Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Mesura hacia EU

No ha faltado quien haga señalamientos críticos al presidente López Obrador por su postura prudente y mesurada hacia el presidente Trump. El presidente mexicano puede ser en algunos temas belicoso, pero entiende con claridad el interés nacional. Muchos fueron desproporcionadamente críticos al gobierno anterior por la misma consideración: el cuidado de la relación bilateral. Cierto es que el presidente Trump despierta en muchos mexicanos un sentimiento de rechazo, pero también es cierto que mucho de lo que hace y dice tiene una motivación electoral.

Es un hecho que el gobierno ha sido cuidadoso en no caer en el juego de las descalificaciones. Finalmente, más que las palabras cuentan los hechos. En la coyuntura actual, pendiente de la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte, es preciso no ser involuntariamente parte en la encendida disputa entre republicanos y demócratas. El oportunismo electoral, quizás más que en ninguna otra parte, allá lleva a extremos y no es difícil que México sea afectado sin otra razón que la conveniencia coyuntural de cualquiera de las fuerzas en contienda.

El tema laboral es central en EU no sólo por razones económicas o de justicia, sino por consideraciones electorales. Trump ganó la nominación republicana y la elección presidencial porque pudo conectar con los trabajadores que ven en los migrantes un problema, así como el que muchas empresas resuelvan trasladarse a México para disminuir costos que en no pocos casos ha sido para éstas cuestión de supervivencia. Mantener sus líneas de producción con los costos del país vecino los obliga a una inversión considerable en automatización, lo que de cualquier manera afecta al empleo y a los salarios en el país vecino.

Se entiende que en el acuerdo comercial trilateral se haya puesto en la mesa la necesidad de una reforma laboral en México; no hacerlo frenaría al acuerdo. Ahora correspondía cumplir el compromiso y hacer una reforma en los mejores términos posibles para el país. En este empeño quizás debió haberse dado más espacio a la postura del empresariado nacional. Es una reforma que en el balance general es positiva, además promueve la modernización gremial y es un acierto de las autoridades, del Consejo Coordinador Empresarial y del sector laboral el que se haya suscrito un acuerdo para que el nuevo régimen sirva a los trabajadores y también a la economía nacional.

En el tema migratorio también es positivo que las autoridades mexicanas pongan en claro que el país no será santuario ni estación de paso de la inmigración ilegal proveniente de Centroamérica. Las acciones que se realizan en la materia, con estricto respeto a los derechos humanos deben ser un claro mensaje a las sociedades de nuestros vecinos al sur para desalentar el tránsito ilegal de personas por el territorio nacional. Por su parte, las acciones de política social en los territorios de emigración nacional es la respuesta no sólo la más humanitaria, sino la más razonable para retener el capital humano que se pierde, precisamente por las condiciones de pobreza en dichas regiones.

Otro de los temas de atención en la relación bilateral es Venezuela. Las autoridades mexicanas deben acreditar el interés de una solución pacífica y el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Lo que se ha hecho hasta hoy hace creer que en las autoridades hay afinidad hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Cabe destacar que los primeros años del gobierno anterior se mantuvo una postura semejante a la actual, en el sentido de mantener neutralidad y de distancia con la oposición venezolana. En los dos últimos años hubo un cambio importante. Es recomendable que a la luz de la evolución de los acontecimientos, sin comprometer los principios de la política exterior mexicana, un cambio en la materia y que acredite a México y a su gobierno como un país líder en derechos humanos y de una diplomacia activa y eficaz para hacer valer la democratización de Latinoamérica. Esto debe ocurrir no como concesión al país vecino, sino como una expresión del interés nacional. Ofrecer asilo político a Leopoldo López y a su familia sería un gesto simbólico de mucho significado y con apego a lo mejor de la diplomacia mexicana.

El Plan Nacional de Desarrollo no solo refiere al respeto que México tiene y debe al vecino, también habla sobre la necesidad de revisar en el marco de la ONU y en la relación bilateral la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes que ha dado muy malos resultados y que sí ha generado en México violencia y descomposición social e institucional.

Son muchos los temas críticos. Algunos de tensión y otros de fácil acuerdo y entendimiento. Por lo pronto es evidente que el interés en muchos temas fundamentales es compartido. México ha sido un buen vecino, pero, además, en la actual circunstancia también debe acreditar que en su gobierno hay sensibilidad y una inteligente mesura.

La inclusión y la reconciliación

La reconciliación es un proceso, un resultado virtuoso pocas veces logrado y a su vez, el camino más firme para la subsistencia de la democracia. Una vez pasadas las elecciones, lo que une a una sociedad democráticamente madura, no son las diferencias sino los objetivos o estrategias comunes para hacer frente a los retos del país. La situación de México, por el entorno internacional que nos toca vivir, no había sido lo complicada que es ahora y justo por tales desafíos se requiere dar un curso más explícito y decidido hacia la reconciliación, que lejos de lo que pudiera pensarse, no es muestra debilidad sino ánimo para construir una fortaleza de conjunto, tan necesaria para una nación como la nuestra.

Conciliar y reconciliar son verbos que para los demócratas se vuelven profesión de fe. Sin ellos, no hay vía posible para el acuerdo y sí en cambio para la imposición, que deviene siempre en amenaza autoritaria. Un buen principio para reconciliar es aceptar que en nuestro sistema político los inaceptables no son los adversarios, los críticos o los inconformes con el rumbo de las cosas; los indeseables son esencialmente los criminales, los que han saqueado recursos públicos o han ensangrentado al país, y para ellos debe haber un único consenso: el de aplicarles todo el peso de la ley. La legalidad debe hacerse valer siempre, ninguna forma de excepción es válida, ni la del pasado, ni las del presente.

