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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Asuntos de medios

A la memoria de Juan Gabriel Valencia, un hombre de congruencias.

Los medios de comunicación están viviendo desde hace tiempo el embate de la nueva realidad. Se trata de un proceso disruptivo que les presiona al cambio, derivado de las condiciones dinámicas de la tecnología y de la sociedad. Lo digital tiene una influencia contradictoria: por una parte, abre oportunidades inimaginables para ampliar las audiencias y generar contenidos a un muy bajo costo y con un menor esfuerzo humano. Por la otra, las redes sociales y la proliferación de espacios informativos -la mayoría de mala calidad en términos de estándares razonables de manejo responsable de la información- que cubren lo que sucede en tiempo real y de manera interactiva. Lo cierto es que el cambio impacta por igual a los medios impresos que a los electrónicos, a las grandes empresas y a los proyectos modestos.

La sociedad también ha cambiado de hábitos informativos. La preponderancia del noticiero televisivo ha pasado a un segundo plano en términos de influencia y credibilidad. La radio ha tenido también que transformarse y, al menos en las grandes ciudades, ha podido permanecer y hasta crecer. En medios electrónicos, la información se mezcla con entretenimiento. También allí han cambiado las costumbres de las personas, sobre todo de las nuevas generaciones, a partir del uso intensivo del smartphone, las redes sociales y de la universalidad del consumo de internet.

Con algunas excepciones, una parte importante del ingreso de los medios no viene de manera directa de su público, sino del anunciante o patrocinador. El público es una abstracción: su segmentación es indispensable y de allí la necesidad de programación y contenidos consecuentes con la audiencia objetivo. Hay medios de nicho muy exitosos. Esto, que es común en los medios impresos, se facilita en los de carácter digital.

Aunque el periodismo impreso sufre la nueva realidad, persiste como el medio de mayor relevancia en cuanto a libertades políticas y calidad informativa. Se le ha dificultado la transición, pero prácticamente no hay periódico o revista de calidad que no haga una inversión importante en su expresión digital. Uno de los casos más notorios de éxito es MILENIO, que entrevera TV, Radio, periódico y proyecto digital. Otros medios de prestigio como El Universal, El Financiero, Proceso y Reforma han desarrollado espléndidas y exitosas plataformas digitales. Excélsior ha incursionado con éxito en televisión y también tiene un papel sobresaliente en el mundo digital.

La comunicación hoy en día se ve obligada a dar mayor espacio a lo digital. Esto implica que el anunciante cada vez tiene que invertir más en la web, con la ventaja de perfilar mensajes de acuerdo con el receptor, cuestión sumamente difícil con los medios convencionales. Recientemente, el presidente Peña incursionó en un diálogo digital con uno de los más reconocidos influencers del ecosistema, Chumel Torres, encuentro en el que el humor y lo coloquial intentaron presentar la ocasión de un mensaje difícilmente resuelto por los medios convencionales.

El problema para los medios es que el mercado cambia y con esto se complica la lucha por ganar o mantener una proporción del auditorio o público. Bajar costos y mejorar la calidad del servicio o producto no es fácil, pero se ha vuelto cuestión de subsistencia. Pero no todo es ingresos y egresos, también está la batalla por la credibilidad y en esto no deja de ser una paradoja que la proliferación de información en formato digital, irresponsablemente tratada, sea altamente atendida y en ocasiones aceptada como veraz sin cuestionamiento. Hay una necesidad de trabajar en ello con mayor acento, no para proteger a la competencia, sino al interés público; es importante que las grandes organizaciones involucradas como Twitter, Facebook, YouTube y Google mejoren sus estándares de control sin afectar la apertura y las libertades que les caracterizan y que son uno de los grandes logros de la civilización contemporánea.

Recientemente se ha señalado que los medios deben definir con claridad su afinidad política o partidaria. Es aceptable que los medios que así lo decidan lo hagan, pero son pocos los que están dispuestos a sujetarse a un alineamiento de tal naturaleza, sobre todo viniendo la sugerencia desde quienes dentro de poco estarán en el poder. Lo que sí debe reivindicarse es la honestidad editorial, exponer con claridad qué sí y qué no, sobre todo en el ejercicio del escrutinio al poder, tema que compete al medio y también al periodista.

En el caso de los electrónicos, al utilizar una concesión del Estado -que representa a todos, incluso a las minorías- están impedidos para hacer propia la causa de un partido o de un proyecto político. En cualquier supuesto, es importante que, aunque se aspire a ello, es difícil si no que imposible, acreditar imparcialidad u objetividad.

A final del siglo pasado el país transitó hacia un modelo más abierto, libre y plural en los medios de comunicación. Sin duda es un activo importante para cualquier comunidad. El gobierno que está por iniciar ha comprometido una política diferente en muchos rubros, incluido el de la comunicación social. Un tema que preocupa a las empresas es la reducción del gasto en la materia, situación que es una extensión de la austeridad a la que se ha comprometido el nuevo gobierno.

Frente a estas definiciones del poder público, la libertad de expresión y las tareas propias de los medios no deben ser obstruidas por una suerte de autocensura. Sería muy útil y consecuente con lo que se ha dicho, que las nuevas autoridades ratificaran su decisión de respeto a la libertad de expresión, de no caer en la tentación de utilizar el gasto como medio para inhibir el escrutinio al poder y, especialmente, la tan necesaria apertura y pluralidad informativa.

Las empresas de comunicación deben hacer consciente que los nuevos tiempos son de incertidumbre, pero también de oportunidad. La centralización de la política informativa, aspiración de todos los presidentes, se complica por la imposibilidad de llevar en una sola dependencia una gran diversidad de contenidos, temas y asuntos especializados. El control administrativo y la austeridad son deseables, pero no deben ser elementos para obstruir que la crítica y la información fluyan con la oportunidad y precisión tan necesarias. De otra manera, es previsible no sólo el desencuentro de las autoridades con los medios, sino también una afectación grave al derecho a la información.

La hora del Legislativo

El país está viviendo un cambio de régimen. No se trata de la cuarta transformación a la que ha convocado el presidente electo, sino de una nueva estructuración del poder. Hubo cambio de régimen cuando se desconcentró el poder con los órganos autónomos, cuando ganó independencia plena la Suprema Corte de Justicia y, especialmente, se ratificó cuando en 1997 el Ejecutivo perdió mayoría afín en el Congreso e incorporó la pluralidad en la definición del presupuesto y de las acciones de gobierno. Ahora, con la amplia mayoría de la coalición que llevó a López Obrador a la Presidencia, se sientan las bases para un nuevo régimen de gobierno.

Un presidente fuerte no necesariamente se acompaña de un Congreso a su servicio por la mayoría afín que lo integra. Una presidencia tiene fortaleza no por la capacidad para imponer, sino para ejercer un liderazgo sobre el conjunto de la sociedad y hacer valer un proyecto político que dé al país buenos resultados; para efectos prácticos: crecimiento, libertades y bienestar para todos. López Obrador tendrá un equipo de colaboradores que habrá de acompañarle para hacer realidad lo que se propone. Pero el Congreso tiene otro carácter, y su condición de órgano de representación conlleva una dinámica, agenda y visión propias.

