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Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Andrés Manuel y los empresarios

La relación de los políticos con los empresarios, de siempre, ha sido compleja. Difícil en el pasado lejano, ambivalente en el reciente. El estatismo que predominó hasta inicios de los 80s, dio curso por vía de la necesidad, a una postura más empática y de comprensión de la política a la economía. El presidencialismo exacerbado, que ahora amenaza regresar por la puerta grande del voto democrático, dio lugar a crisis económicas y financieras recurrentes. Los empresarios ganaron la batalla y aparentemente la guerra; la apertura económica, la economía de mercado, la certeza en los derechos y libertades económicas va a la par del desarrollo político del país y a la vigencia de la democracia liberal.

Quizás porque llegó una nueva generación con las desincorporaciones, por la incursión del gran inversionista extranjero o por la combinación de ambos factores, el sentido de cuerpo de los empresarios, que en otro tiempo les permitió enfrentar la embestida estatista hasta doblegarla, se vio minado. Transición democrática y apertura económica en México fueron procesos paralelos, con tiempos y ritmos diferentes, pero con un mismo sentido: acotar el poder presidencial, por la vía de la desconcentración del poder y los equilibrios que el mismo proceso democrático fue generando.

Pero si bien la apertura económica ha sido impulso para mejorar la calidad de vida de la población y para crear las posibilidades de desarrollo que tiene el país, la política no cumplió con su función de legitimar el nuevo orden de cosas, al contrario, los nuevos problemas como la inseguridad pusieron en entredicho a la autoridad; los viejos retos, como la desigualdad y la corrupción, persistieron o se agravaron, cuestionando la tesis de que la democracia traería mejores gobiernos. Pero siendo realistas, si la democracia no pudo empoderar al ciudadano durante todos estos años, la economía hizo también muy poco para distribuir mejor la riqueza y crear consumidores empoderados.

El arribo del populismo como opción dominante en lo electoral no se debe a un tema coyuntural –candidatos, gobiernos, campañas, estrategia-, sino que su origen es de corte estructural. No hay miedo al cambio porque no se justiprecia suficiente lo que existe, a pesar de que el anhelo y esfuerzo de generaciones fue llegar a la democracia liberal y a la economía de mercado. Al candidato López Obrador, insultar y calumniar a los grandes empresarios no le resta apoyo precisamente porque en gran parte de la ciudadanía, especialmente en las clases medias urbanas educadas, existe la falaz idea de que el origen de la riqueza y el éxito económico no es resultado del trabajo, el esfuerzo y el mérito, como lo es, sino de la corrupción. Así llegó el populismo a otras latitudes: a partir de la construcción y difusión de la idea de un sistema injusto, autoritario, excluyente y corrupto que hace triunfar sólo a una minoría rapaz.

El populismo es un movimiento político que puede ser de izquierda o de derecha y que descansa en el caudillo, planteando el rechazo al bloque de poder existente, e invocando entidades abstractas como la nación o el pueblo. Como movimiento social, que es, tiene reserva o rechaza a las instituciones, su objetivo no es ganar la elección, sino cambiar al régimen, su motivación es antidemocrática en el sentido de que no acepta a quien piense diferente o se le oponga. Contra la nación o el pueblo, nada ni nadie. Desde luego, el caudillo es quien representa a dichas entidades, nadie más.

Los empresarios tardaron en entender y encarar la amenaza populista. El tema no es la agresión personal de la que han sido objeto, sino el contenido de la política pública que se anticipa. Fue una costosa omisión no ocuparse de legitimar el orden de cosas y, todavía más, creer que el populismo es un simple ardid electoral para ganar votos. López Obrador lo ha dicho con todas sus letras, aunque matiza según el auditorio: a lo que convoca no es a una reforma, sino a un cambio de régimen, paradójicamente, a un presidencialismo sin límites, con poderes metaconstitucionales, lo que ya se conocía, pero con una expresión personalista.

Los empresarios, especialmente quienes han sido nombrados por el candidato, están en su derecho de expresar sus reservas: el desproporcionado y provocador señalamiento de corruptos y autores de la tragedia nacional sería suficiente para no simpatizar con él, o el que el caudillo haya postulado como candidato al Senado, en lugar preferente, a un enemigo de la industria minera y de sus trabajadores, aliado y emisario de los poderosos sindicatos norteamericanos y canadienses. El tema de fondo tiene que ver con la postura y visión del candidato López Obrador sobre la economía, sobre la responsabilidad del Estado y su desprecio sobre el sistema institucional, base para la certeza de derechos y certidumbre económicas.

En la perspectiva ciudadana es inevitable cuestionarse sobre cuántos impuestos ha pagado López Obrador o, desde el punto de vista empresarial, qué ha hecho para generar empleo productivo o ingresar divisas. Su aportación es, en todo caso, política, no económica, pero por lo mismo, hay un estándar aplicable a todo ciudadano que es el pago de impuestos, establecido en el artículo 31 de la Constitución. No es una referencia personal, sino una definición de las responsabilidades a los derechos que se ejercen. Estimo que el candidato no está en condiciones de dar lecciones, y menos de sentenciar o exculpar a los empresarios

A López Obrador no le corresponde prometer que no habría revancha en un eventual gobierno por él encabezado, y tampoco presumir la tolerancia que en su caso siempre ha sido posterior al insulto y la condena. Los empresarios, más que una falsa tolerancia, requieren de la política y del futuro gobierno, dos cosas básicas: respeto y certeza legal para sus inversiones. La realidad del país y el entorno internacional, obligan a la prudencia en todo sentido, particularmente por quienes más influencia o poder tienen. No la ha habido por López Obrador en materia de seguridad al prometer amnistía a criminales, tampoco en lo social al poner en riesgo con su programa las bases de la estabilidad de precios y las oportunidades de empleo, mucho menos en la propuesta económica de gasto público. ¿Por qué habrían, entonces, de quedarse callados los empresarios?

La embestida populista

Es pregunta de nuestro tiempo si la democracia liberal está en crisis. No es algo particular en México, sino en todo el mundo. Los populismos son el rasgo común de nuestros días y lo mismo se presenta aquí que en el vecino del norte, en la Europa democrática y la del Este. La amenaza a la democracia ya no viene de la izquierda revolucionaria y rupturista, sino del populismo, es decir, un movimiento que invoca al pueblo, construye en el imaginario colectivo a un enemigo –con anclaje en fenómenos reales, pero de características desproporcionadas- (como “la mafia del poder” en el caso de nuestra arena política actual) y moviliza al conjunto de la sociedad no solo para ganar la elección sino para imponer un modelo de ejercicio del poder personalista y autoritario.

Al tiempo que crece el populismo en regímenes democráticos, cobran relieve las naciones no democráticas que por sus logros económicos, políticos y militares disputan los referentes tradicionales de éxito, asociados a las democracias liberales. El sistema político de Estados Unidos, merced a sus instituciones, ha podido contener y mantener a raya la embestida populista que representa Donald Trump. La pregunta, insisto, es si México está preparado para la eventualidad de que ganara el populismo el 1º de julio.

