Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

El Ejército y la seguridad

La presencia del ejército en acciones de seguridad pública ha sido la respuesta institucional a la insuficiencia de las policías bajo mando civil. El de la inseguridad es un problema añejo, que se ha agravado frente a la incapacidad del sistema para hacer frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, especialmente la relacionada con el tráfico de drogas. Los eventos recientes en Puebla, en la que perecieron soldados y delincuentes, así como la revelación en video de la ejecución de uno de los presuntos transgresores de la ley a manos de un militar, abre espacio a la polémica sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas que debieran realizar las policías.

Es lamentable generalizar el juicio al ejército por un incidente que resulta a la vez lamentable e injustificable. Pero tampoco puede eludirse el riesgo implícito cuando personal adiestrado para realizar tareas asociadas a la milicia se le utiliza para tareas de carácter policíaco. De inicio debe quedar claro que el problema no es del Ejército o de la Marina, sino del sistema en su incapacidad para contar con policías confiables, profesionales y suficientes para hacer las tareas de vigilancia, prevención y persecución de los delitos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, desde el principio, ha dejado en claro que se realizarán las investigaciones del caso y que el responsable enfrentará a la justicia por el incumplimiento del protocolo y los procedimientos de actuación. Lo realizado por el soldado fue por su cuenta, no atiende a una instrucción superior o a un patrón de conducta promovido o tolerado. Sin embargo, evidentemente que sí es un caso para entender un poco el entorno de los eventos y la presión a la que están sujetos los soldados en el momento de ese tipo de operaciones en las que ellos mismos o sus compañeros pueden resultar heridos o muertos.

Para el caso concreto de Puebla, el hecho es una evolución de criminalidad organizada que revela la debilidad del Estado para prever, actuar y sancionar a delincuentes que en el caso que ocupa, han hecho del robo de combustible un negocio de proporciones mayores. Es un género de criminalidad que fue creciendo en los últimos 15 años y que se debe al incentivo de grandes utilidades y bajos riesgos en toda la cadena criminal asociada: extracción de combustible, su transporte, comercialización y lavado de los cuantiosos recursos financieros generados en esta actividad.

Eventos como éste, donde hay muertos de lado de quienes han sido enviados a contener a la delincuencia y de los delincuentes, resultan de gran impacto social y no deben quedarse en la recriminación ni en el escarnio. Deben servir para elevar la voz para resolver temas de urgente atención: por una parte, la necesidad de que el Congreso defina un marco legal que ofrezca claridad sobre las responsabilidades y obligaciones de personal militar desplegado en acciones de seguridad y, por la otra, emprender de una vez por todas el nuevo modelo policial que haga que el Ejército intervenga en materia de seguridad pública solo temporal y excepcionalmente.

El otro aspecto sobre el que es preciso actuar es el relativo a la estrategia global para combatir el tráfico ilegal de drogas. El mundo se ha ido transformando. No es solo un tema de mayor tolerancia y permisividad sobre el consumo y tráfico de drogas, también son los magros resultados de la perspectiva dominante ya por casi medio siglo y que además ha generado efectos colaterales perniciosos en extremo como es la violencia y la criminalidad asociada. México ha sido uno de los países más afectados por el esquema vigente de combate a las drogas. Tiene toda la fuerza moral y más que eso, las razones para demandar un cambio en la perspectiva dominante. La despenalización del consumo y una fórmula responsable y confiable de comercio legalizado de producción y comercio de drogas debe estar en el centro de la discusión. Finalmente, el tema es esencialmente de salud pública, si hay inteligencia y visión, hacia allá podría remitirse el tema.

Contar con policías confiables es un proceso de muy largo aliento. A finales de siglo se creó el sistema nacional de seguridad pública y las bases para la indispensable coordinación entre los órdenes de gobierno. Estaríamos en otras condiciones si de ese entonces a la fecha hubiera habido continuidad, asignación creciente de recursos y un esquema confiable de registro de criminales y certificación de personal vinculado a la seguridad pública.

La conformación de una policía nacional ha sido un objetivo que también ha quedado corto. Nuevamente, los recursos financieros han sido insuficientes y por lo mismo, acciones muy encomiables y prometedoras como la Gendarmería Nacional, no permiten dar respuesta a la altura de las circunstancias y, especialmente, que permitan reducir y, de ser posible, prescindir de la asistencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Aun así, la solución no está en el despliegue de fuerzas federales civiles o militares, la solución apunta más a las policías estatales y municipales, así como la llamada policía de acercamiento. Allí es donde tienen que aplicarse los recursos institucionales en mayor proporción. La cuestión es cómo asegurar que lo aprobado por el Congreso realmente llegue a su destino. Como tal el Sistema Nacional de Seguridad debe ampliar su capacidad precisamente a construir una fórmula concertada que permita definir necesidades urgentes y también mecanismos que supervisen la correcta aplicación de recursos.

Los hechos lamentables de Puebla deben servir para renovar la voluntad institucional y social para fortalecer la capacidad de enfrentar al crimen organizado. La acción de justicia penal debe ser firme para sancionar con rigor no sólo cualquier exceso en la persecución del delito, sino también para actuar contra toda la cadena delictiva relacionada con el robo de combustible.

“Apoyo al presidente Peña con consenso”

Revisten sin duda una gran trascendencia para el Federalismo mexicano las expresiones que hiciera en días pasados el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera. “Esté seguro que en todo lo que construyamos en consenso con su gobierno, encontrará el apoyo incondicional”, dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México al presidente de la República, en el marco de la reunión en la que los mandatarios locales se reunieron para analizar, entre otros temas, el de la seguridad púbica.

En su momento el Presidente Peña Nieto señaló que los índices delictivos han repuntado en algunos estados a niveles semejantes a los de años pasados. Como tal, el deterioro de la seguridad es un proceso que a todos preocupa e involucra. Los gobernadores, todos, tienen el desafío de atender el compromiso con la legalidad y la tranquilidad pública. Las condiciones de algunas entidades lo vuelven considerablemente más complejo. El poder del crimen frente al del Estado se torna en algunas circunstancias crítico para las instituciones y para la convivencia civilizada. Por eso es preciso que quienes encabezan los gobiernos locales ratifiquen el compromiso para trabajar conjuntamente con las instancias federales para combatir un problema fundamental y que requiere del compromiso y la coordinación de todas las instancias de gobierno.

En medio de la contienda electoral 2017 y de los prolegómenos de la elección general de 2018, las palabras del Jefe del Gobierno de la Ciudad son además una muestra de madurez política, la que sería deseable fuera el signo distintivo de los líderes políticos de todas las fuerzas políticas y especialmente de quienes desde la oposición pretenden llegar a la presidencia. El mismo Miguel Ángel Mancera es un fuerte aspirante a la candidatura presidencial, aunque a la vez de que uno de sus mayores logros políticos, la Constitución para la Ciudad de México, está bajo controversia constitucional. Sin duda es una muestra de seriedad política que le hace diferenciarse del resto; no apuesta por el aplauso fácil, sino por la adhesión razonada y por la defensa de causas sustantivas, aunque eso pueda generarle críticas o reservas de parte de sus afines.

