Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

De la unidad al escrutinio

El sentimiento de dignidad frente al amago del exterior ha llevado a la unidad nacional. Ha ocurrido en un momento importante de la vida nacional. De todos, la conducta ha sido ejemplar y motivo de orgullo; es muy relevante que las diferencias polarizadas y exponenciadas por la disputa electoral, adquieran un matiz de tal naturaleza.

El Presidente Peña Nieto leyó bien el momento a partir de la determinación del Presidente Trump de desplegar a la guardia nacional en la zona fronteriza. Hace bien el Presidente en señalar la causa de lo causado: no somos los mexicanos, sino las dificultades que enfrenta el mandatario Trump en materia interna lo que le ha llevado a una postura de tal naturaleza. Que el Congreso no le haya aprobado los recursos para construir el muro y la crítica de sus aliados de Fox News, le llevaron a una salida tan absurda como contraria al interés de EU. De ese tamaño es el primitivismo de este personaje. Es una ofensa que ni él mismo alcanza a entender en toda su magnitud.

Además, el Presidente Trump tuvo la insensibilidad de anunciar tal determinación en el entorno en el que la sociedad y el mundo conmemoran el 50 aniversario del asesinato de uno de los grandes personajes de la humanidad, quien luchó contra el racismo, la marginación y por la dignidad de las personas: Martin Luther King.

Ha sido muy significante y significativo que los cuatro candidatos presidenciales hayan expresado su acuerdo con el sentido del mensaje del mandatario mexicano. No solo por razones de dignidad o de orgullo legítimo, también por supervivencia, los connacionales estamos obligados a cerrar filas frente a la agresión externa. Tenemos diferencias y en muchos hay enojo por el estado de cosas, pero al igual que sucedió con la tragedia de los sismos, advertimos que es mucho lo que nos une y que debemos también dar paso a sentimientos positivos y constructivos. No abandonarnos en el enojo y en la fractura.

El discurso de odio da votos, pero nada construye. Así, lo hizo el candidato Trump al ganar el apoyo de un grupo demográfico que en la geografía electoral de aquel país fue decisivo en la lucha por el poder. La crítica y la denuncia son parte de la democracia. El escrutinio también, pero no solo debe remitir al gobierno, sino también al conjunto del sistema político y a cualquier estructura de poder. De ahí el valor de las libertades y la necesidad de asumir la tolerancia como un valor superior no solo en la política, sino en el quehacer cotidiano. Una tolerancia inteligente bien administrada y pensada para que ésta no lleve a la complacencia.

La circunstancia de EU es una realidad para entender en México: el mensaje de odio al otro, que se construye en el momento electoral, lleva a un gobierno al desastre. Las palabras en campaña importan y comprometen. La elección presidencial en el país vecino es muestra: no se puede tomar a la ligera lo que un candidato populista oferta en campaña. Invariablemente lo hará realidad.

El momento de unidad debe suceder al del escrutinio riguroso de las propuestas en competencia. Las biografías y los atributos de los candidatos importan; también, y mucho, los compromisos, lo que dicen y lo que señalan. La sociedad y las organizaciones deben asumirse corresponsables de que el voto informado se imponga sobre las emociones y las pasiones. La única respuesta posible a la demagogia y al populismo que encuentra soluciones fáciles a problemas complejos, es el voto razonado; no solo es un tema de ciudadanía, también de que los proyectos políticos en competencia sean objeto de análisis y de crítica.

Los candidatos están haciendo propuestas y compromisos. Lo hacen para ganar votos, pero también como reflejo de sus convicciones más profundas, de sus deformaciones políticas y culturales, de su visión de país y de lo que harían en el supuesto de ganar el poder. López Obrador demanda cancelar la obra del aeropuerto y dar marcha atrás a la reforma energética y a la de educación. Sus voceros oficiosos u oficiales no están a la altura en términos de claridad sobre lo que el candidato se ha pronunciado y pretenden suavizar una postura, no obstante que se ha presentado sin matices ni reservas por el propio candidato. Valen las palabras del contendiente, no las de sus panegiristas desinformados o interesados. Si fuera el caso que hubiese cambiado de posición, solo valen las palabras que de él vengan, no la de sus exégetas.

Como tal, estimo que lo importante de la elección es que los candidatos expongan su programa y sus propuestas. Es muy temprano para la definición en muchos de los temas, más allá de las plataformas de los partidos o de publicaciones que no cuentan con el aval de los candidatos. Desde ahora se advierten sensibles omisiones; el tema ambiental no parece preocupar mayormente; a su vez, el asunto de la violencia requiere más claridad sobre qué hacer para revertirla. El crimen y su secuela de horror no se revuelve con plegarias ni palabras para doblar moralmente a quienes han hecho del del delito una práctica regular para hacer valer sus negocios o intereses. El voluntarismo seduce, pero no conduce a resultados deseables, menos cuando se acompaña de ingenuidad y no se tiene claridad sobre la causa y origen de la ola criminal que ha ahogado al país.

En este difícil entorno, la economía debe cuidarse; ningún país aguanta la postura demagógica de hacer del gasto público una bolsa infinita de recursos para complacer la natural expectativa de los electores de mejora en sus condiciones de vida. Gastar sin ingresar es un suicidio. La única manera de abatir la desigualdad y mejorar la situación personal y familiar es el empleo. No es el Estado quien lo genera, tampoco los subsidios generalizados; es la empresa, el sector y la inversión privados. La socialdemocracia lo entendió hace décadas; AMLO añora como proyecto la economía del “Desarrollo estabilizador”, viable para el México de la posguerra, impensable para el de la globalización. Por eso es que sus ideas y las de todos los candidatos, merecen estudio y análisis. Un país no se construye con ocurrencias, aunque sean bien intencionadas. Hay antecedentes cuyas consecuencias todavía no terminamos de pagar.

Un nuevo paradigma de la comunicación y campañas

Con insistencia en este espacio hemos llamado la atención sobre los nuevos términos en los que se desarrollan las campañas a partir del desafío que plantea el uso óptimo de la comunicación digital. Todos la usamos, muchos hablan de ella, muy pocos la entienden. Lo cierto es que las redes sociales son un poderoso instrumento para interactuar, comunicar e influir.

El error común de muchos -usuarios y profesionales- es creer que la comunicación digital es simplemente una salida diferente a la convencional, cuando en realidad es un lenguaje y un código distinto. Lo interactivo es inédito, también la horizontalidad, lo dinámico y la fluidez de la comunicación.

Debo decir que lo digital corta hacia lo bueno y lo malo. En lo positivo está la potenciación de las capacidades humanas más allá de lo imaginable; también están las libertades de expresión, de información y comunicación, un mundo fascinante que desdibuja fronteras y redefine los límites de lo pensable.

En 2013, con visión se adicionó al artículo 6º de la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluido el servicio de Internet. Ha sido política pública del actual gobierno hacer realidad este derecho y en días pasados se dio inicio a la banda ancha compartida, un medio fundamental para que el mercado y la industria, en un marco de sana competencia, puedan otorgar este tipo de servicio incluso a las comunidades más apartadas del país.

