Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Encuestas: realidad y predicción

Es explicable que conforme se van conociendo los candidatos presidenciales, aumente el interés de conocer el desenlace de la elección. Los medios y los comentaristas centran su interés en los sondeos de opinión; sin embargo, si bien las encuestas nos marcan tendencias del momento, es muy difícil tener una idea clara sobre lo que podría ocurrir cuando faltan más de siete meses para abrir las casillas.

Más que orientarse a sondeos de intención de voto, GCE ha realizado estudios sobre perfil de candidatos, al dar a conocer aspectos relevantes de ellos, sobre los que se puede inferir las debilidades o fortalezas de éstos y a donde habrían de perfilar sus campañas. Así, por ejemplo, para el caso de López Obrador se preguntó sobre la participación de sus tres hijos mayores en las actividades de Morena. Aunque el resultado mostró que era un aspecto poco conocido y que la mayoría de los encuestados no tenía una opinión favorable a ese hecho, López Obrador se mantuvo con una importante ventaja en la intención de voto. Esto prueba que los adherentes de AMLO están muy decididos a votarle incluso si mantiene el nepotismo en la campaña.

Otro ejemplo es el relativo a los antecedentes de José Antonio Meade como miembro del gabinete de los Presidentes Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de saber si esto genera una reacción negativa, positiva o neutra. Este tema no tiene un efecto negativo, la mayor parte considera que no hace daño e incluso, 3 de 10 dicen que es positiva. Lo mismo ocurre con el hecho de no ser militante del PRI ni de ningún otro partido.

Soy de quienes cree que los estudios de intención de voto actuales tienen poco valor predictivo. Esto es así porque a la vez de que hay dos posibles candidatos con un elevado nivel de conocimiento, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, existen otros como José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, Miguel Ángel Mancera cuyo conocimiento es menor pero es seguro que estarán en las boletas buscando aumentar su presencia y claro, lograr votos. La campaña es justamente el escaparate para eso.

Sin embargo, quienes aspiran a estar en las boletas, deben saber que incrementar el conocimiento de un candidato no necesariamente significa aumentar su intención de voto. Precisamente este ha sido el propósito de las encuestas de perfil de candidatos de GCE: ofrecer inferencias sobre atributos de los candidatos que al ser expuestos, generan una reacción, sea positiva, neutra o negativa, que permite tener una mejor idea del impacto de tal opinión en la intención de voto.

En este contexto, es importante destacar que ante un candidato poco conocido, no necesariamente será la marca partido la que complemente la intención. Eso sería lo ideal, pero en el entorno actual, los partidos tienen una carga negativa y es mayor la de los partidos gobernantes respecto a los de oposición. Por lo tanto, si bien tienen que aportar su estructura y sus recursos económicos, los partidos tienen que acompañar más la tarea del candidato por lograr presencia y votos.

Para el caso del PRI, la designación de un candidato no militante como son José Antonio Meade para la Presidencia, y Mikel Arreola, para la Jefatura de la Ciudad de México, son decisiones estratégicas consistentes con esta nueva realidad política y electoral. Lo mismo ocurre con un candidato postulado por un partido o por una coalición. El estudio de GCE revela que si Ricardo Anaya o Miguel Ángel Mancera son candidatos exclusivamente por un partido, sus posibilidades de triunfo son remotas. Por los estudios de intención de voto publicados recientemente indican que en el supuesto de ser postulados por una coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sus posibilidades se incrementan.

Otro aspecto a considerar de los estudios de opinión conocidos, y estimo el de mayor importancia, es el referente a los efectos de un voto fragmentado. La información disponible muestra que el principal beneficiario de un voto fragmentado en la elección presidencial no es el PRI, sino López Obrador, precisamente porque tiene un voto consolidado mayor a cualquier otro candidato y está por arriba del umbral de victoria, aproximadamente 30%.

El voto duro de López Obrador deriva de dos aspectos. Por una parte, es la adhesión que hay sobre la persona misma, por la otra, es el de aquellos que optan por él como un vehículo para expresar o canalizar su rechazo al orden de cosas. Un ejercicio básico de semiología revelaría que un candidato no es una identidad o esencia, sino lo que se asocia o relaciona con él. Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera o los independientes, en el eventual caso de ser candidatos, tendrían que disputar a AMLO su carácter de la alternativa más clara no solo de cambio, sino de rechazo al orden de cosas.

En estos tiempos, un candidato es un símbolo que suma y agrega, y que debe tener la capacidad de diferenciarse positivamente del conjunto sin hacerle daño. Por esta consideración, para José Antonio Meade o Mikel Arreola no son suficientes los atributos positivos que su biografía y trayectoria acreditan, sino la manera como construyen un proyecto capaz de conectar con los alientos de cambio de la mayoría de la sociedad, especialmente los de las zonas urbanas y los jóvenes. Aunque ambos requerirán la fuerza del PRI y asociados, ésta no será suficiente para ser competitivos; la elección se resuelve en la mayoría de los ciudadanos que no se siente identificado con partido alguno o incluso que tiene hacia ellos un sentimiento de rechazo.

El discurso no es sólo la verbalización del texto, sino la generación de significados. La campaña, la imagen del candidato, la disposición al cambio del partido y sus militantes, el lenguaje corporal y los elementos del debate, el mensaje y la propuesta, van constituyendo una cadena de significación. Cualquier candidato que pretenda ser competitivo y exitoso habrá de tener en cuenta estos aspectos, que aplican no solo para la publicidad. El agotamiento de las formas, sustancia y medios convencionales deberá tenerse en cuenta. Además, entender que estos medios coexisten con los de carácter digital y que la actitud de los electores sobre el cambio es considerablemente más decidida, más compleja y con menos temores, datos que se infieren de las encuestas como las de GCE, que son mucho más que un reactivo sobre la intención de voto.

Tiempos de ciudadanos

En memoria de María Angélica Luna Parra

Son muchos los rasgos que hacen de los comicios del año próximo un proceso diferente. La sociedad mexicana ha cambiado y a contrapelo de este aliento, lo han hecho también algunas instituciones políticas. El descontento y la crisis de consenso son resultado, por una parte, de la dificultad de las instituciones para responder a las expectativas ciudadanas y, por otra, de un cambio de forma y fondo en la misma sociedad. Aunque las transformaciones son profundas, los cambios son paulatinos y constantes, con lo que se vuelven un tanto discretos y para algunos, imperceptibles.

En México y por lo general en el mundo, salvo casos excepcionales, la política convencional es muy lenta en advertir la intensidad de la nueva realidad social. La aspiración colectiva a nuevos términos de certeza se enfrenta a la rigidez de las instituciones y de quienes las encabezan. Por eso es en las elecciones cuando la sociedad hace valer su sentido de las cosas. Los movimientos disruptivos y la crisis de los partidos históricos son frecuentes y poco ayudan a entender el nuevo panorama. Los candidatos que pueden articular la nueva actitud del electorado, suelen dar la sorpresa porque logran concitar a su favor un poderoso sentimiento de transformación, mayor a la sola aspiración de cambio, que se impone en la competencia.