De otro lado, un Congreso que confronta al presidente de ninguna manera conduce a la funcionalidad del régimen presidencial. Ocurrió en los primeros años del gobierno dividido y se explica por lo inédito del proceso político. También ocurrió durante los años de la presidencia de Vicente Fox. La pluralidad no necesariamente conduce al conflicto, aunque sí genera tensiones propias de las diferencias políticas y, también, hay que reconocerlo, de los intereses legítimos y no legítimos propios de la competencia.

El nuevo Congreso se ha instalado y el proceso de integración de órganos legislativos en el ámbito local está en curso. En lo general ha sido armónico, pero también se han presentado casos que indican que la llamada cuarta transformación bien podría naufragar por la inmadurez política y la fragilidad del sistema de partidos. Aunque es cuestionable, se podría entender que muchos candidatos afines a Morena, registrados como miembros del PT o del PES a efecto de dar la vuelta al candado de la sobre representación, decidieran ya como legisladores electos sumarse a Morena. Sin embargo, es una falta mayor, por no decir impudicia, que legisladores electos por un partido que compitió contra Morena en todos los órdenes de la elección, se sumen a la mayoría no solo como un acto de oportunismo, sino como resultado de una negociación en la penumbra, como si los legisladores fueran artículos de cambio en el acuerdo de sus dueños por debajo de la mesa.

De la misma manera es lamentable el caso que se presenta en Chiapas, donde las mujeres que han sido electas por la vía de mayoría o por la de representación proporcional, renuncian en masa para que los suplentes, varones, puedan llegar al cargo con el propósito de darle la vuelta a la norma que establece la paridad de género en la integración de las candidaturas. Aunque el INE ha resuelto intervenir, la solución no es simple. La sanción no puede quedar en la remediación del caso, debe ser severa y ejemplar no solo por la evidente ilegalidad de por medio, sino por la obscena manipulación del voto y de las reglas de la integración de la representación política. La concesión de muy discutible legalidad que permitió candidaturas de ejecutivos al Senado ha derivado también en otro agravio a la democracia, el peor espectáculo conocido en la integración de órganos legislativos. Esto es un retroceso y, desde luego, una descalificación de la supuesta voluntad de los aludidos de participar en la cuarta transformación a la que se ha convocado.

El Congreso tiene una muy importante responsabilidad. Se entiende que la mayoría afín al Ejecutivo habrá de servir para apoyar los cambios por los que votaron los ciudadanos y que los llevó al cargo público. Sin embargo, aún con identidad o afinidad partidaria, los legisladores deben asumir su responsabilidad con dignidad, libertad y sentido de independencia respecto al presidente. Se debe integrar la pluralidad a la toma de decisiones. El debate debe fluir sin la soberbia de aquél que de antemano tiene asegurados los votos legislativos. Los dictámenes deben aportar y, en su caso, modificar lo que sea necesario: no caer en la tentación de que las iniciativas del Ejecutivo son intocables y sus términos inamovibles.

Además de la tarea legislativa, el Congreso tiene responsabilidades importantes en el control horizontal de la administración pública. Los nombramientos y las tareas de investigación deben desarrollarse con sentido de responsabilidad. Mucho es lo que pueden aportar al gobierno legisladores rigurosos y activos en el estudio de las iniciativas y, sobre todo, con capacidad para hacer valer, con inteligencia y sensibilidad, el interés del país sobre el particular, el de grupo y hasta el del partido.

El Congreso es el espacio natural para el debate. No debe preocupar el ruido que le acompaña, tampoco el desgaste generado por la polémica y el prejuicio de buena parte de la opinión pública. La actividad legislativa se juzga por los resultados, lo demás es secundario. Todas las fracciones parlamentarias tienen mucho que aportar; en todas hay talento y experiencia. También hay que anotar que un número significativo de legisladores arriban por primera vez a tal responsabilidad y esa es una oportunidad de renovación, pues tal combinación puede tener resultados virtuosos.

La unidad en torno a la línea partidaria es muy polémica, pero es la realidad del parlamento moderno. Aunque muchos privilegian la libertad: incluso se han dado casos en que se declaran independientes de los partidos que los postularon bajo esa tesis. Esta conducta es espacio abierto al filibusterismo y el oportunismo, una de las enfermedades persistentes en los órganos legislativos y la política en general.

El cambio de régimen apunta hacia un presidencialismo fuerte. Precisamente, por tal consideración, hoy más que nunca se requiere un Congreso activo, articulador del interés nacional, responsable y eficaz, sin complejos para coincidir y para disentir. También por ese cambio se votó el 1 de julio.

Prensa y poder

“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”
George Orwell

La política actual ha impuesto una nueva dinámica a la relación entre la prensa y el poder. Ocurre en todo el mundo. Son muchos los planos de tensión: el poder legítimo que se origina a partir del voto y el poder real de la prensa y los medios de comunicación en la cobertura noticiosa y en su tarea de informar. Al gobernante le ampara el mandato democrático; a la prensa, la libertad de expresión y el oficio que hace de la verdad objetivo. A la autoridad con frecuencia le incomoda el ejercicio periodístico y a éste la pretensión de aquella de promover e imponer su visión sobre las cosas. El tono de la crítica al poder se da en ese marco; a veces a costa del rigor periodístico y también de la verdad misma.

Es un tema viejo de la democracia. Hay momentos de gran significado histórico por lo que hace al gobierno, en los que se ha visto acompañado por una prensa hostil y, en ocasiones, agresiva. Dos ejemplos en México lo ilustran: el periodo de la República Restaurada y el tiempo en que Madero se desempeñaba como presidente. En perspectiva, el problema mayor no es que la prensa combata al poder, sino que el poder (gubernamental o económico) haga uso de la prensa para combatir a sus adversarios o malquerientes.

El mundo actual ha sido testigo de varios acontecimientos emblemáticos del conflicto entre el poder de la prensa versus el poder político en los Estados Unidos de América. Su origen está en el triunfo de Donald Trump y la tensión con la prensa que se ha venido reproduciendo a lo largo de su mandato. Su postura le ha llevado a un conflicto en el momento en el que los medios sufren su mayor desprestigio ante la población; según Gallup, en su medición de verano de 2017, sólo 14% de los republicanos consideraba que los medios noticiosos presentaban datos de manera correcta. Trump puede encarar con exceso y descuido a los medios, sin que esto le signifique un elevado costo en su base electoral, invocando Fake News por cada crítica recibida. Hay que destacar que algunos medios se escandalizan por la baja popularidad del presidente, cuando lo que debiera sorprender es que mantenga niveles de aprobación de su trabajo de 41.3% de acuerdo con el promedio del prestigiado sitio Real Clear Politics.

El periodista Bob Woodward, ha publicado en estos días su obra Fear. Trump in the White House. Las revelaciones que se hacen en el libro han sido de gran impacto, particularmente las expresiones del Jefe de Gabinete sobre el presidente. Otros dos acontecimientos disruptivos han tenido impacto recientemente: el primero, se refiere a la filtración de Bloomberg de una declaración del presidente Trump bajo reserva, con efecto explosivo sobre el acuerdo comercial con Canadá y que llevó a la suspensión de las negociaciones en curso. El segundo fue la decisión del New York Times de publicar un editorial anónimo escrito por un alto funcionario de la Casa Blanca, en que se presenta como portador de la resistencia desde la Casa Blanca y que hace un recuento muy crítico respecto a los atributos del presidente y de su capacidad de conducir al país.