En mi opinión, una de las principales fortalezas de López Obrador ha sido la de establecer el criterio de que quienes le cuestionan o critican forman parte de “la mafia del poder” que, a decir de él, es un grupo que se ha beneficiado de las dificultades que enfrentan los mexicanos. Esto le ha blindado del escrutinio de muchos que, por miedo o corrección política, han decidido inhibirse de enfrentar los absurdos y lineales planteamientos del candidato de Morena; por otra parte, para sus seguidores cualquier cuestionamiento a su proyecto es convalidar que los enemigos del pueblo atacan a su caudillo para impedir que llegue al poder.

Las razones del resurgimiento del populismo tienen que ver, en buena parte, con la economía. Trump no hubiera prevalecido sin una base social que diera por hecho que los “malos” acuerdos comerciales y la migración de hispanos, son causa del deterioro de la economía doméstica, las oportunidades laborales y hasta de la elevada criminalidad en Estados Unidos. Trump explotó electoralmente el enojo y la frustración de esos electores con una retórica antimexicana y antiliberal.

En México, la sociedad civil acusa debilidad y el poder político y económico está concentrado y a veces centralizado. La división de poderes no tiene la fortaleza de la representación territorial que sí tiene el sistema norteamericano. Los gobiernos locales son dependientes en extremo en dos rubros fundamentales: finanzas y seguridad. Tengo la impresión de que estamos mal preparados para contener una embestida antiliberal desde la presidencia, mucho más si el populismo, como lo anticipan las encuestas, se alza con victorias en el Ejecutivo y el Legislativo.

La misma campaña da cuenta de la debilidad de la sociedad para hacerse valer en el debate de los temas que deben interesarnos a todos. En este contexto, llama la atención positivamente, en un capítulo inesperado, cómo organizaciones civiles han hecho eco del hecho de que Morena haya postulado en un lugar privilegiado de la lista de senadores a Nestora Salgado, para unos, una luchadora social y, para otros, una delincuente. Más allá de la polémica al respecto, lo cierto es que actualmente, Salgado enfrenta varios procesos penales por secuestro, homicidio y, desde mi punto de vista, también de desaparición forzada, precisamente por el argumento que ella misma y sus defensores esgrimen en el sentido de que en el momento de los secuestros, la candidata era autoridad.

La información pública es suficiente como para cuestionar que un partido la haya promovido y le conceda inmunidad procesal a partir del encargo legislativo; el hecho es un mensaje ominoso, como muchos de Andrés Manuel. Lo que llama la atención es que la sociedad civil, el sector social o empresarial, así como los medios de comunicación no asuman una postura más enérgica en muchas de las propuestas y de los dichos, particularmente su iniciativa de ganar la paz mediante la amnistía a los criminales. Es inevitable concluir que la amnistía que propone AMLO inicia postulando candidatos con procesos penales en curso, como es el caso.

En este escenario, la cuestión que importa es si la sociedad y el sistema político mexicano están preparados para encarar el desafío que acompaña al populismo, peligro que se deriva de la tesis de que nada vale, ni la ley, ni las instituciones, ni la crítica, frente al que se asume como único y legítimo representante del pueblo.

Lo peor en este panorama consiste en minimizar el tema bajo la tesis de que la amenaza habrá de conjurarse de manera mágica antes de la elección o de que lo que más preocupa del candidato, no habría de ejecutarse porque él cambiaría ya en el poder o bien, porque no tendría los elementos legales a su alcance. Considero que esta es una postura de avestruz, cómoda, medrosa –y hasta irresponsible- y que, al final, no resuelve el motivo de la preocupación, esa sí real y más que justificada.

El caso de la amnistía es el de mayor preocupación; el candidato no se ha retractado de la propuesta, sólo ha dicho que integraría una comisión negociadora en la que participarían, incluso, personalidades internacionales como el Papa Francisco. Lo cierto es que hay una postura clara e inequívoca del candidato: amnistía a criminales como vía para alcanzar la paz. Y es precisamente, por esta consideración que el caso de Nestora Salgado cobra relieve y deja de ser un evento aislado.

El tema surgió en el segundo debate presentado por José Antonio Meade, quien se hizo eco del testimonio de una de las víctimas. Nestora respondió sin medir su vulnerabilidad política, legal y ética. Ahora se ha vuelto uno de los asuntos no solo de polémica, sino de cuestionamiento a Morena y a su candidato presidencial. Además de haberse hecho evidente que no hay exoneración de la candidata, también se pone a debate legal su candidatura y se abre un obligado curso para evaluar los antecedentes de todos los candidatos de todos los partidos a cargo de elección popular. Si los partidos no toman esa iniciativa, será la sociedad, en las urnas, la que convierta la elección en un plebiscito donde se vota por los criminales, o por las víctimas.

Gobiernos militantes

“En política, que a uno lo engañen hoy no es excusa para mañana”

Desde siempre, ha existido una brecha entre lo que se hace y dice para ganar votos y lo que se hace y dice en la responsabilidad pública. Ganar es cada vez más un ejercicio de prometer lo que es difícil y las más de las veces imposible cumplir. En el hartazgo y la desesperación, los electores de hoy están mucho más dispuestos a atender falsas promesas que propuestas realistas. Esto tiene dos efectos perversos: electores que escuchan selectivamente las propuestas de los candidatos de su preferencia, y candidatos que, deliberadamente, minimizan las dificultades o los límites para cumplir su oferta.

La situación se complica cuando el estratega de campaña, en aras de eficacia, promueve la simplicidad del mensaje. Peor cuando el candidato, por convicción o conveniencia, reduce a una frase su propuesta. El discurso disruptivo se reviste, más que nunca, de eficacia; lo hace con audiencias presenciales, virtuales o con las que se llega a través de los medios de comunicación. En este escenario, lo eficaz de Twitter en campañas electorales es que reduce el mensaje a unas cuantas palabras, justamente lo que el elector de ahora quiere: una frase sencilla y contundente, aunque prescinda de argumentos.

La oferta para complacer o inventar soluciones mágicas adquiere renovado aprecio. La campaña de Donald Trump es ejemplo de ello, su desapego de lo convencional horrorizaba a los medios y a sus pares, pero le permitía conectar con sus electores. La lección de ese proceso es dolorosa: no son las virtudes humanas o cívicas las que le dieron el triunfo, tampoco las propuestas razonadas, viables o consistentes con la realidad que pretende transformar. Se cultivó y cosechó en el agravio real o imaginario.

Es prematuro anticipar si lo que está ocurriendo en otras partes del mundo habrá de hacerse presente en México, favoreciendo a quien plantea la ruptura y la confrontación. Sin embargo, el estilo de campaña de quien lleva ventaja obliga a pensar que esa es su intención. La mayoría de las propuestas lanzadas por el candidato, audaces o francamente frívolas, caen en el terreno fértil de una sociedad molesta con el status quo, aunque otras, obligan al equipo cercano a convertirse en una suerte de exégetas en un evidente ejercicio de control de daños, más que de explicación o reafirmación de lo propuesto.

