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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Aprendizaje, didáctica social

Las virtudes de una persona, comunidad o nación no vienen de raíz, no necesariamente forman parte de su esencia original; son, en su mayor parte, adquiridas. Representan el conjunto de experiencias gratas e ingratas, adversas o favorables, dolorosas o satisfactorias. Así ocurre con los individuos y también con las naciones. La grandeza es reflejo de una historia que resume el constante aprendizaje, de lo bueno y de lo malo. La mediocridad se asocia a la soberbia, a la falsa creencia de que todo ha sido escrito, de que nada queda por aprender.

Los ejemplos están a la vista y se presentan todos los días. Alemania, que en el siglo pasado vivió una de las experiencias más extremas de racismo y xenofobia, hoy es el país más abierto y dispuesto a acoger a cientos de miles de extranjeros en desgracia. Estos hechos dividen a las sociedades pero resulta trascendente que algunos gobiernos y sus élites se unan para dar pasos que desafían el tiempo y la estable comodidad. Las personas también enfrentamos el reto de aprender día a día, de entender los nuevos términos de la sociedad, y de actuar positiva y activamente.

México vivió una dura experiencia en el terremoto de 1985. El cuadro de eventos es complejo. La sociedad actuó, la ciudad de México salió adelante y sus habitantes mucho aprendieron. A partir de entonces la cultura de protección civil se ha interiorizado. La aplicación de normas en favor de la seguridad y la actuación frente a siniestros hoy son reacciones cotidianas.

En política hemos sido menos virtuosos para asimilar las lecciones. Una de nuestras principales insuficiencias es la precaria cultura de legalidad. La desconfianza y la incredibilidad adquieren expresiones muy preocupantes. Parte del problema tiene que ver con una serie de experiencias ingratas en materia de justicia y también con una resistencia para asimilar lo doloroso o inaceptable. Las investigaciones judiciales avanzan a contrapelo del prejuicio, de la maledicencia y del rechazo social. Sin duda, la investigación sobre los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala será un ícono de la relación difícil entre justicia, verdad y opinión. Muchos son y serán los temas discutibles o controvertidos, pero lo que se consolida es la versión que no quiere aceptarse: los estudiantes fueron ultimados por criminales coludidos con autoridades municipales.

En estos momentos hay escepticismo sobre el aprendizaje que puede ofrecer el caso. La aportación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido útil, pero también les ha faltado la mesura que requiere  un trabajo de esta naturaleza. Por momentos la actuación de algunos de los  integrantes de este organismo se asemeja más a la de un auditor del investigador que a la de un coadyuvante en un tema que ha polarizado en exceso a la sociedad y que exige prudencia. El criterio para lograr una valoración final sobre su intervención lo definirá el tiempo. De cualquier manera, la única justicia válida es la que se consigue a través de las instancias y procedimientos propios establecidos en la ley, a pesar de que voces interesadas conceden veracidad sin reservas al extraño, solo por esa razón. Casos judiciales traumáticos para el país, lamentablemente ha habido muchos. En conclusión, el aprendizaje para todos consiste en reconocer que finalmente somos los mexicanos y las instituciones respectivas los únicos a quienes corresponde proveer justicia y de ahí la importancia de construir credibilidad desde las instituciones mismas, aún por encima de los intereses que a veces se incrustan con perverso oportunismo en los procesos decisorios de la procuración de justicia.

En esta didáctica social resulta fundamental la tarea que realizan los medios de comunicación. Afortunadamente no escuchamos una voz única sino, como debe ser, un mensaje plural y diverso. Debe haber más reserva ante las unanimidades que frente a los desencuentros de opinión. Pero la información no puede ser desdeñada, el dato duro no puede quedar sometido al prejuicio o a la postura personal, por respetable que sea. La libertad de expresión no es licencia para la calumnia, la mentira o el insulto, sobre todo si de lo que se trata es de contener el abuso del poder formal. Para aportar y contribuir a este aprendizaje colectivo, el poder mediático debe tener un sentido de responsabilidad y de lealtad basado en la verdad.

