Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Pensar en México

Cada día es más evidente que el país está muy lejos de la unidad. La situación es preocupante por los problemas internos. Los enemigos de todos, que son los criminales y la amenaza a la soberanía nacional desde el exterior, están presentes como pocas veces. El problema desde luego, no es sólo del gobierno, también es de todos cuando anteponemos la postura o el interés propio sobre el general.

Al gobierno le sucede lo mismo que a sus opositores: la secuela de la polarización. Cada quien ve un enemigo, una amenaza a lo fundamental y una batalla sin término. El problema es que el interés del país va dejándose de lado. No se ha encontrado un justo medio para que las autoridades hagan su trabajo sin polarizar ni descalificar; y desde la sociedad cada vez emergen voces más confrontadas con el poder y con todo lo que el gobierno hace o propone.

El país no puede darse el lujo del desencuentro, mucho menos de un estado de enfrentamiento interno frente a la magnitud de los problemas que acechan a la nación. En el frente económico se tienen dificultades, pero nada comparables con lo que se está presentando en el plano político y en el de seguridad. La circunstancia hace aconsejable que el presidente haga pausa, una suerte de tregua, al menos en lo verbal, para dar curso si no a la reconciliación, al menos a una actitud de comedimiento hacia quienes están distanciados de su gobierno

La polarización, en ciertas circunstancias, puede servir para ganar el poder, como ocurrió con la pasada elección presidencial. Sin embargo, recurrir a esto desde el poder y en medio de camino minado, es un riesgo en el que quien más lleva por perder es el país. Los sucesos de Culiacán y Sonora potencian amenazas muy serias al país. El tono desafiante o de desdén no sólo no ayuda, sino que agrava la situación. El presidente cuenta con el apoyo mayoritario de la población, la mayoría de los mexicanos tienen confianza en él y este recurso, que es muy preciado, debe ponerse al servicio del país.

Los eventos en materia de inseguridad minan bases fundamentales de las instituciones públicas. Esto no lo miden las encuestas, tampoco se manifiesta en las expresiones públicas o de grupos pequeños pero representativos como son los empresarios. El consenso visto desde el poder, de siempre tiene mucho de artificial y en no pocas ocasiones es ficticio. Es preciso prestar atención a lo que está ocurriendo. Hacerlo sin la venda del prejuicio, ni el ánimo de encono. Hay problemas que están creciendo a partir del deterioro institucional. El presidente y su equipo lo pueden identificar, si se lo proponen, y atenderlo sin ánimo de enfrentamiento.

El debate es conveniente, pero debe hacerse sin mediar descalificación, recurso que ha sido recurrente en este gobierno. Las diferencias no necesariamente dividen, bien procesadas, pueden ser un recurso muy útil para mejorar el desempeño de la autoridad y para construir las mejores soluciones. El presidente tiene una idea particular de la libertad y del ejercicio del poder; es preciso dar más espacio al respeto al otro y desde luego a la inclusión.

Las libertades deben transitar con fluidez. El gobierno debe promoverlas y para ello se requiere mayor autenticidad y congruencia. Las instituciones del Estado deben ejercer a plenitud su responsabilidad y en los temas de su competencia, servir de contrapeso eficaz al gobierno y contener el abuso de autoridad. Los partidos deben contar con todas las facilidades para el ejercicio de sus derechos, para apoyar en el caso del gobernante y para oponerse respecto a la pluralidad que no esté representada en el gobierno.

El desborde de la criminalidad es el escenario más preocupante, por sí mismo y por su secuela. En el pasado reciente se han tenido dos experiencias traumáticas en materia de seguridad que han trascendido fronteras y vuelven pensable las soluciones con la ayuda desde el exterior. La colaboración que debiera esperarse del vecino al norte, se da en el contexto de la competencia electoral en ese país, lo que vuelve muy complicado construir soluciones razonables tanto para la aprobación del acuerdo comercial en puerta, como para elaborar una nueva política que permita construir un frente contra el enemigo común, que es el crimen organizado. No es mediante el reclamo la manera de construir una agenda común, sino el respeto, la persistencia y el argumento razonado.

El Estado tiene responsabilidades ineludibles con la sociedad, y más en las circunstancias tan complicadas que vivimos. Debe romperse el binomio: represión o complacencia. La tarea de justicia, especialmente frente a quienes han ensangrentado al país, demanda del uso de la fuerza pública y de la capacidad del Estado para sancionar al criminal. Es una tarea fundamental e irremplazable de la autoridad. Es importante recuperar la capacidad para hacer justicia y proveer seguridad antes que la situación rebase al gobierno y dañe severamente al país. Llegó el momento en que todos deberíamos pensar con seriedad y sin reserva en México.

Encuentros y desencuentros fiscales

Uno de los desafíos mayores del sistema fiscal mexicano ha sido el cumplimiento de los particulares con lo que determina la ley en materia de la obligación de pagar impuestos. El país acumula una larga experiencia de reformas y adecuaciones normativas a manera de fortalecer los ingresos públicos. Las más de las veces se ha legislado para una base tributaria cautiva, sin poner el foco en el tamaño y proporción de la economía informal. El no pago de impuestos, por la razón que sea, incluso por la dificultad que representa pagar, plantea problemas de justicia, legalidad y funcionalidad económica.

En el marco de la campaña pasada, el candidato López Obrador suponía que la política fiscal tenía como origen la desconfianza de los causantes por el destino incierto de los recursos generados por sus contribuciones, de manera tal que, una vez acreditado su buen uso los particulares gustosamente cumplirían con sus obligaciones fiscales. La postura ha cambiado en muy poco tiempo, y ahora más bien pareciera, por las reformas asociadas a los delitos fiscales, que se ha pasado al otro extremo, es decir, a utilizar las medidas de intimidación y apremio a manera de que los particulares por temor cumplan con el pago de impuestos.