Lo que vemos, es que frente a lo expresado en la plaza pública, ha tenido que surgir una serie de ajustes por parte de esos voceros que actúan como intérpretes oficiales de lo que quiso decir López Obrador. Para el caso, Esteben Moctezuma, encargado de la propuesta educativa, recrimina a organizaciones sociales por no haber atendido el documento que explica la postura “real” del candidato, cuando lo que ellos y todos advierten, es el compromiso inequívoco y reiterado de López Obrador en el territorio de la CNTE, de cancelar la reforma educativa. Ese es el tema y lo ha dicho reiteradamente: su primer acto como Presidente sería suspender la aplicación de dicha reforma.

Lo mismo ha ocurrido con la idea de la amnistía a los criminales como método para alcanzar la paz. Lo señalado por el candidato, justamente donde más sangre ha corrido, Guerrero, y donde más dificultad enfrenta el estado mexicano para hacer frente al crimen organizado, fue la de intercambiar perdón por tranquilidad. Las precisiones vinieron una vez que se sintió el rechazo público a tal propuesta. La señora Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo han dicho cosas diferentes a lo expresado y comprometido por el candidato: primero, que la amnistía sólo sería para la tropa de jóvenes reclutados por el crimen organizado, después, que sólo para los pobres indígenas y campesinos productores de droga, y luego que se excluiría a todos aquellos que hubieran cometidos actos criminales violentos.

El empresario Alfonso Romo también suda la gota gorda matizando la postura del candidato respecto a la reversión de la Reforma Energética, con la respuesta violenta de algunos de los miembros de Morena, como Paco Ignacio Taibo II. AMLO dice una cosa y Poncho, a su vez, hace la interpretación adecuada a los mercados. Pero absolutamente nada tiene que ver lo que dicen Taibo y su líder, con lo que interpreta Romo.

López Obrador fue inequívoco en su intención de suspender en definitiva el NAIM y de reorientar el proyecto a la operación en dos lugares: el actual aeropuerto y el militar de Santa Lucía. La respuesta del sector empresarial ha sido de rechazo. Después, sin abandonar la idea original, el candidato ha flirteado con la atractiva propuesta de concesionar la obra, no obstante su dogma contra las privatizaciones; también su representante en la materia, Javier Jiménez Espriú ha hablado de opciones además de la de cancelar la obra.

Lo cierto es que en actos públicos –y masivos- el candidato dice algo y luego su equipo, con auditorios más exigentes, redefine la propuesta. El doble discurso no es sorpresa; sin embargo, es un error asumir que el candidato no cumplirá lo que promete, como lo ha expresado cándidamente la dirigencia de Coparmex. El gobierno militante es lo de ahora, es decir, una autoridad que actúa como si la campaña prosiguiera. A manera de ejemplo, Donald Trump persiste con sus promesas de campaña y lo hace con una retórica de contienda. Así debe interpretarse a López Obrador por su idea de que la ratificación de mandato se haga de manera concurrente a la elección intermedia, es decir, su visión es la de gobernar ejecutando sus propuestas de campaña.

Hasta hoy la atención se ha centrado en la manera en que propuestas disruptivas ganan terreno. Pero lo que es de llamar la atención, es el regreso a la escena política de los gobernantes militantes, autoridades en permanente campaña, al margen de la inclusión y de una reconciliación que no sea el sometimiento del adversario, del que disiente o del crítico. El sistema norteamericano ha sido puesto a prueba para mantener a raya a un presidente de este perfil, después de todo, para eso están las instituciones. En el escenario mexicano, en cambio, es necesario cuestionarnos antes del 1 de julio, si el sistema que acota el poder presidencial está preparado para esa eventualidad.

Las campañas después de las comparecencias

En las contiendas democráticas por el poder, importa tanto el candidato como el entorno. Hay una tendencia natural que complica el voto por el partido gobernante, lo cual es una realidad que recorre a todo el mundo y que lleva a explicaciones estructurales, más allá de lo que está haciendo un gobierno en particular. Esta nueva situación tampoco se explica solo como efecto de la comunicación digital en los nuevos patrones de información y participación políticas. En realidad, hay una doble circunstancia que impacta la política: la crisis del sistema de representación y el surgimiento de una nueva sociedad, más exigente, insatisfecha y cada vez más demandante. Por lo anterior, el escrutinio público y el debate actual se presentan en este contexto: candidato y entorno. Y es, precisamente, por la crisis del sistema en su conjunto y por las nuevas expresiones sociales, que lo disruptivo cobra mayor relieve electoral. Lo mismo funciona para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, para que los nacionalismos conservadores ganen asientos en los parlamentos europeos o cobren fuerza como en Cataluña o Escocia, como para que se rechace el referéndum por la paz en Colombia o se lleve al poder a personajes como Donald Trump. En Nuevo León, en 2015, la victoria electoral de El Bronco se explica también a partir del contexto, más que de los atributos del personaje. El éxito de López Obrador tiene mucho que ver con el entorno: su propuesta es claramente pre-moderna, antiliberal y, en muchos aspectos, conservadora; sin embargo, su oposición a lo existente y su denuncia a la corrupción, son celebradas por sus seguidores y le generan un impulso más allá del mérito personal o partidario. Las dificultades que encara Meade se explican por la misma consideración: el mérito de trayectoria, sus atributos personales y la calidad de su propuesta se ven obstaculizados por la asociación que se hace de él con el estado de cosas y el partido que lo postula, aunque sea un candidato diferente al político partidista convencional. La afectación del ambiente de irritación no solo alcanza a los candidatos, también a los partidos. La virtud de Morena es que se le asocia al proceso de ganar el poder desde la oposición, no al de su ejercicio –que no ha experimentado-, pero eso es cuestión de tiempo, como le sucedió en su oportunidad al PAN. Morena, más temprano que tarde, con el acceso al poder, será objeto del desgaste propio de su ejercicio. El problema no son las personas, las siglas, ni siquiera las actitudes; el problema es el sistema que no puede dar respuesta a las expectativas siempre crecientes de los ciudadanos. La comparecencia de los candidatos presidenciales con grupos de periodistas ha sido un sano y virtuoso ejercicio de escrutinio. Es natural que haya insatisfacción de algunos; los malquerientes, porque se le dejó pasar mucho al entrevistado; los fanáticos, porque no le dejaron que exhibiera lo mucho que sabe o vale. Lo cierto es que lo que se ha hecho con Milenio Tv y Tercer Grado de Televisa, es útil y atractivo al público. Desde luego que lo visto hasta ahora es una experiencia por mejorar y depurar.

