Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

De la incertidumbre a la esperanza

En las actuales circunstancias, la incertidumbre es la principal amenaza de nuestras sociedades. Lo inesperado o desconocido puede volverse miedo y éste, parálisis. Por eso es importante procesar correctamente los variados elementos que conducen a lo incierto, para tener respuestas apropiadas que nos alejen de lo indeseable y de lo adverso y nos conduzcan a la oportunidad. Son muchos los elementos que nos trasladan a la falta de certeza que hace anidar las reacciones más humanas frente a lo que vemos como un peligro. El propio proceso de cambio de la sociedad actual lo implica. Somos testigos de una revolución tecnológica que impacta nuestra vida cotidiana. Lo disruptivo es lo que domina estos tiempos y se hace presente en la economía, la política y en la comunicación.

El problema de un cambio como el que se está generando ante nuestros ojos, vertiginoso y arrollador, es que puede echar por tierra mucho de lo bueno y positivo que hemos construido. Hay valores que deben prevalecer. También la innovación plantea retos y problemas que deben encararse como es la afectación de las libertades y el derecho a la privacidad. La tecnología no es neutral, depende mucho del uso que se le dé y quien la controle, las personas no pueden ser reducidas a un algoritmo, tampoco la reflexión y el diálogo a 140 caracteres. El reto es de adaptación, no de desplazamiento.

Otro de los factores de riesgo en nuestro tiempo es que lo disruptivo se encadena; no necesariamente de manera virtuosa. La globalización en sus expresiones financieras, comerciales y migratorias ha generado sus anticuerpos y resistencias. En las naciones más avanzadas, los que se sienten perdedores del proceso recurren al nacionalismo conservador y empoderan a expresiones políticas intolerantes, demagógicas y xenófobas. La cuestión es que es imposible dar marcha atrás al proceso de transformación. Intentar hacerlo desde una posición de fuerza o poder, además de ilusorio, tiene consecuencias muy negativas para la coexistencia e incluso para la paz. No es exageración. Eso no es incertidumbre y sí debe ser materia de preocupación.

Para mitigar la incertidumbre hay que desarticular la demagogia electoral que viene del país vecino, común en los demócratas y republicanos. Mucho de lo que se ofreció al electorado no puede ejecutarse tal cual fue expresado. Se puede hacer un muro, pero no impedir el tráfico –legal y no legal- de personas, mercancías y dineros. Tampoco se pueden regresar millones de indocumentados, porque la economía norteamericana los necesita ya que son factor para la propia competitividad de aquel país. Gravar importaciones no solo es dar vuelta atrás, significa afectar a los consumidores y castigar a las propias empresas norteamericanas que en su propósito de sobrevivir en un mundo global y competido, se instalaron en México. Tampoco se pueden gravar remesas sin alterar los principios básicos del mercado. Algunos estados ya lo hacen y es lo propio si a cambio se ofrece educación, servicios, seguridad y salud, no el muro que ofertó Trump.

Las dificultades y riesgos mayores están en casa. Hay un deterioro en muchos de los ámbitos de la vida pública, no solo de la política. No es nada más un problema de confianza y credibilidad, esto es, de percepción; tiene que ver con lo que directa o indirectamente viven, disfrutan y padecen las personas y las familias. La inseguridad persiste como problema y no habrá solución hasta que no se entienda que ésta se construye desde la base, fortaleciendo a los municipios y a los Estados. El retroceso que ahora se presenta, en parte se explica por la restricción financiera y por la mala aplicación de los recursos de las autoridades locales y municipales. El problema es serio porque en no pocos casos el sistema de seguridad pública no solo no funciona, sino que está sometido, por intimidación o venalidad, al crimen organizado. Disponer de fuerzas federales es un expediente inevitable, pero es temporal y sirve para la emergencia, no para la solución de fondo.

La esperanza se construye, no es resultado fortuito. El Congreso debe atender, de una vez por todas, la edificación de un nuevo modelo policial. De poco servirá si no se prevén los cuantiosos recursos que se demandan y los instrumentos para su adecuada aplicación. Como todo cambio institucional, llevará tiempo, pero es urgente iniciar camino bajo premisas diferentes a las existentes desde que se le declaró la guerra al crimen organizado.

La economía es la base del bienestar para las personas y las familias. Las reformas estructurales aportaron bases indispensables para mejorar el desempeño económico del país. Se debe persistir en su implementación, pero también hacer ajustes y correcciones donde se requiera. México tiene muchas condiciones para ser un país próspero: recursos naturales, ubicación geográfica, robusto mercado interno, fuerza laboral joven y capaz. Se requiere ahora de un gobierno funcional, eficaz y, especialmente, que combata la impunidad y que en su actuar, no solo en su predicar, sirva de ejemplo.

En la necesidad de abrir paso a la esperanza, la reforma del gobierno es la tarea más al alcance y la más trascendente. Lo primero que se requiere es que haya conciencia del problema y que esto no se asuma como la interesada crítica al gobernante, sino como una exigencia para mejorar lo que es un bien público. Como tal, es necesario recuperar ese sentido de servicio público de la política, entender la necesidad de un piso básico de responsabilidad en la que la ética y la eficacia van de la mano para que el ciudadano se reconozca en las acciones de las autoridades por atender éstas al interés general o al bien común.

La política es lo que es: el espacio para la disputa por el poder. Las reglas de la democracia le da civilidad, pero es insuficiente, también se requiere sentido de los límites y una idea de propósito por parte de los actores. El poder como objetivo, como fin en sí mismo y no como medio, envilece no sólo el éxito alcanzado, sino lo mejor de lo que puede ofrecer la política a la sociedad.

La Navidad es tiempo propicio para la reflexión y para abrir lugar a los mejores anhelos y sentimientos personales y colectivos. En ésta, como siempre, hago votos por la felicidad de todos los que, en su generosidad, se toman el tiempo para leer estos paralajes sabatinos.

La persistente inseguridad

Lamentable, dolorosamente, la inseguridad es más que la imagen de una joven senadora golpeada por un grupo de maleantes en un incidente carretero que pudo ser mucho más grave. Bien que la sociedad se indigne por el evento, pero el problema va mucho más allá. El intercambio de secuestrados en días pasados, también es muestra de la situación en la que complicidad social se entrevera con la incapacidad de las autoridades locales en hacer valer la ley. La situación es delicada y no debe minimizarse.

El balance es obligado. No es para condenar con frivolidad, tampoco para volverlo argumento en la disputa anticipada por la candidatura presidencial. La situación llama a una reflexión serena que nos diga dónde estamos, qué ha funcionado bien y qué es lo que tendrá que hacerse para mejorar. La desesperación o el arrebato poco ayudan. Mucho mejor resulta en estos días pensar con seriedad y abordar la solución que seguramente contendrá muchas acciones, en muchos frentes, por muchos actores.