Parte de las dificultades para una didáctica virtuosa tienen su origen en la actitud de muchos que, en posiciones de influencia y privilegio, priorizan lo suyo y lo inmediato. Esto significa que no hay oportunidad para entenderse más allá de la estrechez de la circunstancia. Grandes mexicanos como Lorenzo Zambrano, Octavio Paz y Cosío Villegas, solo por mencionar a algunos de entre los muchos, demostraron que su brillantez no devenía únicamente de su extraordinaria labor empresarial, obra poética o aportación a la historia, sino de su participación y contribución para mejorar su comunidad, su país, su tiempo.

A quienes les ha resultado más difícil aprender de la nueva realidad y de las exigencias del cambio es a los principales beneficiarios del proceso democrático: los partidos. Y eso que ellos son y deben ser, en toda democracia, los articuladores de la representación popular. Sin embargo, las dirigencias se han tardado en actuar, quizás porque asumen la adversa circunstancia como una crisis coyuntural. El repudio popular en su contra avanza y ha favorecido la opción de los candidatos independientes, convirtiendo una forma de hacer valer el derecho a ser votado en un medio para mostrar repudio hacia los partidos existentes, precisamente por su distanciamiento de la sociedad. Las candidaturas independientes deberían ser una opción ciudadana y no, como ahora acontece, una vía para políticos que salen de sus partidos de origen por malas prácticas democráticas internas.

Efectivamente, la virtud de una persona, de una  comunidad o de una nación radica en su capacidad de aprender, en la habilidad para convertir cada evento trascendente en fuente de mejora y en su aptitud para impedir la imposición del inmovilismo, bien sea por soberbia o por complacencia, que con frecuencia y por infortunio, resultan lo mismo.

La verdad entre encuentros y desencuentros

Para la fortaleza de un país y de sus instituciones es fundamental la capacidad crítica de instancias formales como el Congreso y los partidos, así como de la sociedad, particularmente de sus organizaciones civiles y de los medios de comunicación.

La desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala es uno de los eventos más críticos y difíciles de los últimos tiempos. El hecho representa una herida profunda que supone muchas pruebas y desafíos, especialmente el que tiene que ver con nuestra capacidad para aprender, mejorar y hacer todo lo necesario para que no se repita.

Como en todo hecho trágico, es inevitable la indignación y la búsqueda de culpables. Desde luego que en este caso existen; son quienes planearon, instruyeron y ejecutaron los actos delictivos. También hay responsables indirectos, los que no actuaron frente a la descomposición que era patente en esa región de Guerrero y aquellos que enviaron a los jóvenes estudiantes a un largo viaje, muy lejos de la normal de Ayotzinapa, para realizar acciones de riesgo en una zona peligrosa, escenario de repetidos y documentados homicidios y desapariciones.

Hay quienes han pretendido utilizar el caso con evidente interés político. El radicalismo en ese estado, del que forma parte el mismo centro de estudios de Ayotzinapa, ha conducido el asunto hacia la desacreditación de las instituciones. Es una postura ideológica y política permisible en el terreno de las libertades y del debate propio de una sociedad abierta, pero improcedente como instrumento de justicia. Las indagatorias deben señalar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos, así como a quienes incurrieron en criminal negligencia. Esa es la tarea.

Las procuradurías local y la federal han realizado las averiguaciones. A partir de elementos de convicción y del juicio de peritos y especialistas fue presentada una versión de los hechos. En contraposición a la expectativa de que los estudiantes estuvieran vivos, se desprendió, por razón del tiempo transcurrido, que los jóvenes fueron aniquilados. Las hipótesis son múltiples y el expediente sigue abierto, aunque la versión de las autoridades es que los estudiantes fueron ultimados y sus restos incinerados y arrojados al río en el basurero de Cocula.

El deseo de las autoridades federales de conocer la verdad y de que ésta sea creíble ha concentrado múltiples esfuerzos, incluida la incorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El domingo pasado el grupo presentó un informe que soporta buena parte de las conclusiones oficiales. También desarrolla hipótesis presentes en el expediente pero que no habían sido destacadas en las conclusiones expuestas, como es la referente a un quinto autobús ocupado por los estudiantes que tenía droga. Además, hay un juicio crítico en torno a la manera en la que se desarrollaron las investigaciones y la conclusión de un especialista que disputa la tesis que sugiere que  los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El reporte no supone una descalificación total o absoluta del trabajo de la PGR, aunque muchos medios y comentaristas así lo han asumido. Por el contrario, lo que se aporta robustece la versión de que los estudiantes fueron eliminados por la colusión de las policías municipales con el crimen organizado. Incluso, de corroborarse la hipótesis del quinto autobús, habría una explicación sobre la motivación de la acción criminal. La consideración de que no hay evidencia suficiente para probar que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero –conclusión pendiente de verificación con un tercer peritaje de expertos independientes– no anula lo fundamental de la investigación y de las conclusiones de la PGR con respecto a los responsables del crimen, aunque sí demanda una explicación sobre un aspecto crítico: ¿qué sucedió con los normalistas y con sus restos?

