Liébano Sáenz

Liébano Sáenz

Los unicornios y los políticos

Siempre resulta de la mayor relevancia y pertinencia el debate y el análisis de los temas públicos. La crítica mediática es un rasgo central de la democracia. Los medios no son la opinión pública, pero son agentes centrales en la formación de consensos y disensos no sólo respecto al gobierno, sino a muchos otros temas de la agenda nacional.

La crítica no debe confundirse con la oposición. Puede haber opositores en el ejercicio de la crítica desde los medios y, aunque menos común, periodistas, incluso algunos de excelencia como Miguel Ángel Granados Chapa, que deciden incursionar en la política. También hay medios escritos cuya política editorial e informativa puede tener una clara intencionalidad o posición ante el poder. Todo es permisible. Lo óptimo es que haya medios buscando mantener un equilibrio en la cobertura noticiosa o en la opinión.

El gobernante debe observar lo que se dice de su gestión en los medios, tarea que debe hacerse con la piel dura, el oído fino y manteniendo a distancia la emoción y el prejuicio. Es difícil que así lo asuma quien gobierna, todavía no conozco un gobernante que no se sienta incomprendido al leer o escuchar la crítica; sin embargo, la evaluación objetiva de la prensa sí es responsabilidad profesional de quienes le acompañan.

No soy de la idea que el gobierno haga pública su valoración de los medios. La información que le han presentado al Presidente para que sostenga su dicho de ser el mandatario más atacado es evidentemente incompleta y sesgada. Además, lo que más impacta a la opinión pública no son las columnas, sino los teasers, las primeras planas o la cobertura informativa.

Los políticos tienen una forma muy singular de entender su relación con los medios. Bajo cualquier estándar es difícil justificar las opiniones y los juicios de la autoridad cuando invocan su derecho a la libertad de expresión respecto a periodistas y medios de comunicación, derecho que, por cierto, es propio de los ciudadanos precisamente para defenderse del poder. Las autoridades sólo tienen la obligación de informar con objetividad. Los unicornios y los políticos que aguantan la crítica sí existen, pero todavía nadie ha visto uno.

El pasado empezó ahorita

Mucho se ha dicho de la consulta para juzgar a los ex presidentes. El debate se ha centrado en un tema fundamental para su viabilidad, pero secundario para su realización, esto es, su constitucionalidad. La SCJN ya resolvió esto último, para ello modificó la pregunta y también la naturaleza de la consulta, es decir, el resultado no obliga ni compromete a la fiscalía, sólo se refiere a las autoridades o al Congreso. La senadora Beatriz Paredes ha presentado objeciones dignas de atención.

Lo relevante de la consulta debe ser la eficacia. Las dos preguntas son ociosas. La versión original, lo es por las razones expuestas por el ministro Aguilar Morales; la versión corregida por los ministros, porque, al decir de ellos, indagar el pasado no requiere permiso.

El sentido de una consulta es resolver dilemas sobre los que se tiene que decidir, una obra, ley o una acción específica. Si los altos servidores públicos de años pasados tomaron decisiones contrarias al interés nacional, eso debe investigarse, no se requiere de preguntar. La autoridad debe definir postura sin trasladar a la ciudadanía lo que es de su responsabilidad. Los mexicanos demandan acabar con la impunidad y eso implica a todos, pasado y presente.

Recabar la opinión de la gente atañe una didáctica democrática y más cuando las decisiones se pueden valorar a partir de los resultados y sus consecuencias. Poco sirve una consulta para utilizar el expediente con un evidente sentido electoral. Por ello los legisladores decidieron separar la elección de la consulta, y así impedir que un tema susceptible de manipulación interfiriera con la elección de autoridades y representantes populares.

La SCJN hizo bien en enmendar la inconstitucionalidad del proyecto inicial. La autoridad o el Congreso deben tomar la decisión, con o sin consulta, sobre la investigación del pasado, y hacerlo de manera responsable e imparcial. Particularmente si en el nuevo escenario propuesto por la Corte, la revisión amplia del pasado habría de incluir la manera como el gobierno de la República ha manejado la crisis sanitaria, las compras mediante adjudicaciones directas, la cancelación del NAIM o la desaparición de fideicomisos, entre otros asuntos cuestionados. El pasado empezó ahorita.