Todos somos responsables de la seguridad, pero no todos lo somos en igual medida. Primero que nadie están las autoridades. La persistencia de los delitos del fuero común y en algunos lugares su agravamiento, hace entender que las instancias locales son las que más deben hacer. Las policías; la procuración de justicia o investigación de los delitos y asignación de presuntas responsabilidades; el sistema de justicia y el régimen carcelario son una cadena que debe revisarse en sus propios términos y en su relación con el delito.

En este espacio desde hace tiempo hemos insistido en la tesis de que el centralismo ha perjudicado seriamente al cuerpo nacional, que la calidad del gobierno y de los servicios básicos, uno de ellos el de la seguridad, depende de autoridades locales eficaces y con los elementos a su alcance para cumplir sus responsabilidades. El país ha destinado mucho dinero a la seguridad, los estados quizás como nunca han tenido oportunidad de invertirlo para tales objetivos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa por mucho lo destinado. Además se requiere modernizar y mejorar la administración para que los recursos sean adecuadamente aplicados.

La solución debe construirse a partir de la base. La policía de acercamiento es fundamental para mejorar la situación. No solo se requiere adiestramiento y equipamiento, sino dignificar al policía con mejores sueldos y prestaciones. La comunidad debe participar para que la policía cuente con respaldo social. Es mucho lo que debe hacerse de forma tal que el orgullo de la profesión de policía se origine en el mismo reconocimiento social al policía y su familia. La sociedad se ha acostumbrado a demandar y exigir de sus fuerzas de seguridad, pero se ha alejado de otras actitudes básicas como es el reconocimiento y la gratitud hacia quienes hacen una labor de alto riesgo que es fundamental para el bienestar de las familias.

El debate nacional debe poner en el centro de la mesa los recursos financieros que se requieren para mejorar la calidad de las policías municipales y estatales. Exponer con claridad de qué tamaño es el esfuerzo que debe emprenderse, los mecanismos de evaluación permanente y el tiempo que habrá de llevar para lograrlo. La tecnología nos ofrece herramientas fundamentales para mejorar la vigilancia y la supervisión. También para contar con mecanismos permanentes que ofrezcan claridad y certeza de lo que se está haciendo, de la correcta aplicación de recursos y el logro de metas y objetivos. Con ello quiero destacar que hay dos elementos centrales en la solución: recursos económicos y tecnología.

No está por demás insistir que es la impunidad lo que propicia los altos niveles de criminalidad. La ausencia o deficiencia de sanción, es un poderoso y perverso incentivo que propicia la delincuencia. También tiene mucho que ver el entorno. Quizás sea una postura muy conservadora y para algunos elusiva, pero la crisis de valores y de las instituciones fundamentales como la familia y la escuela, acompañado del hedonismo, el consumismo y la promoción social de antivalores crea individuos propensos a desentenderse de sus responsabilidades y a la pérdida del sentido de los límites.

La lucha contra la delincuencia debe tener la más alta prioridad, y por ello la idea de pacto social debe centrarse en abatir la impunidad en todas sus expresiones, no solo la que tiene que ver con el ámbito delictivo o penal. Este es un cambio profundo y trascendente que cobra expresión en la vida cotidiana de las personas. Abatir la impunidad es anteponer una conducta cívica como base para una mejor convivencia. Esto empieza en el hogar y se extiende a la escuela; debe manifestarse igualmente en el club social, la iglesia y en todos los espacios de convivencia.

La denuncia debe ser una de las acciones indispensables para revertir el deterioro de la seguridad. Es un buen ejemplo y una mejor didáctica que la Senadora Ana Gabriela Guevara haga pública su exigencia de justicia y denuncia sobre la violencia que existe sobre la mujer, a manera de mover y conmover a la sociedad para que las autoridades no solo den con los responsables de los hechos, sino para que exista una mayor conciencia pública sobre un problema allí presente y que demanda acciones correctivas en todos los ámbitos, incluyendo, desde luego, la acción penal para quien agreda a una mujer.

La denuncia debe facilitarse. Denunciar no es algo sencillo y práctico, enfrenta burocracias mal preparadas, instalaciones inadecuadas y leyes que complican la búsqueda de la justicia cotidiana. En la mayor parte del país la comparecencia de la víctima ante las instancias de justicia es una experiencia bastante desagradable y en no pocos casos traumática. Debe revisarse todo ello y anteponer la sensibilidad humana y la profesionalización del personal para que quien es víctima no deba padecer más su condición y por el contrario, goce del privilegio de tener todas las facilidades para llevar a la justicia a quienes la agraviaron a ella y a la misma sociedad.

La tarea es compleja. Pero no podemos aspirar seriamente a una mejor realidad en medio del caos y la impunidad.

Construyendo un nuevo inicio

Las dificultades y la incertidumbre que enfrenta el país ofrecen una oportunidad singular para un nuevo inicio. De haber visión y convicción, es muy probable que pueda significar el punto de partida tan esperado por generaciones de mexicanos. La adversidad nos abre la puerta a la oportunidad y es necesario evitar las salidas en falso o lo que es peor, la parálisis. Cruzar el umbral es un reto, y hay que mantener siempre la vista en el horizonte.

Un elemento a considerar para dar pasos en firme, es reconocer que tenemos una nueva sociedad, más demandante y participativa, mientras que el consenso sobre lo que existe es frágil y precario. La situación entonces va a reclamar mucha inteligencia para lograr un equilibrio entre lo mucho que tenemos que cuidar y mantener, y el deseo de cambio arrollador que por su parte, tiene una agenda amplia de mucho que corregir y transformar.

El momento clave será el 1º de octubre de 2018. Las condiciones para un gobierno con legitimidad y muy probablemente de coalición, deben construirse desde ahora. No se trata de anular la competencia, es decir, que distintos proyectos puedan disputar en libertad y con la vehemencia propia de la competencia por el poder, la oportunidad de ganar la representación legislativa o el gobierno nacional. El objetivo es construir desde ahora un entendimiento para que la elección transite en términos de normalidad y que la concordia y la reconciliación sean fruto del equilibrio político que determine el voto popular.

Todos tenemos responsabilidad, particularmente los actores centrales que son los partidos y los prospectos de candidatos; también las autoridades, principalmente el INE y el Tribunal Electoral y, desde luego, el Presidente de la República y los mandatarios estatales. La sociedad también tiene un sitio relevante en el entendimiento a construir: los medios de comunicación, singularmente, los concesionados del Estado y la sociedad organizada: organismos empresariales, sindicatos, etc.

Es preciso destacar que en toda la historia de México solo existe un precedente de relevo de gobierno al margen de crisis, sean económica, política, social o de confianza, de Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Las elecciones de 2000 son esa excepción. Lo alcanzado en ese entonces no fue fortuito, tuvo diseño y fue exitoso en la medida en que todos los competidores reconocieron el resultado, hubo un desempeño incuestionable del órgano electoral, además de un ambiente generalizado de orgullo y optimismo por los comicios. Nada de ello ha vuelto ocurrir en las dos elecciones presidenciales subsecuentes.

