Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Retos de la adversidad

El mayor bien para el mayor número de personas”
Jeremy Benthanm

Nada parecido nos ha tocado padecer a esta generación como los efectos de la pandemia. La luz al final del túnel se asocia a lo que todavía no existe: un tratamiento razonablemente eficaz o la vacuna. Tarde que temprano llegarán, pero el mundo será distinto y nosotros, cada uno a su manera, seremos diferentes. La pandemia y el encierro han sido aprendizaje. En el orden de las instituciones y las ideas, quizás haya un sentimiento mayor hacia la solidaridad o la responsabilidad hacia uno, hacia el medio ambiente y hacia los demás, pero también ronda la amenaza a las libertades, la idea de que se requiere sacrificarlas en aras de la eficacia social.

El gobierno ha cometido muchos desaciertos en medio de la tragedia, pero ha habido puntual definición a favor de las libertades, y no es un asunto menor habida cuenta que es un tema muy discutible porque este tipo de emergencias invitan a sobreponer lo colectivo sobre lo individual, el beneficio de los demás sobre el derecho de las personas. Y hay razón, porque se puede optar por el derecho a ser contagiado, pero no así el de contagiar. Hay interés público y también individual. Lo rescatable de esto que es un debate difícil de superar, es que ha quedado en claro que el respeto a las libertades no es negociable.

En términos de geopolítica global, tendremos un nuevo equilibrio. El daño económico no ha sido parejo. Es alentador que los poderosos que pueden llegar al descubrimiento de la vacuna hablen de que la cura debe ser patrimonio de la humanidad y no negocio de las farmacéuticas. Sí se deben financiar los costos que entraña el esfuerzo y la inversión de muchos para llegar a la vacuna, pero es de sentido básico humanitario que prevalezca un propósito de socializar el beneficio, sin asociarlo a la capacidad de pago, individual o colectivo.

La cuestión es la espera, porque el daño va creciendo y acumulándose. Nuestro país tendrá más pobres debido a esta interrupción de lo que había sido un largo y sostenido proceso de disminución de la pobreza, y de la pobreza extrema. Van a ser necesarias, más allá de lo previsto, iniciativas que atiendan esta grave complicación. El gobierno deberá modificar sus prioridades en materia de gasto y de política social. Los recursos deberán llegar a quienes se debaten en la miseria. El punto es que esto pudiera presentarse cuando muchos de los sectores de la economía que generan la riqueza que el país necesita en forma sostenida, estén ya en dificultad y requerirán de tiempo para recuperarse.

Es necesario transitar a un marco de colaboración y entendimiento en lo fundamental. Hay diferencias que al parecer son insalvables. El Presidente ha sido claro y no creo que quiera cambiar, con todo y que mucho de lo que cree y piensa, va a contrapelo de lo que sucede en el mundo. Esto no significa que no pueda haber planos de acuerdo. De otra manera estaríamos dando vueltas en círculo: un grupo pequeño privilegiado por el favor oficial y grandes sectores a la expectativa de que el gobierno actúe responsablemente, sin privilegiar o discriminar.

En este espacio hemos insistido sobre la necesidad de fortalecer a las instituciones y por encima de ello el principio de legalidad. Por ocasiones el gobierno parece actuar en sentido contrario. Sin embargo, debemos persistir en el esfuerzo y entender que el tiempo inexorablemente favorece la responsabilidad y la resiliencia de proyectos que tienen sólidos asideros en la realidad y en las necesidades y aspiraciones de los mexicanos.

La vía para superar el descontento histórico es con buenos resultados y especialmente a través de la aplicación de la ley y de las instituciones de justicia. Nada bueno se puede construir a partir del agravio real o imaginario de la sociedad. Insisto, lo importante son los resultados y la capacidad de resistir ante la afrenta, la adversidad o la provocación. Se requiere perspectiva y horizonte.

En las elecciones intermedias eso está escrito, un nuevo equilibrio político habrá de presentarse como consecuencia necesaria del componente local de los comicios concurrentes. Esto significará seguramente el retorno de la pluralidad en la Cámara de Diputados, así como en muchos de los gobiernos locales y municipales. El país deberá retornar a la negociación y a los acuerdos.

Pero para mejorar, se precisa aprender de los errores. El cambio, que es propio de la coexistencia de la pluralidad, con frecuencia fue subvertido o desviado por la intransigencia. Importantes acuerdos no se sustentaban en sus méritos, aunque los hubiera, sino en una relación inmoral entre el gobierno y las oposiciones. El mayor reto en tiempos de adversidad habrá de ser construir juntos un camino donde la visión de desarrollo que promueva el gobierno signifique no la ruina económica que a ratos se perfila, sino el equilibrio para lograr crecimiento duradero con igualdad social.

Hay una posible oportunidad a la vista

La densidad del debate, el miedo y la polarización son elementos que inhiben no sólo advertir los aciertos del de enfrente, sino las oportunidades que se presentan en medio de la adversidad. El país debe reemprender el camino. Debemos partir de un estilo de gobernar que difícilmente cambiará, pero esto no es obstáculo para que sociedad y gobierno encuentren planos de colaboración para minimizar riesgos y potenciar oportunidades. Entre gobierno y sociedad hay temas, asuntos y agendas en las que no hay razón para mantener el desencuentro o la disputa.

El petróleo ha contado para el bien y para mal también. No es tanto como la maldición a que hace referencia López Velarde, pero se le parece. Su aportación a las finanzas públicas ha sido significativa. Por ejemplo, sin Cantarell otra hubiera sido la historia para el país, sin duda fue una aportación relevante en ese momento muy difícil para México. Lamentablemente, a PEMEX se le piensa más como aportante financiero que como empresa, y la postura de este gobierno respecto a su papel en el futuro es extemporánea, más después de la pandemia que moverá al mundo, inevitablemente, a estar más atento a sus responsabilidades, como la de cuidar el medio ambiente, que significa disminuir la dependencia del carbón y el petróleo como generadores de energía.