 

La Corte y la consulta

Una vez pasada la tormenta mediática de los primeros momentos, lo menos que se puede decir es que la crítica al voto de la Corte sobre la consulta ha sido desproporcionada. El clima político impide ver en sus términos la manera como el máximo tribunal resolvió un tema jurídicamente complejo. Se optó salvaguardar el derecho ciudadano a participar y al mismo tiempo, por la justicia sin interferencia y bajo estricta legalidad.

Sorprende que cada extremo vea en la resolución de la Corte justo lo que no existe. El tribunal no sólo reformuló la pregunta, sino cambió su naturaleza. Con ello se salvó lainconstitucionalidad que advirtió la lúcida ponencia del ministro Aguilar, y se atendieron observaciones de gran valor, como las del ministro Laynes.

La consulta no será para decidir si se debe actuar penalmente contra los ex presidentes, hay consenso que para proceder contra un presunto responsable no se requiere de aprobación alguna. La justicia no está sujeta a consulta o a voto mayoritario. De lo que se tratará es que el Congreso o el gobierno realicen las acciones pertinentes para esclarecer la responsabilidad de autoridades por decisiones en años pasados.

Es muy importante que la decisión de la Corte sirva para un quiebre en el ambiente de polarización que se padece y que afecta al país. Los retos por delante requieren de unidad. Para ello es preciso diferenciar el plano de la disputa política y electoral, del de la unidad para superar la adversidad y recuperar bienestar y crecimiento.

La economía requiere de certeza. El gobierno debe ser el primero en aportarla, bajo la aceptación compartida de que la inversión privada es fundamental y su presencia no requiere de privilegios ni ventas asociadas al abuso, simple y sencillamente que se respeten los contratos suscritos, la ley y los procedimientos judiciales.

La confrontación es un elemento nocivo que distrae y paraliza. La Corte cumplió con una difícil tarea. Cualquier decisión sobre la consulta hubiera sido polémica. Por eso, la descalificación parte de bases falsas. La decisión de los ministros es consecuente con el principio de que la justicia no se vota ni está sujeta a consenso o expresión mayoritaria.

 

Punto de inflexión

El país requiere hallar un punto de inflexión. Lo retos llaman a eso. En política, lo más relevante es identificar el plano de disputa legítima por el poder y el del interés nacional, donde todos lo mexicanos debemos estar unidos en torno a lo que nos interesa y atañe. Disentir, criticar y diferenciarse es normal en toda democracia. Tenemos una ventaja: a pesar de los problemas y las dificultades, hay cohesión social y este preciado hecho debe servirnos como nuevo punto de partida.

La sesión del próximo jueves del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá de definir la viabilidad de la consulta para someter a proceso penal a cinco ex presidentes. Es el momento para un llamado a la unidad, con mayor razón si el criterio de la mayoría del tribunal es en sentido contrario a la solicitud del Ejecutivo federal. La impunidad no debe prevalecer donde haya delito, pero toca enfocar la mira en el porvenir.

México es un gran país, más allá de la retórica en curso, mucho se ha logrado a lo largo de toda su historia. La crisis actual es profunda, es muy seria y repercute en varios ámbitos, sin embargo, precisamente por lo que se ha construido, existe todo al alcance para transitar con éxito la adversidad y avanzar hacia el futuro, incluso a mejor ritmo respecto a años pasados.

El Presidente tiene derecho a desear que el desenlace de los comicios de 2021, especialmente el de la Cámara de Diputados, le permitan contar con una fortaleza legislativa para la segunda mitad de su gestión. Los límites los define la ley, no la justicia ni la superioridad moral. En el marco de los comicios, el país merece un debate serio, sin insultos ni descalificaciones, sobre los grandes problemas nacionales y la mejor manera de atenderlos.

Por eso, quienes apuntan a la renuncia del Presidente cometen un grave error, además de que no hay espacio legal ni político para tal pretensión. Quizá no es su intención, pero con ello contribuyen a la polarización, niegan el sentido del mandato democrático manifiesto en las urnas y, encima, propician que la crítica o la oposición sean desacreditadas. Lo fundamental en toda democracia es la coexistencia de las diferencias, no su supresión.