Acierta Mancera esta vez, como en otras ocasiones, porque el tema de la seguridad no admite reservas o regateo. Él mismo fue un buen procurador de justicia en la Ciudad de México y sabe, por experiencia, la importancia de construir un frente común frente al delito y la violencia. Los gobernadores, deben empeñarse de manera más decidida en la lucha contra el crimen, hacer valer su autoridad y asignar los recursos para cumplir con la responsabilidad primaria de toda autoridad que es la de proteger y defender a las personas y sus familias.

Los acontecimientos violentos en Puebla, donde perecieron cuatro soldados y tres delincuentes, son un ejemplo de la gravedad de la situación. Allí se revela, como en otros lugares, una forma de complicidad social entre criminales en extremo violentos y peligrosos, con la comunidad en la que operan. Hay razones económicas y especialmente sociales. Es una connivencia que tiene como origen el deterioro de otras instituciones sociales fundamentales que operaban como mecanismos de cohesión social. También tiene mucho que ver la debilidad o ausencia de autoridad. Revertir la situación no solo es cuestión de hacer valer la ley y abatir la impunidad, también se requiere recuperar el llamado tejido social a efecto de que la fortaleza frente al crimen tenga como punto de partida la comunidad y las familias.

Particular atención debe ponerse en los jóvenes y menores, quienes son utilizados por la delincuencia como tropa a sacrificar en el frente de batalla. También es inhumano en extremo que los criminales utilicen a la población civil, especialmente, a mujeres y menores como escudo humano. Los militares actuaron con prudencia y eso les significó bajas que adquieren un significado heroico.

Por lo que respecta al crimen organizado vinculado al narcotráfico es necesario no ceder frente a la amenaza que representan. Es una lucha no solo de las autoridades, también de la sociedad y de los medios de comunicación. En forma alguna puede haber complacencia porque lo que está de por medio a todos pertenece. Esto empieza por el repudio a la denuncia y también por la exigencia a todas las instancias e instituciones de definir posición frente a uno de los enemigos más perniciosos y perversos que es el crimen organizado.

Ha llegado el momento de revisar a profundidad la estrategia contra el tráfico de estupefacientes. Los resultados han sido devastadores. México ha pagado un precio muy elevado por suscribir una visión y una actuación que en los resultados ha sido infructuosa. El problema se agrava y se extiende a otras actividades criminales. La despenalización del consumo todavía requiere de un mayor avance, así como valorar la manera de comercializar y abastecer el consumo de drogas sin las expresiones criminales que actualmente se presentan. Hay una corriente mundial y diversas iniciativas al respecto. No son ocurrencias ni posturas extremas. En México y en el mundo hay personalidades de prestigio y solvencia ética y profesional que proponen un cambio a fondo sobre el tema.

Como en muchos otros temas, la clase política no ha actuado con prontitud y lo que prevalece es un precario interés para dar una respuesta institucional a la situación. El Congreso cierra su periodo de sesiones y una vez más, se posponen decisiones fundamentales para dar certeza jurídica y claridad en uno de los temas de mayor importancia, que es normar la intervención de las fuerzas armadas y definir el modelo policial funcional que responda al desafío que implica combatir a la delincuencia con toda la fuerza del Estado.

Al menos, para el caso concreto, es alentador que los mandatarios locales muestren voluntad y compromiso para enfrentar el problema de la inseguridad. Que esta voluntad la exprese un funcionario de una identidad política diferente a la del Presidente, es un hecho que merece reconocimiento y es deseable que sirva de ejemplo para que de una vez quede en claro que más allá de las diferencias y de los intereses políticos o de cualquier índole, hay asuntos de interés común donde el consenso y acuerdo son indispensables. El más apremiante es el combate a la inseguridad y la violencia. Vamos tarde, pero es un buen comienzo.

El TLC y los presidentes

La relación bilateral México EU ha cambiado con Donald Trump en la presidencia. Para el país y los mexicanos el desafío no ha sido menor. Un político populista que hizo de la arenga antimexicana argumento para ganar el voto de la mayoría blanca y de todos aquellos con un sentimiento de agravio por el cambio en curso. Trump pudo conectar como candidato; sin embargo, la situación se ha vuelto mucho más compleja y en varios sentido adversa ya como presidente.

Las reacciones de los mexicanos y de buena parte de la opinión pública ante el embate del político empresario ha sido emocional; no es para menos, lo dicho en campaña para ganar la candidatura y después la presidencia ha sido un insulto. Empero, los gobiernos deben manejarse en otro plano. Escalar la confrontación serviría para complacer al auditorio, pero llevaría al país a una situación de alto riesgo en lo económico y social. La prudencia y la firmeza es la combinación obligada, aunque esto difícilmente pueda ser entendido y comprendido. Finalmente, lo que valen son los resultados y el balance hasta hoy da razón a la manera como el presidente Enrique Peña ha manejado el tema, el más complejo que haya enfrentado presidente alguno.

La fortaleza del país es estructural. Se puede actuar sin complejos con la certeza de si la razón se impone, la redefinición de la relación bilateral no debe afectar a México. El problema está en que hay un escenario incierto y el nuevo presidente no actúa de manera convencional. Las dificultades que enfrenta su presidencia y las repetidas derrotas ante el Congreso pueden provocar una respuesta inesperada que afecte a los intereses de México. Ya al inicio intentó a través de una acción ejecutiva modificar las reglas en materia de migrantes, lo que mereció no solo un rechazo internacional, sino una acción judicial que anuló la decisión presidencial. También el agresivo ataque a Afganistán se enmarca en esta estrategia de recuperar terreno en acciones de impacto mediático y de consenso nacional.

Se cumplen 100 días del inicio de su mandato. Desde el presidente Franklin D. Roosevelt se ha vuelto tradición medir el desempeño presidencial en ese corto periodo. El balance no le es favorable fundamentalmente porque no ha podido lograr lo más relevante de su agenda. y esta circunstancia es la que debe mantener en alerta a México. Su determinación de acabar con el programa de salud de su antecesor fue una severa derrota infligida en el Congreso por su propio partido. Igualmente sucede con su iniciativa fiscal. El muro no prosperó. La sospecha de conflicto de interés de él y los suyos, así como la de influencia ilegal de Rusia en las elecciones ha comprometido la calidad moral del mandatario.

