Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Después de la emergencia

Tanto para optimistas como para pesimistas, es muy temprano para inferir lo que viene después del temblor. Lo deseable no es necesariamente lo que habrá de ocurrir; aunque tampoco el fatalismo es algo que sea lo forzosamente previsible. Como quiera que sea, por sus efectos, el fenómeno sí da para pensar que puede ser el acelerador para llegar a un necesario punto de inflexión. El tema va más allá de la visión cortoplacista que se centra en la evaluación de autoridades, o de su impacto en las intenciones de voto; la cuestión de fondo es si el temblor y su secuela tienen el potencial para impactar en el ánimo social. De ocurrir esto, muchos otros efectos habrían de generarse, no solo en la política, sino en los términos de convivencia y de la relación de las personas y sus autoridades.

A los sismos de 1985 se les asigna el papel de agente causal en la transformación política del país. En mi opinión, no es que estos hechos de la naturaleza sean detonador o punto de partida de los cambios que ha experimentado el país; en realidad son eventos concurrentes que irrumpen e influyen en lo que ya venía aconteciendo. Algo semejante fue el movimiento estudiantil de 1968. Lo cierto es que por su visibilidad llegan a ser referentes simbólicos del cambio de régimen y su democratización.

¿Qué impacto podrían tener, directo o indirecto los sismos recientes? Lo primero que hay que destacar, es que a diferencia del pasado, en este caso las autoridades hasta el momento han tenido una actuación mejor y bastante más oportuna, especialmente el Presidente de la República. Y si bien los mandatarios locales se han visto desdibujados o han estado bajo cuestionamientos; el desempeño de las fuerzas armadas ha adquirido el mayor relieve y confirma en el imaginario colectivo el compromiso de las instituciones con el país en los momentos más difíciles de la población.

El sector social y los ciudadanos, así como el sector empresarial, han mostrado su compromiso y capacidad de respuesta. El balance del primer momento, el de la emergencia, revela que se ha aprendido de tragedias pasadas, con mayor claridad en el Valle de México. La situación desgraciadamente parece diferente en las zonas remotas del país afectadas por los temblores, quizá por las dificultades propias de la geografía.

También hay que advertir el cambio en los hábitos informativos. La televisión ha dejado de tener el impacto del pasado por cobertura y credibilidad, aunque persiste como un medio importante. El despliegue informativo ha sido encomiable. La presencia de las redes es significativa y allí ocurre de todo, crítica, engaño y también la oportunidad de información veraz y en tiempo real, además de la interacción que va conformando una percepción compartida donde se entrevera razón y emoción. Los rumores y la mala entraña que abundan en estos espacios, no invalidan la valiosa aportación de las redes sociales.

Un aspecto que hace que cobre fuerza la idea del efecto social y político de los sismos es el lugar donde mayor impacto tuvo: el sur y el centro del país. Un mapa de densidad demográfica, de volatilidad electoral y del descontento social, mostrará la coincidencia con la zona de impacto. De allí que la secuela del sismo en cuanto a ánimo o humor social sí tendría como probable efecto el de modificar las coordenadas previas a septiembre. La actitud antisistema que existe en esta zona, podría tener matices importantes o bien acentuarse, según la evolución del ánimo social.

De hecho, nada hay que garantice que un cambio de percepción y de predisposición derivado del desastre natural, persista a lo largo del tiempo. Sí sabemos desde ahora que ha desdibujado muchos de los temas previos al evento. De hecho, la reconstrucción plantea retos desafiantes para todos, y una vez pasado el temor, la crítica o la indignación, pueden cobrar relieve si no hay una respuesta institucional o si se reitera el ánimo de sospecha sobre la corrupción o la indiferencia gubernamental. Como tal, desde el punto de vista de las autoridades y del partido gobernante, lo que viene puede advertirse como oportunidad o como amenaza, según lo que venga por delante.

La respuesta a la emergencia es crucial y se ha actuado con oportunidad, sensibilidad y mesura. Sin embargo, la reconstrucción se plantea en una lógica diferente; el escrutinio es más riguroso, también lo es el prejuicio y más aquel que tiene motivaciones electorales. Por eso desde ahora es recomendable el objetivo de acreditar a las instituciones, con un esquema incluyente, transparente y de control riguroso del proceso de reconstrucción, para que la etapa subsiguiente le dé continuidad al ánimo mayoritariamente positivo derivado de estos días.

En el marco de la crisis, el financiamiento de los partidos ha estado en el banquillo y se ha abierto un debate que muestra la carga civil hostil al sistema de partidos y la incapacidad de éstos para responder de manera razonable y con lealtad al sistema democrático. Es explicable el peso del descontento con los partidos frente a la proximidad del proceso electoral. Sin embargo, este contexto es el menos adecuado para un debate razonado y visionario sobre el cambio que debiera tener el régimen de prerrogativas a las organizaciones políticas.

En el balance preliminar podemos sintetizar que los desastres naturales modifican o acentúan las condiciones previas; también, que las instituciones y quienes las conducen recobran una mayor visibilidad y son expuestas en su sentido de eficacia. Que de estos sismos ha surgido una nueva actitud de entendimiento y de corresponsabilidad, así como de confianza en nosotros mismos y respecto al futuro. Lo que no queda claro es la permanencia o el sentido de la evolución de tal sentimiento colectivo. De persistir lo que estamos identificando, es seguro que obligará a autoridades y partidos a un cambio en la manera de actuar ante el nuevo ánimo social.

Nada sin embargo, está garantizado pero por fortuna, hay una historia de antecedentes, de preocupaciones, de anhelos colectivos y de esfuerzos previos para hacerlos realidad, que seguramente habrán de definir el sentido y la profundidad del cambio.

De cara a lo trágico

Las experiencias extremas vestidas de tragedia exponen las fortalezas y debilidades de las personas y de las sociedades. Son vivencias existenciales, en el sentido que llevan a la inevitable conclusión sobre lo precario de la vida. Son pruebas y también oportunidad; está en cada quien optar si se quiere una u otra cosa. La suma de sentimientos conforma una actitud colectiva, y sólo las sociedades fuertes son las que pueden transitar a un cambio para bien, superar la adversidad y encarar constructivamente su secuela inmediata.

Los desastres naturales hacen aflorar el alma de un pueblo; es el sedimento inconsciente de gloria y tragedia. Una extraordinaria coincidencia que en una misma fecha se hayan presentado dos sismos de magnitudes históricas, pero con una diferencia de 32 años. No menos sorprendente también, lo es el hecho de que apenas una hora antes, la ciudad realizó un simulacro para prepararse por lo que ahora supone el imaginario colectivo, acontece cada tres décadas.

Nos atañe aprender de lo que acontece y definir el curso que debamos dar a este tipo de experiencias colectivas. Me resisto a quedarnos en la tragedia y en el reclamo; está en nuestras manos como individuos y ciudadanos –no del gobierno ni de la política– dar un curso positivo y hacer del acontecimiento un punto de quiebre para mejorar en todos los sentidos.