La política fiscal se enfrenta a dos realidades: la natural resistencia de los particulares a cumplir sus responsabilidades, y la convicción institucional que todos los causantes deben pagar impuestos bien sea por convicción cívica o por el miedo a las consecuencias derivadas del incumplimiento. La cuestión que preocupa es que la informalidad, según algunas fuentes, representa el 25 por ciento del PIB y no haya una política para enfrentarla, lo que es un mensaje que desalienta al cumplido y alienta a quienes buscan obtener ventaja de las reglas para pagar lo menos posible de impuestos.

En este último escenario es donde se ha creado una suerte de industria de empresas llamadas factureras que simulan operaciones y que generan falsos comprobantes de gasto, a manera de que terceros puedan asumir negocios ficticios y de esta manera disminuir sus obligaciones fiscales. Las autoridades han identificado esta práctica y por lo mismo le han dado, como corresponde, trato de actividad delictiva. En el actual gobierno se ha decidido acentuar la embestida legal contra esta práctica y se les ha asociado a actividades de crimen organizado y por lo mismo aplicables los recursos extraordinarios para este género delictivo.

El desencuentro de los particulares con algunos funcionarios es que la acción contra los delitos fiscales ocurra en el marco de la discrecionalidad de autoridades y que se puedan emprenden acciones extraordinarias sin la intervención de autoridad judicial y especialmente, que pueda haber una afectación patrimonial previa a sentencia. La extinción de dominio reviste uno de los temas más preocupantes, y no es correcto que las autoridades entiendan esta inquietud como una resistencia a la lucha contra los delitos fiscales. Tampoco es válido trasladar a una intención partidaria el que dirigentes empresariales asuman la defensa de sus miembros frente a actos legislativos que afectan la certeza de derechos.

El Congreso ha actuado con acierto para eliminar el régimen de condonación de adeudos fiscales y también ha sido positivo que la opinión pública tuviera conocimiento de las empresas o personas físicas objeto de este tipo de beneficios. Esto no significa que las autoridades incurrieran en una acción ilegal o que los particulares en todos los casos obtuvieran beneficios indebidos. De hecho, es necesario que se ofrezca más información para entender la mecánica de tales decisiones, especialmente en los supuestos de causantes o beneficios mayores. Lo importante es acreditar la igualdad de todas las personas ante la ley y que todos cumplan con sus obligaciones fiscales.

Una vez que el Congreso ha dado pasos para una mejor justicia fiscal eliminando la discrecionalidad o la opacidad en los acuerdos de condonación impositiva y determinando sanciones a las prácticas ventajosas que afectan al patrimonio público, es preciso que la autoridad administrativa fiscal, vía reglamento, ofrezca un régimen que atienda lo central de las preocupaciones que han externado los representantes empresariales de forma tal que haya certeza de derechos y confianza de que no habrá abuso, descuido o negligencia en el ejercicio de las nuevas atribuciones que tienen las autoridades para el combate de los delitos fiscales.

El tema de cultura fiscal siempre remite al de legalidad. Los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales como parte fundamental de las responsabilidades cívicas, como lo establece la Constitución, no como resultado de persecución u hostigamiento que, además, no es algo que se vaya a hacer contra quienes están en la informalidad. Precisamente por esta consideración es que debe haber un sentido de justicia y de presunción de inocencia al momento que las autoridades ejerzan las medidas de apremio para que los cautivos incumplidos o quienes violen la ley, asuman las consecuencias del caso.

Sin municipios no hay México

Este martes 29 de octubre, Gabinete de Comunicación Estratégica, habrá de presentar su reporte anual sobre las ciudades más habitables, estudio que se hace a partir de 76 encuestas que se realizan en las principales ciudades del país y en las alcaldías de la Ciudad de México, y que procesa la respuesta de más de 30 mil personas entrevistadas. El reporte se presenta públicamente en medio de la exigencia de alcaldes de diversos partidos para lograr un mejor trato por parte de las autoridades federales.

Hace unos días, con esa demanda, un grupo de presidentes municipales fue repelido en Palacio Nacional con la fuerza y con el uso del gas que se emplea para contener otro tipo de manifestaciones. Los hechos, si bien reprobables, deben quedar atrás. Se entiende que las instalaciones de la Presidencia de la República deben ser protegidas, aunque como ha reconocido el subsecretario Alejando Encinas, fue una acción indebida ya quelos alcaldes son autoridades representativas de sus comunidades. En la relación de los municipios con la Federación, siempre debe prevalecer la prudencia, y eso parece ser el saldo afortunado de lo que ha acontecido después.

La realidad es que la calidad de gobierno y de los servicios públicos en buena parte descansan en lo que hacen las autoridades municipales que con no poca frecuencia están expuestas a los intereses de todos los frentes, incluso los de corte ilegal. También se da el caso de que los poderes estatales o los federales actúan con negligencia u hostilidad respecto a las autoridades municipales. Ser alcalde ahora es mucho más difícil que en el pasado. Se han reducido los ingresos, ha crecido la deuda, así como la insensibilidad de los otros niveles de gobierno que deberían acompañarles en las responsabilidades municipales.

Hay razón para preocuparse seriamente sobre las dificultades que encara hoy día la autoridad más cercana a las necesidades y reclamos de la gente. La dependencia de las participaciones federales es abrumadora. No está por demás señalar que la calidad de gobierno municipal está correlacionada con la capacidad para generar ingresos propios. El impuesto predial y los ingresos por derechos municipales, en algunos casos significan una parte importante de lo que se gasta. Hay municipios de manejo ejemplar en sus finanzas públicas, como es el caso de San Pedro Garza García, Saltillo, Mérida y Colima. Lamentablemente, en la gran mayoría de los municipios impera el desorden. En el caso de alcaldías turísticas, la historia se entrevera con buenas experiencias y otras que son desastrosas por la venalidad generalizada, que se expresa en una práctica desbordada de extorsión, como ocurre actualmente en algunos municipios de la Riviera Maya.