La red también plantea riesgos; mayor libertad implica mayor responsabilidad y el espacio abierto conlleva que sea el receptor y no el emisor quien tiene que filtrar la calidad o veracidad de la información. Lo de ahora es la proliferación de información y en ocasiones noticias falsas construidas deliberadamente con el propósito de engañar o de obtener ventaja. También está el uso delictivo de la red, la afectación a la privacidad, el robo de datos personales y hasta el fraude cibernético o la extorsión.

En México y en el mundo se ha abierto un debate por el desempeño de la empresa Cambridge Analytica y la manera como utilizó la información para campañas electorales obtenida de la red con mayor número de usuarios en el orbe: Facebook.

El desafío de la comunicación comercial y política de siempre ha sido el llamado targeting, esto es, la definición del público objetivo a partir de sus características sociodemográficas, intereses, aficiones o necesidades. La idea es que el mensaje -forma y contenido- deben adecuarse a las características específicas del receptor de la información.

En campañas a través de los medios convencionales cumplir con el objetivo es difícil y en el mejor de los casos es de aproximación; de allí conocer los hábitos informativos ha sido una de las áreas de especialidad de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), en encuestas públicas. La comunicación directa a través de correo, el teléfono móvil o fijo ofrecen una oportunidad mayor para un mensaje de acuerdo con las características de la población objetivo.

En días recientes periodistas han aludido a la relación de negocio de GCE y la mía con Cambridge Analytica en el marco del proceso electoral en curso. No ha sido el caso, y es explicable que en el medio se haga referencia a GCE por las siguientes consideraciones: la base de datos de encuestados en vivienda y telefónica de la empresa es de más de 1.5 millones de registros. Este es un preciado acervo; sin embargo, por reglas internas y la normatividad a la que estamos sujetos por la Ley General para la Protección de Datos Personales impiden hacer uso comercial de esta información. Su empleo es interno y solo se utiliza para efectos de estudio e investigación.

Por otra parte, GCE es la única empresa que ha desarrollado una amplia infraestructura y tecnología que incluye estudios cualitativos y cuantitativos, además de una capacidad muy amplia para encuesta telefónica y en vivienda con personal propio y dispositivos digitales con aplicación para control de trabajo de campo y captura de datos. Asimismo, en años recientes se ha desarrollado un laboratorio de investigación en comunicación digital y big data empleando los programas más actualizados a efecto de evaluar y desarrollar campañas digitales de comunicación y proyectos de investigación.

Al respecto considero que el futuro de la comunicación tendrá que ver con el universo digital. Como he señalado, plantea oportunidades, pero también riesgos y amenazas. Entiendo que uno de los proyectos más modernos, exitosos y trascendentes como es la red Facebook deberá modificar sus estándares y normas para compartir información y eventualmente incursionar con mayor rigor por el difícil camino de cuidar contenidos y tráfico. Es un tema muy delicado que no solo tiene que ver con campañas electorales y la pretensión de proveedores de acceder a sus bases de datos de usuarios a manera de entender mejor al público a partir de sus aficiones, intereses y comunidades. También remite al uso abiertamente delictivo de la red y que es una de las grandes preocupaciones tanto en delitos infames como la pedofilia, así como el narcotráfico o el terrorismo.

El INE ha acordado con Facebook un esquema que le permite mejorar el cumplimiento de sus responsabilidades que van más allá del tema del financiamiento de campañas electorales. Cuidar contenidos es una prioridad no solo para la equidad electoral, sino también para salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos buscando un equilibrio óptimo entre libertad de expresión y el control institucional que le corresponde al órgano electoral.

Las campañas digitales llegaron para quedarse. Coexisten en un espacio de libertad amplia y de interactividad difícil de regular y restringir. La autoregulación debe estar presente en proveedores de servicios de la red, también en empresas que como GCE cuentan con amplios acervos de información y bases de datos. También los partidos y candidatos tienen su parte en esta tarea. Los ciudadanos a ejercer su libertad, acceder con responsabilidad a la información para discriminar lo falso de lo cierto.

De jeans, mujeres y constituciones

En memoria de Luis Donaldo Colosio

Ni Séneca, Espinoza, Hobbes o Kant, en su momento, al teorizar acerca del Estado, sugirieron la necesidad de redactar una “Constitución Moral”. Por ello, sorprende, a propios y extraños, que el candidato Andrés Manuel López Obrador proponga en pleno siglo XXI, la redacción de un documento cuasi-espiritual en el que, literalmente, se establezca qué deben ser, hacer, pensar y decir cada uno de los ciudadanos.

Más allá de lo inverosímil que resulta la propuesta, hay que reconocer la capacidad que tiene el candidato para lograr que su ofrecimiento parezca una inocua ocurrencia. No es así. A todos nos debe preocupar el contenido y los alcances que conllevaría la Constitución “Moral” que propone. En primer lugar, hay que decirlo, la redacción de este folleto moral, a todas luces, sería violatoria de nuestra Constitución que en su artículo 24 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”.

Así, la propuesta de López Obrador significaría, evidentemente, una afrenta a los derechos humanos. Y, como decía Nelson Mandela: privar a las personas de sus derechos, es poner en tela de juicio su propia humanidad. Es alarmante que un aspirante a la Presidencia de la República de México declare, abiertamente, su voluntad de limitar, una vez en el poder, los derechos humanos de los individuos. En un solo evento, al ser ungido como candidato de un partido, el PES, López Obrador presentó una idea que va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Mexicana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia se equivoca pues les pide a los mexicanos concretar un acuerdo “moral” cuando, en realidad, lo que este país requiere, quizá, es un fortalecimiento de la ética.

En ocasiones, es común confundir a la “moral” con la “ética”. Pero son, filosóficamente hablando, dos conceptos distintos. La moral es impuesta por la sociedad o los convencionalismos del poder y, por ende, ajena a los individuos. La moral se basa en un conjunto de normas, reglas, criterios y valores que deben ser respetados por todos los miembros de una comunidad sin discusión. La moral no pregunta. Más bien se impone y adopta de forma autoritaria.

Por su parte, la ética es reflexiva y crítica, pues, precisamente, nos permite discutir y reflexionar en torno a la moral. La ética, por tanto, es individual. Cuando decimos que alguien es “ético”, afirmamos que esa persona ha interiorizado una serie de valores y que actúa con base en ellos. Así, la ética es reflexiva y, por tanto, consecuente con la democracia, cuya premisa básica es la coexistencia de la diferencia, esto es, licencia a la tolerancia del otro, del que disiente o rechaza.

Pongamos un ejemplo práctico. Durante gran parte del siglo XX, era moralmente mal visto que las mujeres usaran pantalones de mezclilla. Esta prenda, se decía, era exclusiva de los hombres. Las mujeres que sólo usaban faldas o vestidos eran consideradas “moralmente” valiosas. A la inversa, aquellas que se atrevían a usar jeans para ir al trabajo eran, constantemente, discriminadas, excluidas y criticadas. Se decía, injustamente, que las mujeres que usaban pantalones de mezclilla eran “poco femeninas”.

Con el paso de los años, alrededor del mundo, haciendo uso de la ética, tanto hombres como mujeres se dieron cuenta de que la regla “moral” que prohibía a las mujeres el uso de jeans era, sinceramente, un sinsentido ¿Por qué las mujeres no podían usar pantalones? ¿Por qué la comodidad que ofrecían los jeans sólo debía ser aprovechada por los hombres?

