sus actividades ilícitas. Lamentablemente los recursos de origen ilícito con frecuencia se quedan en el país a donde se envió el dinero en detrimento de la nación afectada. Los casos son recurrentes y es hora de que las autoridades mexicanas puedan definir con sus contrapartes esquemas para resarcir el daño, especialmente cuando su origen viene de las arcas públicas.

El combate contra la corrupción también tiene que ver con el blanqueo de dinero por actividades vinculadas al narcotráfico. Son acciones diferentes y la preocupación que deben tener quienes participan de un enriquecimiento ilegal que tiene como origen los recursos públicos, es que sea vinculado o asociado al del narcotráfico o actividades conexas como son la trata o de migrantes indocumentados. Las autoridades norteamericanas han desarrollado la habilidad para presionar a los corruptos y así obtener de ellos confesión detallada de sus actividades y eventualmente acuerdos para que los dineros se queden en el país que investiga. Los fiscales son premiados y reconocidos por la incautación que se haga de estos recursos.

La lucha por la legalidad requiere de las autoridades el mayor compromiso para no quedar expuestas ni ellas ni el país por casos de corrupción o de delincuencia organizada que son investigados desde otros países. El reto es enorme y las instituciones mexicanas se han ido transformando para corresponder con eficacia a este desafío.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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