Uno de los temas que más impacto ha tenido en la calidad de vida y en la cohesión social, según los indicadores en el reporte de GCE, es el de la inseguridad pública. Los números son preocupantes en algunos municipios y alcaldías de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por cierto, entre las cinco ciudades que más incrementaron o mejoraron su índice destacan Mazatlán y Culiacán, lo que significa que el incidente del jueves 17 en la capital de Sinaloa, afecta un cambio positivo consolidado en el pasado reciente.

Por otro lado, a los municipios con buenos números, como han sido San Pedro Garza García, Mérida y Saltillo, ahora se agrega Colima. Por su parte, la evaluación de alcaldes es positiva en estos cuatro municipios y San Nicolás de los Garza. La geografía dice mucho de la calidad del gobierno municipal, también, como señalé, la fortaleza de sus finanzas derivada de los ingresos y de la capacidad de comunicar lo que bien se hace.

En este marco de crisis y de oportunidades en la esfera municipal, resultaría conveniente que el Presidente de la República establezca una relación institucional de apoyo y colaboración con las autoridades locales. Alejarse del prejuicio que, con falsedad, asume que la corrupción es el signo común de la gestión municipal, y entender que buena parte de lo que se requiere para el bienestar de las familias se resuelve en ese nivel de la administración. La tendencia de estos tiempos es el centralismo, que todo lo concentra. Y precisamente porque al concentrarlo todo, también está concentrando los problemas y las soluciones que deberían darse en el plano local, es que debe darse mayor atención y ver con mejor receptividad la situación que se presenta en los municipios.

El Presidente de la República recorre al país de manera extensa e intensa. Una de las razones por las que la agenda del jueves antepasado no tuvo modificación pese a la crisis en Culiacán, fue la reunión programada con los alcaldes del estado de Oaxaca. Es importante escuchar a los presidentes municipales es esas giras, pero asimismo, toca abrirles las puertas de Palacio Nacional, hacerlo de manera institucional, cuidando la representatividad que ellos tienen y haciendo hincapié en que el fortalecimiento municipal es la vía más confiable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

 

La disyuntiva del poder

Todo régimen establece las condiciones de su propia legitimidad. Pocos lo logran, sobre todo en estos tiempos, en los que la sociedad está sobreinformada y exige gran diversidad de bienes materiales y recompensas inmediatas. En el colapso del gobierno anterior, mucho tuvo que ver la incapacidad de sus líderes y beneficiarios para entender la magnitud y las causas de su deterioro. En vez de leer correctamente la realidad, se prefirió ignorar lo incómodo y se optó por dejar pasar los problemas para que el tiempo por sí mismo los resolviera. Sin pretenderlo (o por soberbia), las élites conspiraron contra el sistema; el triunfo de López Obrador fue consecuencia natural del desgaste del poder público.

La posición del grupo ganador es diferente del pasado, aunque muchos de los desafíos y problemas persistan. En términos de legitimidad, el resultado democrático aportó un piso sólido y amplio. El tema ahora es el sentido y la profundidad del cambio. El mandato de un nuevo régimen y el dominio político, institucional y mediático han otorgado al presidente un margen muy amplio de maniobra. En este contexto, la disyuntiva actual parece estar entre la personalización del poder o la creación de una nueva institucionalidad que dé fuerza y autenticidad a la democracia mexicana. El reto empieza por dilucidar si el anhelo de cambio lleva a destruir (como parece) las instituciones propias del sistema democrático, justamente las que hicieron posible el triunfo de quienes hoy están en el poder.

La historia nos enseña que toda forma de poder también crea en su interior sus condiciones de deterioro. Los valores, la claridad de proyecto y las instituciones representan la mejor salvaguarda para evitar que el oportunismo se imponga. El culto a la personalidad es una de las tradiciones más perversas y perniciosas de la política nacional, desde la Independencia. El mandatario debe mantener distancia del halago interesado. El poder conlleva administrar intereses y decisiones que benefician o afectan. Los valores imponen límites, el proyecto da sentido y la institucionalidad acota las decisiones y las blinda contra la arbitrariedad. Un gobernante requiere fortaleza de carácter para no caer en la debilidad, propia de la condición humana, que se ve mayormente expuesta con el poder de la investidura. Los favoritos no son sólo los que se enriquecen, también los que hacen mal uso de la confianza que se les dispensa.

Por ello la prudencia y la mesura son atributos muy preciados del buen gobernante. La pasión debe ser conducida por la senda de la razón. En los menesteres de la administración del poder, la indolencia es pecado capital; delegarlo con frivolidad, como ha ocurrido en el pasado inmediato, es desentenderse de la responsabilidad básica, sin importar la capacidad, destreza o lealtad de quien obtiene la confianza de hacerse cargo. Así planteada, la ausencia del gobernante impide construir una dinámica de equipo con liderazgo, fundamental para el buen ejercicio del gobierno.

Ningún presidente que se haya planteado como propósito trascender en la historia lo ha logrado de manera exitosa. Más aún, en el siglo pasado tenemos ejemplos de presidentes que, al pretenderlo, hicieron mucho daño al país y a su propio proyecto. Esto sucede porque no es la circunstancia ni la voluntad la medida para prevalecer en el tiempo: es el carácter para tomar decisiones, el temple para resistir la presión, la persistencia para no abandonar el proyecto y, particularmente, la visión a largo plazo del país que se quiere heredar a las futuras generaciones.

