El 1º de septiembre ha sido, invariablemente, la medida de los tiempos del país. El gobierno dividido que comenzó en 1997 cambió el ritual marcadamente presidencialista de la ceremonia de apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en la que el presidente rinde su informe. Se cambió la Constitución, y también las leyes. De alguna manera el Poder Legislativo recuperó dignidad y su propio espacio. Sin embargo, el modelo comunicacional que ha pretendido reducir la promoción personalizada con recursos públicos propicia un periodo de intenso abuso publicitario. Así ha sido desde que se cambió la ley y así continúa siendo, a pesar de las nuevas formas y estilos de este gobierno.

La realidad es que el presidente López Obrador llega a su primera estación de paso en condiciones singulares: por una parte, un respaldo popular amplio; por la otra, resultados poco favorables en diversas materias, sobre todo en economía y seguridad. El aval de la mayoría de los mexicanos es un importante activo, pero también es un compromiso. Por lo pronto, las formas y las intenciones se convalidan; sin embargo, es evidente que muchos que ahora lo respaldan están a la espera de resultados.

La relación del presidente con la sociedad tiene su genealogía: de parte de él, como un persistente luchador social denunciando el abuso del poder y la corrupción; de la sociedad, esperando más de sus autoridades, aunque ello signifique el riesgo de perder aprecio de lo mucho que se ha alcanzado, especialmente en materia de libertades y democracia. La percepción de venalidad generalizada, degradación pública e insatisfacción por lo que existe, ha generado una sociedad bajo el signo del descontento.

De ese descontento se ha pasado al optimismo. Por la magnitud de la expectativa, el riesgo es transitar al desencanto con todo lo pernicioso que implica. El optimismo no es generalizado; de hecho, ha perdido intensidad, y en materia económica el sentimiento es más bien de reserva. Por ello ha sido muy significativa la corrección del presidente respecto al desencuentro con varias empresas contratadas por la CFE para proveerle servicios de transportación de gas. El problema no debió haberse presentado porque se confundió una opinión con una realidad, pero lo importante es que el presidente, personalmente, se involucró en la solución, un buen mensaje no sólo por lo que representan los servicios que se proveerán a la CFE, sino también por lo simbólico del hecho: hay capacidad y voluntad para rectificar.

La economía invariablemente se mueve en la incertidumbre. Es tarea de las autoridades acreditar elementos que ofrezcan confianza, como ha sido el manejo responsable de la política de gasto y el respeto a los órganos autónomos como el Banxico. El capital extranjero da por descontado los excesos retóricos del presidente, postura que se convalida con el comportamiento muy favorable de las exportaciones no petroleras al mercado norteamericano. Sin embargo, el inversionista nacional ha mostrado más reserva frente a las señales que envían diversas áreas de gobierno, y esto explica la baja en la inversión, a pesar de los compromisos de líderes empresariales y destacados empresarios nacionales. Por cierto, el desarrollo y el bienestar que se pretenden jamás podrán alcanzarse sin tasas elevadas de crecimiento. Así funcionan las cosas en todo el mundo; el presidente no debe renunciar a ese objetivo.

Hace bien el presidente en señalar que la inseguridad es lo que más le preocupa y ocupa. Si bien es cierto que la población entiende que el problema viene de atrás y que el actual gobierno recibió una situación de deterioro en varios sentidos, también lo es que hay una fundada expectativa en que las cosas empiecen a cambiar. La solución que se plantea, aunque parcialmente válida, que es la de atacar las causas profundas de la delincuencia, no llevaría a un cambio inmediato, ni siquiera en cinco años. No hay coartadas, se requiere combatir a la delincuencia por la vía de abatir la impunidad.

El presidente no acierta al aseverar que es visión de los conservadores atacar el problema por la vía de la imposición coercitiva de la ley. No acierta porque envía un mensaje que alienta a los criminales, compromete la moral de quienes los están combatiendo y deja a las víctimas en indefensión y sin justicia. El respeto al estado de derecho, por definición no es conservador ni liberal, sino un valor universal, un imperativo axiológico que garantiza el orden fundamental, sin el cual no puede existir una sociedad civilizada. De otra manera no tiene sentido la justicia penal, ni la existencia de cuerpos de seguridad.

De cara a la primera estación de paso de su presidencia, se hace necesario que el presidente López Obrador haga más por mejorar la calidad del gobierno y de los servicios públicos, en especial del que tiene que ver con la salud de los mexicanos. La lucha contra la corrupción y el ofrecimiento de austeridad no deben ir a contrapelo de las tareas y las responsabilidades que le atañen como autoridad.

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