En la adversidad el presidente argumenta que como ninguno de sus antecesores se ha comprometido en la tarea de defender a los trabajadores norteamericanos. Su visión del tema es superficial, arropada en un nacionalismo y un desconocimiento de las razones que mueven al mercado laboral. La presión que ha impuesto a las empresas para que no trasladen producción a México ha sido más aparente que real, además de que obliga a ofrecer incentivos selectivos y en muchos casos insuficientes.

En este contexto es de esperar que el presidente haga del TLCAN el objetivo. El rumor en medios serios sobre una inminente acción ejecutiva para que EU abandonara el acuerdo comercial tenía fundamento. Un cambio radical en la materia, aunque podría dañar severamente a muchas empresas norteamericanas y afectar a los consumidores y trabajadores norteamericanos sería muy negativo para México. La actitud de alarma del presidente y del canciller fue justificada. La llamada del presidente Peña a su contraparte fue crucial para revertir la decisión. Así lo ha reconocido el presidente norteamericano, a su manera y en sus términos.

Lo logrado no es menor, aunque bien es cierto que el acuerdo comercial pasará a una etapa de negociación. Si la razón impera, su transformación será en beneficio de las tres naciones, como lo ha sido desde su origen. México tiene excelentes negociadores y una experiencia exitosa en este aspecto. El sector laboral y empresarial tienen confianza y ven en la representación mexicana un vehículo eficaz para hacer valer su voz e intereses. Situación que no sucede en EU, donde la diversidad productiva, el pluralismo y el peso del Congreso hace sumamente complejo el proceso de articulación de intereses con los representantes gubernamentales, a grado tal que hasta la fecha no ha habido aprobación del funcionario responsable en materia comercial.

La negociación del TLCAN es un logro de la diplomacia mexicana. Muestra y prueba la capacidad del país y de sus autoridades de incidir positiva y proactivamente en determinaciones críticas de la relación bilateral. El reconocimiento se da a partir de los resultados, justamente lo contario de lo que sucede con el presidente Trump a los 100 días de su mandato. En este sentido ganar tiempo ha resultado un acierto.

Los problemas y las presiones de carácter antisistémico y populista no solo están en EU, también aquí y esto se acentúa por el momento electoral, como sucedió en el país vecino. En el contexto actual la democracia abre la puerta a este tipo de posturas. La sociedad se ha transformado y no ha creado sus autodefensas para evitar o contener la demagogia rupturista. El desgaste del sistema propicia la convicción de que todo está mal y que la solución está en llevar al poder a un proyecto que se aleje de todo lo existente, aunque de por medio esté mucho de lo positivo que existe y que es la base para la vigencia de las libertades y de la democracia.

México y EU someten a prueba su institucionalidad democrática. Una llamada del presidente Peña con su contraparte revela que México sí puede hacer valer la razón y su interés.

Vivir al límite

No importa si la velocidad del auto al momento del impacto, fue 220 Km/h o 180, en el accidente registrado en la avenida más emblemática del país. Tampoco es relevante si el conductor estaba intoxicado al momento del siniestro. Lo cierto es que es impensable el hecho. La imagen del evento trágico y fatal para 4 personas sacudió al país. Es un tema que hace pensar mucho más allá del hecho, de la acción preventiva de las autoridades o de la responsabilidad directa o indirecta de quienes pudieron haber evitado la tragedia. Tengo la impresión de que el acontecimiento es indicativo de que estamos viviendo al límite, y que hemos perdido sentido y proporción de las cosas.

Algo semejante acontece en la información que se recibe de la venalidad de algunos funcionarios. Las cantidades escapan a lo imaginable. No es que en el pasado no hubiera corrupción, sino que de lo que ahora somos testigos no guarda precedente. La imagen del cuarto con una montaña de dólares en la casa de Las Lomas cuando fue detenido Zhenli Ye Gon generó un impacto arrollador para millones y millones de personas que apenas sobreviven en el apremio de solventar sus necesidades básicas. La información de desvíos, daños patrimoniales o malas inversiones es abrumadora por su recurrencia y magnitud.

La sociedad del espectáculo, parafraseando a Mario Vargas Llosa, hace que la reflexión sobre los eventos quede suprimida por el peso de la imagen, por la narrativa del escándalo, por el espectáculo trágico que lo mismo horroriza que fascina. Produce rechazo y a la vez seduce. Se trivializa y crea un ánimo lo mismo de repudio, de rencor y de mal sana curiosidad. Precedentes que se acumulan en el imaginario y que van cambiando el estándar de lo aceptable y de lo permisible. La realidad supera a lo imaginable.

Vivir al límite tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Lo privado remite a la crisis de la familia y la escuela, así como la dificultad de que los valores tradicionales puedan ser referente del mundo real. La violencia, la inseguridad, el aislamiento resultado de la comunicación digital y la ficción de comunidad que también produce la comunicación digital, dan lugar a una forma distinta de convivencia. Más libre, pero más individualista. Más generosa, pero más hedonista. Más abierta al cambio, pero menos participativa. Más tolerante, pero más permisiva y menos rigurosa con la verdad.

En lo público tiene dos dimensiones: la exigencia de la sociedad a un gobierno cada vez más condicionado para dar respuesta a esa expectativa y, por la otra, los efectos que tienen sobre el conjunto de la política cuando quienes la representan incumplen con el nuevo estándar que la sociedad impone. El rechazo es por lo que se hace y por lo que no se hace. Al gobierno se le reprocha, por ejemplo, cuando se evade de la justicia el ex gobernador Javier Duarte, y por igual cuando participa con las autoridades de Guatemala para lograr su detención. La maledicencia hace que se pierda el horizonte del hecho fundamental: la detención da espacio a la justicia; es un avance respecto a la impunidad.

El problema de la desconfianza social es que no afecta a un personaje, partido o gobierno. El daño es generalizado al conjunto del sistema de representación política. Nada ni nadie se escapa. En general, las instituciones públicas y privadas fundamentales en la socialización de valores están en crisis profunda. Quiero creer que es una crisis de adaptación al nuevo paradigma social, pero el proceso resulta traumático porque se pierde sentido de lo relevante y de lo que hay que cuidar y preservar. En el agravio real o imaginario se opta por menospreciar mucho de lo positivo que tenemos como régimen político o como sociedad. Quizá poco reparamos en ello, pero vivir al límite tiene una elevada cuota de autodestrucción, a semejanza del conductor del vehículo al que le dio por desafiar las reglas elementales de la supervivencia.

En la política esto también tiene sus efectos. Los partidos históricos quedan muy expuestos, mucho más el partido gobernante. La furia por lo que ocurre se desata hacia los símbolos de poder y con frecuencia cobran aliento y una gran simpatía las propuestas antisistémicas. La política se vuelve más emocional de lo que ha sido siempre. Esto no tiene que ver con cultura, educación o nivel social, el sentimiento de agravio es el que da fuerza al populismo, el que se asume como un movimiento de venganza pública frente al enemigo real o imaginario.