Actualmente, el uso de los pantalones de mezclilla se ha generalizado en las mujeres. Resultaría ridículo que alguien se atreviera, en pleno 2018, a criticar “moralmente” a una mujer por traer unos pantalones vaqueros. Y ese es, precisamente, el mayor problema de la moral: se circunscribe a un grupo determinado y, con el paso de los años, pierde vigencia.

Además, los códigos morales, suelen castigar, severamente, conductas que, en realidad, si se analizan desde una perspectiva ética, no son ilegítimas ni socialmente repudiables. Recordemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se prohíbe comer carne de cerdo, tener sexo antes del matrimonio y hacerse tatuajes. Todas esas conductas que estaban prohibidas en su momento hoy son cotidianas. La moral evita, de forma autoritaria, que los individuos actúen o piensen libremente. Vista así, lejos de ser canal hacia ella, las más de las veces la moral obstaculiza la felicidad.

Cuando López Obrador habla de “Constitución Moral”, precisamente, está invitando a redactar un documento en el que, violando nuestras libertades, se nos diga qué está bien y qué está mal. Con el triunfo de las democracias, los derechos humanos cobraron relieve e impulso en la segunda mitad del siglo pasado, justamente con la intención de evitar que líderes políticos pudieran, otra vez, dictar, autoritariamente, códigos morales.

Es claro que López Obrador es un antiliberal, aunque diga que siente fascinación por Benito Juárez, a quien evidentemente no entiende. Su austeridad ejemplar no era un argumento para ganar votos o simpatía, sino una forma de ser. El liberalismo, y aún más el que practicaba Juárez, siempre se ha sustentado en la ética mientras que el autoritarismo lo hace en la moral. Ningún liberal, jamás, se habría atrevido a proponer un nuevo código moral. Eso sólo lo hacen y es común en los conservadores.

México no requiere una Constitución Moral sino, más bien, funcionarios públicos con valores y principios éticos que tengan el conocimiento, la capacidad y la experiencia necesaria para acabar con los grandes problemas que nos aquejan. La ética en el servicio público es la clave para que México, por fin, se transforme, pues, como dice, Jacques Rancière: un ser sin ética vive en el “desacuerdo”.

El TLC y la elección

El hecho político no es un acontecimiento aislado. No lo es respecto de sus antecedentes, los factores de poder implicados, ni de la ingeniería legal que lo enmarca y que lo hace vigente y mandatorio, como lo es todo hecho político significativo.

Se vive en un intenso proceso electoral en el que se pone a discusión la validez y vigencia de decisiones fundamentales para el país cuya continuidad algunos ponen en duda.

Andrés Manuel López Obrador propone se sometan a revisión los contratos derivados de la aplicación de la Reforma Energética. Contratos suscritos con el gobierno de la República, llámese como se llame el presidente en turno y el partido político que está en el poder. Se plantea detener el proyecto, ya en curso, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y se alega, en contra de todo sentido común y jurídico, que los contratos implicados del proyecto en curso no corren riesgo alguno. Se preservarán algunos logros de la Reforma Educativa, pero se respaldará a la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Se habla de la eventualidad, que pone en duda la eficacia y legitimidad del aparato electoral, de una irregularidad en los comicios del próximo primero de julio que “desamarraría al tigre”. Las posturas anteriores generan dudas e incertidumbre, así como consecuencias inmediatas. Por eso, la calificadora Fitch alerta sobre el retraso, para efectos prácticos, la no aplicación, de las reformas estructurales y, por tanto, del aumento de México en su calificación riesgo-país.

Es época, quizá como nunca, de cuidar las palabras y, llegado el caso, las decisiones. Sin validarlas o invalidarlas en sus propios méritos no pueden olvidarse antecedentes, grupos afectados, repercusiones en múltiples ámbitos. Las decisiones políticas son de consecuencias reales. Si alguna duda hay, está el caso del candidato Trump a quien no pocos vieron con complacencia bajo la tesis de que cambiaría una vez estando en el cargo. No ocurrió así.

Quedan semanas para discutir en serio, en sus distintas aristas, lo que se ha dicho de la política energética, del aeropuerto de la Ciudad de México, de la amenaza que ahora dicen que no fue amenaza respecto del tigre desatado después de la elección presidencial.

Hay situaciones en curso que sería irresponsable ignorar por el futuro del país y que tienen que ver con las actitudes revisionistas que algunos han planteado, que están relacionadas con el comportamiento futuro a corto y mediano plazo del tigre amarrado o desatado; son circunstancias que involucran con la mayor seriedad al interés nacional.

Está en proceso la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés. El solo nombre, en uno y otro idioma, tiene consecuencias jurídicas y políticas muy diferentes. Para los Estados Unidos se trata, por sus siglas en inglés, de un agreement. Para los mexicanos es un Tratado, con las consecuencias jurídicas que tiene de acuerdo con el Segundo Párrafo de la Fracción I del Artículo 76 Constitucional. En el país vecino existe alerta porque saben las implicaciones colaterales de un acuerdo de tal naturaleza. La negociación es de gobiernos, el acuerdo es de naciones.

A nadie escapa, se respalde o no el TLC, la importancia que tiene para el modelo mexicano de desarrollo económico y para los fundamentales de la economía en general y familiar, comenzando por el nivel de precios, el tipo de cambio y la tasa de interés.

En los últimos meses hemos visto las altas y bajas tanto reales como discursivas de las conversaciones parte de esa renegociación. Desde los arranques retóricos del presidente de los Estados Unidos en contra de México, y del maniqueo balance histórico que él hace de 24 años de vigencia del Tratado, hasta el anuncio y el informe de los avances concretos de una negociación complicadísima por la materia e intereses en juego.

La parte negociadora mexicana ha sido veraz en el difícil punto medio entre el optimismo irresponsable y el catastrofismo fatalista derivado de una lectura lineal y simple de la historia. Como opinión pública, sólo sabemos lo que tenemos que saber ante el necesario sigilo, prudencia y realismo que supone una renegociación con un actor tan poderoso como multifacético, que son los Estados Unidos de América. De aquí surge una preocupación que no está en el ánimo mediático: ¿qué sucede si el equipo negociador mexicano consigue la actualización y continuidad del TLC?

Con ese fin exitoso el tema no ha concluido. Ya no. Los tiempos mexicanos no son los de 1994 y la entrada en vigor del TLC. Una negociación exitosa del TLC tendría que ser ratificada por el Senado de la República. El periodo de sesiones ordinario de esta Legislatura concluye el 30 de abril. ¿Habrá Tratado negociado sujeto a ratificación para ese entonces? Es improbable por no decir imposible. Es el último periodo ordinario de esta Legislatura. Para la misma no habría condiciones políticas, ni durante el proceso electoral y difícilmente en las semanas inmediatas a la elección, para convocar a un periodo extraordinario que permita al Senado discutir y, en su caso, aprobar el TLC renovado.

Ante el calendario probable de una negociación áspera e incierta y los tiempos constitucionales del Senado de la República, todo haría suponer que será el siguiente Senado, a partir del primero de septiembre, incluida la mayor o menor parte que le corresponderá al tigre en su integración, discutir y aprobar ese Tratado.