En los últimos años, con o sin razón, los mexicanos nos hemos hundido en el pozo de la indignación y el descontento; tiene causas válidas y también algo de imaginario. Poco bueno se puede alcanzar con un espíritu colectivo diezmado por el enojo y la desconfianza. Para mejorar, es preciso romper con ello; la tragedia nos ha servido, una vez más, para el reencuentro con nuestro potencial y con los grandes valores de la sociedad. Estará en nosotros hacer de esto el impulso a un nuevo momento que tenga como punto de partida la confianza en nosotros y en nuestro destino.

Sin duda, se aprendió de los acontecimientos de hace 32 años. Más que todos, el gobierno nacional. En aquél entonces, un mal aplicado sentido de prudencia, llevaron a la pasividad de quien encabezaba no sólo a las instituciones y a la autoridad, sino al país. Ante la tragedia la sociedad demandaba y esperaba la energía y el aliento de su Presidente. La mesura fue interpretada como omisión y con ello fue duramente castigado en la opinión pública. De ese entonces a la fecha, el partido gobernante de esos años, ha sido relegado en las preferencias al momento de elegir autoridad en la Ciudad de México. Los ciudadanos no olvidan.

Como en aquél entonces, la respuesta de la sociedad ante la nueva tragedia ha sido ejemplar. Los medios de comunicación también han aprendido y desde luego, el conjunto de autoridades, ahora de distintos partidos, ha entendido la necesidad de trabajar de manera coordinada. Lo destacable es que no hubo parálisis y que se ha sabido unir voluntades en estos difíciles momentos. La información ha sido oportuna aunque la incertidumbre siempre ha estado presente. Temas anecdóticos deben dejarse de lado frente al poderoso mensaje de solidaridad enviado por la sociedad: México se reencuentra consigo y la esperanza ahora no tiene dueños únicos, es de todos.

Las redes sociales fueron y son un potente instrumento de comunicación para millones de personas; en los minutos que siguieron a la tragedia, en ciertas zonas de la ciudad la red telefónica se congestionó, no así el internet, y la comunicación instantánea que se hace a través de aplicaciones como Twitter o Whatsapp, fue la que hizo posible difundir y socializar la magnitud del reto. Fue el motor que movilizó a miles, sobre todo, a los jóvenes a pasar a la acción y que los lanzó a las calles para ayudar.

Una vez que termine la etapa de emergencia se requiere una evaluación rigurosa sobre los inmuebles siniestrados, especialmente aquellos con elevada ocupación y de construcción posterior a 1985. Hay una normatividad estricta en materia de construcción como secuela al terremoto de 1985. Es un acto criminal la construcción de edificios como escuelas, oficinas públicas o fábricas fuera de las reglas que garantizan seguridad a sus moradores. Es recomendable la aplicación de sanciones ejemplares.

También es necesario abrir espacio a la capacitación de personas que puedan asistir con eficacia en ocasión de desastres naturales. Es motivo de orgullo el despliegue de miles de voluntarios al momento de la tragedia, pero es importante que esta energía social se acompañe de conocimiento y destreza para que puedan actuar con eficacia. También es importante contar con el inventario de empresas y organizaciones que tienen capacidad de respuesta inmediata, como fue el caso de las empresas mineras Peñoles y Fresnillo con un valioso despliegue en las horas de emergencia.

Una iniciativa más es la de concitar un proyecto regional de asistencia y ayuda para este tipo de contingencias. Los países han sido generosos con México, como también el nuestro lo ha sido en experiencias análogas. Es muy costoso contar con unos recursos humanos y materiales de excelencia y calidad suficientes. Una perspectiva regional puede contribuir para tener una respuesta eficaz, oportuna y que pueda representar la asistencia y rescate de personas en riesgo.

El sismo de 1985 impulsó un cambio importante no solo en la ciudad, también en el país, y es referencia en el tránsito a la democracia. El de 2017, estuvo precedido por un ánimo social negativo a gobernantes e instituciones y cargado de desconfianza y pesimismo en el futuro.

Hoy puede anticiparse que uno de los logros del temblor que vivimos, es que la sociedad ha encontrado canales para impulsar los cambios y vencer las resistencias que nos impiden vivir en un México realmente democrático y de mayores oportunidades para todos. Un mejor país que surja de entre los escombros y en medio de la concordia, de la confianza en nosotros mismos, en nuestro renovado sentido de pertenencia a la gran Nación que sí somos y teniendo como objetivo la convicción de un mejor mañana.

El sinuoso camino de Andrés Manuel

Si hay una característica que pudiera destacarse de López Obrador es la persistencia. No es la única, pero sí la más destacable en su propósito de ser Presidente de la República. En 2006 estuvo muy próximo a lograrlo, y en 2012, poco antes del debate, mostraba una tendencia al alza que de continuar hubiera alcanzado al candidato Enrique Peña Nieto. Hace apenas unos meses, muy pocos dudaban de su ventaja y para muchos esa posición de puntero parecía irreversible a partir de las dificultades del partido gobernante y del PAN. Las cosas sin embargo, han cambiado de nuevo y demandan para él y su partido un ejercicio de adecuación para no repetir la historia de fracasos.

En 2006 fueron dos los errores estratégicos fundamentales; no ir al debate y confrontar directamente al Presidente Fox con el “cállate chachalaca”. En 2012 el tropezón se remonta a la recta final; la presión por la evidencia en audio de que cercanos a él habían solicitado dinero a importantes empresarios inmobiliarios, le hizo romper su actitud de moderación para regresar a una postura de enfrentamiento a medios de comunicación, el órgano electoral y hacia sus adversarios.

En fechas recientes varios analistas han hecho referencia al no muy afortunado encuentro de López Obrador con inversionistas y analistas financieros en Nueva York. López Obrador es rehén de su consistencia y eso es su fortaleza, pero también su debilidad. Para algunos, sus actitudes, vaguedades y silencios son una forma válida para ganar votos, pero en realidad reflejan su personalidad, su creencia y sus insuficiencias. Su estatismo y voluntarismo son parte de una convicción política arraigada profundamente y eso le hace presentarse no solo como un político aldeano y rígido, sino también limitado para entender a sus interlocutores y para ofrecer confianza en el supuesto caso de llegar a la Presidencia.

Con él, así lo expresa, la reforma energética estaría expuesta a referéndum. Es una manera cifrada de decir que él se opone, y trasladaría a los ciudadanos el costo, para no asumir su decisión tomada desde ahora. En obras emblemáticas como la del aeropuerto de la Ciudad de México, reitera que se cancelaría y se trasladaría a otro lugar no obstante el avance, la inversión realizada y los compromisos establecidos, además del problema técnico insoslayable que son las limitaciones del espacio aéreo en caso de que se trasladaran operaciones al actual aeropuerto militar en Tizayuca, como él planea.

Se puede decir, aunque no necesariamente sea el caso, la lucha contra la corrupción y la inseguridad son temas de voluntad, es decir, es cosa de querer, así de fácil. Hay quien lo cree así, y López Obrador hace campaña con ese discurso. Pero los asuntos de la economía son más complejos. La inversión privada es indispensable y lo saben los países con una orientación estatista. Generar las condiciones para que haya inversión van más allá de la falsa creencia de que las oportunidades que hay en el país son tan generosas que sobraría quien quisiera invertir. La inversión requiere de certeza jurídica y económica y para ello no solo es necesario entender las reglas del juego, sino saber asumirlas y cumplirlas, algo en lo que López Obrador nunca ha generado las suficientes seguridades.