Vivir al límite en su expresión política, excluye al debate y la auténtica rendición de cuentas. El de enfrente es juzgado y sentenciado de manera sumaria. El de casa, gana impunidad y no requiere rendir cuentas ni ser objeto de escrutinio, ya que eso descalificaría el ánimo de venganza pública que mueve y motiva al proyecto antisistémico. No hay debate porque quien se asume por encima de todos no requiere validar públicamente sus razones, ya que el blindaje que acompaña a la superioridad moral no requiere de argumentos.

Es preciso y adquiere la mayor prioridad, romper con la inercia de vivir al límite. Aunque ésta es poderosa porque tiene un origen estructural e histórico, es un ciclo que hay que interrumpir por el bien de todos. Son tres las tareas que deben hacerse. Primero, hay que obligar que el debate cobre realidad, el auténtico debate, no las descalificaciones y los monólogos. Que todos los actores de relevancia participen de este ejercicio público de confrontación de ideas y acuerdos.

Segundo, la rendición de cuentas debe estar presente. No solo la institucional, también la que debe ofrecerse a la sociedad. Los medios tenemos una tarea importante en ello y por lo mismo se deben abrir tanto a quien demanda o exige información, como presionar a quien debe ofrecerla, que incluye no solo a gobiernos o políticos, también a empresas y organizaciones. Y, tercero, el escrutinio público. También una tarea a cargo de instituciones, pero también y quizás más relevante, una responsabilidad hasta ahora desatendida por la sociedad.

Viejos y nuevos términos de la legalidad

La sociedad se ha transformado. A la par de los retos de siempre, se van sumando los de nuevo origen. El imperio de la ley es un desafío mayor. La norma también, y su aplicación se ha transformado en la medida en que los estados nacionales se ven obligados a asumir un Código de legalidad global que a todos aplica y somete. Los mismos gobiernos deben cumplir con normas que no se derivan del quehacer de los órganos legislativos propios. Por cierto, el país con más resistencia a asumir estos nuevos términos de la legalidad es Estados Unidos, y lo hace por razones que tienen que ver con una vieja tradición que ve con reserva al exterior. El mundo global se impone, pero los jugadores asumen actitudes diferenciadas.

El periódico The Guardian informó hace unos días que China y Rusia pudieron interferir en el voto del Brexit mediante un ataque cibernético al sitio de registro de votantes, lo que pudo afectar que miles de electores no estuvieran habilitados para ejercer su voto. También se ha investigado el alegato sobre una eventual intervención de Rusia en las elecciones en Francia e incluso en las presidenciales recientes de Estados Unidos. Las acusaciones son serias y las investigaciones están en curso.

Los hechos son suficientes para entender los nuevos términos de la legalidad y de las acciones preventivas y de sanción que deben preverse. En la política, el escándalo es evidente por sus implicaciones e impacto noticioso. La nueva tecnología entraña un nuevo universo de responsabilidades y derechos de los que apenas estamos entendiendo y definiendo, como es el respeto a la privacidad, los delitos cibernéticos y los esquemas de seguridad e información comercial basados en lo que se llama big data, que es una forma de proveer y obtener información, casi siempre involuntaria por quienes interactuamos en el mundo digital.

México se encuentra en medio de esta nueva realidad justo cuando aumenta la exigencia pública para abatir la impunidad en todas sus expresiones. La política ha sufrido un golpe severo en su imagen precisamente por la impresión de que la corrupción se ha generalizado y las autoridades se muestran omisas ó impotentes para encarar la situación. La sospecha, fruto de la desconfianza, se ha generalizado; va a todo y todos, incluso a las empresas y a los particulares. La situación genera exceso de juicio y propicia el prejuicio de que todo está corrompido.

La legalidad tiene su curso, reglas, procedimientos y principios. No hay atajos. Ni el voluntarismo ni la politización de la justicia son procedimientos eficaces para hacer valer la ley. Quizá, con expedientes populistas y sin sustento legal, se pueda complacer por un momento la exigencia pública de justicia, pero a la larga llevará al desencanto y a la realidad de que solo puede haber justicia sometiendo su actuar a lo que la norma establece. Es cierto que estos procesos son largos, difíciles y de resultados inciertos, pero es la única forma de abatir la impunidad.

Los mandatarios locales son los que están en el centro del huracán por la indignación que genera la corrupción. Pero ahora, la sospecha se ha ampliado a las autoridades que tienen que ver con la asignación de obra y contratos con particulares. Los entes de regulación en el mundo han puesto acento a la manera como las empresas no solo participan, sino propician la corrupción y para ello han establecido un código global contra acciones corruptas de personas físicas o morales. Las empresas públicas deben ofrecer información detallada sobre sus inversiones en otros países, las infracciones pueden ser muy severas y también el costo a su credibilidad. También existen procedimientos para dar una suerte de amnistía o trato benevolente a quien es investigado y participa entregando información de sus actividades delictivas.

En la lucha contra la corrupción los países no están solos, lamentablemente no siempre se tiene el cuidado para proteger a terceros o la reputación de inocentes. Los casos emblemáticos de escándalos de corrupción suelen ser grandes olas que todo arrollan y que propician juicios generalizados.

La justicia penal mexicana investiga casos que se han iniciado en otros países. Ya es común que investigaciones penales en EU tengan repercusión en México y casos de funcionarios o particulares que han sido sometidos a proceso y que han aportado elementos que conducen a la comisión de delitos patrimoniales o de corrupción en México y que al trasladar capitales o realizar operaciones financieras o patrimoniales en EU, queda expuesto el origen de sus patrimonios y de sus actividades ilícitas. Lamentablemente los recursos de origen ilícito con frecuencia se quedan en el país a donde se envió el dinero en detrimento de la nación afectada. Los casos son recurrentes y es hora de que las autoridades mexicanas puedan definir con sus contrapartes esquemas para resarcir el daño, especialmente cuando su origen viene de las arcas públicas.

El combate contra la corrupción también tiene que ver con el blanqueo de dinero por actividades vinculadas al narcotráfico. Son acciones diferentes y la preocupación que deben tener quienes participan de un enriquecimiento ilegal que tiene como origen los recursos públicos, es que sea vinculado o asociado al del narcotráfico o actividades conexas como son la trata o de migrantes indocumentados. Las autoridades norteamericanas han desarrollado la habilidad para presionar a los corruptos y así obtener de ellos confesión detallada de sus actividades y eventualmente acuerdos para que los dineros se queden en el país que investiga. Los fiscales son premiados y reconocidos por la incautación que se haga de estos recursos.

La lucha por la legalidad requiere de las autoridades el mayor compromiso para no quedar expuestas ni ellas ni el país por casos de corrupción o de delincuencia organizada que son investigados desde otros países. El reto es enorme y las instituciones mexicanas se han ido transformando para corresponder con eficacia a este desafío.