Frente a la necesidad de reconciliar y unir al país, hay diversas ópticas. Hay quienes apuestan a la inclusión social como contrapeso de la inclusión política. De hecho, son conceptos muy distintos; la primera se refiere a la incorporación de los sectores más marginados y puede ser igual para los servicios sociales y financieros, la política, etc. El uso que se le da a la inclusión política más bien se refiere a la participación de la oposición formal en el proceso decisorio de los temas que unen. Lo primero es obligado, lo segundo es una opción que opera virtuosamente a partir del asunto que esté de por medio.

En este sentido, las dos se necesitan, y el primer piso de la inclusión y la reconciliación debe ser de carácter social; el segundo, político. Para que lo primero ocurra es necesario revisar el paradigma existente en materia económica y de ejercicio del poder. Se puede decir que es difícil que haya una auténtica y duradera reconciliación si ésta no es acompañada por la inclusión. Sin embargo, la inclusión no solo se asocia a un mayor bienestar social, también la incorporación de las personas al proceso productivo y construcción de ciudadanía. El mejor camino al bienestar y la dignidad de las personas es el trabajo; la forma más efectiva de participación es la del ciudadano que cumple obligaciones y ejerce derechos, no la de la masa.

La reconciliación política no requiere inclusión, más que todo se funda en un compromiso de coexistencia entre empoderados y opositores. En este sentido el respeto al otro es fundamental, como lo es el cumplimiento de la ley. Es positivo que el presidente López Obrador reitere su respeto a disentir; no es tanto cuando califica negativamente a quien disiente, como lo ha hecho innecesariamente al construir en el imaginario público personajes o grupos que representan amenazas a su proyecto. Basta con decir que no está de acuerdo, y en todo caso, que las distintas posturas estuvieron expuestas a consideración democrática y que la mayoría se pronunció por la posición del presidente.

La inclusión social y la reconciliación política son útiles, además de necesarias. El país es de todos y cada cual tiene su lugar y espacio. La reconciliación política es el proceso propio de la democracia. Quien más debe participar en lograrlo es el ganador. Además, no hay proyecto alguno que llegue al poder para la eternidad, tarde que temprano viene la renovación, incluso en entornos no democráticos, y quienes un día son convocados, al otro serán los convocantes.

Una de las desviaciones de la reconciliación política es cuando ésta se ve subvertida por la complicidad entre ganadores y perdedores a costa de los principios de ética pública y en ocasiones, hasta de la legalidad. O cuando quien gana no lo hace en función de un proyecto trascendental, sino con el simple propósito de estar en el poder. También cuando el que pierde es propenso a la corrupción o no tiene sentido de su compromiso con el proyecto que enarbola. El pragmatismo puede envilecer el acuerdo y la función propia del pluralismo.

La sociedad y los partidos políticos, no sólo el gobierno, deben hacer un esfuerzo mayor para dar espacio a la reconciliación. Los problemas y los anhelos de los mexicanos lo recomiendan y de alguna forma, lo obligan. Creo que con frecuencia perdemos mucha energía y tiempo en discusiones estériles, cuyo resultado es profundizar el encono y los desencuentros. Tenemos que hacer a un lado la disputa política y encontrar entre todos aquello que nos une en vez de seguir explotando lo que nos divide.

La justicia republicana

La justicia es tarea fundamental del Estado. Es un concepto amplio, filosófico y ético, que no solo se refiere a los procedimientos formales, sino a lo que atañe a la vida cotidiana en sus diversas expresiones. La justicia va asociada a la equidad y en ciertos sentidos a la igualdad. Hay un sentimiento social compartido de lo justo y lo injusto; sin embargo, como tarea de gobierno, ésta sólo puede tener una expresión: la legal. Para la persona o para un colectivo, puede haber diferencias entre lo legal y lo justo; no así para la autoridad. Para ésta, la única vía hacia la justicia es la ley. No hay dilema posible, mucho menos razón para privilegiar la justicia sobre la legalidad.

Una de las mayores exigencias públicas y condición para el progreso es la certeza. Para ésta y para la legalidad no hay coartadas. Se requiere que la autoridad cumpla con la ley y de esta manera provea certeza. El gobierno requiere actuar invariablemente con apego a la ley. Para el Estado, la justicia no se interpreta, simplemente se cumple, porque su expresión más acabada, no perfecta, aunque siempre perfectible, es lo que establece la ley. Un gobierno que se desentiende de obedecer la norma, con cualquier pretexto o incluso, con argumentos éticos que pudieran parecer incontrovertibles pero distantes o contrarios del texto normativo, siembra las condiciones para la desobediencia pública y también para la falta de certeza de derechos.

El anhelo de justicia es real, pero si se particulariza su sentido o se ideologiza, se corre el riesgo de desvirtuar el interés general. Es principio general de la seguridad jurídica que los particulares no puedan invocar para el incumplimiento de la norma, desuso, desconocimiento o práctica en contrario; con mayor razón las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanan, como implica el juramento de toda autoridad republicana. Tal compromiso no es un ritual vacío, tampoco es una obligación que se cumple solo en la medida de lo deseable o de lo posible.

El mensaje de incertidumbre jurídica que emite el gobierno es pernicioso en muchos sentidos, especialmente en el frente económico. Podríamos transitar a una situación crítica si se vuelve premisa de actuación de autoridad o de los particulares invocar la justicia por encima de la observancia de la ley. Llevar esta tesis a un extremo su destino es el caos o el imperio de quien tiene más capacidad para hacer valer su voluntad, a costa del ciudadano que tiene como único refugio y salvaguarda el estado de derecho.