Hay lecciones que se deben aprender de nuestro pasado y de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, definir con claridad el papel que debe jugar la Presidencia en ocasión de los comicios. En EU, de siempre, el Presidente es un actor relevante del proceso comicial. Se entiende, desde el momento mismo que existe la reelección presidencial; también, por la fuerza que tienen las Cámaras federales y los poderes locales. El Ejecutivo allá es, en muchos sentidos, un poder acotado por la sociedad misma. No es el caso de México, aunque también hay límites, pero la tradición y la realidad hacen ver al Presidente como el gobernante de todos. El poder presidencial y el del gobierno no están diferenciados como sí ocurre en muchos otros regímenes análogos.

Por lo anterior, considero que el Presidente, sin rehuir de su afinidad política y partidaria, y sin renunciar al derecho que le corresponde de defender las realizaciones de su gobierno, debe mantener distancia y una actitud de prudencia para no verse involucrado en la contienda constitucional y así garantizar condiciones de imparcialidad por parte del gobierno. Los servidores públicos tienen derechos políticos y es su privilegio constitucional participar con libertad y sin condicionamiento partidario, pero eso es distinto a disponer de los recursos institucionales o de carácter público. El Presidente también tiene salvaguardado su derecho de ejercer el liderazgo de su propio partido, pero por situaciones propias de la naturaleza de la política, sólo hasta el momento de la definición de su candidato presidencial.

Un tema crucial para el titular del Poder Ejecutivo es trascender la inercia de la exclusión o la intolerancia hacia un candidato en particular. Desde ahora hay que acreditar el derecho a participar por quienes se van perfilando para disputar las candidaturas o, en el caso de López Obrador, quien tiene la adhesión abrumadora en su favor al interior de su partido. Institucionalmente no debe haber enemigos o adversarios a anular. El derecho a aspirar y a competir es válido al interior de los partidos respecto a la competencia interna por la candidatura y, desde luego, también es fundamental el respeto institucional que merecerían en su momento todos los candidatos en contienda. Se trata de garantizar el derecho a competir en términos de equidad, seguridad personal para los contendientes y trato equitativo. Insisto: no debe haber candidatos intencionadamente descalificados.

La necesaria concordia, reconciliación y legitimidad, si se logra, será resultado de lo que desde ahora se construya. La unidad de los mexicanos ahora más que nunca es fundamental para hacer, defender y proteger el sistema institucional. Esto es lo que desde ahora se debe avizorar como parte fundamental del futuro deseable. Por lo pronto, es propio de la política no solo la pretensión de ganar, también la preocupación de perder. Los intereses en juego pueden sentirse amenazados o reafirmados por el desenlace de la elección. Esto es propio de la realidad y de la diversidad del país. Parafraseando al político y periodista Sanguinetti, con o sin alternancia, el cambio virtuoso transita administrando bien dos sentimientos, el miedo de los que se van y la impaciencia de quienes llegan. Bien administrar significa que desde ahora exista un piso básico de respeto y de institucionalidad democrática para llevar adelante la contienda formal y no formal. La política y la competencia por el poder transitan por muchos veneros y es preciso cuidar su cauce, sentido e intensidad.

Tengo la convicción de que frente a la adversidad o incertidumbre, un mejor porvenir se perfila. Una oportunidad que nos corresponde a todos convertirla en realidad y así construir al anhelo justo y obligado de un mejor país.

La corrupción y la crisis del federalismo

Los que corren hoy, son tiempos que apuntan hacia nuevos rumbos y no están exentos de riesgos, de pérdidas y de bajas. Quienes gobiernan y sus partidos resienten los efectos de la insatisfacción social con el sistema económico y político existentes. Por eso lo de ahora en México y en el mundo son los triunfos sorpresivos de las propuestas y opciones antisistémicas. Lo verdaderamente preocupante no es que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de este sentimiento que alienta lo disruptivo, sino que frente a la nueva realidad, todavía no tenemos propuestas articuladoras de cambio. Eso explica que el nacionalismo, el proteccionismo y patologías como la xenofobia, el antisemitismo y el racismo, tienden a resurgir en algunas naciones con una fuerza inesperada para estos tiempos de vigencia de la democracia liberal.

En el país, el mayor costo de este proceso en curso, no sólo lo han pagado el PRI, el PAN o el PRD y el Presidente, o quienes encabezan los poderes federales; la ola de indignación asociada a la calidad de gobierno y la crisis de consenso por la impunidad y los escándalos de corrupción, afecta severamente al federalismo. Y como ocurre globalmente, las primeras salidas en el horizonte, son vías seguras para la regresión o la incertidumbre. Los casos de abuso o de ineficacia de gobiernos de estados y municipios, por ejemplo, están promoviendo la falsa idea de que es la desconcentración regional de poder lo que no funciona y provoca la venalidad.

La generalización siempre es injusta. La que se hace a partir del escándalo mediático, propicia además la impresión inexacta de que todo está mal en los estados y que el único remedio plausible son las respuestas de corte centralista. Hasta las mentes más lúcidas están suscribiendo tesis de tal naturaleza. Un erróneo diagnóstico lleva a conclusiones igualmente erróneas. Con gran rapidez el centralismo gana conciencias y causas, como si el centro estuviera ausente de los problemas que se señalan, o como si éste tuviera algún tipo de poder para controlarlo todo y generar buen gobierno.

La calidad del gobierno y problemas básicos para las personas como son la falta de oportunidades, los deficientes servicios o la inseguridad, requieren de gobiernos locales fuertes y eficaces. La gobernabilidad, fiscalización y el buen ejercicio del poder no se construye desde la cúspide, sino de la base. Casi todos los municipios padecen déficit en las finanzas; los que mejores condiciones presentan son los que se han preocupado por generar ingresos propios, pero eso está condicionado a la realidad y posibilidades de cada municipio. No es lo mismo San Pedro Garza García o Huixquilucan que Ocosingo o San Juan Tepeuxila.

Los gobiernos estatales también padecen finanzas críticas. La deuda se ha ido acumulando. Muchos la asocian a la corrupción, es posible, pero más que eso alude a la mala administración y a la insuficiencia de ingresos. El problema crece y no todo se contabiliza, como es el caso de los pasivos laborales por la crisis en el sistema de pensiones que muchos gobiernos y universidades públicas estatales padecen. El sistema se vuelve insostenible por razones financieras. La calidad de servicios y la necesidad urgente de responder al problema de inseguridad se ve restringido por la incapacidad financiera.

Pero al contrario de quienes impulsan la vuelta al centralismo, es difícil que el centro tenga sensibilidad sobre lo que ocurre fuera de su ámbito. La soberbia y el despotismo centralista nos viene de origen. Es preciso revisar a profundidad el pacto federal y las condiciones estructurales que afectan la calidad del gobierno. Los problemas que no se resuelven en los estados, y que generan la percepción de que el modelo federalista está agotado y es inviable, tienen que ver con la deficiente democracia y la ausencia de un sistema de contrapesos en el ámbito local. Hay casos en los que los ejecutivos locales anulan a la oposición, cooptan a los partidos políticos, legisladores y hasta a los medios de comunicación. En la mayoría de los estados, el sistema democrático de pesos y contrapesos no opera a plenitud, tampoco la fiscalización propia de la desconcentración orgánica del poder. Esta insuficiencia no puede ser resuelta desde el centro; la solución es que la democracia se profundice y fortalezca con sus principios básicos al interior de las entidades y municipios.