Democracia interna en los partidos

Los partidos políticos no sólo son entidades de interés público, también tienen el monopolio para acceder a la representación política o al cargo público. En todo el mundo están muy desprestigiados, en México también, pero no ha habido mediación que los reemplace. Los mecanismos de democracia directa con frecuencia son infructuosos y difícilmente pueden ser instrumento que supla al sistema representativo. En el mejor de los casos lo complementan.

Justo por su función y naturaleza, es que la ley regula a los partidos. No comparto el sistema rígido mexicano para el reconocimiento de las nuevas organizaciones partidistas. La libertad de asociación debe facilitarse. En todo caso, se debe condicionar el acceso a las prerrogativas, pero no al derecho de participar en elecciones.

La democracia dentro de los partidos debe ser obligatoria en cuanto a la selección de candidatos. La definición de dirigencia es un proceso diferente. Es un tema interno, por lo que debe dejarse a las prácticas, reglas y condiciones de los propios partidos. Por esa consideración no comparto la decisión que ha asumido el Tribunal Electoral al obligar al INE organizar una encuesta para resolver la renovación de dirigencia del MORENA. Además de ilegal, es una intromisión en la vida interna del partido.

El INE no tiene dentro de sus facultades volverse órgano elector de dirigencias. Por razones excepcionales derivado de la pandemia, es explicable que no se haya podido dar curso al proceso de renovación previsto por el partido en comentario, y por la proximidad del proceso electoral, lo más sensato hubiera sido posponer la renovación de la dirigencia. No ocurrió así y la determinación le ha significado un perjuicio a dicho partido, adicional a los problemas de circunstancia y los que se derivan de ser el partido en el poder.

Si bien su definición ideológica la marca el día a día de Palacio Nacional, MORENA tiene buenos prospectos de dirigente, dispuestos a perfilar un futuro que los identifique más allá de la figura de López Obrador en el espectro de las opciones partidistas del país. Es un partido muy importante y requiere que las autoridades contribuyan a su consolidación institucional, no a su deterioro.

El diálogo y la confianza

La polarización escala a niveles cada vez más preocupantes en el país. A ratos, pareciera que la posibilidad de construir acuerdos se aleja irremediablemente. Sin embargo, en lo complicado del momento, no hay más alternativa que reivindicar la herramienta fundamental de la política, el diálogo. Hacerlo amplio, a pesar de las naturales reservas y “asegunes”, es un imperativo. La vía sólo debe estar cerrada para quienes de manera sistemática han optado por la muerte y la violencia, esto es, el crimen organizado.

Si partimos por aceptar que para la recuperación económica y social del país es fundamental la confianza, nadie mejor para aportar a este propósito que el Presidente de la República. En varios sentidos diálogo y confianza van de la mano. El Presidente tiene el mandato y la autoridad, esa circunstancia le permite decidir y definir. Siempre será mejor hacerlo escuchando, no sólo al círculo cercano, también al independiente y, por qué no, al crítico o al que se opone. Esta decisión es de carácter e inteligencia. No hacerlo es debilidad.

El país requiere del liderazgo del Presidente como principio de orden institucional. Su compromiso con la necesaria vía del diálogo debe acompañarse con una postura de menor confrontación a quien no comparte sus tesis. Tiene todo el derecho de defender lo que pretende, pero no a descalificar a los demás. Aunque no es propio de un estadista dinamitarlos, hay puentes que no se cruzan jamás. Pero hay otros por los que forzosamente habrá de transitar su gobierno y el país.

El Presidente tiene fuerza y autoridad. Los años por venir van a requerir también de temple, prudencia y un sentido de conciliación para lograr que cada quien cumpla con sus funciones y responsabilidades con México. El gobierno creando condiciones legales y sociales propicias para la inversión; las empresas arriesgando capital, generando los empleos que tanto se necesitan. La oposición como contrapeso del poder, vigilante de las políticas públicas. Las instituciones fundamentales normándolo todo. Y todos aceptando que vivir en democracia conlleva obligados voluntades y acuerdos compartidos.