Por eso, resuelta la legitimidad de origen, la disyuntiva del presidente López Obrador es la personalización del poder bajo el espejismo de que es la mejor manera de trascender o el ejercicio democrático del poder presidencial en su mejor expresión (la visión republicana). Lo primero invita a la confrontación; lo segundo, a la conciliación. Es decir que, en el proceso propio de revisar lo que existe, debe haber sentido para rescatar lo mejor y construir, mucho más que para desplazar o destruir.

La circunstancia de México es complicada; por igual invita al pesimismo que al optimismo. La medida del éxito no es la aceptación pública del gobernante, mucho menos cuando la oposición formal y fáctica vive uno de sus peores momentos. El silencio que existe es de derrota, pero también de miedo, y eso no es útil ni siquiera para el gobierno mismo. Una oposición diezmada afecta la lógica de corresponsabilidad y coexistencia del sistema democrático.

Si de trascender se trata, al presidente corresponde apostar menos a la precariedad del ejercicio personal del poder y mucho más al proceso institucional, tanto al existente como al que deberá crearse como parte del cambio. El equipo de gobierno, su partido y la fuerza legislativa que lo acompañan deberán entender que la mejor forma de garantizar el tránsito al futuro es comprender la circunstancia en toda su complejidad, para que lo nuevo no sorprenda por serlo, sino por su consistencia para dar a México bienestar, libertad y justicia.

Armas y migración

Al momento de hacer un balance respecto a los alcances de la nueva política migratoria, el canciller acierta en llevar a la mesa de los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos el tema de las armas que ingresan al país de manera ilegal. El gobierno mexicano ha cumplido, más allá de la expectativa, en reducir el tránsito de migrantes ilegales por el territorio nacional. Ha sido una decisión difícil y compleja, pero los resultados hablan por sí mismos, y es evidente que las autoridades norteamericanas deben estar complacidas con lo alcanzado, si bien es cierto que no dejarán de exigir continuidad en el esfuerzo.

Los logros en migración —que para algunos representan un acto de cesión de soberanía, puesto que estamos ante una colaboración impuesta por un país extranjero— dan, sin embargo, amplia autoridad a México para tratar un tema de la mayor importancia para la seguridad nacional: el tráfico de armas. En Estados Unidos hay una política permisiva en cuanto a armas, como no ocurre en ninguna otra democracia. Algunos de los estados de la Unión han restringido el comercio de armas, particularmente las de alto poder. Sin embargo, la tradición del derecho a estar armado y la presión de poderosas agrupaciones que defienden el libre comercio de armas, afectan notablemente el debate generado a raíz de repetidos actos criminales o masacres contra población inocente. Los hechos de sangre han ocurrido lo mismo en espacios públicos que en instituciones educativas o edificios religiosos. Cualquier persona puede hacerse de un arma, y los reiterados incidentes así lo comprueban.

México se ha tardado en hacer de este asunto un tema fundamental para la agenda bilateral. Esto no es explicable ante la elevada cuota de sangre en el país a lo largo de las dos últimas décadas. La contención del comercio ilegal de armas no se logra con anuncios preventivos en los puertos terrestres de ingreso. Debe concertarse con las autoridades norteamericanas un acuerdo para contener el tráfico de armas e incluso, en los casos de armas utilizadas en acciones criminales, debe rastrearse a sus propietarios originales para que asuman las consecuencias legales. Con ello habría un mayor cuidado respecto a la venta irrestricta de armas, sin necesidad de modificar el régimen que permite su libre comercio. Por lo menos dos terceras partes de las armas ilegales que circulan en nuestro territorio tienen su origen en esa permisividad hoy cuestionada.

Para un sector de la opinión resulta difícil entender la relación del gobierno del presidente López Obrador a partir de su contraparte. No es sólo la imagen negativa del presidente Donald Trump, sino también la ola antimexicana en el país vecino, en la que ha participado activamente el inquilino de la Casa Blanca. Por eso cobra importancia tener una política exterior con sentido de mesura, que haga frente a los temas que son comunes a las dos naciones y abandone las baladronadas del pasado que tanto afectaron la relación y que nada lograron. Lo que se está haciendo en la relación bilateral es lo mejor para el interés nacional y, al contrario de lo que muchos suponen, permite al país mantener una postura de inteligente prudencia como respuesta a la hostilidad hacia México del gobierno y de diversos sectores de la población estadounidense.

Lo que debe quedar claro del modo en que el gobierno federal encara los retos de una relación difícil —como la que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia con nuestro vecino del norte— es que México no puede ser lugar de libre tránsito para el migrante hacia Estados Unidos ni tampoco puede erigirse como “tercer país seguro”. El presidente López Obrador modificó su postura inicial y logró acreditar —no sólo con las autoridades estadounidenses, sino con los mismos connacionales— una actitud responsable en el tema migratorio. Se ha recurrido a los medios al alcance sin perder sentido de firmeza, y hay un sentimiento compartido por todas las autoridades mexicanas de salvaguardar los derechos humanos. El problema es mayúsculo, y en poco tiempo se ha podido modificar la idea de que el territorio nacional era espacio libre no sólo para circular, sino para ingresar a Estados Unidos, lo que rescata la soberanía territorial del país.

En este complicado entorno, hemos dado pasos importantes en muy poco tiempo. Pero uno de los temas pendientes en la agenda bilateral, crucial para el bienestar del país y la economía nacional, es la ratificación del T-MEC. No es un proceso sencillo. Incluso la líder demócrata, Nancy Pelosi, estos días ha dicho que el acuerdo debe modificarse. Uno de los mayores éxitos del gobierno anterior fue el acuerdo entre autoridades y haber tenido la sensibilidad de incorporar en la representación nacional a integrantes del equipo del presidente electo. No queda duda de que el gobierno de México ha hecho su parte para hacer valer su condición de buen vecino. Ahora corresponde a las autoridades estadounidenses cumplir su parte.