No es la confrontación con el centro, tampoco minimizando los problemas, como se transita adelante. De manera urgente el país requiere un diagnóstico serio y objetivo sobre el fracaso de muchos gobiernos locales, particularmente, de administraciones que llevaron al colapso sus gestiones por corrupción o malas decisiones. Insisto, las soluciones no estarán en el centralismo, sino en la profundización de la democracia al interior de las entidades y municipios.

Los gobiernos locales deben tomar más en serio la promoción del desarrollo económico, la forma más eficaz para generar justicia social y mejores condiciones de vida. No son las participaciones federales la solución a sus apremios financieros. Fortalecer sus fuentes propias ayuda pero tampoco da para mucho. Lo que deben hacer es mejorar las condiciones para que prosperen los negocios en sus respectivas localidades y también atraer la inversión privada nacional y externa. La expectativa de una mejor calidad de vida no la otorga el gasto público desordenado y sin perspectiva; lo fundamental es una economía en crecimiento que ofrezca oportunidades de empleo bien remunerado.

En una postura superficial, la crisis actual desacredita y daña el argumento federalista, como si fuera éste la causa y razón de la rapiña o del desorden en gobiernos locales. Por ello, en la respuesta a las dificultades presentes, no es admisible hacer del federalismo la baja de la batalla por un mejor gobierno.

Construyendo porvenir

Sobra decir que para los países como para las personas, la adversidad y la incertidumbre son momentos de prueba que definen lo que en realidad somos. Hoy existen razones para preocuparse y también, en algunos casos, para el malestar. Estos tiempos son difíciles y el momentum parece magnificarse ahora que la sociedad tiene nuevas formas de interacción y de información gracias a la revolución digital; sin embargo, en perspectiva, son mucho menos adversos e inciertos. Qué bien que se eleve el estándar de exigencia de bienestar, pero eso no invalida la realidad de que en el largo devenir del país estamos frente a una singular oportunidad de mejorar.

La razón más reciente de intranquilidad es la incertidumbre que plantea la inesperada (para muchos) victoria del candidato Donald Trump, portador de una retórica hostil a México y a los mexicanos indocumentados en EUA. La amenaza es real y quizás también la voluntad del presidente electo, pero hacer realidad lo que parece serán las nuevas políticas públicas del gobierno norteamericano, será sumamente complejo, costoso y contraproducente para el país vecino.

El mayor problema es el que venga no de los actos de gobierno de Trump, sino el miedo ante la incertidumbre. Por ello es inteligente la actitud de prudencia por parte de las autoridades mexicanas, que no de confianza. La relación bilateral habría de cambiar incluso en el supuesto triunfo de la señora Clinton. La sociedad norteamericana en varios planos, no en todos, se ha corrido hacia la derecha, particularmente en el tema del comercio y de las inversiones de empresas norteamericanas que trasladan sus líneas de producción hacia países donde la mano de obra es considerablemente más barata.

En el imaginario de muchos norteamericanos, México y los inmigrantes, legales o ilegales son la causa de sus problemas. No es del todo cierto y un estudio serio de la competitividad de la economía norteamericana revelaría la aportación positiva del componente laboral de los migrantes indocumentados, estimados en poco más de 11 millones de personas. Por su parte hay que destacar que para México la emigración es una pérdida de capital humano, ya que muchos de esos migrantes son portadores de atributos y valores muy positivos, sin excluir la llamada fuga de cerebros. No hay volumen de remesas que compense tal pérdida.

La retórica de campañas para ganar el poder no debe desestimarse, tampoco el perfil personal y profesional del presidente en ciernes, pero las políticas públicas se definen a partir de sus posibilidades. La perspectiva en materia de migración y en cuanto hace al comercio, que suscribe el próximo presidente de EU, va a contrapelo a la transformación actual. Incluso se puede señalar que la resistencia al cambio, así como los sectores sociales afectados por la transformación en curso son quienes lo llevaron al poder. El trumpismo es una respuesta desesperada y disruptiva a tres de las cuatro fuerzas del proceso también disruptivo de nuestros tiempos: el surgimiento de los mercados emergentes; el apresurado impacto de la tecnología sobre las fuerzas naturales de la competencia en el mercado; el envejecimiento de la población y el flujo acelerado del comercio, el capital y las personas. (No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends. Dobbs, Manyika y Woetzel).

México pudo articularse positivamente al proceso de globalización como fórmula para trascender la inestabilidad económica y las severas crisis que le acompañaban. Lo que pretende el próximo gobierno de EU es frenar el proceso de globalización con el intento de aplacar la primera y cuarta fuerza a la que alude el párrafo anterior: la presencia global de México como mercado emergente y el flujo creciente de comercio, capital y migración. El populismo que se invoca está acompañado de un voluntarismo que va contracorriente de la realidad económica y de las fuerzas del mercado.

Que sean irrealizables las pretensiones del trumpismo no significa que no genere problemas y riesgos importantes para ese país, sus vecinos y el mundo. EU es la economía más poderosa y también es el factor de equilibrio en la seguridad global. Un error puede disparar la precaria estabilidad en el medio oriente. Rusia es un factor a cuidar, como también Corea del Norte, Irán o Paquistán. La paz mundial no da para aventuras ni para la frivolidad.

México tiene fortalezas y la relación con el país vecino es de interdependencia. Hay margen de maniobra y los cambios no pasan por el voluntarismo o los desplantes nacionalistas, ni de México ni de EU. Es un momento singular de la relación y el país requiere de mayor cohesión y unidad. También atender con carácter preventivo medidas que, en el corto plazo pueden resultar impopulares o negativas, en especial, la depreciación del peso y reducir el déficit fiscal.

Quizás el mayor reto de estos tiempos, tarea de todos, no solo de las autoridades, es abatir la impunidad y la corrupción. De ambas se generan muchos problemas que han comprometido la legitimidad del sistema de gobierno y desacreditado a las instituciones de la democracia. El desafío se vuelve más complejo por la precaria cultura de legalidad que recorre todo el tejido social. No podemos aspirar a ser un mejor país sino resolvemos este lastre que nos acerca más a países subdesarrollados que a economías modernas y sociedades democráticas.

Hay que destacar entre nuestras fortalezas a reivindicar, que México ha probado ser uno de los países más atractivos para la inversión. Es fundamental mantener las condiciones que le ratifiquen esta calidad. Las reformas estructurales son consecuentes con tal objetivo. Lo que se requiere ahora, y es un largo proceso, es mejorar sustantivamente la calidad de gobierno, las condiciones de competencia y la certeza jurídica.