El trabajo de Bob Woordward fue crucial para la caída del presidente Nixon; antes y después ha publicado varias obras de lectura imprescindible, entre ellas Shadow. Esa obra remite a todas las crisis que han tenido los presidentes norteamericanos desde Nixon hasta Clinton, los embates de la prensa, la acción del Congreso y del investigador especial, así como la manera que cada presidente enfrentó su crisis mayor. Una conclusión relevante en Shadow, es que la ocultación de los hechos es la primera y fatal tentación de quien detenta el poder. Los políticos de todo el mundo no han comprendido que lo más difícil y a la vez, lo más seguro para conducir un escándalo, es abrir los datos y proporcionar su interpretación o narrativa desde el principio. En el quehacer público, la opacidad, más tarde que temprano, se vuelve en su contra y normalmente conlleva consecuencias políticamente fatales.

En México, empresas, gobiernos y personajes han enfrentado escándalos mediáticos de mayor o menor impacto. En todos los casos, el silencio o la negación es la peor y más contraproducente respuesta. Los escándalos tienen por lo general una dimensión legal o contenciosa, pero también otra que se refiere a los hechos y la interpretación que de ellos se hace tanto de los datos como de las personas y del prejuicio sobre éstas.

Los medios son negocios. Tanto en sí mismos como de una diversidad de empresas no siempre vinculadas a actividades editoriales. En la actualidad, padecen el embate de la información digital. Es un problema estructural que tiene que ver con la muda de hábitos informativos y la presencia disruptiva del ecosistema digital. Los tiempos entre el evento y su divulgación se acortan dramáticamente, también la manera como la tecnología impone sus reglas para disminuir costos y mejorar la presentación gráfica del dato informativo. No se ha encontrado todavía una fórmula virtuosa de coexistencia entre lo tradicional y lo moderno, pues la mayoría de los medios profesionales, algunos con formato digital, padecen la competencia desleal que significa un escaso margen del rigor periodístico por parte de géneros digitales y las redes sociales.

La situación ha llegado a extremos. En los Estados Unidos han buscado la manera de regular la información digital. En Europa, a las empresas digitales globales se les pretende gravar con 3% de sus ingresos. En Inglaterra, el partido laborista ha propuesto establecer un gravamen a estos consorcios para destinarlo a la subvención del periodismo de investigación y financiación de la televisión pública.

En nuestro país, colateralmente al problema del cambio en el consumo de información y entretenimiento, los medios ven con temor la reducción del gasto público anunciado por el próximo gobierno. Enfrentar esta realidad con éxito, los obliga a reorientar sus ingresos, contenidos y público objetivo. Queda de relieve, más allá del esfuerzo por alcanzar el éxito comercial y la obligada viabilidad de las empresas, la función social insustituible que los medios realizan en ejercicio de la libertad de expresión y en el siempre indispensable escrutinio al poder, tarea que debiera ser alentada por el Estado.

El fin del principio

El comienzo contiene ya oculto el final” Martin Heidegge

En este espacio anticipamos lo que habría de ocurrir de cumplirse la alternancia que se perfilaba a semanas de la elección, especialmente por la magnitud del triunfo de la oposición encabezada por López Obrador y el tamaño de la derrota del partido gobernante. Señalamos que sería un cambio de régimen, esto es, una transformación que habría de ir mucho más allá de una alternancia y un relevo de gobierno en los niveles superiores.

En 2000, no hubo cambio de régimen, a pesar de que por primera vez se presentaba la alternancia del partido gobernante. Lo que ocurrió se dio en la dinámica de una realidad particular, muy distinta a la actual, porque el triunfo de quienes llegaron no fue total, como tampoco lo fue la derrota de quienes no fueron favorecidos por el resultado. La suma de la inexperiencia de quienes llegaron y la sobrada malicia de quienes condujeron la oposición, dieron lugar a una transformación importante, pero que diluyó su potencial transformador. De alguna manera la continuidad prevaleció sobre el anhelo social de cambio.

La situación de ahora es considerablemente más compleja y diferente. Lo es, en parte, por el sentido del cambio que ha establecido la sociedad. La derrota derriba no a un partido, sino a un sistema, a un régimen basado en el pluralismo y a un sentido de la política a partir de la desconcentración del poder y de los equilibrios formales e informales que acotan al presidente de la República. Aquel aparentemente lejano 1997, abrió la puerta al gobierno dividido, un periodo que se extendió durante más de dos décadas.

En 2018 la situación ha cambiado. Se regresa a un presidencialismo con amplio apoyo en el Congreso y en los Estados. No es el retorno del anterior régimen, pero sí tiene similitudes. La diferencia mayor está en la economía y en la disminución estructural de los recursos públicos y de lo que puede hacer por sí mismo el gobierno.

En el marco de la explicable crítica al gobierno y partido que concluyen, se subestiman logros fundamentales asociados al abatimiento de la concentración productiva y al fortalecimiento del marco de la competencia económica. Las transformaciones del siglo pasado propiciaron la apertura económica, la privatización y el sometimiento del poder presidencial a pesos y contrapesos. Se privatizó, pero no hubo competencia, al contrario, monopolios privados y agentes dominantes del proceso económico. Lo fundamental de las transformaciones de este gobierno que concluye se encaminan al fortalecimiento del Estado en su dimensión reguladora; a robustecer el mercado y la competencia y, también, a la conformación de instituciones de Estado para el cumplimiento de tales responsabilidades.

En el nuevo gobierno debe haber claridad sobre la transformación en curso. Es recomendable que se entienda que más allá de las diferencias políticas y de las insuficiencias del proceso de cambio –en especial sus dos expresiones desgarradoras que son impunidad e inseguridad–, el aspecto sustantivo y positivo de las transformaciones no deben naufragar por el revanchismo o la ignorancia. Para la actual y para las futuras generaciones, es crucial que el nuevo gobierno lleve hasta sus últimas consecuencias los cambios que dan vigencia a la competencia y a la economía de mercado, y evitar así la poderosa inercia del regreso a la concentración productiva. Este proceso virtuoso del crecimiento económico con instituciones comprometidas con la legalidad y atentas a la realidad global, es de un enorme potencial para socializar oportunidades y sus beneficios.

Efectivamente, con el nuevo gobierno se advierte una voluntad con importante aval social y político, que brinda al Estado fortaleza y capacidad para hacer valer el interés colectivo con una orientación social. La misma realidad económica impide que este proceso derive en estatismo. Las declaraciones del presidente electo y de su equipo económico, muestran temprana sensibilidad a este aspecto al reconocer que la inversión privada tendrá lugar importante en los proyectos en puerta. Sin embargo, la participación privada tiene sus reglas, principios y límites, mismos que deberán estar presentes para lograr acciones exitosas.

En todo caso, los problemas del nuevo régimen están en la política y en la calidad del gobierno. Allí se presentan expresiones preocupantes de centralización y personalización del poder, así como una confusa idea de la complejidad de la administración, que por igual incluye una muy complicada propuesta de desconcentración territorial del gobierno, que un desentendimiento por el profesionalismo y el servicio civil de carrera como ámbito especializado del sector público. La improvisación y la merma de la calidad del servicio público tiene dos efectos inevitables: corrupción y burocratismo, ambos en demérito de la dinámica del cambio social y económico.

