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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Crónica del porvenir

“Ante la crispación, los ciudadanos están dispuestos a creer en todo menos en la verdad”

El guion de la retórica en torno al relevo al poder es conocido, se repite cada seis años. El ánimo de hacer y resolver se desborda junto a la expectativa de muchos sobre soluciones postergadas y críticas exacerbadas a lo existente. Quienes llegan con impaciencia se mueven entre el rechazo a lo que existe y un sobrado optimismo frente a lo que puede hacerse con la renovación de los responsables de conducir y hacer las cosas. Si bien esto ocurre hasta con gobiernos del mismo partido, sucede de manera mucho más acentuada cuando hay alternancia. La excepción, quizá, ha sido este gobierno que concluye: hubo urbanidad de quien llegó y cuidado de quien dejó el cargo. Las buenas formas redituaron en un acuerdo político -luego satanizado- que dio lugar a reformas trascendentales en el primer año de gobierno.

Ahora la situación es diferente porque quien ganó no requiere de acuerdo parlamentario con la oposición, además, la derrota del partido gobernante fue extrema. Quienes llegan al poder cuentan con el respaldo de una opinión pública que reprueba lo que existe y que otorga amplio apoyo a quien comienza una nueva gestión, mucho más allá de lo que se cree o de lo que una buena parte de los medios considera, como revela un estudio reciente de GCE. Así es, porque son muchos –hayan votado o no a López Obrador– los que perciben que las cosas inevitablemente van a mejorar. Es un juego de sentimientos y emociones, más que de razones: ese es el mecanismo de la comunicación política, de allí emana la popularidad de quien habrá de ser presidente.

En perspectiva, quienes arriban a la responsabilidad no reparan sobre tres temas importantes: el primero –y de menor trascendencia­– reside en que al juzgar el pasado, se está estableciendo un modelo de desempeño propio, así, por ejemplo, si Olga Sánchez Cordero considera que el país es un cementerio, da espacio a la expectativa de que las cosas mejoren de inmediato, pues se trata de una afirmación tan radical, que convierte en imperativo un cambio de dirección que se traduzca en que pronto el país se aleje de ese indeseable y doloroso diagnóstico presente en buena parte del imaginario colectivo.

El segundo aspecto se refiere al tiempo, pues, aunque no lo parezca, seis años no es sino apenas un breve lapso que permite algunas modificaciones y el arranque de proyectos acotados; días largos, meses cortos, años precisos. Cambiar y transformar es un ejercicio muy complejo de adaptación de difícil realización. Una refinería lleva años desde su concepción hasta su puesta en marcha. La migración de las dependencias federales a los Estados tomaría unos seis años. El florecimiento y la llegada de los primeros frutos de una reforma educativa, al menos una década.

El tercer aspecto que normalmente no se considera al inicio de una administración es la magnitud de las dificultades y contrariedades, así como la complejidad para sacar adelante el ambicioso proyecto que se ha trazado. Un primer obstáculo son las limitaciones presupuestales, a lo que siguen los procesos y la normatividad que impone límites y acota la discrecionalidad en las decisiones. No menos importante es el tema del capital humano. Más allá del desprestigio que padece la burocracia alta, casi todas las dependencias federales han desarrollado un servicio civil profesional de carrera, la mayoría integrado por funcionarios competentes y ya familiarizados con la manera de sacar adelante el trabajo y los resultados.

Debería preocupar que el prejuicio popular contra la calidad profesional de los servidores públicos se reproduzca como política pública del nuevo gobierno. Es un error considerar que quien trabaja para el gobierno debe asumirlo como apostolado; simplemente se debe pagar de acuerdo al mercado laboral de servicios profesionales. No hacerlo así propicia la corrupción o una pérdida de capital humano imprescindible para la calidad del gobierno.

La realidad es que quienes están por arribar a la responsabilidad pública viven ahora un momento muy distinto del que habrá de presentarse una vez que concluya la primera etapa del ciclo de gestión pública, algunos hablan de los 100 días; considero que no obstante la impaciencia de propios y extraños sobre el cambio, el gobierno que llega contará con más tiempo de eso que llaman el “bono democrático”.

También es de esperar que quienes arriben se arropen en la real o falsa, –aunque interesada– explicación de que las cosas están considerablemente peor de lo que se esperaba. La crítica severa al pasado inmediato casi nunca es por ánimo de revancha, más bien, y con singular frecuencia, se trata de un recurso defensivo para justificar que las cosas no puedan mejorar con el apremio anhelado o comprometido. Ganar tiempo es el objetivo primario, sin embargo, también tiene su límite.

Llegar bien al poder no sólo remite a la calidad del mandato manifiesto en los números de la elección, también se refiere a la capacidad para moderar desde un principio, la expectativa y definir con claridad metas y objetivos de gobierno, tarea que requiere de información, realismo y visión. Los términos en los que tiene lugar la transición de gobierno, son los mejores: hay claridad del equipo que se hará cargo del gobierno y determinación del presidente Peña Nieto de plena colaboración, incluso en temas que contrastan con las políticas fundamentales de su administración, como se manifiesta en la suspensión de las licitaciones en materia de hidrocarburos y las referidas a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Llegar al poder no es cheque en blanco, tampoco amnistía, es el inicio del proceso de renovación que, hoy más que nunca, va acompañado de una amplia expectativa de que las cosas mejoren para bien del país, cumpliendo el designio de don Benito Juárez: “Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones.”

Las trampas de la popularidad

La sociedad mexicana tiene singulares prácticas frente al poder político. La renovación presidencial ha sido, de siempre, una actualización de la esperanza y de la expectativa de que las cosas mejoren. En ocasiones, tanto la valoración crítica al pasado, como la convicción de que las cosas habrán de cambiar pronto y de manera profunda se vuelven algo desproporcionadas. Las elecciones de eso se tratan: de movilizar a los ciudadanos para que el voto defina rumbos; lo mismo sirva de castigo a lo que no se quiere o de aval para quien más y mejor convence.

En estos tiempos, se viven de manera acentuada ambos aspectos, el del pasado que se reprueba y el del futuro mejor que se anhela. Los ánimos se han exaltado en ambos sentidos y eso explica el resultado del 1º de julio, que nos ha colocado en una posición complicada como país en donde, si bien se reconoce el resultado como fruto de nuestro sistema democrático, también preocupa lo que este ha generado: la ausencia de contrapesos, y la posibilidad de que esto conlleve a situaciones indeseables a partir de la visión y de las decisiones ya no de un partido o grupo, sino de un solo hombre. No creo que tal efecto sea sano, deseable y tampoco útil. Los grandes cambios no han sido de un hombre, sino de una generación, más allá de que siempre ha habido quienes coordinen y motiven.

Es el deseo de todos, o al menos de los más, que la renovación a la que convoca López Obrador sea para bien, que el cambio que se avecina acabe con muchos de los problemas viejos y nuevos que aquejan al país. No se trata del interesado y obsequioso beneplácito de algunos; lo que se anhela es que las cosas mejoren, nada más, pero nada menos. También es de preocupar que el pasado se vea bajo el prisma del reproche acrítico y totalizante: que todos los funcionarios son corruptos, que las empresas exitosas lo son gracias a la corrupción, que el país se divide entre buenos y malos y que un cambio en la cúpula política será suficiente para la regeneración nacional.