En México los partidos viven un severo desgaste que en condiciones de una campaña tradicional, los somete a un juicio reprobatorio. El caso más emblemático ocurrió en 2015 en la elección de Gobernador en Nuevo León. Jaime Rodríguez, bajo una oferta que se centraba en que gobernaría para los ciudadanos y no para los partidos, pudo ganar con amplio margen. El caso es relevante no tanto por la persona, quien en su nueva condición de gobernador perdió la seducción irreverente y desafiante que le acompañaba, sino por la irrupción misma del electorado a partir de una oferta simple y bien comunicada. Otro caso digno de mención y con un gran potencial por la congruencia acreditada después del triunfo, es la del joven diputado y ahora virtual candidato independiente al Senado en Jalisco, Pedro Kumamoto.

Estamos pues, frente a una realidad diferente. Los ciudadanos buscando espacios y reconocimiento, y los partidos aplazando el llamado de la sociedad que les exige su transformación. Las dirigencias no solo se concentran en ganar el voto en un sentido de corto plazo, sino que en la disputa interna se cierran a la democracia, la inclusión y a la renovación. El mismo caso de Morena, un partido que ha ganado de inicio aceptación, también ha sido afectado por la reserva y la duda ciudadana frente a las actitudes de las organizaciones políticas. Los partidos no encuentran o no buscan nuevos modelos de vinculación y participación, prefieren refugiarse en la tradición y en los acuerdos entre sus cúpulas. En unos y otros, en el fondo, hay una suerte de desprecio al ciudadano y una excesiva confianza de que las cosas pueden continuar de la misma forma que antes, cuando los ciudadanos eran requeridos sólo para entregar su voto.

En el escenario de las elecciones del 1º de julio, es oportuno cuestionar desde ahora el carácter que jugará este sentimiento contra los partidos y las formas convencionales de la política. Por lo pronto, lo que adquiere relieve serán las personas. El voto duro o inercial de los partidos cuenta y mucho, especialmente por la fragmentación del voto, pero tiene más peso la capacidad de ganar el favor de la inmensa mayoría de los ciudadanos ahora no solo distantes, sino con una fuerte insatisfacción hacia los partidos en general y más hacia los que se asocian al poder.

El PRI, por primera vez en su historia selecciona a un candidato que no milita ni ha militado en partido alguno. José Antonio Meade ha sido un funcionario en los primeros planos de la administración federal en los gobiernos del presidente Fox, Calderón y ahora Enrique Peña Nieto. Sus responsabilidades han sido mayores en política social, relaciones internacionales y desde luego economía. Que el PRI haya optado por un candidato no militante, es una señal en el sentido correcto. En el sondeo de GCE queda claro que el electorado no ve como problema, sino más bien como virtud, la ausencia de militancia política formal de José Antonio Meade.

En algunos círculos se había comentado la dificultad que tendría la base priísta para aceptar a un candidato sin militancia. El argumento más bien se daba por las expectativas de otras opciones, presentando como problema lo que ahora se perfila como fortaleza. El DNA del PRI es estar en el poder, más que cualquier otro partido. La mejor oferta al priismo es la de ganar el poder. Para ello no es suficiente la representación partidaria o la movilización electoral de su base, es fundamental ser competitivo en ese segmento de la población que no tiene vinculación o relación con partido alguno.

El PRI se une con Meade porque percibe que con él se puede ganar una elección compleja en extremo por el ambiente de opinión y el humor social que le acompaña. El voto que habrá de prevalecer es el del cambio; se perfilan dos opciones claramente diferenciadas: regresar a un pasado distanciado de la certeza democrática, o la modernización de la política, el gobierno y la economía.

En cierto sentido la oferta que prevalecerá es la que el mismo candidato representa. Esto será válido para José Antonio Meade y para Andrés Manuel López Obrador, como también lo representará para todos los otros candidatos presidenciales. Preparación y experiencia tienen aprecio en el electorado, también valores y principios. La cuestión no solo es tener estos atributos, sino poder comunicarlos de manera convincente.

La decisión del PRI y del Presidente Peña es acertada para la circunstancia del país y las expectativas de la sociedad mexicana. Meade como candidato es un justo y positivo contraste frente a López Obrador y todo lo que le acompaña. Los temas son la inseguridad, la corrupción y una buena economía en las mesas de los hogares. La mesura y empatía de José Antonio Meade, su independencia y la construcción de una clara propuesta de cambio, habrá de ser la alternativa frente al estilo caudillista y providencial que representa Andrés Manuel López Obrador. Como nunca, esta elección deja en claro la disyuntiva que se nos presenta como nación; ya veremos el camino que tomen los ciudadanos.

El providencialismo presidencial de AMLO

Las efemérides dicen mucho en la política, aunque para la mayoría sólo son parte del paisaje y ocasión propia de un periodo de asueto. Conmemorar el pasado es una constante en el propósito de legitimar un estado de cosas, un proyecto en curso o un mandato para transformar lo existente. Así ha sucedido siempre con la Revolución Mexicana, una base, más que un modelo que lo mismo ha servido para gobernar, cambiar o para oponerse, incluso para rebelarse.

El proyecto de gobierno más trascendental en política social con Lázaro Cárdenas se arropó con la Revolución en una interpretación distributiva de la riqueza nacional. En un sentido diferente, ocurrió con los gobiernos que le sucedieron, lo que llevó a Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Herzog a dar por muerta y traicionada la Revolución, ya en los 40. La última ocasión que tuvo el poder presidencial para ganar legitimidad ocurrió con López Portillo, quien adelantó que, de no tener éxito, su gobierno sería tanto como la muerte de la Revolución.

Durante décadas, hasta 1988, el sistema presidencial y el mismo partido dominante invocaron a la Revolución con la creencia de que el déficit de legitimidad democrática se resolvía con la sola referencia al movimiento de 1910, que lo mismo servía para promover el reparto agrario que para cancelarlo. De gran calado, por su sentido crítico, fueron las palabras de Luis Donaldo Colosio en aquél inolvidable discurso del 6 de marzo de 1994, pocas semanas previas a su magnicidio. Colosio dijo que sólo los proyectos políticos autoritarios hacen de la historia mandato y razón de ser. Un llamado autocrítico fundamental inspirado en una visión liberal de la política y del poder: invocar a la Revolución no era suficiente para garantizar la legitimidad.

López Obrador escogió la efeméride revolucionaria para presentar su programa de gobierno y, de esa manera, dar inicio a su campaña por la Presidencia. Andrés Manuel, desde siempre, ha suscrito a la Historia y a sus personajes como fuente de inspiración y eje rector ideológico y programático para su proyecto personal. El suyo fue, por donde se vea, un acto anticipado de campaña, al aprovechar la fecha más relevante del calendario político-histórico nacional. Por el sentido político del líder y los riesgos de por medio, la expectativa no era menor.

La crónica de la ocasión, sin embargo, no le ha sido favorable. El abultado documento no tuvo una traducción mediática que le diera fuerza. En realidad, más que programa, de lo que se trató fue de un acto de culto a la personalidad. Dejó claro que, como en los tiempos del PRI dominante, el candidato adquiría dimensiones más allá de lo terrenal y lo estrictamente cívico. Recreó en el inconsciente colectivo esa visión religiosa de la autoridad presidencial, dispensador único de esperanza, justicia y venganza.