El desafío de la legalidad

La legalidad siempre será aspiracional. Esto es así porque no es un bien tangible, una meta a la que se pueda llegar una vez y para siempre o por decreto, sino una batalla de todos los días y en muchos frentes. La ley es protección al particular y límite a la autoridad. En México hemos asumido la falsa pretensión de que la ley por sí misma logrará cambiar la realidad, y por eso hay un exceso de derechos que revelan la aspiración de una generación, pero no tienen expresión en los hechos. Así, la ley se desacredita, pero la ley es fundamental para el ciudadano y para la autoridad. Es, sobre todo, un medio para actuar en función del interés general y dejar al margen la arbitrariedad o el ejercicio caprichoso del poder.

Justamente por lo anterior son de celebrar las expresiones del presidente López Obrador del pasado miércoles sobre que no se puede legislar en función de los intereses particulares. Estamos frente a una aclaración pertinente que el mandatario expresó por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional, quienes en la víspera parecían decididos a cambiar la Ley Orgánica del Congreso con el fin de mantenerse en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Tiene razón el presidente: no se debe legislar para resolver un caso concreto. Una de las mayores crisis que enfrentó el país ocurrió en los días siguientes al magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El presidente consultó con el dirigente del PRI y la presidenta de la Cámara de Diputados para legislar y así abrir las opciones de candidato sustituto, pues los miembros de su gabinete estaban legalmente impedidos. La respuesta que recibió de Fernando Ortiz Arana y María de los Ángeles Moreno fue concluyente: no se podía legislar para resolver el caso concreto, por crítico que fuera el momento para México y para el presidente.

La intención del Morena de la Cámara de Diputados es inaceptable porque pretende modificar la ley para un caso concreto. En este mismo tenor acierta el presidente al calificar como indebido el cambio que se ha intentado en la Constitución de Baja California para ampliar el término del mandato del gobernador electo. Esta aclaración es significativa y es un claro mensaje para que las mayorías legislativas y todas las instituciones que dan soporte a nuestro sistema democrático tengan un sentido de responsabilidad y ética políticas. El llamado presidencial es oportuno si tomamos en cuenta que, en el grupo de Morena en la Cámara de Diputados, surgen, cada vez de forma más reiterada, impulsos poco avenidos con la ley y la cultura democrática.

Los hacedores de leyes deben ser ejemplo en el apego a la legalidad. Por eso lastima lo que ha ocurrido en el Congreso de Veracruz respecto a la suspensión del fiscal Winckler y en el de Baja California con la extensión del mandato del gobernador electo. Por lo mismo es importante que el Congreso Federal sea en estos momentos un referente de legalidad y de sentimiento democrático a partir de la coexistencia de los diferentes.

Reitero mi convicción en que el desafío mayor de México es abatir la impunidad. Es cierto que el problema que hay en materia de corrupción se debe a la impunidad. También la violencia y la ola delictiva de las dos décadas pasadas en mucho tienen que ver con la incapacidad de llevar al delincuente ante la justicia. Lo mismo se puede decir para la actividad económica: los negocios requieren certeza de derechos, medios confiables para dirimir diferencias y sanción o compensación justa y suficiente.

En la medida en que las autoridades y las personas asumamos todo lo que implica el camino de la legalidad, México será mejor. Más aún, el cambio que pretende el actual presidente, si sólo se concretara en hacer un país de leyes, significaría la transformación más trascendente y positiva para el futuro. Sus implicaciones tendrían muchos alcances y sin duda llevarían a la prosperidad y a la justicia que tanto se anhelan. La nación ha dado vueltas en círculo alrededor de lo que fue el mayor propósito de los jóvenes liberales del siglo XIX, malogrado por la incapacidad de sus autoridades y de sus élites para transitar por la legalidad. Incluso mentes lúcidas y privilegiadas como las de Emilio Rabasa y Justo Sierra vieron en la Constitución de 1857 un obstáculo para el progreso y se inclinaron por la seducción del gobierno de Porfirio Díaz.

En el siglo XX, interiorizamos en el diseño de nuestras leyes el deseo desmedido de que las cosas cambiaran al incorporarlas en la ley. El derecho a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda digna y a la justicia expedita no se satisface por estar en la ley, sino por la capacidad del Estado y sus instituciones para hacerlo realidad. Lo que ahora debe motivar a nuestra generación y a las del porvenir es que las personas y las autoridades asuman el cumplimiento de la ley como la única y más consistente plataforma para lograr un México con desarrollo y con justicia.

Primera estación

El 1º de septiembre ha sido, invariablemente, la medida de los tiempos del país. El gobierno dividido que comenzó en 1997 cambió el ritual marcadamente presidencialista de la ceremonia de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en la que el presidente rinde su informe. Se cambió la Constitución, y también las leyes. De alguna manera el Poder Legislativo recuperó dignidad y su propio espacio. Sin embargo, el modelo comunicacional que ha pretendido reducir la promoción personalizada con recursos públicos propicia un periodo de intenso abuso publicitario. Así ha sido desde que se cambió la ley y así continúa siendo, a pesar de las nuevas formas y estilos de este gobierno.

La realidad es que el presidente López Obrador llega a su primera estación de paso en condiciones singulares: por una parte, un respaldo popular amplio; por la otra, resultados poco favorables en diversas materias, sobre todo en economía y seguridad. El aval de la mayoría de los mexicanos es un importante activo, pero también es un compromiso. Por lo pronto, las formas y las intenciones se convalidan; sin embargo, es evidente que muchos que ahora lo respaldan están a la espera de resultados.