Las reservas o el escepticismo a lo que viene, no son pecado. Tampoco lo son el apasionado entusiasmo y optimismo de muchos. Ni unos ni otros tienen derecho a negar al diferente. No hay nada de democrático en una mayoría que avasalle, como tampoco lo hay en una minoría que pretenda imponer su visión. Es imperativo llegar a un entendimiento que acredite las libertades y la pluralidad. El voto es un mandato, y en este caso, lo es para emprender una reforma profunda, pero no es cheque en blanco.

El anhelo de lograr transformaciones inmediatas y de que el mandato no pierda impulso se entiende, pero el gobierno del futuro Presidente deberá ser cuidadoso ante la tentación de emprender esos cambios de manera precipitada. La equidad social a la que se pretende llegar no se niega ni se entorpece con las libertades, tampoco con el deseo de lograr un consenso incluyente, ni mucho menos con ajustes importantes al gobierno y a su relación con los poderes y las entidades.

El pasado no debe ser concepto rector de lo que funciona. El pasado inspira y enseña, pero no manda. Debe ser así porque la sociedad mexicana se ha transformado de manera profunda, porque el pasado lejano y muy lejano, con frecuencia, se aprecia con el prisma del prejuicio o del interés, sin considerar la complejidad del mundo actual y de las transformaciones en la economía, la política y en lo social.

En ese sentido, la economía es uno de los temas de mayor atención y cuidado. Los representantes sindicales y los empresarios han actuado frente al futuro gobierno con optimismo y con un ánimo de apoyo y simpatía en la propuesta de que las cosas mejoren. Nadie ha solicitado un freno a la transformación por la que se votó mayoritariamente, lo que sí está presente es el deseo de participar en ese cambio que debe tener un curso en el marco de la inclusión, el compromiso con los que menos tienen y que debe, ante todo, potenciar las capacidades individuales, comunitarias, sectoriales y colectivas.

La realidad económica estrecha el margen de maniobra y discrecionalidad de los gobiernos nacionales. Como tal, dos compromisos señalados por el futuro Presidente han disipado dudas y alejado inquietudes: el equilibrio en las finanzas públicas y el respeto a la autonomía del Banco de México. Sin embargo, habría que agregar a la confianza que se busca también la certeza de derechos. Para ello es indispensable acreditar la convicción del respeto a la ley y a las instancias de justicia. Las condiciones de impunidad y venalidad no cuestionan a las instituciones y a la ley, al contrario, claman por la legalidad y porque las instituciones adquieran vigencia plena, sin dejar de considerar su transformación o actualización.

El país está en medio de la negociación de uno de los instrumentos fundamentales de la economía nacional de los últimos cinco lustros, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ha sido un acierto del candidato ganador reconocer al grupo negociador y su deseo de continuidad, más que de reemplazo. También, el futuro canciller y Secretario de Hacienda han acreditado cuidado y sensatez. En estos temas México debe estar unido, tanto por el interés nacional de por medio, como por el perfil del gobernante del país vecino al norte. Son muchas las razones que apuntan a la continuidad del acuerdo con modificaciones propias de una actualización, pero debe tenerse siempre presente la personalidad del Presidente Trump, su profunda hostilidad hacia México y hacia los mexicanos, así como lo impredecible de su conducta.

La popularidad no es sinónimo de eficacia, y pretenderla como razón de gobierno o como una marca sexenal, puede convertirse en trampa que comprometa lo que se pretende. Mi opinión es que, aunque exista el diferendo natural con el actuar del futuro gobierno, ingrediente principal de cualquier democracia, deseo que quienes lleguemos a estar en esa postura seamos una y otra vez desmentidos por los buenos resultados. Sin embargo, más allá de la controversia, el diferendo y la crítica, el cuidado en la economía y sus fundamentos nos dará mucho como país, tanto para solventar nuestras diferencias como para hacer realidad el anhelo compartido de tener una nación más fuerte y más justa.

México ante el júbilo y la renovación

Impropio del momento es romper el ambiente festivo del triunfo de unos y el deseo de todos de que las cosas mejoren. Lo que el país vive ahora con el triunfo de López Obrador y de MORENA, es continuidad de una vieja tradición, pero, por otro lado, aporta elementos nuevos a partir de una expectativa desbordada sobre el cambio y lo que puede hacer el nuevo líder con el respaldo no solo institucional, sino de muchos otros que se suman al triunfo.

Es necesario reiterar que todo gobierno requiere de un escrutinio crítico, más cuando los contrapesos institucionales y tradicionales no existen. Ya se ha dicho, que tal circunstancia, requiere de una cuota mayor de autocontención por quienes detentarán el poder. El voto no es un cheque en blanco, tampoco es un mandato inequívoco sobre el sentido de lo que habrá de hacerse. Sí, López Obrador cuenta con la adhesión democrática de la contundente mayoría de los ciudadanos. Ese es un punto de partida que no debe soslayarse, pero tampoco la expectativa pública de que el cambio sea para bien.

En este contexto, son acertadas las expresiones de la futura senadora y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva sobre la necesidad de que el presidente electo interiorice su tránsito personal y político a la condición de titular de la institución presidencial. Esto alude a uno de los mayores retos no sólo de quien será presidente, sino del nuevo grupo de poder que se hace del control del gobierno, del Congreso y también de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Es un reto mayor porque el movimiento inevitablemente debe transitar a una expresión institucional en medio de muchas presiones y tentaciones internas, así como de una expectativa popular sobre el cambio y de el mundo real que siempre impone límites, particularmente en el ámbito de la economía. La caracterización de MORENA es justamente, la de un movimiento, no la de un partido político. Sus referentes son insuficientes para tener identidad y cohesión programática, aunque a sus miembros les haga sentido el objetivo de ganar el poder y el combatir a la corrupción como principal eje de acción.

El efecto de lo anterior es que se gana el poder en condiciones de privilegio con un referente personalizado del poder. Ni siquiera es la propuesta del entonces PRD, también muy general, de democratizar al país. López Obrador ganó y su visión del país, de sus problemas y de las soluciones, ahora ya electo, debe atender la complejidad que subyace a muchos de los temas nacionales como es la inseguridad, la desigualdad social y regional y el déficit de la calidad de las instituciones públicas.

Gobernar en el marco de la legalidad y de las instituciones es sumamente más complejo que actuar en la exigencia de cambio desde la oposición. Pretender mantener la dinámica de movimiento ya en el poder es una grave amenaza a la esencia misma de la democracia, toda vez que el poder público no estaría al servicio de todos sino de algunos, aunque estos puedan ser mayoría electoral. También tiene efectos antiinstitucionales que comprometen la legalidad y, en sus efectos subsecuentes, minan los derechos fundamentales y obstaculizan que el Estado cumpla su responsabilidad básica de hacer valer el interés general a través de la ley, los procedimientos previstos en la norma, y de las instituciones.

Las 12 propuestas legislativas de López Obrador merecen examen cuidadoso. Es probable que estas sean aprobadas por el Congreso y también, aunque más complicado, por el Constituyente Permanente. Son muchos los temas a los que aluden y estimo que en buena parte son bien recibidos por la población, como es el que haya un compromiso más explícito por la austeridad en el servicio público, eliminar el fuero, el aumento al salario mínimo y otros temas más de interés ciudadano como es el mejorar la seguridad pública.