El equilibrio en las finanzas públicas y las necesidades de inversión y de gasto público son temas fundamentales para toda economía. No se puede ser flexible o complaciente en el lado del ingreso y muy ambicioso por el lado del gasto. La austeridad sirve, se agradece y mejora los márgenes de actuación del gobierno, pero los números no cuadran cuando se le quiere cargar al ahorro toda la política económica. Es que la economía tiene mucho de aritmética y eso se olvida frecuentemente cuando se sale a buscar votos y se pretende enfrentar la realidad con buenas intenciones y discursos complacientes a las audiencias en turno.

Como puede apreciarse, muchas de las propuestas de López Obrador abren espacio a un necesario y útil debate. Su perspectiva estatista debe ser objeto de análisis y escrutinio. El descontento por la venalidad o el deterioro de la calidad de gobierno explican la adhesión hacia este político y su partido. Pero es necesario desde ahora discutir y debatir si lo que AMLO propone es viable y es la vía para resolver los problemas que más preocupan y afectan a las personas y sus familias. Un primer paso es hacer justamente lo que se le dificulta a López Obrador: debatir y escuchar la crítica.

Los últimos meses han sido negativos para el único político que se encuentra en campaña permanente por la presidencia. No pocos de los problemas son provocados por Morena, por el propio López Obrador y por sus aliados. En la elección del Estado de México, la actitud pendenciera de AMLO hacia Juan Zepeda fue un error, como también lo han sido sus recientes referencias a Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara. Su intolerancia hacia periodistas independientes quedó en evidencia. Sus descalificaciones son groseras y muy hirientes porque se refieren a la integridad de las personas, tema que hace contraste con las adhesiones de personajes muy cuestionados o el haber permitido la inclusión en la campaña de Morena de grupos o personas de dudosa reputación, por decirlo amablemente.

La modalidad para la selección del candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue muy desafortunada, y dio lugar a la inconformidad, la rebeldía y a la eventual ruptura de Ricardo Monreal, un activista de tierra muy eficaz y con capacidad para competir y ganar desde otro frente. Este es un tema que afecta a Morena en su principal territorio de fortaleza, y exhibe al partido y su dirigente en su autoritarismo e intolerancia, incluso con los suyos.

La creación de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es resultado del despotismo de López Obrador hacia sus aliados. Su intransigencia propició que dos fuerzas afines buscaran su propio camino de la mano del panismo, y para rematar, crece en la sociedad la convicción de que Morena es un partido más, donde el nepotismo, el financiamiento ilícito y la narcopolítica, están presentes.

De modo que sin que empiecen las campañas, ha perdido fuerza lo que hasta hace muy poco parecía suficientemente claro: la inevitabilidad del triunfo de López Obrador.

Los jóvenes y la política

No solo los jóvenes, de alguna manera todos somos soñadores. La diferencia es que aquellos tienen la generosa licencia que concede el tiempo. No importa, soñar es vivir y en el caso norteamericano es muy poderoso y significante el sentido del sueño que alude a lo deseable, al derecho a la esperanza, al mejor mañana. Afortunado que el presidente Obama haya designado el programa de amnistía (Dreamers) para jóvenes migrantes indocumentados refiriéndolos como soñadores. La historia de EU no solo es la mezcla de razas a través de la migración, también es que los migrantes, en todas las épocas, han sido portadores de un sueño de progreso, bienestar y libertad.

Pero en el mundo real, la política es ideología; Donald Trump es una suerte de resaca conservadora sobre lo mucho que avanzó la sociedad norteamericana bajo la inspiración del matrimonio Obama. Libertad, tolerancia, cultura y derechos humanos recobraron con singular intensidad su lugar en el país vecino y dieron a EU un prestigio que muchos en el mundo le regateaban. Ahora sucede lo contrario, las divisiones son abiertas, la xenofobia regresa y, lo peor, ésta se promueve desde el gobierno. El retroceso es evidente, pero eso no significa, como muchos creen, que el presidente Trump tenga el rechazo abrumador de sus gobernados. Sí tiene el repudio de quienes no votaron con él y de una parte importante de los sectores progresistas. Sí existe una franca preocupación social ante la posibilidad de que desaparezcan las ciudades santuarios, si el Congreso no legisla en un término de seis meses. Pero el monstruoso dinosaurio conservador está ahí, no sólo observando, sino impulsando su agenda.

Según el blog Real Clear Politics, dedicado al seguimiento de los estudios de opinión pública, la tasa de aprobación del trabajo del presidente Trump tiene una tendencia al alza después de mediados de agosto, que fue el punto bajo por el colapso legislativo en el rechazo a cancelar el programa médico del gobierno anterior. Desde entonces ha crecido en dos etapas, la primera, después de la respuesta del presidente a los eventos en Charlottesville, Virginia, que probablemente impactó a su base conservadora. La segunda sucede después del manejo del Huracán Harvey por la cobertura positiva de los medios. ¿Terminar con los sueños de los jóvenes migrantes le dará un nuevo impulso? Habrá que ver qué tan sólida es hoy en día el alma conservadora de los norteamericanos.

Frente a la realidad, México debe recuperar a sus jóvenes, en todos los sentidos. Pero más que eso, debe dar espacio a la esperanza, al anhelo compartido de mejorar, de soñar en un mejor mañana. La encuesta de GCE Nacional 2017, lo ratifica; hay una tasa de descontento mayor respecto a la de otros años previos a la elección presidencial. La insatisfacción es generalizada, afecta a todas las instituciones y partidos, también a las de corte privado. Sus causas son la inseguridad, la corrupción y la economía.

Los jóvenes son en sí mismo un significativo capital humano portadores de un potencial transformador. Esto lo vio con claridad el presidente Obama y por ello decidió instrumentar un programa sin aprobación del Congreso para dar seguridad a casi un millón de jóvenes más que para integrarse, para capitalizar su talento y capacidades al servicio de Norteamérica. Desde esa visión progresista, que regresen a México algunos de estos jóvenes también es una oportunidad, más que un problema; el reto es ofrecerles las opciones educativas y de desarrollo personal y profesional que sus padres no tuvieron.

Los jóvenes no han encontrado un espacio en la política. La rigidez de los partidos y los referentes tradicionales de la política, a muchos les resulta insoportables, a otros, los somete a un proceso con el que se pierde mucha de la frescura e iniciativa. Los modelos a los que aspiran son precisamente los que deben alterarse o cambiarse. El lenguaje opaco, la retórica vacía, la doble moral, los monólogos, las formas y rituales engañosos o el autoritarismo, no son la política y es lamentable que quienes pueden renovarla asuman, acepten e interioricen las debilidades de lo que existe.