Diplomacia mexicana

Como todo en la vida, la política se mide por los resultados. Quizá la opinión del momento no sea justa, tampoco objetiva, más cuando existe un ánimo de desencanto y hasta de enojo en la población. En los acontecimientos recientes, la irrupción de Donald Trump a la escena pública ha sido uno de los grandes eventos. Como nunca la población en México y en buena parte del mundo se volcó hacia la campaña presidencial norteamericana y particularmente en su desenlace y secuela. Lo ocurrido ha preocupado a todos por la amenaza que representa un cambio radical en la relación bilateral y en el papel de EU en el mundo.

La diplomacia mexicana optó por la mesura y el diálogo desde el mismo proceso electoral. Con ello el gobierno y el presidente Peña asumieron un muy elevado costo. Desde muchos frentes se exigía una respuesta de confrontación. El gobierno resistió, primero durante la campaña, con la perspectiva de que el personaje en controversia pudiera llegar a la Presidencia, hipótesis desechada por muchos. El presidente Peña tuvo razón y también se convalidó la actitud de apertura, aunque de firmeza frente a temas fundamentales, como fue la decisión de cancelar la visita en respuesta a la imprudente actitud del presidente Trump respecto a la construcción del muro.

Aún con esa determinación de firmeza, el mandatario mexicano decidió continuar el diálogo. La renovación del equipo de gobierno en la Cancillería dio una mayor coherencia y congruencia entre la representación diplomática y la responsabilidad presidencial. Los resultados positivos avalan las decisiones. A menos de cien días de su mandato, el presidente Trump gradualmente ha ido encontrándose con la realidad. Su partido no está dispuesto a seguirle en su aventura. Los radicales han ido perdiendo terreno y la desaprobación al gobierno y al Presidente continúa creciendo.

En los tres temas estratégicos de la relación bilateral, el tiempo ha favorecido a México, sin que todavía pueda declararse victoria. Comercio, migración y seguridad requieren cuotas de pragmatismo. La realidad se impone y la doctrina cede y con ello la incertidumbre que disparó el arribo de Trump a la presidencia. Las perspectivas de hoy son menos malas, sin que se deba bajar guardia, además de que está por delante la renegociación del TLCAN.

En este contexto, una de las decisiones más meritorias de la diplomacia mexicana ha sido el encuentro del presidente Peña con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, detenido desde hace tres años en una prisión militar por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Lilian se hizo acompañar de la madre de Leopoldo, Antonieta Mendoza, hija de quien fuera ministro de Agricultura en el gobierno de Rómulo Betancourt, una de las figuras más notables de la política y las letras latinoamericanas y un gran amigo y aliado de México en los años difíciles de la guerra fría.

El giro que ha dado la diplomacia mexicana es en el sentido correcto. No se trata de intervenir en otro país, sino acreditar la responsabilidad de todos los gobiernos para salvaguardar los derechos humanos y la democracia en el continente. El gobierno de Maduro se ha degradado; tuvo que revertir el autogolpe de Estado que pretendía eliminar al Congreso dominado por la oposición. Las dificultades económicas están haciendo estragos en la población, al tiempo que la persecución y represión de la oposición se recrudece. No es el diálogo el camino, ese proceso ya se cerró y fue el mismo Nicolás Maduro el encargado de cancelarlo. Lo que ahora corresponde es que haya elecciones justas y libres, que sea la voluntad popular la que determine el futuro de Venezuela para salir del deterioro político y del colapso económico y social; que se libere a los presos políticos y que se abran los canales de ayuda humanitaria.

El diálogo del Presidente con la esposa y la madre de Leopoldo López es una señal muy positiva en todos los sentidos. Quizá un sector de opinión o de la política alineado al castrismo pueda sentirse lastimado. Lo importante es que con ese encuentro México convalida y responde a su condición de líder regional. La omisión o el silencio por sistema son obviamente contraproducentes. Era necesario definir posición y el encuentro por sí mismo es un mensaje que alienta a quienes luchan por la democracia y a quienes en Venezuela quieren ver el fin de un régimen que se ha vuelto en contra de la población y de las libertades.

México es un referente de la mayor importancia en el continente. La diplomacia mexicana debe actuar en consecuencia. La OEA es el escenario de mayor relevancia de la comunidad regional de países. El jueves 23 de marzo, México y otros 13 países, incluyendo EU, Brasil, Chile y Argentina, formalizaron su preocupación sobre la crisis que atraviesa Venezuela e insistieron en su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Los 14 países urgieron al régimen venezolano a que libere sus “presos políticos” y devuelva la legitimidad a las instituciones parlamentarias.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, el “policía malo” de la tragedia de un gran pueblo, rechazó que hubiera presos políticos y en un tuit expresó “La República Bolivariana de Venezuela rechaza las insólitas y serviles declaraciones del canciller de México”.

El pasado 3 de abril, en reunión del Consejo Permanente de la OEA, 19 de 23 países presentes, incluyendo a México aprobaron una resolución para denunciar la “violación del orden constitucional” en Venezuela, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de tomar control del poder legislativo. La resolución demandó la reinstauración de la separación de poderes, así como una petición para convocar a reunión a nivel ministerial.

Es previsible el desenlace en Venezuela. Finalmente, habrá de recuperarse la normalidad democrática y reemprender un largo camino a su recuperación social, política y económica. Sin embargo, no hay claridad sobre lo que pueda ocurrir frente a un gobierno proclive a la represión y arrinconado por su propio desastre. Entre tanto, es alentador y un orgullo que el gobierno mexicano haga valer su compromiso con las libertades y la democracia.

El imprescindible escrutinio al poder

México transita por momentos difíciles e inciertos. Se han logrado muchas cosas positivas en el pasado lejano y reciente, pero hemos perdido algo fundamental, perspectiva y sentido de orgullo. En el balance objetivo de la situación nacional, la circunstancia de ahora es mejor, considerablemente mejor que hace cincuenta, treinta o veinte años. Así es en lo cualitativo y cuantitativo. No aplica a todo, pero sí a mucho, pero para construir futuro la mejor manera es tener claridad de lo bueno que hay que cuidar y preservar y, desde luego, lo que hay que corregir, cambiar o desplazar.

La desesperación por lo inmediato puede comprometer lo fundamental, más cuando 2018, cualquiera que sea su desenlace, significará un momento fundacional, así gane nuevamente el PRI, el PAN, Morena o cualquiera. Considero que el conjuro al salto al vacío es el debate, el escrutinio al poder y la rendición de cuentas, tareas que no corresponden propiamente a las instituciones públicas, sino a la sociedad. México acusa debilidad al respecto, como también el déficit de cultura ciudadana. Son muchas las razones, pero la democracia mexicana no solo no ha producido demócratas, sino un déficit de valores y cultura ciudadana, fundamento insustituible de la democracia liberal.