Efectivamente, el entorno propio para acreditar la calidad de país y sus fortalezas, parece ser la principal dificultad. Tengo la convicción que nuestro potencial es considerablemente mayor a nuestros problemas y retos. Mucho está en nuestras manos y lo más sensato y conveniente es con carácter, visión e inteligencia hacer de la adversidad oportunidad para mejorar.

Los nuevos términos de la política

En memoria de nuestra querida
Diana Laura Riojas de Colosio

La sociedad se ha transformado de manera más acelerada de lo que han podido hacerlo sus instituciones. Las causas son múltiples, entre otras, los efectos de la globalización; la revolución tecnológica que ha alterado los términos convencionales de información, comunicación y convivencia, y el éxito de un modelo económico sin aparentes alternativas. Lo disruptivo es lo de hoy día, se presenta en las empresas, en los medios de comunicación, en las organizaciones y, desde luego, en la política.

A muchos sorprenden los eventos. En materia electoral es recurrente que el desenlace sea lo inesperado: la manera convencional de hacer encuestas electorales ha sido rebasado por la sociedad. El problema no es coyuntural ni ocasional; hay que entender los nuevos términos de la realidad. Lo que antes funcionaba deja de tener eficacia. Las técnicas e instrumentos que en el pasado tuvieron éxito no son adecuados para identificar lo que ahora existe.

Ejemplo, según BloombergBusinessweek, http://nubr.co/Pgk3NT el equipo de Trump vio diferentes datos de la investigación social durante la campaña, no se fueron por la conclusiones convencionales, sino que advirtieron el cambio en el electorado, es decir, previeron la disposición de votar por Trump de un segmento estratégico: blancos, mayores, más rurales y populistas, entre otros rasgos, eran la clave para ganar los estados que podrían definir la balanza. A esto se debió el posicionamiento de Trump como el candidato antisistema y el contraste ante una contraparte a la que se ubicó como más de lo mismo y expresión de un sistema distante de los intereses y problemas de la gente.

Las encuestas convencionales en materia electoral han dejado de tener precisión y no hay explicación que las reivindique. La respuesta a las preguntas de intención de voto deben cotejarse con muchos otros elementos: el rechazo a ser encuestado, la inconsistencia entre esa respuesta y otras, las dificultades para ubicar al electorado que sí vota, medir con precisión la volatilidad en las opiniones y las intenciones. Por ello considero fundamental que la investigación aborde con mayor profundidad el ánimo social, esto es, la predisposición para el cambio a partir de la insatisfacción con lo que existe.

Así ha venido ocurriendo en los últimos años en México. En 2015 muy pocos anticiparon el desenlace de la elección de gobernador de Nuevo León, la mayoría de las casas encuestadoras remitía a un lejano tercer lugar al candidato que resultó ganador por más de 20 puntos. En 2016 esos mismos encuestadores, con métodos tradicionales, concluyeron pública o privadamente que el PRI ganaría nueve o diez de las gubernaturas en la disputa. Un estudio serio de ánimo social advertiría las dificultades serias del partido gobernante en casi todos los estados, y que la alternancia sería lo que dominaría casi todos los procesos, como ocurrió.

La política institucional está bajo severa presión. Esto ocurre no solo para el partido gobernante, sino que la insatisfacción de la sociedad frente a lo que existe abre puerta a opciones radicales de cambio. Insisto lo señalado hace algunos meses en este mismo espacio: para un sector creciente de votantes el miedo de que continúe lo que existe es mayor al miedo de un cambio profundo y de contraste, incluso aunque esto represente el riesgo de un salto al vacío.

La rebelión social ha cobrado curso a través de las urnas. Esto convalida a la democracia como modelo para canalizar el cambio, pero también la vuelve un vehículo disruptivo. Sucedió con el referéndum del Brexit o sobre la propuesta de paz en Colombia. Antes se presentó en Grecia y en España con expresiones populistas pero a la izquierda. En los países más avanzados el populismo es de derecha: nacionalista, xenófobo e intolerante, pero que también se alimenta de la indignación y rechazo de muchos al sistema.

Es inevitable que los políticos y la política tengan que cambiar. La presión es estructural. El tema es la liberalidad que ofrece el mandato democrático para desentenderse no solo de lo disfuncional u obsoleto, sino de las normas, valores e instituciones propias de la civilidad democrática como son la tolerancia, la mesura y prudencia del poderoso y la coexistencia con lo diferente.

Los cambios nos toman por sorpresa porque no los queremos anticipar, porque hay una natural tendencia a negar la realidad, pero también porque no entendemos su génesis y porque su expresión en términos de rompimiento con el estado actual de cosas plantea siempre un desafío al imaginario convencional para darles cauce. Lo fácil es permanecer en la zona de confort hasta que una y otra vez la realidad “nos vuelve a sorprender”.

En su contexto no estamos hablando de la mayoría, sino de un activismo minoritario que tiene el poder de definir y alterar los equilibrios existentes. El triunfo de Trump no es el aval de toda la sociedad norteamericana, tampoco los nuevos partidos de España son expresión mayoritaria. No lo son, pero el nivel de la inconformidad contra el stablishment y la intensidad de su protesta arrolla lo convencional. La mayoría o minoría silenciosa permite que estos procesos políticos ganen hegemonía en el sentido gramsciano de la expresión y es de lo que ahora somos testigos en Inglaterra y Estados Unidos.

En México la situación es sumamente compleja. La crisis de confianza no solo remite a un partido o gobierno, sino a todo el sistema político institucional. El deterioro de la imagen del político convencional es profunda y se convalida con muchos escándalos que llevan a la generalización. Esto afecta al sistema de representación y al funcionario electo, aunque no al poder del voto para alterar el estado de cosas. Ante esta situación preocupa la actitud de negación de parte de la clase política, quizá bajo la falsa tesis de que es solamente una crisis coyuntural.

A partir de la observación profunda de lo que ha acontecido en los dos últimos años, he insistido en la tesis de que estos son tiempos de los antisistémicos, a manera de aludir al potencial disruptivo que existe en la política. También son tiempos difíciles para los partidos gobernantes y desde luego para la moderación y el ejercicio responsable del poder.

La rebelión de los electores

El triunfo del candidato republicano Donald Trump no ha tenido un impacto positivo en la economía mundial. Su primer mensaje luego de conocerse el resultado de la elección fue conciliador, pero no previó respuesta hacia una economía convulsa y en la incertidumbre. Su omisión es mensaje: no entiende lo que significa para el mundo la Presidencia de EU. No es lo mismo movilizar electores que gobernar. Las expresiones para ganar votos comprometen y no pueden verse con desdén; llega a la Presidencia norteamericana un mandatario con una retórica nacionalista, conservadora, crítica al orden establecido y hostil a mucho del exterior.

Gana Trump porque en la mayoría de la sociedad hay un desencanto con el sistema y sus políticos. Por eso se impuso en la elección primaria con cómoda ventaja; por eso venció a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien fue apreciada como más de lo mismo. Trump y su retórica representan la visión, anhelos y preocupaciones de una mayoría blanca que se siente amenazada por la globalidad y los cambios que ésta impone en la economía y en la sociedad.