Además, los temas fundamentales del gobierno actual sólo pueden cobrar realidad y trascender en términos de legalidad. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción no puede reducirse a una prédica moral y al supuesto de que ya no existe porque en las altas esferas de poder ha desaparecido. La corrupción se sanciona con la ley en la mano y es de elemental consideración que exista sanción para quien abusa. En otras palabras, la lucha contra la impunidad, base de la corrupción, se enmarca necesariamente en la lucha por la legalidad.

Las autoridades deben tener presente que es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Hacer valer la ley, en ocasiones requiere de vías de apremio que no está en manos de la autoridad eludir. Se cumple porque hay intereses de terceros que pueden resultar afectados, y se cumple porque es obligación de la autoridad mantener el orden y el estado de derecho. Hacer valer la ley no significa reprimir en el sentido simple de la expresión. Al contrario, no hacer valer la ley abre la puerta a la arbitrariedad y deja expuesta a la sociedad ante el infractor o quien incurre en acciones delictivas, como fue el caso de una parte del movimiento magisterial en Michoacán, que interrumpió el servicio público ferroviario como una medida de presión ante las autoridades locales.

Situación análoga se ha presentado con otra vertiente de esa fracción sindical, pero de Oaxaca. Su beligerancia y determinación ha impedido el desarrollo normal de las sesiones de la Cámara de Diputados. El gobierno ha hecho bien en no caer en la provocación, pero es un error ceder en hacer valer la ley, en no asegurar el trabajo normal de los poderes públicos y particularmente, en conceder razón en el fondo y modo a esa parte del magisterio, didáctica perniciosa porque muestra el camino con el que se tiene éxito ante las actuales autoridades.

En la República, donde gobiernan instituciones, para la justicia no hay otro camino que la ley. Por eso la Constitución concede al gobierno el derecho de iniciativa para modificar las leyes y la propia Carta Magna, pero no otorga espacio alguno para suspender la legalidad. La obligación es clara y contundente: el gobierno y su mayoría legislativa, no pueden invocar la justicia para desentenderse de la ley, por eso deberían dejar en claro que el cumplimiento con la ley es garantía de todos y base insustituible para la convivencia democrática.

 

 

El anhelo de la seguridad

Abatir el crimen y la violencia se ha vuelto el desafío mayor de ésta y de la pasada generación. Desde hace décadas, las cifras han ido en aumento. Los gobiernos de todos los órdenes y de todos los partidos sufren el desgaste derivado del embate, de la complacencia o de la complicidad ante la delincuencia. Los electores padecen la seducción de las soluciones rápidas y fáciles a un problema sumamente complejo y que demanda no solo la colaboración entre poderes y autoridades, sino también una participación muy activa de la sociedad.

El presidente López Obrador como candidato, anticipó que la solución llevaría años, sin embargo, la expectativa de siempre ha sido la de ver desde ya una disminución de los números de la delincuencia, a pesar de que muchos delitos están en el ámbito de las autoridades y cuerpos de seguridad locales y municipales. Se ha dicho con razón que el curso exitoso de la cuarta transformación pasa por la seguridad y una mejor justicia. Pero, insisto, no es cuestión de una autoridad, de un partido o de un proyecto político. Esta es, como pocas, una batalla de todos.

El liderazgo del presidente alcanza para hacer un llamado a todo el país a emprender una cruzada nacional por la seguridad y la justicia. Se tiene que atacar el problema desde muchos frentes. Desde luego, está el tema social, que tiene que ver con la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. No se puede criminalizar la pobreza, pero tampoco puede haber complacencia. La impunidad invita al delito. La observancia de la ley por todos es la premisa de civilidad y garantía de vigencia plena de derechos.

El presidente y el Constituyente Permanente han definido el marco jurídico para la Guardia Nacional. El Ejército y la Marina han sido un componente fundamental para dar fortaleza al Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Aunque mucho se ha avanzado en el sistema de seguridad nacional, las fuerzas armadas hasta hoy día continúan siendo la parte más confiable para enfrentar el problema. Esto plantea riesgos importantes, incluso para las mismas fuerzas armadas. La solución que se ha dado pretende combinar las virtudes del régimen castrense con las del de seguridad civil.

En este marco, es consecuente con la naturaleza de la Guardia Nacional que el presidente haya nombrado a un militar como su comandante, el general brigadier Luis Rodríguez Bucio. Con el nombramiento debe darse por terminada la discusión sobre el tema, y es un acierto pasar cuanto antes al desarrollo del marco legal que habrá de regularla. Es mucho lo que debe hacerse y ahora corresponde al Congreso y también al ámbito local dar impulso a un sistema integral de seguridad. Debe quedar claro que buena parte de los delitos y particularmente las acciones preventivas que más afectan a los mexicanos están en manos de la llamada policía de proximidad, la que normalmente está en peores condiciones en términos de capacitación, remuneración, reconocimiento y estímulos.

Uno de los problemas ha sido la insuficiencia de recursos para la seguridad, sin desconocer que no siempre ha habido su mejor y más adecuada aplicación. La seguridad cuesta, y mucho, pero es considerablemente más costosa su insuficiencia. El Poder Legislativo Federal y los locales deben emprender una reforma fiscal que etiquete mayores recursos para la seguridad. Por ejemplo, al reestablecer el pago de la tenencia vehicular bien podría aplicarse a la seguridad una proporción de dichos ingresos. De igual manera, debe hacerse un inventario serio de los recursos orientados a la seguridad. Las fiscalías deben fortalecerse de manera considerable, de la misma manera que los tribunales en materia penal. Otro de los temas de urgente atención es el sistema carcelario nacional. Las prisiones se alejan por mucho del espíritu humanista que busca la reinserción social del delincuente y hay sobradas evidencias que más bien son escuelas avanzadas para la delincuencia.