Meade ha mostrado mayor claridad y conocimiento que sus adversarios y, sobre todo, ha acreditado su sentido de integridad intelectual y personal. Se proyecta en ocasiones impaciente para dar razón y respuesta, pero resuelve bien, puntual, preciso. Andrés Manuel ha estado por debajo del nivel de apoyo que ha concitado, pero ha sido exitoso porque sus errores o fallos no han minado entre los suyos la preferencia que lo favorece. Ricardo Anaya se revela como una figura fresca, con disciplina estratégica y con capacidad para superar los cuestionamientos a su integridad y presentar argumentos para una causa difícil por el contenido de su coalición. Faltan las comparecencias de Margarita y Jaime Rodríguez. Lo relevante es que se les cuestione sobre los temas fundamentales de sus trayectorias y propuestas, no asuntos francamente menores como situación en las encuestas o problemas de campaña, aspectos de interés, pero de poca relevancia política. Lo cierto es que, a partir del primer debate, las campañas han ingresado a una nueva etapa. El desempeño de Andrés Manuel en ese encuentro no fue consistente con la ventaja que llevaba, sin embargo, pudo reaccionar bien en el postdebate, en el sentido de cambiar el tema de conversación para minimizar sus insuficiencias y silencios. Sus adversarios no lograron fijar en el público algunos temas fundamentales que reflejan las inconsistencias e incongruencias: el patrimonio familiar, su propuesta de amnistía a los criminales y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Un aspecto relevante ocurrido en los últimos días, ha sido el relanzamiento de la campaña del candidato de la coalición del PRI, a partir del relevo en la dirigencia nacional. Se advierte al interior del tricolor una renovada esperanza de crecer en las intenciones de voto, las que, por cierto, deben ser tomadas con mucha reserva cuando provienen de los estudios que se hacen de manera telefónica o digital, ya que subestiman al candidato que tiene mayor peso en las zonas rurales, por la baja cobertura de telefonía o internet. El voto por Morena es urbano y es mayor en los segmentos con instrucción superior y en el grupo de los jóvenes, más asiduos a la interacción digital. Ya en su momento se verá la precisión de dichos estudios. Lo que revelan los encuentros de los candidatos en debates, con organizaciones y medios de comunicación, es que la contienda es de tres y que todavía hay un recorrido en el que al menos una tercera parte de los ciudadanos pueden cambiar su actual intención de voto. Asimismo, hay un volumen importante de electores que todavía no han decidido. Una baja de 6 puntos del candidato con ventaja –que no es un escenario imposible- y un incremento equivalente de quien va en el segundo o tercer sitio, haría cambiar el perfil de la votación para el 1º de julio. Por eso el INE hace bien en no dejarse intimidar por quienes quisieran que les reconocieran triunfos a partir de sondeos, y al prever escenarios distintos a los que establecen las encuestas, que ya se sabe, no son sino fotografías un tanto imprecisas del momento y de entornos que pueden variar.

Empresa y política

La política estatista resiente la presencia de los empresarios en los temas públicos, tiene la visión de que el inversionista privado es más un problema a contener, que un activo a aprovechar. No es una idea de hace medio siglo, para López Obrador, candidato con amplia ventaja en las intenciones de voto, la empresa privada es el espacio del enriquecimiento de unos cuantos a costa de muchos. Es el imperio del egoísmo sobre el altruismo y la solidaridad.

El candidato promueve la falsa noción de que los empresarios son una casta pequeña y poderosa; la realidad es que quienes nos dedicamos a actividades privadas, somos cientos de miles de personas, empresas pequeñas, medianas y grandes, que viven y padecen las dificultades, la incertidumbre y, en algunos casos, lo peor del flagelo de la delincuencia que azota el país.

Obtener utilidades no es inmoral, de hecho, es lo que hace funcionar a todo el sistema económico y al sector público a través del pago de impuestos y de crear oportunidades de empleo, ambas por mucho la mejor manera de distribuir riqueza. La economía ficción, propia del populismo, se vuelve contra la misma sociedad a la que pregona proteger y beneficiar.

A México le ha costado tiempo reencontrar el valor de la iniciativa empresarial y de la inversión privada. Las peores crisis y las que más han lastimado a la población, las han provocado las políticas públicas que no entienden el valor del mercado, la inversión privada y las libertades económicas.

La privatización también ha recibido el rechazo de un importante sector de la sociedad y llama la atención que en México se mantengan vigentes y cobren fuerza tesis que en otros países han sido abandonadas, incluso por gobiernos de izquierda. Contrario a lo que actualmente se dice, la corrupción, el despotismo laboral y social, así como la ineficiencia, han ganado espacio en la empresa pública, y mucho más cuando opera como monopolio.

López Obrador plantea la propuesta antiliberal más acabada. Lo es en lo político, en lo social y en lo económico. No es fácil que los empresarios simpaticen con sus ideas; incluso uno de sus representantes con el sector privado, el empresario Alfonso Romo, ha tenido la incómoda y laboriosa tarea de matizar o reinterpretar las tesis del candidato en aras de construir la idea de que cuando Andrés Manuel llegue al poder no hará lo que promete tanto en la arenga pública, como en las entrevistas de banqueta. Lo cierto es que los empresarios deben estar viendo con profunda preocupación las ideas de AMLO por todo lo que significan para el país.

El candidato ha intentado transmitir la idea de que hay una minoría de empresarios que maneja el poder y que se beneficia de la corrupción. Por ejemplo, en la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, da por hecho que los contratos asignados fueron objeto de corrupción, sin tener otro elemento que el prejuicio, y por lo tanto, afirma que él habrá de cancelar esa obra.

En días pasados, el candidato López Obrador ha ido más allá: utilizando la plaza pública, ha denunciado que un grupo de destacados empresarios actúa para unificar a los principales candidatos opositores en su contra, señalamiento que ya ha sido desmentido. Por otro lado, en la reunión nacional de la CIRT, acusó a esos empresarios de haber participado en el fraude electoral y de ser quienes financian los mensajes en su contra sin dar la cara. “No quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. Se sienten los dueños de México”, sentenció.

La idea de una conspiración de grandes empresarios no se sostiene; ellos actúan en política a través de medios legales y legítimos. Las expresiones de López Obrador son una provocación y un exceso. De los empresarios ha habido más que comedimiento. Lo que sí es real es que a muchas personas nos inquieta la postura estatista del candidato, contraria a la inversión privada y esencialmente antiliberal. Los llamados de López Obrador de que no habrá persecución están fuera de lugar; no es la razón del rechazo, la causa es su visión de la economía y de la empresa privada. En todo caso, si hay irregularidad en la asignación de contratos debe aplicarse la ley y no insinuar perdón y olvido a discreción del presidente. Justo para evitar eso se instituyó la figura de la Fiscalía General de la República.

Los empresarios tienen legítimo derecho a participar políticamente y a ejercer su libertad de expresión a partir de lo que, desde su perspectiva, es lo mejor para México. Resulta fundamental señalar que 9 de 10 empleos formales los genera el sector privado. Regresar al estatismo más que inconveniente, sería desastroso. Por eso es que urge insistir que los avances alcanzados no se deben revertir; el simple intento generaría incertidumbre grave en la economía nacional, como ya se empieza a reflejar en los indicadores económicos.

La idea de regalar dinero con subsidios indiscriminados genera votos, pero las finanzas nacionales no lo resisten. Prometer inversiones, becas, beneficios indiscriminados, precios de garantía a productos, aumentar sueldos, quitar exámenes de selección y promoción a maestros, congelar los precios de energéticos y toda la serie de propuestas sin fundamento, provocan que los electores se regocijen con un futuro imposible. Las amas de casa, expertas en el manejo de las finanzas del día a día, saben que ese escenario no existe, por eso en ese segmento la arenga populista de López Obrador no tiene éxito. Tampoco, seguramente, en muchos empresarios que entienden que gasto que no se soporta con ingreso es camino seguro al peor de los infiernos.