Los jóvenes de ahora son distintos en muchos sentidos. Uno de los ámbitos de mayor importancia para la conformación de la nueva subjetividad se da en el espacio digital. Allí la comunicación es interactiva, la información es amplia y dinámica, coexisten entretenimiento con cultura y lectura. La imagen y el video son muy poderosos como medios de expresión. También cobran relieve las formas de asociación o comunidad a partir de intereses, gustos o aficiones particulares. Las categorías sociales tradicionales a partir de género, edad o educación se desdibujan en la interacción digital, como también ofrece un nuevo sentido del espacio y del tiempo. La comunicación digital es instantánea porque su medio es el teléfono móvil y el internet, que cada vez está más al alcance y que se ha vuelto fundamental en el ejercicio de los derechos.

La política en México se ha ido alejando de la sociedad, pero todavía más de los jóvenes. Lo que se ve no es la participación o deliberación, sino la disputa, la lucha por prevalecer e imponer, que no está mal si se trata de cambiar para mejorar; sin embargo, lo que se advierte es la competencia de intereses individuales y de personas. La denuncia tampoco ayuda cuando es interesada y poco documentada. México requiere no solo de una mejor política, también una mejora sustancial en la calidad y rigor de la crítica, especialmente cuando se vuelve vehículo interesado y al servicio de la misma disputa política, como sucede con algunas organizaciones que se han vuelto espacio para proyectos políticos subrepticios.

Así, por ejemplo, la preocupación por un mejor ambiente, la vigencia de derechos para todos, abatir la impunidad y la corrupción, que son los temas y las preocupaciones de los jóvenes, no solo son legítimas, sino que la ausencia de ellas es lo que nos mantiene en donde estamos como país, viendo los árboles que se empeñan en ocultarnos el bosque.

No es sólo por razones que tienen que ver con decisiones de otros países que México tiene la obligación de recuperar a sus jóvenes, a los de allá y a los de acá. Es porque la sociedad comparte con ellos sus anhelos y porque el derecho genuino a soñar por un mejor porvenir es la mejor garantía para construir el mejor país que soñamos todos.

México frente a sí mismo

Ya se sabe que las elecciones de 2018 serán un momento trascendente para el país. No solo será la renovación de la Presidencia de la República y de las Cámaras federales, prácticamente todas las entidades del país tendrán elecciones concurrentes, y de treinta comicios locales, nueve serán para elegir gobernador. El país en muchos sentidos se ha transformado, pero ha cambiado más el entorno en el que tendrá lugar la competencia por el poder. Es cierto, las reglas y las instituciones son distintas hoy, pero la política no ha evolucionado al mismo ritmo. En este sentido, llama la atención que en un país de jóvenes, la incorporación de éstos a los partidos, ha sido un proceso muy lento y regresivo. Incluso, las opciones políticas importantes son las mismas que dirigían partidos hace veinte o más años.

Gabinete de Comunicación Estratégica, en su reciente encuesta nacional, presentó la opinión de 20 mil entrevistados sobre lo que piensan y sienten los mexicanos en cuatro temas: la satisfacción ciudadana, la evaluación de los mandatarios locales, la valoración de algunos aspectos del sistema de representación, y la postura ante temas de gran sensibilidad que polarizan la opinión, como es la legalización del matrimonio igualitario, el aborto en las primeras semanas de gestación, el uso de la mariguana para efectos recreativos y la posesión de armas de fuego. Asimismo, en paralelo realizó una encuesta online.

La encuesta nacional, como espejo donde se refleja el país, ofrece datos importantes que llaman a la reflexión. El cambio es lo evidente y por ello la nota la hace lo que se mantiene igual. Hace siete años, Gabinete preguntó sobre la legalización del matrimonio igualitario y sobre el aborto. La opinión prácticamente no se ha modificado a pesar de los cambios en la legislación y una mayor información que se supone podría favorecer una postura más liberal. La población está dividida, 50% está a favor de una mayor apertura en materia de matrimonio y 43% en favor de legalizar el aborto en las primeras semanas de gestación. La ciudad de México es el espacio de mayor libertad en ambos aspectos y Oaxaca es el estado más conservador en esos temas.

67% de los mexicanos creen que no debe ser legal la mariguana con fines recreativos; sin embargo, en la ciudad de México el rechazo a la legalización disminuye a 55%. Los datos de esta agenda social contrastan con la encuesta al internauta, segmento de población mayoritariamente joven y con mayor nivel educativo. La postura del internauta es claramente liberal: 73% aprueba legalizar el matrimonio igualitario, 69% el aborto temprano y 69% el consumo de mariguana para efectos recreativos. En lo que hay una postura compartida de rechazo de todos los mexicanos, incluyendo los internautas, es en materia de acceso a armas de fuego de manera legal: dos de tres se sentirían más inseguros si se cambiara el actual régimen.

En materia de democracia, Gabinete preguntó sobre la existencia de los diputados plurinominales, un aspecto central de la democracia representativa y fundamental para atenuar la sobrerrepresentación que plantea un sistema de mayoría simple. A pesar de sus virtudes hay un abrumador rechazo a la existencia de los diputados de partido, tres de cada cuatro encuestados los rechazan, aspecto que tiene que ver con la crisis del sistema de representación y especialmente con la distancia de los partidos con los ciudadanos.

En lo referente al poder judicial de los estados, la mayoría lo califica en términos negativos. Solo uno de tres encuestados tiene una opinión positiva de la judicatura local. Aspecto relevante por sus implicaciones, esto es, para la cultura de la legalidad y para la confianza ciudadana sobre la capacidad de los jueces de resolver controversias o para impartir justicia. Este tema alude al problema de la impunidad y de la idea de que las leyes y las instancias de justicia no funcionan o no sirven para una convivencia armónica y para el respeto de los derechos.

La satisfacción ciudadana es muy baja. Gabinete vinculó a la situación económica de las personas; la oportunidad para mejorarla; la seguridad con la que vive y, a la procuración de bienestar ciudadano. Los datos son preocupantes porque muestran una tendencia a la baja en estos rubros. Caso semejante se presenta con la evaluación de los gobernadores, indicador que se construye con la percepción que tienen las personas respecto a el control del mandatario sobre su entidad; la aprobación de su gestión de gobierno; el nivel de confianza que le conceden y, la calificación del cumplimiento de sus deberes.

Al relacionar la satisfacción ciudadana con la evaluación del mandatario el resultado muestra, en casi todos los casos, una asociación directa entre ambos valores; a mayor satisfacción, más elevada aprobación. Tres casos son paradigmáticos de la relación entre estos dos conceptos: Yucatán, Durango y Sonora. Cabe destacar que la satisfacción ciudadana no sólo se asocia a lo que hacen las autoridades, también tiene que ver con la participación social, la economía y la manera como el conjunto del sistema político y económico se involucra en generar condiciones que propician la civilidad y la prosperidad.

De acuerdo a la información, la inseguridad persiste como la principal preocupación de las personas y tiene fuerte impacto en el indicador de satisfacción ciudadana. La situación no es halagüeña, toda vez que sólo Yucatán con 6.3, aprobó en la calificación de los gobernados sobre la situación en sus estados en este rubro. Otro de los temas que irrumpe con creciente importancia, es el referente a la corrupción y mal gobierno.De acuerdo a la información, la inseguridad persiste como la principal preocupación de las personas y tiene fuerte impacto en el indicador de satisfacción ciudadana. La situación no es halagüeña, toda vez que sólo Yucatán con 6.3, aprobó en la calificación de los gobernados sobre la situación en sus estados en este rubro. Otro de los temas que irrumpe con creciente importancia, es el referente a la corrupción y mal gobierno.