La relación del presidente con la sociedad tiene su genealogía: de parte de él, como un persistente luchador social denunciando el abuso del poder y la corrupción; de la sociedad, esperando más de sus autoridades, aunque ello signifique el riesgo de perder aprecio de lo mucho que se ha alcanzado, especialmente en materia de libertades y democracia. La percepción de venalidad generalizada, degradación pública e insatisfacción por lo que existe, ha generado una sociedad bajo el signo del descontento.

De ese descontento se ha pasado al optimismo. Por la magnitud de la expectativa, el riesgo es transitar al desencanto con todo lo pernicioso que implica. El optimismo no es generalizado; de hecho, ha perdido intensidad, y en materia económica el sentimiento es más bien de reserva. Por ello ha sido muy significativa la corrección del presidente respecto al desencuentro con varias empresas contratadas por la CFE para proveerle servicios de transportación de gas. El problema no debió haberse presentado porque se confundió una opinión con una realidad, pero lo importante es que el presidente, personalmente, se involucró en la solución, un buen mensaje no sólo por lo que representan los servicios que se proveerán a la CFE, sino también por lo simbólico del hecho: hay capacidad y voluntad para rectificar.

La economía invariablemente se mueve en la incertidumbre. Es tarea de las autoridades acreditar elementos que ofrezcan confianza, como ha sido el manejo responsable de la política de gasto y el respeto a los órganos autónomos como el Banxico. El capital extranjero da por descontado los excesos retóricos del presidente, postura que se convalida con el comportamiento muy favorable de las exportaciones no petroleras al mercado norteamericano. Sin embargo, el inversionista nacional ha mostrado más reserva frente a las señales que envían diversas áreas de gobierno, y esto explica la baja en la inversión, a pesar de los compromisos de líderes empresariales y destacados empresarios nacionales. Por cierto, el desarrollo y el bienestar que se pretenden jamás podrán alcanzarse sin tasas elevadas de crecimiento. Así funcionan las cosas en todo el mundo; el presidente no debe renunciar a ese objetivo.

Hace bien el presidente en señalar que la inseguridad es lo que más le preocupa y ocupa. Si bien es cierto que la población entiende que el problema viene de atrás y que el actual gobierno recibió una situación de deterioro en varios sentidos, también lo es que hay una fundada expectativa en que las cosas empiecen a cambiar. La solución que se plantea, aunque parcialmente válida, que es la de atacar las causas profundas de la delincuencia, no llevaría a un cambio inmediato, ni siquiera en cinco años. No hay coartadas, se requiere combatir a la delincuencia por la vía de abatir la impunidad.

El presidente no acierta al aseverar que es visión de los conservadores atacar el problema por la vía de la imposición coercitiva de la ley. No acierta porque envía un mensaje que alienta a los criminales, compromete la moral de quienes los están combatiendo y deja a las víctimas en indefensión y sin justicia. El respeto al estado de derecho, por definición no es conservador ni liberal, sino un valor universal, un imperativo axiológico que garantiza el orden fundamental, sin el cual no puede existir una sociedad civilizada. De otra manera no tiene sentido la justicia penal, ni la existencia de cuerpos de seguridad.

De cara a la primera estación de paso de su presidencia, se hace necesario que el presidente López Obrador haga más por mejorar la calidad del gobierno y de los servicios públicos, en especial del que tiene que ver con la salud de los mexicanos. La lucha contra la corrupción y el ofrecimiento de austeridad no deben ir a contrapelo de las tareas y las responsabilidades que le atañen como autoridad.

El desafío de estos tiempos

El país vive una transformación profunda en todos los sentidos. El pasado, no muy lejano, es percibido como remoto. Muchas de las formas de ser y actuar del pasado son vistas con desdén y para muchos son motivo de desprecio. Siempre serán buenos los ánimos de cambio, incluso los que nacen del descontento y de la insatisfacción, pero en el proceso se debe tener sentido de destino y también de lo que se tiene, que no es poco. El cambio sin brújula bien puede malograrse, y a la larga remitirnos al mismo lugar del que se partió o incluso, a una regresión.

Esto vale en lo individual y en lo colectivo. El cambio tiene referentes a la vista, pero su origen es más profundo. Su externalidad nos remite a las nuevas formas de la política, pero éstas son más efecto que causa. Lo que ha estado cambiando es la sociedad. Es un cambio paulatino, progresivo, profundo y en esto tiene mucho que ver con la información y las nuevas formas de interacción social. Que haya más acceso a los flujos informativos, particularmente los de carácter digital, no necesariamente significa calidad de comunicación; las más de las veces es justo lo contrario. Ahora más que nunca se requiere que el receptor tenga que discriminar. Y de cualquier manera, las personas quedan expuestas a volúmenes de información que sobrepasan la capacidad para seleccionar, verificar y validar.

Los cambios en la sociedad generan presión hacia todo. Vivimos en la época del descontento y al mismo tiempo, del optimismo exacerbado, o fundado más en el deseo y el ánimo que en la razón para lograrlo. La inconformidad tiene referentes éticos inobjetables, particularmente que los beneficios del progreso se concentran en unos pocos y que las mayorías son marginales en el crecimiento económico. Se reduce la pobreza, pero los bienes del éxito no se distribuyen de manera equitativa.

Este sentimiento social hace que se cobre con facilidad factura al presente y se avala de la misma forma lo nuevo, lo que empieza a valer no por sus virtudes sino por ser distinto, aunque a la luz de los hechos, de las comparaciones y de la terca realidad, no lo sea tanto. Y eso sí es un problema; porque mudamos perdiendo mucho y en ocasiones ganando bastante poco de todo lo que se suponía que iba a lograrse.

El rechazo radical hacia el pasado no es útil para encarar la realidad. Se debe tener siempre claridad de destino y también de origen. Una cuota de humildad será necesaria para matizar la soberbia que nos hace perder aprecio por el pasado. Pensar que todo está mal es en sí un despropósito cuando se habla del país. Del mismo modo como las malas decisiones públicas de los últimos sexenios no nos hundieron en la crisis que hoy viven otras regiones del mundo, una nación que no se construye en seis años.