El tema económico de AMLO afecta la iniciativa empresarial y pone en riesgo la economía nacional, los empleos, los ingresos y el bienestar de los hogares.

Ya tienen candidato

De antemano se sabe que la estrategia para luchar contra la inseguridad y la violencia requiere una revisión integral. Las cifras públicas y de la sociedad civil sobre la criminalidad son inaceptables, y aluden a una tragedia personal y familiar de carácter nacional. Si bien no se puede minimizar el problema, tampoco la solución. En sus propuestas, los partidos y los candidatos deberán pasar la prueba de fuego. La sociedad demanda respuestas y soluciones factibles. Los hechos trágicos se acumulan por día y la población entera está a la espera, con justa razón, de una solución de fondo.

A pesar del justo anhelo colectivo, es iluso pensar que hay una cura inmediata para este mal. La criminalidad se ha interiorizado en el tejido social, en la economía, en la política y en los gobiernos. Es un monstruo de mil cabezas que tiene como origen la ausencia del Estado y como expresión inequívoca la impunidad. Como tal, no solo son el tema social o la economía, las causas profundas del problema. La pobreza, la desigualdad y la falta de expectativas de nuestros jóvenes no son singularmente peores respecto al pasado; por eso es inevitable remitirnos al problema de la impunidad, la incapacidad del Estado de ejercer justicia, de sancionar a los responsables de las acciones criminales.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto una amnistía a los criminales como solución. Lo primero que hay que reprocharle es que lo haya expresado en la precampaña, ya que es un mensaje que alienta y mete en la elección a la amenaza mayor que hay para la paz del país: los narcotraficantes. Ellos ya tienen candidato, aunque no haya sido ese el propósito de Andrés Manuel. Ellos, y sus pandillas, no son guerrilleros, luchadores sociales o personas a los que el régimen neoliberal ha llevado al crimen y que, por lo mismo, son merecedores del trato que en su momento se da, en otros contextos, a esos grupos con un propósito de alcanzar la paz. Más bien, son asesinos, violadores, secuestradores, con un enorme poder económico y de fuego, multiplicados por la impunidad al infinito en grupos que suman cientos, miles de células, con capacidad criminal propia.

Un mensaje complaciente hacia esos grupos, de parte del candidato que lleva ventaja en las intenciones de voto, no es lo mejor para ganar la batalla al crimen; es justo lo contrario. Si es el caso de que López Obrador tiene la convicción profunda sobre esta vía para alcanzar la paz, lo menos que debió hacer es reservársela y no hacer campaña que bien puede significar una forma de apología del crimen y una afrenta a las víctimas. Nuestras fuerzas armadas, las policías, los jueces, los periodistas, las organizaciones civiles y todos aquellos que les enfrentan, por no decir las propias víctimas, lo que menos necesitan es que un candidato de la importancia de López Obrador presente una solución a satisfacción del enemigo mayor que enfrenta México.

Sin embargo, el candidato se ha sostenido en la postura. Voceros suyos, muy próximos en su afecto o confianza, como Alfonso Durazo y la exministra Olga Sánchez Cordero, han intentado mitigar el efecto negativo y la controversia, aportando elementos que todavía preocupan más, especialmente en el caso de la segunda.

En efecto, las referencias que hace la señora Sánchez Cordero son preocupantes en extremo. Confunde los casos de amnistía a enemigos con motivación política, como fueron los del presidente Juárez a los enemigos de la República presos por traición; sedición, conspiración y demás delitos políticos; los del presidente Luis Echeverría a favor de quien cometiera delitos de sedición, rebelión y conexos en el conflicto estudiantil de 1968; o los del presidente Carlos Salinas a favor de quienes hubieran cometido delitos de violencia en Chiapas el 1º de enero de 1994. Estos eventos que forman parte de la historia no se equiparan a los delitos asociados al narcotráfico y particularmente al perfil de los delincuentes a los que se propone amnistiar.

La exministra señala que “Morena (…) busca una amnistía a esos millones que han sido reclutados y cooptados por el crimen organizado por no tener las oportunidades –que todo mexicano debiera tener- en un estado de derecho que proteja, respete y garantice los derechos humanos”.

El problema es que se parte de un diagnostico errado: criminalizar la pobreza. No son delincuentes por ser pobres. La red de criminalidad está en todo el tejido social. Y en la base, donde algunos sólo ven nobleza, —que la hay —es donde, sin embargo, se pueden dar las atrocidades más extremas. Solo, como ejemplo, basta con ver lo ocurrido en días pasados con los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Esa base social del crimen es la que asesina, secuestra, mata y desaparece a muchas personas, la mayoría inocentes o confundidos, como sucedió con los 43 estudiantes asesinados en Iguala o con estos muchachos cruelmente torturados y privados de la vida por estar en el lugar y en el momento inadecuados.

Las coordenadas para la solución en materia de inseguridad necesariamente trasladan al terreno de la justicia, como lo reconoce la señora Sánchez Cordero. Pero no será la de la complacencia, la del perdón y olvido a quienes cometen los peores crímenes. La justicia que el país requiere es la que acabe con la impunidad, la que lleve a la sanción a quienes han cometido los delitos más graves, humillantes y extremos contra la sociedad. Se requiere firmeza y determinación, no oportunismo por confusión, ignorancia o peor, por cálculo electoral.

Otro aspecto fundamental, tabú no solo en campañas, es la complicidad social en materia delictiva. Es cierto, hay comunidades, grupos sociales, empresas, organizaciones y –espero que no sea el caso- corrientes políticas, que han sido penetradas por el crimen organizado. Es necesario reconocerlo, pero también, dar solución correctiva y preventiva antes de que el problema de por sí grave nos rebase y ponga en jaque a la estructura institucional del Estado para hacerle frente. De ese tamaño es el desafío y, por ello, no hay espacio para la ingenuidad ni para el irresponsable y calculado oportunismo. Se requiere fortalecer al Estado de Derecho, no debilitarlo.

Alguien tiene que pagar

Hay una diferencia abismal entre la oferta de campaña y el ejercicio de la responsabilidad pública. Quien ofrece, particularmente desde la oposición, no tiene que someterse a la regla elemental de la aritmética: de dónde se obtendrán los recursos para hacer lo comprometido. El ejercicio del poder se padece, aunque su externalidad sea la de un espacio de privilegio, y en cierto sentido sí lo es, el poder decisorio que le acompaña, pero se padece porque no todo se puede, es más, es muy estrecho el margen.

El candidato que lleva amplia ventaja en los estudios de intención de voto, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido a diestra y siniestra, lo mismo incrementos salariales, subsidios, becas, inversiones o indemnizaciones millonarias por cancelaciones de obras de infraestructura como es la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

El candidato presidencial se ha comprometido a duplicar la inversión pública, esto es de 500 mil millones a un billón de pesos. A su vez, el rosario de promesas anunciadas por AMLO se calcula en, al menos, 2.3 billones de pesos; solo la oferta de becas para educación básica y media superior y la de subsidio para ninis alcanzaría la cifra de 700 mil millones de pesos, casi una tercera parte del costo de lo prometido. Esto no considera el gasto por la reversión de la reforma energética, la reducción del IVA en la frontera, el traslado de oficinas federales al interior o la inversión de dos refinerías que sería del orden de 420, mil millones de pesos cada una.