La cruzada por la seguridad debe ser una convocatoria del presidente y en ella deben participar todos. Es mucho lo que está de por medio y es evidente que por más esfuerzos que se hagan en el nivel federal, un avance en la materia requiere de la presencia de todas las instituciones públicas, privadas, sociales y de los ciudadanos.

Por lo pronto, hay una exigencia social inmediata que se vuelve necesidad para el gobierno federal: dar eficacia a la Guardia Nacional. El general Rodríguez Bucio reúne atributos que permiten ver con optimismo lo que viene. Su formación y trayectoria aseguran perspectiva global y también sentido de la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos y de una respuesta institucional moderna e inteligente contra el crimen, especialmente hacia la delincuencia organizada. Será tarea de la Secretaría de Seguridad Pública incorporar a todas las instituciones del ámbito local a un propósito compartido de responsabilidad para cumplir el anhelo fundamental de los mexicanos hoy día, el de la seguridad.

Tema de Estado

Cuando nacen las sociedades, los jefes de un Estado son los que dan a éste su carácter especial. Después, este carácter especial es el que forma a los jefes de Estado. 
Montesquieu

 

En una realidad democrática es importante diferenciar los ámbitos de interés del partido/coalición gobernante de los del gobierno y de los del Estado. Quien gana una elección lo hace a partir de una oferta que se asume votada por la mayoría y que, en consecuencia, tiene la obligación ética y política de gobernar conforme a ésta. La realidad se impone y es común que lo que se ofrece en campaña tenga matices o ajustes, pero debe prevalecer un sentido de compromiso con lo que se propuso en campaña.

El ámbito de gobierno pertenece al bien general, esto es, se gobierna para todos y es obligación de la autoridad, además de ajustarse a lo que determina la ley, actuar con imparcialidad y un sentido de compromiso hacia todos. El gobierno no debe tratar por igual a todos y no diferenciar por razones de región, clase, condición social o preferencia política.

El ámbito del Estado es lo que pertenece a todos. Cuando un presidente actúa en su condición de Jefe de Estado, lo hace representando al país, a todos, a todos los poderes públicos, a la pluralidad política y social. El interés de Estado es lo fundamental, es lo que nos permite transitar como nación libre y soberana, con un sentido de pertenencia a la comunidad internacional con apego a principios compartidos como son la vigencia de los derechos humanos, la protección del medio ambiente o la contención contra las amenazas mayores como desastres naturales, las pandemias o el terrorismo.

La relación con Estados Unidos casi siempre atiende a razones de Estado. Como tal, el presidente no está privilegiando a su gobierno, sino a la nación. Es una relación compleja por la asimetría social, cultural y económica; sin embargo, la historia registra un siglo de entendimiento y convivencia civilizada a pesar de dicha asimetría. El país vecino está inmerso en una crisis de transformación; igual México, y no solo remite a un nuevo gobierno, sino a un cambio de la sociedad mexicana que viene de tiempo atrás.

Los mandatarios de las dos naciones tienen su personalidad y un singular estilo de gobernar. Ha sido un acierto que el presidente López Obrador haya abonado a la prudencia, activo que no se aprecia en su contraparte. De hecho, el presidente Trump tiene una fama bien ganada de provocador y de calculado descuido en la relación con los gobernantes de otros países, especialmente con sus aliados. En comparación, nada mal le ha ido a México, aunque sus expresiones hacia el país y ocasionalmente hacia las autoridades no guardan comedimiento.

El presidente de México tiene una difícil y compleja tarea para lidiar virtuosamente con el vecino. Las baladronadas de allá afortunadamente han sido atendidas como lo que son. Es mucho lo que está de por medio en la relación bilateral, pues los Estados Unidos requieren de un buen vecino y aliado. Así es por su seguridad, por la economía y por la aportación que millones de mexicanos a la grandeza norteamericana a lo largo de su historia. No es gratitud ni reconocimiento lo que México requiere de Trump, sino algo más elemental: respeto. A eso es a lo que debemos aspirar y el gobierno de México está actuando con claridad sobre lo importante.

El interés de Estado de la relación implica que la sociedad y la pluralidad tengan en claro que más allá de las diferencias propias de una realidad democrática, los mexicanos estamos unidos en torno a nuestras autoridades al momento en que se hace valer el interés del país. El presidente López Obrador, puede y debe contar con el respaldo de todos los mexicanos y también de muchos de los intereses que aquí y allá son beneficiados por la relación bilateral vigente.

Hay temas en la agenda bilateral por atender, además del cumplimiento de compromisos por todas las partes derivadas de la negociación del TECMEC. Las reformas del país tienen su dinámica y a nadie conviene el deterioro de la relación comercial o la falta de entendimiento para un manejo responsable de los flujos migratorios. El vecino ingresa a un momento de riesgo por el oportunismo electoral. Los demócratas quieren imponer su agenda a partir de los compromisos con sus financiadores, más que de su base social; el presidente Trump enciende el fuego nacionalista con interpelaciones antimexicanas, aunque con menor tono a las del pasado.

El gobierno mexicano, la sociedad y el país deben prepararse para esta circunstancia. Es imprescindible entenderla para no caer en el error. La unidad de todos los mexicanos es la premisa para hacer de la adversidad logros y buenos resultados. En nadie debe haber espacio a la reserva por el cuidado que han mostrado las autoridades para atender el tema; así deberá continuar siendo y debe entenderse que, por razones de Estado, la unidad de los mexicanos es para el bien de todos.