A contrapelo del petróleo, el comercio con nuestros socios del norte ha sido un motor más relevante no sólo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo social y la modernización integral del país. Fue un acierto de México haber optado por ello. En estos años no ha sido fácil lidiar con el vecino por la actitud antiinmigrante de algunos en la sociedad norteamericana, articulada electoralmente por su Presidente. La renegociación del acuerdo comercial es favorable a los tres países, incluso el capítulo laboral, positivo en cuanto a que democratiza al sindicalismo asociado a las empresas, en el marco de acuerdo comercial.

De modo que México tiene frente a sí una oportunidad extraordinaria, única. Muy pronto, cuando tenga lugar el encuentro de los Presidentes Trump y López Obrador, posiblemente en julio, el tema fundamental será el acuerdo comercial y los nuevos términos de esta relación. Ocurre cuando Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, debe redefinir su relación política, económica y comercial con China, que trasciende posturas ideológicas o partidarias. El país oriental no les es confiable por su indiferencia a la legalidad y la casi nula protección al derecho de propiedad intelectual. La economía norteamericana se ha viso subvertida por un supuesto aliado ventajoso, que se desentiende de sus obligaciones y de los derechos de los demás. Más recientemente, una gran mayoría de los norteamericanos, se han sentido profundamente agraviados por el manejo intencionadamente reservado y a ratos mendaz, de las autoridades chinas ante el tema Covid-19.

Insisto, el panorama coloca a México frente a una formidable oportunidad. El gobierno norteamericano, con o sin Donald Trump como Presidente, está obligado a revisar a fondo su relación con China. Nuestro país tiene todo el potencial para sustituir las cadenas productivas y la proveeduría de aquel país, sin mayores concesiones, simplemente dándole continuidad al proceso de integración que inició hace más de 25 años. Sin embargo, hay un tema toral y definitivo para concretar esa oportunidad: el estado de derecho, asunto que incide en la certeza, principio fundamental para la confianza económica que sólo es posible en el respeto a la legalidad. Obviamente, las consultas populares a modo para suspender obras o inversiones en curso constituyen un mal mensaje en cuanto a la certeza legal que el país pude ofrecer frente a los deseables inversionistas en esta hipotética nueva oportunidad.

Aquí mismo lo he señalado, si el actual gobierno diera curso a reivindicar la legalidad, esto es, abatir la impunidad y mejorar el sistema de justicia, se generaría un punto de quiebre y con toda razón el régimen se acreditaría en un momento significativo en la historia del país, lo que daría espacio para llamarlo la cuarta transformación de México.

La oportunidad que tiene ante sí el país es singular. Son coyunturas que se presentan rara vez en la vida de las naciones.  Con visión y perspectiva, la apuesta del presidente López Obrador debe trasladarse del petróleo, al comercio con EU y Canadá. Esto significa, necesariamente, redefinir qué se puede hacer en la nueva prospectiva energética mundial. Los proyectos de inversión pueden persistir, pero deberán adecuarse a la realidad.

Si el tema central para hacer más confiable la relación económica con nuestros socios comerciales es el de legalidad, el presidente tiene la fortaleza institucional y el aval social para una transformación de tal magnitud. La oportunidad a la vista bien merece una revisión de planes y una pausa en la confrontación, que nos permita potenciar lo que ahora se presenta. Más allá de lo que divide, es mucho más lo que une a los mexicanos.

Imaginar la recuperación

Nada sencillo parece el camino hacia la recuperación. Cada día que pasa nos convence que difícilmente habrá normalidad en el sentido de regreso a la situación de antes, incluso, aunque pronto estuviera a disposición la vacuna, evento que en una visión optimista nos remite a los primeros meses del próximo año. El eventual rebote del contagio para el otoño, escenario tan posible como probable, implica que necesitaremos patrones de convivencia claramente diferentes respecto al pasado y medidas preventivas que tendrán serias implicaciones económicas, políticas y sociales.

El impacto global de la pandemia ha sido notoriamente diferenciado. China desde hace meses ganó la batalla de la contención; varios países de Europa como España, Alemania e Italia van de regreso. Estados Unidos e Inglaterra están en medio de la pesadilla, mientras que, en México, según la narrativa oficial, el mayor impacto está muy próximo. Aquí mismo se advierten significativas diferencias regionales. La Ciudad de México ha sido fuertemente castigada.

Lo ocurrido en las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, resulta comparativamente espectacular en los números y convalida la respuesta temprana que tuvieron las autoridades locales y la capacidad para convocar a sus gobernados para participar en las estrictas y dolorosas normas de distanciamiento social. Las defunciones son el indicador más dramático y concluyente del coronavirus. La Ciudad de México acumulaba este jueves 604 decesos; el Estado de México, 244; Jalisco, 37 y Nuevo León 28. Aunque nada puede asegurarse en las próximas semanas, la geografía diferenciada dice que la normalidad y la reconstrucción también será distinta por región.

En cuanto a la actividad económica aquí hemos insistido que fue un error haber incluido a la industria minera bajo suspensión, por dos consideraciones: su operación es fundamental para muchas otras actividades esenciales y por su geografía, pues tiene la capacidad para emprender acciones muy eficaces de monitoreo y de contención. Otras actividades como el negocio del espectáculo y el entretenimiento presencial son distintas y habrá de esperar quizás hasta el próximo año para alcanzar una circunstancia semejante a la de hace tres meses.

En el lugar opuesto está el sector turístico y el asociado a restaurantes, transporte y particularmente líneas aéreas. El golpe ha sido brutal y sería muy lamentable la pérdida de negocios que hasta hace poco eran rentables, pero que viven en el agobio por los compromisos financieros y sin apoyo gubernamental alguno. A igual que la minería, el turismo es una actividad generadora de divisas, y como la construcción, tiene una derrama social importante por la vía del empleo. Los gobernadores de los principales centros turísticos deberán emprender una acción de rescate y recuperación, aunque cualquier esfuerzo estará condicionado por el comportamiento del turismo internacional y el apoyo federal.