Efectivamente, puede haber buenos, malos o pésimos gobernantes, pero en el sistema democrático, la participación de la sociedad en los asuntos públicos significa que el bueno sea mejor, que el malo sea corregido y que el pésimo sea echado. La sociedad activa es una plataforma para mejores gobiernos y un dique contra la ineptitud y los abusos de poder. Ahora se puede ver con claridad cómo está ocurriendo en EU. Es una lección que ilustra el poder de la democracia. La contención a los excesos viene de la ley y de los procedimientos judiciales, también del Congreso; sin embargo, no se puede desconocer que es la presión ciudadana y el temor electoral de los mismos republicanos por la magnitud del descontento social, lo que hace que la maquinaria de contención opere con naturalidad, sin rupturas y con eficacia.

De modo que el origen del desencanto que siente la sociedad, no está en las condiciones objetivas de la población, sino en el debate, en la manera como la sociedad participa o se abstrae de la información y de la discusión pública, esa que lo mismo está en las páginas editoriales de los grandes diarios que en los programas de humor ampliamente atendidos por la población y por supuesto, en las redes sociales.

En México no tenemos cultura del debate, al menos no con la calidad y la generalidad que se requiere. Razón de historia, pero también de valores. La escuela parte de una vieja tradición, fincada en la búsqueda de certezas, en vez de la deliberación para la generación de conocimiento y mejor convivencia. Debatir con facilidad se confunde con discutir, y termina en un concurso no sólo de quién tiene la razón, sino quién prevalece. La familia en la circunstancia actual hace difícil acreditar una actitud de apertura y el valor de tolerancia; vivimos en la desconfianza profunda, no solo respecto al poder y las instituciones, también hacia nuestros vecinos y semejantes.

La comunicación digital y las redes sociales son una de las grandes maravillas del mundo actual. Su potencial representa un desafío a la imaginación. Sin embargo, es un terreno muy complejo que muestra virtudes increíbles y defectos muy preocupantes. No solo es un componente de la nueva sociedad, es un generador de una nueva subjetividad que transforma personas y grupos, crea comunidades e identidades y revoluciona a instituciones, empresas y comunidades. Lo cierto es que hasta hoy, por causa nuestra, es mucho más el potencial que su aportación real a la calidad de la sociedad.

El escrutinio al poder, el más eficaz, viene de la sociedad. No está dirigido a la formalidad, sino a todo y todos. Nosotros mismos, quienes tenemos el privilegio de participar en un medio público con una opinión personal a compartir por un público abierto, debemos ser sujetos de crítica y observación.

El escrutinio al poder también debe existir para los líderes políticos. Como parte de ese déficit de ciudadanía y cultura democrática, es común el desapego de muchos dirigentes a la verdad. El rigor de juicio no es muy común en la discusión pública. Con frecuencia se dice lo que halaga a la tribuna y no lo que debe ser. El humor social existente nos dice que una tercera parte de la población está en la indignación y otro tanto en la preocupación, esta circunstancia hace propicia la demagogia y la ligereza de quienes intervienen en la creación de la opinión pública o publicada.

Considero que la intolerancia del opositor a la crítica, es el huevo envenenado para el futuro de la democracia, sobre todo, si es el caso de que éste pueda tener en el futuro una posición de privilegio. La crítica al crítico debe estar presente y por salud del proceso democrático debe ser de la misma magnitud y con mayor rigor. No hay salvadores de la patria, tampoco hay espacio para convalidar la superioridad moral a pesar de que esto embona muy bien en el ánimo social existente. El monólogo no es lo que se requiere, tampoco es útil, y plantea mucho más riesgos, que beneficios.

Los medios de comunicación son fundamentales para la rendición de cuentas, pero son un instrumento muy poderoso para ser selectivos. Creo que su papel en esta hora del país, es el de ampliar el espectro de voces, intereses y posturas. Los mismos de siempre son un freno a la inclusión y a la diversidad. Es momento de cambiar los términos y las formas en la que los medios emprenden su función en el escrutinio al poder. Esta observación no demerita casos ejemplares de medios y comunicadores que ingresan a este difícil terreno de la polémica y lo hacen con cuidado y calidad.

El escrutinio al poder es un desafío y una oportunidad mayor para nuestra democracia. La calidad y el rigor con que se realice esa tarea, y la participación activa e informada de la sociedad en el debate, permitirán construir bases sólidas para un futuro deseable.

La doble moral

En una democracia, la calidad del gobierno depende en gran parte de la calidad de la crítica y, más que nada, de la oposición. En los tiempos de dominio político del PRI, el desgaste se centraba en el gobierno y en su partido. La renovación sexenal operaba como una forma de amortiguamiento de la crítica pues generaba también una renovación de expectativas, que se fue agotando cuando los problemas de uno y de otro gobierno continuaban más allá de sus periodos, particularmente como resultado de las dificultades por el desequilibrio macroeconómico. Esa inestabilidad se fue heredando de sexenio a sexenio, a la par que la oposición empezó a ganar terreno. A medida que fue mayor la afectación por la economía inestable, mayores fueron las posibilidades electorales de la oposición.

En aquél entorno, la oposición señalaba que el origen de todos los males venía del dominio de un solo partido; la alternancia en todos los ámbitos, desde ese simplista criterio, significaría la solución de fondo y haría realidad el funcionamiento virtuoso del régimen democrático. Habría, en automático, un gobierno acotado por la sociedad y fincado en el equilibrio de poderes, el estado de derecho y un régimen de pesos y contrapesos, de acuerdo al arreglo del modelo clásico de la democracia liberal.

La alternancia ha cobrado realidad y es recurrente, y la desconcentración de poder tiene expresiones institucionales a través de la pluralidad en gobiernos locales y municipales, así como el surgimiento de organismos autónomos del estado, prácticamente en todos los ámbitos de la administración y gobierno. La división de poderes igualmente es expresión de la vida institucional ya con varias décadas de funcionamiento: la primera decisión de la Presidencia de Ernesto Zedillo fue la transformación a fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dotarle autonomía e independencia del gobierno, y a partir de 1997 el país presenta un gobierno dividido, esto es, el partido gobernante no tiene mayoría en el Congreso.

En materia de democracia hemos avanzado, pero no parece que tuvimos capacidad de resolver los vicios del autoritarismo, de hecho, muchos problemas persisten. Lo que caracteriza a los nuevos tiempos es un desgaste de la política en su conjunto. Esto es, la pluralidad ha ganado terreno, pero sus efectos han sido el descrédito del sistema. Desde el 2000, cuando se dio la primera alternancia en la Presidencia de la República, existe un desencanto como tendencia permanente al alza, resultado de las expectativas frustradas de la población. PRI, PAN y PRD han accedido al gobierno. Sin embargo, las tres fuerzas padecen un desprestigio creciente y no ha sido gratis. Esto ha impulsado las candidaturas independientes; también ha generado condiciones para que más recientemente, el partido de López Obrador gane terreno en elecciones.