En lo institucional y en lo político el desafío no es menor. Y allí es más importante tener claridad de lo que hay que cambiar y también, lo que hay preservar. El mayor problema es que el ánimo de renovar no es consecuente con la necesidad de dar certeza y confianza a los agentes de la economía, particularmente al sector inversionista. El amplio consenso con el que cuenta el presidente y el respaldo a sus modos y formas no es consistente con la expectativa del sector del dinero. No es una cuestión ideológica, el problema se centra en un tema central: confianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no habrá bienestar, progreso ni tranquilidad.

Para conducir el cambio se requiere visión estratégica. Cancelar obras relevantes de infraestructura y presentar proyectos discutibles de inversión potencian la desconfianza. La resistencia a la participación del sector privado y las señales de una definición gubernamental proestatista, tampoco contribuye. Más aún, el incumplimiento de compromisos suscritos como ha acontecido en los proveedores internacionales de gas, remite a la falta de certeza de derechos. Estas decisiones de impacto positivo en la opinión pública son desastrosas para la economía nacional porque van a contrapelo de la confianza del inversionista. El cambio más confiable es el que se funda en la legalidad, en la certeza, en el derecho; nadie mejor que las autoridades para acreditarlo o descalificarlo.

Ciertamente, todo cambio genera incertidumbre, controversia y en cierta forma resistencias. Es natural y es de esperarse. Por esta consideración debe existir claridad a dónde y cómo se quiere llegar. Derruir lo pasado y asumir que por sí mismo eso será virtuoso, es un error. Asimismo, es equívoco el creer que lo que se propone es mejor, simplemente por ser diferente a lo anterior.

La sociedad demanda cambio y la presión es poderosa y en ocasiones arrolladora. Precisamente por tal consideración, es tarea de todos involucrarse, cada uno desde su propio espacio de acción, en el proceso en marcha. La política no debe conspirar contra el cambio deseable y posible. Nadie tiene el monopolio en el proceso de construcción de un mejor destino, reitero, es tarea de todos.

Los partidos y los dineros

Los partidos políticos en todo el mundo viven su mayor descrédito. De hecho, el desenlace de la elección de 2018 en México se explica por la esclerosis de los partidos históricos para contender con credibilidad y eficacia. Sus candidatos -para casi todos los cargos- tuvieron que enfrentar el repudio a las siglas que los postulaban. En 2015 pocos advirtieron que lo sucedido en Nuevo León, sería un anticipo de lo que vendría. La soberbia y la miopía de la clase política y gobernante los hizo desentenderse del llamado enérgico al cambio de la sociedad. Nada sucedió, y tres años después un movimiento encabezado por el candidato que mejor personificaba la lucha contra los excesos del poder, ganó con creces en prácticamente todos los frentes electorales.

Son muchas las razones de la crisis de los partidos. Es posible que sea coyuntural, pero incluso en esa vertiente, obliga a los partidos a cambiar. El monopolio que ostentan de la representación política se les está volviendo en contra. En México, hay que agregar, el tema de la corrupción los afecta de manera severa. Quien gobierna y el que más gobierna, es mayormente castigado de manera natural por el desgaste propio a causa delejercicio del poder. La afectación, ciertamente, debiera dirigirse a la partidocracia, pero no al sistema de partidos como tal. No ocurre así y ese es el gran riesgo, porque hasta hoy día no existe democracia eficaz sin partidos políticos.

Los partidos sufren descrédito desde antes de ser gobierno, en buena parte por el pragmatismo electoral, por la humana ambición de ganar incluso a cualquier costo. Por otra parte, las elecciones cada vez están más condicionadas por el gasto. En casi todas partes hay problemas de financiamiento ilegal de los partidos políticos. Las campañas son un exceso de derroche que impone un desafío para controlar el origen del financiamiento y, por otra parte, el gasto mismo, particularmente cuando hay límites en lo que se debe gastar.

En 1996 se estableció el régimen de financiamiento público sustantivo para los partidos políticos. La reforma lo que pretendió era otorgar al partido gobernante recursos suficientes sin tener que recurrir a prácticas de financiamiento subrepticio e ilegal. El referente fue lo que el PRI requería y esto se acompañó de una fórmula de asignación de 30% igualitaria a todas las fuerzas políticas y 70% proporcional a los votos, que se mantiene hasta hoy día. Lo que ha cambiado ha sido el cálculo del monto a repartir y es allí donde ha habido polémica. En aquél entonces, el PRD, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, resolvió que los recursos se destinarían a los deudos de los caídos por la persecución del gobierno, además de financiar libros; el PAN con Felipe Calderón anunció que regresarían parte de los recursos.

Veinte años después, los partidos se han vuelto adictos al dinero. Así es y no hay excepción. Ni siquiera Morena, de creación reciente, puede subsistir sin financiamiento público. El pago de cuotas por sus miembros es inexistente y algunos casos -obligatoria para funcionarios o legisladores- es un aporte muy menor respecto a lo que se gasta, sobre todo en campañas electorales.

Por eso, el tema más importante de la relación de los partidos con el dinero no está en el financiamiento público, sino en el financiamiento obscuro o subrepticio. En México hemos avanzado mucho en el tema de la fiscalización, pero la combinación de límites de gasto irracionalmente bajos y la monetización del activismo electoral, ha llevado a la peor de las situaciones: el financiamiento ilegal.