También hay decisiones del virtual presidente electo que dejan claro que todavía prevalece más el sentido de movimiento o grupo en el propósito de ganar el poder, que su ejercicio institucional. Por ejemplo, la idea de designar a representantes “administrativos” del gobierno federal ante los estados a manera de eliminar la estructura de las delegaciones de las Secretarías en las entidades; tal propuesta remite a un viejo expediente de control por parte del centro de ominosa memoria representado por los jefes políticos del Porfiriato.

Los gobernadores son funcionarios electos, con responsabilidades precisas y se ha suscrito el federalismo como forma de Estado. No corresponde, entonces, que el Ejecutivo designe funcionarios con un claro perfil político, no técnico ni administrativo, en algunos casos futuros candidatos a gobernador, quienes tendrían no solo el respaldo del gobierno federal, sino por su afinidad partidaria, el del Congreso federal y el de los legisladores locales y alcaldes. Sin duda, esto representaría una afrenta al esencial pacto de la federación y todavía más, a la funcionalidad del gobierno local, y sería uno de los problemas a resolver en la nueva circunstancia.

De la misma forma está el riesgo de hacer de la ratificación del mandato presidencial y de los gobernadores, en el marco de la elección intermedia, un instrumento de influencia sobre las elecciones federales y locales siguientes. Si este 1º de julio quedó en claro el efecto colateral o de arrastre de una elección presidencial sobre los comicios legislativos y locales, bien puede anticiparse lo que ocurriría si tuviera lugar concurrentemente a las elecciones de 2021 una modalidad de reelección presidencial y de gobernadores electos en 2018.

A partir de muchos de los problemas que actualmente se padecen, seguramente hay un fastidio y quizás reserva por la institucionalidad propia de la democracia que desconcentra y limita el poder del presidente como es la división de poderes, el federalismo, los organismos públicos autónomos, el control constitucional por la Suprema Corte, la libertad de expresión y presencia vital de la sociedad civil organizada en la definición y ejecución de políticas públicas. El problema es que, si no se atiende al sentido institucional democrático, en el júbilo por el cambio, estemos desmantelando lo más preciado de nuestro legado político. Se trata entonces, de un ajuste entre el ideal, lo posible y lo deseable para fortalecer nuestra vida democrática.

La hora de López Obrador

Son dos los elementos fundamentales de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador: un mandato ciudadano mayoritario acompañado de una mayoría legislativa, y una propuesta electoral que ha recibido de manera explícita el aval de 30 millones de votantes. Esto remite a un dilema no resuelto en la teoría política: los electores votan por la persona que se hará cargo del gobierno, o bien, votan el programa. También hay otro dilema que se presenta al momento del ejercicio del poder y que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno: la brecha entre lo que se quiere y lo que se puede hacer desde la administración pública.

En sus primeros días como candidato ganador, López Obrador ha estado construyendo con acierto su proyecto presidencial. Lo facilita lo amplio de su victoria; pero hay que reconocer que ha habido generosidad, buenas formas, apertura, voluntad de tolerar y escuchar, ofrecer confianza a los empresarios y ratificar su compromiso de trabajar para los mexicanos, y, particularmente, para los pobres. Las expresiones que hemos escuchado hablan de su entendimiento del tránsito de candidato a gobernante. El cambio le ha redituado, y ha recibido un respaldo generoso de empresarios, expresidentes y medios de comunicación.

Por otro lado, ese auténtico júbilo popular aunado al calculado apoyo cupular, dan espacio al optimismo sobre lo que viene. Es deseable el éxito de una nueva administración y también lo es el cambio para mejorar en muchos temas de la vida pública. La cuestión no es el objetivo que se pretende, bien sea aumentar el crecimiento económico, disminuir la violencia o abatir de manera importante la corrupción, el tema es lo que debe hacerse para que eso suceda. El apoyo popular y el cupular son útiles, sin duda, pero los resultados esperados requieren de método y de muchas voluntades.

En la campaña es de esperar que se postule a la persona y su voluntad como fórmula del cambio; sin embargo, ya en el gobierno, los temas remiten a los medios, los recursos, los tiempos y las estrategias. Por ejemplo, estimo que en materia de crecimiento económico la inversión pública y la privada son fundamentales; pero esta segunda está condicionada no solo por el incentivo de la ganancia, sino también por la certeza de derechos, es decir, que quien invierta tenga como garantía el cumplimiento de reglas.

Otro elemento de peso en la presidencia de López Obrador es que contará con algo que sus antecesores no tuvieron: la mayoría legislativa, lo mismo para aprobar el presupuesto, que para cambiar leyes o ajustar instituciones. Esto es una oportunidad privilegiada, pero también entraña el riesgo de no contar con el contrapeso de la pluralidad reflejada en más de 35 por ciento del padrón que no emitió opinión alguna y se abstuvo de votar, y del 43 por ciento de quienes votaron y lo hicieron por otra opción partidista. Lo que queda frente a lo avasallante del triunfo, es la necesidad de la autocontención, lo que tiene que ver no solo con la estructura personal y política del presidente, sino también con la del equipo cercano y con su dinámica de trabajo. Un presidente que no escucha, o que atiende exclusivamente la visión de su círculo de colaboradores, peor cuando estos tienen estrechez de miras o agendas propias, tiende a alejarse de la realidad y a perder sentido de las cosas. Para hacer efectiva la autocontención no basta con atender y oír, también es necesario entender y dialogar. Pensar que gobernar es un viaje de ida y vuelta, es un ejercicio obligado para el buen gobernante.

La cortesanía es una práctica que mucho perjudica a quien tiene el poder. Conforme es mayor el poder, lo es también el riesgo de padecer este mal. López Obrador es un político formado en la lucha social, es sanamente desconfiado y esas son fortalezas, pero también esto último puede ser debilidad. Administrar la confianza/desconfianza es un reto nada menor. Para ello hay técnicas de evaluación que le dan objetividad a este ejercicio. Alentar la autocrítica es un ejercicio difícil, pero es útil a manera de que el gobierno pueda ser eficaz a la hora de identificar problemas, insuficiencias y desviaciones.

En su primer mensaje, fue inequívoco respecto al compromiso de asumir un nuevo código de probidad y austeridad, al que seguramente incorporará el de eficacia, para quienes en su gobierno tengan responsabilidad pública o política.

La realidad del proceso político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y a su partido a la condición de fuerza hegemónica es la de un movimiento político-social. Hay una muy precaria institucionalidad en la corriente que triunfó el 1 de julio y esa es una insuficiencia para efectos del ejercicio del poder a través de las instituciones. López Obrador ya no es líder de un movimiento, sino presidente de todos los mexicanos.

Este tema remite al de la relación con las fuerzas políticas que le llevaron al poder, especialmente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su esencia fue el de una amplia alianza para ganar el poder y llevar a la presidencia a López Obrador. En su sentido nominal, el proyecto se cumplió en los comicios. Decir que el común denominador es la lucha contra la corrupción o la justicia social dirigida especialmente a los pobres, es muy general para dar identidad y claridad de programa. Deberán definirse las coordenadas ideológicas, políticas y programáticas que necesariamente llevarán a su institucionalización y a una agenda de cambios que precise no sólo lo que no se quiere, sino cómo se pretende llegar a ello.