Gasto y dispendio

No le falta razón al Presidente en lo referente al excesivo gasto público de los altos funcionarios y en las numerosas entidades públicas autónomas o independientes creadas en el proceso de desconcentración del poder. Al amparo de los elevados precios internacionales del petróleo que ocurriría a principios de siglo, el gobierno pudo fondear la diversificación y modernización de la administración pública. El gasto corriente se incrementó significativamente, pero no solo del gobierno federal, también el de los estados, municipios y el del poder legislativo.

Ya no hay riqueza petrolera, ni la habrá. El llamado del Secretario de Hacienda de reducir el gasto atiende a la nueva realidad del país y de la economía nacional. El desafío hacia adelante es la optimización del gasto y que su reducción no afecte la calidad de los servicios públicos ni la tarea de las instituciones. La austeridad a rajatabla bien puede ser contraproducente.

El gasto electoral es significativo, no necesariamente excesivo. De hace tiempo se optó por un modelo de autoridad electoral y de financiamiento a partidos y campañas con un impacto importante al presupuesto. El IFE y el INE, así como el Tribunal Electoral han sido instituciones de la modernidad democrática que pasan con creces la prueba de lo satisfactorio. Igualmente se puede decir del Poder Judicial Federal y de la Corte.

La crisis fiscal del Estado mexicano obliga a una redefinición del gasto que no trastoque ni ponga en riesgo lo avanzado. A todos debe involucrar, poderes, órdenes de gobierno, entidades autónomas. También es inevitable repensar el régimen fiscal vigente y la relación con los Estados y municipios, los que deben incrementar sus ingresos por la aplicación del gravamen de la riqueza inmobiliaria al mismo nivel de países con realidades semejantes.

Más allá de los gritos y sombrerazos y de las heridas autoinfligidas, siempre he creído que, si el legado de este gobierno es el de la probidad, el del cuidado del patrimonio al amparo de una austeridad que no riña con el buen servicio público, será un logro de proporciones históricas. Se necesita pulso de cirujano para podar el árbol, sin que se pudra la raíz.

La reconstrucción

En estos tiempos es más evidente la distancia que media entre el plano emocional y el existencial de las personas. Toda sociedad plantea tal situación, sin embargo, con los mexicanos ha sido y es mayor desde que nuestros antepasados aguardaban el regreso de Quetazalcóatl. El mundo de las creencias superpuesto al de las ideas. La reflexión es pertinente para entender los términos de la adhesión social con el Presidente López Obrador, que contrasta con el balance en torno a su gobierno.

El consenso de todas las encuestas pareciera indicar que la realidad es muy dolorosa para aceptarse, y que es mejor buscar otra vez refugio en la esperanza, en el anhelo de que las cosas habrán de mejorar y pronto. La gente sabe que, objetivamente, el país está en una circunstancia particularmente adversa. La ausencia de virtud y la mala fortuna se han potenciado para la desfavorable situación que ahora se nos presenta. Cuatro frentes acusan deterioro: la economía, la salud pública, la legalidad y la desconfianza ciudadana a las instituciones a causa de la corrupción. El daño es profundo y su secuela afectará a lo que resta del sexenio actual y aún más allá.

En el país hay polarización, pero no hay enfrentamiento ni desorden social porque hay un colchón de confianza en el mandatario que la inseguridad y la crisis de legalidad amenazarán siempre. Y es que ni la impunidad ni la corrupción se resuelven con la prédica o la denuncia pública, se requiere del debido proceso y de la sanción. Estricta legalidad, pues.

Una y otra vez, el Presidente ha dejado pasar la oportunidad para unir al país y ejercer su liderazgo a partir del reconocimiento de la pluralidad. La agenda para la reconstrucción requiere de su convocatoria. Esto no supone subordinación de los convocados ni que el grupo en el poder suspenda su proyecto político. El Presidente lo puede hacer por el inobjetable y amplio respaldo que tiene.

Pero lo que hay, son señales ominosas en el horizonte. La acción punitiva contra la revista Nexos o la amenaza de excluir a la diputada Dulce Ma. Sauri de la presidencia de la Cámara de Diputados. La publicidad del informe tampoco contribuye a un sentido de unidad, a pesar de que el país y el gobierno lo requieren. La reconstrucción tiene que ser tarea de todos.