El desgaste de la política no solo es un efecto natural de la retórica de campaña de la oposición para ganar el poder, el problema mayor es la incongruencia del opositor una vez que está a cargo, sobre todo cuando lo que se hace contradice lo fundamental de la expectativa ciudadana una vez que ya se está en posición de poder. Siempre el opositor, por razón de su tarea, tendrá un rasero más riguroso para ser juzgado en términos de honestidad, eficacia y austeridad.

Recientemente los casos han sido recurrentes: la dirigente del PRD, Alejandra Barrales y su adquisición de un departamento en Miami no reportado en sus declaraciones patrimoniales, asunto que se suma a otros señalamientos de enriquecimiento en los años pasados. El gobernador del PAN, Javier Corral con una conducta que para muchos no se corresponde con la austeridad que esperaríamos de él, precisamente por la intransigencia de su crítica al dispendio y frivolidad de los gobernantes. Y el caso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien criticaba el uso de aviones privados en las actividades de su antecesor, pero que ha sido señalado de usarlos ya como gobernador en funciones.

La realidad es que para muchos políticos, las cosas malas de los demás, se vuelven buenas cuando las hago yo, es decir, la doble moral se ha instalado en la política. Lo que se predica no es lo que se hace, y esto lleva al terreno de la forma de vida y de la situación patrimonial de los políticos y altos servidores públicos que con mucha frecuencia resultan inconsistentes con sus ingresos. La austeridad esperada no debe significar voto de pobreza, pero sí abandonar prácticas que ofenden y lastiman a una ciudadanía cada vez más exigente de sus gobernantes y representantes.

La doble moral lleva a otro asunto no menos preocupante y que ha crecido en el pasado reciente: la pretensión de exoneración, resultado de la pertenencia a un proyecto político determinado. Las personas son buenas o malas por suscribir o no una adhesión particular, como ha sucedido con las epifanías que ahora ofrece Morena. Los pecados y faltas pertenecen a las personas, no a las instituciones; éstas no inculpan, pero cuidado, tampoco absuelven. Luchar por lo que se cree es propio de la política y hacerlo con vehemencia es lo que se espera. No así la absolución por vulgar oportunismo.

Es preocupante el desgaste del conjunto de la política. La alternancia y el régimen democrático cobran legitimidad, al empoderar a la sociedad a través del voto para así renovar al gobierno bajo la expectativa de que habrá de significar una mejoría en su calidad y desempeño. El efecto de que esto no ocurra así no sólo lleva a la alternancia, sino como está ocurriendo ahora: suscribir a partir de la indignación, proyectos inviables o que de antemano se sabe que no funcionarán si ganan el poder.

El desencanto con la democracia es, injustamente, también el signo de estos tiempos. El problema no es del sistema ni del modelo, sino de los jugadores y del régimen de sanciones e incentivos que mueven a los actores políticos y a quienes encabezan a las instituciones. Sí, es necesario retomar valores básicos del servicio público como es la austeridad y la mesura en la vida privada y pública. Pero más que eso, para evitar la simulación y la farsa, es preciso el imperio de la ley, la transparencia y una auténtica rendición de cuentas. Las reglas cuentan, pero sobre todo, importan las actitudes y los valores de las personas.

El debate público

El debate público es una de las fórmulas más eficaces para el escrutinio del poder y para mejorar lo que existe. Así es porque el debate implica una forma de interacción o de intercambio en el que se enfrentan varias opciones o perspectivas sobre diversos temas. Para la vida pública el debate es fundamental, se da de diversas maneras y no solo en tiempos electorales, lo mismo en los medios de comunicación, que en los órganos legislativos y en los afirmaciones y cuestionamientos que la sociedad realiza a través de canales de comunicación convencionales y no convencionales.

El principio general es que toda forma de poder debe estar sujeta a escrutinio. Tengo la impresión que hemos avanzado mucho en la crítica, pero poco en el debate público. Una pena, porque si contemplamos el periodo de la República Restaurada del siglo XIX, el debate no solo estaba presente, sino que era una fórmula cotidiana de cuestionar o afirmar al poder y a quienes lo representaban. Gradualmente el país asumió el propósito de unanimidad o si se quiere de una crítica muy acotada. Se generó la idea de que la paz social requería de una sociedad y de una política callada. La revolución reactivó el debate, pero la inestabilidad, la rebelión y la dificultad para dar estabilidad al régimen, nuevamente mitigaron la crítica y el debate.

El debate tiene sus reglas y también su didáctica. Un debate que se vuelve pleito callejero niega su esencia como medio racional para construir a partir de la dialéctica de puntos de vista encontrados. El descontón poco tiene que ver con el debate; tampoco el monólogo de interlocutores que concurren con posiciones inamovibles. El complejo de superioridad moral es otra de las dificultades para el debate; asumir que el juicio o prejuicio de las personas va por encima de los argumentos (la referencia a la supuesta autoridad moral) es otro de los problemas; las razones valen independientemente de quien las emite. Las razones se responden con razones, no con juicios morales ni con la descalificación del interlocutor.

Visto así el debate auténtico es la prueba de ácido a la tolerancia. Tolerancia no significa ceder ni conceder, tolerancia es la capacidad para escuchar al otro, incluso al opuesto, y esto a su vez implica no sólo coexistir con quien piensa, prefiere o actúa diferente, sino también, poder acordar a partir de muchos de los temas sobre los que existe coincidencia. Por ello la premisa básica de un debate constructivo es la coexistencia de la diferencia y la libertad de pensar y actuar de manera diversa.

México, desde el punto de vista político, está en una encrucijada que habrá de resolverse en los próximos meses; un buen debate público es indispensable, pero también, un piso de tolerancia, inteligencia, moderación y honestidad. El país tiene que convencerse que el mundo de las unanimidades no pertenece a lo terrenal; que toda propuesta, forma de gobierno, opción o programa político están sujetos a discusión y debate. No hay personajes ni verdades supremas. Todo y todos somos discutibles y opinables.

No estoy del lado del pesimismo. Aunque las dificultades son ciertas, la incertidumbre no es poca cosa y los problemas persisten en su gravedad y magnitud, tengo la convicción de que México y su sociedad tienen el potencial para sobreponerse a la adversidad y crecer ante el nuevo entorno. Para ello, creo que las libertades son fundamentales. Más en el nuevo entorno social y tecnológico que implica el mundo libre, abierto, incierto e impredecible de la comunicación digital y de las redes sociales.