López Obrador logró ganar la Presidencia. Una larga lucha a partir del carácter, la disciplina y la persistencia personal del tabasqueño. Pareciera que ese proceso fue lo más difícil. Pero ha llegado el momento de ejercer la responsabilidad pública; y ello plantea el verdadero problema: el de enfrentar las condiciones de la realidad, que obligan al gobernante a identificar entre dos opciones: lo deseable y lo posible. Ya no es un asunto de simple voluntarismo sino de complejidades que van más allá del discurso de campaña. Sin embargo, la buena noticia es que sí es posible construir una nación diferente; siempre y cuando la propuesta política se ajuste a los intereses nacionales y sobre todo, al marco legal y a la institucionalidad del país.

La noche de la elección

La primera elección presidencial competida, la de 1988, dejó múltiples lecciones que, afortunadamente, fueron pronto asumidas y resueltas en reglas e instituciones. Dos años después, nacería el Instituto Federal Electoral, un esquema de justicia electoral, un padrón de votantes confiable, así como una organización territorial para dar orden y claridad al proceso electoral. En este marco de cambios fundacionales, hay que destacar la oportunidad de la información de resultados electorales, a manera de conjurar uno de los aspectos más controvertidos de aquella noche del 6 de julio de 1988: la “caída” del sistema de información de la entonces Comisión Federal Electoral.

A partir de la experiencia de aquellos años, se ha impuesto a las autoridades electorales la obligación de informar sobre los resultados preliminares de los comicios al término de la jornada electoral. Para ello se han empleado tres medios: la encuesta de salida de urna con entrevistas a los votantes; el conteo rápido, que es un ejercicio estadístico de aproximación con el empleo de una muestra representativa, cuya fuente son las actas de escrutinio, y el Programa de Resultados Preliminares, donde se despliega la información de resultados casilla por casilla, conforme se van desarrollando los cómputos en los centros de votación.

Para los comicios del 1 de julio la tarea de brindar información oficial oportuna se ha complicado por la concurrencia de elecciones, especialmente en lo que se refiere al PREP, que es el medio más preciso de todos conforme aumenta el número de casillas reportadas. Esto significa que tendrá que esperarse hasta el día siguiente en la mañana cuando se tengan reportadas 80% de las casillas. Lo anterior es revelador del enorme esfuerzo que tendrá que hacerse al momento de realizar los escrutinios durante la noche de la elección, que serán tantos como elecciones concurrentes se den en los centros de votación: presidente, diputados, senadores, diputados locales, presidentes municipales y en varias entidades incluso gobernador.

Más allá de la tarea de las autoridades en la difusión de tendencias de votación y de los resultados, la responsabilidad mayor en el momento de proveer información oportuna correrá a cargo de las casas encuestadoras y de los medios de comunicación que la difundan. Una vez que se cierren las casillas, es previsible que las televisoras nacionales presenten información de los resultados de la elección presidencial y, en algunos casos, porcentajes de votación para los partidos en la elección de legisladores, así como resultados de la elección de gobernadores y de jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El escenario deseable para la confiabilidad de los resultados oportunos son las grandes diferencias de votos entre competidores. Aunque las casas encuestadoras han perdido precisión en las encuestas de salida, especialmente en las elecciones de 2016, la determinación de ganador se simplifica cuando hay una distancia considerable entre los contendientes. Esto quiere decir que, si los comicios reprodujeran lo que han publicado la mayoría de las encuestas sobre una diferencia de dos dígitos entre el primero y el segundo lugar, no habrá mayor problema para conocer a las 8 de la noche el ganador de la elección presidencial. En cambio, si se presentara un escenario como el de 2006, sería necesario recurrir al PREP para tener una idea precisa de la fotografía final de los resultados de la elección.

La información de interés en torno al 1 de julio, no solo se refiere a la competencia presidencial, aunque ha habido mucha atención, desde mi punto de vista irrelevante, sobre quién estaría en el segundo lugar; en todo caso, lo importante es la integración de las Cámaras, así como lo que suceda en la elección de gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En la esfera local la integración de los Congresos locales reviste mucha importancia para la gobernabilidad en las entidades y para el ciudadano también es de interés el desenlace de la elección de ayuntamientos.

Otro aspecto fundamental para evaluar si es funcional o no nuestro sistema electoral, es que la noche del domingo debe estar presente el reconocimiento de resultados por quienes no fueron favorecidos, experiencia propia de la madurez democrática y que abre paso a un nuevo entorno de reencuentro, reconciliación y redefinición del mandato no solo para quien corresponda gobernar, sino para quien el voto decida cumplir la muy importante tarea de oposición. Recordemos que el poder siempre viene acompañado de disidencias que son produto de la sana pluralidad.

Pero volvemos otra vez al asunto de los resultados en todas las elecciones, no sólo en lo que corresponde a la elección presidencial. Los términos de victoria pudieran ser tan generosamente extremos para unos, como dolorosamente adversos para otros. Así es la democracia y así es la política. Debe tenerse presente que, a lo largo de toda la historia del país, solo la sucesión presidencial de 2000 ocurrió en condiciones de normalidad. Hubo resistencias de los no favorecidos que retrasaron el reconocimiento y que generaron una indeseable polémica sobre un supuesto y falso apuro del presidente Zedillo en reconocer el triunfo de Vicente Fox. Afortunadamente, prevaleció el sentido común y las cosas transitaron por buen cauce y conjuraron la sospecha de que la violencia habría de acompañar a la derrota del PRI.

Tengo la impresión de que independientemente de lo que suceda esta vez, estamos ante la víspera del término de un régimen, más que de un gobierno. Me preocupa que esto ocurra en el desprecio de lo mucho que se ha hecho y más con ánimo sino de revancha, sí con la idea de que todo está mal y hay que empezar de nuevo. Desde luego que hay problemas serios que hay que encarar y resolver, revisar las acciones que no han funcionado, las malas prácticas en muchas cosas, pero también México es un país de éxito, con logros, enorme potencial y un entramado de instituciones que dan expresión a la República y que permiten la coexistencia de la diversidad, la expresión de la pluralidad y un ejercicio del poder con equilibrios y contrapesos.

La noche del 1º de julio bien puede ser un nuevo punto de partida para el bien del país. Mucho dependerá, desde luego, de los ganadores, también de los no favorecidos para que conformen una oposición inteligente y eficaz y, desde luego, de una sociedad activa, demandante y comprometida en hacer lo que le corresponde. Dejemos de lado la Noche de los cuchillos largos; convoquemos en cambio, La Noche de los Dones de Borges: la prudencia, la veracidad, la inteligencia y la razón.

¿Y el liberalismo?

El liberalismo dio un paso significativo al asociarse con la democracia. Quizá el más grande de la era ilustrada. Dos planos coincidieron para conformar las instituciones políticas, económicas y sociales del mundo occidental: libertades, representación y pluralidad, como sustento de toda forma de poder público. En México, los dos conceptos han sido históricamente confusos. En el cierre de siglo pasado, finalmente, el país dio curso sin accidentes ni rupturas a la democracia liberal después del trauma de crisis económicas, un magnicidio y un levantamiento social.