Quizá es prematuro minimizar o maximizar el efecto de ciertos cambios que forman parte natural del proceso histórico de una nación y de las alteraciones inherentes a su interacción diaria, sobre todo económica, con la comunidad internacional y con la geopolítica que le condiciona.

24 años de TLC arrojan un saldo positivo. Simplemente, la reducción de la tasa de inflación no se habría logrado sin la apertura comercial. Contra muchos pronósticos, no se puede descartar que la parte mexicana logre su cometido de revitalizar al Tratado y que éste continúe y se amplié en los próximos años. Si ese fuese el caso, está en manos de un todavía incierto Senado, si se antepondrá la inteligencia y la frialdad, ajena a prejuicios y traumas, como expresión de una verdadera posición patriótica. Nadie parece tomarlo en cuenta hoy, pero eso dependerá de los electores y los elegidos.

Legalidad, la madre de todas las batallas

En los últimos años, el origen de nuestros problemas como nación genera acalorados debates. Algunos sugieren la tesis de que la causa de nuestro rezago es de orden cultural y de valores. Hay quienes, en cambio, lo atribuyen a la falta de instituciones capaces de crear una visión de Estado. Y no faltan aquellos cuyos diagnósticos refieren la causal histórica. Pero más allá de los conceptos teóricos, todos los análisis serios coinciden en un punto: la ausencia de una cultura de la legalidad.

Mal haríamos en asumir con fatalidad el diagnóstico. Decir que en México no existe una cultura de la legalidad, no significa que debamos resignarnos como si no hubiera nada qué hacer. Lo que sí es claro es que nos enfrentamos a un problema profundo, presente en muchas formas, y del que la sociedad, en sus hábitos y creencias, participa activamente. Así, la falta de legalidad en México no debe vislumbrarse como un problema únicamente gubernamental o estatal, sino que, más bien, la proliferación de conductas ilegales también es consecuencia de una sociedad desvalorizada.

La escuela y el hogar son núcleos donde aprendemos valores y cuando estas instituciones entran en crisis, como en México, se acrecienta el deterioro de axiomas significativos para la cohesión social.

Una buena definición de un problema es el mejor inicio para su solución. El déficit de legalidad es un tema cultural, histórico e institucional. No es con el voluntarismo como se resuelve. Tampoco las instituciones por sí mismas o los atributos de quienes las dirijan son suficientes para superar el problema. La situación debe atenderse desde muchos frentes y debe hacerse con perspectiva y con metas específicas en cada una de las áreas de trabajo.

En la circunstancia que ahora vivimos, la legalidad o su ausencia no es absoluta; es selectiva en ciertos espacios y procesos sociales. En realidad, en este sentido, no somos muy diferentes al pasado colonial: una sociedad regulada en exceso, pero poco avenida al cumplimiento de la norma. “Se obedece, pero no se cumple” parece ser maldición de origen y condena de destino, aunque no sea así. Muchos suscriben la idea de que la ley no es práctica, otros que la norma es un recurso al servicio del poderoso. Lo cierto es que pocos, quizás una minoría muy pequeña, asumen en todas sus consecuencias el axioma de la legalidad, es decir, la convicción de que es el medio necesario e insustituible para una convivencia civilizada.

La legalidad es parte de la vida cotidiana. El buen ciudadano no solo ejerce sus derechos, sino que también cumple con sus obligaciones. Desde la Constitución, pasando por los ordenamientos administrativos y hasta el reglamento de nuestro fraccionamiento o condominio, todos, autoridades y ciudadanos, estamos obligados a cumplir la ley.

Sin embargo, las autoridades y quienes las encabezan, con frecuencia encaran el dilema del cumplimiento de la ley a pesar de que la realidad corre por cuenta aparte. Solo como ejemplo está el tema del gasto electoral. La ley le ha concedido al INE responsabilidades de fiscalización que obligan a partidos y candidatos a un esfuerzo mayúsculo para rendir cuentas sobre el origen y el gasto electoral, y se han creado complejas instancias técnicas de auditoría y contabilidad para ese fin. Pero la realidad es que todos los partidos y candidatos, en mayor o menor medida, especialmente los que tienen posibilidades de ganar, obtienen financiamiento y gastan en proporciones mayores con recursos no reportados. Hay que aceptarlo: con frecuencia, el dinero no auditado es mayor que el formal.

La ley es para cumplirse. No hay coartadas válidas. Otro ejemplo electoral de fraude a la ley y de ausencia de una cultura de legalidad, son las campañas que hicieron dirigentes partidistas para promoverse personalmente al amparo del derecho de publicidad de los partidos. Existe un principio básico que es el de la equidad en la contienda, y para ello se ha prohibido la promoción personalizada con recursos públicos, así como se ha impuesto la definición precisa de los periodos de campaña. Las prerrogativas de los partidos no pueden usarse para promoverse personalmente, hacerlo constituye una evidente violación a la ley.

El problema de la ambigüedad en el cumplimiento de la norma nos lleva a situaciones extremas que, hoy día, se manifiestan en expresiones múltiples de impunidad y que afectan severamente la civilidad y la convivencia pacífica. La ausencia de certeza de derechos y una deficiente justicia en términos cotidianos significa el imperio del más fuerte o del más decidido a quebrantar la ley. Es un incentivo perverso: cumplir afecta, violar la ley beneficia. Así, en un extremo, se impone la ley de la selva, el imperio del más fuerte, del más violento, del más sanguinario, de aquél que no conoce, acepta o practica límites en su conducta hacia los demás.

Cumplir y hacer cumplir la ley no es fácil, pero el costo de no hacerlo es considerablemente más elevado. La ley es protección, especialmente para el más débil o expuesto, frente al más fuerte o poderoso. La incertidumbre de derechos afecta a la economía, menos a quienes han consolidado posición, mucho más a quienes inician o están en la base del ciclo productivo o comercial. La informalidad es una de sus expresiones; un problema que tiene muchas aristas, pero que se reduce a una ausencia de cultura de la legalidad que, a la larga, se revierte contra el informal y contra la sociedad.

Las elecciones tienen el potencial de ser además de didáctica cívica, una oportunidad para plantear problemas y comprometer soluciones. Los partidos y los candidatos deben encarar el problema de la deficiente legalidad en todas sus dimensiones y eludir el recurso fácil de soluciones basadas en el voluntarismo o proponer respuestas que van a contrapelo de la observancia de la ley y de sus procedimientos.

La exigencia es de cambio y es una paradoja que la mejor oferta no es tanto la de cambiar la ley (y crear instituciones) -tarea siempre necesaria- sino de cumplirla y hacerla cumplir. Esto significaría la transformación más importante y trascendente en la evolución del país. Un desafío que a todos convoca y compromete. No solo de autoridades y de representantes, también y particularmente, de ciudadanos.

¿Y la economía?

La economía es el eje de bienestar de las personas. Importa lo mismo en un país desarrollado que en uno como el nuestro, con estabilidad, pero desigual social y regionalmente; por eso está presente hoy de manera natural en las elecciones. Porque en el imaginario colectivo, la renovación de autoridades es vista como la oportunidad cíclica que tenemos de mejorar, y en la realidad, la economía es no sólo aquello que impide o permite mejores condiciones de vida y materiales de las personas y las familias, sino el motor que impulsa los otros factores que hacen posible el desarrollo, como son la seguridad, la salud, la educación y las libertades públicas.