Dadas las circunstancias y los antecedentes puede parecer extraño, pero la razón por la que veo un mejor futuro descansa no tanto en los proyectos políticos, sino en la fuerza de la sociedad, los ciudadanos, los religiosos, los trabajadores y empresarios. Mi encuentro con el México profundo a través de la investigación social y el trabajo con sindicatos, organizaciones, civiles, medios de comunicación, empresas y profesionistas de excelencia me ha permitido reafirmar la convicción de que el país tiene fortaleza y un gran potencial. Desde luego que la política importa, también el gobierno y la representación legislativa, pero lo más fuerte, duradero y promisorio viene de la sociedad.

Por esta consideración el debate reviste la mayor importancia. Debemos promoverlo como forma de vida; entender que el consenso y el disenso van de la mano. Que el acuerdo y calificación sobre los gobiernos debe pasar a otro estándar, el de las evaluaciones que sirvan a la sociedad para conocer retos, limitaciones, errores y también aciertos donde los haya.

Los medios tienen una tarea de la mayor importancia en el debate público. Es importante profesionalizar la investigación periodística. Transitar de la filtración intencionada al estudio profesional y riguroso, así como a la comprobación de hechos y datos. Diferenciar la descripción de los hechos de las opiniones. En las afirmaciones duras sobre hechos o conductas consultar al señalado o al afectado para presentar con honestidad y respeto su propio punto de vista.

Los medios son muy importantes porque de alguna manera son el encuentro de la sociedad con el poder y con la información. Padecen la presión de evolucionar frente a la comunicación e información digital, un proceso irreversible y que tiene muchas implicaciones. Desde ahora ya se advierte la inercia social por mejorar la información, la cobertura noticiosa y los espacios de debate. No puede ser un debate entre los mismos y con los mismos, debemos dar pasos decididos a que hablen todos aquellos que tienen mucho que decir y que los medios normalmente no les abren su puerta. No en balde los proyectos más exitosos en medios convencionales y digitales son aquellos que se atreven a dar ese paso, una manera inteligente y productiva de dar validez al debate.

Política y órganos autónomos

La democracia mexicana corrió en paralelo a la instauración de órganos autónomos. Esto tiene su génesis en el mismo sistema político que sucede a la Revolución, en el que por razones propias de un movimiento social no había diferencia clara, como debe ser en una democracia liberal, entre Estado, gobierno y partido. La lógica del naciente régimen no era consistente con la pluralidad. Por eso el crecimiento político y electoral de la oposición significó la promoción del impulso a los órganos autónomos. También la racionalidad económica llevó a la idea de un Estado que viera con responsabilidad y al margen del interés político o partidario, tareas relevantes de la economía, las finanzas o de control del gasto gubernamental.

Hay dos grandes instituciones eje de la autonomía y que se corresponden a estas dos inercias: el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral. Además, otros organismos descentralizados han transitado hacia la autonomía, como el INEGI, y algunos más se han ido construyendo en el camino. La desconcentración del poder es lo que ha llevado al Estado Mexicano a crear instituciones para la funcionalidad de la economía, de la administración y de la democracia. Entre los órganos autónomos destacan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; así como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Así como a la autonomía se llegó por pasos sucesivos, el proceso adquirió un gran impulso en los primeros años del presente gobierno con las reformas del Pacto por México. Más de lo que el ruido propio del debate político ha permitido advertir, el país dio un gran paso en la modernización de sus instituciones a través de la creación o fortalecimiento de órganos autónomos. El proceso sigue su curso y está pendiente la transición de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, así como el referente al organismo responsable de la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas.

En esta misma tesitura, debe contemplarse a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano autónomo de la representación popular en materia de ejercicio de gasto. Es la instancia que verifica de manera independiente que lo que aprueban los diputados se corresponda con lo que los gobiernos ejecutan y aplican.

La autonomía en un órgano constitucional de autoridad, es una delegación de poder del Estado que demanda niveles elevados de responsabilidad. La discreción y la prudencia son obligadas. Es natural que cualquier expresión pública de sus titulares o integrantes de sus órganos de gobierno sobre los muchos temas sensibles de su competencia, sea atendida por los medios y se convierta en parte del debate público. También es crucial para su cometido la publicación de información, la que debe atender el rigor y cuidado extremo. Un dato del INEGI o del Banco de México es referente de certeza, confiabilidad y seguridad jurídica. No hay margen de error y afortunadamente hay un prestigio acreditado por un desempeño responsable en la materia. En general es muy positivo el desempeño mediático de sus titulares, destacadamente Lorenzo Córdova, del INE, por estar en medio de la línea del fuego político partidario, y la de la comisionada presidenta de la COFECE, Alejandra Palacios, a quien le corresponde resolver temas críticos para el mercado y los derechos de los consumidores.

A contrapelo hay dos ejemplos que ilustran la necesidad de mayor cuidado: uno reciente por parte del auditor general de la Federación Juan M. Portal y otro de hace meses del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé.

En el primer caso las palabras del Auditor fueron consideradas en el marco de la elección del Estado de México. Lo desafortunado de la declaración o de la interpretación que hicieron los medios de lo dicho por el Auditor, es que se presentaba al día siguiente del anuncio del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador de que denunciaría en la PGR a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota por una supuesta desviación de recursos públicos por parte de “Juntos Podemos”.

Los medios interpretaron las palabras del Auditor como un ostensible respaldo a la postura del dirigente de Morena. De inmediato, la Auditoría Superior de la Federación en un comunicado, tuvo que aclarar su posicionamiento sobre el uso de sus resultados en procesos electorales. La parte destacada estuvo en su punto 4, en el sentido de que su labor no consiste en exonerar o inculpar a personas físicas relacionadas con los programas o políticas públicas que forman parte de sus revisiones y en el punto 7 en el que señala que la institución se deslinda de cualquier manifestación relativa a supuestas calificaciones de la actuación de individuos y grupos.

En los meses pasados en entrevista en reconocido programa radiofónico, el presidente de la CNBV, González Aguadé especuló sobre la posible inversión de un fondo en una de las empresas públicas más relevantes, OHL. Su dicho provocó que al día siguiente se disparara el valor de la acción de OHL. El grupo inversor modificó su decisión, muy probablemente por el efecto mismo del comportamiento de la acción en el mercado ante el develamiento del regulador. En este caso no hubo enmienda ni explicación.

En días recientes el IFETEL determinó cambios a las empresas dominantes en telefonía y televisión. El fallo es delicado y trascendente. Sin embargo, la comunicación para tales efectos fue puntual y precisa, como también las empresas afectadas anticiparon que recurrirán a los medios que ofrece la ley para revertir una decisión que ellos estiman ilegal y excesiva. Como puede verse, la operación de estos órganos autónomos son de la mayor importancia para el mejor funcionamiento no solo de instituciones y sectores, sino del país todo.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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