Aquí y en el mundo, el liberalismo se ha visto confrontado desde la derecha, la izquierda y desde adentro. El origen de estos embates es la insatisfacción creciente con el orden de cosas. Hay un agotamiento del paradigma liberal resultado de su propio éxito. El mundo y el país está mejor que en el pasado, pero la inconformidad es creciente, incluso por sus propios beneficiarios. El descontento, bien conducido, puede ser la fuerza para mejorar lo existente; se deben explorar caminos nuevos y se requiere del imaginario fundacional para crear nuevas instituciones y adecuar las existentes. Pero el descontento también puede llevar a la involución, al retroceso, a la búsqueda de respuestas que nieguen lo fundamental: las libertades, la diversidad y la representatividad.

La derecha antiliberal ha encontrado en la migración una de sus mayores fuentes para cuestionar el orden de cosas. Este es un tema que debe preocupar porque sí convoca y mueve a grandes sectores sociales en torno a propuestas nacionalistas, en las que subyace la xenofobia, la intolerancia y un deseo por modificar los derechos y las instituciones que norman, conducen y contienen el ejercicio de poder y garantizan a los derechos humanos. Afortunadamente, en los países con una tradición democrática de larga historia, la memoria de los excesos del totalitarismo genera los anticuerpos para neutralizar al populismo de derecha. Desafortunadamente, esas presiones no dejan de tener una fuerza popular en los sectores afectados por los cambios asociados a la globalización, y en los países sin ese ascendiente liberal, proyectos antiliberales pueden ganar el poder sin contrapesos como actualmente ocurre en algunas naciones de Europa del este.

El populismo de izquierda frecuentemente se da en los países con menos desarrollo. Respecto al de derecha, sus formas son distintas y en cierto sentido opuestas, pero sus similitudes son evidentes: intolerancia al crítico o disidente, ofensiva anti institucional, sentimiento de guerra total, ejercicio del poder sin límites, estigmatización del bloque de poder e invocación del revanchismo como argumento central para la movilización social y electoral. Ambos se sirven de la democracia, pero su objetivo es antidemocrático en dos sentidos: restricción de las libertades, rechazo a la pluralidad y su expresión representativa, partidos y legisladores. Frente al pueblo o a la nación, nada ni nadie. O más bien, sólo el caudillo.

Ahora bien, el liberalismo también tiene sus enemigos adentro. Hay una descomposición al interior del orden de cosas producto de la incapacidad de autocontención de actores relevantes en condiciones de poder. En unos casos esta descomposición se traduce en cleptocracia, en otros, en acumulación desproporcionada de riqueza no siempre por medios legales o legítimos, autoridades incapaces de hacer valer reglas e instituciones para contener o sancionar los abusos de poder.

En México debemos agregar un elemento: la violencia asociada al crimen organizado. Este fenómeno ocurrió precisamente por la debilidad de uno de los elementos fundamentales del paradigma liberal: el estado de derecho. La incapacidad del sistema de justicia no solo se remite a los crímenes extremos, sino a la vida cotidiana de las personas. La didáctica de nuestros tiempos es que le va mejor al de la trampa o al que se desentiende de la ley, que al buen ciudadano. Ese es un incentivo perverso que afecta en sus cimientos a la funcionalidad del sistema, además de que compromete a la autoridad al verse anulada por la magnitud del problema y la incapacidad de respuestas frente a este.

No hay soluciones sencillas para superar los problemas de hoy día. La seducción populista consiste precisamente en simplificar el diagnóstico y la respuesta a los problemas, absolviendo a la sociedad de su propia responsabilidad. Excluir al ciudadano de participar en la búsqueda de soluciones a los retos del presente y construir enemigos imaginarios que habrán de servir como explicación y justificación de todos los problemas, es como logran consensos los liderazgos populistas, lo mismo en la Unión Europea, en Cataluña o en Estados Unidos, pero así no se construye futuro.

Donald Trump resolvió encontrar en los mexicanos la causa y razón de las dificultades que enfrenta su país, así sea desempleo, violencia, drogadicción o déficit comercial. Las causas y razones son otras, mucho más complejas, e inevitablemente debería el presidente volver la vista hacia su propio país, sociedad e instituciones para hallar la explicación y la solución. Pero el gobierno norteamericano y el presidente Trump se han vuelto rehenes de su propia retórica. Por suerte allá, ha sido el poder de la opinión pública o de la pluralidad institucionalizada la que le ha doblegado, ejemplo reciente, con el tema de los niños migrantes cruelmente separados de sus padres.

Un rasgo de intolerancia es la recurrente actitud de López Obrador de denostar a sus críticos. Las diferencias, más en política, son naturales, y todos tienen derecho de réplica, más quienes buscan ahora ganar la confianza popular a través del voto. Lo que es inaceptable es que el argumento derive de manera sistemática en cuestionar a la contraparte, más que ir al tema de fondo. Ejemplo reciente de ello es el tuit de ayer del candidato en el sentido de adjetivar como prensa “conservadora” o “fifi” el reportaje que el diario Reforma hiciera sobre un informe del gasto de su campaña al INE.

El vigor y vigencia del liberalismo no depende de quienes le cuestionan o de las amenazas que enfrenta, sino de la sociedad y del sistema institucional que garantiza las libertades y la pluralidad como un mecanismo de contención al abuso de poder. La embestida populista habrá de ser contenida a partir de las virtudes indiscutibles del paradigma liberal. Es una lucha de posiciones en el sentido de ganar batallas en muchos frentes, de tiempo y persistencia, también de resistencia y denuncia, pero, sobre todo, de claridad de objetivos. No perder de vista el horizonte, nos permitirá mantenernos en la ruta correcta.

Ratificación de mandato

Hay propuestas que en teoría son irrefutables, pero que en la práctica son claramente contraproducentes al propósito que las inspira. La democracia directa no deja de ser una seducción que recorre el espectro del autoritarismo versus la democracia representativa. La tesis de que el pueblo manda es, en principio, incuestionable; el tema de fondo es cómo hacemos realidad ese ideal, cuáles son los mecanismos, los medios y los procedimientos. El referéndum y el plebiscito son figuras muy importantes, pero excepcionales o complementarias. Recurrir a éstas con el fin de desplazar o doblegar a los parlamentos, no sólo es contraproducente, ha sido uno de los medios de los que lo dictadores han echado mano para imponer su voluntad por encima de las instituciones.

El candidato presidencial López Obrador ha propuesto introducir en la Constitución la figura de la ratificación del mandato. En un principio, habló de realizarla cada dos años, aunque recientemente señaló que debería ser concurrente a la elección intermedia. La propuesta parece ser razonable, ya que se le daría a la ciudadanía la oportunidad de pronunciarse sobre la satisfacción o insatisfacción con respecto a la gestión del gobernante y de ser el caso, darle a la gente el poder de la remoción. En la práctica sería un expediente nocivo y de consecuencias desastrosas para el pluralismo, la equidad y la misma democracia representativa.