La pobreza o las dificultades económicas son una realidad, pero tienen igualmente mucho de percepción. Tengo la impresión que el sentimiento de insatisfacción de la sociedad actual no se asocia tanto a las circunstancias objetivas, sino a un cambio en el estándar de bienestar y en los modelos de consumo que evolucionan con el tiempo.

Todos los candidatos y fuerzas políticas hablan de mejorar las condiciones de vida de las personas y familias. Aunque las ideologías que inicialmente marcaban los discursos van cediendo al pragmatismo, hay diferencias de perspectiva con distintas implicaciones. Lamentablemente, los candidatos tienden no sólo a simplificar las soluciones, sino que eluden un aspecto fundamental: el costo individual y social para que las cosas funcionen de mejor manera o de una forma distinta.

Por ejemplo, uno de los retos mayores para la funcionalidad de la economía nacional en su conjunto es abatir los costos implícitos en la informalidad. Una proporción importante de la economía no participa de las reglas comunes a todo negocio. Esto no necesariamente significa que estén en condiciones de privilegio, la informalidad con frecuencia paga un elevado costo, lo que sí es un hecho es que genera una significativa distorsión de la economía. No es lo mismo para un pequeño comerciante informal el pago de derecho de piso a un extorsionador o criminal, que las implicaciones del pago de impuestos de uno formal.

Eludir en la oferta política el esfuerzo que debe emprender la sociedad para mejorar las condiciones de vida y la calidad del gobierno y sus resultados, propicia discursos diseñados para complacer y en ocasiones para engañar. A diferencia de los opositores, los partidos gobernantes tienen mayores restricciones para una propuesta frívola o electorera, porque su presencia en el gobierno se vuelve referente de lo que puede y lo que no debe hacerse. Quienes disputan el poder, tienen mayores márgenes y es común verlos plantear propuestas inviables o simplistas, especialmente cuando, como ocurre en México, es elevada la insatisfacción social con lo existente.

El candidato Ricardo Anaya presenta una notable dificultad de conciliar posturas encontradas de las fuerzas que le respaldan en temas fundamentales de la economía. El PAN estuvo a favor de la reforma energética y en contra de la fiscal. La postura de sus socios en esta campaña, el PRD y Movimiento Ciudadano, fue en sentido contrario. La manera de eludir esta definición fundamental es centrarse en el gasto y ofertar soluciones sin considerar el ingreso.

Andrés Manuel López Obrador por su parte, tiene una posición clara respecto a la reestructuración del gasto público como medio para resolver buena parte de los problemas económicos nacionales. A su entender, una política de austeridad y de bajas remuneraciones a los altos servidores públicos generaría recursos suficientes prácticamente para todo; a lo anterior se agrega la idea de que sin venalidad, la obra e inversión pública sería significativamente menos onerosa. El problema es que los números no dan. Además, la funcionalidad de la economía necesariamente debe considerar las condiciones que propician la inversión privada nacional y extranjera, tema difícil de abordar para un político con la retórica de López Obrador. En estos momentos, es impensable por su inviabilidad, una perspectiva de desarrollo económico a partir de la exclusividad estatal de inversión y gasto público.

José Antonio Meade, dos veces secretario de Hacienda, acredita como ningún otro de los candidatos, conocimiento y experiencia en los términos prácticos de la economía. El desafío que plantea su campaña es cómo comunicar y generar adhesión a su conocimiento y perspectiva económica. El reto es doble: comunicar y convencer, con el agregado de que en la situación actual de encono social, el cambio es la premisa obligada de toda propuesta económica. No obstante, existen márgenes para construir vías que respondan a la exigencia ciudadana de cambio y a las complejas realidades de nuestro tiempo. Frente a la ambigüedad de Anaya y la inviabilidad de lo que propone López Obrador, José Antonio Meade tiene ventaja para plantear un cambio posible frente a estas nuevas condiciones, que sea realista en cuanto a las aspiraciones colectivas y sobre todo, que sea seguro.

La economía no es inmune a los errores de la política: la estabilidad macroeconómica de las últimas décadas ha sido un logro fundamental, que aunque insuficiente, a partir del trauma social de las crisis recurrentes de las décadas anteriores, debe cuidarse en sus fundamentales, más ahora cuando los estados nacionales han perdido control de variables clave, como es tipo de cambio, tasas de interés, precios de productos y servicios y montos de inversión. Una crisis se dispara literalmente en segundos partir de una mala decisión económica.

A los candidatos debe tomárseles en serio y aceptar que lo que dicen ahora es lo que definirá su gobierno si alcanzan el poder. Así, por ejemplo, muchos pensaron que el entonces candidato Donald Trump modificaría su orientación política y perspectiva ideológica una vez que alcanzara el poder; la realidad es que su desempeño como presidente ha sido consecuente con su postura como candidato y con su pensamiento político y empresarial de toda la vida, con todas las implicaciones que conlleva. La emoción propia de la política y de la campaña no debe llevarnos a negarle la importancia que tiene la racionalidad en el ejercicio responsable del gobierno que todos deseamos. Hoy que el tema es la economía, el voto informado es prioridad y para ello el debate y la información son esenciales.

En búsqueda de la elección virtuosa

La vía democrática para la disputa por el poder plantea retos y condiciones que deben atenderse para resultar virtuosa. Al cierre del siglo pasado, gobierno y sociedad se plantearon alcanzar la normalidad democrática. Para ello se establecieron normas de equidad electoral: la democratización de la Ciudad de México, la independencia de la Suprema Corte de Justicia y de las autoridades electorales, así como el ejercicio eficaz de las libertades políticas fundamentales.

Los avances fueron significativos, pero hay tres temas que muestran rezago y que afectan la funcionalidad de la transición democrática: la impunidad legal y social, la partidocracia y, el déficit de ciudadanía. México tiene democracia sin demócratas, y la ciudadanía plena tampoco existe. La ineficacia del sistema de justicia abre la puerta a las coartadas que de muchas maneras se practican para prescindir de las complicaciones que en algunos grupos y sectores genera la observancia de la ley.

Han pasado 22 años del arribo de la normalidad democrática. Su primer fruto fue el gobierno dividido, esto es, cuando el partido del presidente pierde mayoría en la Cámara de Diputados en 1997; el segundo fue la alternancia en la presidencia, precedida del avance opositor en varias gubernaturas del país. El INE, se ha consolidado y las elecciones son la vía regular para definir autoridades; pero los procesos electorales no tienen capacidad legitimadora absoluta ni cierran el capítulo de la lucha por el poder, precisamente por la ausencia de demócratas. Constantemente malos perdedores hacen de la derrota argumento para regatear la necesaria reconciliación que deviene al término de la competencia electoral.