La larga hazaña política de López Obrador llega al principio del fin. Gana el poder en condiciones de privilegio: un triunfo amplio, mayoría legislativa, una oposición diezmada, medios de comunicación no hostiles y un sector privado más orientado a la colaboración que a la confrontación, incluso en no pocos casos a costa de sus propios intereses y propuestas. Hay retos en el ámbito económico, particularmente actuar con eficacia, con reglas que no se escogen y que en no pocas veces, van a contrapelo de la motivación social del grupo político que llega al poder.

Ganar el poder fue una difícil y prolongada batalla. El entorno favoreció los términos del desenlace. Las expectativas sobre un cambio pronto y profundo son amplias. Un gobierno probo es una exigencia básica, pero también, uno que sea eficaz, que pueda promover y dirigir, que sea el eje para mejorar y dar sentido al cambio. La política no puede conspirar contra la economía, tampoco deben hacerlo la ideología o el voluntarismo. El movimiento político en muchos sentidos termina, ahora lo que corresponde es gobernar bien y generar un liderazgo que a todos reconozca e incluya.

El nuevo presidencialismo debería mantener distancia de la inercia partidaria. Se puede gobernar con los que tienen identidad política con el presidente, pero se debe actuar en beneficio de todos. No hay repúblicas partidarias. México es la síntesis de diversidad y pluralidad. Puede haber partido mayoritario y hasta dominante, pero nunca este país tendrá cabida en un solo partido. La pluralidad y la participación de la sociedad civil, así como la dinámica del universo digital, son la expresión actual y futura de México.

Concesiones a la realidad

La democracia, como toda construcción humana, tiene sus imperfecciones, pero de éstas, dos aspectos destacan: primero, la indebida relación que hay entre la política electoral y el dinero. Segundo, la cortesanía del candidato con el elector a manera de ganar el voto. Regularmente no hay autenticidad en la oferta. Hay en cambio, un propósito de ganar la contienda mediante propuestas atractivas y simples a los electores. En las circunstancias actuales, un candidato que se manejara dentro de los márgenes del realismo social, político y económico estaría condenado a la derrota. La democracia requiere de ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, pero en la disputa electoral no se invoca la responsabilidad y el compromiso, sino los bienes y privilegios a obtener.

Candidatos cortesanos pueden derivar en malos gobiernos, en especial si no actúan de manera consecuente con la realidad y las limitaciones que se les plantean después del triunfo electoral. Desdecirse de los compromisos de campaña es malo, pero considerablemente peor es mantenerse en ellos a sabiendas de sus efectos negativos, ya sea por la imposibilidad de llevarlos a cabo o de generar una regresión implícita cuando ya se tienen todos los elementos de juicio.

Los candidatos que ganan desde la oposición tienen el deber ético de corresponder con la esperanza de quienes les llevaron al poder, aunque también con los límites que la realidad impone. La izquierda en España ganó la elección con la exigencia de salir de la alianza, con el lema “OTAN, de entrada, no”. Ya en el poder, al considerar que la pertenencia formal y simbólica a Europa estaba asociada con ese acuerdo, tuvo que convocar a referéndum con la consigna del gobierno de que, si se votaba en contra de la alianza, el gobierno socialista habría de renunciar. A consecuencia de ello, tuvieron que torcer fuerte el brazo a sus bases de simpatizantes; el secretario de Asuntos Exteriores, Fernando Morán dimitió por desacuerdo con el presidente del gobierno. El voto del referéndum fue favorable a la permanencia en la OTAN y España vivió uno de los momentos más plenos y constructivos de la democracia occidental bajo el liderazgo de Felipe González.

El equipo económico de López Obrador ha actuado de manera cuidadosa en función de muchos de los temas en la agenda. Antes, el candidato ganador, fue claro respecto a dos principios básicos para una buena política económica: la independencia del Banco Central y el equilibrio entre ingreso y gasto públicos. Las palabras y razones de los futuros funcionarios responsables de los temas económicos y del desarrollo de infraestructura en el encuentro anual de BANORTE, revelan que hay comprensión sobre temas fundamentales, en especial, sobre la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura, así como conciencia o sentimiento de responsabilidad de los límites del presupuesto para cumplir con los compromisos de campaña.

De tanto repetirlo parece un lugar común, pero toca a los demócratas repetirlo siempre: el encuentro con la realidad es premisa básica de todo buen gobierno. Es explicable la frustración con su encuentro por parte de un opositor, sobre todo por la convicción que los anima, en muchos casos genuinamente, de que su lugar en el gobierno habría de hacer la diferencia para que las cosas mejoren de manera sustantiva. Quizás el área que impone más sus tiempos, reglas e inercias está en la economía. Allí no hay mucho margen de maniobra, su buen manejo no da mucho espacio a la discrecionalidad o a la ambigüedad políticas.

Que la inversión privada es fundamental para el desarrollo del país, es el reencuentro con una premisa que a base de golpes y errores mucho ha costado a los mexicanos. Lograr la estabilidad macroeconómica ahora se da por hecho, pero fue un largo recorrido. Aunque muchos connacionales no vivieron o ya olvidaron el castigo de una inflación desbordada, por altísimas tasas de interés o por el deterioro dramático del ahorro; todo funcionario involucrado en los temas económicos reconoce la necesidad de no comprometer dicha estabilidad.

El gobierno que entra tiene como respaldo la fuerza de un resultado que le da legitimidad y acompañamiento por mayoría legislativa. Pero a mayor poder, mayor responsabilidad. Este apoyo popular e institucional presenta condiciones idóneas para emprender las transformaciones que le darán al país un renovado rostro: crecimiento, equidad social y, también, fortaleza institucional. Dar énfasis a uno de estos tres aspectos sin considerar los otros, genera distorsiones y afecta la legitimidad del proyecto de gobierno.

La economía es la base del bienestar. La mejor y más eficaz manera de atender el problema social es con una economía que crece y que da oportunidades a todos. Si hay un tema que debe privilegiar el nuevo gobierno, éste se encuentra en el ámbito de la economía. Hay buenas bases y una estructura profesional de primera en el gobierno que ojalá y no se le comprometa en su estabilidad laboral. Como lo ha reconocido el nuevo equipo económico, avalado ahora por la CEPAL en voz de Alicia Bárcena, la participación del sector privado es indispensable. Tal participación ocurre por la rentabilidad de los proyectos y se puede estimar en corto, mediano y largo plazos.

Ante las señales, el sector privado ha respondido de manera entusiasta al llamado del futuro gobierno. En la medida en que haya sensibilidad de ambas partes y coincidencia en lo fundamental, el país tiene la oportunidad de romper las bajas tasas de crecimiento que han caracterizado al periodo de la estabilidad macroeconómica, particularmente en lo que va de este siglo. El eventual acuerdo de la renovación del TLCAN, será importante para dar certidumbre a la inversión privada. El que los equipos del gobierno saliente y entrante hayan trabajado de manera coordinada, también es un signo alentador de que más allá de las diferencias en visiones, ópticas y programas, existe un compromiso compartido de actuar en función del bienestar del país.