En lo social, hay quien asume que la lección de la crisis sanitaria habrá de servir para adoptar mejores hábitos y actitudes respecto a la corresponsabilidad, vida familiar, movilidad, alimentación, ocio, recreación y moderación del consumismo. No soy tan optimista. Aunque habrá diferencias y ciertamente ha habido un proceso de aprendizaje, estimo que proseguiremos con los mismos problemas de siempre. Quizás una iniciativa colectiva con decidido respaldo oficial sobre un tema en particular podría tener posibilidades de éxito: la lucha contra la obesidad. De hecho, sería un triunfo relevante de salud y de economía si el saldo de este trágico periodo fuera el de mitigar este grave problema de salud pública.

Un tema importante será el desenlace de la elección presidencial en EU. Cualquiera que sea el resultado, la normalización en el país del norte habrá de favorecer a México. Nuestro país ha acreditado con creces su importancia para la economía norteamericana. Pero ante la nueva realidad que está surgiendo todos los días como resultado de la pandemia, deberá considerarse el nuevo mapa de poder económico y político en el mundo. Nuestro país no debe perder sentido de sus afinidades, principios y alianzas, y debe enfocarse en la cooperación global.

El multilateralismo y el mercado han demostrado ser las vías por las que las naciones se enfilan de modo seguro hacia la recuperación, un proceso que incorporará necesariamente nuevos paradigmas y mayor énfasis en el desarrollo humano y al entorno ambiental sano sin el cual éste no es posible. Ayudaría sumarse al consenso mundial.

La política no deja mucho espacio al optimismo. La resistencia del Presidente a ejercer su liderazgo sobre el conjunto de la población y frente a todos los sectores ha impedido construir un sentimiento de unidad frente a la gravedad de los retos. Sin embargo, es necesario persistir. El camino hacia delante será mucho más complicado y difícil si no hay una voluntad compartida para hacerle frente a la adversidad. Queda claro que no es con reclamos ni con recriminaciones de uno y otro lado, como lograremos esa unidad.

 

Un nuevo punto de partida

Se entiende que una de las mayores urgencias públicas sea el regreso a la normalidad. De igual manera es comprensible que los gobiernos, todos, se asuman ganadores en el sentido de creer que se ha hecho lo mejor para enfrentar la crisis sanitaria, algunos desbordantes de optimismo, otros cantando anticipadamente victoria. En los países con contagios a la baja, el debate ya está instalado y a nosotros deberá ocuparnos en su momento; ojalá sea pronto. El nuevo reto va a ser cómo administrar el trayecto a la situación de origen.

El sentido común llama a hacer de la atención a la crisis, precisamente por su gravedad, una decisión centralizada, pero no unipersonal. Se cree que los científicos están mejor equipados que los políticos para hacer frente a este tipo de circunstancias. No está claro que así sea. Lo que sí es evidente que lo peor es que los políticos decidan asumiéndose científicos o que los hombres de ciencia resuelvan adoptando el código, las formas y los valores propios de los políticos.

Cada país tiene su historia; el tiempo dará espacio para valorar con mayor objetividad la manera como se actuó. El Presidente Trump ha querido darle validez a tratamientos y medicamentos. Que lo diga él, no necesariamente quiere decir que esté equivocado, pero no le corresponde. Lo que sí se advierte en muchas de las democracias es la tensión entre el gobierno central y los subnacionales. México no es la excepción y eso no debiera ser materia de escándalo si de lo que se trata es cuidar la salud de las personas y que cada autoridad aporte lo propio para una solución óptima.

Las estadísticas no mienten, pero los mentirosos se valen de las estadísticas. Es lógico, pero no ético, que las autoridades presenten los números que más les favorecen o que hagan una interpretación generosa a su causa o interés. En todo el mundo, las mediciones de contagios son mera aproximación y en todos los países hay decesos del COVID-19 que no se contabilizan a partir de criterios dictados por las autoridades centrales.

La realidad es que no se sabe con certeza qué tan extendido está el problema. En México se supone que es más serio de lo que parece porque es uno de los países que, por política nacional impuesta a los estados y al sector privado, menos pruebas ejecuta. México ha realizado 81,912 pruebas, España 1’414,477, Brasil 339,552, Perú 296,262, EU 6’139,111. El programa Centinela de las autoridades, dice que los contagios confirmados deben multiplicarse por más de 8, para tener una idea del contagio. Eso justifica en parte el hecho que en el país la cifra de decesos sea escandalosamente alta respecto a los casos confirmados, casi de 10% y día con día sigue aumentando.

En México hay significativas diferencias regionales no todas vinculadas a la eficacia o ineficacia de los gobiernos locales. Por mucho, los peores números los tiene la ciudad de México, con 63 contagios por cada 100 mil habitantes. Lo contrastante es que el Estado de México promedia 12 contagios por cada cien mil, Nuevo León 6.4 y Jalisco 4.1, siendo entidades comparables por su densidad demográfica y su expresión metropolitana.

En el vecino país del norte, el presidente Trump promueve el regreso a la normalidad cuando el contagio está lejos de controlarse, de hecho, el anuncio ocurre cuando se alcanzan 70 mil decesos. Los gobiernos locales tienen otros ritmos. Lo mismo sucede en España, Alemania y otros países con poderes regionales autónomos. Estoy cierto que el llamado coincide no solo con la genuina preocupación de gobernantes y empresarios por el elevado costo de la parálisis, sino también por el deseo de muchas personas de reanudar sus vidas y actividades productivas.