Regularmente, los autócratas gozan de mayor popularidad respecto a los gobernantes en una circunstancia democrática, esto último se debe a las libertades, el pluralismo y el cada vez mayor escrutinio público al poder. Pero es importante señalar que popularidad y eficiencia no siempre van de la mano. Muchas de las decisiones que se deben tomar desde los gobiernos, no necesariamente obtienen aceptación o respaldo popular; de allí que las democracias modernas utilicen otros mecanismos para la renovación de poderes. En los países con sistema parlamentario se resuelve con facilidad, ya que es una decisión de la mayoría legislativa. El relevo en el gobierno puede ocurrir por un voto de censura y esto puede llevar a una nueva elección, o incluso a que el mismo parlamento designe un nuevo gobierno si es el caso de que se erige una mayoría derivada de las coaliciones, como ocurrió recientemente en España.

Nuestro sistema presidencial supone y requiere de la estabilidad en el encargo. Por esta razón, el Congreso tiene facultades limitadas para enjuiciar al Ejecutivo. Los casos judiciales en su contra se remiten a traición a la patria y delitos graves del orden común, asimismo, la Constitución determina que el cargo sólo es renunciable por causa grave, la cual deberá ser calificada por el Congreso. Un Presidente con estabilidad no solo le permite proteger a la investidura del asalto de otros poderes, grupos políticos e intereses fácticos, también es una protección para cumplir su encargo.

La propuesta de López Obrador, para efectos prácticos, no es otra cosa una forma de reelección presidencial con todos los inconvenientes que ello representa. Particularmente que se trataría de una elección, como sucede en el sistema norteamericano, con una campaña electoral con el Presidente en el cargo, lo que compromete la equidad en la contienda y propiciaría que el mandatario, al menos en el año previo a la reelección, solo tome aquellas decisiones que no afecten sino que por el contrario, lo ayuden a alcanzar su objetivo electoral.

Lo que ocurre en el sistema norteamericano es aleccionador sobre los resultados prácticos de la reelección desde el encargo. Lo primero que hay que destacar es la ventaja que tiene el funcionario a reelegirse, ya que casi siempre lo logra. La ratificación del mandato como la que se propone en México, tiene una ventaja adicional: no hay contendientes que aspiren a derrotarlo, una campaña sin competencia.

Lo que ocurre en la reelección de senadores y diputados en el sistema norteamericano revela cifras por encima de 90% de éxito, respecto a los que les compiten. Más aun, los datos sobre financiamiento son reveladores de la inequidad: los senadores que buscan reelegirse reciben en “donativos” 13 veces más respecto a los que les compiten; los representantes que se reeligen, 7 veces más.

La ventaja del partido gobernante en la ratificación de mandato repercutiría en las elecciones concurrentes, especialmente en la de diputados. Así, la campaña desde la presidencia sería un medio para incidir de manera ventajosa en las elecciones de diputados, así como en los comicios locales concurrentes; y en las elecciones de gobernador en nueve estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Lo que es preciso destacar en torno a la mecánica del equilibrio de poderes, es que la ventaja que obtendría el partido gobernante, sería la construcción de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, muy probablemente, ya que las coaliciones son lo de ahora, mayoría calificada en el Congreso y mayoría en la mitad más uno de los Congresos locales, circunstancia que permitiría cambiar la Constitución sin considerar a la pluralidad.

En condiciones de dificultad del Presidente, ante una opinión pública adversa y un Congreso no afín, la ratificación de mandato propicia lo que sería un virtual golpe de Estado, precisamente por la manera como se resuelve el reemplazo, esto es la decisión del Congreso, erigido en Colegio Electoral.

Las mejores normas constitucionales no son las que resultan de los apetitos de poder del grupo gobernante en turno, sino las que derivan de la historia: son reformas que se inspiran de los procesos traumáticos o críticos que hemos vivido como nación, y se resuelven con un sentido de perspectiva. Es popular y convoca el aplauso fácil, ofrecer que los electores puedan remover a un presidente, pero la estabilidad en el cargo de titular del Poder Ejecutivo alude a uno de los periodos más dolorosos de la historia política nacional, que es el golpe de Victoriano Huerta contra el Presidente Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez –paisano, por cierto, de quien ahora propone debilitar al Ejecutivo–, quienes fueron despojados del poder y de su vida.

El voto popular es imperfecto, pero indispensable. También lo es el debate y la deliberación sobre el origen y el futuro de nuestras instituciones, entre éstas, la fundamental de nuestro sistema político: la Presidencia de la República.

Buñuel, Cantinflas y el Ogro Filantrópico

“Lo primero es curarnos de la intoxicación de las ideologías simplistas y simplificadoras”. Octavio Paz.

Asumo que mucho de lo que está sucediendo en México, y en otras latitudes, es resultado de tres realidades: Primera, la existencia de la libertad individual y colectiva para informarse, decir, comunicar y divulgar, que hoy como nunca se ha extendido en la sociedad a través del mundo de lo digital. Segunda, la desigualdad creciente, incluso en las naciones desarrolladas, lo que significa que los beneficios de la economía y el bienestar, no se distribuyen equitativamente; y Tercera, la incapacidad o el desentendimiento de los beneficiarios del sistema de convalidar y acreditar las libertades políticas, sociales y económicas que nos tienen en un punto, que si bien genera justa insatisfacción, no puede negarse que es el saldo de un proceso de desarrollo progresivo, si lo comparamos, como se ha dicho recientemente, con la realidad de las películas de Mario Moreno, y todavía más si el referente fuera el México de Ismael Rodríguez o Luis Buñuel.

En cierto sentido, el punto donde nos encontramos es resultado también de que las libertades están bajo el asedio de sí mismas. Las libertades políticas conspiran contra las económicas y éstas contra las sociales. Dicha circunstancia es la que ha puesto en jaque el edificio de la democracia liberal y ha servido de impulso y argumento para que un populismo “renovado” cobre vigencia bajo diferentes presentaciones: nacionalismo y racismo en las naciones poderosas; caudillismo y rencor social en las naciones como México. Su común denominador es el desprecio que muestra hacia las instituciones, la intolerancia hacia el otro y el desprecio por los valores y principios de la democracia.

En el fondo, tengo la impresión de que la facilidad con la que las propuestas populistas prenden no nace de las condiciones objetivas de pobreza y desigualdad, sino que es un tema que reside mucho más en el dogma, en lo que se llama el discurso político, como lo ha mostrado él teórico argentino Ernesto Laclau. Así, por ejemplo, si se analiza la base social que con mayor consistencia soporta al candidato López Obrador, se advierte que, esencialmente, el peso mayor lo soporta una población urbana masculina con instrucción superior. Cierto es que en los millenials el candidato encuentra un importante apoyo, pero estos en su mayoría son volátiles, lo que se traduce en una empatía con menor intensidad respecto al grupo social aludido.

Lo que significa la ausencia de lo racional en la propuesta dogmática, es que las ideologías no han desaparecido, solo se han transformado de manera irreflexiva y pragmática. Han colapsado las de corte convencional y han crecido las que tienen un sentido no de grupo o parte, sino de corte horizontal; ejemplo de ello es la lucha contra la corrupción que a todos convoca, pero lo mismo puede suceder con el nacionalismo o con conceptos integradores de las sociedades en su totalidad. El peligro de esto y de los proyectos neopopulistas, es que no se asumen, a diferencia de las ideologías convencionales, como una parte, sino como la expresión de un bloque que al cerrarse controla todo. En esto radica la dificultad y a veces la imposibilidad para entender de manera legítima al otro, al diferente, al crítico o al opositor.