El ambiente de opinión sobre el que habrá de darse la competencia electoral en 2018 anticipa un entorno de fragmentación social y descontento. 7 de cada 10 mexicanos sienten que el país está estancado o rezagado; 30 de los 32 mandatarios locales son reprobados por sus gobernados, y 6 de cada 10 dicen que el periodo presidencial debiera ser de 4 años. Es este el clima social del país que refleja el espejo de la encuesta. Un ánimo colectivo sin lugar a dudas encendido, que puede desatar una vorágine de riesgos, pero también de oportunidades.

El costo electoral

El gasto electoral es uno de los temas más polémicos en la opinión pública. El INE planea solicitar 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones de 2018. Un 73% del total de esos recursos será para el gasto operativo del INE y el resto, para financiar a partidos y candidatos independientes. Siendo considerable, este gasto no es todo: falta incluir el del Tribunal Electoral y el de los órganos electorales locales. A lo anterior debería sumarse el valor de las prerrogativas de radio y televisión a cuenta de los tiempos de Estado. En suma, el gasto electoral es desproporcionadamente elevado y no existe país alguno que invierta tanto en sus comicios.

Por lo general, se piensa que esos recursos representan lo que los partidos cuestan al erario; sin embargo, considerados los números, la mayor parte es para financiar tanto la burocracia electoral como la organización de las elecciones. A cuenta del INE, descansan tareas de Estado de la mayor importancia; por ejemplo, para efectos prácticos, la autoridad electoral hace el registro ciudadano. Se han hecho diversos intentos para que sea el gobierno y no la autoridad electoral la que se responsabilice de tal tarea. La confiabilidad y buenas cuentas de lo que ha hecho el órgano electoral ha llevado a que sea ésta la que realice el registro ciudadano, con un muy elevado costo, por todo lo que implica.

De modo que la democracia cuesta y, en México, cuesta mucho, pero más cuesta el déficit de confianza. El problema es que los partidos y los legisladores dicen que van a reducir el costo electoral y éste cada vez aumenta más. El incremento de 2012 a 2018 sería del orden de 24%. En medio de todo esto, se han reducido los tiempos de campaña y también se han unificado las elecciones locales con la federal bajo la tesis de que, con ello, se disminuye el gasto, cosa que no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con la decisión de haber empleado los tiempos del Estado para publicidad de radio y tv. Los partidos y los órganos electorales se han apropiado de éstos, bajo la tesis de que era el principal rubro de gasto; sin embargo, el gasto va al alza.

El problema no acaba ahí. El gasto de campaña no oficial o no fiscalizable está presente y va en aumento. Los bajos topes de campaña han provocado un gasto subrepticio con efectos perniciosos en perjuicio del interés público, a pesar del esfuerzo institucional para mejorar la fiscalización del gasto de campaña y de las obligaciones de partidos y candidatos de presentar informes pormenorizados de lo que reciben y gastan. Claro, se reporta en ingreso y gasto lo fiscalizable, lo demás —que no es poco— simplemente es parte de una realidad que se impone por la lógica misma de la competencia por el poder.

La calidad de los órganos e instrumentos electorales de corte federal son de excelencia; en los locales, la situación es variada. En realidad, sí hay una relación entre gasto y calidad, argumento que fortalece la tesis de la necesidad de invertir cada vez más en elecciones, pero la situación no es del todo aceptable. Por ejemplo, que los integrantes del Consejo General del INE tengan una remuneración análoga a la de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disposición constitucional, y que los hace los funcionarios más costosos de la federación, no es un elemento esencial para un perfil de calidad de los consejeros del INE, toda vez que es 10 veces mayor a la remuneración de un académico de excelencia.

El financiamiento de los partidos, de acuerdo con la reforma de 1996, tuvo un origen polémico. El cambio se inspiró en dos objetivos: eliminar el financiamiento ilegal del partido en el gobierno y establecer bases de equidad bajo la tesis de un financiamiento sustantivo, repartido con la fórmula de 70% del monto de conformidad al porcentaje de los votos y 30% de manera igualitaria. En aquel entonces, el PAN regresó las asignaciones y el PRD dijo que lo aportaría a un fideicomiso para las familias de los perseguidos políticos y a un fondo para libros. La realidad es que los partidos, todos, continúan en la aspiración por aumentar el financiamiento público. Las aportaciones de los militantes son prácticamente insignificantes respecto al monto total del gasto.

Los partidos son indispensables en la democracia representativa; sin embargo, aquí y en el mundo viven la mayor crisis de su historia. Su origen como articuladores en la representación de intereses bajo un posicionamiento ideológico o doctrinario específico ha ido cediendo terreno a su transformación en maquinarias electorales pragmáticas, en las que el oportunismo político gana cada día más espacio. Hay una severa crisis de representatividad: su rol actual se ha vuelto contra ellos mismos y contra su principal razón de ser: dar representatividad a la sociedad.

La solución frente a esta crisis no es sencilla. La gravedad del problema por la disfuncionalidad de los partidos apunta a fórmulas de intervención o auditoría social inéditas que permitan que estos entes de interés público sean objeto de un mayor escrutinio social y que no sean, como ocurre ahora, una ficha suelta en los pasillos de poder inaccesibles a los ciudadanos. Los partidos, incluso los de oposición, se han vuelto parte del poder y por ello han tergiversado u obstruido la autorregulación del modelo democrático.

Quizá el problema se ha agravado por la verticalidad y el carácter cupular de los partidos. En México los partidos pudieron transitar a la democracia, pero la democracia no ha transitado en los partidos. Ha habido una involución y, ahora, prácticamente todos eluden procesos democráticos internos para la selección de sus candidatos. En el afán de ganar cohesión, los partidos se han alejado de la sociedad.

Es preciso debatir el gasto electoral. El esfuerzo de la sociedad para financiar elecciones e instituciones electorales es considerable. Más que en los números, hay que centrar la vista en la calidad de nuestra democracia y en cómo mejorar la representación social.

Los tiempos de la política

La modernidad y la era digital que han transformado las relaciones sociales en el mundo, no han alterado los tiempos de la política mexicana. El ciclo sexenal persiste intocado, y la especulación sobre el proceso sucesorio cobra relieve, de acuerdo a la tradición. No importa que las condiciones de la competencia hayan cambiado, ni que las expresiones de alternancia sean frecuentes en los últimos años; la atención general se enfoca en la manera como el Presidente atiende y resuelve su sucesión. Más allá de esas condiciones nuevas, incluido el hecho de que la asamblea nacional del PRI le ha ampliado el margen de maniobra, y de las presiones internas y externas de siempre, el Presidente es la voluntad más importante dentro de su partido, lo cual no significa que resuelve de manera arbitraria, sino como resultado del cálculo y las variables que se procesan desde la cúspide del poder.