Administrando la protesta

Una de las mayores virtudes de Andrés Manuel López Obrador es la persistencia. Éste es, sin duda, un atributo que hace que muchos mexicanos le dispensen confianza. Una persona que no se achica, que resiste ante la incertidumbre o la adversidad, se hace singular, y más si su historia tiene que contarse, como en el caso de un personaje público, un político o un gobernante. El presidente ganó a partir de una oferta disruptiva, en la que lo central era acabar con la corrupción, en su narrativa, el origen de todos los males. En su visión, el neoliberalismo era malo porque conducía a la corrupción, o había inseguridad o pobreza por corrupción. Acabar con la corrupción era la madre de todas las batallas.

Esta tesis fue votada y por lo que se advierte de los primeros meses, ha sido ratificada y respaldada incluso por una proporción significativa de quienes no le votaron. Muchas de las decisiones críticas o cuestionables han sido blindadas con el argumento de la lucha contra este flagelo. La mayoría lo ha aceptado. El presidente continúa en su directriz y hasta hoy la opinión mayoritaria le favorece. Sin embargo, en este mismo empeño es necesario dar espacio a un aspecto fundamental: legalidad.

La debilidad mayor de los mexicanos de hoy día es el déficit de ciudadanía. El elemento central de esta condición es el sentido del deber respecto a las obligaciones y el ejercicio responsable de los derechos. Esto tiene como referencia la ley y, también, la ética. Para el gobernante es más relevante lo primero. Incluso se ha dicho que la ética del servidor público es la ley. Para el ciudadano la ley es referencia de obligaciones, pero también tiene el espacio amplio de las libertades y un sentido del deber que va más allá de la ley.

Abatir la corrupción requiere de invocar ciudadanía. No es cuestión de retórica, sino de hacer valer la ley, lo que significa que las autoridades cumplan rigurosamente lo que la norma determina y que los ciudadanos ejerciten sus derechos y cumplan con sus obligaciones. Además, combatir la corrupción requiere, obligadamente, abatir la impunidad. En otras palabras, ganarle la batalla a la venalidad es un tema de estricta legalidad y de ciudadanía.

Como tal, no comparto la tesis que viene de autoridades en las que se invoca la ética a costa de la legalidad. El ámbito de responsabilidad de las autoridades es la ley. No puede ser la ética porque no hay un código universal sobre su contenido y sentido, por más que halla coincidencia en algunos principios. La ética es subjetiva y además opinable. La ley no. En todo caso hay procedimientos para hacerla valer y en caso de controversia están las instancias judiciales para definir el sentido de la norma al caso concreto. La lucha contra la corrupción sólo puede cobrar fuerza y trascender si se inscribe en la legalidad y abandona el territorio discursivo de lo moral, de lo bueno y lo malo.

El tema es oportuno por la protesta del magisterio durante este gobierno. Sucedieron durante muchas semanas en la toma de vías de ferrocarril en Michoacán por parte del gremio magisterial con una afectación severa a los derechos de terceros. En el afán de conducir la protesta, sobró paciencia del gobierno local y federal a costa de muchos otros, no solo de la empresa operadora del ferrocarril, sino de los usuarios de ese medio de transporte y de ciudadanos en general. Se condujo el conflicto en el sentido de que no hubo uso de la fuerza pública, pero se afectaron derechos de particulares que nada tenían que ver con la controversia. Ahora, nuevamente, la misma corriente magisterial, pero de Oaxaca, utiliza medios de presión ilegal a manera de hacer valer su postura en el marco de la discusión de la reforma educativa en el Congreso y por lo visto, el expediente les ha dado resultado, ya que el dictamen a discusión habrá de hacerse a su medida y exigencias, por cierto, el de un magisterio en los territorios con la más baja calidad educativa.

Hay una confusión en el dicho de las autoridades federales respecto a que represión es igual al uso de la fuerza pública. La cuestión es que el Estado tiene que hacer valer la ley y en consecuencia, hacer uso de los medios para garantizar los derechos de las personas frente al daño que pudieran ocasionarle terceros que incurren en acciones abiertamente ilegales. La complacencia hacia ese tipo de conductas es un incentivo hacia la ilegalidad y por lo mismo, en perspectiva, eleva los costos cuando se tenga que recurrir a la fuerza pública, además que entraña una afectación a los derechos humanos de terceros afectados.

Es razonable dar espacio a la negociación y al diálogo, pero nunca a costa de la ley. La protesta social es un medio de lucha garantizado por la ley, pero entraña límites, entre éstos, que se haga de manera pacífica, con apego a la norma y sin afectar los derechos de terceros. El presidente tiene autoridad; en el afán de conducir el conflicto no debe desentenderse de la responsabilidad que obliga a todo gobernante: cumplir y hacer cumplir la ley.

Construir confianza

En memoria de Luis Donaldo, ejemplo a seguir, herida que nunca cierra

 

Enrique Quintana, en su espacio de opinión en El Financiero del pasado jueves, con acierto se refiere a la diferencia entre la inversión financiera y la inversión productiva. Ambas son muy importantes para el país y el actual gobierno se ha manejado adecuadamente para atraer la primera, aquella que se refiere a la inversión en papeles, motivada por un cálculo en la coyuntura que tiene que ver con tasas de interés, tipo de cambio y situación económica y financiera de corto plazo. Una elevada tasa de interés, con un tipo de cambio estable, propician transferencias de capital importantes; parte de eso explica la revaloración de estos días del peso mexicano. Pero ante un escenario adverso, estos inversionistas pueden vender y salirse rápidamente de los mercados, minimizando sus pérdidas.

La inversión financiera es necesaria para estabilizar los mercados, incide en la estabilidad macroeconómica, particularmente en mantener una tasa baja de inflación. En cambio, la inversión productiva, “los que invierten en fierros y en construcción”, deben apostarle al largo plazo. Es un cálculo diferente para este tipo de inversionista.