Es difícil para cualquier proyecto, más para uno que parte de la oposición, presentar un exhaustivo programa de gobierno. Es un acto audaz y pretencioso previsiblemente cargado más al propósito que a la realización. Por ello, en lo presentado domina lo que se compromete y no lo que se cumpliría. Quizás la parte más notoria es lo que tiene que ver con las finanzas públicas, la reingeniería que ha propuesto se concentra en el gasto y no en los ingresos. Las pretensiones de inversión en infraestructura o de gasto social o para la seguridad no las puede soportar la sola disminución del gasto corriente. Esta sí es una postura neoliberal exacerbada. Para un país desigual y con amplios sectores fuera del trabajo formal y con exigencias significativas de gasto, es imposible cancelar de antemano una postura fiscal que deje las cosas igual. Esta omisión es sin duda un guiño demagógico al sector empresarial, como también lo es el silencio alrededor de combatir el monopolio o la concentración productiva. Una inconsistencia elemental para un proyecto de izquierda, inviable en su posibilidad de cumplir lo que se promete.

En el horizonte de la historia, el evento del 20 de noviembre en el Auditorio Nacional es relevante porque es el intento más acabado, desde el punto de vista simbólico, de reedificar la visión del poder y del país como el proyecto de un solo hombre. Como tal, rememora el régimen en el que no hay Congreso, no hay oposición, no hay Corte independiente, no hay responsabilidad compartida. No importa que el programa haya sido objeto de consulta, participación y proyectos con diversas y variadas fuentes, lo que el evento revela es que, de ganar el 1º de julio, como se advierte en los videos de AMLO, la construcción del futuro en el país es tarea del presidente providencial.

Tampoco es el proyecto ni quienes le acompañan lo que le da fuerza a López Obrador para ganar la elección. En todo caso, sirve para mitigar resistencias respecto de aquellos que lo ven con reserva o como peligro. La razón de su convocatoria para ganar el poder no es el programa, menos el equipo insinuado en un abultado presídium (algo que Luis Donaldo repudió en su campaña porque acreditaba a un cuestionable bloque de poder), sino su prédica casi religiosa de que todo habrá de ser mejor cuando él gane los comicios. Así, uno de los males históricos que recorren el cuerpo social, político y económico, la corrupción, habría de resolverse sólo con el hecho de estar él en la presidencia.

Octavio Paz señalaba con razón que el mundo de las creencias es más poderoso que el de las razones y las palabras, porque aquéllas duermen en las capas más profundas del alma nacional. El providencialismo presidencial que ahora invoca y recrea López Obrador, entre el aplauso de su público, que no es menor, tenía como origen esta visión mística del poder que se contrapone a la visión de democracia de nuestros días.

Lo que plantea Andrés Manuel en las formas y en el fondo es vuelta al pasado, al México de un solo hombre. Así se entienden muchos capítulos de la vida nacional, casi todos alejados de la democracia y del sentido liberal del ejercicio del poder. Con el evento del 20 de noviembre, subsiste la impresión de que el proyecto político de Morena es el intento más explícito de hacer de la historia mandato político personal. Me quedo con la idea de Luis Donaldo: “sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia”. La herencia que recoge López Obrador es la de un México que pensamos había quedado en el pasado.

Saldos del desencuentro

En la percepción y en el estado de ánimo de la opinión pública, son muchas las dificultades y los problemas que hoy día se padecen en nuestra sociedad. No obstante, con excepción de la inseguridad, la realidad es que la situación ahora es menos adversa a la del pasado.

Además, de una mejora en las condiciones de vida, ahora tenemos más libertades, información y participación. El problema es perdernos en la circunstancia por carecer de perspectiva. Por eso en las condiciones actuales, con todo y que no se valoren los cambios, la exigencia y la crítica son necesarias; el problema está en quedarnos en ello, y perder sentido de lo que se ha hecho bien, porque se ha vuelto socialmente cómodo o rentable asumir una postura crítica, irreductible e intransigente.

El país no se entiende sin crítica. Hemos perdido demasiado, en muchos sentidos, por la complacencia y la falta de ejercicio reflexivo y autocrítico. Pero debe quedar claro que una sociedad incapaz de reconocer lo que está bien hecho, cancela su potencial para mejorar.

En un entorno singular, un evento anual de una reconocida y acreditada organización civil abocada a mejorar la seguridad, el Presidente de la República se refirió a la incapacidad de ciertos sectores de la sociedad para identificar logros, méritos y avances.

Las expresiones presidenciales abrieron una polémica, particularmente por quienes se sintieron incómodos al asumirse aludidos en las expresiones del primer mandatario.

Es justo el reclamo por la seguridad, pero también es necesario no restringirse en esto, es útil y conveniente proponer soluciones como bien lo ha hecho Causa en Común, la organización convocante del evento. Sin embargo, también es indispensable reconocer el mérito, sobre todo, de aquellos que exponen su vida para ganar terreno al crimen; hay muchos que cumplen con responsabilidad y lealtad y, por lo mismo, deben ser también reconocidos y motivados en su tarea.

La inseguridad que se padece representa una herida profunda en el cuerpo nacional, además del trágico saldo para muchas familias. Va más de una década sin que podamos revertir una situación grave de falta de paz en algunas zonas del país. Muertes y desaparecidos han sido el saldo. Pero ha habido victorias importantes, aunque ha faltado continuidad respecto a lo que se ha hecho bien en el ámbito local. Es una paradoja el ver que los ciudadanos votan por otro partido o candidato independiente, como sucedió en Nuevo León, con la expectativa de mejorar en temas que son su preocupación fundamental como el de la inseguridad, para advertir en poco tiempo, que la situación cambió, pero para empeorar.

En este espacio hacíamos referencia al Reporte Latinobarómetro 2017 sobre la pérdida de aprecio de los mexicanos sobre la democracia y sus instituciones. Esta realidad amenazante ocurre frente a nuestros ojos porque no hemos podido construir una voluntad compartida en muchos de los temas fundamentales para los mexicanos, particularmente los que se refieren a la seguridad. En su lugar han sido manoseados por el debate electoral y se han utilizado con oportunismo, en el afán no tanto de aportar propuestas y soluciones, sino de capitalizar la frustración y el enojo social por la situación.

Esto conlleva dos consecuencias muy negativas: la primera, hacer creer que es voluntad individual de un líder iluminada o de un candidato mesiánico el que las cosas cambien, cuando la transformación que se requiere incluye la colaboración de órdenes de autoridad, poderes públicos y sector político. La segunda, es que excluye a la sociedad en su responsabilidad para cambiar. Mejorar la seguridad necesariamente requiere no solo una mayor participación social, sino también entender los términos de una forma de complicidad social que por la vía de la omisión de muchos y la acción de algunos, limita o en algunos casos, de plano hace nugatorio el esfuerzo institucional para combatir de fondo al crimen.

Gobiernos vienen y van, partidos que de gobernantes pasan a la condición de opositores. La democracia implica el tránsito temporal de Presidentes, gobernadores y alcaldes. Ellos concluyen su responsabilidad, pero las instituciones permanecen y la sociedad persiste con sus fortalezas, virtudes, anhelos y problemas. En todo ello estimo que hemos perdido perspectiva, y que la política y el reclamo social elude la necesaria exigencia de que todos nos involucremos en la solución del problema y que ampliemos los espacios de encuentro y participación para una acción compartida. La renovación democrática de poderes lleva al desencanto precisamente por no entender el problema en su justa dimensión.