Las libertades no solo están asediadas, también están amenazadas por la crisis del sistema democrático que es el que las garantiza y les da expresión fáctica e institucional. Lo que es peor, las respuestas institucionales, políticas o ideológicas no se arraigan en la sociedad y, por lo mismo, la seducción de los proyectos disruptivos cobra fuerza fácilmente.

La amenaza al régimen de las libertades se da por la ausencia de una cultura o de una tradición que les dé soporte. También por la falta de una corriente formal que haga del liberalismo su referente explícito o implícito. Influye, igualmente, la presencia de una sociedad civil organizada alertada sobre el valor y vigencia de las libertades. Las formas legales también son garantía. Voltear la mirada a lo que ocurre en el vecino del norte en tiempos de Trump, es muestra de los límites que el edificio liberal le impone al populista en el poder.

En México el tema que debe preocuparnos no es el eventual arribo de un proyecto populista, sino si existen las condiciones culturales, políticas e institucionales para su contención en caso de así resulte. De allí la importancia del equilibrio en la elección del 1º de julio. Un triunfo amplio en el ámbito legislativo y local del proyecto populista debilitaría considerablemente las capacidades del sistema para conducir la realidad nacional en el marco de la democracia; de presentarse tal circunstancia, de lo que estaríamos hablando es de un cambio de régimen: en la sustancia, en las formas y en la práctica, cuya expresión sería el deterioro de las libertades y del edificio que las garantiza.

Al respecto, en los sectores con reserva o temor al triunfo de López Obrador, hay una posición mayoritaria que asume que habrá autocontención, independientemente de la magnitud del triunfo, una visión consecuente con el viejo presidencialismo, donde los límites al ejercicio discrecional del poder del Ejecutivo se daban al interior del mismo régimen. Esta perspectiva que apuesta por la buena voluntad del gobernante es sumamente frágil, porque los límites al poder resultan del conjunto del sistema: de los pesos y contrapesos institucionales, de las libertades políticas y económicas, del activismo ciudadano y del pluralismo social. Apostar a la buena fe del ogro filantrópico, además de ingenuo, constituye el regreso al pasado, el tránsito al peor de los futuros, al menos por lo que respecta a las libertades y a la pluralidad política.

En lo global, soy optimista sobre la capacidad de la democracia liberal y las instituciones para encontrar las mejores respuestas hacia su propia innovación y reforma. En lo local soy escéptico por el poco aprecio social al sistema de libertades, y especialmente, por la incapacidad de los beneficiarios de estas para asumir su defensa. Ante este escenario, pareciera que hay poco qué ganar y mucho qué perder el 1º de julio.

Andrés Manuel y los empresarios

La relación de los políticos con los empresarios, de siempre, ha sido compleja. Difícil en el pasado lejano, ambivalente en el reciente. El estatismo que predominó hasta inicios de los 80s, dio curso por vía de la necesidad, a una postura más empática y de comprensión de la política a la economía. El presidencialismo exacerbado, que ahora amenaza regresar por la puerta grande del voto democrático, dio lugar a crisis económicas y financieras recurrentes. Los empresarios ganaron la batalla y aparentemente la guerra; la apertura económica, la economía de mercado, la certeza en los derechos y libertades económicas va a la par del desarrollo político del país y a la vigencia de la democracia liberal.

Quizás porque llegó una nueva generación con las desincorporaciones, por la incursión del gran inversionista extranjero o por la combinación de ambos factores, el sentido de cuerpo de los empresarios, que en otro tiempo les permitió enfrentar la embestida estatista hasta doblegarla, se vio minado. Transición democrática y apertura económica en México fueron procesos paralelos, con tiempos y ritmos diferentes, pero con un mismo sentido: acotar el poder presidencial, por la vía de la desconcentración del poder y los equilibrios que el mismo proceso democrático fue generando.

Pero si bien la apertura económica ha sido impulso para mejorar la calidad de vida de la población y para crear las posibilidades de desarrollo que tiene el país, la política no cumplió con su función de legitimar el nuevo orden de cosas, al contrario, los nuevos problemas como la inseguridad pusieron en entredicho a la autoridad; los viejos retos, como la desigualdad y la corrupción, persistieron o se agravaron, cuestionando la tesis de que la democracia traería mejores gobiernos. Pero siendo realistas, si la democracia no pudo empoderar al ciudadano durante todos estos años, la economía hizo también muy poco para distribuir mejor la riqueza y crear consumidores empoderados.

El arribo del populismo como opción dominante en lo electoral no se debe a un tema coyuntural –candidatos, gobiernos, campañas, estrategia-, sino que su origen es de corte estructural. No hay miedo al cambio porque no se justiprecia suficiente lo que existe, a pesar de que el anhelo y esfuerzo de generaciones fue llegar a la democracia liberal y a la economía de mercado. Al candidato López Obrador, insultar y calumniar a los grandes empresarios no le resta apoyo precisamente porque en gran parte de la ciudadanía, especialmente en las clases medias urbanas educadas, existe la falaz idea de que el origen de la riqueza y el éxito económico no es resultado del trabajo, el esfuerzo y el mérito, como lo es, sino de la corrupción. Así llegó el populismo a otras latitudes: a partir de la construcción y difusión de la idea de un sistema injusto, autoritario, excluyente y corrupto que hace triunfar sólo a una minoría rapaz.

El populismo es un movimiento político que puede ser de izquierda o de derecha y que descansa en el caudillo, planteando el rechazo al bloque de poder existente, e invocando entidades abstractas como la nación o el pueblo. Como movimiento social, que es, tiene reserva o rechaza a las instituciones, su objetivo no es ganar la elección, sino cambiar al régimen, su motivación es antidemocrática en el sentido de que no acepta a quien piense diferente o se le oponga. Contra la nación o el pueblo, nada ni nadie. Desde luego, el caudillo es quien representa a dichas entidades, nadie más.

Los empresarios tardaron en entender y encarar la amenaza populista. El tema no es la agresión personal de la que han sido objeto, sino el contenido de la política pública que se anticipa. Fue una costosa omisión no ocuparse de legitimar el orden de cosas y, todavía más, creer que el populismo es un simple ardid electoral para ganar votos. López Obrador lo ha dicho con todas sus letras, aunque matiza según el auditorio: a lo que convoca no es a una reforma, sino a un cambio de régimen, paradójicamente, a un presidencialismo sin límites, con poderes metaconstitucionales, lo que ya se conocía, pero con una expresión personalista.

Los empresarios, especialmente quienes han sido nombrados por el candidato, están en su derecho de expresar sus reservas: el desproporcionado y provocador señalamiento de corruptos y autores de la tragedia nacional sería suficiente para no simpatizar con él, o el que el caudillo haya postulado como candidato al Senado, en lugar preferente, a un enemigo de la industria minera y de sus trabajadores, aliado y emisario de los poderosos sindicatos norteamericanos y canadienses. El tema de fondo tiene que ver con la postura y visión del candidato López Obrador sobre la economía, sobre la responsabilidad del Estado y su desprecio sobre el sistema institucional, base para la certeza de derechos y certidumbre económicas.