Sin tratar de cerrar por decreto el capítulo de la crisis sanitaria, por razones de política comercial México avanzará un primer paso para homologar con los socios comerciales del norte, las actividades productivas de carácter esencial. Al parecer, las autoridades de la Secretaria de Economía, inicialmente, se desentendieron en determinar las actividades prioritarias esenciales en concordancia con el T-MEC, quizás porque así se los impuso la Secretaría de Salud, pero descuidaron obligaciones con los otros socios comerciales respecto de varias industrias, como es la actividad minera, fundamental para la producción de materias primas prácticamente para toda la cadena industrial subsecuente, incluso la farmacéutica.

El retorno a la normalidad será espacio de disputa. Los intereses políticos, económicos y de salud estarán en evidente tensión, con posturas diferenciadas de actores, organizaciones, autoridades y órdenes de gobierno. Como se ha dicho, el interés mayor deberá ser la contención del contagio. La experiencia de otros países indica que mucho se puede alcanzar sin comprometer la política de control. Se requerirá pragmatismo e inteligencia para diferenciar regiones, grupos demográficos, actividades. En poco tiempo se entenderá que no es regreso a lo de antes, sino un nuevo punto de partida.

El verdadero desafío

A nuestra generación llegó inesperadamente y de golpe el realismo de una auténtica crisis. El impacto es semejante a lo que ocurre en las guerras mundiales, cuando las dificultades se generalizan más allá de lo que acontece en el país. Combatir la pandemia de coronavirus se ha vuelto objetivo global, y aunque se sabe que la batalla más temprano que tarde habrá de superarse, no debemos ignorar que tendrá un elevado costo humano, acompañado del deterioro profundo de las estructuras de la sociedad.

La principal gravedad de la situación, es el problema de salud pública, pero en perspectiva, el desafío mayor está en la economía y en la política. La retórica da para construir realidades imaginarias a partir de la manipulación de emociones. Siempre ha sido así, aunque ahora ha ganado mayores espacios en el ejercicio del poder formal. La cuestión es que la realidad objetiva de muchas personas no da para el engaño permanente. El desempleo, el deterioro del ingreso y de los servicios públicos básicos golpean a las mayorías ya de por sí en el desamparo. El discurso no es refugio cuando el hambre cala.

El desafío de la recuperación económica será un largo proceso, con efectos disparejos. Los beneficios asistencialistas son frágiles, en todo caso complementarios y evidentemente insuficientes. Por esa ruta, nada será diferente, los más pobres son los que mayormente padecerán. Bien por definir un piso básico de bienestar para los más vulnerables, malo que por hacer eso se pierda de vista que lo fundamental es salvar los pilares que sostienen el edificio de nuestra economía, las empresas.

Los países ricos han definido prioridades y estrategias preliminares para rescatar a sus empresas y reanudar cuanto antes el proceso de generación de riqueza que está detenido por la contingencia. Saben que no hay bienestar posible sin una economía que genere empleo, ingreso e impuestos. El gobierno tiene una responsabilidad fundamental e insustituible, pero lo suyo no es generar empleo, sino promover a quienes lo proveen. Ciertamente, habrá empresas que con o sin gobierno podrán acometer con éxito la adversidad y eventualmente reintegrarse a la recuperación, pero otras no están en tales condiciones. Esas, que son mayorías, y que mueven la economía y generan la riqueza nacional, sin facilidades financieras, de promoción o fiscales, difícilmente podrán salir adelante, ya no se diga tener perspectivas de largo plazo.

El golpe al bienestar por el colapso económico es brutal, con todo lo que implica. El ambiente de encono y rencor social tiene la mesa puesta para hacer de la política no el espacio de entendimiento, sino el de la descalificación. Asimismo, la criminalidad encuentra condiciones idóneas para su ampliación y desarrollo, situaciones que ningún estado nacional puede permitir.

Las naciones que entiendan la necesidad de un nuevo pacto social para mantener la unidad y la cohesión en torno a los valores democráticos y sus instituciones fundamentales estarán mejor habilitadas para reemprender la recuperación, que aquellas en las que prevalezca la división, desconfianza y la confrontación. Será la hora de la buena política. La disyuntiva se dibuja con claridad ante nuestros ojos: el camino de la democracia a partir de la coexistencia en la diferencia, o la polarización, que es una vía minada, desaconsejable de transitar, porque estigmatiza y descalifica al otro.

En las semanas y meses por venir, será fundamental que la política haga valer su condición para dar cauce civilizado a la lucha política y a la disputa por el poder. La ley, las libertades y la deliberación se vuelven cruciales para ir modelando el nuevo régimen post pandémico. La polarización destruye, no construye, y su tránsito no es el de la edificación de nuevas prácticas e instituciones, sino el del deterioro de lo que existe. Por ello es fundamental la claridad sobre lo fundamental por defender y cuidar, especialmente del embate destructor de la política que hace de la polarización medio, objetivo y destino.

El verdadero desafío obliga a la perspectiva y a la visión de largo plazo, que se dificultan ante la urgencia para atender lo inmediato. Mantener y proteger lo mejor que se tiene obliga en lo coyuntural a cesiones necesarias. Así, por ejemplo, declinar en ciertas libertades para hacer frente a la lucha a favor de la salud pública es inevitable y de sentido común; sin embargo, este proceso debe tener lugar con respeto riguroso a la ley, sus procesos y a las instituciones creadas.

La legalidad se ha deteriorado, y una vulnerabilidad mayor, sobre todo si se quiere hacer uso político del momento como licencia por encima de la norma, sería más grave. Así, en las condiciones actuales, es recomendable una mayor actuación y visibilidad del Consejo General de Salubridad y menos protagonismo político personalizado de funcionarios públicos, especialmente cuando se acompaña de discrecionalidad y de promoción política personal.

La legalidad va a ser siempre el mejor blindaje para transitar al futuro. No es destino, pero sí es camino, el más seguro y confiable.