El saldo del desencuentro de la sociedad con sus autoridades es negativo. A la desconfianza se suma la incapacidad de reconocer y motivar lo que bien se hace, a la vez de que muchos asumen sin razón indolencia o indiferencia de las instituciones para cumplir una de sus obligaciones fundamentales que es la de proveer seguridad. Ya ha pasado mucho tiempo y persistimos en la misma situación.

En el tema de combatir al crimen hay diferencias, pero también hay un terreno común como es el respeto a los derechos humanos, una justicia sin coartadas, acabar con los extremos de impunidad existentes y privilegiar una acción preventiva que permita atacar las causas que propician la delincuencia en sus variadas expresiones.

También en el diagnóstico queda claro que la mayor debilidad institucional está en las policías municipales, no todas, pero sí la gran mayoría.

Recurrir a las fuerzas armadas para hacer frente a la embestida del crimen organizado ha sido un recurso excepcional que se ha vuelto regular, precisamente porque el avance de un nuevo modelo policial ha sido muy menor respecto a la magnitud del problema. Ante la tardía toma de decisión, lo que debiera hacer el Congreso, es aportar un piso legal para dar certeza y claridad a este tipo de intervención. Ha pasado demasiado tiempo y se ha dicho mucho, pero no se ha podido avanzar.

La sociedad reconoce y agradece que las fuerzas armadas asistan a los poderes civiles en el combate al crimen. Pero la situación del combate que libran nuestros militares y nuestros marinos no puede quedarse en la abstracción, y cualquiera que sea el rumbo que tomemos, sobre un modelo conocido o en torno a una posibilidad inédita, las instituciones deberían pronunciarse con prontitud. El vacío legal o las limitaciones actuales sólo le conviene a la delincuencia.

Los independientes

La notoriedad y presencia política de los candidatos independientes es del tamaño de la crisis de los partidos. Crisis que tiene su origen en el autoritarismo con el que actúan las cúpulas, y la distancia que han tomado con la sociedad. Justo esa realidad, es lo que le da vida política a la nueva institución. La figura corresponde al derecho de ser votado, un concepto jurídico, más que político, que ha venido a posicionarse en este ánimo social contra lo establecido, y a refrescar nuestra vida democrática.

Los aspirantes a candidatos independientes tienen el derecho de participar, pero enfrentan el reto de obtener la firma digitalizada de 1% de los ciudadanos en la lista nominal. En teoría, es una tarea sencilla; en la realidad, es más complicado de lo que pueda pensarse porque los candidatos carecen de una organización territorial que soporte un ejercicio de tal naturaleza. El INE hizo bien en definir un método de registro de adhesiones para evitar no sólo el fraude, sino el desorden que se presenta en otros tipos de procesos similares, como el del registro de militancia o adherentes de partidos. Sin embargo, el utilizar una aplicación móvil no debió ser la única fuente de registro de firmas. También debió permitirse que los ciudadanos concurrieran a las oficinas distritales del INE para expresar su voluntad de que uno o varios de los prospectos aparezcan en la boleta.

Bien es sabido que, en la democracia, el tema central del sistema de representación no son los candidatos, sino los partidos. No hay democracia vigorosa sin partidos; precisamente el problema que se padece es porque los partidos no solo no han marchado a la par de la sociedad y de la apertura democrática, sino que se han aprovechado de su espacio decisorio y han despojado a los ciudadanos de sus derechos, entre otros, el de ser votado. Si en los partidos hubiera procesos democráticos y mecanismos de inclusión ciudadana, difícilmente habría candidatos independientes con el protagonismo e importancia que ahora tienen.

Para la sociedad actual, y esto es un problema que no sólo atañe a nuestro país, los partidos políticos han perdido funcionalidad, precisamente porque han alterado la premisa básica del poder y de la representación. Los mandantes –los ciudadanos– han sido despojados de su poder por los partidos tradicionales. Por eso los proyectos disruptivos se vuelven exitosos, por el fastidio ciudadano frente a lo existente. Los partidos se empoderaron y utilizaron en su beneficio los espacios institucionales que genera el ejercicio de su mediación. La partidocracia es lo de ahora, y la rebelión ciudadana al momento electoral es lo que con frecuencia prevalece. En el caso mexicano hasta Morena es percibida ya como más de lo mismo.

El autoritarismo en los partidos para seleccionar candidatos, por ejemplo, explica que la mayoría de los candidatos independientes sean políticos profesionales que, al ver negado su derecho de competir, optan por la vía independiente. Existen casos de auténticos ciudadanos sin trayectoria partidaria en la disputa del cargo, pero entre los aspirantes presidenciales sólo los casos del comunicador Pedro Ferriz y María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, corresponden con fidelidad al sentido de la institución de candidato independiente.

Aún con eso, es deseable que todos los aspirantes estuvieran en la boleta; sus biografías los acreditan en su aspiración y su paso por partidos les dan ventajas competitivas, pues están claros de lo que la institucionalidad partidaria no ha hecho bien en su relación con la sociedad. Este tema de varios candidatos independientes preocupa a algunos partidos, en particular, a aquellos que presuponen ventaja, como López Obrador y Morena. Es cierto que la fragmentación del voto modifica los términos de la contienda; pero no afecta a un partido o candidato en especial. Si López Obrador repitiera la proporción de votos obtenida en sus dos elecciones presidenciales, seguramente obtendría la mayoría.

Para muchos, el triunfo de un proyecto independiente que corrigiera a la partidocracia debió plantear una sola candidatura, como lo sugirió en su momento Jorge Castañeda. Esto pasaba por el acuerdo, no por la imposibilidad de los aspirantes a cumplir con los términos de ley respecto a las adhesiones ciudadanas. No ocurrió así y ahora la realidad plantea para todos ellos la dificultad de lograr la candidatura. Como se advierten las cosas, y sería lamentable, solo Margarita Zavala y Jaime Rodríguez podrían alcanzar el volumen de adhesiones exigidas por la ley.

No nos equivoquemos, el problema no es el aplicativo para el teléfono móvil. Es que el método definido por el INE requiere una estructura que simplemente no se tiene. Hay quien señala que, si se carece de eso, tampoco se tendrá capacidad para competir con dignidad al momento del periodo de campaña para la elección. En la aritmética de la estructura territorial, quinientos activistas y 50 supervisores recogiendo cada uno en promedio 30 firmas sumaría 450,000 en un mes, más de 50% de la meta. El costo directo de todo esto para una empresa familiarizada en trabajo de campo es de poco más de 4 millones y medio de pesos.

Esta fórmula de trabajo voluntario y profesional es lo que llevó al Partido Encuentro Social a obtener su registro, confianza que le permite ahora pensar no solo en un candidato presidencial propio, también en candidatos para todos los cargos de elección.