Las versiones encontradas se dan en el marco de la crisis de credibilidad que existe en el país hacia todo y hacia todos. En una encuesta reciente de GCE se preguntó, sin mencionar que se trataba de la tesis de la PGR, si era creíble que los autores intelectuales fueron el expresidente municipal de Iguala y el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos; dos terceras partes de los encuestados respondieron en sentido afirmativo. Sin embargo, a la pregunta de si la explicación de las autoridades era veraz o falsa, 70% consideró que era falsa. En otras palabras, el prejuicio contra lo que dice la autoridad es de tal magnitud que por el simple hecho de ser ésta la fuente, la versión pierde todo valor.

La decisión del Presidente Peña Nieto de reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos cuenta con un apoyo abrumador; ocho de cada diez personas señalan que debe hacerlo.

Las autoridades han actuado con prudencia frente al trabajo independiente. El Presidente ha instruido al Secretario de Gobernación y a la Procuradora para revisar cuidadosamente el informe y actuar en consecuencia. Los temas de desencuentro habrán de resolverse no con la reiteración de la versión propia, sino con investigación adicional y, de ser el caso, con dictámenes complementarios de otros especialistas. Frente a la indignación y a la duda, los medios deben esforzarse para que prevalezca un juicio ponderado, razonado, ajeno a las opiniones simples y al linchamiento fácil y superficial, esto es, para que se mantenga alejado el prejuicio que lleva al escepticismo y rechazo de lo institucional.

Develar la verdad es el objetivo compartido por los padres de las víctimas, las autoridades, los fiscales y los expertos. La politización que rodea al caso poco contribuye a tal propósito y tampoco es útil desviar la atención hacia quienes han realizado las indagatorias. La aportación del grupo de expertos es un buen precedente, pero hay que tomarla con cuidado y sin candidez ya que, como ellos mismos reconocen, se trata de un caso difícil y complicado.

Para el país es una oportunidad de mejorar y de identificar las debilidades institucionales en toda la cadena, desde el gobierno municipal al servicio del crimen organizado hasta la sumisión de la política ante las peores causas cuando no existe sentido de los límites ni referentes éticos claros. El tiempo anticipa por sí mismo el trágico desenlace de los muchachos. Es hora de aprender para que nada igual vuelva a ocurrir.

Ecos del Informe

El informe presidencial es uno de los ritos más relevantes de la política nacional. Así ha sido por mucho tiempo aunque el evento se ha transformado. Su origen es claramente republicano y democrático. En nuestra tradición constitucional se remonta a la época de las Cortes de Cádiz cuando se obligaba al monarca a asistir a la apertura de las deliberaciones de la asamblea. El acto se reprodujo en nuestras constituciones. En el pasado reciente se desvirtuó al convertirse en un acto presidencialista, más que en un evento de la representación popular radicado en el Legislativo. La pluralidad exhibió la disfuncionalidad de la fórmula presidencialista. Lamentablemente, en 2006 se dio un paso nada virtuoso: el Presidente ya no comparece y se limita a realizar un encuentro informativo alejado de la tradición parlamentaria.

Llama la atención que al recibir el documento del Informe de Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, del Congreso, Jesús Zambrano, haya asumido una postura inconsecuente con la figura de la pluralidad. Habló por sí mismo o por una parte, olvidando que en ese acto él representaba a todo el Congreso.  Razones para aludir a la conveniencia de que el Presidente esté presente en la apertura de sesiones las hay, pero también tendría que recordar que fue su partido, el PRD, el promotor del cambio que ahora está en la Constitución.