Las concesiones a la realidad no deben entenderse de ninguna manera como una declinación de lo fundamental. En todo caso, es tener claridad estratégica y táctica para definir prioridades, tiempos y ritmos en la implementación del programa de gobierno. Un inicio exitoso genera siempre una inercia positiva respecto a lo que viene. Por eso es de esperarse que sigan fluyendo mensajes positivos y decisiones dirigidas a mantener la confianza en el país y a profundizar el ánimo de participación de toda la sociedad, especialmente, de la inversión privada.

Voluntad y realidad

“El mundo cambiará el día que nos molesten más los que no piensan que los que piensan distinto a nosotros”

Siempre la política se mueve entre el deseo del líder por transformar y la realidad que impone límites. En un país con tantos retos y con tan profundas desigualdades sociales como el nuestro, es explicable que desde la oposición se conceda a la voluntad personal y política una desproporcionada posibilidad en la tarea de transformar nuestro entorno. Es común que quienes están en el poder traten de hacer valer que en el servicio público siempre hay un largo tramo entre lo deseable y lo posible. No es que estemos ante dos posiciones incompatibles. Todo lo contrario: gobernar es hoy más que nunca el arte de hacer posible lo que se ofrece para bien del país, enfrentando con responsabilidad y prudencia los límites que a estos anhelos impone la realidad.

La realidad, por naturaleza terca y persistente, es también ineludible. La cuestión es cómo interpretarla. Por ejemplo, el deseo de promover el turismo ha llevado al presidente electo comprometer una inversión de 150 mil millones de pesos para la construcción de un tren que conectaría Cancún con Palenque vía Bacalar y con Campeche vía Mérida. Un proyecto ambicioso, sin duda, que refleja la voluntad del nuevo presidente de llevar el desarrollo a una de las zonas más rezagadas y con un enorme potencial turístico.

El sector empresarial ha reaccionado con entusiasmo frente a la propuesta. Sin embargo, la realidad dice que, al momento, no existe una demanda suficiente para ese tipo de transporte. La numeralia del aforo vehicular o de la oferta hotelera lo probaría. Un estudio de mercado –que debería preceder a la propuesta– confirmaría que el visitante de Cancún, en buena proporción, no es itinerante. Que la oferta hotelera llamada “todo incluido” es dominante en los mercados turísticos de playa y que eso significa que el turista permanece en el lugar de alojamiento.

Es sensato que el Presidente Electo, de antemano, identifique que la mayor parte de la inversión tendrá como origen capital privado. El problema es que toda inversión privada tiene un esquema de recuperación. Un gasto de tal naturaleza está condicionado por el aforo. Un inversionista privado hace cálculos rigurosos para evaluar la rentabilidad del proyecto. Si se tratara de atender una demanda preexistente, digamos la del aeropuerto de la Ciudad de México o el tren México-Toluca, el riesgo se minimiza. La cuestión es que el proyecto que se está planteando es introducir el tren para generar demanda y no al revés. El éxito de tal implementación no sólo está condicionada a promoción, sino también a una cuantiosa inversión de infraestructura hotelera y de entretenimiento.

La realidad siempre se impone. Los proyectos a partir de la voluntad y no de la realidad reflejan buenos propósitos, pero pueden llevar a resultados desastrosos, y de eso hay sobradas experiencias en nuestro país, especialmente cuando las cosas se hacían casi exclusivamente con inversión pública. Afortunadamente los casos que está planteando el futuro gobierno están condicionados por la participación del sector privado y esto impone una racionalidad más allá del buen deseo y las mejores intenciones del gobernante. En estos casos la rentabilidad es la condicionante y, por lo mismo, es posible que las propuestas sufran modificaciones en el camino, y, en tal caso, no habrá nada que reprochar si los proyectos no resultan como se hubiere querido.

Lo mismo puede ocurrir con algunas otras de las propuestas en proceso. Por ejemplo, la desconcentración territorial de las dependencias federales requiere no solo de recursos, sino de un acuerdo con la base laboral y con los gobiernos locales y municipales receptores. Cierto es que la propuesta puede generar beneficios de calidad de vida de los servidores públicos y también potenciar el crecimiento de regiones del país, pero esto debe realizarse de manera programada, consensuada y progresiva, además de acompañarse de una importante inversión tanto pública como privada. Una buena propuesta mal ejecutada puede resultar un fiasco; llevar los proyectos a buen término no solo es cuestión de voluntad, sino también de un entendimiento y comprensión de la realidad para que el cambio tenga una adecuada estrategia de adaptación, particularmente de las personas involucradas, así como de los costos de por medio.

La voluntad del presidente siempre importa. Se trata de la herramienta básica para construir el proyecto de nación que se ofertó en campaña. Voluntad con respaldo popular, como el que tiene el presidente López Obrador, es un gran recurso para transformar, pero no resulta suficiente para ir contra la realidad. Además, el consenso mayoritario no basta para llevar a cabo proyectos de tal magnitud, también es necesario el apoyo de grupos específicos y eso requiere de un esfuerzo mayor, especialmente por parte del equipo de gobierno y colaboradores cercanos. Escuchar es importante, pero también lo es argumentar y razonar las decisiones: un ejercicio complejo para conciliar el interés particular con el general que debe motivar al gobierno.

Postular un proyecto de nación que se sostiene en abstracciones ideales es construir en el error; otro ejemplo de ello es la generosidad a la que alude el próximo presidente, la cual puede asumirse del pueblo en abstracto, no de grupos o personas en particular. Las personas se mueven por ideales, pero también por intereses y ambiciones. Las lealtades son precarias y condicionadas por incentivos colectivos, idealistas, pero también egoístas. No reconocerlo así lleva no solo al desencanto, también al desastre. En este sentido, las remuneraciones de los servidores públicos deben asociarse no solo a la realidad de un país profundamente desigual, también a la realidad del mercado laboral para contar con un perfil de servidor público deseable. No se puede improvisar, tampoco partir de hipótesis falaces o sin apego a la realidad.

Y es que resulta incómodo y también frustrante, pero la realidad es firme en limitar lo que se puede hacer; la realidad nos atraviesa como personas, pero también como grupo o comunidad. Los ideales motivan y activan, no hay razón para desdeñarlos, al igual que las convicciones, los valores y los principios. No podemos caer en el conformismo o en la complacencia. Siempre, invariablemente hay que aspirar a mucho más y si esto es relevante como individuos, cobra una dimensión aún más profunda y compleja cuando se trata de un colectivo o de una comunidad. No obstante, en este escenario, la eficacia de la voluntad tendrá que medirse y analizarse en los resultados.

La espera

El periodista y expresidente uruguayo, José María Sanguinetti, señalaba que la transición democrática exitosa se daba en la adecuada administración de dos sentimientos: el miedo de los que se van y la impaciencia de quienes llegan. En México no está en curso una transición de tal naturaleza, pero tampoco es un relevo más de administración. En el marco de la democracia que existe, imperfecta y con insuficiencias como todas, el mandato fue peor que adverso para el partido gobernante y favorable en términos inéditos a la coalición ganadora, que plantea un cambio de régimen, una propuesta de refundación de principios y de la visión del poder, claramente diferenciada respecto al pasado.