Pero el problema de los independientes no acaba con el registro. Hacia delante deben plantear una campaña imaginativa, de contraste, con una estrategia de comunicación que atraiga la atención con la generación de noticia y con sinergia entre comunicación tradicional, digital y personalizada. Hacer campaña será un reto mayor. Diferenciación de proyecto y la embestida contra el sistema de partidos son los dos supuestos básicos para un buen resultado, justo como en su momento lo manejó el joven y visionario político independiente de Jalisco y ahora candidato a Senador Pedro Kumamoto.

Si bien los independientes llegan a refrescar nuestra vida democrática, la realidad es que los protagonistas centrales del proceso democrático son y seguirán siendo los partidos. Ha llegado el momento que éstos entiendan su circunstancia para actuar en consecuencia en su propia transformación y supervivencia.

La crisis del consenso

El Informe Latinobarómetro 2017 nos dice que algo muy malo sucede con el consenso al arreglo democrático y político actual. Los niveles de insatisfacción social con lo que existe –instituciones democráticas y gobiernos– es creciente y preocupante, especialmente porque se hace presente a pesar del avance que ha tenido la economía en la región. En el estudio de 18 países, México es el que más deterioro muestra en el último año sobre el apoyo de la sociedad a la democracia.

Si el levantamiento de datos se hubiera realizado ya acontecidos los sismos, seguramente los resultados para México no hubieran sido tan dramáticos. En septiembre, por este ánimo renovado que surgió de la tragedia, hay un punto de quiebre en la sociedad, una especie de reencuentro con nosotros mismos, aunque persiste el descontento y la impresión de que las reglas no son funcionales para la mayoría. El informe ratifica que el eslabón débil de la democracia son los partidos y los políticos; y que los dos grandes problemas que generan desencanto son la inseguridad y la corrupción.

La insatisfacción con la democracia es equivalente a la realidad de ésta, es decir, no se mide si las personas desean en lugar de éste arreglo otro de carácter no democrático o autoritario; lo que se juzga es la expresión de la democracia como existe y se practica. Toda vez que la crisis es una tendencia regional, quizás de lo que se esté hablando es de las dificultades del régimen presidencial para generar consenso en sus instituciones y gobernantes.

Un tema que apunta a la crisis de consenso sobre el régimen, particularmente en México, es la respuesta de que si se gobierna para unos cuantos poderosos o si se hace para todo el pueblo. En el reporte, el promedio para la región es de 75% de quienes creen que se gobierna para el grupo de los poderosos y en México la cifra se eleva a 90%, sólo superada por Brasil.

La situación no deja de ser una paradoja, toda vez que en muchos países el cuestionamiento y la impugnación se origina en gobiernos de orientación de izquierda o popular. De hecho, la alternancia observada en muchos países es el arribo de proyectos de derecha, resultado de la imagen de corrupción y de autoridades al servicio de un grupo poderoso en los grandes países del continente como son Brasil, Argentina y al parecer, próximamente Chile, con el eventual regreso de Sebastián Piñera a la Presidencia.

El déficit de confianza no solo se refiere a lo público, también implica a otras instituciones como la iglesia. El valor de confianza para la iglesia en la región es de 65%, en México es de 58%. Por su parte, se sabe que el combate al narcotráfico en México ha significado un costo elevado para las fuerzas armadas; sin embargo, en la región éstas tienen una confianza de 46% y en el país tienen 51%.

Una llamada de atención reiterada es el bajo aprecio que tienen las policías en la región que es de 35%; sin embargo, en México obtuvo la cifra más baja que es de 21%. Es urgente una respuesta estructural al respecto. A contrapelo, los datos sobre confianza del tribunal electoral, el Congreso y el poder judicial están en el promedio regional, aunque bajos, respecto a otras instituciones.

Capítulo aparte, junto con el descrédito de las policías, es el de los partidos políticos. En los 18 países la confianza en ellos es de 15% y en México es de apenas 9%, que no representa siquiera la suma de los electores leales de los partidos, que ronda el orden de 30%.

En materia de corrupción, los mexicanos la advierten como uno de los grandes problemas; en los casos de soborno 47% piensa es posible sobornar a un policía, 33% a un Juez y 51% a un funcionario de gobierno. Los datos para la región son 37%, 31% y 32%, respectivamente.

En cuanto a los espacios de corrupción en escala de 0 a 10, la referencia al gobierno es de 8 en México, respecto al 7.5 en la región; en las municipalidades 7.9 en el país y 7.4 en la región; Congreso 7.9 y 7.4 respectivamente; sindicatos 7.4 y 7.1; tribunales de justicia 7.9 y 7.4; grandes empresas 7.4 y 7.1.

En relación a los problemas más grandes que hay en el país, los resultados son delincuencia 28% en México y en el promedio regional 20%; situación política 16% México y 8% en los 17 países restantes; corrupción 13% y 10% respectivamente; economía y desempleo, 15% % en México y en la región 23 por ciento.

La numeralia del reporte es un ejercicio útil para entender nuestro tiempo y los problemas que generan la crisis del consenso y por lo mismo el deterioro de la confianza en las autoridades y en las instituciones. Como señala el reporte, a pesar de que le economía ha dado muestras de una evolución positiva y que en el caso de México han desaparecido del horizonte la recurrencia de crisis o colapsos financieros o económicos, el consenso no solo es precario sino va en creciente detrimento.

Los datos son reveladores respecto a tres problemas que es preciso encarar: inseguridad, corrupción y crisis de representación política, especialmente los partidos. Quizás para algunos la dificultad que encaran gobiernos, legisladores e instituciones políticas es consecuencia de los dos primeros temas. Sin embargo, los datos sugieren que más allá del imaginario social, las instituciones y quienes las encabezan han perdido capacidad de respuesta para hacer frente a la expectativa pública sobre dos aspectos fundamentales: proveer seguridad y mejorar la calidad de gobierno.

El país se encamina a la renovación de los tres poderes y prácticamente de todas las municipalidades, además de nueve ejecutivos locales. La retórica propia de las campañas postula soluciones fáciles, sobre todo aquella muy presente en las ofertas electorales de corte populista, que hace creer que es sólo materia de voluntad resolver los problemas. En parte es el caso, sólo en parte, lo que sí es evidente es que un cambio será posible sólo en la medida en que todos se involucren en la solución, en presentar nuevas condiciones de liderazgo y generar un buen gobierno. Mejorar los indicadores económicos ya no es suficiente sino tenemos el reto de acreditar el democrático y el consenso social en sus instituciones

El Senado y el fiscal

Uno de los temas fundamentales del sistema presidencial es la relación entre poderes. Se han creado instituciones para dar curso a la justicia y también para el control horizontal del gobierno. La intervención del Congreso o de una de sus Cámaras para la designación de funcionarios federales es una de las fórmulas utilizadas. El Senado ratifica el nombramiento de Procurador y también el Senado elige, con mayoría calificada, al Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Electorales.

En días pasados, el Procurador encargado del Despacho, Alberto Elías Beltrán, removió al Fiscal designado por el Senado, Santiago Nieto. El hecho dio lugar a una intensa controversia política, legislativa y jurídica. El Senado había sido convocado, dado que estaba a prueba el sistema de contrapesos y la función de la Cámara Alta sobre los actos de funcionarios del gobierno, para ratificar la remoción o para reinstalar al fiscal Santiago Nieto. Empero, el ex Fiscal Especial ha declinado su caso ante el Senado, lo que seguramente dejará sin materia el tema.