El informe no es un evento, tampoco un mensaje, es simplemente un texto que el Ejecutivo presenta al Congreso. Sin embargo, desde siempre la atención se ha centrado en lo que el Presidente dice y expone. El Tercer Informe de Gobierno se dio en un momento singular para el país y para la economía mundial. En el mensaje presidencial, como corresponde, se habló de los temas difíciles pero sin llegar a un ejercicio de autoflagelación como hubiera querido un sector de opinión tradicionalmente distante del rumbo de la política y del ejercicio del poder. El Presidente fue congruente con el sentido político de la ocasión: informar y exponer a la ciudadanía las razones y los datos duros de la gestión gubernamental. Lo hizo frente a una sociedad escéptica hacia todo y todos, incluso con respecto a las recientes transformaciones históricas que fueron posibles con el concurso de la pluralidad.

El asunto es mucho más profundo como para remitirlo a una cuestión de comunicación. De hecho, parte de la complejidad del escenario es resultado de la pérdida de ascendiente de los contenidos, formatos y medios de comunicación. Lo de hoy es la comunicación interactiva, en tiempo real, sin jerarquías y sin formatos rígidos ni formalidades institucionales. Es un una circunstancia global y la situación nos hace pensar en un presente y en un futuro caracterizados por gobiernos y políticas de consenso social exiguo. En otras palabras, es preciso aprender a gobernar en medio del debate, la crítica y el disenso, con una credibilidad que solo puede acreditarse con la eficacia, no con la popularidad.

Hace un juicio parcial quien asuma que la crisis de confianza en las instituciones se focaliza en uno o varios eventos: el crimen de Iguala, los escándalos de presunto conflicto de interés, la fuga de El Chapo, etcétera. Sin duda esto abona al día a día, pero no determina la visión crítica hacia el poder y el gobernante; además, como lo hemos señalado, el déficit de confianza no se reduce a una autoridad o instancia, se extiende también a toda la institucionalidad e, incluso, implica a las mismas organizaciones de la sociedad. El problema es estructural y en el caso de México perfila una circunstancia incierta y compleja, no necesariamente virtuosa, para enfrentar la adversidad.

El Presidente ha presentado líneas de acción para los próximos tres años. Lo fundamental es dar continuidad al proceso reformador del que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso han sido parte; esas transformaciones que ahora son mandato constitucional. Pero el desafío de seguir adelante encuentra un escenario diferente y, en varios sentidos, adverso. La mayoría legislativa es posible, pero su contenido y alcances serán más estrechos dada la circunstancia política, económica y social por la que atraviesa el país.

Frente al dividido juicio sobre las transformaciones alcanzadas, para el Presidente resultaba pertinente plantear la defensa de un proyecto de Nación que no es de un partido o de un grupo, sino del conjunto del país. No es una declaratoria de guerra ni la anticipación del calendario político, se trata de poner en el centro del debate el dilema entre progreso o retroceso. Sí, la evidencia palmaria y las expresiones retoricas de distintas fuentes nos acreditan que hay intentos para revertir las reformas; en algunos casos son movimientos abiertos y públicos como el del magisterio radical contra la reforma educativa, pero también los hay discretos y encubiertos. La política del insulto, la polarización y el afán de anular lo alcanzado no solo apuntan a un personaje de la política, también avivan una serie de procesos políticos que van a contrapelo del interés del país. Las reformas pueden modificarse o enriquecerse pero no revertirse.

El riesgo es que el desencanto sobre el estado de cosas puede, efectivamente, abrir la puerta grande a respuestas falsas. Ninguna democracia es inmune al asalto populista regresivo, más en tiempo de crisis. Por ello el llamado de atención es necesario, útil y conveniente como ejercicio democrático, como también lo es abrir el debate, dejar de trivializar las resistencias a las reformas, tomarlas en serio y plantarles cara.

Es útil para todos mostrar a quienes pretenden cancelar obras públicas en proceso con el sólo afán de ganar popularidad circunstancial; asimismo; debatir si es deseable, también con lucro electoral futuro o para ganar apoyos de los beneficiarios del status quo, cancelar la reforma educativa, la energética, la de telecomunicaciones o la de competencia económica. La política da para mucho y la demagogia movida por la pretensión del voto está de moda; sin embargo, no debemos perder de vista el significado y las consecuencias de avalar opciones irresponsables. En el pasado, el país pagó muy cara la desatención al sentido común y a las reglas del juego a las que toda nación está sujeta. El debate que a todos conviene es aquel que se concentra en las alternativas positivas, eficaces y sensatas para mejorar al México que hoy tenemos.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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