La secuela de la pandemia

En solidaridad con Ciro Gómez Leyva

Las medidas preventivas para contener la pandemia se extenderán hasta finales de mayo. Hace sentido la decisión y es una muy oportuna corrección del Presidente López Obrador apoyando las acciones preventivas para que la población se comporte en consecuencia. Distraer la atención pública en querellas menores y a veces imaginarias es pérdida de tiempo y energía, especialmente porque ahora más que nunca se requiere de la unidad nacional y del liderazgo integrador del jefe de Estado.

Seis semanas es mucho tiempo, sobre todo porque se suma a un periodo previo de suspensión de normalidad y para muchos de encierro estricto en sus propios hogares. Pero seis semanas son pocas, si esto ayuda a evitar un disparo en la velocidad de contagios que ponga en jaque al sistema de salud por la incapacidad de hacer frente a la demanda de servicios hospitalarios.

Las cifras de la pandemia divulgadas por las autoridades merecen una doble lectura. Por el lado positivo, los contagios, si bien tienen un incremento importante, no parecen contemplar como probable lo que ocurrió en otros países, especialmente Italia, España y Estados Unidos; ojalá resulte así. Sin embargo, en una apreciación menos optimista, la proporción de personas que demandan atención hospitalaria y aquellos que requieren una intervención médica mayor, es alarmantemente elevada. También es preocupante que el perfil de los decesos no se corresponda necesariamente a la edad promedio registrada en otros países, y en México, tal vez, es así por la recurrencia de enfermedades crónicas, especialmente diabetes e hipertensión.

Un bajo número de contagios no parece tan alentador si el número de decesos es elevado. Se habla de un 7.7% de letalidad de acuerdo a lo que nos informa el Dr. Hugo López-Gatell en las cifra más reciente. Inquieta aún más que este dato se presenta cuando no ha habido todavía una demanda significativa por tratamiento hospitalario. Y, cuidado, no menos alarmante resulta la tasa de personal médico contagiado.

Los números obligan a las autoridades, especialmente al Presidente y los gobernadores, a presentar un frente unido para la aplicación de recursos a efecto de fortalecer la respuesta del sistema de salud. No es momento de reproches ni querellas, sino el de los acuerdos y entendimientos. Estas semanas que vienen serán cruciales para abrir espacio a que ocurra en junio la gradual recuperación de la normalidad. Sí, cuarenta días más es mucho tiempo, pero es más elevado el costo del descuido que lleve a la prolongación de un periodo de excepcional sacrificio de las familias, los trabajadores y las unidades productivas.

Ganar la batalla a la pandemia es crucial, pero con ello no concluyen los problemas. Su secuela en términos de costo social y económico será apabullante. Recuperar la normalidad llevará mucho tiempo y será el desafío más serio y complicado que enfrente esta generación. No es un asunto local ni partidista, sino global, y eso significa que son muchos los temas que inciden en el bienestar y de los cuales no se tiene control. Precisamente por eso se debe tener un cuidado extremo sobre los elementos en los que sí tenemos posibilidad de incidir.

Lo que viene requerirá la activa presencia y liderazgo del presidente, pero necesariamente con indeclinable perspectiva de largo plazo y sin sesgos ideológicos, acreditando los valores propios de la civilidad política y democrática, actuando de manera simultánea en lo urgente y lo trascendente en bien de todos, con independencia de su militancia partidista. México será más pobre y con retos mayores a los que teníamos hasta hace unas semanas, pero el país y su población poseen el potencial de sobreponerse a la adversidad y en el camino ir construyendo una nueva normalidad, no necesariamente para regresar al punto de partida, sino para mejorar en todos los frentes. Tener mayor sentido de lo justo y capacidad y disposición para asumirnos como un proyecto común.

Las libertades y el debate público deben dar cauce razonable a los sentimientos diversos que acompañan a la tragedia. En 2021 habrá comicios locales casi en todo el país y se renovará la Cámara de Diputados. Desde ahora todos, incluido el Presidente, debemos trabajar para lograr elecciones ejemplares en las que la vehemencia propia de la competencia por el poder no comprometa lo razonable, la subsecuente reconciliación y el sentido de corresponsabilidad que debe animar a la pluralidad.

La recuperación económica requerirá de un entendimiento mayor entre el gobierno y los sectores productivos. La situación llama para que el Presidente, en un espíritu genuinamente conciliador, convoque a todos a un acuerdo nacional para la rehabilitación de la planta productiva en la que los costos sean asumidos de manera justa y en el que prevalezca un sentido de ser mejores y de serlo juntos. Debe haber imaginación, y perspectiva para hacer de la adversidad oportunidad, para hacer de la crisis una historia de éxito. Ese es el llamado a esta generación de mexicanos. Ni más ni menos.

La secuela de la pandemia

En solidaridad con Ciro Gómez Leyva

Las medidas preventivas para contener la pandemia se extenderán hasta finales de mayo. Hace sentido la decisión y es una muy oportuna corrección del Presidente López Obrador apoyando las acciones preventivas para que la población se comporte en consecuencia. Distraer la atención pública en querellas menores y a veces imaginarias es pérdida de tiempo y energía, especialmente porque ahora más que nunca se requiere de la unidad nacional y del liderazgo integrador del jefe de Estado.

Seis semanas es mucho tiempo, sobre todo porque se suma a un periodo previo de suspensión de normalidad y para muchos de encierro estricto en sus propios hogares. Pero seis semanas son pocas, si esto ayuda a evitar un disparo en la velocidad de contagios que ponga en jaque al sistema de salud por la incapacidad de hacer frente a la demanda de servicios hospitalarios.