El país ingresa a este ciclo normal de nuestra vida política, en un momento crítico por la negociación comercial con el vecino del norte, la cual tendrá lugar cuando el presidente Trump padece la crisis más severa de su gestión. No parece ser para él un momento adverso, pero para la opinión pública de su país, es una caída de la que será muy difícil la recuperación. La manera como el sucesor de Obama incursionó en el tema racial a partir del incidente en Charlottesville, Virginia, ha sido desastrosa para su reputación y mantiene en la sorpresa a todo mundo sobre sus limitaciones políticas e inevitable propensión a destruirse a sí mismo.

Negociar en tales condiciones un instrumento fundamental para el futuro de la región, como el acuerdo trilateral de Libre Comercio, hace pensar en un proceso muy accidentado y de resultado incierto. El Presidente Trump puede utilizar las negociaciones para recuperar un poco ya no la confianza en su presidencia, sino la base electoral que le llevó al poder a partir de una oferta demagógica en la que los temas de migración, inseguridad y libre comercio eran presentados como adversas al interés de EU por una actitud complaciente de su país hacia México y los mexicanos.

En la opinión pública, el TLCAN es apreciado como un asunto más del paisaje noticioso. No hay conciencia de su trascendental importancia. La transformación del país en las últimas décadas ha contado con el libre acceso al mercado norteamericano y canadiense y ha impulsado el desarrollo de una plataforma industrial de exportación sin paralelo en la historia. La región se ha beneficiado, no solo México. En el proceso, como es lógico, ha habido ganadores y perdedores, pero el balance es positivo para los tres países y el libre comercio se ha acreditado como un instrumento capaz de generar progreso. La revisión del TLC no es para anularlo, sino para actualizarlo de acuerdo a las nuevas circunstancias de la región y de la economía global.

Los tiempos sucesorios también se entreveran con los casos judiciales de alto impacto porque de por medio están personajes de la política. Durante este gobierno ha habido más mandatarios estatales sujetos a proceso penal que en cualquier otro. Esto es indicativo de que el tema de la corrupción y la degradación de la vida pública ha ido cobrando relieve y, por la otra, que las autoridades de procuración y administración de la justicia están actuando frente al problema. Esto último tendría que reconocerse sin regateos. Abatir la impunidad es un objetivo fundamental; pero es un tema que debe desahogarse en el marco de la estricta aplicación de la ley. Acusar, exonerar o sancionar para complacer al ambiente de opinión es uno de los caminos más negativos para el sistema de justicia.

Lo que sí es esencial para la credibilidad del sistema de justicia es que se realicen las investigaciones con el rigor y cuidado que supone y requiere una justicia eficaz. Es inevitable que los casos se ventilen en los medios y en la opinión pública; los medios deben mantenerse atentos en su labor de escrutinio al poder, incluso a la administración de justicia, pero no deben erigirse en tribunales de opinión a partir del prejuicio y del examen poco cuidadoso de las pruebas. Debe quedar claro que los medios tienen el potencial para hacer que la sociedad supere una de las grandes debilidades que tenemos como país, esto es, el valor de la legalidad.

En estas circunstancias transita la sucesión desde el poder, pero los tiempos de la política no son exclusivos de quien gobierna. Todos los partidos políticos se ven inmersos en sus propios procesos para decidir estrategia o candidatos con vista al 2018. Los partidos viven de ganar votos y las prerrogativas de ley se asocian al resultado de la elección. Los partidos grandes pretenden ganar; los pequeños avizoran asociarse con los grandes, pero también asegurar un volumen de votos suficientes para tener representación parlamentaria de peso y desde luego, prerrogativas.

La concurrencia de elecciones en 2018 representa un reto mayor para el INE y el Tribunal Electoral. También una oportunidad para los partidos. El desafío no es menor, y la unidad al interior de los partidos es la premisa sobre la cual se erige cualquier estrategia electoral. Morena lo tiene resuelto de origen, un partido que se creó para llevar al poder a López Obrador. El PRI apuesta a que resolvió su cohesión interna en la pasada asamblea nacional. El PAN y PRD padecen la división interna que los puede llevar al desastre. Una alianza entre ellos les daría competitividad, pero antes deben resolver temas fundamentales como es programa y candidato (a).

En este entorno, hay algo que compete a todos por igual: los tiempos de la política, que deben procesarse con sentido de responsabilidad y de perspectiva. Los próximos meses serán definitorios para el país. La disputa por el poder será una competencia cruda, a ratos feroz, pero no debe llevarnos a desestimar o a afectar el interés común de la nación. Es importante la elección, porque definirá un rumbo, pero es más importante atender la responsabilidad que tiene nuestra generación, con las generaciones futuras.

Los partidos y su distancia con la sociedad

Uno de las mayores insuficiencias de la democracia mexicana son sus partidos. Es un problema de todos, incluso los de reciente creación. Los partidos son mediaciones necesarias, indispensables para la democracia representativa; sin embargo, en la realidad de la política mexicana la distancia de los partidos con la sociedad es monumental. En política casi todo ha cambiado, no así los partidos. El problema no solo tiene que ver con programa, formación cívica o ideológica; las insuficiencias remiten a su cerrazón respecto a la sociedad y una suerte de cinismo en sus dirigencias incapaces de comunicarse hacia dentro y fuera de la organización política.

A los partidos hay que entenderlos como son, no como se quisiera que fueran. Crean en su interior una estructura interna de poder. Se integran con quienes creen y hacen propios los intereses del partido y también con quienes ven en la organización una oportunidad para acceder al cargo, como bien lo ilustra el texto clásico de Angelo Panebianco. Un juego complejo entre creyentes y oportunistas, quienes entienden de manera diferenciada la misión del partido y también los incentivos que cada segmento.

De siempre y más en estos tiempos el problema mayor de todo partido es mantener el proyecto ideológico y programático originario y al mismo tiempo ganar el voto. El pragmatismo es lo de hoy día. En el caso del PRI la flexibilidad ideológica y programática le viene de origen. No fue un partido para representar y ganar el poder; su objetivo fue construir una vía política para conducir la sucesión presidencial desde el poder. Su representación originaria era territorial, más que social; con el paso del tiempo dio un curso corporativo con la creación de los sectores. Más delante, con la consolidación del presidencialismo, se volvió la mediación política fundamental del Presidente y del conjunto del sistema político y social.

El PRI ha sido la institución más relevante en la formación de la clase política. Así fue por el dominio que ejerció durante décadas. La situación ha cambiado, pero muchos de los principios y valores del ejercicio del poder y de la política persisten. El PAN ha contribuido de manera significativa a la formación cívica y su arribo al poder público ha sido un paso fundamental en la democracia. El PRD ha hecho lo suyo, como también Morena hoy día es un proyecto que participa activamente en la política y en acreditar al voto como vía para el acceso al poder.

El problema es la distancia de los partidos con la sociedad. En un estudio a profundidad de GCE a publicarse a finales de agosto revela que la mayor debilidad del sistema son los partidos, incluso, en el caso de Morena, no obstante su creación reciente y la postura de López Obrador, la abrumadora mayoría de la población considera que es un partido con las mismas debilidades de sus pares. Mientras los partidos no tengan ascendiente y credibilidad, la democracia mexicana continuará enferma.