Desde su autopostulación como aspirante, que los políticos profesionales desdeñaron, Trump fue un candidato antisistémico en toda la expresión de la palabra. En eso descansó su credibilidad y su capacidad para ganar el voto mayoritario. Su rechazo abierto al sistema político, no guarda precedente en un candidato norteamericano. Sus fragilidades, como es su intolerancia en temas de género y raza, no cobraron mella, tampoco sus insuficiencias de carácter. Alejó a los electores hispanos y afroamericanos, también a las mujeres, pero fue más lo que sumó con su confrontación al orden de cosas. Su triunfo dependía de llevar a las urnas a los blancos abstencionistas con bajo nivel socioeconómico o educativo. Lo logró y eso explica su victoria.

La fuerza de Trump es real por la capacidad de movilizar a la mayoría en torno a su causa. Gana con el rechazo de la élite de su propio partido. También prevalece a pesar del rechazo abierto y ostensible de lo más representativo de la buena prensa norteamericana. Ganar la elección en esas circunstancias le ofrece liderazgo, independencia y fuerza. Esto es significativo ante el triunfo en la Cámara de Senadores y en la de representantes. Donald Trump contará con una mayoría legislativa, lo que le permitirá avanzar en su agenda. Estas no son buenas noticias para el mundo, tampoco para México. Sobre todo cuando migración y comercio son dos de los objetivos de la ola antimexicana que generó en campaña.

La rebelión de los electores no es para descalificarse, sobre todo, porque ocurre en el país más poderoso del mundo si se considera para base de esa apreciación el tamaño de su economía, su desarrollo tecnológico y su gasto militar; y es un proceso presente en muchas democracias. Las sociedades de muchos otros países en Europa se han ido movilizando contra el orden de cosas. Estamos siendo testigos de la crisis de consenso del sistema económico y político global. La mayor embestida no viene, como hace décadas, de los países pobres, sino del malestar más profundo de las sociedades de los países más desarrollados. Los pobres de los países ricos, desplazados por los nuevos términos de la economía, son la fuerza que se moviliza hoy, con hartazgo, contra la globalización y sus instituciones. Dramáticamente, las clases gobernantes no están viendo esta realidad y responden en función de un paradigma que ya no existe. A ello se debe que la realidad los sorprende cada vez que hay un escrutinio popular sobre lo existente.

Esto ocurre también, porque los beneficiarios del orden de cosas, especialmente las élites económicas se han sustraído de la responsabilidad de legitimar el sistema que les da sustento. Para estas sociedades que hoy se rebelan, los niveles de empobrecimiento en los países que han servido desde siempre como proveedores del alimento y la riqueza de los países desarrollados, es tolerable; el problema empieza cuando Joe El Plomero se da cuenta de las dificultades de la integración interracial y además, cuando la competencia abarata su salario, sino es que amenaza su empleo. El mundo se sorprende de esta realidad que las elites no han querido reconocer y es evidente que muchos ahora se preguntan qué hacer ante una realidad irreversible. Lo cierto es que el sistema ha perdido legitimidad no solo por sus efectos, sino por la indolencia y pasividad de sus beneficiarios en la cúspide.

El tema fundamental es la economía, incluso el tema migratorio tiene una expresión económica en el sentido del desplazamiento de la fuerza de trabajo local. Lo acontecido no solo es mala noticia para el peso mexicano, sino para el equilibrio y orden existente en el sistema económico global. El proteccionismo se asumía derrotado hace décadas y lo que ahora se entrevera es el rechazo de los nuevos gobernantes al libre tránsito de mercancías y personas. La cuestión es si la política podrá prevalecer sobre la economía o si ésta habrá de imponer su racional sobre la política. No es un tema menor y es posible que estemos en al inicio de una crisis más amplia y profunda que tiene como fundamento la crisis de consenso sobre las instituciones nacionales e internacionales, así como el orden económico existente.

Por lo que hace a México, es inevitable que la relación bilateral habrá de revisarse. No es un tema de gobierno, sino de Estado, por esta razón la unidad nacional se vuelve materia vital. La lógica económica es lo que ha prevalecido en las definiciones de apertura comercial. Las inversiones en manufacturas atienden a un cálculo económico. Atacar la migración y el proteccionismo van a contrapelo del racional que le ofrece competitividad a la economía norteamericana, pero al parecer eso no importa a quienes llegan al poder con el mandato de revertir el marco “desigual” en los acuerdos bilaterales y multilaterales. Por eso los políticos en México deben reaccionar con responsabilidad y prudencia frente a la situación. No se trata de sacar provecho de la incertidumbre y del miedo en amplios sectores de la población, sino de participar de una voluntad colectiva para hacer valer el interés nacional.

El desafío es de todos

Cualquier resultado se puede esperar de la elección presidencial del próximo martes en Estados Unidos. Independientemente del ganador, México tendrá uno de sus mayores retos por los cambios previsibles en la relación bilateral. La amenaza más evidente viene del candidato republicano, Donald Trump, quien ha construido su proyecto político con una narrativa nacionalista que le ha llevado a extremar su postura contra México y los migrantes. El éxito de su propuesta, gane o no, dice mucho del momento que vive un sector importante de la sociedad norteamericana.

El temor a Trump ha llevado a pensar en México que la candidata del partido demócrata Hillary Clinton es lo mejor que puede suceder. En cierto sentido es verdad, pero no del todo. Sin duda la presidencia de William Clinton fue un episodio muy positivo de la relación entre las dos naciones y sus respectivos gobiernos; sin embargo, para los demócratas, recuperar a la clase trabajadora blanca norteamericana, requiere apropiarse de sus preocupaciones y exigencias que, algunas, no necesariamente obedecen a un razonamiento lógico. Esto significa un cambio en la agenda económica y migratoria. No está por demás señalar que ha sido en el gobierno del Presidente Obama cuando más se han incrementado las deportaciones, aunque también, justo es reconocerlo, ha tenido un planteamiento para ampliar los derechos de los migrantes y sus hijos.

La candidata Clinton ha sido frontal en el tema de la crisis a los derechos humanos en México, lo que conlleva un implícito rechazo a lo que el gobierno ha realizado desde hace tiempo para enfrentar al crimen organizado. En México tenemos una perspectiva positiva y de reconocimiento a las fuerzas armadas por su actuación en el auxilio de las autoridades civiles para enfrentar a los delincuentes y la inseguridad. En el exterior y, en particular en EU, es estándar el rechazo a que los militares realicen actividades que corresponden a los mandos civiles.

De modo que si resulta triunfador uno y otro de los candidatos, los temas de mayor preocupación hacia el futuro están en materia comercial, migratoria y de derechos humanos. La postura de los candidatos no puede tomarse a la ligera asumiendo que cambiarán de opinión ya en el poder. Desde ahora deben preverse las acciones y los nuevos términos de la relación bilateral para actuar con eficacia.