Partamos de algo que se olvida en el debate que este tema había generado: los órganos legislativos no fueron creados para impartir justicia. Lo hacen en situaciones excepcionales y casi siempre, aquí y en el resto del mundo, su actuación no es la que mejor se apega a las normas propias del proceso judicial. Así es porque en la democracia contemporánea, la forma de actuar de las Cámaras es mediante la intervención de los partidos políticos o grupos parlamentarios, movidos por intereses las más de las veces incompatibles con el espíritu de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. En esta tesitura especial de legisladores que representan también a sus partidos, la disciplina partidista es un tema controvertido, pero al final es funcional para la democracia representativa y el trabajo parlamentario. No se elige a una persona, sino a un representante a través de un partido. En todo caso, ahora existe la figura del candidato independiente para que sea el ciudadano quien avale a un representante sin apego partidario.

Hay temas fundamentales y excepcionales en los que el legislador cuenta con libertad: asuntos como los de conciencia. En mi opinión, también son aquellos cuando una comisión o el pleno de la Cámara se erige en juez. Por elemental lógica, no puede haber justicia si se somete al dictado partidario. La actuación de cualquiera de las Cámaras en temas de justicia son de tanta importancia que los legisladores deben actuar con libertad y, para ello, votar en secreto.

Lo importante, y la lección que deja el caso del Fiscal, no es la manera en que se iba a votar, sino el sentido del voto. Considero que había elementos públicos que sustentaban suficientemente el caso de la remoción. El ex Fiscal Santiago Nieto ha declinado en su causa. Más que sus razones en su misiva última, hay que ver que confesó haber permitido que un diario de importancia, en su primera plana, haya señalado que fue objeto de amenaza cuando él dice que eso no fue lo que declaró. No tuvo, en su oportunidad, el valor para desmentir o precisar una acusación que afectaba a un particular inculpado, lo que también compromete la imparcialidad del fiscal.

Hay otro aspecto que no se ha valorado en la opinión pública: el desacato a un amparo del 10 de octubre, que después habría de ser ratificado, en el que el juez ordenaba al fiscal especial, en un plazo de 24 horas, permitir que el inculpado accediera a la carpeta de investigación, hecho que no solo no ocurrió, sino que, por declaración del fiscal, un medio publica sin ser cierto, que había presión indebida del inculpado.

Este último caso, revista una situación sumamente grave toda vez que el desacato judicial es mucho más grave que la imprudencia verbal o la omisión, pues da lugar a responsabilidad penal. Ya el representante legal de Emilio Lozoya ha presentado denuncia ante la PGR. Santiago Nieto deberá enfrentar la justicia por el desacato a la instrucción del juez, independientemente de que por voluntad personal haya desistido de defender su cargo.

Para un sector de la oposición y para algunas organizaciones civiles, la remoción o ratificación del fiscal Santiago Nieto se ha apreciado, indebidamente, como una cuestión de sanción o impunidad respecto al caso del supuesto financiamiento de la campaña de 2012 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. En realidad, no se está juzgando la investigación, sino la calidad ética y la legalidad del desempeño del fiscal Santiago Nieto. En todo caso, ha sido su conducta de protagonismo y excesiva imprudencia verbal ante los medios los que han complicado el caso.

La remoción fue una sanción a la ligereza u oportunismo mediático de un funcionario, cuyo desempeño debiera ser el de la discreción y bajo perfil. La pretensión de reinstalarlo representaba una afrenta a la razón; de prosperar, hubiera significado que funcionarios en responsabilidades críticas como la de un fiscal especial puedan mentir o dejar que otros mientan a su nombre. Con el retiro del caso, el Senado no llega a definir y perdemos una oportunidad valiosa para saber si las instituciones pueden procesar, en estos tiempos, esta clase de retos de gobernabilidad y de legalidad en los que no debería haber discusiones.

La tarea sigue adelante. Es deseable la pluralidad para designar Fiscal General de la República, o al menos Procurador, en tanto se llega al acuerdo sobre el primer nombramiento. No es recomendable que instituciones como las fiscalías generales o especiales estén a cargo de funcionarios sustitutos, por más competentes y eficientes que sean. El Senado debe asumir su responsabilidad como parte del Estado Mexicano y actuar con altura de propósito, al margen del impulso electoral, tan presente y tan dañino en esta circunstancia.

Se ha cerrado el caso del fiscal, pero el Senado tiene una. La Constitución y el régimen institucional le otorga responsabilidades que no deben declinarse ni posponerse. Seguir pensando como facción no es salida, sino ruta segura a la parálisis. Se requiere responsabilidad, visión y compromiso con el país. Una vez que deja de haber un tema que polarizaba la opinión, es de esperar una respuesta constructiva, inteligente y que acredite la funcionalidad de las instituciones de la democracia.

La causa de Krauze

Un aspecto esencial de la democracia es su carácter deliberativo. El país, los medios, el día a día, abren espacio a la deliberación en sus variadas formas: el escrutinio al poder, el debate, la confrontación de ideas. Es una paradoja, pero en la práctica y en la regla, las campañas electorales cierran paso al debate. El modelo comunicacional diseñado por políticos es claramente antiliberal y en muchos sentidos una ofensa al ciudadano. Uno de los capítulos más lamentables de la mala reforma de 2007 fue, además de cancelar las libertades, crear un modelo de campañas con una invasión de promocionales en radio y tv tomado de los tiempos del Estado. La propaganda se volvió el modelo de comunicación política y el debate simplemente desapareció de escena.

Frente a esta realidad de un diálogo que hoy parece imposible entre los partidos y el ente social al que representan, el historiador Enrique Krauze se ha pronunciado por abrir espacio al debate. La causa de Krauze es la de los ciudadanos. Los partidos procesan la propuesta a partir de su cálculo y conveniencia. Es natural, pero no puede quedarse en ello. De todos los frentes debemos exigir a los partidos y a sus candidatos un compromiso mayor para hacer de los comicios venideros el paso adelante que exige la calidad de nuestra democracia, y en este objetivo, el debate es un elemento imprescindible.

Los debates no se hacen porque la ley los exija o imponga. De hecho, los que así se establecen suelen ser sumamente rígidos y de un formato que no propicia el intercambio de ideas. Todo se vuelve problema, hasta la convocatoria, más cuando concurren muchos candidatos, algunos sin posibilidad alguna que suelen ser patiños que la hacen de fajadores al servicio de otros con mayores posibilidades.

Los debates acontecen en la escena política porque los contendientes deciden participar no en función de una ventaja, o desventaja, sino como parte natural del juego democrático. Casi siempre son los medios de comunicación quienes convocan, organizan y difunden. Suele haber declinaciones a participar bajo la tesis de que quien va adelante en las preferencias no debe exponerse. La realidad es que los triunfos electorales deben acompañarse de razones y argumentos. Esta es la importancia de los debates, y con frecuencia se dan casos de candidatos con ventaja que la aumentan, precisamente por lo que acontece en este tipo de encuentros.