Investigar

El combate a la corrupción es mandato democrático y exigencia tan ineludible, como impostergable. Resulta ejemplar que el presidente López Obrador haya encarado públicamente el tema y defina posición por la legalidad en ocasión de la divulgación de un video en el que hay una supuesta entrega de dinero entre un funcionario de gobierno y un hermano del mandatario.

La igualdad ante la ley es principio fundamental. Abatir la corrupción es esencialmente, una acción de legalidad, no es suficiente la denuncia pública, se requiere que las instancias de autoridad y jurisdiccionales intervengan con apego a la ley y garantizando el debido proceso, para que las sentencias tengan sustento estricto y exclusivo en la ley.

El país vive momentos cruciales. La crisis sanitaria, su severo efecto en la economía y la persistencia de la inseguridad, plantean un escenario más que complicado. Dar curso a la lucha contra la corrupción se enmarca en este contexto, especialmente por la denuncia del exdirector de PEMEX. El curso adelante es el de la legalidad a través de la actuación de la Fiscalía General de la República, dirigida por un funcionario acreditado por su talento, honestidad y profesionalismo.

Poco, muy poco ayuda la sanción administrativa a la organización Nexos, cuando está acompañada de un ostensible acto publicitario en la pretensión de dañar la reputación de la empresa y la honorabilidad de sus propietarios y directivos. Un evidente acto de intimidación y represión hacia uno de los medios más prestigiados, conducido por Héctor Aguilar Camín, uno de los escritores más destacados del México contemporáneo.

Si todo apunta a que el gran legado de este gobierno habrá de ser la lucha contra la corrupción, ésta debe desarrollarse a través de los medios institucionales y las reglas que norman el proceso. Todos los actores, incluidos los partidos, la sociedad civil y el gobierno, deben respetar y respaldar el desempeño del fiscal y, en su momento, del órgano jurisdiccional. Sin prejuicios, toca a la FGR investigar y debe hacerlo con la ley en la mano, por la vía del derecho, que es la ruta que construyó la sociedad para alcanzar la justicia.

Las empresas, un activo importante

Muy alentadora y promisoria la noticia de que el esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas y universidades construya un escenario de conclusión a la crisis sanitaria asociada a la pandemia del COVID-19. La vacuna tuvo lugar como parte de una investigación en la Universidad de Oxford. Los resultados propiciaron que la empresa británica Astra-Zeneca se involucrara en la producción y distribución del medicamento y que el gobierno apoyara la investigación en curso.

De todas las vacunas en proceso reconocidos por la OMS, ésta es la más avanzada, ya se encuentra en la fase final de pruebas y en noviembre habrá de presentarse la información a las autoridades, para su producción y distribución en el mundo.

Para América Latina, México y Argentina tendrán a cargo la producción y distribución de la vacuna. Crucial ha sido el apoyo de los gobiernos y del empresario Carlos Slim. Hacerla llegar con la mayor oportunidad posible el remedio generado por la empresa Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford, significa salvar vidas y contribuir a la recuperación económica.

Sin embargo, es preciso alertar a la población sobre la necesidad de mantener rigurosamente las medidas preventivas. No ha habido mitigación del contagio ni de los decesos. En las opinables cifras oficiales, julio fue el mes más elevado, y los números de agosto indican que habrá más fallecimientos que el mes previo, más de 20,000 si se mantiene el nivel de las dos últimas semanas.

El presidente debe hacer un llamado a la población para no confiarse. Ojalá y entre sus determinaciones estuviera el recomendar el uso del cubrebocas, especialmente porque el escenario catastrófico, así lo llamó el propio Dr. Hugo López-Gatell, 60 mil muertos por COVID19, está a punto de cumplirse. Algo significativo, relevante y útil debe hacerse al respecto.

El Presidente López Obrador tiene ante sí una evidencia de la calidad y capacidad de la producción de fármacos en el país. México es líder regional, los hechos hablan por sí mismos. También es una postura ejemplar la participación de la Fundación Slim. La virtuosa sinergia construida a propósito de la vacuna confirma que las empresas son un activo importante para las naciones.

 

 

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FeradoAbogado, administrador y analista político nacido en Chihuahua, México; Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de México y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas Leer más...

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