El relevo aún en estas condiciones, se ha dado en términos de constructiva colaboración, esto descarta que el temor de unos o la prisa de otros se imponga. El candidato José Antonio Meade anticipó, con su pronto reconocimiento del resultado, lo que serían los términos de la relación con el ganador del gobierno que concluye. El país parece estar construyendo las condiciones para un relevo de administración que no solo se haga en términos de normalidad, sino que también aporte certidumbre hacia todos los ámbitos. El mensaje del candidato ganador, a pocas horas de haber concluido la elección, pudo conciliar dos elementos complejos: la certeza de que se cumplirá con lo ofrecido y el compromiso de actuar con sensatez y prudencia.

El tiempo de espera entre la elección y la toma de posesión es irracional: 5 meses son un absurdo. Cambió la Constitución para que en 2024, el cambio de administración se haga el 15 de septiembre. También la calificación de la elección presidencial debe concretarse de manera expedita, como ocurrió en esta ocasión. La constancia de mayoría debería estar seguida por la toma de posesión y no tener que esperar como es el caso.

En un sector de la opinión pública se ha tomado a mal la disposición del presidente Peña para facilitar el arranque del nuevo gobierno. Considero que la postura no solo es un tema de realismo, también es el sentido del mandato. Para el caso, es un procedimiento adecuado mediante iniciativa de ley, emprender las modificaciones que va a requerir la organización del nuevo gobierno, así como los nombramientos que tienen que transitar por la dictaminación del Congreso. Igualmente, es de sentido común que el proyecto de presupuesto y la iniciativa de la ley de ingresos sea conforme a los criterios de la nueva administración. Referirse a sumisión o humillación del presidente saliente por conceder estos aspectos es un despropósito. Es mucho más que un tema de civilidad política, se trata de aportar para que quien ya tiene el mandato democrático pueda cumplir su compromiso.

Estimo que la política abre espacio para hacer virtud lo que es un problema. La prolongada espera no tiene por qué volverse inmovilidad de la administración que concluye, tampoco pasividad por quienes habrán de asumir el cargo en áreas críticas de la administración. Es un acierto que el acuerdo atienda a los temas de la economía, así como al de la seguridad pública. Todo lo que pueda hacerse al respecto abona a la certeza y la confianza, aspectos fundamentales para un nuevo gobierno, más cuando estamos ante escenarios sumamente inciertos en varios planos de la economía y de la relación bilateral con EU y, desde luego, lo que preocupa a muchos mexicanos: la seguridad pública y la justicia.

Quienes llegan tienen oportunidad de escuchar las muchas voces y propuestas, así como despejar en justo término el prejuicio natural que el opositor tiene respecto al que gobierna, prestar oído fino no solo a quien habla, reclama, exige y dice, también a esa mayoría silenciosa o aquellos que mucho tienen que aportar y que optan por actuar en el refugio de la discreción. El especialista y el experto pocas veces forman parte del coro vociferante. También hay agendas particulares que buscan presionar a quien llega en su propio beneficio o perspectiva de las cosas y de las soluciones.

Los encuentros del futuro gobierno con la sociedad son útiles y dan espacio a quienes tienen una postura clara sobre lo que debiera hacer quien va a quedar al frente de la nación. Está bien que organizaciones civiles o ciudadanos comunes o destacados expresen lo que a su interés convenga, pero en la consulta y el diálogo debe tenerse presente que quien tiene el mandato, con abrumadora mayoría –por cierto– es el futuro presidente quien, si bien no recibió cheque en blanco, sí tiene la condición de ser el portador de la esperanza de muchos mexicanos para ejercer un gobierno distinto al que tenemos, aunque no necesariamente a satisfacción de todos o de grupos particulares.

A ese respecto, es poco decoroso remitir la discusión a los nombramientos. Las organizaciones civiles que se empeñan en ello dejan bajo sospecha el sentido de su causa y la honestidad de sus intenciones. Así, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha hecho público desde la campaña tres nombres de prospectos de futuro fiscal general de la República, cualquiera de los tres cumple plenamente la calidad profesional y personal para una responsabilidad de tal naturaleza. Estimo que el Senado deberá incluir esa terna en los 10 nombres que haga llegar al presidente actual y que este envíe precisamente esa propuesta para que el Senado tome la decisión con perspectiva y claridad sobre la transformación que debe tener la procuración de justicia en el país.

Una buena señal por lo que es y representa, es que se haga virtud de la larga espera. Los problemas y las oportunidades allí están, también el anhelo de muchos mexicanos de que el relevo de gobierno signifique un cambio pronto y sustantivo para bien. Que la política se acredite para hacer del acuerdo y el entendimiento una plataforma constructiva en el marco del tránsito hacia el nuevo gobierno, abre espacio para un razonado optimismo sobre lo que se avecina, tarea que compromete no solo a los que van y, especialmente a los que llegan, también incluye al conjunto de la sociedad. Mejorar y resolver son objetivos que comprometen el empeño y la participación de todos.

Modernizar la Presidencia

A Carlos Marín, de oficio periodista, y de vocación amigo

Al presidente López Obrador se le presenta una oportunidad singular para modernizar la institución política más relevante en sentido histórico, funcional y político. La mayoría legislativa no solo le facilita el cambio legal, también aleja del horizonte la idea de parlamentarizar al sistema político. Con el resultado del 1º de julio, el presidencialismo se ve ratificado, la cuestión ahora radica entorno a la eficacia, y en dar respuesta con acciones de gobierno a la expectativa que le llevó al triunfo.

La presidencia de la República es una institución sumamente relevante y compleja. Su modernización en el sistema norteamericano comienza en la presidencia de Franklin D Roosevelt. Esto ocurre en el contexto de la peor crisis económica y social derivada de la depresión de 1929. Esta circunstancia, y los efectos de la I Guerra Mundial, dieron origen al colapso de importantes democracias y al surgimiento del nazismo y el fascismo. En Estados Unidos no ocurrió así, precisamente, porque el presidente Roosevelt hizo más dinámico al sistema democrático, y para ello fue fundamental la modernización de la Presidencia.

Transformar a la Presidencia para darle eficacia implicó un traslado del poder decisorio del gabinete hacia la Oficina del Presidente. Esto significó que se crearan oficinas o departamentos para dar curso a las funciones estratégicas que le dieran al mandatario capacidad de conducción y dirección del gobierno. De una o de otra forma, el desempeño del gabinete –aunque este es nombrado por el mismo mandatario– coloca a sus integrantes como intermediarios entre el presidente y las clientelas del área de especialidad. Esto condiciona el poder presidencial de manera importante si las decisiones fundamentales se trasladan al gabinete.

La definición del presupuesto es el instrumento de mayor importancia en el ejercicio del gobierno. En el sistema norteamericano, es la entidad que prepara el gasto es la oficina más importante y prominente. Su titular reporta directamente al jefe de la oficina de la presidencia y al mismo presidente. Definir el presupuesto es una tarea sumamente compleja y requiere de un personal técnico amplio y preparado. Su función es esencialmente proveer al presidente con las definiciones de gasto para programas, su manejo óptimo y su presentación al Congreso para su aprobación.