Las finanzas del país no tienen forma de alcanzar las cifras mágicas de López Obrador, quien ha pretendido ajustar sus cuentas a partir del cálculo del costo de la corrupción en el país, estimado en 500 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, se ha referido a un programa de austeridad en el que se disminuyan los sueldos de la alta burocracia federal. Lo segundo es notoriamente insuficiente y además difícil de implementar si se incluye a los múltiples órganos autónomos y los poderes judicial y legislativo. Lo primero es una fantasía, aunque estimo que el costo de la corrupción podría ser todavía mayor.

El costo de la venalidad, por elevado que sea, no garantiza que en caso de eliminarla o mitigarla esos recursos de manera significativa transiten al presupuesto federal. El ahorro sería principalmente para la sociedad y el sector productivo, pero de manera marginal para el gobierno federal; además el estimado del costo de la corrupción se refiere a toda la estructura del poder público, no solo a la administración federal. La única manera de ahorrar es no hacer y esto plantea un escenario catastrófico por las necesidades apremiantes de inversión; otra fórmula, emprendida con mucho éxito, es abrir al sector privado la inversión en infraestructura bajo la modalidad de concesiones, estrategia repudiada por el candidato López Obrador.

¿Quién paga? Es la pregunta que permanece en el aire, porque alguien tiene que pagar. En la elección norteamericana el candidato Donald Trump prometió hacer un muro fronterizo; seguramente su oferta caló hondo en un segmento importante del electorado y todavía más cuando prometió que sería México quien pagaría. Una cosa es prometer y otra es cumplir; la relación bilateral se ha complicado por la insistencia retórica del presidente norteamericano sobre algo que de antemano se sabe que no va a cumplir.

¿Quién pagaría los compromisos de López Obrador? Porque como estamos, es imposible financiarlos. Asumir que, de resultar triunfador, no los cumpliría resulta ingenuo. No es así, no es lo que su quehacer en el pasado nos permite esperar de su estructura personal e ideológica. En el supuesto, él tendría que escoger, pero todo es muy costoso; padecería el dilema de decidir qué se hace y quién lo paga.

La respuesta es simple: lo pagarían los mismos de siempre, los causantes formales y las empresas. Aunque ha dicho que no aumentaría impuestos, la ineludible realidad política lo llevaría inevitablemente a revisar la estructura fiscal. La propuesta más eficaz e inmediata para elevar la recaudación es eliminar los hoyos de las exenciones y de la informalidad mediante el incremento del impuesto al consumo de manera generalizada. Pero el IVA a medicinas y alimentos es tabú en la política. En otras palabras, es posible mejorar la recaudación, pero esto conlleva más impuestos y mayor eficacia recaudatoria, lo que significa caer en el terreno del modelo itamita que Andrés Manuel tanto desdeña. Recurrir a la deuda sería suicida, tanto como que en un hogar se decidiera incrementar gasto con la tarjeta de crédito a sabiendas de que no hay ni para pagar los intereses.

López Obrador pertenece a esa vieja escuela de desconfianza estructural al sector privado. Por eso se pronuncia por precios de garantía al sector agrícola y congelar los precios de los combustibles. Incluso desconfía de la sociedad civil. Su concepción es estatista, presidencialista y vertical. La mano mágica en su caso no es del mercado, sino del presidente, país de un solo hombre. De allí vendría el ejemplo “transformador” para acabar en automático con la corrupción, sólo por voluntad. Se trabajaría desde muy temprano en Palacio Nacional para acabar con la violencia y el crimen, incluso, nos ofrece invitar al Papa, seguramente para sentarlo a negociar la paz con Los Guerreros Unidos y el Mayo Zambada. Desde la Presidencia se convocaría a referéndum y plebiscitos para doblar al poder legislativo e imponerles a los “corruptos” la agenda y la Constitución del pueblo bueno. El “dedo mágico” o el imaginario del presidente será capaz de abarcarlo todo.

El argumento económico, legal o social de López Obrador dice mucho de la persona, pero dice mucho más de la sociedad y del momento. Esencialmente AMLO es el mismo de 2006 y 2012, pero las condiciones del país han cambiado. Aunque en muchos rubros ha habido avances, hay un mayor rechazo al orden de cosas, lo mismo hacia autoridades y partidos, que a instituciones públicas y privadas. La ira social puede llevar a un salto al vacío: sin duda lo que propone López Obrador lo es; por eso es menester tomarle en serio en lo que dice y compromete.

Se requieren definiciones y romper con la complacencia. Hay que alzar la voz, sin estridencia ni temor, pronunciarse sin complejos sobre qué sí y, especialmente qué no.

Por lo que a mí respecta, no votaré por López Obrador.

Tiempos del INE

En una competencia entre malos jugadores es inevitable que el árbitro sea cuestionado, independientemente de su buen desempeño. Llegar a la normalidad democrática no ha sido fácil, pero es un logro mayor del que muy pocos tienen conciencia y todavía son menos los que lo aprecian con orgullo. Así es porque se ha transitado a una democracia con un déficit de ciudadanía, con un bajo nivel de escrutinio y una muy mala calidad en la deliberación pública y, especialmente, porque los jugadores han abusado de su condición de poder en lugar de reconocer faltas y someterse a la autoridad. De manera recurrente remiten a la instancia electoral la razón de sus insuficiencias.

Lo cierto es que el país ha realizado una inversión histórica para construir autoridades electorales modernas, eficientes, imparciales y profesionales. El recorrido ha sido largo y todas las exigencias que presentó la oposición antes de la década de los ochenta, hoy son realidad. El esfuerzo ha fructificado, y en muchos sentidos, se ha mejorado. Sin duda, por la alternancia y la calidad de la competencia se puede decir que, al cierre del siglo pasado, México arribó a una democracia electoral plena.

En el balance, se puede señalar que las autoridades electorales, sin lugar a dudas, son mejores que las organizaciones políticas. Cierto es que las elecciones y quienes las organizan cuestan mucho, pero también lo es que han sido los partidos los que han propiciado el que se haya creado una burocracia electoral sin paralelo en el mundo en cuanto a funciones, tamaño y gasto. Por ejemplo, el instrumento de identidad nacional continúa siendo la credencial de elector, con un costo muy elevado para el INE.

Los integrantes del Consejo General del INE, actuales y los del otrora IFE, en su abrumadora mayoría han sido ejemplares en su actuación. Incluso, los miembros y presidente del Consejo que tuvo bajo su responsabilidad la elección de 2006 y que fue prácticamente defenestrado por el ánimo de venganza de los dos perdedores de los comicios y por el complejo de culpa de quienes ganaron. La reforma electoral de 2007 contiene algunos avances, pero también severos retrocesos que restringen las libertades políticas de los ciudadanos y que fortalecen la partidocracia al obstruir la democracia interna en los partidos e impedir la formación de nuevas organizaciones políticas. También esta reforma generó una relación complicada del INE y los medios de comunicación por el modelo de control y de uso de los tiempos del Estado para los electrónicos.