La cuestión hoy es justamente cómo construir confianza para el recurso privado dedicado a la actividad productiva, un reto nada menor porque las inversiones no tienen patria, se dirigen hacia donde haya mejores condiciones de rentabilidad, y para ello son indispensables la certeza y la confianza en una visión que trasciende una gestión gubernamental. En este caso, la oferta no sólo es lo que hace el gobierno, sino más bien la oferta es el país en una perspectiva mayor, incluyendo las reglas del juego y la capacidad para hacer valer el derecho ante cualquier coyuntura que ponga en riesgo el capital invertido.

El actual gobierno ha logrado quizás lo más difícil, al menos para muchos de los gobiernos del mundo y, desde luego, para los que antecedieron al del presidente López Obrador: confianza ciudadana. Se puede decir que hay un punto de quiebre en el ánimo social, y esto es importante no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para emprender transformaciones que incidan en un mejor gobierno y desde luego en una mejor economía.

Como se advierte en el balance de este periodo, el presidente ha logrado la confianza de los consumidores y de los inversionistas financieros, no así el de los inversionistas productivos, que resulta lo más importante para lograr el círculo virtuoso y para transitar de la estabilidad al crecimiento, objetivo de toda administración. La prospectiva de las tasas de crecimiento económico en el mundo van a la baja, también la del país, y el escenario para los dos primeros años es de un crecimiento económico muy por debajo de la meta sexenal que es de 4%. La estabilidad es un primer e importante logro, pero el reto y el bienestar al que se aspira está en el crecimiento.

Una parte de los analistas financieros afirman que el efecto negativo por la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco ha quedado atrás, que ya ha sido descontado por el sector inversionista. Tal afirmación es relativamente cierta, pero sólo respecto a los inversionistas financieros, no de los productivos. La realidad es que hay un deterioro importante de la inversión. El gobierno ha tomado decisiones importantes para ganar confianza, como es el respetar la autonomía del Banco de México, mantener el equilibrio en las finanzas y designar a un prestigiado empresario y confiable colaborador como responsable de la promoción económica. Sin embargo, la política de gasto no contribuye a la confianza, además, los proyectos de inversión en infraestructura anunciados no son percibidos como proyectos rentables, o no se corresponde a lo que el sector inversionista le interesa.

Son muchos los temas que afectan la confianza del inversionista. En mi opinión, la incertidumbre que genera el desdén de las autoridades en torno a la legalidad, es un factor que mucho contribuye a afectarla. Los mensajes del régimen sobre el cumplimiento estricto de la ley son, por decir lo menos, ambiguos, y en ocasiones, contradictorios, como en el caso de descalificar el concurso público internacional para la asignación de contratos, que es un triunfo del esfuerzo de la sociedad en favor de la transparencia, y optar por las invitaciones restringidas a unas cuantas empresas. A esto hay que añadir otro factor al que ponen mucha atención los inversionistas antes de decidir dónde invertir: la  escalada de la inseguridad y la violencia, con expresiones todavía mayores a las del pasado inmediato.

El acercamiento con los grandes empresarios, banqueros y dirigentes de los organismos de representación empresarial corre el riesgo de que propicie el espejismo de armonía y confianza. Siempre será positivo el diálogo y los encuentros, pero más que eso, el gobierno a lo que debe aspirar es que haya inversión y para ello los interlocutores son muchos más y el mensaje que están esperando es otro, no se reduce a la amabilidad o a las buenas formas del discurso.

 

Legalidad y civilidad

A la memoria de nuestra Leonor Ortiz Monasterio, vital hasta el último suspiro

 

Los mexicanos sabemos a ciencia cierta que las expectativas de un mejor gobierno no siempre son realizables, en parte, por una economía que no ofrece oportunidades y que genera desigualdad, y también por la corrupción. Así ha sido la historia reciente. Pero ahora, debemos sumar la violencia y la presencia del crimen organizado, así como la debilidad institucional para hacerles frente y ganarles la batalla a esos fenómenos que son causa de la crisis profunda de nuestra democracia.

Si un común denominador tuviéramos para definir los principales problemas actuales, éste se llama impunidad. La corrupción es uno de sus efectos y mucho daña a las instituciones en su capacidad de actuar y en su ascendiente ante la población. La democracia se ha debilitado porque sus instituciones se han visto afectadas por la corrupción. Por eso el reclamo del 1º de julio es claro: abatir la impunidad en todos sus ámbitos y expresiones.

Esta tarea debiera ser objetivo común. No es propósito de un partido, de un gobierno o de un funcionario acabar con la impunidad. La mejor y más eficaz manera de avanzar en ello es que sea parte de una voluntad compartida en la que participe la pluralidad, la diversidad de instituciones públicas y privadas y especialmente el ciudadano de a pie. No es fácil y llevaría tiempo, pero hoy día se cuenta con un activo preciado: la confianza que muchos mexicanos tienen en la determinación del Presidente en esta materia.

Abatir la impunidad, génesis de la corrupción y de la ola delictiva, tiene que ver con la aplicación rigurosa de la ley. La legalidad requiere cumplir de manera ejemplar con la norma por parte de todos, especialmente por el gobierno y las instancias de investigación y de justicia. Lo ocurrido con la denuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, al hacer de manera pública imputaciones delictivas a particulares sin respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, la secrecía de operaciones financieras y la competencia del Ministerio Público es una flagrante violación a la ley que pone en entredicho a una de las instituciones fundamentales en la lucha contra la impunidad.

Valga de paso señalar que la impunidad no se acaba con la denuncia sino con la sanción ejemplar, la que viene no del gobierno, sino de las instancias de justicia y previo cumplimiento estricto del debido proceso, que es una garantía constitucional.