En la perspectiva ciudadana es inevitable cuestionarse sobre cuántos impuestos ha pagado López Obrador o, desde el punto de vista empresarial, qué ha hecho para generar empleo productivo o ingresar divisas. Su aportación es, en todo caso, política, no económica, pero por lo mismo, hay un estándar aplicable a todo ciudadano que es el pago de impuestos, establecido en el artículo 31 de la Constitución. No es una referencia personal, sino una definición de las responsabilidades a los derechos que se ejercen. Estimo que el candidato no está en condiciones de dar lecciones, y menos de sentenciar o exculpar a los empresarios

A López Obrador no le corresponde prometer que no habría revancha en un eventual gobierno por él encabezado, y tampoco presumir la tolerancia que en su caso siempre ha sido posterior al insulto y la condena. Los empresarios, más que una falsa tolerancia, requieren de la política y del futuro gobierno, dos cosas básicas: respeto y certeza legal para sus inversiones. La realidad del país y el entorno internacional, obligan a la prudencia en todo sentido, particularmente por quienes más influencia o poder tienen. No la ha habido por López Obrador en materia de seguridad al prometer amnistía a criminales, tampoco en lo social al poner en riesgo con su programa las bases de la estabilidad de precios y las oportunidades de empleo, mucho menos en la propuesta económica de gasto público. ¿Por qué habrían, entonces, de quedarse callados los empresarios?

La embestida populista

Es pregunta de nuestro tiempo si la democracia liberal está en crisis. No es algo particular en México, sino en todo el mundo. Los populismos son el rasgo común de nuestros días y lo mismo se presenta aquí que en el vecino del norte, en la Europa democrática y la del Este. La amenaza a la democracia ya no viene de la izquierda revolucionaria y rupturista, sino del populismo, es decir, un movimiento que invoca al pueblo, construye en el imaginario colectivo a un enemigo –con anclaje en fenómenos reales, pero de características desproporcionadas- (como “la mafia del poder” en el caso de nuestra arena política actual) y moviliza al conjunto de la sociedad no solo para ganar la elección sino para imponer un modelo de ejercicio del poder personalista y autoritario.

Al tiempo que crece el populismo en regímenes democráticos, cobran relieve las naciones no democráticas que por sus logros económicos, políticos y militares disputan los referentes tradicionales de éxito, asociados a las democracias liberales. El sistema político de Estados Unidos, merced a sus instituciones, ha podido contener y mantener a raya la embestida populista que representa Donald Trump. La pregunta, insisto, es si México está preparado para la eventualidad de que ganara el populismo el 1º de julio.

En mi opinión, una de las principales fortalezas de López Obrador ha sido la de establecer el criterio de que quienes le cuestionan o critican forman parte de “la mafia del poder” que, a decir de él, es un grupo que se ha beneficiado de las dificultades que enfrentan los mexicanos. Esto le ha blindado del escrutinio de muchos que, por miedo o corrección política, han decidido inhibirse de enfrentar los absurdos y lineales planteamientos del candidato de Morena; por otra parte, para sus seguidores cualquier cuestionamiento a su proyecto es convalidar que los enemigos del pueblo atacan a su caudillo para impedir que llegue al poder.

Las razones del resurgimiento del populismo tienen que ver, en buena parte, con la economía. Trump no hubiera prevalecido sin una base social que diera por hecho que los “malos” acuerdos comerciales y la migración de hispanos, son causa del deterioro de la economía doméstica, las oportunidades laborales y hasta de la elevada criminalidad en Estados Unidos. Trump explotó electoralmente el enojo y la frustración de esos electores con una retórica antimexicana y antiliberal.

En México, la sociedad civil acusa debilidad y el poder político y económico está concentrado y a veces centralizado. La división de poderes no tiene la fortaleza de la representación territorial que sí tiene el sistema norteamericano. Los gobiernos locales son dependientes en extremo en dos rubros fundamentales: finanzas y seguridad. Tengo la impresión de que estamos mal preparados para contener una embestida antiliberal desde la presidencia, mucho más si el populismo, como lo anticipan las encuestas, se alza con victorias en el Ejecutivo y el Legislativo.

La misma campaña da cuenta de la debilidad de la sociedad para hacerse valer en el debate de los temas que deben interesarnos a todos. En este contexto, llama la atención positivamente, en un capítulo inesperado, cómo organizaciones civiles han hecho eco del hecho de que Morena haya postulado en un lugar privilegiado de la lista de senadores a Nestora Salgado, para unos, una luchadora social y, para otros, una delincuente. Más allá de la polémica al respecto, lo cierto es que actualmente, Salgado enfrenta varios procesos penales por secuestro, homicidio y, desde mi punto de vista, también de desaparición forzada, precisamente por el argumento que ella misma y sus defensores esgrimen en el sentido de que en el momento de los secuestros, la candidata era autoridad.

La información pública es suficiente como para cuestionar que un partido la haya promovido y le conceda inmunidad procesal a partir del encargo legislativo; el hecho es un mensaje ominoso, como muchos de Andrés Manuel. Lo que llama la atención es que la sociedad civil, el sector social o empresarial, así como los medios de comunicación no asuman una postura más enérgica en muchas de las propuestas y de los dichos, particularmente su iniciativa de ganar la paz mediante la amnistía a los criminales. Es inevitable concluir que la amnistía que propone AMLO inicia postulando candidatos con procesos penales en curso, como es el caso.

En este escenario, la cuestión que importa es si la sociedad y el sistema político mexicano están preparados para encarar el desafío que acompaña al populismo, peligro que se deriva de la tesis de que nada vale, ni la ley, ni las instituciones, ni la crítica, frente al que se asume como único y legítimo representante del pueblo.

Lo peor en este panorama consiste en minimizar el tema bajo la tesis de que la amenaza habrá de conjurarse de manera mágica antes de la elección o de que lo que más preocupa del candidato, no habría de ejecutarse porque él cambiaría ya en el poder o bien, porque no tendría los elementos legales a su alcance. Considero que esta es una postura de avestruz, cómoda, medrosa –y hasta irresponsible- y que, al final, no resuelve el motivo de la preocupación, esa sí real y más que justificada.

El caso de la amnistía es el de mayor preocupación; el candidato no se ha retractado de la propuesta, sólo ha dicho que integraría una comisión negociadora en la que participarían, incluso, personalidades internacionales como el Papa Francisco. Lo cierto es que hay una postura clara e inequívoca del candidato: amnistía a criminales como vía para alcanzar la paz. Y es precisamente, por esta consideración que el caso de Nestora Salgado cobra relieve y deja de ser un evento aislado.

El tema surgió en el segundo debate presentado por José Antonio Meade, quien se hizo eco del testimonio de una de las víctimas. Nestora respondió sin medir su vulnerabilidad política, legal y ética. Ahora se ha vuelto uno de los asuntos no solo de polémica, sino de cuestionamiento a Morena y a su candidato presidencial. Además de haberse hecho evidente que no hay exoneración de la candidata, también se pone a debate legal su candidatura y se abre un obligado curso para evaluar los antecedentes de todos los candidatos de todos los partidos a cargo de elección popular. Si los partidos no toman esa iniciativa, será la sociedad, en las urnas, la que convierta la elección en un plebiscito donde se vota por los criminales, o por las víctimas.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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