La elección de 2000 a pesar de lo que representa como parteaguas fundamental en la construcción de la democracia, es el único proceso sucesorio presidencial en toda la historia del país que ha tenido lugar en condiciones de normalidad. La primera alternancia contó, con la imparcialidad del órgano electoral. Pero también tuvo, y eso es lo que ahora se pone en duda, la disposición de los candidatos presidenciales derrotados, de reconocer con oportunidad al ganador. Es lamentable que lo bien aprendido de aquel entonces se haya malogrado en las dos elecciones posteriores al 2000. De hecho, las elecciones de 2006 y 2012 han sido sucedidas por intensas campañas contra el sentido del voto mayoritario, con el desgaste del conjunto del sistema y de la institucionalidad electoral.

Desde luego, que quien no es favorecido por el voto está en su derecho de impugnar a través de las formas y procedimientos que define la ley, cuando existan motivos; pero esta situación es muy diferente al permanente regateo del resultado y su cuestionamiento político y mediático, simplemente porque la elección no me favoreció. Una elección deja de ser virtuosa si quienes compiten no interiorizan el código básico de la civilidad democrática que es el reconocimiento del resultado.

Las campañas anticipan ser una competencia intensa y vehemente por el poder. Sin embargo, esto por sí mismo no es virtud si no se acompaña de un voto informado a partir del contraste y confrontación de ideas que se da en la actividad de proselitismo y la comunicación de los partidos y sus candidatos, así como el escrutinio de la sociedad, especialmente a través de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales y civiles.

Como tal, debe quedar claro que los actores centrales del teatro democrático son los ciudadanos, no los partidos ni tampoco los candidatos. Precisamente por ello, es necesario que la competencia genere las condiciones necesarias para un voto informado.

Como en el 2000, la imparcialidad de las autoridades electorales está garantizada. Sin embargo, la concurrencia de elecciones vuelve sumamente compleja la organización de los comicios y las reglas para el cómputo de múltiples elecciones hacen difícil la tarea de escrutinio en casillas. Es un avance el empleo de la casilla única para los comicios próximos, pero, como lo ha señalado el consejero Murayama, no se ha resuelto un esquema de agilidad en el escrutinio y cómputo de votos. De esta forma la contabilidad de la elección presidencial se hace después del escrutinio de las otras elecciones, lo que significa que los conteos rápidos retrasarán sus reportes y que el PREP tenga una mora en la integración de los resultados, posiblemente hasta después de la medianoche.

Es preciso destacar que la información oportuna y precisa de la elección ha sido fundamental para la confianza electoral y la certeza de los resultados. El INE así lo previó, pero la resolución del Tribunal Electoral lo revirtió seguramente por razones estrictamente de legalidad. Las encuestas de salida no son concluyentes, más aún con el precedente de 2016, cuando se presentaron errores generalizados.

En las condiciones actuales, las encuestas de intención de voto pueden jugar un papel nocivo para la certeza electoral. La inseguridad y la desconfianza presentan circunstancias complicadas para esos ejercicios de aproximación. Las empresas y los medios deben ser más claros sobre las dificultades para medir con razonable precisión el perfil del probable resultado. En 2012 muchas fueron las que se equivocaron, no en dar ganador, sino en la distancia entre primero y segundo. Una elección cerrada plantea un gran desafío, más con la polarización que desde ahora se advierte en la sociedad.

Estos son los retos que enfrentamos. La transición democrática inició y se desarrolló en circunstancias de distribución del poder ante diversas fuerzas políticas. Ha sido un proceso complicado, pero las reformas alcanzadas en la historia moderna y los acuerdos surgidos en el marco del Pacto por México han convalidado la idea que la pluralidad en la representación y un gobierno dividido, no son impedimento para la gobernabilidad si somos capaces de alcanzar acuerdos en lo fundamental.

* * *

Francisco Labastida contó, como ninguno otro candidato, con el respeto total y absoluto del presidente en funciones en una elección que dio lugar a una alternancia históricamente ejemplar. Una pena que pasados casi 18 años el ex candidato del PRI no pueda asumir su responsabilidad por lo que fue el primer revés del tricolor en elección presidencial; derrota que no se asume, se vuelve fardo de por vida.

El espectáculo demoscópico

Las encuestas y los encuestadores en todo el mundo viven su periodo de mayor descrédito y desconfianza. En países como el nuestro, han pasado de ser un factor de certeza y auditoría ciudadana, a otro que pone en entredicho la credibilidad y seriedad de los estudios demoscópicos. El deterioro de la credibilidad de estas empresas en México empezó hace ya algunos años y la industria ha dejado de lado atender el problema. La razón es un contrasentido: los malos resultados de sus estudios no han afectado el éxito comercial de muchas empresas que repetidamente se han equivocado. En 2016 erraron hasta en las encuestas de salida, algo que no había sucedido.

Para muchos, las encuestas fallan porque quienes las hacen están sometidos a los intereses propagandísticos de los actores de la contienda. No comparto tal visión. Pero creo que lo más grave es que quienes publican resultados no informan sus intereses comerciales vinculados con los proyectos en la competencia electoral. Los medios que las difunden no son responsables de los resultados, salvo que la investigación corra a cuenta de ellos mismos. Las empresas encuestadoras son las que deben rendir cuentas y cuando se dan malos resultados, las explicaciones han sido elusivas y, sobre todo, autoexculpatorias.

Lo primero a destacar es que la precisión en las encuestas requiere de un entorno de confianza entre encuestado y encuestador. Hoy esto no ocurre por dos razones: la inseguridad y la controversia sobre la parcialidad de los encuestadores. Actualmente, las casas encuestadoras enfrentan grandes retos asociados a las tasas de rechazo y de no respuesta. El clima de desconfianza es tal, que provoca que los ciudadanos se muestren reacios a participar de las encuestas o a no responder ciertas preguntas de éstas.

En 2012, la mayoría de las encuestas públicas se equivocaron porque deliberadamente hicieron un cálculo erróneo de la no respuesta. Pública y privadamente la consideraron neutral, es decir, que quienes no respondían era porque no iban a votar o si lo hacían el voto se daría en la misma proporción de quienes sí expresaban el sentido de su voto. El error fue generalizado. Afortunadamente, la ventaja del candidato ganador fue suficiente como para mantener una victoria clara; muchos encuestadores plantearon que se ganaría por dos dígitos, sólo fue por poco más de 6%. Los hechos merecían una explicación.

Los estudios internos del PRI en las encuestas de salida seguramente también se equivocaron, al menos en su mayoría, ya que la reacción inmediata después de la elección era la convicción de que habían logrado la mayoría en el Congreso, lo que hace suponer que sus cifras eran coincidentes con la mala medición de las encuestas previas. Algo semejante ocurrió en 2016 en las elecciones locales. Las encuestas de salida dieron triunfos inexistentes. Es un hecho que quienes se equivocaron no sufrieron el costo del descrédito, quizás porque una parte del mercado de encuestas electorales pretende resultados a modo y por eso vemos que los sondeos son ahora parte del escenario propagandístico de las campañas.

El problema debe preocupar porque en 2018 el entorno es sumamente complicado. Desde ahora se advierte un tratamiento irresponsable si no es que frívolo de las intenciones de voto cuando las campañas todavía no han iniciado. Es evidente que lo que ahora muestran los estudios no es lo que habría de ocurrir.