Se ha incurrido en errores, pero también se ha aprendido; las insuficiencias jurídicas de anteriores consejeros se han superado. Muchos de los problemas que encara la autoridad son más bien resultado de la deficiencia y el detallismo en las normas aprobadas por el Congreso. También estimo que el problema del INE es que desempeña dos tareas difíciles de conciliar. Por una parte, debe organizar las elecciones, lo que conlleva la participación o colaboración de los partidos y candidatos y, por la otra, debe interpretar, reglamentar y hacer valer la ley. Es decir, también actúa como órgano jurisdiccional imponiendo sanciones o resolviendo controversias que por igual afectan a los mismos partidos y candidatos, así como a autoridades y medios de comunicación.

El INE es garantía de certeza jurídica e imparcialidad, pero también enfrenta la explicable postura de muchos actores, no solo partidos y candidatos, interesados en influir en las determinaciones de autoridad y por lo mismo, motivados a que el INE no cuente con la fuerza, el prestigio y la autoridad moral necesarias a su cometido. Lamentablemente, son muchos los que participan de este muy calculado juego de conceder y golpear al INE a partir del interés propio.

Se da el caso de que quienes más cuestionan e impugnan al INE, claramente el caso de Andrés Manuel, son los que con flagrancia, contravienen las normas que regulan los requisitos para participar en las contiendas electorales. El ahora candidato de Morena y, en su momento, Ricardo Anaya, emprendieron una campaña de promoción personal anticipada con recursos públicos a través de las prerrogativas de los partidos y eso generó una inequidad que ha viciado de origen la contienda presidencial.

El INE ha sido sometido también a una injusta crítica por su desempeño en el tema del registro de los independientes, a pesar de que realizó un trabajo muy encomiable y a pesar de que la norma o la desconfianza de unos y otros no permite o no aconseja flexibilizar procedimientos. El fallo del Tribunal Electoral que reestablece a Jaime Rodríguez en la boleta no es un cuestionamiento al INE, al menos no se advierte, si se estudia con cuidado las consideraciones de sentencia, resolución que se aprobó por mínima diferencia y con el voto contrario de la magistrada presidente al proyecto. En este caso no ha sido el INE ni la unidad técnica encargada de la revisión de las adhesiones ciudadanas de los candidatos los que han sido puestos en entredicho, sino el mismo órgano jurisdiccional. Es lamentable la actitud de los independientes afectados con la negativa de registro inicial, mucho más la de quien tuvo el discutible y opinable beneficio de la resolución jurisdiccional.

El INE es un órgano de autoridad confiable. También lo es el Consejo General, su presidente, Lorenzo Córdova, y el titular de la Secretaría Ejecutiva, Edmundo Jacobo. Tienen en los próximos meses una seria responsabilidad para lograr una elección ordenada y con resultados convincentes, no a los jugadores, sino al conjunto de la sociedad. La resolución del Tribunal que ordena la inclusión de Jaime Rodríguez en la boleta de candidatos presidenciales ha sido una prueba al temple y resiliencia de los integrantes del Consejo. Es importante que ellos no repitan la dosis que le propinan de manera recurrente los afectados por sus resoluciones. Lo que corresponde es acatar, dejarse de controversias y centrarse en la responsabilidad presente de que al final el público pueda quedar satisfecho con el resultado de la contienda.

De la unidad al escrutinio

El sentimiento de dignidad frente al amago del exterior ha llevado a la unidad nacional. Ha ocurrido en un momento importante de la vida nacional. De todos, la conducta ha sido ejemplar y motivo de orgullo; es muy relevante que las diferencias polarizadas y exponenciadas por la disputa electoral, adquieran un matiz de tal naturaleza.

El Presidente Peña Nieto leyó bien el momento a partir de la determinación del Presidente Trump de desplegar a la guardia nacional en la zona fronteriza. Hace bien el Presidente en señalar la causa de lo causado: no somos los mexicanos, sino las dificultades que enfrenta el mandatario Trump en materia interna lo que le ha llevado a una postura de tal naturaleza. Que el Congreso no le haya aprobado los recursos para construir el muro y la crítica de sus aliados de Fox News, le llevaron a una salida tan absurda como contraria al interés de EU. De ese tamaño es el primitivismo de este personaje. Es una ofensa que ni él mismo alcanza a entender en toda su magnitud.

Además, el Presidente Trump tuvo la insensibilidad de anunciar tal determinación en el entorno en el que la sociedad y el mundo conmemoran el 50 aniversario del asesinato de uno de los grandes personajes de la humanidad, quien luchó contra el racismo, la marginación y por la dignidad de las personas: Martin Luther King.

Ha sido muy significante y significativo que los cuatro candidatos presidenciales hayan expresado su acuerdo con el sentido del mensaje del mandatario mexicano. No solo por razones de dignidad o de orgullo legítimo, también por supervivencia, los connacionales estamos obligados a cerrar filas frente a la agresión externa. Tenemos diferencias y en muchos hay enojo por el estado de cosas, pero al igual que sucedió con la tragedia de los sismos, advertimos que es mucho lo que nos une y que debemos también dar paso a sentimientos positivos y constructivos. No abandonarnos en el enojo y en la fractura.

El discurso de odio da votos, pero nada construye. Así, lo hizo el candidato Trump al ganar el apoyo de un grupo demográfico que en la geografía electoral de aquel país fue decisivo en la lucha por el poder. La crítica y la denuncia son parte de la democracia. El escrutinio también, pero no solo debe remitir al gobierno, sino también al conjunto del sistema político y a cualquier estructura de poder. De ahí el valor de las libertades y la necesidad de asumir la tolerancia como un valor superior no solo en la política, sino en el quehacer cotidiano. Una tolerancia inteligente bien administrada y pensada para que ésta no lleve a la complacencia.

La circunstancia de EU es una realidad para entender en México: el mensaje de odio al otro, que se construye en el momento electoral, lleva a un gobierno al desastre. Las palabras en campaña importan y comprometen. La elección presidencial en el país vecino es muestra: no se puede tomar a la ligera lo que un candidato populista oferta en campaña. Invariablemente lo hará realidad.

El momento de unidad debe suceder al del escrutinio riguroso de las propuestas en competencia. Las biografías y los atributos de los candidatos importan; también, y mucho, los compromisos, lo que dicen y lo que señalan. La sociedad y las organizaciones deben asumirse corresponsables de que el voto informado se imponga sobre las emociones y las pasiones. La única respuesta posible a la demagogia y al populismo que encuentra soluciones fáciles a problemas complejos, es el voto razonado; no solo es un tema de ciudadanía, también de que los proyectos políticos en competencia sean objeto de análisis y de crítica.

Los candidatos están haciendo propuestas y compromisos. Lo hacen para ganar votos, pero también como reflejo de sus convicciones más profundas, de sus deformaciones políticas y culturales, de su visión de país y de lo que harían en el supuesto de ganar el poder. López Obrador demanda cancelar la obra del aeropuerto y dar marcha atrás a la reforma energética y a la de educación. Sus voceros oficiosos u oficiales no están a la altura en términos de claridad sobre lo que el candidato se ha pronunciado y pretenden suavizar una postura, no obstante que se ha presentado sin matices ni reservas por el propio candidato. Valen las palabras del contendiente, no las de sus panegiristas desinformados o interesados. Si fuera el caso que hubiese cambiado de posición, solo valen las palabras que de él vengan, no la de sus exégetas.