Las cifras de la pandemia divulgadas por las autoridades merecen una doble lectura. Por el lado positivo, los contagios, si bien tienen un incremento importante, no parecen contemplar como probable lo que ocurrió en otros países, especialmente Italia, España y Estados Unidos; ojalá resulte así. Sin embargo, en una apreciación menos optimista, la proporción de personas que demandan atención hospitalaria y aquellos que requieren una intervención médica mayor, es alarmantemente elevada. También es preocupante que el perfil de los decesos no se corresponda necesariamente a la edad promedio registrada en otros países, y en México, tal vez, es así por la recurrencia de enfermedades crónicas, especialmente diabetes e hipertensión.

Un bajo número de contagios no parece tan alentador si el número de decesos es elevado. Se habla de un 7.7% de letalidad de acuerdo a lo que nos informa el Dr. Hugo López-Gatell en las cifra más reciente. Inquieta aún más que este dato se presenta cuando no ha habido todavía una demanda significativa por tratamiento hospitalario. Y, cuidado, no menos alarmante resulta la tasa de personal médico contagiado.

Los números obligan a las autoridades, especialmente al Presidente y los gobernadores, a presentar un frente unido para la aplicación de recursos a efecto de fortalecer la respuesta del sistema de salud. No es momento de reproches ni querellas, sino el de los acuerdos y entendimientos. Estas semanas que vienen serán cruciales para abrir espacio a que ocurra en junio la gradual recuperación de la normalidad. Sí, cuarenta días más es mucho tiempo, pero es más elevado el costo del descuido que lleve a la prolongación de un periodo de excepcional sacrificio de las familias, los trabajadores y las unidades productivas.

Ganar la batalla a la pandemia es crucial, pero con ello no concluyen los problemas. Su secuela en términos de costo social y económico será apabullante. Recuperar la normalidad llevará mucho tiempo y será el desafío más serio y complicado que enfrente esta generación. No es un asunto local ni partidista, sino global, y eso significa que son muchos los temas que inciden en el bienestar y de los cuales no se tiene control. Precisamente por eso se debe tener un cuidado extremo sobre los elementos en los que sí tenemos posibilidad de incidir.

Lo que viene requerirá la activa presencia y liderazgo del presidente, pero necesariamente con indeclinable perspectiva de largo plazo y sin sesgos ideológicos, acreditando los valores propios de la civilidad política y democrática, actuando de manera simultánea en lo urgente y lo trascendente en bien de todos, con independencia de su militancia partidista. México será más pobre y con retos mayores a los que teníamos hasta hace unas semanas, pero el país y su población poseen el potencial de sobreponerse a la adversidad y en el camino ir construyendo una nueva normalidad, no necesariamente para regresar al punto de partida, sino para mejorar en todos los frentes. Tener mayor sentido de lo justo y capacidad y disposición para asumirnos como un proyecto común.

Las libertades y el debate público deben dar cauce razonable a los sentimientos diversos que acompañan a la tragedia. En 2021 habrá comicios locales casi en todo el país y se renovará la Cámara de Diputados. Desde ahora todos, incluido el Presidente, debemos trabajar para lograr elecciones ejemplares en las que la vehemencia propia de la competencia por el poder no comprometa lo razonable, la subsecuente reconciliación y el sentido de corresponsabilidad que debe animar a la pluralidad.

La recuperación económica requerirá de un entendimiento mayor entre el gobierno y los sectores productivos. La situación llama para que el Presidente, en un espíritu genuinamente conciliador, convoque a todos a un acuerdo nacional para la rehabilitación de la planta productiva en la que los costos sean asumidos de manera justa y en el que prevalezca un sentido de ser mejores y de serlo juntos. Debe haber imaginación, y perspectiva para hacer de la adversidad oportunidad, para hacer de la crisis una historia de éxito. Ese es el llamado a esta generación de mexicanos. Ni más ni menos.

Encuentros y desencuentros

Uno de los temas que más debe preocupar en esta etapa temprana de las crisis de salud pública y económica es el desencuentro de los sectores productivos con el Presidente de la República. Las posturas históricas del presidente han conspirado contra el sentido común. Los empresarios, incluso los más moderados, se exasperan por el rechazo presidencial. Afortunadamente en el sector sindical ha prevalecido la mesura, al igual que en los grandes empresarios mexicanos, la prudencia.

Las diferencias llegan a todos lados, incluso al interior de la misma representación empresarial. Carlos Salazar, presidente del CCE ha sido objeto de una severa crítica. A su favor hay que decir que difícilmente una actitud más combativa de su parte hubiera sido eficaz con el estilo del Presidente López Obrador, propenso a la descalificación a priori. Carlos Salazar ha apostado por el diálogo y ha tenido logros notables como fue el acuerdo para revertir la postura de la CFE respecto a las empresas constructoras de gasoductos y muchas otras intervenciones en las que se obtuvo alguna rectificación. Sin embargo, la retórica presidencial para muchos, no sólo empresarios, es percibida como una provocación en la que no se debe caer.

Para bien de todos el CCE tiene en claro que quien manda es el Presidente. Así es porque es la autoridad legal, y también por la legitimidad que le concede el voto a su favor. Además, cuenta con una mayoría legislativa y presencia de sus correligionarios en muchos gobiernos locales. Esto es importante porque no puede ni debe haber la menor duda sobre la autoridad, a pesar de las diferencias que pudiere haber con ella. La crítica es un derecho y disentir es consustancial a una sociedad libre y abierta. Así como preocupa la postura del Presidente, debe generar tranquilidad la sensatez de quienes hablan por los empresarios, más en estos momentos tan complicados y especialmente porque lo que viene adelante nos pondrá a todos a prueba.