La embestida contra la ilegalidad, la impunidad o la corrupción no puede ser impuesta de manera discrecional y violentando las garantías individuales y los principios básicos del debido proceso. No existe derecho contra el derecho. Cierto es que la sociedad demanda transparencia, pero también es válido que esta tarea debe emprenderse con apego a la ley y el respeto a los derechos de particulares. Transparencia y legalidad van de la mano, pero para ello se debe transitar al proceso judicial y no anticipar sentencias; incurrir en ello hace nugatoria la acción de justicia por afectar el debido proceso y hace que responsables eludan la acción de la justicia.

Es aconsejable que en los temas fundamentales, la mayoría legislativa abra espacio a un sentido amplio de pluralidad. Ocurrió con acierto en la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Es explicable que, en ciertos asuntos, como la revocación del mandato, sea imposible tener el consenso de todas las fuerzas políticas; sin embargo, una acción contra la impunidad, con reglas claras, con garantías de que no se incurrirá en el abuso, con apego riguroso a la ley, obtendría el apoyo de todos y el necesario compromiso amplio para cumplir con el objetivo planteado por los ciudadanos en las urnas y que compromete a todos, no sólo a la autoridad elegida.

Los cuatro pilares de la llamada Cuarta Transformación son el respaldo popular, acabar con la corrupción, abatir la criminalidad y lograr una mayor equidad social. Para ello son indispensables la legalidad y una economía en crecimiento. Estos dos aspectos son los que han quedado comprometidos en los primeros meses de la nueva administración. Cierto es que no se pueden pedir resultados inmediatos, sobre todo por las inercias y el acumulado negativo del pasado, pero sí es necesario y posible exigir que el nuevo gobierno se desempeñe con estricto apego a la ley, con cuidado riguroso al patrimonio nacional y generando las condiciones que propicien la inversión privada, elemento indispensable para un robusto, sano y duradero crecimiento económico.

Sin legalidad ni crecimiento económico, colapsa cualquier modelo de transición, no importa que el apoyo ciudadano al Presidente y a sus decisiones sea arrollador. Como ya se ha dicho, en un propósito de trascender, la popularidad es un medio, no un fin. Es un recurso valioso para emprender las transformaciones que el país requiere y ninguna de esas transformaciones es tan trascendente y tiene tanto carácter de urgente como la de abatir la impunidad, origen de nuestros mayores males.

 

Evaluar, ratificar y rectificar

Los 100 días de un gobierno se han vuelto un referente obligado desde que el presidente norteamericano Franklin D Roosevelt lo instituyó mediáticamente a manera de perfilar el rumbo de un gobierno. No hay razón alguna para dar tal valoración a dicho plazo que no sea la costumbre; sin embargo, en presidencias que representan un punto de quiebre, el período es relevante, y lo fue sin duda la de quien instituyó tal tradición. En muchos sentidos, lo mismo puede decirse para el presidente López Obrador; este periodo es un momento útil para hacer un balance más que de lo alcanzado, del estilo de gobernar, y más que de un nuevo gobierno, el de un nuevo régimen.

Lo más evidente, aunque no lo más relevante desde el punto de vista de lo que trasciende, es la elevada aceptación que tiene el presidente de la República. Los estudios de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) revelan que a partir del triunfo de López Obrador ha habido un cambio en el ánimo social: no sólo hay una mejor evaluación del mandatario, prácticamente todas las instituciones públicas reciben una mejor calificación en la percepción ciudadana, un punto de quiebre más allá del optimismo que despierta la renovación de poderes públicos.

La aceptación no debe desdeñarse ya que la popularidad de un presidente es un recurso muy útil para hacer las transformaciones que todo gobierno o proyecto político pretende. El presidente López Obrador se ha propuesto contar con un nivel de adhesión popular y lo ha alcanzado, incluso en decisiones polémicas como la decisión de quitarle presupuesto a las Estancias Infantiles o en acciones que traerán costos al país y que hubieran puesto en apuros a cualquier otro gobernante, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco o el combate al robo de combustible.

La política de gasto social es discutible, pero también cuenta con un muy elevado respaldo. De hecho, casi todas las decisiones, en mayor o menor grado son apoyadas por la mayoría de la población, aunque la menos es la cancelación de la reforma educativa. En el tema en el que sí hay un claro rechazo es la idea del presidente de perdonar a la corrupción del pasado. El presidente denuncia en la tribuna, pero judicialmente no actúa; esto no es compartido por la mayoría.

El humor social prevaleciente, distinto al que existía hace poco, cuando gobernaba Peña Nieto, y la elevada evaluación del presidente se explican porque el descontento generalizado y acumulado con el estado de cosas derivado de la corrupción, la inseguridad y la falta de bienestar para amplios sectores de la población, encontró en el discurso de López Obrador la vía para representar la inconformidad y la indignación con tal circunstancia. También influye la crisis del sistema formal e informal de contrapesos al gobierno. En tal sentido, es plausible señalar que, en 100 días, no solo se debe evaluar a quien gobierna, también a quien es corresponsable y a quienes tienen la tarea de ser contrapeso. La disfuncionalidad del sistema democrático hace que el país entero viva una suerte de espejismo sobre el presente y futuro anhelado.

Es muy preocupante, por ejemplo, que la política social derive en un esquema clientelar que desvirtúe la equidad en la contienda o la libertad del sufragio. El riesgo no es solo es el clientelismo, sino que a partir de estas estructuras se haga de la elección intermedia un proceso de comparsa a la ratificación de mandato, lo que equivaldría a una reelección presidencial. En esas condiciones una votación de Morena de 80% no es descartable a partir del colapso de la equidad en la elección, lo que eliminaría la de por sí deteriorada capacidad de la Cámara de Diputados para generar contrapesos y con un arrastre en las elecciones locales concurrentes. El panorama así visto, sería para muchos un giro totalitario a la mitad del gobierno.