Como tal, estimo que lo importante de la elección es que los candidatos expongan su programa y sus propuestas. Es muy temprano para la definición en muchos de los temas, más allá de las plataformas de los partidos o de publicaciones que no cuentan con el aval de los candidatos. Desde ahora se advierten sensibles omisiones; el tema ambiental no parece preocupar mayormente; a su vez, el asunto de la violencia requiere más claridad sobre qué hacer para revertirla. El crimen y su secuela de horror no se revuelve con plegarias ni palabras para doblar moralmente a quienes han hecho del del delito una práctica regular para hacer valer sus negocios o intereses. El voluntarismo seduce, pero no conduce a resultados deseables, menos cuando se acompaña de ingenuidad y no se tiene claridad sobre la causa y origen de la ola criminal que ha ahogado al país.

En este difícil entorno, la economía debe cuidarse; ningún país aguanta la postura demagógica de hacer del gasto público una bolsa infinita de recursos para complacer la natural expectativa de los electores de mejora en sus condiciones de vida. Gastar sin ingresar es un suicidio. La única manera de abatir la desigualdad y mejorar la situación personal y familiar es el empleo. No es el Estado quien lo genera, tampoco los subsidios generalizados; es la empresa, el sector y la inversión privados. La socialdemocracia lo entendió hace décadas; AMLO añora como proyecto la economía del “Desarrollo estabilizador”, viable para el México de la posguerra, impensable para el de la globalización. Por eso es que sus ideas y las de todos los candidatos, merecen estudio y análisis. Un país no se construye con ocurrencias, aunque sean bien intencionadas. Hay antecedentes cuyas consecuencias todavía no terminamos de pagar.

Un nuevo paradigma de la comunicación y campañas

Con insistencia en este espacio hemos llamado la atención sobre los nuevos términos en los que se desarrollan las campañas a partir del desafío que plantea el uso óptimo de la comunicación digital. Todos la usamos, muchos hablan de ella, muy pocos la entienden. Lo cierto es que las redes sociales son un poderoso instrumento para interactuar, comunicar e influir.

El error común de muchos -usuarios y profesionales- es creer que la comunicación digital es simplemente una salida diferente a la convencional, cuando en realidad es un lenguaje y un código distinto. Lo interactivo es inédito, también la horizontalidad, lo dinámico y la fluidez de la comunicación.

Debo decir que lo digital corta hacia lo bueno y lo malo. En lo positivo está la potenciación de las capacidades humanas más allá de lo imaginable; también están las libertades de expresión, de información y comunicación, un mundo fascinante que desdibuja fronteras y redefine los límites de lo pensable.

En 2013, con visión se adicionó al artículo 6º de la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluido el servicio de Internet. Ha sido política pública del actual gobierno hacer realidad este derecho y en días pasados se dio inicio a la banda ancha compartida, un medio fundamental para que el mercado y la industria, en un marco de sana competencia, puedan otorgar este tipo de servicio incluso a las comunidades más apartadas del país.

La red también plantea riesgos; mayor libertad implica mayor responsabilidad y el espacio abierto conlleva que sea el receptor y no el emisor quien tiene que filtrar la calidad o veracidad de la información. Lo de ahora es la proliferación de información y en ocasiones noticias falsas construidas deliberadamente con el propósito de engañar o de obtener ventaja. También está el uso delictivo de la red, la afectación a la privacidad, el robo de datos personales y hasta el fraude cibernético o la extorsión.

En México y en el mundo se ha abierto un debate por el desempeño de la empresa Cambridge Analytica y la manera como utilizó la información para campañas electorales obtenida de la red con mayor número de usuarios en el orbe: Facebook.

El desafío de la comunicación comercial y política de siempre ha sido el llamado targeting, esto es, la definición del público objetivo a partir de sus características sociodemográficas, intereses, aficiones o necesidades. La idea es que el mensaje -forma y contenido- deben adecuarse a las características específicas del receptor de la información.

En campañas a través de los medios convencionales cumplir con el objetivo es difícil y en el mejor de los casos es de aproximación; de allí conocer los hábitos informativos ha sido una de las áreas de especialidad de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), en encuestas públicas. La comunicación directa a través de correo, el teléfono móvil o fijo ofrecen una oportunidad mayor para un mensaje de acuerdo con las características de la población objetivo.

En días recientes periodistas han aludido a la relación de negocio de GCE y la mía con Cambridge Analytica en el marco del proceso electoral en curso. No ha sido el caso, y es explicable que en el medio se haga referencia a GCE por las siguientes consideraciones: la base de datos de encuestados en vivienda y telefónica de la empresa es de más de 1.5 millones de registros. Este es un preciado acervo; sin embargo, por reglas internas y la normatividad a la que estamos sujetos por la Ley General para la Protección de Datos Personales impiden hacer uso comercial de esta información. Su empleo es interno y solo se utiliza para efectos de estudio e investigación.

Por otra parte, GCE es la única empresa que ha desarrollado una amplia infraestructura y tecnología que incluye estudios cualitativos y cuantitativos, además de una capacidad muy amplia para encuesta telefónica y en vivienda con personal propio y dispositivos digitales con aplicación para control de trabajo de campo y captura de datos. Asimismo, en años recientes se ha desarrollado un laboratorio de investigación en comunicación digital y big data empleando los programas más actualizados a efecto de evaluar y desarrollar campañas digitales de comunicación y proyectos de investigación.

Al respecto considero que el futuro de la comunicación tendrá que ver con el universo digital. Como he señalado, plantea oportunidades, pero también riesgos y amenazas. Entiendo que uno de los proyectos más modernos, exitosos y trascendentes como es la red Facebook deberá modificar sus estándares y normas para compartir información y eventualmente incursionar con mayor rigor por el difícil camino de cuidar contenidos y tráfico. Es un tema muy delicado que no solo tiene que ver con campañas electorales y la pretensión de proveedores de acceder a sus bases de datos de usuarios a manera de entender mejor al público a partir de sus aficiones, intereses y comunidades. También remite al uso abiertamente delictivo de la red y que es una de las grandes preocupaciones tanto en delitos infames como la pedofilia, así como el narcotráfico o el terrorismo.

El INE ha acordado con Facebook un esquema que le permite mejorar el cumplimiento de sus responsabilidades que van más allá del tema del financiamiento de campañas electorales. Cuidar contenidos es una prioridad no solo para la equidad electoral, sino también para salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos buscando un equilibrio óptimo entre libertad de expresión y el control institucional que le corresponde al órgano electoral.

Las campañas digitales llegaron para quedarse. Coexisten en un espacio de libertad amplia y de interactividad difícil de regular y restringir. La autoregulación debe estar presente en proveedores de servicios de la red, también en empresas que como GCE cuentan con amplios acervos de información y bases de datos. También los partidos y candidatos tienen su parte en esta tarea. Los ciudadanos a ejercer su libertad, acceder con responsabilidad a la información para discriminar lo falso de lo cierto.

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Encuesta Nacional 2017

Sociedad Jóvenes en México

FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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