Lo he dicho en este espacio. México registra un atraso en la calidad de su democracia precisamente por la dificultad de interiorizar la deliberación como una forma normal del quehacer público y político. Persiste la fijación sobre la unanimidad, esto es, la dificultad que tienen los hombres de poder para asumir como normal la crítica y el rechazo –auténtico o interesado– de parte de la sociedad. Para muchos lo mejor es no exponerse, optar por la omisión, el silencio o una respuesta perversa que elude el intercambio: el monólogo.

La página más luminosa de la historia política del país fue la del periodo de la República Restaurada, etapa rescatada con gran calidad y rigor intelectual por don Daniel Cosío Villegas. Una vista a la política y a la prensa de tal periodo es un ejemplo que inspira y conmueve. Lamentablemente esta elevada expresión del liberalismo mexicano habría de ser sepultada por el caudillismo del porfiriato y del régimen revolucionario. Un legado no deseable de ese México ha sido la resistencia de los hombres de poder al escrutinio y a la deliberación pública y abierta.

La sociedad mexicana ha cambiado profundamente. El modelo comunicacional de principios de siglo no contempló la crisis de los medios convencionales y el surgimiento de la revolución digital como uno de los recursos más relevantes para la comunicación política. No es la publicidad lo que importa, sino el intercambio, la capacidad para interactuar en tiempo real a partir de los múltiples intereses y formas de comunidad que en torno a ellos se genera. A no pocos horroriza lo que ocurre en las redes sociales, sin embargo, esto, a pesar de sus excesos, llegó para quedarse y reviste la mayor importancia no solo como medio de información, sino de participación y expresión políticas.

Los debates tienen la virtud de ser eventos políticos que la sociedad sigue con interés. Es un desafío para los candidatos el buen desempeño. El encuentro tiene un efecto igualador y para los independientes o postulados por partidos pequeños son oportunidad, aunque el público no es inmune a la prédica demagógica. La ventaja es que da opción no solo a que los adversarios respondan y hagan su propio caso, también para que los medios y particularmente el público se involucren en las campañas y de esta manera lograr un voto informado.

Los debates no resuelven el déficit de la democracia, tampoco hacen superar los problemas que hay en la cultura política de la sociedad. Sin embargo, son procesos que en su ejercicio van ofreciendo un beneficio creciente en esta dimensión propia de la democracia: un permanente aprendizaje colectivo y sí, en sus efectos últimos, sí contribuye a la participación política y da sustento a la razón del voto.

Una de las mayores virtudes que advierto en campañas que hagan que el debate desplace a la propaganda y al monólogo, es que compromete a quien compite y mañana gobierne a hacer de la crítica y la coexistencia de la diversidad una forma regular, normal y virtuosa de la democracia y del ejercicio del poder. Así, el debate sirve para conjurar el regreso de cualquier forma de autoritarismo del gobierno.

Quien gane, quien prevalezca en la contienda de 2018, habrá de ser consecuente no solo con la oferta por él suscrita, también por la manera en que lleve la contienda. Así, de haber debate, el nuevo presidente habría de entender y asumir el país diverso y la pluralidad política que lo contiene. Las unanimidades nada tienen que ver con la democracia. Sí la crítica, la deliberación y el escrutinio al poder. Abrir las puertas al debate, como lo propone Krauze, permitirá comprender el horizonte completo de un país urgido de construir su propio y mejor destino.

Hacer de la competencia virtud

Para no pocos, la circunstancia se ha vuelto lamento, si no es que enojo. En estos tiempos, por diversas consideraciones, la realidad se ve por el cristal que alienta y alimenta el descontento general. Hay razones para ello, siempre las ha habido, pero el problema mayor es que no nos demos licencia para ver lo positivo y, sobre todo, entender que para bien andar el camino adelante y mejorar lo que existe, requerimos de un mayor sentido de corresponsabilidad, optimismo y confianza en nosotros como comunidad.

He pensado que los desastres naturales nos han dado la oportunidad de entendernos mejor en nuestras virtudes como pueblo y en nuestro potencial como nación. El temor a lo inexplicable y la convicción de lo precario de la vida, nos hace poner en perspectiva bienes y males. Me quedo con la idea de que lo acontecido con todo lo que significa en costo humano y dolor, da lugar para que asumamos de mejor manera nuestro presente. Esto es relevante ante el escenario de disputa por el poder que habrá de resolverse por la civilidad propia de las elecciones.

Partamos de lo innegable: los problemas son reales y además recurrentes. Pero la inseguridad, el déficit en la calidad de los gobiernos y de la política o la desigualdad en todas sus expresiones, deben entenderse y resolverse con visión, comprensión de sus razones profundas y, especialmente, compromiso compartido para resolverlos. No hay soluciones fáciles ni rápidas. La promesa simple y voluntarista colapsa ante la terca realidad. Así, por ejemplo, en Nuevo León, hace poco más de dos años ocurrió uno de los resultados electorales más sorprendentes al llevar al triunfo a un candidato independiente que despertó la expectativa de un cambio profundo; ahora se padece un generalizado desencanto y quienes ayer le abrían camino por el fastidio con el orden de cosas, ven no sólo cómo se desmorona lo prometido, sino un retroceso en muchos terrenos ganados, como el de la seguridad, entre otros.

Por eso es menester hacer de la competencia virtud. No se trata de que partidos, candidatos y organizaciones declinen en su lucha frente a los adversarios o al estado de cosas. De lo que se trata es interiorizar lo mejor de los valores y principios de la democracia, en tiempos donde las naciones más avanzadas, padecen el embate del populismo nacionalista. El discurso del odio, que estará presente, perderá valor si la respuesta ciudadana es de reserva o escepticismo. También debemos proceder así ante quien recurra a la promesa superficial, eluda el debate o aliente los sentimientos y emociones más bajas de la sociedad.

La competencia en 2018 será diferente, no solo por razones institucionales o de la norma; la sociedad se ha transformado y la mediación fundamental entre el ciudadano y el poder público, es decir, los partidos, padecen el mayor descrédito y distancia con la sociedad. La comunicación también está sufriendo cambios profundos. Lo digital coexiste -ganando cada vez más terreno- con los medios convencionales. Con las redes, los flujos de información son horizontales, en tiempo real e interactivos; aunque con más frecuencia de lo que se quisiera, no siempre encontramos ahí rigor asociado a la veracidad.

Quienes tenemos el privilegio de participar en los medios, también tenemos la oportunidad de contribuir no solo a la moderación inteligente del discurso y la oferta política, sino a ser factor de escrutinio a todo y todos. No hay un espacio neutral para la contemplación de los asuntos públicos, mucho menos de los políticos. La imparcialidad o la objetividad, con frecuencia, suelen ser trampas voluntarias o involuntarias de quienes las suscriben. Lo importante es la honestidad en el juicio y el rigor del análisis. Exculpar o inculpar sumariamente desde el tribunal mediático es un problema que debe atenuarse. Si se insiste en ello al menos se debiera hacer juicios justos, esto es, escuchar y dar oportunidad de defensa al inculpado.

La normatividad electoral es virtuosa en la medida en que abre espacio a la libertad de los ciudadanos y la oportunidad de competir en condiciones justas y razonables. El paternalismo impuesto por los propios partidos en la ley, bajo la premisa de que los ciudadanos deben ser protegidos de la competencia desbordada, ha tenido efectos perniciosos y han llevado a una sobrerregulación, con frecuencia absurda. El Consejo General del INE es una instancia confiable y en varios sentidos de excelencia. No pocos de sus problemas se derivan de la aplicación de malas normas y de un marco institucional mal diseñado por el legislador, que hace del órgano electoral juez y operador al mismo tiempo.