La estrategia de López Obrador con las encuestas es adelantar la tesis de que su ventaja es irreversible. Ricardo Anaya, por su parte, busca acreditar que la competencia es de dos. José Antonio Meade resolvió privilegiar la precampaña, para motivar y unificar a los miembros de los partidos que abrazaron su candidatura. Esto último habrá de cambiar al enfocar el objetivo hacia los electores que no pertenecen a ningún partido y que son mayoría. También podrán darse cambios en las tendencias porque los candidatos independientes ahora iniciarán su etapa de proselitismo.

Hay un tiempo todavía por recorrer. La ventaja que ahora muestra López Obrador podría sufrir una merma si continúa incurriendo en errores estratégicos y de comunicación. Esto es así porque no es lo mismo que él sea vehículo de la inconformidad, como lo ha sido todos estos años, a ser una opción de gobierno. Por ejemplo, en estos momentos no le cuesta tanto la apología a los criminales con su idea de amnistía y la recriminación a las fuerzas armadas y al secretario de la Defensa. En la proximidad del voto, seguramente esa visión adquirirá otra dimensión y valor a los ojos de los ciudadanos.

Las preferencias, en los próximos meses, se moverán de forma relevante. Ricardo Anaya ha resuelto disputar a López Obrador la postura contestataria y antisistémica. Seguramente, el crecimiento del candidato del Frente será a costa de López Obrador, con el problema de que lo que gane Margarita Zavala será a costa de Anaya. Por último, también es probable que Jaime Rodríguez y Ríos Píter sumen electores que podrían votar por Andrés Manuel López Obrador.

El PRI es la marca más desgastada por el ejercicio en el poder, pero también es el partido con mayor estructura y, especialmente, con muchos miembros de prestigio, honorables e indiscutible reputación en prácticamente todas las localidades. El candidato de este partido hizo lo correcto que fue arreglar la casa propia. El partido que postula López Obrador ha recogido de todo, precisamente por la carencia de cuadros, mientras que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han perdido claridad programática por las diferencias de proyecto de cada uno de los partidos.

Hoy no se puede anticipar el resultado de la elección. Lo que sí se sabe desde ahora es que será una contienda que se desahogará con vehemencia y pasión, como es toda disputa por el poder nacional. Los encuestadores debieran estar atentos en investigar y ofrecer información sobre el entorno, y no solo sobre la intención de voto. Los estudios de humor o ánimo social, de hábitos informativos, de valores y de confianza ciudadana adquieren hoy día la mayor relevancia. Hacia allá también debe orientarse el esfuerzo de las empresas y el interés de los clientes. Lamentablemente, estos estudios no tienen el interés noticioso o mediático de los reactivos sobre intención de voto. Indagar en estos temas ofrece más información de lo que se cree y también es la puerta para que candidatos y partidos tengan claridad sobre sus fortalezas y debilidades en una contienda que todavía tiene mucho por desahogar.

Observadores, consultores y propagandistas

Las elecciones son fenómenos muy particulares. Durante los procesos electorales, ocurre algo semejante a las contiendas deportivas, donde los espectadores deciden un favorito. Las elecciones, como los deportes, despiertan pasiones por la conexión íntima del público en la competencia; en el futbol la tribuna es el jugador número 12. Pero, como en los juegos entre un equipo y otro, las elecciones se ganan no con simpatías manifiestas, sino con goles, con encestes, con jonrones impulsores de carreras, es decir, con votos.

Mientras las anotaciones ocurren, de un bando o de otro, es lógico que las emociones estén a flor de piel. En una contienda electoral, también se establecen conexiones simbólicas entre los aspirantes y los ciudadanos, que remiten a temas de psicología profunda. Las elecciones tienen esa capacidad de despertar pasiones incluso en aquellas personas que, normalmente, se mantienen al margen de los asuntos públicos. Hay de todo: los apasionados por una causa, los vehementemente opositores a otra, los que están a favor de todo (pocos) y los que están en contra de todo (muchos).

Además, así como hay un público expectante, también hay un segmento interesado. Justo como ocurre, con los deportes. La mayoría de los ciudadanos se involucran en las elecciones porque están interesados en mejorar la situación actual. Sin embargo, también hay quienes deciden participar en un proceso electoral por conveniencia o por intereses personales. Así, todos los días, vemos en los medios a decenas de analistas, editorialistas, encuestadores y una variedad de comentaristas expresando sus opiniones y puntos de vista. El mandato obligado es la imparcialidad y la objetividad. Lo cierto es que cada cual tiene derecho a apoyar o criticar a un candidato o a otro. Lo que hay que tener claro siempre, es si la preferencia corresponde a un análisis objetivo o a un interés específico.

López Obrador ha tenido la habilidad de crear percepción de que su campaña anticipada, el elevado conocimiento que hay sobre él y la preferencia de poco menos de la tercera parte de los encuestados, le tienen asegurada la victoria, una suerte de triunfo irreversible. Continuamente, se repite en los medios que la victoria de López Obrador es más que segura. Cada quien está en su derecho de creerlo. Además, a diferencia del pasado, AMLO ha tenido una explícita actitud de cooptación vía designaciones de miembros de gabinete y candidaturas anticipadas o reclutamiento de figuras políticas de otros partidos, y esto ha reforzado la idea que más le conviene a su campaña, la de un triunfo inevitable. Pero, la elección todavía no ocurre.

Lamentablemente, algunas casas encuestadoras pierden de vista el tema de la temporalidad y el mal humor social. Existe un interés noticioso en conocer las intenciones de voto a manera de pronóstico, y los partidos lo saben. Por eso lo que vemos en estos días es a un López Obrador que muestra muchas encuestas -buenas, malas y falsas- para ratificar la idea de su ventaja como algo irreversible. Pero lo que no dicen esos encuestadores es que los resultados invocan, sobre todo, reconocimiento de nombre y no necesariamente intención de voto. Es natural que así suceda con un candidato que ha estado en campaña por lo menos desde 2000. Pero otra vez: donde habrán de hacerse las jugadas, donde se cometerán las faltas, los fuera de lugar o los errores y los strikes, es en el terreno del juego, que para efectos prácticos son los meses de campaña electoral. Allá los encuestadores que miran esta elección como si trabajaran en una casa de apuestas.

Por otro lado, en estos días también han aparecido los “consultores”, quienes con mayor o menor elocuencia anticipan un resultado aprovechando esa duda natural que impera respecto a la elección. Pero a diferencia de los deportes, donde uno sabe que el declarante es “chiva de corazón” o simplemente “águila”, en la competencia electoral, el juego de manipulación debe identificarse. Quienes dicen que la elección ya está decidida y elevan a su favorito a una ventaja prácticamente irreversible; los que declaran derrota antes del silbatazo inicial, son parte interesada de la campaña mediática de uno de los candidatos. La eficacia de este tipo de voceros descansa en construir verdades de manera sutil y como si fueran resultados de juicio objetivo, profesional e imparcial. Pero tienen que ser vistos como lo que son, propagandistas contratados para ello.