En algún momento del devenir histórico de México, se intentó dar respuesta a esta exigencia y para ello se creó, durante la gestión de López Mateos, la Secretaría de la Presidencia, cuya función fue la de definición y control del presupuesto. En 1976, se le transformó en Secretaría de Programación y Presupuesto. Más tarde, en 1992, ésta se integró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la actualidad, en México, cada presidente resuelve organizar la Oficina de la Presidencia a su estilo y modo. En ese sentido, ha faltado institucionalizar los cambios que le den eficacia, aunque en este gobierno que concluye se le dio base legal. Lo que hace falta es atraer al ámbito presidencial las responsabilidades fundamentales del ejercicio del poder gubernamental y las responsabilidades asociadas a la jefatura de Estado. Ambas no pueden estar en el ámbito del gabinete, y mucho menos puede ser una oficina menor, como ha ocurrido.

Una vista a la Oficina de la Presidencia de los Estados Unidos no solo nos ofrece una idea de su relevancia y magnitud, también de las funciones que realiza. En ella se encuentran: El Jefe de la Oficina, quien es la autoridad mayor de los colaboradores presidenciales; el Consejo Nacional de Seguridad; el Consejo de Asesores Económicos; el Consejo de Calidad del Medio Ambiente; el Jefe de la Residencia y oficinas presidenciales; la Oficina de Administración; la Oficina del Manejo del Presupuesto; la Oficina para la Política de Control de Drogas; la Oficina de Ciencia y Tecnología; la Oficina de los Representantes de los acuerdos comerciales y la Oficina del Vicepresidente.

Esta arquitectura de la administración y de la Presidencia resuelve uno de los mayores retos: dar eficacia a la presidencia, así como poder de dirección, control y conducción sobre el conjunto del equipo de gobierno. Una presidencia fuerte no significa un gabinete débil, más bien lo que representa es que los secretarios del Despacho puedan concentrar su tarea en el área de especialidad bajo la directriz política de la Oficina de la Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador tiene una inclinación muy decidida a fortalecer la Presidencia, además de voluntad de cambiar de fondo, como lo muestra la idea de transformar al Estado Mayor Presidencial en algo como Oficina de Protocolo, solución del gobierno español. También cerrar la casa presidencial y diferenciar el espacio de la residencia al del trabajo, tradición que viene desde Lázaro Cárdenas, quien se mudó allí porque la anterior residencia, el Castillo de Chapultepec, le parecía ostentoso.

El futuro presidente ha planteado acciones trascendentes sumamente complejas en su ejecución, como es la desconcentración territorial de la administración pública federal o el combate a la corrupción y venalidad en el gobierno. También ha anticipado la desaparición de la unidad de inteligencia del Estado Mexicano, lo que en realidad derivará en su transformación. Al respecto, lo recomendable es dotar a la nueva dependencia responsable de Seguridad Pública, de un instrumento en analogía a la Plataforma México, esto es, una unidad de inteligencia especializada en la prevención y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el combate al crimen. Por otra parte, se requiere crear en la Oficina de la Presidencia, el Consejo Nacional de Seguridad, que tiene que ver con los temas de seguridad nacional, algunos en la frontera con los temas criminales, otros francamente distantes como son los desastres naturales, temas de salud y asuntos relacionados con la salvaguarda de la soberanía nacional.

Lo deseable es que este propósito de cambio y de innovación tenga curso más allá de lo emblemático y se traslade al terreno de los resultados. López Obrador ha anticipado nombramientos de muy alto perfil profesional para la Oficina de la Presidencia y para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, personas con criterio independiente, trayectoria propia y con un consolidado prestigio profesional y personal. Es un paso en la dirección correcta. Lo que ahora es pertinente plantear es transformar a la oficina presidencial de manera sustantiva para dar dirección, sentido y propósito al cambio.

Crónica del porvenir

“Ante la crispación, los ciudadanos están dispuestos a creer en todo menos en la verdad”

El guion de la retórica en torno al relevo al poder es conocido, se repite cada seis años. El ánimo de hacer y resolver se desborda junto a la expectativa de muchos sobre soluciones postergadas y críticas exacerbadas a lo existente. Quienes llegan con impaciencia se mueven entre el rechazo a lo que existe y un sobrado optimismo frente a lo que puede hacerse con la renovación de los responsables de conducir y hacer las cosas. Si bien esto ocurre hasta con gobiernos del mismo partido, sucede de manera mucho más acentuada cuando hay alternancia. La excepción, quizá, ha sido este gobierno que concluye: hubo urbanidad de quien llegó y cuidado de quien dejó el cargo. Las buenas formas redituaron en un acuerdo político -luego satanizado- que dio lugar a reformas trascendentales en el primer año de gobierno.

Ahora la situación es diferente porque quien ganó no requiere de acuerdo parlamentario con la oposición, además, la derrota del partido gobernante fue extrema. Quienes llegan al poder cuentan con el respaldo de una opinión pública que reprueba lo que existe y que otorga amplio apoyo a quien comienza una nueva gestión, mucho más allá de lo que se cree o de lo que una buena parte de los medios considera, como revela un estudio reciente de GCE. Así es, porque son muchos –hayan votado o no a López Obrador– los que perciben que las cosas inevitablemente van a mejorar. Es un juego de sentimientos y emociones, más que de razones: ese es el mecanismo de la comunicación política, de allí emana la popularidad de quien habrá de ser presidente.

En perspectiva, quienes arriban a la responsabilidad no reparan sobre tres temas importantes: el primero –y de menor trascendencia­– reside en que al juzgar el pasado, se está estableciendo un modelo de desempeño propio, así, por ejemplo, si Olga Sánchez Cordero considera que el país es un cementerio, da espacio a la expectativa de que las cosas mejoren de inmediato, pues se trata de una afirmación tan radical, que convierte en imperativo un cambio de dirección que se traduzca en que pronto el país se aleje de ese indeseable y doloroso diagnóstico presente en buena parte del imaginario colectivo.

El segundo aspecto se refiere al tiempo, pues, aunque no lo parezca, seis años no es sino apenas un breve lapso que permite algunas modificaciones y el arranque de proyectos acotados; días largos, meses cortos, años precisos. Cambiar y transformar es un ejercicio muy complejo de adaptación de difícil realización. Una refinería lleva años desde su concepción hasta su puesta en marcha. La migración de las dependencias federales a los Estados tomaría unos seis años. El florecimiento y la llegada de los primeros frutos de una reforma educativa, al menos una década.

El tercer aspecto que normalmente no se considera al inicio de una administración es la magnitud de las dificultades y contrariedades, así como la complejidad para sacar adelante el ambicioso proyecto que se ha trazado. Un primer obstáculo son las limitaciones presupuestales, a lo que siguen los procesos y la normatividad que impone límites y acota la discrecionalidad en las decisiones. No menos importante es el tema del capital humano. Más allá del desprestigio que padece la burocracia alta, casi todas las dependencias federales han desarrollado un servicio civil profesional de carrera, la mayoría integrado por funcionarios competentes y ya familiarizados con la manera de sacar adelante el trabajo y los resultados.

Debería preocupar que el prejuicio popular contra la calidad profesional de los servidores públicos se reproduzca como política pública del nuevo gobierno. Es un error considerar que quien trabaja para el gobierno debe asumirlo como apostolado; simplemente se debe pagar de acuerdo al mercado laboral de servicios profesionales. No hacerlo así propicia la corrupción o una pérdida de capital humano imprescindible para la calidad del gobierno.