Para hacer de la competencia virtud debe quedar claro que los protagonistas centrales no son los partidos, tampoco los candidatos, son los ciudadanos, quienes deben ser tratados con el respeto que merecen en esta hora donde el ánimo social parece valorar de mejor manera la confianza en nosotros mismos. El descontento de alguna manera está presente, pero también el deseo de prácticamente todos de mejorar lo que existe. Es hora de que entendamos las causas profundas de muchos de nuestros males, para comprometer a la misma sociedad a participar en su atención y solución.

Bienvenidos la competencia, el debate y la crítica. También demos espacio al consenso y a la confianza en los órganos electorales. Es preciso desconfiar de quienes desconfían por sistema y dogma. Hagamos de la competencia un concurso que convalide nuestras capacidades para decidir de manera razonable, civilizada e inteligente. Que los partidos y candidatos cuenten con la libertad para emprender su lucha por el voto y que los ciudadanos tengan la emoción y la razón para darle un nuevo sentido a la competencia, que deje ser sinónimo de diferencias insalvables y que nos reencuentre para construir entre todos, con nuestras coincidencias, un mejor futuro.

Partidos en cuestión

En los tiempos que corren, pareciera que la inercia del poder es lo único que mantiene unidos a los partidos políticos. Lo deseable y lógico es que el eslabón más fuerte de esas instituciones sean el proyecto común y reglas internas que aseguren a sus miembros inclusión en candidaturas y representación regional o social en los órganos de dirección. No es así como ocurre y la democracia se ha vuelto una especie de producto tóxico para los partidos, los históricos y los nuevos, que por igual le han dado vuelta y han desestimado el enorme valor de la democracia interna como factor para presentarse como opciones válidas ante la sociedad.

En la cimiente de nuestro régimen político, los partidos fueron conceptualizados como escuela de democracia y vida cívica; que los partidos se nieguen a ello, significa que la política en su conjunto se enfila hacia su debilitamiento y se envilece. Partidos enfermos de autoritarismo y manejados cupularmente, abren la puerta a muchos de los defectos y debilidades de la vida pública causantes de buena parte del malestar social contra la política y los políticos en general. No uno, todos los partidos se han negado de manera sistemática a la democracia. La reforma de 2007 fue un severo retroceso, en el sentido de que el tema de democracia de los partidos dejó de ser un asunto de interés público para remitirlo a las decisiones exclusivas de los partidos y de sus dirigencias. Un error monumental. La democracia no debe ser opción, sino obligación.

Los partidos –todos- han perdido estima social y prestigio político. Las candidaturas independientes han sido una forma de sanción ciudadana, un castigo que no resuelve de fondo el problema. No hay democracia representativa posible sin los partidos. El tema a futuro es acomodar diferentes formas de participación y representación política al margen del sistema de partidos, un desafío monumental y que quizá signifique un nuevo paradigma para la democracia representativa. Independientemente de ello, los partidos en México no pueden mantenerse como hasta ahora, divorciados de los principios de la modernidad democrática.

El PAN pierde mucho por la decisión de Margarita Zavala de abandonar sus filas para buscar la candidatura independiente a la Presidencia. También para Margarita es un desafío significativo emprender ese camino inédito. Una decisión audaz que revela el hartazgo por la cerrazón de la dirigencia de su partido. El PAN ha cambiado, fue una organización con inclusión, equilibrios y un poder del dirigente acotado por los órganos de representación. Ahora es partido de un solo hombre; le da eficacia y fuerza en condiciones de contienda, pero es una pérdida en el sentido de inclusión y de construcción de un proyecto común, característica de todo partido.

López Obrador ha tenido la habilidad de presentarse como una opción diferente a lo existente. Fue un paso importante dar lugar a Morena como una organización consecuente a su propósito de cambiar a México desde la Presidencia de México. En su caso, es explicable que sea un partido a su servicio y que allí nadie se atreva a cuestionar su campaña anticipada como candidato presidencial. Un partido nuevo con un dirigente con amplia base política como López Obrador recreó la expectativa de algo diferente. No ha sido el caso, y en poco tiempo se ha visto que comparte los problemas de todos los partidos: autoritarismo y opacidad en el financiamiento.

Por ejemplo, la decisión de definir candidatos a través del sistema de encuestas es un error, mucho mayor cuando se hace en la opacidad y la simulación. Opacidad porque el ejercicio demoscópico se hizo sin el consenso de los contendientes en las particularidades metodológicas del estudio; simulación, porque el resultado se dice que es para seleccionar a quien coordinará los trabajos del partido en la entidad, cuando todo mundo entiende que es para definir la candidatura. Se hace así para violar la ley amarrándole las manos a las autoridades electorales mediante una clásica “chicana” legal.

En el marco de los desastres naturales recientes, los partidos fueron sometidos a un severo cuestionamiento con motivo del financiamiento público; la presión social para remitir esos recursos a la reconstrucción fue una manera de hacer valer el desencanto con lo que existe. El problema no es lo que cuestan los partidos al erario, sino la distancia de éstos con la sociedad y su disfuncionalidad para dar representatividad al sistema político. En otras palabras, el problema del gasto público electoral es mucho menor respecto al hecho, ese sí grave, de que los partidos han dejado de cumplir con sus responsabilidades en el sistema democrático.

Las candidaturas independientes resuelven un tema constitucional para garantizar el derecho a ser votado y, eventualmente, como ha ocurrido en varios países, de manera excepcional pueden airear el sistema político para empoderar a políticos o ciudadanos al margen del sistema partidario. Margarita Zavala en su decisión de abandonar al PAN, es un acontecimiento mayor que debe entenderse en todo lo que significa, especialmente, para el sistema de partidos por la ausencia de democracia interna a manera de dar oportunidad a sus miembros cuando aspiran a un cargo de elección. De alguna forma es el caso de Ricardo Monreal, en el supuesto de que busque la candidatura negada por su propio partido.

La cuestión de fondo es que ha llegado el momento para que los partidos asuman responsabilidad y adviertan la magnitud del problema por servirse de la democracia y no servir a ésta. Las candidaturas independientes están en desventaja respecto a las de los partidos en términos de prerrogativas; pero también hay imprecisiones en la ley en materia de fiscalización para esta modalidad de campaña. La inequidad es un problema y no menos es la transparencia sobre origen y gasto de campañas. El tema es relevante porque ante la cerrazón de los partidos, serán muchos los candidatos que buscarán el cargo por la vía independiente.

Las elecciones presidenciales han dejado un saldo en lo general positivo de reformas, muchas de las cuales buscan corregir problemas del sistema electoral, aunque no todas ellas muy acertadas, como fue en algunos capítulos, la de 2007. Desde ahora se anticipa la necesidad de cambiar las reglas, y una fundamental será la de obligar a los partidos a la democracia en todas sus decisiones. No se puede exigir hacia afuera lo que niegan en casa a los suyos; porque la democracia es sólo una, y los demócratas lo son en todo lugar y en todo el tiempo.

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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