En el balance de estos días, la economía es lo más preocupante. La confianza de los ciudadanos y de los consumidores es opuesta a la de los empresarios y, especialmente, los inversionistas. Las cifras de la economía son muy desalentadoras, no solo por los problemas heredados, sino por las señales que emiten las autoridades y el presidente como camino para resolverlos. En materia de seguridad, también hay mensajes contradictorios, que en muchos sentidos, alientan a los delincuentes y a los ciudadanos a desentenderse del cumplimiento de la ley.

La evaluación del período da para ratificar y también rectificar. Es explicable que con un gobierno y un presidente como el actual se exacerbe la narrativa del éxito. Sin embargo, los hechos y las circunstancias externas no son tan alentadores. Es preciso un alto en el camino. La aceptación popular no es un fin, sino un medio para el buen gobierno. Hay cosas importantes que tienen que corregirse. El presidente requiere de contrapesos y que en su equipo se propicie la libertad para opinar con el cuidado y la discreción que corresponde al sentido de responsabilidad colectiva que implica gobernar.

Sigue siendo la economía

En la víspera del balance de los 100 días se perfilan resultados contradictorios en un sentido fundamental: las cifras y la percepción. Es un desencuentro extraordinario porque la situación no se da con matices: la percepción pública es muy favorable al presidente López Obrador y sus acciones; en contraste los números sobre la situación del país en materia de seguridad y economía son adversos y preocupantes. La opinión pública observa un entorno diferente de lo que la realidad de los datos nos dice que estamos viviendo. El actual gobierno obtiene lo que ninguno otro y como nunca: adhesión, a contrapelo de los resultados.

Son la opinión pública y la publicada las que construyen percepciones que se vuelven realidades. Eso tiene que ver mucho con el activismo mediático del presidente. Su intenso e intensivo protagonismo mediático le permite saturar loscontenidos y la información política. Su mensaje se hace único y es el que interpreta y define la realidad, con la virtud de que la presenta de tal manera que hace que el mensaje sea entendido y aceptado por el receptor. La eficacia en la comunicación permite que la aceptación social transite por una vía a contrapelo de muchas cosas, entre otras, la certeza jurídica y la confianza económica. Hasta hoy el presidente ha preferido la eficacia de la popularidad, que la popularidad de la eficacia. Se lo ha propuesto y lo ha logrado con creces.

Sin embargo, tarde que temprano la realidad se impone. Además, la trascendencia que pretende el presidente no se logra con sólo el acuerdo con la manera de gobernar, sino con las transformaciones que pueda alcanzar. La economía es la premisa sobre las que se erige el éxito de una administración; de ésta todo depende, incluso los objetivos de política social, por no decir, su ambicioso proyecto de inversión en infraestructura y por supuesto, la estabilidad macroeconómica. Estimo que el presidente, siendo muy exitoso en obtener apoyo popular a su gobierno y a sus decisiones, no ha sido igualmente certero para emitir un mensaje que propicie la inversión privada en dos aspectos fundamentales: estado de derecho y un sentido de responsabilidad en decisiones económicas emblemáticas.

La confianza es fácil perderla, difícil ganarla y muy complejo, lento y costoso recuperarla. Los errores económicos también tienen que ver con la complacencia de los principales interesados en el buen manejo del gobierno de la economía. La prudencia del sector empresarial o al menos, de sus voceros, ha sido interpretada como parte del apoyo irrestricto a la actual administración. Los medios y las organizaciones empresariales, así como las entidades privadas de análisis e investigación económicos tienen una responsabilidad mayor. Requieren imprimir mayor claridad y eficacia en sus mensajes y posturas para hacer sentir las consecuencias de decisiones y expresiones del presidente de la República.

El tema de legalidad es central para lograr la confianza en un país. El cumplimiento con la ley no es opción, es obligación de toda autoridad y esto no siempre se advierte en la actuación del gobierno y en las palabras del presidente. La lucha contra la corrupción ha sido más retórica que un ejercicio para hacer valer la ley, como queda evidente en una de las prioridades del pasado inmediato: la embestida contra el robo de gasolinas, el llamado huachicol. El esfuerzo, los costos (algunos trágicos) y la denuncia presidencial de inicio, no han sido acompañados de acciones judiciales consecuentes. No es un llamado a la cacería de brujas, sino reconocer que la lucha contra la impunidad necesaria y obligadamente requiere de una respuesta judicial equiparable a la magnitud del problema.

Hay que destacar que en días recientes el presidente ha mostrado una mayor sensibilidad sobre diversos temas de interés para el sector inversionista. Hay varias acciones en tal sentido: la suspensión de la reforma interna de Pemex, el encuentro y la postura conciliadora hacia el presidente de la CRE, su respeto al Senado, las reuniones con destacados empresarios, la presentación de Alfonso Romo en el programa de promoción de inversión del nuevo gobierno y su cordial presencia en eventos del sector empresarial organizado. Sin embargo, derivado del costo de las decisiones pasadas, especialmente la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, es mucho más lo que se va a requerir para recuperar la confianza del sector inversionista.

Los empresarios no son, en estricto sentido, los inversionistas. Unos y otros merecen la mayor atención por parte de las autoridades, sin embargo, el desplome en la inversión privada, especialmente, la inversión directa extranjera, es un tema que debe preocupar y es importante que en el seno del equipo presidencial se emprenda una acción para atraerla de nuevo y para ello se necesita generar condiciones de confianza. El equipo de gobierno tiene el talento para dar buenos resultados, pero requiere de lo más importante, la voluntad presidencial.

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