Hace seis años, precisamente en febrero, en la empresa que presido, Gabinete de Comunicación Estratégica, ofrecimos una explicación en el noticiario que conducía Ciro Gómez Leyva en Milenio Tv, sobre la decisión que tomamos de no publicar encuestas de la elección presidencial. La razón fue que en esas fechas suscribimos contrato de servicios profesionales para una de las partes en competencia. Desde nuestro punto de vista, esto nos impedía participar en la difusión de este tipo de estudios, por una suerte de conflicto de interés. El hecho adquiere relieve ante lo que ha sucedido desde siempre y ahora cobra mayor importancia: el analista, encuestador o consultor que se arroga objetividad e imparcialidad debe exponer para quién trabaja.

El debate entre candidatos también se da en el público expectante y en el segmento profesional que sigue las campañas y las elecciones. Nada malo hay que se tome partido, pero que se diga, no que se encubra. También es bueno que haya un sector al margen de la contienda, pero que observe con rigor y haga ejercicio de la crítica a unos y otros. En especial, es fundamental que los electores adviertan las inconsistencias o las contradicciones que suelen caracterizar a las campañas, especialmente de quienes participan con un sentido de superioridad moral. El escrutinio de la sociedad a través de los medios es un componente fundamental para el voto informado y, por lo mismo, adquiere una dimensión mayor en tiempos de contienda. Hay un tramo todavía por delante.

No hay derrotas ni triunfos cantados. Las encuestas están cargadas por las diferencias significativas en el conocimiento de los candidatos. El debate no ha empezado y el escrutinio ha sido más bien complaciente y elusivo de temas fundamentales. Por la naturaleza propia de la competencia, es difícil que esta situación continúe y, por lo mismo, se pueden anticipar cambios en las intenciones de voto del momento. Lo recomendable es mantener reserva sobre los pronósticos interesados, y diferenciar entre la información de la contienda y la propaganda encubierta.

El futuro, entre la continuidad y el cambio

La renovación de poderes se debate entre la continuidad y el cambio, sobre todo en este último. De eso se trata. Incluso el mismo partido gobernante implica un cambio, no sólo de quien ocupará el cargo público, sino de la forma y fondo del desempeño. En el México unipartidista, se pueden trazar con claridad estas transformaciones en ocasión de la renovación sexenal. La alternancia no siempre corresponde a la expectativa de quienes llevaron al poder al nuevo proyecto, de la misma manera en que tampoco ha habido continuismo si las mismas siglas se mantienen en el poder.

El tema del que todos hablan es el cambio. Lo que es explicable, también, por el estado de ánimo de la población que aspira a una mejora sustantiva en su economía, en la calidad del gobierno y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad. Los descontentos son considerablemente más que los satisfechos, pero el grupo mayor es el de los preocupados, que son los que van a decidir la elección. El tema es que hay mucho por cuidar o preservar. En otras palabras, el cambio atiende más a un sentimiento o emoción; pero para conservar lo que existe y funciona se requiere de razón, de un “stop and think”, de un detente y piensa.

Los problemas que obstaculizan la mejora de gobierno, en todos los órdenes, se relacionan con que quien llega al poder no comprende, no valora ni dimensiona lo positivo que recibe. Lo anecdótico se impone y con gran facilidad se interrumpen proyectos, programas, iniciativas y procesos en vías de maduración. Así, el mejor presidente de México no es aquel que rompe con todo lo anterior sino, más bien, aquel capaz de conciliar las aspiraciones y necesidades de transformación, con la valoración de lo que existe.

En las próximas elecciones, de las tres propuestas ya consolidadas, la de la coalición Juntos Haremos Historia, que postula a Andrés Manuel López Obrador, tiene una posición ambivalente: por un lado, propone cambiar todo lo que existe, incluyendo reformas aprobadas por la pluralidad o grandes obras de infraestructura en curso como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de este ánimo de cambio, López Obrador también postula el regreso al México no democrático. Se trata, sin duda, de una postura que añora el estatismo que, en gran parte del siglo XX, anuló la iniciativa individual y convirtió a México en el país de un solo hombre. La coalición Juntos Haremos Historia representa el regreso al presidencialismo en su máxima expresión, un modo de ejercer el poder que por igual reparte, castiga o absuelve.

Por otro lado, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, plantea continuidad y cambio, pero se centra en aprovechar el ánimo de rechazo al actual estado de cosas. Como resultado de la coalición que el PAN hizo con el PRD, niega o rechaza lo que hizo su partido cuando gobernó. Esto le representa un problema: por satisfacer programáticamente a un asociado con una base social considerablemente menor a la suya, enajena a una parte del panismo. Esto constituye un error si tomamos en cuenta el reto que le plantea la candidatura de Margarita Zavala. El número de simpatizantes de Ricardo Anaya podrían verse afectados en el momento de campaña si quien pretende ganar la Presidencia no aprovecha los logros de los sexenios panistas. Ni siquiera el tema de la violencia tiene un impacto que enajene a los votantes del PAN. Felipe Calderón guarda reconocimiento y respeto de una proporción importante de los ciudadanos y es, por mucho, un activo del PAN y de su candidato presidencial.

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, por su condición de ciudadano y alto servidor público de dos gobiernos de distintos partidos, ofrece las mejores condiciones para conciliar cambio con continuidad. Su fortaleza es la racionalidad de su postura avalada por su trayectoria pública y perfil personal. Su desafío es traducir tal fortaleza en términos que sean bien recibidos, procesados y asimilados por la población. Las dificultades son tanto el difundido rechazo al PRI y, a su vez, a la necesidad de contar con un partido unificado y movilizado en su entorno en coordinación con las otras dos fuerzas políticas (PVEM y Nueva Alianza) que avalan su candidatura.

Los retos de López Obrador están en la organización territorial; sus fortalezas, en la comunicación emotiva; es débil en lo programático. Ricardo Anaya encuentra una ventaja en la fuerza de los tres partidos coaligados que lo postulan, pero tiene dificultades programáticas y operativas en tierra. Las fortalezas del candidato del Frente también están en la comunicación, pero envía mensajes ambiguos, resultado de la coalición que lo postula. Por último, las dificultades de José Antonio Meade provienen del entorno y de construir una propuesta emotiva que potencie sus fortalezas en el ámbito de lo racional. Sus fortalezas son él mismo, por su perfil humano y trayectoria profesional, así como su capacidad de procesar positivamente pasado, presente y futuro.

Es mucho lo que ha sucedido en México en el último lustro. Las transformaciones institucionales para dar fortaleza al país en el propósito de su modernización fueron resultado de un extraordinario esfuerzo de negociación y acuerdo sin precedente. Las reformas son más trascendentes, necesarias y válidas de lo que muchos alcanzan a percibir. Desde luego que requieren profundizarse y actualizarse, pero el argumento de continuidad es más poderoso y funcional que el de suspenderlas o revertirlas.

Para un desenlace óptimo de la elección es importante que, en el debate político, en el marco de la renovación de poderes, queden claros los términos prácticos y comprensibles de lo que debe continuar y lo que debe cambiar. Las generalizaciones no son útiles, quizás sirvan para dar curso a las emociones, pero niegan y anulan la razón y el voto informado.

López Obrador se ha centrado en decir lo que no quiere. De Ricardo Anaya se espera más claridad sobre muchos aspectos de la agenda nacional. También queda pendiente, seguramente para el periodo de campañas, que José Antonio Meade y su coalición precisen la propuesta propia sobre los términos de la continuidad y el cambio que se pretende.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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