El empresariado y las organizaciones civiles deben optar por el diálogo. Será la realidad la que convalide las posturas propias y, en su caso, obligue al ajuste a las del gobierno. La información que recibe el Presidente está procesada por los intereses de la burocracia y de la política. Se han tomado decisiones preventivas en materia de salud a partir de información incompleta, imprecisa e inexacta. La resistencia a ampliar el espectro de pruebas confiables para identificar contagios puede ser un costoso descuido. La indeseable realidad que se perfila es que pronto se tendrá un panorama semejante a España, Italia y EU y eso seguramente generará una crisis que obligará al gobierno y al Consejo General de Salubridad a medidas correctivas. En cambio, si lo que nos suceda hacia adelante con la pandemia, corresponde con lo previsto por el Presidente, todos los mexicanos estaríamos muy satisfechos y hasta orgullosos de las autoridades.

Lo mismo ocurre en materia económica. El Presidente parte de un escenario muy optimista y los empresarios de otro, totalmente distinto. No requerirá mucho tiempo para que la realidad ponga a cada quien en su lugar. Las cifras de recaudación, empleo y, eventualmente, las expresiones públicas de inconformidad como secuela a la parálisis de le economía, serán referentes de lo que tendrá que hacer el gobierno si es el caso que prevalezca el escenario que plantea el sector privado. De cualquier manera, el gobierno requiere del sector privado, incluso para que sea viable lo elemental de la política social. El empleo será el objetivo de los próximos años y el gobierno podrá impulsar acciones compensatorias para los sectores más desfavorecidos o vulnerables, pero, aunque quisiera, no podrá ser el generador de riqueza y oportunidades laborales.

Apostar al tiempo en esta singular circunstancia no es fácil, sobre todo cuando se trata de que la realidad misma obligue al Presidente a recapacitar. Lo que sí es fundamental es que se actúe independientemente de la postura de las autoridades. El sector privado puede hacer mucho para la salud pública y también, desde luego, para proteger a la parte más vulnerable de las empresas y negocios. Las iniciativas que se han presentado son dignas de estudio, tal como apoyar al sector informal de la economía y con ello propiciar su tránsito a la formalidad. Un acuerdo del sector bancario, grandes empresas y organismos empresariales puede dar un curso virtuoso en la atención de la emergencia económica.

La crisis de salud es transitoria, seguramente más prolongada de lo que se había pensado hace meses. Sin embargo, la crisis económica tendrá un efecto mucho más profundo, generalizado y prolongado para el que México debería estarse preparando. Es una afectación a la economía mundial y como tal muchas de las empresas nacionales habrán de padecer las consecuencias. Nada será igual. Precisamente por esta razón, el sentido común llama por el reencuentro del Presidente con los empresarios y sus representantes.

La crisis del poder

En muchos sentidos, el mundo será muy diferente después de que se supere la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria dejará tras de sí una profunda y generalizada crisis humana, económica y financiera. Es predecible que las autoridades encaren señalamientos y críticas, e incluso que el mismo sistema de representación política sea cuestionado, independientemente de las responsabilidades. Como ocurre siempre, serán las percepciones sobre lo que se hizo o se dejó de hacer antes y durante la pandemia, lo que definirá la dinámica del disenso y del nuevo consenso cuyos grados y alcances veremos en el correr del tiempo.

Los resultados pueden ser dramáticos y el costo también impactará con mayor severidad a quienes no lo advirtieron o lo minimizaron. Lo que se haya hecho o dejado de hacer será definitorio de la magnitud del impacto. La sociedad de manera diferenciada tomó providencias con oportunidad, el ejemplo oficial no fue consecuente con el cuidado y sirvió para que no pocos se desentendieran. Efectivamente, hubo quienes no dimensionaron el tamaño del problema para contenerlo y si así hubiese sido, pesará sobre ellos el haber actuado a destiempo. Lo deseable es que no tengamos aquí los lamentables resultados que se están presentando en otros países.

En China y otras regiones de Oriente pudieron contener la pandemia, con base a medidas que no dejan una lección positiva en términos del paradigma liberal. Las sociedades dispuestas a la obediencia y sin celo al derecho a la privacidad tienen mayor fortaleza para enfrentar las medidas restrictivas que impone la estrategia contra este tipo de amenazas. Las libertades en cierto modo conspiran contra las mejores acciones para enfrentar al COVID-19.

Lo que viene, obliga a actuar con un gran sentido de responsabilidad. Lo importante es unir voluntades y acciones frente a la amenaza. No es tiempo de querellas ni de reclamos, sino de hacer lo necesario para que se salga pronto y de manera concluyente de esta crisis. La economía muestra expresiones muy preocupantes y esto trascenderá el tiempo que lleve la dificultad sanitaria. El mundo y el país quedarán sumamente lastimados. A esta generación corresponderá la reconstrucción que bien llevada, dará oportunidad para mejorar lo que se tiene y aprender bien a bien las lecciones dolorosas de esta experiencia.

Es un imperativo que todos los gobiernos, Federal y locales, participen de una misma estrategia. Se trata de optimizar esfuerzos, recursos y salvaguardar la legalidad y la civilidad. Es preciso señalar que parte de las autoridades locales, sobre todo de las entidades con mayor densidad, independientemente de su origen partidario, tuvieron que actuar ante la pasividad de las autoridades federales para acciones de distanciamiento social y la explícita descalificación del presidente sobre ese tipo de respuestas. El problema es mucho más serio y grave de lo que parece haber advertido el Presidente de la República.

¿Reaccionar desde la división o actuar desde la unidad? Decantémonos todos por la segunda opción, el presidente incluido, la de las soluciones conjuntas, nacionales, que provengan de un mismo sentir como mexicanos. Es verdad, la democracia se construye con la diversidad de opiniones, con una gran paleta de expresiones distintas y con las ideas múltiples y variadas que nutren a nuestra sociedad. Pero la democracia también se construye con unidad, se practica sabiendo corregir o adaptarse a la cambiante realidad, haciendo a un lado las diferencias para enfrentar los retos comunes. En una democracia se puede pensar distinto, pero cualquier diferencia debe poder superarse en favor del bien común.