Reducir el gasto institucional a los partidos no apunta a ser la solución más inteligente del problema más grave, justo lo contrario. Sin duda es una propuesta popular, pero no aborda lo relevante. Candidatos que autofinancian sus campañas no es la mejor respuesta para la calidad de la democracia y del gobierno. El interés del crimen de apropiarse de las instancias de autoridad, particularmente las de carácter local y municipal, deben estar al frente de la preocupación pública. Tampoco se deben reiterar las condiciones que propician el financiamiento ilegal con recursos públicos.

Los partidos han desarrollado burocracias costosas y obesas. Las fundaciones son marginales, al igual que la investigación o la labor editorial. La comunicación digital, de bajo costo, en ningún caso es para presumir. El uso de la tecnología que plantea oportunidades singulares para la participación y comunicación políticas, prácticamente ha sido ignorada. Los partidos gastan mal y mucho. Más que proceder a la reducción del financiamiento público, los partidos debieran concentrarse en reconocer sus errores y en replantearse como lo que originalmente son: plataformas de debate entre ciudadanos sobre ideas políticas y sobre proyectos de país, y no meras máquinas para producir votos en temporadas electorales. No sobra el dinero para los partidos; lo que nos falta es mayor responsabilidad y promoción de la cultura cívica para mejorar la calidad de nuestra democracia.

 

 

Invertir en tiempos de la 4T

A todos debe preocupar, ocupar y comprometer la buena marcha de la economía. Los informes sobre su estado actual no son del todo desastrosos, pero indican claramente que el crecimiento ha sido insuficiente en este arranque de sexenio. Sin embargo, si bien extraña a algunos, y quizá hasta inquieta, que las autoridades muestren demasiado optimismo frente a las cifras del INEGI, lo que sí sería una noticia muy negativa es que la economía se ubicara en recesión. Por fortuna, aún cuando la amenaza está presente, no es lo mismo desaceleración económica que un fenómeno recesivo.

El motor principal de la economía es la inversión, pública y privada, más la segunda que la primera. Quienes invierten, lo hacen con la idea de recuperar lo que arriesgan más una utilidad. Lo que se supone que es una decisión racional, en realidad se procesa a partir de la incertidumbre y de símbolos a interpretar. De ahí que las empresas, los proyectos y los países en búsqueda de inversión, requieren mitigar la incertidumbre a manera de atraer capital generando confianza en torno a las condiciones para invertir.

En este sentido, no solo es una postura electoral o política decir que la corrupción es un problema para la atracción de capitales. El mundo ha cambiado para hacer de la probidad un valor y una condicionante. Cuando ocurren actos de venalidad en empresas que cotizan en bolsa, y más de las globales, los órganos reguladores y las autoridades las sancionan severamente. La corrupción es una amenaza a la economía. Por eso, que el país dé pasos decididos para su mitigación debe ser compromiso de todos.

Acabar con la corrupción es uno de los objetivos compartidos por la mayoría de los mexicanos, la cuestión es que la prédica moral siempre será insuficiente, por enérgica que sea y por más elevada que sea la autoridad que la profiera. En esta materia, se necesita más que discurso; serán necesarias las acciones de vigilancia y denuncia, las instituciones y prácticas públicas asociadas a la supervisión y a la auditoría, la transparencia e información de procesos, la participación social y los procedimientos de sanción. El país tiene todo para librar con éxito esta batalla, habida cuenta que los mexicanos tienen confianza y apoyan al presidente en su determinación de luchar contra la corrupción y rechazan o repudian todo aquello que se asocia a la deshonestidad.

No es menor que ocurra este respaldo a la decisión presidencial en tiempos marcados por desencuentros. De hecho, desterrar la impunidad y promover la vigencia plena del estado de derecho es hoy día, muy probablemente, el único consenso posible en el México de la llamada cuarta transformación. Si se mantiene el empeño y el anhelo colectivo de lograr la vigencia plena del régimen legal puede llegar a ser el gran paso y quizá el principal legado de este sexenio, no solo para lograr una convivencia civilizada y al amparo de la justicia, sino para promover el necesario desarrollo económico del país.

Certeza y confianza se alimentan de razones, pero también de símbolos. El presidente es el principal factor en la generación de éstas y es quien más afecta o ayuda a partir de las decisiones que tome su gobierno. Se advierte que la presidencia ha realizado un amplio e intenso esfuerzo de diálogo y comunicación con los sectores económicos en el marco de las decisiones de gobierno; sin embargo, este encomiable esfuerzo se complica por decisiones de autoridad que van a contrapelo del juicio y del interés natural del público inversionista.

Esta circunstancia de reserva se ve mayormente comprometida si agregamos asuntos que conllevan un franco desentendimiento del gobierno respecto a compromisos suscritos. La indemnización no es vía suficiente para salvaguardar el interés del inversionista, porque detrás de un arreglo de ese tipo, que atañe utilizar recursos públicos tan escasos en estos tiempos, la propia suspensión de proyectos de inversión envía un mensaje desalentador al sector del dinero. Esto se complica todavía más cuando se procede al incumplimiento de obligaciones bajo la tesis de que los contratos firmados en el pasado no atendían el mejor interés del país o que servían de pretexto para hacer negocios con recursos del erario. Otra vez hay que insistir: nadie está en desacuerdo con que se castigue la corrupción, el problema se genera cuando los casos de abusos cometidos desde el poder sólo se señalan mediáticamente y se usan políticamente, como atendiendo una lógica electoral.

Castigar proyectos no es la mejor forma de castigar la corrupción. No gastar el dinero convenido en el presupuesto por temor a que “se lo roben” lejos de ser un mensaje de austeridad y de manejo honesto de las arcas, es un signo de mayúscula desconfianza al propio gabinete, es decir, a quienes el presidente les ha encomendado cargos públicos. Es urgente que el país reemprenda la vía de un crecimiento sostenido y robusto, suficiente para generar justicia y bienestar, y éste no se va a lograr sin el concierto de la inversión privada.

 

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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