Panebianco ofrece pistas para entender la crisis de los principales partidos. Fundamentalmente que su mapa y estructura de poder los ha alejado de la sociedad, a la que dicen servir, pero a la que no representan y que, por lo mismo, la sociedad no ve en ellos, instituciones útiles o eficaces para la representación de intereses, sino estructuras en la disputa del poder como un fin en sí mismo y que para ello por igual se sirven de los recursos públicos que de finanzas de origen poco claro.

eLas leyes electorales se han hecho a la medida de los partidos no de la ciudadanía. El financiamiento y las prerrogativas son excesivas, mientras que su compromiso con la democracia no es consecuente. La cerrazón tiende a prevalecer y la apertura se ofrece más en un esquema de cooptación que de auténtica inclusión. El tema de financiamiento requiere de una revisión a integral y a profundidad, al igual que el modelo comunicacional. Los partidos no debaten y su escrutinio al poder, cuando se hace, es superficial y oportunista. Dramatizan los defectos del competidor y esconden bajo la alfombra los propios. Solo como ejemplo está la postura de Morena respecto al municipio de Texcoco o la Delegación Tláhuac.

El PRI ha dado un paso en el sentido adecuado al suavizar los requisitos de elegibilidad de sus candidatos. Es un tema polémico y seguramente para ciertos sectores es una derrota. La cuestión es que los partidos deben abrirse a la sociedad y esto no está en las convocatorias a votar, ni en los programas, su prueba de fuego es como reclutan, promueven y definen a sus candidatos.

Sigue pendiente la manera como se eligen candidatos. El PRI tiene una tradición vertical que se acentúa cuando está en la presidencia. Es una cuestión de origen. En 1999 se realizó una elección primaria con la participación de 10 millones de electores. Los mismos contendientes no quisieron creer en el proceso, ni siquiera quien resultó ganador. El que se haya presentado al año siguiente la derrota para el PRI por primera vez en la elección presidencial, se justificó recurriendo al fácil expediente de hacer creer que la elección democrática interna contribuyó al resultado adverso.

La democracia en los partidos no debe ser tema interno, como lo resolvió la reforma de 2007. Es un asunto de interés público y, por lo mismo, debe ser impuesto a manera de garantizar el derecho constitucional de ser votado. Las candidaturas independientes han ganado espacio precisamente por el deterioro de la credibilidad y funcionalidad de los partidos. No son solución, pero sí han servido para que los ciudadanos puedan elegir candidatos fuera del sistema partidario y también para que quien no encuentre en los partidos una posibilidad, tenga la opción independiente de ser votado.

En vísperas de la elección de 2018, en un entorno incierto y muy competido, el PRI ha sido el primero en definir un cambio importante para aproximarse a la sociedad. Sería útil que los demás siguieran este paso, especialmente democratizando sus decisiones.

Los Presidentes Peña y Trump

“Nos ganan en comercio y nos ganan en la frontera, y nos matan con drogas” Donald Trump

Sin duda, resulta bastante revelador el diálogo que sostuvieron los presidentes de México y de Estados Unidos el pasado 27 de enero. Las cosas de entonces a la fecha, han cambiado de manera dramática para el presidente Trump. Seguramente su postura respecto al muro, comercio o drogas, debe ajustarse a la nueva circunstancia que vive su administración. Un diálogo entre presidentes es confidencial, y es un tema de confianza básica mantenerlo en reserva. Sin embargo, aunque reprobable, resulta una especie de suerte para México que se haya dado a conocer.

El presidente Trump padece dificultades serias en los pocos meses de su presidencia, por la falta de oficio y por su propio carácter y estructura moral. La opinión pública norteamericana, le ha externado serias advertencias sobre la desconfianza que genera su actuación en casi todos los rubros, lo mismo en temas domésticos que en asuntos internacionales, como el de la llamada con Peña. México tiene muchos problemas y es necesario hacer de la relación bilateral con el vecino, que resulta ser el país más poderoso del mundo, una relación virtuosa y para el bien de ambos pueblos.

De siempre la relación entre ambas naciones ha sido difícil. La situación no es sencilla por diferencias fundamentales y porque hay problemas que parecieran de competencia de uno, que en algún sentido son en realidad temas compartidos. El presidente Trump ganó con una propuesta electoral plena de falacias de las que ahora mismo él es rehén. En materia migratoria, comercio o seguridad, nada de lo que dice es aplicable o veraz. Es una persona a la que el peso del prejuicio en casi todos los temas que requieren apertura y modernidad, le impide actuar con acierto.

México está obligado a apostar a la negociación. Los provocadores desplantes del presidente Trump deben verse con reserva, no ignorarse, pero tampoco caer en el juego de la demagogia al que aquél es tan propenso. El gobierno federal y los locales, las agencias y departamentos, así como el Congreso del país vecino está integrado por oficiales y políticos de gran experiencia y rigor profesional. Las debilidades del presidente comprometen al conjunto, pero el conjunto es el que procesa los acuerdos y el entendimiento, de manera tal que hay que actuar en todos los frentes de la relación. Partir de que se deben modificar los instrumentos y los términos de la relación, porque la nueva realidad del mundo y de los países lo demanda, pero hacerlo con visión y en función de los intereses de corto y mediano plazo de ambas naciones.

A diferencia de EU, la situación de México ha mejorado en los últimos seis meses. La incertidumbre y el pesimismo se han disipado; la confianza en el país se acredita con el tipo de cambio y los montos de inversión. México crece a un ritmo mayor al de mucho tiempo. Aunque los problemas de inseguridad persisten y hay mucho por hacer en materia social y económica, en el país se registra un proceso de mayor confianza y optimismo sobre el futuro.

La primera aduana que tendremos que librar en la construcción de esta nueva relación bilateral, es la negociación comercial entre ambos países. El presidente Trump tiene una idea falsa de los resultados logrados por los negociadores norteamericanos del TLCAN. Así es porque él pone el acento en la balanza comercial y el déficit respecto a México. No entiende las razones de tal situación, cree que esto es la causa de la pérdida de empleo en EU. Por cierto, la solución anunciada en el diálogo entre presidentes de imponer arancel fronterizo no se ha aplicado precisamente porque sería un desastre para el comercio y para la misma economía norteamericana. Tampoco entiende Trump que las empresas multinacionales, particularmente las norteamericanas se han beneficiado de la apertura comercial.

México está preparado para negociar un buen acuerdo comercial. Hay muchos temas que deben incorporarse y que plantean una gran oportunidad para ambas naciones. Además, el tiempo ha dado espacio para preparar al país y a su economía para escenarios críticos o adversos. Es deseable el acuerdo en términos de justicia y equidad. La negociación tiene lugar en momentos complicados del calendario político nacional, pero los intereses del país van más allá del partido, presidente o Congreso que gobierne.

El tema del muro, de la mayor importancia para Trump al inicio de su gobierno, ha pasado a un plano de menor interés. Su costo, eficacia e impacto ambiental ha significado que deje de estar en el centro de la agenda. Hizo bien el presidente de México en dejar en claro el pago como una postura inamovible del país. También que los acuerdos transiten, independientemente de la diferencia que existe al respecto.