En este entorno, es de la mayor relevancia la unidad en torno a la Presidencia de la República, esto es, hablamos de la institución, no del partido o proyecto político que democráticamente la ocupa, tampoco hacemos referencia a la persona y a su muy singular forma de ejercer el poder y de conducirse con sus conciudadanos. La Presidencia es la institución fundamental del Estado Mexicano. Es deseable que así lo entiendan quienes ahora gobiernan.

Lo que enfrentamos no da espacio a diferencias o exclusiones, porque detrás del Covid-19 no hay una ideología, no hay una intención macabra, no hay una conspiración, tampoco militancia partidista. Nos encontramos frente a un reto que la especie humana debe afrontar, más allá de sus problemáticas sociales. Por eso es momento de un encuentro nacional donde se privilegie el bien de todos.

Lo que viene, nos lo está diciendo la realidad, anticipa dificultades ominosas por la secuela que habrá de dejar este inesperado e indeseable mal. Una vez superada la emergencia, lo relevante será aprender de la traumática experiencia y, desde luego, hacer realidad cambios que fortalezcan la capacidad de los gobiernos para hacer frente a desafíos como éste, siempre en el marco de la democracia y de las libertades. Por ahora, actuemos en unidad frente a un escenario catastrófico que nunca antes conoció esta generación.

Lecciones de Mexicali

La singular circunstancia de alarma por la pandemia, en la que se programó la consulta para que la gente decidiera sobre el futuro de la inversión privada en proceso para establecer una cervecería en Mexicali, era suficiente para suspenderla. No ocurrió así. Las autoridades no debieron apostar al resultado, sino a la legalidad. Los representantes empresariales debieron utilizar todo su músculo político para exigirle al gobierno federal que se sometiera a la ley, toda vez que la consulta se desarrolló al margen de lo que determina la norma.

Hay lugar para que la ciudadanía se pueda pronunciar sobre temas de obra pública o privada con impacto social, la ley determina las condiciones de su realización. El marco legal podrá ser rígido y complicado, pero es el que existe, y las autoridades tienen la obligación de observarlo y, en todo caso, hacer uso de su derecho de iniciativa para modificar la ley y hacer de estos procesos un mecanismo confiable y generador de certeza para todos.

Las reglas básicas de una consulta son, primero, la información y el debate público para un voto razonado. Segundo, un nivel razonable de participación para que la decisión tenga validez en términos de representatividad. Tercero, se requiere la organización imparcial por una instancia competente. Cuarto, una definición numérica para la construcción de mayoría. Ninguno de estos cuatro elementos básicos se cumplió. La consulta no es legal, bajo ninguna circunstancia. No debiera tener categoría de vinculante para nadie, menos para las autoridades, que sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Lo anterior vuelve irrelevante quién tiene la razón: la empresa o quienes se oponen. Lo que está en el centro de la discusión son dos aspectos, el jurídico, que es el de legalidad y el político, una fórmula legítima de consulta que sea legal, confiable, representativa y con efectos de observancia obligatoria.

Las insuficiencias del proceso estuvieron a la vista. Debieron ser cuestionadas en tiempo y forma. La complacencia de todos, especialmente de los representantes empresariales, que, entre ellos y el gobierno dejaron en estado de indefensión a la empresa ante un acto ilegal de autoridad a todas luces. La empresa misma o los ciudadanos de Baja California debieron haber recurrido a las instancias judiciales para suspender un evidente acto de autoridad sin base legal. No ocurrió así. Un reiterado precedente que lastima, por donde se le vea, no solo a las inversiones, sino a la certeza jurídica y a la modalidad de democracia directa como mecanismo para fundar o complementar la toma decisiones.

Independientemente del resultado de la consulta y de su ilegalidad, hay una lección que las empresas que realizan proyectos de inversión con impacto comunitario deben tener presente: los políticos, ya constituidos en condición de autoridades, en términos prácticos, no tienen interés en proteger a las empresas que al ejecutar obras tienen algún rechazo entre la población. Hoy no basta la razón legal, técnica o de negocio, es imprescindible también involucrar a la comunidad, informar y convencer. Esto debe entenderse, es un imperativo para cualquier caso, por la ilegal y voluntariosa manera que tiene el actual gobierno de tomar decisiones a partir de “consultas populares”.

Los tiempos de ahora demandan una nueva actitud del empresariado. Se deben planear socialmente los proyectos de obra. Su ejecución requiere de mecanismos de consulta y de información que permitan a la población tener conocimiento cierto de los riesgos, costos, implicaciones y, desde luego, también de las bondades y ventajas. No hacerlo es darle espacio para que el rechazo a la obra corra por veredas indeseables, incuso promovidas no sólo por una resistencia de buena fe, sino por competidores en el negocio. Ese tipo de prácticas se dan aquí y en el mundo.

En el caso de Mexicali, el gobierno está en una circunstancia muy comprometida por el resultado. Por una parte, no lo debe hacer propio, por la otra, quienes se oponen a la cervecería consideran tener un aval irreversible. La salida no es fácil. Además, la ubicación del proyecto atendía a una definición de negocio. No es sencillo encontrar un lugar alterno y no controvertido en términos de acceso al agua.

Lo ocurrido llama a un cambio en la relación de empresas y organizaciones empresariales con las autoridades. La certeza y la confianza se construyen a partir del respeto a la ley y esto es una definición de principio para todos, especialmente para las autoridades que debieran tener como valor fundacional la ley y como cometido observarla y hacerla observar.

Las diferencias y el conflicto son consustanciales a la realidad, por esta razón es necesario plantear proyectos que trasciendan la dimensión técnica o de negocio, que incorpore las variables de carácter social. En los tiempos que corren, la ley es la premisa cardinal, pero no se puede gobernar a espalda de la sociedad y sus comunidades, tampoco se pueden realizar proyectos particulares de impacto social sin considerarlas.

 

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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