La realidad es que quienes están por arribar a la responsabilidad pública viven ahora un momento muy distinto del que habrá de presentarse una vez que concluya la primera etapa del ciclo de gestión pública, algunos hablan de los 100 días; considero que no obstante la impaciencia de propios y extraños sobre el cambio, el gobierno que llega contará con más tiempo de eso que llaman el “bono democrático”.

También es de esperar que quienes arriben se arropen en la real o falsa, –aunque interesada– explicación de que las cosas están considerablemente peor de lo que se esperaba. La crítica severa al pasado inmediato casi nunca es por ánimo de revancha, más bien, y con singular frecuencia, se trata de un recurso defensivo para justificar que las cosas no puedan mejorar con el apremio anhelado o comprometido. Ganar tiempo es el objetivo primario, sin embargo, también tiene su límite.

Llegar bien al poder no sólo remite a la calidad del mandato manifiesto en los números de la elección, también se refiere a la capacidad para moderar desde un principio, la expectativa y definir con claridad metas y objetivos de gobierno, tarea que requiere de información, realismo y visión. Los términos en los que tiene lugar la transición de gobierno, son los mejores: hay claridad del equipo que se hará cargo del gobierno y determinación del presidente Peña Nieto de plena colaboración, incluso en temas que contrastan con las políticas fundamentales de su administración, como se manifiesta en la suspensión de las licitaciones en materia de hidrocarburos y las referidas a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Llegar al poder no es cheque en blanco, tampoco amnistía, es el inicio del proceso de renovación que, hoy más que nunca, va acompañado de una amplia expectativa de que las cosas mejoren para bien del país, cumpliendo el designio de don Benito Juárez: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones.”

Las trampas de la popularidad

La sociedad mexicana tiene singulares prácticas frente al poder político. La renovación presidencial ha sido, de siempre, una actualización de la esperanza y de la expectativa de que las cosas mejoren. En ocasiones, tanto la valoración crítica al pasado, como la convicción de que las cosas habrán de cambiar pronto y de manera profunda se vuelven algo desproporcionadas. Las elecciones de eso se tratan: de movilizar a los ciudadanos para que el voto defina rumbos; lo mismo sirva de castigo a lo que no se quiere o de aval para quien más y mejor convence.

En estos tiempos, se viven de manera acentuada ambos aspectos, el del pasado que se reprueba y el del futuro mejor que se anhela. Los ánimos se han exaltado en ambos sentidos y eso explica el resultado del 1º de julio, que nos ha colocado en una posición complicada como país en donde, si bien se reconoce el resultado como fruto de nuestro sistema democrático, también preocupa lo que este ha generado: la ausencia de contrapesos, y la posibilidad de que esto conlleve a situaciones indeseables a partir de la visión y de las decisiones ya no de un partido o grupo, sino de un solo hombre. No creo que tal efecto sea sano, deseable y tampoco útil. Los grandes cambios no han sido de un hombre, sino de una generación, más allá de que siempre ha habido quienes coordinen y motiven.

Es el deseo de todos, o al menos de los más, que la renovación a la que convoca López Obrador sea para bien, que el cambio que se avecina acabe con muchos de los problemas viejos y nuevos que aquejan al país. No se trata del interesado y obsequioso beneplácito de algunos; lo que se anhela es que las cosas mejoren, nada más, pero nada menos. También es de preocupar que el pasado se vea bajo el prisma del reproche acrítico y totalizante: que todos los funcionarios son corruptos, que las empresas exitosas lo son gracias a la corrupción, que el país se divide entre buenos y malos y que un cambio en la cúpula política será suficiente para la regeneración nacional.

Las reservas o el escepticismo a lo que viene, no son pecado. Tampoco lo son el apasionado entusiasmo y optimismo de muchos. Ni unos ni otros tienen derecho a negar al diferente. No hay nada de democrático en una mayoría que avasalle, como tampoco lo hay en una minoría que pretenda imponer su visión. Es imperativo llegar a un entendimiento que acredite las libertades y la pluralidad. El voto es un mandato, y en este caso, lo es para emprender una reforma profunda, pero no es cheque en blanco.

El anhelo de lograr transformaciones inmediatas y de que el mandato no pierda impulso se entiende, pero el gobierno del futuro Presidente deberá ser cuidadoso ante la tentación de emprender esos cambios de manera precipitada. La equidad social a la que se pretende llegar no se niega ni se entorpece con las libertades, tampoco con el deseo de lograr un consenso incluyente, ni mucho menos con ajustes importantes al gobierno y a su relación con los poderes y las entidades.

El pasado no debe ser concepto rector de lo que funciona. El pasado inspira y enseña, pero no manda. Debe ser así porque la sociedad mexicana se ha transformado de manera profunda, porque el pasado lejano y muy lejano, con frecuencia, se aprecia con el prisma del prejuicio o del interés, sin considerar la complejidad del mundo actual y de las transformaciones en la economía, la política y en lo social.

En ese sentido, la economía es uno de los temas de mayor atención y cuidado. Los representantes sindicales y los empresarios han actuado frente al futuro gobierno con optimismo y con un ánimo de apoyo y simpatía en la propuesta de que las cosas mejoren. Nadie ha solicitado un freno a la transformación por la que se votó mayoritariamente, lo que sí está presente es el deseo de participar en ese cambio que debe tener un curso en el marco de la inclusión, el compromiso con los que menos tienen y que debe, ante todo, potenciar las capacidades individuales, comunitarias, sectoriales y colectivas.

La realidad económica estrecha el margen de maniobra y discrecionalidad de los gobiernos nacionales. Como tal, dos compromisos señalados por el futuro Presidente han disipado dudas y alejado inquietudes: el equilibrio en las finanzas públicas y el respeto a la autonomía del Banco de México. Sin embargo, habría que agregar a la confianza que se busca también la certeza de derechos. Para ello es indispensable acreditar la convicción del respeto a la ley y a las instancias de justicia. Las condiciones de impunidad y venalidad no cuestionan a las instituciones y a la ley, al contrario, claman por la legalidad y porque las instituciones adquieran vigencia plena, sin dejar de considerar su transformación o actualización.

El país está en medio de la negociación de uno de los instrumentos fundamentales de la economía nacional de los últimos cinco lustros, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ha sido un acierto del candidato ganador reconocer al grupo negociador y su deseo de continuidad, más que de reemplazo. También, el futuro canciller y Secretario de Hacienda han acreditado cuidado y sensatez. En estos temas México debe estar unido, tanto por el interés nacional de por medio, como por el perfil del gobernante del país vecino al norte. Son muchas las razones que apuntan a la continuidad del acuerdo con modificaciones propias de una actualización, pero debe tenerse siempre presente la personalidad del Presidente Trump, su profunda hostilidad hacia México y hacia los mexicanos, así como lo impredecible de su conducta.

La popularidad no es sinónimo de eficacia, y pretenderla como razón de gobierno o como una marca sexenal, puede convertirse en trampa que comprometa lo que se pretende. Mi opinión es que, aunque exista el diferendo natural con el actuar del futuro gobierno, ingrediente principal de cualquier democracia, deseo que quienes lleguemos a estar en esa postura seamos una y otra vez desmentidos por los buenos resultados. Sin embargo, más allá de la controversia, el diferendo y la crítica, el cuidado en la economía y sus fundamentos nos dará mucho como país, tanto para solventar nuestras diferencias como para hacer realidad el anhelo compartido de tener una nación más fuerte y más justa.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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