Ciertamente, es un hecho indiscutible el aporte de los migrantes mexicanos y latinoamericanos a la economía norteamericana en las últimas décadas. Sin embargo, la sociedad del vecino país del norte vive un acelerado proceso de cambio, para algunos traumático, con la integración de los hispanos y su cultura en tiempos en los que la economía mundial se contrae por largos períodos y los empleos se trasladan a regiones más propicias para las empresas.

México debe prepararse para lidiar frente al nuevo modelo político y económico que están planteando no sólo para ganar votos sino, cada quien a su estilo, para ofertar una ruta a los norteamericanos, el candidato republicano y la candidata demócrata. No es un tema de autoridades, sino de todos. El gobierno deberá descansar menos en la confianza de lo que puede obtener de su contraparte; y debe actuar de manera más decidida ante los órganos multilaterales vinculados a los derechos humanos y al comercio, así como con los organismos financieros. El país debe aproximarse más a las naciones centroamericanas, particularmente las que tienen más migrantes y exportan más a EU. Desde hace tiempo México ha sido omiso ante ellas, urge el entendimiento para superar las diferencias o los desencuentros.

El mayor esfuerzo deberá dirigirse hacia adentro. Son dos las prioridades: economía y política. En lo primero, debe asumirse la promoción de la inversión privada nacional y extranjera con un criterio de interés nacional. Las empresas que invierten en el país deberán entender que no están solas y que su presencia y expansión está respaldada decididamente en los términos que determinen las leyes. En especial será de utilidad un diagnóstico del sector exportador e importador para así tener perspectiva de fortalezas y debilidades, así como las oportunidades frente a otros mercados.

En política interna es importante que todos los partidos y la representación parlamentaria asuman la necesidad de mantener un frente unido en materia de política exterior. Las diferencias son válidas, necesarias e inevitables, particularmente ante la proximidad del proceso sucesorio, sin embargo, es preciso que en política exterior se presente un frente unido, y que el Presidente Peña Nieto como jefe de Estado cuente con el respaldo de la pluralidad para negociar y acordar desde una postura de fortaleza por la unidad que hay en el país respecto a la negociación bilateral.

El respaldo de la pluralidad no debe ser resultado de una convocatoria convencional o un efecto inspirado en el patriotismo o la buena disposición. Esto no existe en la política y menos en tiempos electorales. Tiene que ser producto de una negociación y un acuerdo que vaya más allá del tema bilateral. Es necesario cerrar filas y dar espacio a la democracia, los derechos humanos, las libertades y al mercado, como bases del México de mañana. Todas las fuerzas políticas pueden coincidir en un terreno común que ofrezca garantías y certeza no solo a quienes suscriben, sino al conjunto de los mexicanos. Es necesario repensar sobre la necesidad de un pacto nacional.

La adversidad obliga a una perspectiva de largo alcance y de claridad sobre el presente. México no es una país en construcción, pero ha perdido mucho a lo largo de su historia por la incapacidad de entenderse a si mismo y entender al mundo y a sus vecinos. Uno de los factores que más han incidido es la división y la cortedad de sus personajes en momentos críticos. La historia toca a las puertas a esta generación. Cierto es que hay muchos temas que nos dividen, llevan a la desconfianza y a un sentimiento de agravio por mucho de lo que ocurre en la política; sin embargo, no podemos reeditar los errores pasados.

El INE ante el 2018

De la elección presidencial norteamericana se desprenden lecciones útiles: la importancia del debate, el escrutinio de los medios de comunicación, la necesidad de campañas bien planeadas, con claridad estratégica, y muchas otras cosas más. Sin embargo, no todo es aplicable en otras latitudes; en primer término –y eso no está a la vista- el federalismo norteamericano tiene varias expresiones singulares. U las elecciones se instrumentan y organizan de conformidad a los órganos electorales de las entidades; allá no hay un INE semejante al de nuestro país.

Otra de las características del sistema federado norteamericano es la manera como se elige al Presidente; allá hay una modalidad de elección indirecta que consiste en integrar un colegio electoral con 538 votantes con mandato vinculatorio que se eligen por mayoría en los estados, lo que significa que se requieren 270 para ganar la elección, independientemente del ganador en la suma de la votación nacional.

En México hay una autoridad electoral nacional con poderes sobre los órganos electorales locales. La fiscalización, el listado de votantes y el contencioso electoral son centralizados. Los partidos en México también son maquinarias centralizadas y verticales. Esto tiene razones históricas, como es la desconfianza electoral y una convicción, bastante errónea pero lamentablemente generalizada, de actores políticos e instituciones, en el sentido de que es más confiable, seguro y eficaz hacer las cosas desde el centro.

Lo anterior, a contrapelo de que la transición política en México ha significado una descentralización del poder a través de órganos especializados autónomos, así como de una mayor influencia de los partidos y del Congreso en las decisiones públicas. Esto tiene sus ventajas, pero también efectos indeseables cuando la integración de los órganos colegiados, como es el Consejo General del INE o los integrantes del Tribunal Electoral, deben ser votados en el Congreso. Es decir: descentralizamos el poder pero centralizamos las decisiones fundamentales para hacerlo posible u operativo.

En esta lógica, el poder del gobierno en materia electoral se ha reducido de manera considerable, pero eso no significa que se haya descentralizado regionalmente. Incluso los estados también han visto disminuir sus atribuciones. La consecuencia es que lo que el Ejecutivo federal y locales pierden alguien lo gana. La cuestión es a quién debe trasladársele tal poder. En la lógica de la transición, que es la que impera, lo que el PRI/Gobierno pierde, debe ganarlo la oposición, esto es, los partidos políticos, y así los órganos electorales administrativos y judiciales fueron integrados por cuotas partidarias como una fórmula para resolver el desencuentro entre el gobierno y la pluralidad.

Pero la suma de parcialidades no construye imparcialidad. Si acaso, un equilibrio muy complejo sobre el que debe transitar la organización de las elecciones y en ocasiones la aplicación de la ley. A esto hay que agregar que el modelo comunicacional bajo el principio de asegurar la equidad en la contienda genera una tensión fuerte entre los medios de comunicación y el órgano electoral.

Sin duda a quien debe transferirse la función de Estado de organizar las elecciones es al órgano electoral. En la medida en que éste se sobreponga al interés de los partidos o de las empresas de comunicación, su actuación será virtuosa, aunque inevitablemente polémica y discutible. En otras palabras, sobre la experiencia exitosa de la elección presidencial de 2000, y no tanto las de 2006 y 2012, el mejor escenario es el de una autoridad electoral fortalecida y acreditada por sus decisiones, no por el apoyo de los partidos o de los medios de comunicación.

El país ha cambiado sustancialmente de 2000 al 2018, casi veinte años plantean un escenario muy diferente. El Presidente, su equipo y el gabinete no tienen el mismo lugar que en el pasado. Sin embargo, la Presidencia de la República no deja de ser considerada como la institución más relevante y representativa del Estado mexicano, lo que significa que es objeto de exigencias de imparcialidad y eficacia, pero no cuenta con los instrumentos para corresponder a parte de la expectativa.