México debe entender que la inmigración masiva a EU es un problema social de la mayor seriedad. Es lamentable que ocurra por la falta de oportunidades, y que obligue muchos jóvenes a abandonar sus familias y tierra en condiciones de incertidumbre extrema. Es menester dar respuesta estructural a este problema. Por ello el crecimiento económico con una perspectiva de equidad regional debe estar en el centro de la mesa. Hay que trabajar mucho más para que los connacionales no tengan que salir de su país. Esto no significa declinar en la exigencia del respeto a los derechos legales y humanos de los migrantes legales o indocumentados.

La seguridad es otro de los temas que se deben abordar con cuidado. Tiene dos expresiones, una fundamental para los EU que es la seguridad hemisférica, que reviste un carácter crítico especialmente por la amenaza del terrorismo, asunto que no debe verse con desdén o poco probable. La frontera mexicana debe mantenerse segura y la cooperación debe ser del más alto nivel para contener esta seria preocupación. El otro aspecto se refiere a la seguridad relacionada al tráfico de drogas y crimen organizado. También aquí la colaboración y el acuerdo debe ser del mal alto nivel y eficacia, bajo la tesis de que cada gobierno es quien debe hacerse responsable operativamente de lo que acontece en su territorio. De modo que los retos son muchos, pero el escenario de hoy indica que México puede salir fortalecido de las negociaciones.

Del orgullo a la esperanza

Los tiempos actuales son de una mayor exigencia pública. Aunque la modernidad se ha acompañado de problemas que no se pueden soslayar, como son el consumo de drogas y sus efectos colaterales, el deterioro ambiental derivado del crecimiento demográfico y de patrones de consumo irresponsables, y la persistencia de la desigualdad y la pobreza, también es cierto que nuestro tiempo ha visto avances impensables hace medio siglo. Un recuento de éstos en el ámbito de la calidad de vida, economía y civilidad, indica que para la abrumadora mayoría, la situación es considerablemente mejor ahora respecto a la de sus ancestros.

La democracia liberal es hoy día, el vehículo dominante para construir gobierno. Ya se sabe de sus imperfecciones y que en circunstancias particulares no necesariamente la expresión mayoritaria corre en paralelo a lo deseable, ya no digamos a las opciones más responsables. Antes y ahora la democracia registra lamentables derrotas por el sentido de las decisiones avaladas por el voto mayoritario; pero son muchas más las victorias. Momentos de crisis y desesperanza sobre el sistema vigente facilitan la oferta del cambio fácil. Es un problema para el modelo democrático por el déficit de ciudadanía y el descrédito de las instituciones representativas.

México pasa por momentos singulares. El consenso prácticamente se ha diluido. No solo el de carácter político, también las instituciones sociales. Las autoridades, prácticamente todas, registran un déficit en su nivel de aprobación o aceptación; los partidos son rechazados por la mayoría y eso indica un voto disperso que plantea problemas inéditos en un sistema de mayoría relativa para elegir autoridades y una modalidad de representación proporcional para la elección de los órganos de representación. También el consenso afecta a las instituciones sociales; la confianza se ha vuelto un valor preciado pero escaso. Hoy objetivamente estamos mejor, pero subjetivamente nos sentimos peor.

En el descontento hay razones objetivas: la corrupción, la violencia, la distancia del gobierno y la política con los problemas concretos de las personas; para muchos una economía que no da respuesta a las aspiraciones y anhelos de esta generación. Pero también el descontento transita por la percepción, y eso tiene que ver con la manera como las personas se informan, comunican e interaccionan. El arribo del mundo digital a la vida cotidiana de las personas crea una subjetividad diferente, lo que se acompaña del deterioro de otros espacios de socialización como son la Iglesia, los medios convencionales, la familia y la escuela.

La exigencia pública es un activo en la medida de que es una fuerza para mejorar. Sin embargo, también puede desvirtuar su potencial transformador en la medida en que el enojo y la frustración tienden a imponerse con su innegable carga irracional. En las circunstancias actuales es fácil el desencanto. Es mucho más difícil el optimismo y la esperanza, el análisis objetivo. La cuestión es cómo mejorar el estado de cosas, como transitar a un mejor futuro. Considero que para ello es necesaria una mayor actitud positiva en todos los espacios de la vida, no solo en el político.

Ya se sabe que el enojo y la preocupación ganan cada vez más espacio. Lo que no se advierte es que hay un poderoso sentimiento que es fundamental rescatar, que es el del orgullo. Como personas, integrantes de un grupo o comunidad o mexicanos tenemos orgullo por muchas razones que con frecuencia obviamos. Somos una gran nación, con muchos problemas, es cierto, pero también con enormes y singulares activos y riquezas. No solo nuestra geografía e historia, nuestra cultura y recursos, nuestros logros, también están muchas historias de éxito de muchas personas en sus respectivas circunstancias, a pesar de la adversidad o de la incertidumbre.

La crítica es muy importante para cualquier sociedad. Los problemas y las insuficiencias son la constante y para ello es necesario que la sociedad haga su caso para que las cosas mejoren, pero también para cuidar lo mucho positivo que se tiene y que es preciso preservar y acrecentar. El peligro del descontento exacerbado es que se pierda perspectiva de los activos que tenemos como comunidad y que desestimemos los mejores medios que nos abren la oportunidad de mejorar como son las instituciones democráticas y el ejercicio responsable de las libertades.

Es necesario aprender del pasado. El quiebre de siglo se acompañó de la alternancia en la Presidencia de la República. Fue un paso virtuoso y ejemplar; pero la esperanza arrolladora por el cambio fue sucedida por el desencanto, particularmente por las expectativas desproporcionadas y la incapacidad de todos para darles respuesta.

En el tiempo próximo habrán de darse definiciones importantes en el ámbito de la política. Los partidos se avocarán a la selección de sus candidatos y las negociaciones para lograr coaliciones o alianzas. Las reglas del juego tienen insuficiencias y las autoridades responsables de hacerlas valer no han podido sacudirse del signo de nuestro tiempo, la desconfianza. Pero el balance es favorable y se puede decir que frente a la complejidad que depara la competencia por el poder, las elecciones serán una oportunidad para la renovación civilizada no solo de autoridades, sino de proyectos que puedan dar cauce a la esperanza.

Para ello es menester que el debate y el escrutinio público cobre mayor relieve. Es deseable, mucho más por las circunstancias que vive el país, que las preferencias y el voto tengan como fundamento la deliberación entre contendientes en el marco de una presencia ciudadana activa y demandante hacia partidos y candidatos. Las adhesiones son naturales, pero también que quienes pretenden llegar al poder expresen los términos de su compromiso más allá del simplismo o de las fórmulas mágicas. Hay que señalar qué se rechaza, pero también qué se quiere.

Desde ahora se sabe que son muchos los desafíos y problemas que habrán de enfrentar quienes encabecen el gobierno o los órganos de representación política. Además, es muy probable que la pluralidad se imponga en los Congresos y en la integración de poderes locales, lo que será complejo, pero a la vez, reflejo de la pluralidad nacional. Está en manos nuestras, ciudadanos, autoridades y partidos, hacer de lo que viene una oportunidad y un desenlace para mejorar.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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