El INE es la institución fundamental no solo en términos administrativos y de organización electoral, también pesa sobre éste la responsabilidad real y simbólica de ser garante de imparcialidad, equidad y legalidad de las mismas autoridades y de los actores de la contienda como son partidos, medios de comunicación y candidatos.

El INE requiere de apoyo de todos los frentes porque está en medio de la línea de fuego. Son muchas las fuerzas que en la protección de sus propios intereses buscan disminuirle, presionarle o cuestionarle. Esto puede ser una dinámica perversa que puede lograr efectos indeseados, en particular si al interior del Consejo General del INE no existe compromiso y cohesión para garantizar y hacer valer la institucionalidad de su función y cometido.

Se puede entender que los representantes de las Cámaras y de los partidos privilegien la postura de sus representados. Por ello es bueno que el voto esté limitado a los Consejeros electos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, es preciso que al interior del Consejo exista el compromiso y lealtad a la institución, sin importar el partido que les haya promovido o el sentido del voto que les llevó a la responsabilidad que ostentan.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, tiene la credibilidad y la reputación para conducir exitosamente al INE. Su trayectoria profesional y los años en el encargo lo prueban y acreditan. Por lo mismo, deben ser los consejeros, sin desentenderse de su propio criterio, quienes están comprometidos a apoyarle en los temas fundamentales, en especial, en las controversias que afecten los intereses de los partidos, de los medios o de particulares.

La elección de 2018 será diferente. La competencia se anticipa muy intensa. A ello hay que sumar las reglas que por primera vez se ponen en práctica en una elección presidencial. Lo menos que se puede esperar es un Consejo a la altura del inédito desafío.

¿Agotado el régimen presidencial?

Voces sensatas de la política y de la inteligencia nacional han hecho referencia a la necesidad de repensar una transformación mayor al régimen actual. Dos propuestas adquieren mayor atención: la segunda vuelta y la conformación de bases para un gobierno de coalición. Ambas plantean el cambio en la sociedad y en la política para hacer frente a la disfuncionalidad del actual régimen institucional. El problema no solo es de consenso, sino de calidad de gobierno.

Un buen gobierno requiere del talento y acierto de quien lo conduce. De la misma forma un régimen de representación política eficaz depende en buena parte de las virtudes de quienes lo integran; pero las instituciones, sus reglas y dinámica potencian o disminuyen la aportación de éstos. En tal sentido es muy aleccionadora la lectura deLeer más…El Federalista: los ingenieros del sistema político norteamericano tenían claridad sobre un diseño a prueba de las debilidades propias de la condición humana y que potenciara las fortalezas que le acompañan. La elección directa de los legisladores, diferente de la indirecta del Presidente, así como muchas otras decisiones relacionadas con el equilibrio de poderes, tienen como fundamento tal perspectiva.

Nuestro régimen presidencial tiene otra génesis y en mucho tiene que ver el providencialismo que lo inspira. El presidencialismo norteamericano nace como un poder acotado bajo el temor de que el mandatario pudiera invocar soberanía popular y así reproducir el poder absoluto o por encima de la representación. Por ello de origen hubo elección indirecta para el Presidente, la popular se remitía a los diputados o miembros de la casa de representantes. En México la situación fue la contraria, el peso de la historia pasada abría paso a la figura de Presidente a semejanza del monarca defenestrado.

Los liberales de la Constitución de 1857 aspiraron a un Presidente acotado por el Congreso; Emilio Rabasa lo consideró un error y desde entonces el común denominador del régimen político, desde el porfirismo a la fecha ha sido el de una Presidencia con poder amplio pero bajo renovación sexenal. En el siglo pasado se pensó que el presidencialismo era necesario para mantener la unidad interna, la aplicación del programa social y la salvaguarda de la soberanía nacional. Su expresión más acabada fue Lázaro Cárdenas. Tal arquitectura entra en crisis en los 70; la economía cada vez más global pone en jaque el voluntarismo presidencialista y el dominio político e ideológico del partido gobernante. El régimen del ogro filantrópico se viene abajo.

La transición democrática ha significado no solo la normalidad electoral y el equilibrio de poderes, también ha habido un poder regional y orgánicamente distribuido. El proceso ha sido accidentado, pero no ha habido rupturas. Las bases de apertura y un ejercicio responsable del poder hicieron posible que se diera la alternancia en términos de normalidad. No deja de ser paradójico que en el largo horizonte de la historia haya sido el único relevo de gobierno al margen de la crisis, un mérito que el PRI no valora y que la oposición no entiende, o quizás al revés.

El desafío para el cambio institucional se presenta en tres planos: primero, la incapacidad del sistema político para dar respuesta eficaz a los grandes problemas nacionales; segundo, la precaria cultura democrática y en consecuencia de legalidad del conjunto nacional y, tercero, la creciente fragmentación de la representación política, con el consecuente descrédito de los pilares de la democracia: partidos, funcionarios electos y legisladores. Afortunadamente persiste la convicción mayoritaria sobre el poder del voto. La cuestión es que, precisamente, resultado de una representación fragmentada, un Presidente electo con un voto no favorable mayor a las dos terceras partes plantea para el futuro inmediato un escenario que demanda, al menos, reflexión para sentar las bases quizás no de una solución final, pero sí, preliminar.

Desde esta perspectiva la segunda vuelta es un expediente útil para ampliar la base de legitimidad del próximo Presidente. Sin embargo, la propuesta habría que despojarla de un sentido de dedicatoria positiva o negativa respecto a algún personaje o proyecto político. Se da el paso por su necesidad, por sus virtudes, no porque afecte o favorezca a un interés en particular. Es una decisión que demanda perspectiva de Estado y por ello su definición debe ser consecuente al propósito, lo que requiere de un diseño particular para determinar en qué hipótesis aplica y la manera de procesar la competencia en la segunda vuelta.

El gobierno de coalición ya está en la Constitución. El problema es que es optativo para el Presidente. Además, la parlamentarización del presidencialismo puede significar que se sumen los defectos y no las virtudes de ambos sistemas. Lo que es un hecho, como lo ha apuntado Héctor Aguilar Camín en su análisis de la política española actual, la fragmentación de la representación política por igual afecta a un régimen presidencial que a uno parlamentario. La parálisis gubernamental de España se debe al colapso del bipatidismo que se originó en el marco de la transición y al apoyo electoral con expresión parlamentaria de las fuerzas políticas emergentes.

Hay una situación de última llamada. Por la proximidad de la elección de 2018 y los tiempos límite para reformas no hay tiempo ni siquiera para una deliberación mayor sobre el régimen político y la reforma necesaria para dar respuesta a la nueva realidad política. El sistema electoral requiere de cambios, pero lo que se necesita es una reforma política, incluso mayor a las que se originaron desde la fundacional de 1977. Por lo mismo estimo que lo más razonable es hacer los ajustes institucionales básicos, que podrían ser la segunda vuelta y volver mandatorio el gobierno de coalición. Sin embargo, frente a la magnitud del reto estimo fundamental pensar que en el futuro no muy lejano hay una cita para un cambio de fondo al régimen presidencial.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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